lunes, 10 de junio de 2013

La nulidad del decreto de Luz y Fuerza del Centro

En:Articulistas Fecha:8 junio, 2013

Se actuó al margen de la ley
Martín Esparza Flores


En memoria del abogado Samuel Durán Perales,
por su apoyo profesional a la lucha del SME.
Descanse en paz.


Las instancias judiciales del país aún tienen mucho que explicar, corregir y sancionar, sobre los estropicios jurídicos cometidos en contra de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo tras la publicación, en el Diario Oficial, del Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro del 11 de octubre del 2009.


El estilo autoritario y la celeridad con que se emitió la arbitraria decisión oficial llevaron al expresidente Felipe Calderón y a su equipo de ineptos colaboradores no sólo a pasar por alto sino prácticamente a ignorar lo establecido en los ordenamientos que rigen los procedimientos de la administración pública federal, incluidos los organismos descentralizados, como el artículo tercero de la citada ley, así como el 113 constitucional que establece las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

El decreto mismo contempló una serie de mecanismos para ejecutar las bases de la desincorporación que amén de incumplirse fueron desechadas como pruebas de una clara inconsistencia procesal por las instancias judiciales.

En el articulado contenido en el decreto se plasmaron con claridad las obligaciones y plazos con que las diversas dependencias involucradas en el proceso de liquidación deberían transparentar el proceso. Por ejemplo, en el artículo Tercero Transitorio se establecía: La Secretaría de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, “las bases para llevar a cabo la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, dentro de los tres días hábiles siguientes, a la entrada en vigor del presente decreto”.

De igual forma, disponía la obligación del director general de Inspección Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo de emitir una “opinión aprobatoria” sobre el “Esquema de Indemnización Laboral Voluntario”, que debía presentar a la Subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía, también en un lapso de tres días hábiles a partir de la publicación del Decreto de Extinción.

Inadmisible y tendencioso resulta comprobar que la Secretaría de Energía publicó el mismo 11 de octubre de 2009 las “Bases para el Proceso de Desincorporación del Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro”; es decir, que pasó por alto que la decisión presidencial ni siquiera entraba todavía en vigor. Situación similar guardó la rauda y sospechosa aprobación del inspector de la Secretaría del Trabajo, ejecutada también el mismo día.

En lo que no cabe duda, fue una acción concertada, un golpe asestado contra los electricistas sin mediar razonamientos legales y menos administrativos, se ignoró olímpicamente lo que la propia Sener marcó en sus bases emitidas  sobre las obligaciones del liquidador, que en su punto 1 le imponía la obligación de elaborar y remitir “dentro de los primeros treinta días a la publicación de las presentes bases, para la aprobación de la Subsecretaría de Electricidad de esta Dependencia El Plan Estratégico Correspondiente a la Liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Una vez aprobado, dicha Subsecretaría lo remitirá a la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, para los efectos procedentes”.

Nada de esto se cumplió y así, de un solo tajo, las dependencias involucradas con el proceso de liquidación y desincorporación actuaron al margen de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al operar al unísono del anuncio presidencial, lo que debió implicar todo un esquema de plazos y procesos administrativos. Razones más que suficientes para que tanto el decreto como sus bases sean declarados ineficaces y nulos, así como todas las diligencias y actos de autoridad derivados de las mismas por su marcada inconstitucionalidad, tal y como lo sancionan las jurisprudencias en la materia. Todas estas contradicciones jurídicas se encuentran en los expedientes de las demandas presentadas en los tribunales de lo contencioso administrativo; razón por la que la obra del licenciado Samuel Durán sigue vigente y es una vía para restablecer la legalidad y el Estado de derecho en nuestro país, y hoy más que nunca debe subsistir la obligación de continuar en la lucha hasta hacer valer la ley.

Claro está que a los servidores públicos que incurrieron en tan marcadas violaciones deberán  fincárseles responsabilidades por servir de comparsas en un acto de autoridad que pisoteó los derechos de 44 mil trabajadores y  a la propia Constitución.

Sólo promesas, la “nueva era” en mina de Cananea

Con apoyo del gobierno, la empresa de Larrea ejerce férreo control en la zona. Marginan a los “enhuelgados”. 

Arturo Cano, enviado
Publicado: 10/06/2013 07:55

Cananea, Son. Una “nueva era” anunciaron el gobierno de Felipe Calderón y el Grupo México, del empresario Germán Larrea, después de que la Policía Federal (PF) tomó la mina de cobre más grande del país. El primer paso fue eliminar el histórico nombre de Minera de Cananea: la mina fue rebautizada como Buenavista del Cobre.
“Al parecer cualquier cosa que diga Cananea le duele al Grupo México, quiere que se olvide, que se borre la historia”, comenta Victoriano Carrillo, un minero que nunca pierde la sonrisa, encargado de gestionar la atención médica para sus compañeros, luego que la empresa cerrara el hospital que, por contrato, debía atender a los trabajadores y sus familias.
La “nueva era” de Cananea fue un rosario de promesas: una carretera de cuatro carriles, un hospital, calles pavimentadas, becas y créditos, un futuro luminoso. Tres años después, finalizado el gobierno de las promesas, apenas hay unos cuantos kilómetros de asfalto, un esqueleto que algún día será hospital, aunque ya no a cargo de la empresa de Germán Larrea sino del gobierno, y un montón de galerones donde se hacinan los nuevos trabajadores, muchos de ellos “gente del sur” y libres ya –en su mayoría– del “pecado” de ser sindicalizados. Pese a que buena parte de los casi 5 mil empleados de Cananea son de fuera, ni los gobiernos federal ni estatal y mucho menos la compañía han emprendido un programa de construcción de viviendas.
Eso sí, hay dos nuevos supermercados y dos casinos que no existían cuando la PF acabó, a golpe de gas lacrimógeno, con la huelga de la sección 65 del sindicato nacional minero, en junio de 2010.
La primera imagen de Cananea no es de bonanza, sino de “seguridad”. Al llegar desde Imuris, dan la bienvenida dos camiones y una camioneta del Servicio de Protección Federal (SPF), dependiente de la Secretaría de Gobernación. Ya han descendido, y se disponen a la formación, los granaderos que abandonaron los uniformes con las siglas de la Policía Federal (PF) con el cambio de gobierno.
A lo lejos aparecen dos camiones amarillos, de los que transportan a los escolares en Estados Unidos (la frontera está apenas a 20 kilómetros). No hay casas a la vista, porque desde la incursión policiaca se bloquearon los accesos ubicados dentro de la población.
Los autobuses pasan frente a los 20 granaderos que ya empuñan sus escudos, aunque hace mucho los sindicalistas no avientan una piedra.
Sobre una loma y junto a una capilla, otros elementos, AR-15 en ristre, custodian la salida. La escena se repite en otro de los accesos a la mina y lo mismo ocurre en cada cambio de turno.
“Protección Federal”, se lee en los vehículos y los uniformes. “Ahí está la seguridad privada de Larrea”, señalan, con ironía, los mineros de la sección 65.
“No entendemos por qué el gobierno federal pone todo al servicio de una empresa privada, cuando se supone que la policía debe ser para proteger a toda la población”, añade el minero Clemente Félix Lara.
Deja a Napoleón y te arreglo todo”: Lozano
Sergio Tolano, secretario general de la 65, recuerda que la llamada lo sorprendió, pero hoy ríe al recordarla.
“Te está hablando el ministro del Trabajo del Estado mexicano. Si dejas a Napoleón te voy a solucionar todo el problema de Cananea”, dijo la voz del otro lado.
Era Javier Lozano, secretario del Trabajo de Felipe Calderón, ex priísta, ideólogo panista y hoy senador de la República. Faltaban unos meses para la toma de la mina por la Policía Federal, y Tolano pidió a Lozano enviar la solicitud por escrito, pero no dirigida a él, sino al secretario nacional del gremio, Napoleón Gómez Urrutia.
“No voy a mandar nada. ¿Crees que todos los días le hablo al secretario de una sección?”, cortó el atildado funcionario.
Tolano apenas rebasa los 40 años, pero en los últimos tres se ha comido una década. De oficio soldador, entró a trabajar a la Minera de Cananea hace 24 años y recorrió todos los escalones laborales y sindicales. Fue electo secretario general un mes antes del inicio de la huelga.
De Tolano y otros mineros que siguen de “guardia” sorprende sobre todo una cosa: su lealtad al sindicato nacional y a Napoleón Gómez Urrutia.
Ni siquiera el espinoso asunto del fideicomiso de 55 millones de dólares (cinco por ciento del valor de venta de la mina en 1989), base de la acusación de los gobiernos panistas contra Gómez Urrutia, es un tema que provoque fisuras.
–El cinco por ciento se nos entregó a muchos, y a los que no, fue porque llegó la Procuraduría General de la República y nos congeló las cuentas, incluyendo otras de la sección. En 1990 a mí me entregaron 80 mil pesos –dice Tolano, y da por cerrado el tema.
La lealtad, según los dirigentes de la 65, tiene bases muy firmes. Si rechazaron una y otra vez la oferta de soluciones condicionadas a “dejar a Napoleón”, fue no sólo porque Gómez Urrutia es el heredero del líder histórico del gremio –su padre, del mismo nombre, lo encabezó durante 40 años– sino también por razones que Tolano resume en frases como las siguientes:
“Con Elías Moreno (el dirigente reconocido por el gobierno panista durante algún tiempo) perdimos el bono de productividad.
“A Fernando Gómez Mont lo vi primero como apoderado legal de la empresa y luego como funcionario del gobierno. Ahí está el problema: ¿Dónde terminaba el Grupo México y dónde comenzaba la Secretaría de Gobernación?”.
Los enhuelgados
A las afueras de la sede de la sección 65 todos los días hay decenas de hombres rudos, los mineros que hacen sus “guardias”. Tras las presentaciones, rodean a los visitantes. Los mineros que permanecen fieles a la 65 reciben cada semana mil cien pesos, un apoyo que les entrega el sindicato nacional pero que casi todos llaman “la ayuda del licenciado Napoleón”. Es más de lo que ganarían en una maquiladora, pero mucho menos de lo que estaban “acostumbrados” a recibir en la mina.
Una de las consecuencias, no por obvia menos dolorosa, es que los divorcios se multiplicaron. “Las historias de sus matrimonios en muchos casos no son felices. En Cananea rompieron el tejido social”, resalta Leopoldo Santos, investigador de El Colegio de Sonora.
Se pregunta qué han hecho para vivir y los mineros responden uno tras otro:
–¿Trabajar? ¿Sobrevivir? De lo que sea.
–Pero no nos dan nada porque dicen que estamos enhuelgados.
–Yo trabajo en una fundidora que le surte a la mina.
–Si tienes un apellido que te identifique con el sindicato nomás no te dan trabajo.
–De barrendero, de jardinero, de pintor, lavando carros, de lo que sea.
–El de la gasolinera que pasamos es minero.
–Y ese taxista, también.
–A los mayores de 50 no nos dan jale en ninguna parte.
–Lo primero que nos preguntan es dónde trabajamos antes. Si decimos que en la mina, viene otra pregunta: “¿Ya te liquidaste?” Y si decimos que no, pues nunca nos llaman.
La esperanza nunca es vana, dice el clásico, pero en Cananea, tras siete años de huelga y tres de la toma de la mina por la policía federal, la esperanza pasa delante de las narices de los mineros a diario: cientos de vehículos de las compañías contratistas entran y salen a toda hora.
La catarata de pequeñas historias llega, inevitablemente, al tema de la seguridad en la mina:
–Nadie habla de los que fallecen aquí por las fallas de seguridad en la mina.
–Se los llevan a otro lado, los ocultan, no quieren que se sepa.
–Sólo sabemos de los que son de aquí, porque no pueden ocultar a los muertitos o los heridos cuando son de Cananea.
–Ahí está el caso de Luis Martínez, que se electrocutó.
–Y Francisco Campas.
–Y Abel Aguilar.
La lista de Bambino
Los autobuses amarillos llevan a los nuevos empleados a sus “hogares”: viejas bodegas o barracas de lámina donde se hacinan en literas o se echan sobre colchonetas, a la manera de los jornaleros en los campos de jitomate de Sinaloa. La diferencia es que aquí no hay familias, son únicamente hombres solos.
Algunas de esas “viviendas” son propiedad, cuentan lugareños, de la familia del alcalde Francisco Tarazón, un hombre joven a quien apodan Bambino.
Hace tres años, la oficina que ocupa el alcalde era custodiada por granaderos enviados por su compañero de partido, el gobernador Guillermo Padrés. En estos días, en la plaza frente a la presidencia municipal sólo se cubren del sol un par de desocupados y un bolero.
De cara a las primeras preguntas, Bambino agradece que la “mentalidad” del Grupo México haya cambiado con el conflicto, pues antes era “un poco más cerrado en cuanto a los apoyos o nada más respaldaba a ciertos sectores, hoy se abrió”.
Entonces comienza el recuento de los beneficios: “Nos va a apoyar con el relleno sanitario de la ciudad, con pavimentación; nos respalda con los juegos de un parque infantil, con la rehabilitación del aeropuerto, con una laguna de oxidación…”
Se pide al alcalde que diga cuáles obras de su lista ya están entregadas o en curso. Menciona dos: la cerca de la unidad deportiva y los módulos de juegos en el parque DIF. “Pues hasta ahí”, subraya.
Las demás son “proyectos” que él ha entregado y cuya ejecución dependerá de la voluntad generosa de Germán Larrea.
Aunque no corresponde a su ámbito de competencia, el alcalde menciona también el hospital que, asegura, quedará concluido en febrero del año próximo. El costo de la obra será de 142 millones de pesos, a tercios que ponen la empresa y los gobiernos federal y estatal.
Pero ya no será un nosocomio exclusivo para los mineros de Cananea y sus familias, como el cerrado por Grupo México en mayo de 2008, sino un hospital regional del sistema de salud del gobierno de Sonora (aunque el rey de las promesas Lozano aseguró que sería del IMSS). Dicho en otras palabras, Grupo México ya no correrá con los gastos médicos de sus empleados, como establecía el contrato colectivo de trabajo (y dado que ahora la gran mayoría no son empleados suyos sino de empresas outsourcing, la minera tampoco pagará cuotas al Seguro Social).
Hasta ahora, el hospital es un esqueleto de metal a las afueras de la población. Al lado, mucho más avanzada, está la obra de un “complejo recreativo”, que según el alcalde tendrá salas de cine, tiendas y un boliche.
En tanto, el antiguo hospital, El Ronquillo, es una clínica del seguro popular, que cierra temprano y donde el mobiliario y los insumos son más que raquíticos.
-Ya están construyendo el hospital –se le recuerda a uno de los mineros.
–Uno de 30 camas, es lo que teníamos en El Ronquillo. ¿Y luego sin medicamentos? De forma injusta nos quitaron todo. La responsabilidad fue de Lozano. Fue ilegal, una arbitrariedad –responde Ernesto Molina Álvarez, minero retirado y dueño de un taller eléctrico donde alguna vez hubo cinco empleados aunque hoy, a falta de clientela, el propietario atiende solo.
Molina Álvarez recuerda que al privatizarse la mina se hizo el compromiso de que los mineros serían incorporados al régimen del Seguro Social y que, mientras tanto, la empresa mantendría el servicio médico bajo su responsabilidad. “Nunca se hizo, y ahora ni tenemos hospital ni tenemos pensión del IMSS”.
A Molina y el resto de los retirados les pegó más fuerte el cierre del hospital. “Grupo México tiene un problema con los cananenses: quiere rematarnos”.
El gobierno de Sonora, entonces encabezado por Eduardo Bours, ofreció a los trabajadores los servicios de salud estatales. Eso sí, de entrada les dijeron que ni soñaran con los medicamentos de marca que solían recibir.
Los primeros afectados fueron 10 mineros retirados que recibían hemodiálisis. Luego siguieron los enfermos de reumatismo.
“Hemos perdido una cantidad horrorosa de compañeros, de esposas de mineros, porque nos han cortado medicamentos indispensables”, recuerda Molina. Ni qué hablar del resto de las promesas que el gobierno federal y la empresa hicieron recién ocupada la mina por la policía: “En el show que hicieron Javier Lozano y la empresa se comprometieron a muchas cosas, pero nada”. 

El Grupo México "tiene un problema con los cananenses: quiere rematarnos"

Foto
Los mineros de Cananea denuncian que el gobierno federal pone la policía al servicio de la empresa, cuando se supone que es para proteger a toda la población. En la imagen, uniformados vigilan un campamento de trabajadoresFoto José Antonio López
 
Arturo Cano
Enviado
Periódico La Jornada
Lunes 10 de junio de 2013, p. 10
Cananea, Son.


Una nueva era anunciaron el gobierno de Felipe Calderón y el Grupo México, del empresario Germán Larrea, después de que la Policía Federal (PF) tomó la mina de cobre más grande del país. El primer paso fue eliminar el histórico nombre de Minera de Cananea: la mina fue rebautizada como Buenavista del Cobre.
Al parecer cualquier cosa que diga Cananea le duele al Grupo México, quiere que se olvide, que se borre la historia, comenta Victoriano Carrillo, un minero que nunca pierde la sonrisa, encargado de gestionar la atención médica para sus compañeros, luego que la empresa cerrara el hospital que, por contrato, debía atender a los trabajadores y sus familias.
La nueva era de Cananea fue un rosario de promesas: una carretera de cuatro carriles, un hospital, calles pavimentadas, becas y créditos, un futuro luminoso. Tres años después, finalizado el gobierno de las promesas, apenas hay unos cuantos kilómetros de asfalto, un esqueleto que algún día será hospital, aunque ya no a cargo de la empresa de Germán Larrea sino del gobierno, y un montón de galerones donde se hacinan los nuevos trabajadores, muchos de ellos gente del sur y libres ya –en su mayoría– del pecado de ser sindicalizados. Pese a que buena parte de los casi 5 mil empleados de Cananea son de fuera, ni los gobiernos federal ni estatal y mucho menos la compañía han emprendido un programa de construcción de viviendas.
Eso sí, hay dos nuevos supermercados y dos casinos que no existían cuando la PF acabó, a golpe de gas lacrimógeno, con la huelga de la sección 65 del sindicato nacional minero, en junio de 2010.
La primera imagen de Cananea no es de bonanza, sino de seguridad. Al llegar desde Imuris, dan la bienvenida dos camiones y una camioneta del Servicio de Protección Federal (SPF), dependiente de la Secretaría de Gobernación. Ya han descendido, y se disponen a la formación, los granaderos que abandonaron los uniformes con las siglas de la Policía Federal (PF) con el cambio de gobierno.
A lo lejos aparecen dos camiones amarillos, de los que transportan a los escolares en Estados Unidos (la frontera está apenas a 20 kilómetros). No hay casas a la vista, porque desde la incursión policiaca se bloquearon los accesos ubicados dentro de la población.
Los autobuses pasan frente a los 20 granaderos que ya empuñan sus escudos, aunque hace mucho los sindicalistas no avientan una piedra.
Sobre una loma y junto a una capilla, otros elementos, AR-15 en ristre, custodian la salida. La escena se repite en otro de los accesos a la mina y lo mismo ocurre en cada cambio de turno.
Protección Federal, se lee en los vehículos y los uniformes. Ahí está la seguridad privada de Larrea, señalan, con ironía, los mineros de la sección 65.
No entendemos por qué el gobierno federal pone todo al servicio de una empresa privada, cuando se supone que la policía debe ser para proteger a toda la población, añade el minero Clemente Félix Lara.
Deja a Napoleón y te arreglo todo: Lozano
Sergio Tolano, secretario general de la 65, recuerda que la llamada lo sorprendió, pero hoy ríe al recordarla.
Te está hablando el ministro del Trabajo del Estado mexicano. Si dejas a Napoleón te voy a solucionar todo el problema de Cananea, dijo la voz del otro lado.
Era Javier Lozano, secretario del Trabajo de Felipe Calderón, ex priísta, ideólogo panista y hoy senador de la República. Faltaban unos meses para la toma de la mina por la Policía Federal, y Tolano pidió a Lozano enviar la solicitud por escrito, pero no dirigida a él, sino al secretario nacional del gremio, Napoleón Gómez Urrutia.
No voy a mandar nada. ¿Crees que todos los días le hablo al secretario de una sección?, cortó el atildado funcionario.
Tolano apenas rebasa los 40 años, pero en los últimos tres se ha comido una década. De oficio soldador, entró a trabajar a la Minera de Cananea hace 24 años y recorrió todos los escalones laborales y sindicales. Fue electo secretario general un mes antes del inicio de la huelga.
De Tolano y otros mineros que siguen de guardia sorprende sobre todo una cosa: su lealtad al sindicato nacional y a Napoleón Gómez Urrutia.
Ni siquiera el espinoso asunto del fideicomiso de 55 millones de dólares (cinco por ciento del valor de venta de la mina en 1989), base de la acusación de los gobiernos panistas contra Gómez Urrutia, es un tema que provoque fisuras.
–El cinco por ciento se nos entregó a muchos, y a los que no, fue porque llegó la Procuraduría General de la República y nos congeló las cuentas, incluyendo otras de la sección. En 1990 a mí me entregaron 80 mil pesos –dice Tolano, y da por cerrado el tema.
La lealtad, según los dirigentes de la 65, tiene bases muy firmes. Si rechazaron una y otra vez la oferta de soluciones condicionadas a dejar a Napoleón, fue no sólo porque Gómez Urrutia es el heredero del líder histórico del gremio –su padre, del mismo nombre, lo encabezó durante 40 años– sino también por razones que Tolano resume en frases como las siguientes:
“Con Elías Moreno (el dirigente reconocido por el gobierno panista durante algún tiempo) perdimos el bono de productividad.
A Fernando Gómez Mont lo vi primero como apoderado legal de la empresa y luego como funcionario del gobierno. Ahí está el problema: ¿Dónde terminaba el Grupo México y dónde comenzaba la Secretaría de Gobernación?.
Los enhuelgados
A las afueras de la sede de la sección 65 todos los días hay decenas de hombres rudos, los mineros que hacen sus guardias. Tras las presentaciones, rodean a los visitantes. Los mineros que permanecen fieles a la 65 reciben cada semana mil cien pesos, un apoyo que les entrega el sindicato nacional pero que casi todos llaman la ayuda del licenciado Napoleón. Es más de lo que ganarían en una maquiladora, pero mucho menos de lo que estaban acostumbrados a recibir en la mina.
Una de las consecuencias, no por obvia menos dolorosa, es que los divorcios se multiplicaron. Las historias de sus matrimonios en muchos casos no son felices. En Cananea rompieron el tejido social, resalta Leopoldo Santos, investigador de El Colegio de Sonora.
Se pregunta qué han hecho para vivir y los mineros responden uno tras otro:
–¿Trabajar? ¿Sobrevivir? De lo que sea.
–Pero no nos dan nada porque dicen que estamos enhuelgados.
–Yo trabajo en una fundidora que le surte a la mina.
–Si tienes un apellido que te identifique con el sindicato nomás no te dan trabajo.
–De barrendero, de jardinero, de pintor, lavando carros, de lo que sea.
–El de la gasolinera que pasamos es minero.
–Y ese taxista, también.
–A los mayores de 50 no nos dan jale en ninguna parte.
–Lo primero que nos preguntan es dónde trabajamos antes. Si decimos que en la mina, viene otra pregunta: ¿Ya te liquidaste? Y si decimos que no, pues nunca nos llaman.
La esperanza nunca es vana, dice el clásico, pero en Cananea, tras siete años de huelga y tres de la toma de la mina por la policía federal, la esperanza pasa delante de las narices de los mineros a diario: cientos de vehículos de las compañías contratistas entran y salen a toda hora.
La catarata de pequeñas historias llega, inevitablemente, al tema de la seguridad en la mina:
–Nadie habla de los que fallecen aquí por las fallas de seguridad en la mina.
–Se los llevan a otro lado, los ocultan, no quieren que se sepa.
–Sólo sabemos de los que son de aquí, porque no pueden ocultar a los muertitos o los heridos cuando son de Cananea.
–Ahí está el caso de Luis Martínez, que se electrocutó.
–Y Francisco Campas.
–Y Abel Aguilar.
La lista de Bambino
Los autobuses amarillos llevan a los nuevos empleados a sus hogares: viejas bodegas o barracas de lámina donde se hacinan en literas o se echan sobre colchonetas, a la manera de los jornaleros en los campos de jitomate de Sinaloa. La diferencia es que aquí no hay familias, son únicamente hombres solos.
Algunas de esas viviendas son propiedad, cuentan lugareños, de la familia del alcalde Francisco Tarazón, un hombre joven a quien apodan Bambino.
Hace tres años, la oficina que ocupa el alcalde era custodiada por granaderos enviados por su compañero de partido, el gobernador Guillermo Padrés. En estos días, en la plaza frente a la presidencia municipal sólo se cubren del sol un par de desocupados y un bolero.
De cara a las primeras preguntas, Bambino agradece que la mentalidad del Grupo México haya cambiado con el conflicto, pues antes era un poco más cerrado en cuanto a los apoyos o nada más respaldaba a ciertos sectores, hoy se abrió.
Entonces comienza el recuento de los beneficios: “Nos va a apoyar con el relleno sanitario de la ciudad, con pavimentación; nos respalda con los juegos de un parque infantil, con la rehabilitación del aeropuerto, con una laguna de oxidación…”
Se pide al alcalde que diga cuáles obras de su lista ya están entregadas o en curso. Menciona dos: la cerca de la unidad deportiva y los módulos de juegos en el parque DIF. Pues hasta ahí, subraya.
Las demás son proyectos que él ha entregado y cuya ejecución dependerá de la voluntad generosa de Germán Larrea.
Aunque no corresponde a su ámbito de competencia, el alcalde menciona también el hospital que, asegura, quedará concluido en febrero del año próximo. El costo de la obra será de 142 millones de pesos, a tercios que ponen la empresa y los gobiernos federal y estatal.
Pero ya no será un nosocomio exclusivo para los mineros de Cananea y sus familias, como el cerrado por Grupo México en mayo de 2008, sino un hospital regional del sistema de salud del gobierno de Sonora (aunque el rey de las promesas Lozano aseguró que sería del IMSS). Dicho en otras palabras, Grupo México ya no correrá con los gastos médicos de sus empleados, como establecía el contrato colectivo de trabajo (y dado que ahora la gran mayoría no son empleados suyos sino de empresas outsourcing, la minera tampoco pagará cuotas al Seguro Social).
Hasta ahora, el hospital es un esqueleto de metal a las afueras de la población. Al lado, mucho más avanzada, está la obra de un complejo recreativo, que según el alcalde tendrá salas de cine, tiendas y un boliche.
En tanto, el antiguo hospital, El Ronquillo, es una clínica del seguro popular, que cierra temprano y donde el mobiliario y los insumos son más que raquíticos.
-Ya están construyendo el hospital –se le recuerda a uno de los mineros.
–Uno de 30 camas, es lo que teníamos en El Ronquillo. ¿Y luego sin medicamentos? De forma injusta nos quitaron todo. La responsabilidad fue de Lozano. Fue ilegal, una arbitrariedad –responde Ernesto Molina Álvarez, minero retirado y dueño de un taller eléctrico donde alguna vez hubo cinco empleados aunque hoy, a falta de clientela, el propietario atiende solo.
Molina Álvarez recuerda que al privatizarse la mina se hizo el compromiso de que los mineros serían incorporados al régimen del Seguro Social y que, mientras tanto, la empresa mantendría el servicio médico bajo su responsabilidad. Nunca se hizo, y ahora ni tenemos hospital ni tenemos pensión del IMSS.
A Molina y el resto de los retirados les pegó más fuerte el cierre del hospital. Grupo México tiene un problema con los cananenses: quiere rematarnos.
El gobierno de Sonora, entonces encabezado por Eduardo Bours, ofreció a los trabajadores los servicios de salud estatales. Eso sí, de entrada les dijeron que ni soñaran con los medicamentos de marca que solían recibir.
Los primeros afectados fueron 10 mineros retirados que recibían hemodiálisis. Luego siguieron los enfermos de reumatismo.
Hemos perdido una cantidad horrorosa de compañeros, de esposas de mineros, porque nos han cortado medicamentos indispensables, recuerda Molina. Ni qué hablar del resto de las promesas que el gobierno federal y la empresa hicieron recién ocupada la mina por la policía: En el show que hicieron Javier Lozano y la empresa se comprometieron a muchas cosas, pero nada.
 
 
Fuente 

Tribunal ordena a juez resolver concurso mercantil de Mexicana

Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Lunes 10 de junio de 2013, p. 27 

Un tribunal federal ordenó a la juez federal Edith Alarcón que en no más de tres semanas determine si algún inversionista interesado en Mexicana de Aviación cumplió con los requisitos mínimos para quedarse con la empresa o si todos fallaron, a fin de que pueda declarar el rescate o la quiebra de la aerolínea, la cual lleva más de 30 meses en concurso mercantil.
El tercer tribunal colegiado en materia civil determinó que la juez debe resolver ya el fondo del concurso mercantil de la aerolínea, amén de que consideró que no existe ningún precepto en la Ley de Concursos Mercantiles que faculte a los jueces para suspender por tiempo indefinido el cómputo del periodo de conciliación de dichos procedimientos, que en teoría no pueden exceder un año.
En el caso de Mexicana, el juez encargado del caso originalmente, Felipe Consuelo Soto, empezó a suspender el cómputo en septiembre de 2011 a petición de los sindicatos de Mexicana, y en febrero de 2012 decretó suspensión indefinida a la espera de que algún inversionista aporte recursos para rescatar a la empresa.
Según el plazo legal, la quiebra de Mexicana debía haberse dictado el 28 de septiembre de 2011, cuando se cumplió un año de la publicación de la senten- cia que la declaró en estado de insolvencia.
En el resolutivo, al que tuvo acceso este diario, el colegiado argumentó que se encuentra sin resolución el concurso mercantil en contravención al interés público de la ley que regula los concursos mercantiles, y en detrimento de los acreedores y los trabajadores porque la empresa no reanuda actividades en perjuicio social, afirmó el tribunal, al tiempo que dio ultimátum para que en un plazo no mayor a 15 días hábiles dé por sustanciado en autos el procedimiento y deje sin efecto la suspensión del mismo.

Fuente

Exige la IP ejercer gasto público para frenar deterioro económico

Juan Carlos Miranda
 
Periódico La Jornada
Lunes 10 de junio de 2013, p. 26 

La cúpula del sector privado sostuvo que su mayor preocupación es que, ante el rápido deterioro que han mostrado las expectativas de crecimiento económico, no se perciben indicios en el corto plazo de la aplicación de políticas que estimulen un mayor dinamismo de la actividad económica, confiando simplemente en su evolución inercial.
En su análisis semanal, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) consideró que la lentitud en el ejercicio del gasto pudiera estar relacionado con el tema político que representan los procesos electorales de este año.
Si este es el caso estaríamos perdiendo la oportunidad de acelerar el cambio que requiere el país para crecer a tasas elevadas y mejorar el bienestar de la población, puntualizó.
Destacó que la actual administración ha persistido en la lentitud de ejercer el gasto, pese a que prácticamente todas las expectativas de crecimiento económico se deterioraron con rapidez después de que el Inegi informó que durante el primer trimestre del año la economía creció sólo 0.8 por ciento. Incluso, recordó, hay opiniones que consideran que una tasa de crecimiento superior a 3 por ciento para todo el año sería poco probable.
Mientras, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bajó de 3.5 a 3.1 su pronóstico de crecimiento, considerando que la economía, si bien sigue en ascenso, su ritmo de avance ha sido menor a lo esperado.
Más pesimista fue la percepción de los especialistas del sector privado, toda vez que en la Encuesta de expectativas que realiza el Banco de México el promedio de la estimación de avance del PIB se ubicó en apenas 2.96 por ciento, porcentaje que además de ser el más bajo desde que se inició el sondeo de esa variable es el que refleja el mayor cambio respecto del pronóstico previo.
Pese a todo lo anterior, el Ceesp aseguró que no hay información suficiente que confirme que la economía mexicana ha entrado en una nueva fase de debilitamiento, máxime cuando los datos más recientes de las principales variables económicas (correspondiente al mes de abril) también se vieron afectadas por diversos factores estacionales y por tanto su evolución puede mostrar un comportamiento atípico.
Sin embargo, insistió en que el gobierno no sólo no ha ejercido el gasto al mismo ritmo en los primeros cuatro meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2012, sino el monto ejercido fue inferior al que se tenía programado.
Comentó que el gasto total ejercido en el primer cuatrimestre resultó 7 por ciento menor en términos reales al reportado durante el mismo periodo de 2012, mientras el monto ejercido en ese lapso fue 63 mil 100 millones de pesos inferior a lo que se tenía programado.
Si bien es cierto que en los primeros meses del año generalmente se aprecia un subejercicio del gasto, el de 2013 fue casi 20 mil millones de pesos mayor que el del año pasado, añadió.
El organismo empresarial criticó que el gasto público sigue detenido sin alguna razón aparente, a pesar de que los ingresos muestran un avance moderado.
Detalló que, según datos de la SHCP, los ingresos totales del sector público crecieron a un ritmo anual de 0.3 por ciento real en los primeros cuatro meses del año, básicamente por el avance de 4.5 por ciento de los ingresos no petroleros, toda vez que los relacionados con el crudo disminuyeron 7.7, lo que dejó ver lo vulnerables que es la cuenta pública y, en buena medida, la causa de que los ingresos totales hayan sido 2.2 por ciento inferiores a lo que se tenía protectado.
 
 
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La Policía turca vuelve a cargar contra los manifestantes en Ankara

La Policía ha vuelto a cargar este domingo contra una manifestación en la céntrica plaza de Kizilay en Ankara, escenario de represión policial desde hace más de una semana.


Al mismo tiempo que el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, se desplazaba desde el aeropuerto al centro de la ciudad, en un trayecto que incluía varias paradas para dirigir discursos a sus simpatizantes, otros ciudadanos se manifestaban contra el Gobierno hacia la plaza de Kizilay.
Sobre las 18:30h los agentes cargaron contra los manifestantes empleando blindados con cañones de agua a presión, granadas de gas lacrimógeno y bombas sónicas.
Hace precisamente una semana que la policía desalojó, en una intervención que duró muchas horas, a unas 10.000 personas que se habían congregado en Kizilay y desde entonces los antidisturbios han frustrado todos los intentos de los manifestantes de volver a ocupar la emblemática plaza.
Tras unos enfrentamientos en los alrededores de la plaza, numerosos blindados y agentes custodian Kizilay después de haberse dispersado la protesta.
En otros barrios de la capital turca, como ha sucedido en la última semana, la gente salió de sus casas para participar en una “cacerolada” o se unió a ella desde sus balcones y ventanas. En algunos barrios se registraron también concentraciones de protesta.
EFE
 
 
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La derecha venezolana compra 18 aviones de guerra a EEUU para usarlos desde Colombia

La oposición venezolana ha comprado 18 aviones de guerra a Estados Unidos para usarlos desde sus bases militares en Colombia contra Venezuela, según ha denunciado el ex vicepresidente venezolano José Vicente Rangel.


Rangel ha revelado que la compraventa se cerró en una reunión que tuvo lugar el pasado mes de mayo entre representantes de la derecha venezolana y ejecutivos de la industria aeronáutica estadounidense en la ciudad de San Antonio, Texas.
“Los representantes de la derecha venezolana vieron algunos catálogos y optaron por un determinado modelo, firmando un contrato de compra por 18 aviones de guerra”, ha dicho en su programa dominical ‘José Vicente Hoy’.
Rangel ha asegurado que “el contrato se hará efectivo, a más tardar, el próximo mes de noviembre”, cuando colocarán los aviones de guerra “en una base militar de Estados Unidos en Colombia desde donde tienen previsto atacar varios objetivos.
El ex ‘número dos’ ha considerado “extremadamente grave” esta información y ha instado a las fuerzas de seguridad a “chequearla”. “No debe ser subestimada, dado el clima que actualmente existe de agresiones mediáticas y políticas contra Venezuela”, ha considerado.
“¿Se prepara un agresión armada, debidamente camuflada, con la participación de mercenarios?”, ha interrogado, en declaraciones recogidas por la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Grupos paramilitares detenidos en la frontera

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este domingo que organismos de seguridad del Estado desarticularon dos bandas de paramilitares que tenían como objetivo emprender ataques contra la paz y la tranquilidad en el país.
A través de su cuenta en Twitter (@NicolasMaduro) el Mandatario destacó que “hemos capturado dos bandas de paramilitares que venían a atacar nuestra Venezuela, una en Táchira y otra en Portuguesa”, estados ubicados al oeste del territorio nacional.
Minutos después, Maduro publicó que el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, ofrecerá detalles este lunes sobre la detención de los grupos paramilitares.
Seguidamente, el Dignatario venezolano felicitó a los organismos de seguridad e indicó que todos los venezolanos “tenemos que mantenernos alerta por la paz del país”.
El Presidente ha denunciado en reiteradas ocasiones sobre planes que tiene la derecha venezolana, con apoyo de fuerzas extranjeras, para desestabilizar y atentar contra la paz y el sistema democrático en las nación suramericana.
De acuerdo con el jefe de Estado, algunos de los planes incluirían la entrada ilegal al país de grupos paramilitares, cuyo objetivo sería atacar los resultados del Plan Patria Segura, asesinar a soldados venezolanos y generar caos en el país.
“Yo alerto a todos los venezolanos de bien, cuidado con un saboteo en contra de Patria Segura. Sabemos de reuniones extrañas que una gente de la derecha está planificando en territorios fuera de nuestro país con un personaje siniestro”, denunció Maduro en mayo pasado.
En ese entonces, el comandante estratégico operacional de las Fuerzas Armadas, mayor general Wilmer Barrientos, informó sobre un operativo de seguridad para detectar a “grupos irregulares que pretendan sabotear el plan (Patria Segura)”, para actuar contra la compra ilegal de armas y contra el accionar de grupos vinculados al narcotráfico.
“Nos preparamos en las Regiones para Defensa Integral y Zona Operativa de Defensa Integral para que nuestros efectivos atiendan cualquier amenaza exterior”, señaló.
Asimismo, Barrientos hizo un llamado a las fuerzas de seguridad que actúan en las fronteras, para que establezcan “medidas estrictas para evitar ingreso de quienes quieren sabotear el Plan Patria Segura”.
LibreRed / AVN
 
 
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Mujeres soldado rompen el silencio y denuncian abusos del Ejército israelí en Cisjordania

Muchos israelíes cumplen su servicio militar en territorios palestinos ocupados. Mujeres que estuvieron en unidades de combate en Cisjordania volvieron y rompieron su silencio.


“Cuando estábamos de guardia y nos aburríamos, provocábamos a los palestinos, sabíamos que si bajábamos por determinadas calles nos iban a lanzar piedras. Así nosotros podíamos tirar balas de goma y granadas de aturdimiento”, confiesa una mujer que realizó el servicio militar.
Es la primera vez que mujeres ex soldado israelíes cuentan ante los medios de comunicación los abusos de la ocupación.
“Cuando estás en el Ejército y eres una mujer soldado haces cosas muy agresivas para hacerte respetar. Quería que los palestinos me tuvieran miedo. Cuando me decían cosas como <Hola, guapa>, les quitaba su DNI y los retenía bajo el sol durante una o dos horas”, explica otra ex soldado.
Actualmente hay más de 600 soldados israelíes desplegados en Hebrón con el objetivo de proteger a los colonos que viven en asentamientos dentro y alrededor de la ciudad. Ellos les corresponden con muestras de afecto.
“Creo que si la sociedad israelí supiera lo que supone la ocupación, que tenemos un Gobierno militar, y lo que hacen sus hijos e hijas en el Ejército, no habría ocupación”, asegura la ex militar.
Romper el silencio les ha costado 11 años: “la mayoría de gente en Israel nos ve como traidoras”, afirman.
RTVE

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Preparan en España reformas a pensiones

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Cientos de españoles se manifestaron el sábado pasado en Madrid contra la impunidad financiera y los fraudes hipotecarios. Exigieron al gobierno poner fin a los desalojos inmobiliariosFoto Ap
Reuters y Afp
 
Periódico La Jornada
Lunes 10 de junio de 2013, p. 29
Madrid, 9 de junio.

Ante la crisis que enfrenta España en el sector de los pensionados, que podría verse colapsado con un desequilibrio de 14 mil millones de euros entre ingresos y gastos y no poder hacer frente a las nuevas generaciones de jubilados, el gobierno decidió llevar a cabo una segunda reforma que ha provocado opiniones encontradas, pues propone que éstas no estén indexadas al índice de precios y cotizaciones (IPC), sino a los recursos con que el Estado cuente para ese rubro.
El número de pensionados en España es de 9 millones. La Unión Europea (UE) estima que en 2050 llegará a 15 millones, por lo que, junto con la Comisión Europea (CE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la denominada troika, ha presionado al gobierno español para que lleve a cabo cambios en la materia.
Un informe de expertos sobre la reforma, que no tiene carácter vinculante, fue presentado con una semana de retraso. Bruselas ha instado al gobierno español a actuar cuanto antes en su sistema de pensiones, que tras años de superávit entró en déficit en 2011.
Tras la aprobación del documento el tema pasa ahora a la Comisión del Pacto de Toledo y al diálogo entre gobierno, patronal y sindicatos, con la idea, según la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de que la modificación sea aprobada en el tercer trimestre de este año.
La mayoría absoluta del Partido Popular permitirá que cualquier proyecto de ley sobre pensiones pueda salir adelante, pero el Ejecutivo ha dicho que buscará el consenso, ante el evidente riesgo de desgaste político y conflictividad social que conllevaría una aprobación en solitario.
El informe introduce básicamente dos variables a la hora de afrontar la reforma: el factor de revalorización anual, que sería de aplicación a todos los pensionistas, y el de equidad intergeneracional, que entrará en vigor sólo para los nuevos jubilados.
Por otra parte, en París se informó que la ministra de Asuntos Sociales, Marisol Trouraine, declaró que toda Francia tendrá que participar en una reforma al sistema de pensiones, elevando las expectativas respecto de que un panel de asesoría que presentará su reporte la semana próxima recomendará cambios significativos al programa de jubilación.
 
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Rey de España se reúne en secreto con ex presidentes para ‘apuntalar’ la monarquía

El rey Juan Carlos I se ha reunido con los tres últimos ex presidentes de Gobierno para intentar “propiciar acuerdos” que permitan “superar el enfrentamiento político”, en un contexto en el que la monarquía en España pierde apoyo popular a pasos agigantados.


Los encuentros con Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero se complementaron con los que mantiene con el actual jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y otro con el actual líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba.
El monarca, de 75 años, abordó con sus interlocutores los asuntos que más preocupan en España, la situación política y económica, intentando “propiciar acuerdos” sobre estos asuntos.
Un portavoz de la Casa Real confirmó los encuentros, que se han celebrado a lo largo de varios meses.
La popularidad del Rey, que aún no ha retomado completamente la agenda pública tras su última operación de hernia discal, el pasado 3 de marzo, ha caído notablemente en los últimos años después de varios escándalos que han afectado a la institución.
En los últimos tres años, el apoyo a la monarquía ha caído en picado, sobre todo a raíz de la imputación de la hija del rey, la infanta Cristina, y de su yerno Iñaki Urdangarín en una gran trama de corrupción.
La valoración de la población sobre la monarquía ha caído a una nota media de un 3,68 sobre 10 según un sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado en mayo.

LibreRed

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