miércoles, 31 de julio de 2013

AVANZA LA CENTRAL LABORAL DEFENSORA DE DERECHOS

*Su Objetivo es Defender los Derechos Humanos Laborales contra las Políticas Gubernamentales Abusivas.

FRECUENCIA LABORAL 

Por Martín Esparza Flores

 

En México es urgente construir una nueva central de trabajadores grande en número y fuerte en sus principios y organización, que no solamente represente a los trabajadores sino los conduzca a rescatar sus derechos humanos laborales perdidos en los últimos 30 años con los gobiernos del PRI y PAN, explicó Gerardo Cruz, miembro de la junta organizadora y secretario de Relaciones Exteriores de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adscrito a la CNTE. 

Destacó que las centrales obreras que existen en el país prácticamente están anuladas como defensoras de los derechos de los trabajadores, debido a que sus líderes han preferido aliarse con los gobiernos en turno.
La intención es frenar los retrocesos en los derechos que conquistaron los trabajadores desde 1850 y, principalmente, después de la Revolución Mexicana de 1910 como son el empleo de base, el seguro social, el derecho a una pensión por vejez o por enfermedad o accidente de trabajo, el derecho a una vivienda digna a precio justo, el derecho al reparto de utilidades, al pago de día de descanso y vacaciones, que sólo conservan el 9 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA). 

En conferencia de prensa que ofrecimos los promotores de la nueva central sindical, el 22 de julio del 2013 en las oficinas centrales del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se destacó que la fundación de la nueva central de trabajadores está prevista para diciembre próximo, en tanto se desarrollan actividades como parte del proceso de construcción, las cuales iniciaron desde el primero de mayo del 2013, con la defensa de los usuarios de luz en contra de los cobros excesivos. (Leer Noticia Relacionada: "UNA NUEVA CENTRAL SINDICAL ENTRÓ EN ACCIÓN")
 
El 19 y 20 de julio del 2013 realizamos un seminario en Oaxtepec, Morelos, al cual acudieron representantes del Sindicato de Trabajadores del Transporte del Distrito Federal, del Sindicato de Alianza de Tranviarios, del sindicato de Honda de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, principalmente las secciones 9 (DF), 14 (Guerrero), 22 (Oaxaca) y 18 (Michoacán), de la Central Unitaria de Trabajadores, el Sindicato Independiente de la Universidad Autónoma de México, la Confederación de Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical y del Sindicato Mexicano de Electricistas, para compartir las experiencias con representantes sindicales de Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela. 

Benito Bahena Lome, líder de los Tranviarios, hizo notar que es necesario un organismo que aglutine a los trabajadores para contrarrestar las políticas anti laborales del gobierno actual, que se estrenó el primero de diciembre del 2012, implementando las reformas a la Ley Federal del Trabajo que provocaron la pérdida de 350 mil plazas de trabajo lo cual orilla a los mexicanos a sufrir más pobreza. Puso como ejemplo , la implementación de las reformas laboral, educativa, hacendaria y energética, con las que se perjudica directa e indirectamente a los asalariados de México, con la eliminación de empleos de base, de fuentes de trabajo con prestaciones y se cobrarán más impuestos. 

La tarea es de organizar a los trabajadores que tuvieron que emigrar al extranjero o a otras entidades como agricultores o que se convirtieron en subempleados en el comercio ambulante o se ocuparon en las empresas contratistas en donde son subcontratados sin ningún derecho laboral, señaló José Luis Contreras de la Central Unitaria de Trabajadores. 

Hay algunos puntos de confluencia, entre los que se destaca que la nueva central sindical debe ser democrática, clasista, incluyente y cuyo objetivo sea defender los derechos humanos laborales, así como los intereses nacionales frente a las políticas neoliberales que despojan al país de su riqueza y a los trabajadores de sus fuetnes de empleo y de sus derechos conquistados. Una central sindical que sea autónoma de los partidos políticos y comprometida con quienes viven del esfuerzo de su trabajo y no con quienes se enriquecen ilícitamente. 

Surge ley mordaza por reforma a telecomunicaciones

28. julio, 2013 Martin Esparza Opinión 
 

Desde que en el sexenio de José López Portillo el entonces líder parlamentario Luis M Farías hiciera célebre la frase de que los priístas le estaban buscando la cuadratura al círculo, con referencia a legislar sobre el derecho a la información, las subsecuentes administraciones federales, sin dejar de mencionar a las panistas, ponderaron el fortalecimiento del actual monopolio que controla a los medios de comunicación, reduciendo a meros formulismos de su retórica en turno un asunto tan delicado y trascedente para el avance democrático como es el verdadero derecho a la información, que aún sigue esperando la sociedad mexicana. En términos claros y llanos, luego de 30 años, los políticos todavía siguen buscándole la cuadratura al círculo.
Ahora, en la presente administración, la reforma a las telecomunicaciones anunciada como la moderna panacea que permitirá “fortalecer el derecho fundamental a la información y expresión”, de acuerdo con lo oficialmente planteado, se convierte en una más de las trampas y argucias legales tendidas en contra de la libertad de expresión.
Tampoco se vislumbra que en los hechos la iniciativa vaya a minar, o al menos fragmentar, el poder de los monopolios ya existentes; y sí, por el contrario, busca abrir más espacios, pero no para que tengan cabida medios alternativos sino el capital internacional; de tal suerte que también quedarán anuladas las promesas hechas a la población de bajar el costo de los servicios.
Con los pies en la tierra, y por la gravedad que encierra el asunto, especialistas en la materia, analistas y comunicadores, alertan de la encubierta trampa del proyecto de ley al contener una modificación al Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se establece sancionar los ataques a la “vida privada” de los funcionarios públicos.
Lo que acertadamente se califica como una pretendida ley mordaza, prácticamente estaría dotando de un blindaje jurídico a los hombres del poder, en cualesquiera de las tres instancias públicas, para no ser molestados ni por ciudadanos curiosos ni por comunicadores incómodos que traten de explicar a la gente el origen de muchas de las excentricidades, exorbitantes gastos y fortunas de los políticos en turno y sus familias.
Es decir que los Granier, los Reynoso Femat, las Rosario Robles y otra infinidad de casos tendrían que quedarse en el terreno de los conocimientos privados pues, por ejemplo, si alguien osara revelar que tal o cual político compró a su hijo, esposa, amante o familiar cercano un automóvil Jaguar, un Ferrari o un Lamborghini, o que su parentela usa los aviones oficiales para pasearse por México y el mundo, se expondría a ser acusado de atacar, de invadir “la vida privada” de tan finísimas personas, intocables en el terreno de la opinión pública por el sólo hecho de pertenecer al selecto grupo de servidores públicos que viven y –por regla general– se enriquecen con nuestros impuestos.
Valga decir que la torcida pretensión no es nueva; ya hace 2 años, en septiembre de 2011, la pasada legislatura de los priístas en San Lázaro buscó penalizar con cárcel a quien, en pleno ejercicio de su libertad de expresión –fuera ciudadano o periodista–, se atreviera a difamar o injuriar a “partidos políticos y candidatos”; es decir que sólo por expresar su verdad o emitir su punto de vista, si esto no resultaba del agrado de la institución política o el candidato en referencia, el autor podría ser sancionado y hasta detenido.
Antes de 2007, el Código Penal Federal establecía en su artículo 350 con respecto de los asuntos de difamación o daño moral:
“La difamación consiste en comunicar dolosamente a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral en los casos previstos por la ley, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desdén de alguien”. Quiere decir que aun cuando se dijera la verdad, si alguien se sentía agraviado, podía alegar daño moral.
Tal ordenamiento, que era una auténtica guillotina usada en incontables ocasiones contra los comunicadores que por decir la verdad incomodaron a los hombres del poder, fue derogado en marzo de 2007 por unanimidad de los senadores, con lo cual quedaron los periodistas (en general, los comunicadores) exentos de ser procesados penalmente por difundir sus informaciones u opiniones.
Sin embargo, 4 años después, la modificación al Código Penal que proponía el Partido Revolucionario Institucional intentaba retornar la persecución a los medios al establecer:
“Artículo 412 Bis. Se impondrán de 100 a 200 días de multa y prisión de 1 a 6 años a quien injurie o difame a las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos, precandidatos, candidatos o coaliciones; si el responsable fuese funcionario electoral, funcionario partidista, precandidato, candidato o servidor público, la pena será de 200 a 300 días de multa y prisión de 2 a 9 años”.
La autoritaria pretensión no avanzó pues quedó atorada en el seno de la Comisión de Justicia, pero ahora el caso es de dimensiones mayores, pues la modificación planteada en la iniciativa del actual gobierno propone un cambio a la Constitución misma y no al articulado de una ley secundaria.
Tampoco puede pasarse por alto que una vez más, y sin el consenso de los directamente afectados –los periodistas y la sociedad en su conjunto–, se quieran imponer cambios constitucionales que por su trascendencia debieran ser analizados a fondo, como ha acontecido con la reforma laboral y ahora con la reforma energética, entre otras irresponsables decisiones púbicas y legislativas.
Resultará imposible que en nuestro país hablemos de avances democráticos mientras el gobierno busque conculcar un derecho que es pilar de toda sociedad civilizada, como lo es la libertad de expresión. Es lamentable que lejos de proteger a los comunicadores, el ejercicio del periodismo en México siga siendo una de las profesiones de más alto riesgo dentro de los estándares internacionales; más de 80 comunicadores han sido asesinados de 2000 a la fecha, y un número mayor se encuentran en calidad de desaparecidos.
Si nuestro país se dice una nación democrática y respetuosa de los derechos humanos no puede aceptar que sus autoridades consientan el que los comunicadores queden virtualmente atrapados entre dos fuegos: uno, el riesgo que les impone el tratar asuntos relacionados con el crimen organizado; y dos: el riesgo que ahora implicaría a su labor el difundir asuntos de corrupción de los políticos de piel muy sensible pero uñas muy largas, que estarían protegidos por la modificación al Artículo 6 constitucional.
Estamos convencidos de que si las organizaciones sociales, sindicatos independientes, comunicadores y todos los sectores de la sociedad civil conscientes de las graves consecuencias que puede traer para el pleno ejercicio de nuestros derechos se unen, una alteración a la Constitución de tales dimensiones se podrá revertir. Por el bien del país, todos sin excepción, debemos echar abajo este atentado a la libertad de expresión.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
Fuente: Contralínea 345 / julio 2013


Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/07/28/surge-ley-mordaza-por-reforma-telecomunicaciones/