lunes, 2 de septiembre de 2013

Programa Especial Consecuencias Jurídicas de la Muerte 2013-09-02

En pie de lucha

En:Articulistas Fecha:31 agosto, 2013

Toque Crítico

Devastación ecológica y social/I
Martín Esparza Flores

Los informes recabados por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México, en todo el territorio nacional, deben llevar a una evaluación de sus políticas públicas a todas las instancias de gobierno.
Existen en el país 116 casos documentados sobre la destrucción social y ambiental de decenas de comunidades indígenas, pueblos y hasta colonias de las zonas urbanas.

El TPP es uno de los organismos más reconocidos a nivel mundial que, desde 1979, examina las causas de la violación de los derechos fundamentales en los pueblos de todo el orbe  y denuncia tales abusos ante la opinión pública internacional. Su independencia y fuerza moral lo han convertido en un respetable foro integrado con personalidades de las diferentes áreas y de todas las naciones.

En enero de 2010, un grupo de organizaciones sociales peticionaron al TPP abrir un capítulo en nuestro país con el fin de exponer la situación de violencia estructural.

El TPP, en su Audiencia Temática sobre la Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos, ha constatado que en México hay una ausencia total de consensos sociales en el diseño de obras y proyectos de toda índole, incluyendo la autorización ilegal de usos de suelo y hasta los permisos para arrasar con zonas arqueológicas, que han puesto en pie de lucha a la sociedad civil ante la falta total de justicia por parte de las autoridades correspondientes, silentes cómplices tanto de empresarios nacionales como extranjeros, en su afán de arrasar con todo lo que encuentran a su paso, no importando los daños ecológicos, patrimoniales y hasta sociales, que están ocasionando desde hace 19 años en que con la excusa de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, y la promoción de inversiones se dio tal laxitud oficial en perjuicio de miles de mexicanos.

No es exagerado hablar de una destrucción total del medio ambiente en nuestro territorio cuando no hay una sola entidad de la república que esté a salvo de la imposición de proyectos de carreteras, como de presas, trasvases, instalaciones industriales, confinamientos de residuos tóxicos y basureros a cielo abierto, megaproyectos turísticos o eólicos, minas y unidades habitacionales en despojadas tierras de cultivo, lo mismo que granjas industriales y construcción de supermercados.

Los grandes monopolios han aprovechado este vacío legal permitido por las autoridades para propiciar el despojo de aguas superficiales y subterráneas, alentar una deforestación  ilegal pero inexplicablemente tolerada y la invasión de zonas arqueológicas y de conservación. Ni las ciudades están a salvo del progresivo deterioro en su calidad de vida a raíz de los  cambios de uso de suelo que han propiciado una urbanización salvaje, acabando con áreas destinadas al esparcimiento y la recreación.

Este abandono oficial donde la justicia sencillamente ha hecho añicos el menor vestigio ya no sólo de los derechos constitucionales, sino de los derechos humanos de miles de habitantes, ha propiciado la agudización de conflictos sociales como lo que se registran en la zona del Istmo de Tehuantepec; en Tepoztlán, Morelos; en San Francisco Xochicuautla, Estado de México; en el Valle del Yaqui, Sonora y en la Cuenca del Río Atoyac, en Veracruz, por citar algunos de los casos más emblemáticos.

No obstante el avasallamiento en contra de sus barrios y comunidades, una infinidad de organismos sociales están dando la batalla en ese México silencioso ignorado por los medios de comunicación que a través del TPP, busca sus mecanismos de defensa y difusión para que  este reconocido organismo internacional, lleve sus demandas de justicia  a los foros de todo el mundo para que se conozcan los abusos cometidos en su contra.

Ante tal desastre nacional y la defensa de nuestro patrimonio y biodiversidad, todos debemos solidarizarnos con ese país en pie de  lucha, para denunciar al mundo la persecución jurídica y policiaca permitida por el gobierno mexicano en contra de quienes en sus regiones libran una batalla diaria en contra de la voracidad de inescrupulosos empresarios nacionales y extranjeros.

Gobierno de EPN, autoritario y de telenovela: Bartlett

Bartlett durante la discusión en San Lázaro. Foto: Benjamin Flores
Bartlett durante la discusión en San Lázaro.
Foto: Benjamin Flores

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Al fijar el posicionamiento del Partido del Trabajo (PT) hacia el Primer Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, presentado por escrito por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el senador Manuel Bartlett Díaz insistió que se pretende instaurar en el país un “sistema autoritario de derecha”, cuyo propósito a corto plazo es la desnacionalización del petróleo.
Quien fuera secretario de Gobernación en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y que en 2006 se sumó a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador y a la fecha se sigue oponiendo al sistema priista, calificó el discurso oficial como una telenovela cualquiera.

“A un año del gobierno Peña Nieto, se ha instaurado un sistema autoritario de derecha, que pervierte las instituciones de la República. Un gobierno espectáculo con apariciones cotidianas en escenarios televisivos, de cobertura nacional, presentando grandes proyectos retóricos, formas sin fondo, para cultivar esa imagen, que es el todo, indicó.

El legislador criticó, asimismo, la firma del Pacto por México entre el gobierno federal, el PRI, el PAN y el PRD porque ha suplantado las funciones del Congreso de la Unión, pues “sus iniciativas definidas en cenáculos cerrados de dirigentes partidistas, se aprueban mecánicamente en este que debería de ser Poder Legislativo, hoy oficialía de partes, con dictámenes prefabricados que nadie lee en sesiones en las que se impide sistemáticamente el debate”, se quejó.

Si a ese proceso adulterado se le suma el contubernio con los medios de comunicación hegemónicos con el poder presidencial, tenemos la concreción de una auténtica dictadura mediática, Debidamente expensada con abultados presupuestos para Comunicación Social aprobados por los diputados que alimentan así, la dictadura mediática”, señaló.

Bartlett criticó que el gobierno feral se guíe por las propuestas de reforma emitidas por la OCDE, como la laboral de corte patronal para asegurar una competitividad que no existe más que para favorecer la concentración del ingreso.

Otro ejemplo, añadió, es la reforma en telecomunicaciones, con la apertura total de este instrumento de dominio trasnacional y regalo del 49% de la televisión que será sin duda televisión extranjera, que acelerará nuestra desnacionalización.

Ademas, agregó que la llamada reforma educativa, sin serlo, que no es sino un injerto en el artículo tercero constitucional y criticó que después de haber negado durante un año los propósitos privatizado res y desnacionalizadores de su reforma energética, Peña Nieto presentó al Senado una iniciativa tramposa, cuyo único objetivo es eliminar de la Constitución los mandatos que establecen la exclusividad del Estado en el manejo del petróleo y la electricidad, indispensables para impulsar el desarrollo económico y social independiente de México.

“Se trata de un acuerdo evidente con los intereses extranjeros que han luchado sin descanso por eliminar del artículo 27 constitucional original de 1917, la propiedad nacional del subsuelo, hasta las reformas patrióticas de Lázaro Cárdenas cuya figura histórica falsifican para convertirlo en justificación de su ideología desnacionalizadora.
“Vergonzoso engaño del Ejecutivo. Esos intereses extranjeros pretenden borrar todo rastro de la Revolución Mexicana que aborrecen desde el primer disparo, por su carácter de revolución nacionalista y definitivamente social. La Iniciativa Energética de Peña Nieto miente en todas sus afirmaciones, en su escuálida exposición de motivos que todo deja a las leyes secundarias”, apuntó.

Para Bartlett dos motores impulsan esta apertura, la presión norteamericana y la corrupción de altos funcionarios que se preparan para participar en el festín del despojo de lo público por lo privado. Por eso, consideró que el gobierno federal ha fomentado una soez campaña mediática para manipular a la opinión y ocultar los efectos y propósitos de la desnacionalización y su debilidad argumental.

Por eso, pidió respetar la soberanía nacional.

Fija posición Nueva Alianza

Con un claro deslinde de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que protestaron en el marco del Primer Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Partido Nueva Alianza (Panal), defendió la reforma educativa que pretende avalar un servicio profesional de carrera para el magisterio.

“Nueva Alianza sostiene un sólido vínculo con el magisterio nacional. Pero este nombre, Nueva Alianza, se refiere a la que sostienen los maestros de vocación y verdaderamente democráticos, con la ciudadanía y con los distintos grupos de la sociedad. Sabemos que la evaluación no es un fin en sí misma. Es una herramienta para adoptar las mejores técnicas didácticas de nuestros días, y para la mejora continua del sistema de formación en las normales, de actualización  y desarrollo profesional”, indicó.

Asimismo cuestionó ¿qué quiere obtener de la reforma educativa inaplazable? y se respondió a sí misma, ante el pleno: “Justicia y oportunidad, respeto a los legítimos derechos laborales de las y los docentes. Queremos un sistema de evaluación justa, y oportunidades para la superación profesional. Queremos hacer una profesión que cumpla con las expectativas de los padres de familia, de las maestras, de los maestros y de la sociedad en su conjunto”, indicó.

Al dar el posicionamiento del Panal ante la entrega por escrito del Primer Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto encomendada al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la legisladora avaló la aprobación reciente de las reformas laboral y educativa, aunque sigue pendiente el tema del servicio profesional de carrera. También consideró necesarias las reformas fiscal, energética y de telecomunicaciones, además de impulsar la reforma penal.

Esto, agregó, se planeó como parte del Pacto por México, al que avaló como una manera de dejar atrás la parálisis legislativa, pero criticó por ser un acuerdo “cúpulas y excluyente”.

Agregó: “Los límites del Pacto son cada vez más evidentes. Deja a grandes segmentos sociales y regionales, así como a las organizaciones de la sociedad civil sin representación en el procesamiento de transformaciones fundamentales. Son segmentos  de la sociedad tan interesados en las reformas como los partidos políticos que las suscriben, porque también les afectan”.

Por eso, pidió la participación de organizaciones sociales y políticas en este acuerdo, signado por el gobierno federal sólo con el PRI, el PAN y el PRD.

“Nueva Alianza buscará participar en las discusión a los reformas al sistema político. La premisa es que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia”, añadió.

En su opinión, el desarrollo económico nacional depende de la reforma energética y una buena recaudación fiscal. Destacó que la debilidad fiscal es la culpable de la violencia e inseguridad en el país
“Nuestra responsabilidad es enorme”, reconoció y propuso la transparencia en el gasto y la inversión pública. Con el mismo valor, con la misma visión, debemos abordar la reforma energética. Todos estamos de acuerdo con la reforma, aunque no en su alcance”, indicó y criticó a quienes juzgaron a Peña Nieto por usar la figura del presidente Lázaro Cárdenas, quien expropió el petróleo en 1938, para justificar la apertura de la inversión extranjera al capital privado.

“Se han escuchado múltiples voces que califican como anacrónica la referencia. Como si los principios fueran anacrónicos, como si fuera anacrónico apelar a Juárez o a Morelos. Lo que importa es si la participación de capitales privados puede contribuir a conseguir los objetivos comunes, a la luz del interés nacional”, señaló la maestra de profesión, especialista en educación especial y quien hasta 2012 fue directora de delegaciones del ISSSTE.

“No perdamos de vista los objetivos mínimos que debe tener la reforma energética: Elevar la capacidad de inversión en las actividades básicas de Pemex y de generación de electricidad. Conseguir acceso a las tecnologías más avanzadas, que están cambiando día con día. Ampliar sustancialmente las reservas petroleras. Garantizar la sustentabilidad y la protección ambiental en todos los procesos de gestión energética. En definitiva, incrementar la renta petrolera en beneficio de la economía nacional”, dijo.
Esto, conforme a su punto de vista, terminará con la inseguridad y la pobreza extrema porque la desigualdad no es otra cosa que la diferencia entre el piso social de los lugares con mayor marginación y el techo de los grupos más ricos.

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“Un completo retroceso”, gobierno de Peña Nieto: López Obrador

El exaspirante presidencial de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Foto: Miguel Dimayuga
El exaspirante presidencial de izquierda, Andrés Manuel López Obrador.
Foto: Miguel Dimayuga


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Desde Veracruz, el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador consideró que el resultado del primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto es un “completo retroceso” en la administración pública nacional.
El presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) criticó al mandatario por no cambiar la actual política económica, antipopular y entreguista, que ha sido un fracaso.
Esto, enfatizó, responde a que Peña Nieto “es un inútil”.
Al término de la ceremonia de toma de protesta del comité municipal de Morena en Fortín de las Flores, Veracruz, el tabasqueño dijo que Peña no ha hecho nada en beneficio del pueblo de México, “si antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado, Peña Nieto no ha hecho nada”, sentenció.
En otro tema, López Obrador rechazó que haya “riesgosas violencias” en el país y llamó a los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a que se adhieran al movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para que haya unidad en todo el magisterio “porque todos serán perjudicados con la llamada reforma educativa”, apuntó.
A pregunta expresa sobre si Morena ayuda a los profesores, afirmó que les da su aval porque tienen la razón; indicó que el magisterio no requiere financiamiento de nadie porque tienen convicciones y principios.
Mencionó que Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Miguel Ángel Osorio y Emilio Chuayffet originaron el problema con el magisterio al querer imponer la mal llamada reforma educativa y ahora les echan la culpa a los docentes.

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Peña presume menos inseguridad; defiende reformas educativa y energética

Peña Nieto durante una entrega de reconocimientos a generales. Foto: Germán Canseco
Peña Nieto durante una entrega de reconocimientos a generales.
Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Durante su primer informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto se enfocó en defender la  reforma educativa, energética y hacendaria, así como presumir una disminución de la inseguridad.
Peña Nieto aseguró que los homicidios dolosos bajaron un 13.7 por ciento en comparación con el periodo comprendido entre diciembre y junio de 2012. A la par, presumió la aprobación de las leyes general de víctimas y de amparo.
El presidente de México aseguró que la reforma educativa seguirá adelante y beneficiará tanto a los profesores como a los alumnos, quienes “dispondrán de computadoras e internet, alimentos sanos y nutritivos”.
Sobre la iniciativa de reforma energética, Peña Nieto insistió en que tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad pertenecerán “100 por ciento a los mexicanos”.
La reforma energética, defendió, fortalecerá la soberanía nacional, fomentará más empleos y brindará energía suficiente al país.
En cuanto a la reforma hacendaria, Peña Nieto aseguró que se reforzará la capacidad financiera del Estado.
“Es mi responsabilidad seguir impulsando reformas en beneficio de México”, subrayó Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos.

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Aplanadora PRI-PAN y aliados avala la ley del servicio docente

Un sector del PRD afín a los chuchos facilitó el trámite
Desde curules insultan a opositores
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Aspecto de la sesión en San Lázaro, durante la discusión de la reforma educativaFoto José Antonio López
Enrique Méndez, Víctor Ballinas y Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Lunes 2 de septiembre de 2013, p. 3
 
La urgencia de aprobar la reforma educativa y superar la movilización magisterial –contenida con un cerco policiaco sin precedente en torno a la Cámara de Diputados– concentró los votos de PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza y un sector del PRD, alentado por los chuchos, para aprobar anoche la Ley General del Servicio Profesional Docente durante una sesión inusual calificada por Movimiento Ciudadano y PT de un ‘‘albazo legislativo de vulgares ladrones’’.
La crítica de Ricardo Monreal (MC) a ‘‘la aristocracia pulquera de PRI y PAN’’ desquició al coordinador del Partido Verde, Arturo Escobar, quien desde el anonimato le gritaba ‘‘¡burroooo!’’ Sus compañeros, así como la bancada priísta, se sumaron al escarnio.
Así, esa mayoría avaló en lo general con 390 votos en favor, 69 en contra y cuatro abstenciones el dictamen de la ley, al que se hizo un addéndum (agregado) que pretende matizar el ‘‘carácter punitivo’’ de la obligatoriedad de la evaluación a los maestros, y al cierre de esta edición continuaba la discusión en lo particular de 28 reservas.
La justificación perredista
El PRD, promovido por el PRI, anunció que ese agregado había sido negociado con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y que ésta aceptó el documento presentado por el presidente de la Comisión de Educación, el perredista Jorge de la Vega Membrillo.
Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del sol azteca, elaboró el documento que, dijo, resuelve ‘‘90 por ciento de las demandas de la CNTE’’.
Si bien se suprime que el nombramiento de base de profesores quedará sin efecto si reprueban la evaluación, no volverán a dar clases, sino ‘‘serán readscritos para continuar dentro de otras tareas’’. Aun así, se agregó un párrafo al artículo 22 de la ley, donde se señala lo contrario:
‘‘En caso de que el personal no atienda los apoyos y programas, incumpla con la obligación de evaluación o cuando al término del periodo se identifique su insuficiencia en el nivel de desempeño de la función docente, se darán por terminados los efectos del nombramiento, sin responsabilidad alguna para la autoridad educativa o el organismo descentralizado’’.
Con acuerdo de los grupos parlamentarios –los perredistas cuestionaron a su coordinador, Silvano Aureoles, por avalar la decisión–, la mesa directiva convocó anoche mismo a sesión ordinaria, al término de la instalación del Congreso General.
El nuevo presidente de la mesa directiva, Ricardo Anaya (PAN), recurrió al artículo 35 del Reglamento de la Cámara, que le concede llamar a sesión cuando lo considere pertinente. La convocatoria provocó indignación entre algunos diputados del PRD y las bancadas de MC y PT, pues el dictamen a discutir fue incluido de última hora únicamente en la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.
Mientras los senadores que asistieron a la sesión de Congreso General se retiraban del pleno, Dolores Padierna (PRD) se acercó a la curul de Silvano Aureoles. Entre manotazos, le espetó: ‘‘¡Te vendiste! ¡Ya sabemos para quién trabajas! ¡Pero esto no se va a quedar así!’’
Aureoles no acertó a responderle, mientras la senadora exigía a sus compañeros de corriente (IDN): ‘‘¡Detengan esto, es una irresponsabilidad!’’
Citada para las 8 de la noche, la sesión se inició media hora más tarde; ese espacio fue aprovechado por la bancada perredista para dirimir posturas. Diputados de ese partido revelaron que recibieron insistentes llamadas de sus dirigentes de corriente para votar a favor o en contra del dictamen.
Por los chuchos, sus líderes Jesús Ortega y Guadalupe Acosta Naranjo advirtieron a los inconformes que sus carreras políticas podían ser torpedeadas si persistían. También, Silvano Aureoles amagó al diputado oaxaqueño Carol Antonio Altamirano, al que atribuyó haber filtrado el compromiso del coordinador del PRD en favor de la reforma.
La de anoche fue una sesión marcada por eventos desafortunados. La nueva conjunción de fuerzas entre PRI, PAN, PVEM y PRD rechazó sin atender las cuatro mociones suspensivas al dictamen presentadas por Antonio Altamirano, Ricardo Mejía Berdeja (MC) y los perredistas Silvano Blanco de Aquino y Javier Orihuela. Después sobrevino una andanada de burlas y descalificaciones desde el Bronx priísta y neopanista contra los opositores a la reforma.
Agredido desde el anonimato del PVEM y un sector de priístas, Monreal acusó a Arturo Escobar de ‘‘bufón del poder’’ y de ‘‘lambiscones’’ a quienes lo secundaron. El griterío se avivó.
El ex gobernador de Zacatecas dijo: ‘‘Esto los sitúa en la etapa del Pithecanthropus erectus. Ustedes representan la involución, la regresión, no son capaces de aceptar la crítica. Cómodamente afectan a millones de maestros, de indignados’’. La diputada Rebeca Terán(PRI), desde su curul, le gritó: ‘‘¡No es cierto! ¡Pendejooooo!’’
Las burlas subieron de tono cuando el petista Manuel Huerta Ladrón de Guevara subió a tribuna y colocó una silueta con dos grandes orejas. ‘‘Ustedes califican a los maestros de vándalos. ¡Delincuente, Salinas! Peña Nieto mismo. Ahí sí hay delincuencia organizada’’. Ante la mofa, soltó: ‘‘Ustedes no se acuerdan de sus maestros, seguramente porque ni a la primaria fueron’’. El presidente de la Cámara comentaba entre risas con el vicepresidente, José González Morfín.
Aprobada la ley en lo general, la sesión continuó en las primeras horas de este lunes. Molesta, la diputada Socorro Ceseñas (PRD) exclamó: ‘‘¡Todo esto es una vergüenza!’’ En contraste, el nieto de Elba Esther Gordillo –en la cárcel desde el 26 de febrero, un día después de que se promulgó la reforma constitucional–, René Fujiwara Montelongo (Panal) aseguró: ‘‘El de hoy es un día de festejo para los maestros’’.

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Contra el magisterio, sed de represión

Hasta el momento, ninguna rendija permite avizorar un acuerdo verdadero en el conflicto entre el magisterio disidente y el gobierno de Enrique Peña Nieto, obsesionado por imponer a toda costa sus reformas en materia educativa. Éste ha boicoteado el “diálogo” que él mismo organizó y la CNTE no cede en sus pretensiones ni en sus métodos de protesta.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La nueva estrategia del gobierno federal para contener la inconformidad de los profesores caminó en dos vías. Una consistió en instalar “mesas de trabajo” donde se simuló el diálogo. Ahí, los priistas recurrieron a las acusaciones, la distorsión de la realidad y las ambigüedades. En el segundo carril se extendió la mano dura del gobierno: aplicar la fuerza pública y justificarla mediáticamente.
Legisladores participantes en los “diálogos” detallan a este semanario el procedimiento, y los propios integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) explican cómo el gobierno intentó envolverlos de nueva cuenta, “administrar el conflicto” y ganar tiempo para encontrar una salida rumbo al Primer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
La primera vía falló. Y todo indica que la reforma a la Ley General del Servicio Profesional Docente –que rechazan los profesores– terminará aprobándose el martes 3 en la Cámara de Diputados, sin incluir las propuestas de los maestros. Al difundirse, la segunda ruta aún puede ser conjurada, considera Ricardo Monreal, coordinador de los diputados del Movimiento Ciudadano (MC).
Aún no arrancaban las pláticas con los dirigentes del magisterio disidente cuando los dos hombres más importantes del régimen –Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación– ya habían sentenciado: La reforma educativa “no tiene vuelta atrás”. En medio quedó el Poder Legislativo.
El lunes 26, Peña Nieto adelantó en Xochitepec, Morelos, que “pronto y en breve se habrá de analizar la iniciativa y será sometida a votación, esperando que prospere porque es un tercer pilar muy importante (ya se han modificado otras dos leyes) para materializar y cristalizar el espíritu que inspiró el cambio constitucional”. A unos metros lo escuchaban el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano; el del PAN, Gustavo Madero, y el del PRI, César Camacho.
Ese mismo día, desde el escenario montado por senadores del PRI y del Partido Verde Ecologista en su reunión plenaria, Osorio Chong habló sobre el uso de la fuerza: “Seguiremos buscando el acuerdo, construir el entendimiento”, pero si no se alcanza “y lastima a terceros, a la mayoría de los mexicanos, el imperio del Estado de derecho es cuando debe actuar. Y esto no lo tomen más que como actuar con toda seriedad y como nos lo exige la mayoría de los mexicanos. No es a partir de amenazas, es a partir de saber que cada quien tiene una responsabilidad, y la nuestra es que el país no se detenga”.
(Fragmento del reportaje principal que se publica en Proceso 1922, ya en circulación)

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Aceptan sobrecargos de Mexicana proyecto del Grupo Bastida para la liquidación

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 2 de septiembre de 2013, p. 39
 
De los mil 500 sobrecargos en activo que tenía Mexicana de Aviación al momento de dejar de operar, 300 se han logrado colocar en otras aerolíneas, es decir, una quinta parte; en tanto, 80 por ciento de este personal no ha conseguido trabajo en los tres años que lleva el conflicto, señaló el dirigente de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), Ricardo del Valle.
Apuntó que la mayoría de sobrecargos votó a favor del proyecto de liquidación que presentó Lanz Duret, del Grupo Bastida, que propone que para realizar la inversión tendrá que haber renunciado 90 por ciento de los trabajadores, bajo un cálculo que contempla tres meses de salario, más 12 días por año laborado, pero no con el salario que recibían, sino con dos minisalarios.
En asamblea, se confirmó que la mayoría de los trabajadores del gremio aceptaron el esquema de liquidación, según una encuesta realizada, pero condicionaron aceptar la liquidación a que se confirme que este inversionista reactivará la empresa para que regrese a volar, sostuvo el líder de ASSA.
Indicó que ASSA pidió a la juez del concurso mercantil, Edith Alarcón, que se exigiera la demostración del dinero para que no se jugara con los trabajadores, sobre todo porque ellos están dispuestos a salir con el plan de inversión que está proponiendo Grupo Bastida, siempre y cuando su planteamiento sea real y traiga el capital para sacar adelante a la aerolínea. No obstante, como organización sindical, se pensaría en que la liquidación debería ser mayor para estos trabajadores.
El proyecto de este grupo es destinar 970 millones de pesos para las liquidaciones de las cuatro organizaciones sindicales, es decir, de los 8 mil 500 trabajadores. De este total mil 500 son sobrecargos.
Del Valle expuso que, según les comentó la juez en la última reunión, había una carta en la que el inversionista solicitaba 72 horas para presentar documentación probatoria de recursos, un acuerdo ya emitido, por lo que Grupo Bastida debería demostrar ya su liquidez.
El dirigente también se refirió al fallo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que avala el recorte de 60 por ciento de los sueldos, la reducción de las prestaciones, y la modificación de las condiciones laborales de los futuros sobrecargos de Aeroméxico, y explicó que los abogados de esta organización ya están trabajando para solicitar la suspensión de ese laudo ante la JFCA, ya ASSA determinó llevar a cabo un proceso jurídico contra esta resolución.

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Osorio entrega el Informe y advierte: "nadie puede imponer su verdad a los demás"

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El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong (derecha), al entregar el primer Informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a los presidentes del Senado, Raúl Cervantes (PRI, izquierda), y de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés (PAN), ayer en el Palacio Legislativo de San LázaroFoto Francisco Olvera
Enrique Méndez, Roberto Garduño y Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Lunes 2 de septiembre de 2013, p. 8

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entregó ayer al Congreso de la Unión el primer Informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En breve mensaje ante los presidentes de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, advirtió que en México nadie puede imponer su verdad a los demás.
En una escena protocolaria, y como parte del inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, el funcionario federal señaló –en momentos en que continúan las manifestaciones del magisterio– que “las ideologías no deben estar por encima de las soluciones ni los intereses de unos cuantos anteponerse al bienestar de la mayoría.
Los mexicanos exigen soluciones a sus problemas y no problemas a cada solución que se plantea, expuso.
El titular de Gobernación llegó a la Cámara de Diputados en un automóvil negro, gracias al cerco que se impuso al Palacio Legislativo de San Lázaro con un operativo de miles de policías federales, granaderos y refuerzos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado de México.
Como ocurre desde el primer Informe de Felipe Calderón con el cambio a la Constitución, que ya no obliga al Ejecutivo a presentarse en el Congreso, Osorio Chong únicamente entregó el volumen –en una caja con forro blanco– a Ricardo Anaya Cortés (PAN) –del círculo cercano al presidente del blanquiazul, Gustavo Madero– y en presencia del presidente de la mesa directiva del Senado, Raúl Cervantes Andrade (PRI).
Este domingo, las dos cámaras se instalaron en sesión de Congreso General y luego se abrió un receso para recibir el legajo que envió Peña Nieto. El trámite se desarrolló en el salón de protocolo en apenas 10 minutos. Osorio Chong afirmó que con ello Peña Nieto cumplió con su deber de informar al Congreso de la Unión sobre las acciones de su primer año de gobierno.
Esfuerzo nacional
El Informe, agregó, significa un acto de rendición de cuentas, que en este caso detalla y da testimonio del esfuerzo nacional para lograr un mejor país.
Tras hacer un reconocimiento al Congreso de la Unión, acotó que debido a que el Congreso tiene en puerta una agenda abundante de temas de gran relevancia, el Ejecutivo decidió no utilizar en esta ocasión la facultad que le concede el artículo 71 de la Constitución para presentar iniciativas de trámite preferente.
Ponderó que una de las fortalezas de la democracia mexicana radica en el equilibrio entre los poderes de la Unión y señaló que cuando se convive en la pluralidad, el respeto, el debate y el diálogo se convierten en los mejores instrumentos para alcanzar acuerdos y que la 62 Legislatura ha dado muestra de ello.
Refirió que en los nueve meses del actual gobierno, el Congreso ha discutido y aprobado reformas constitucionales y de leyes, históricas y trascendentes para todos los mexicanos, y construido sólidas coincidencias por encima de las diversas visiones.
Manifestó que el gobierno de la República considera que la política debe servir para hacer coincidir visiones entre quienes piensan distinto, hacer énfasis en lo que es común y lo que acerca.
Refirió que el Presidente está convencido de avanzar con el Congreso en los acuerdos y la necesidad de superar obstáculos para construir un mejor país.

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Militarización disfrazada de Cruzada contra el Hambre

Refuerzan vigilancia militar en Guerrero. Foto: Bernandino Hernández
Refuerzan vigilancia militar en Guerrero.
Foto: Bernandino Hernández

El puntal de la política social de Peña Nieto, la Cruzada Nacional Contra el Hambre, despertó críticas desde que lo anunciaron, dado el enorme gasto y la rentabilidad política de la población que pretende alcanzar. Ahora el plan que encabeza la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, incluye la participación del Ejército y la Marina, pero está provocando rechazo porque la presencia militar se interpreta como una ocupación de territorios indígenas.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- A medio centenar de comunidades de La Montaña y la Costa Chica de Guerrero llegaron, en agosto, camiones cargados de soldados con brazaletes amarillos distintivos del Plan DN-III, que usa el Ejército para auxiliar a la población en los desastres naturales. Aunque no había una emergencia de ese tipo, los pobladores vieron a los recién llegados bajar colchonetas, grandes ollas y cajas con víveres e instalarse en el corazón de sus pueblos, donde colocaron amplias lonas con la justificación de su presencia: “Cruzada Nacional contra el Hambre”.
Los presidentes municipales explican a los comisariados ejidales que los soldados se quedarán unos meses (unos dicen tres, otros seis) para alimentar a la gente, construir comedores comunitarios, dar consultas y medicamentos, cortar el pelo gratis y enseñarles a las mujeres a cocinar para los niños. Se instalarán en 500 comunidades.
Desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) esta estrategia fue bautizada inicialmente como “Plan DN-III Social” y se aplica –según los críticos del proyecto– justo en poblaciones que conservan una negra memoria del Ejército por su historial de violaciones a los derechos humanos. Algunas, en este mismo momento están siendo perseguidas y criminalizadas por haber creado su propia policía comunitaria.
Para algunos, la estrategia es de ocupación y en este momento parece esquizofrénica. En comunidades como El Paraíso, Ayutla, la gente ha visto llegar en los mismos días a “soldados buenos” que alimentan a los niños e intentan fomentar nuevos hábitos alimenticios, y a “soldados malos” que desarman a sus policías, someten a la población y encarcelan a sus líderes.
Desde La Montaña de Guerrero, la región que encabeza los índices más altos de miseria en el país, el antropólogo Abel Barrera señala, preocupado: “Ahora resulta que se va a meter a la médula de la vida comunitaria de los pueblos un actor armado que quiere tener el control de la población a través de la dotación de alimentos. Esto es una remilitarización”.
La estrategia ha puesto en un dilema a las comunidades. Varias han anunciado su rechazo a la presencia del Ejército aunque eso implique pasar hambre.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1922, ya en circulación) 

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Gobierno de EPN, maquillado con publicidad multimillonaria

Peña Nieto durante su discurso en Apango, Guerrero. Foto: José Luis de la Cruz
Peña Nieto durante su discurso en Apango, Guerrero.
Foto: José Luis de la Cruz

Las contradicciones de la administración de Enrique Peña Nieto en materia de comunicación y publicidad son abundantes: Aunque mantiene un derroche millonario para cultivar su imagen, se muestra reacio a transparentar sus gastos en esos rubros; incluso habla de “información inexistente” cuando el IFAI le pide rendir cuentas.


MÉXICO, D.F. (Proceso).- Siempre proclive a cultivar su imagen en los medios, dispendioso en materia de publicidad desde su gestión como gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto sigue destinando partidas millonarias secretas para su promoción, ahora desde Los Pinos.
Según datos oficiales la Presidencia de la República tiene un grupo especializado en gestión de imagen, estrategias de comunicación y manejo de la opinión pública. Y aun cuando nadie sabe cuánto ha gastado el gobierno en publicidad en los últimos 10 meses ni quiénes han sido contratados por la Presidencia para esos trabajos –más de una tercera parte de su personal se aboca a esos menesteres–, ya se le asignaron nuevos fondos.
Pese a las críticas recibidas por esos desplantes aun desde su campaña –cuando jóvenes del movimiento #YoSoy132 criticaron su cercanía con el duopolio televisivo y los pagos millonarios a Televisa para que sus mercadólogos le construyeran una imagen publicitaria a modo–, Peña Nieto y su equipo no dejan de apostarle a los medios para posicionarse.
Tras esos reclamos, que se iniciaron en mayo de 2012 en la Universidad Iberoamericana y se extendieron a varias universidades e incluso ganaron las calles, Peña Nieto presentó un Manifiesto por una Presidencia Democrática en el cual se comprometió a trabajar con transparencia y a impulsar una legislación para regular la publicidad desde Los Pinos (Proceso 1917). Hasta ahora no ha cumplido.
Ante la opacidad con la que se conduce en lo relativo a contratación de publicidad oficial, varios particulares han acudido al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI); no han tenido respuesta aun cuando ese tipo de gastos tiene carácter público y son parte de las obligaciones mínimas de transparencia que deben actualizarse en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).
Las peticiones sobre cuánto se invierte en los estudios de opinión, diseño de campañas, planes de comunicación y las producciones para ejecutarlos –por lo general se contrata a empresas privadas cuyos nombres se desconocen hasta ahora, pues los recursos de que disponen los avalan sólo la Secretaría de Gobernación y la Oficina de la Presidencia– tampoco se han hecho públicas.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1922, ya en circulación) 

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Peña Nieto: nueve meses de estrategia de oropel

Peña Nieto durante la premiación de la Olimpiada del Conocimiento Infantil. Foto: Benjamin Flores
Peña Nieto durante la premiación de la Olimpiada del Conocimiento Infantil.
Foto: Benjamin Flores 


Enrique Peña Nieto presenta su primer informe presidencial a un país parcialmente convulsionado. El encantamiento de sus primeros días de gobierno desapareció ante la premura por hacer cierta aquella fantasía del “Momento de México” a través de impulsivas reformas con apoyo en el gigante de pies de barro que resultó el Pacto por México.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Impreciso como el de su antecesor, el gobierno de Enrique Peña Nieto no acaba de definir una estrategia contra la inseguridad. Rebasado por la delincuencia y presionado para dar resultados, se acerca cada vez más a las acciones de Felipe Calderón, del que hasta ahora sólo lo separan la espectacularidad y la intensa propaganda de fuerza.
Su propuesta para retirar a los militares del combate a la delincuencia organizada –la creación de un nuevo cuerpo armado bautizado desde su campaña presidencial como Gendarmería Nacional– se redujo a una mera división de la Policía Federal (PF), y su propósito de no publicitar en los medios la detención de los narcotraficantes va quedando en mera intención.
Presionado por Washington y por la prensa estadunidense por su “falta de claridad” para combatir el narcotráfico, acabó por adoptar la misma acción que su antecesor: Informar sobre el número de detenidos de una lista de “los delincuentes más buscados”, elaborada por el gobierno anterior y el de Estados Unidos.
El discurso también empieza a parecerse al del calderonato: El incremento de la violencia en estados como Michoacán es resultado de las acciones del gobierno, ha dicho el nuevo supersecretario y titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El acercamiento a lo que dijo que no quería hacer obedece a que la violencia no cede en el país, sobre todo en lo que hace a homicidio, secuestro y extorsión, los mismos delitos que se comprometió a abatir. De acuerdo con José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, la reducción de 20% –anunciada por el presidente la semana pasada– en el caso de los asesinatos vinculados con la delincuencia organizada es una tendencia que viene desde 2011.
“Está bien que se haya mantenido esa tendencia, pero lo preocupante es lo que está ocurriendo en los otros dos delitos. La extorsión está creciendo de manera explosiva y para este año se espera un incremento de 20% en los secuestros oficialmente denunciados”, dice el también litigante.
Precisa que las denuncias oficiales por extorsión se refieren principalmente a las telefónicas y no reflejan las que ocurren en los negocios formales e informales e incluso a particulares. No sólo es el caso de Michoacán, Guerrero o el Estado de México. Desde hace mucho la delincuencia organizada y muchos que hablan en nombre de ella están cobrando “derecho de piso” en otras partes del país.
En el caso de los secuestros también hay un incremento de 20% en el primer semestre del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con sus cifras, el sexenio pasado hubo 6 mil 404 secuestros en el país, pero la cifra podría ser tres veces superior pues la mayoría de los casos no se denuncian.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1922, ya en circulación) 

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Gobierno de Venezuela ha entregado 424.000 viviendas sociales desde 2011

Un total de 424.000 viviendas dignas ha entregado el Gobierno Bolivariano de Venezuela desde 2011, según informó este sábado el vicepresidente del país suramericano, Jorge Arreaza.


A través de su cuenta en Twitter, @jaarreaza, el segundo al mando del Ejecutivo Nacional venezolano dijo la cifra de los beneficios otorgados a través de la llamada “Gran Misión Vivienda Venezuela”, un programa social gubernamental.
Al mismo tiempo, Arreaza redifundió mensajes de la cuenta de la Vicepresidencia (@ViceVenezuela), donde destacó que el Socialismo se trata de la igualdad de condiciones, para generar las oportunidades.
“Cuando vemos estos desarrollos habitacionales, sentimos que le estamos cumpliendo al Comandante Chávez”, agregó.
Arreaza indicó que el proyecto habitacional Ciudad Caribia se convertirá en el primer distrito motor de Venezuela que contempla la construcción de 20.000 viviendas, de las que ya se han entregado 1.600.
En una visita reciente a esa localidad, Arreaza indicó que se trata de apartamentos de más de 76 metros cuadrados, de tres habitaciones, dos baños, sala y cocina.
Por último, Arreaza anunció que ya se ha dado inicio a la construcción de una nueva etapa del proyecto Ciudad Caribia que estará conformada por 2.120 viviendas.
Hasta julio de este año, un total de 405.263 casas habían sido entregadas a las familias venezolanas gracias a la creación de esta política habitacional ideada por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.
Este programa social prevé que para 2019 se cumpla la meta de 3 millones de viviendas entregadas, para las autoridades, la misión ha sido posible por el trabajo conjunto entre el Estado y el poder popular.
VTV 

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Opositores sirios reconocen ante corresponsal de Associated Press el uso de armas químicas

Mercenarios sirios de Goutha, en los suburbios de Damasco (capital siria), admitieron su responsabilidad en el ataque perpetrado con armas químicas el pasado 21 de agosto, suceso en el que perdieron la vida al menos 1.300 personas.


En una declaración a la corresponsal de la agencia Associated Press (AP), Dale Gavlak, los mercenarios señalaron que el “accidente” se produjo por el mal manejo de las armas químicas que les proporciona Arabia Saudita.
Según explicó la periodista, médicos y residentes de Goutha creen que los mercenarios recibieron las armas químicas del jefe de la Inteligencia saudí, el príncipe Bandar bin Sultan, y que fueron ellos “los responsables de llevar a cabo el ataque con gas”.
De acuerdo con algunos testimonios de los mercenarios “no estaban propiamente entrenados sobre cómo manejar las armas químicas o incluso que no les habían dicho que las armas eran químicas”, y dijeron que además “las armas iban destinadas al Frente Al Nursa, grupo afilado a Al Qaeda”.
La información obtenida por Dale Gavlak contradice completamente a los pretextos que airea el Gobierno de Estados Unidos, que insiste en preparar una ofensiva contra Siria alegando que el uso de armas químicas es por parte del Gobierno y no de los mercenarios.
RT / AP 

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No se aprobará con facilidad un ataque a Siria, coinciden legisladores, analistas y medios de EU

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Un manifestante sostiene pancartas que representaban al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ayer, durante una protesta en El Cairo, Egipto, ante un posible ataque militar contra Siria. En uno de las carteles se lee Alto al apoyo a terroristas, y en el de la derecha Obama, legalidad primeroFoto Foto Ap
 
 
Ap, Reuters y Dpa
 
Periódico La Jornada
Lunes 2 de septiembre de 2013, p. 25
Washington, 1º de septiembre.
La solicitud de autorización que el presidente estadunidense, Barack Obama, presentó al Congreso para emprender una acción armada limitada contra Siria no será fácilmente aprobada, y lo exhibió como un mandatario débil e indeciso, consideraron hoy por separado legisladores, analistas y medios estadunidenses.
Obama la tendrá difícil para convencerme, porque creo que ha manejado mal la situación, dijo el republicano Tim Griffin, representante por Arkansas. Con todo respeto quiero decir que no estoy convencido de que sepa lo que hace, puntualizó el legislador.
El viernes pasado, el gobierno de Obama acusó al ejército de Siria de haber atacado con armas químicas a la oposición armada en Ghuta, un suburbio del este de Damasco, el 21 de agosto, lo cual fue interpretado en Medio Oriente como el anuncio de una inminente ofensiva contra blancos militares sirios.
Sin embargo, el presidente comenzó a batallar con su propia decisión el mismo viernes, dijeron funcionarios de alto rango que pidieron el anonimato, consultados por la agencia de noticias Ap.
Después confió sus puntos de vista al jefe de gabinete Denis McDonough y finalmente convocó a sus colaboradores a una reunión nocturna en la Oficina Oval de la Casa Blanca, a fin de comunicarles que había cambiado de opinión, que pediría autorización al Congreso y que lo haría público el sábado.
La reacción a la postura de Obama fue elogiada en un principio por varios legisladores, debido a que cumple con una ley emitida en 1973, la cual obliga al Ejecutivo a pedir la aprobación del Legislativo para intervenir con las fuerzas armadas en una guerra de más de 60 días. Sin embargo, este domingo los escépticos pusieron en duda la decisión del mandatario.
El republicano Rand Paul, senador por Kentucky, alertó a Obama que la acción armada podría acarrear consecuencias desastrosas para Estados Unidos y manifestó que, en principio, no existen suficientes evidencias que culpen al presidente Bashar Assad de la ofensiva con gases neurotóxicos.
Otro problema que enfrentará el mandatario estadunidense será el relativo a la capacidad para convencer a los miembros de su propio partido, el Demócrata, no únicamente a los opositores republicanos.
Miembros de ambas fuerzas obstaculizaron sus iniciativas para crear un seguro médico universal y para reducir la deuda pública.
Además tienen paralizada la reforma migratoria y la ley para el control de armas de asalto, dos caballitos de batalla del mandatario demócrata.
Muchos representantes republicanos siempre se oponen a sus iniciativas, destacó The New York Times en un editorial publicado este domingo. Una muestra de lo anterior fue la declaración conjunta de los senadores John McCain y Lindsey Graham, quienes advirtieron que un plan limitado no será suficiente. Otros integrantes del Congreso consideraron que si el presidente Obama quiere su respaldo necesita convencer a cada uno de ellos, dado el aislamiento en que ha caído.
Jon Alterman, analista del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, dijo: Me parece una apuesta la decisión de sumar al Congreso, cuando Obama no ha tenido éxito trabajando con los legisladores. Un ex miembro de la Cámara Baja, Peter King, republicano por Nueva York, consideró que la petición de Obama al Congreso mina la autoridad que le confiere la Constitución como comandante en jefe, lo que facultó a presidentes como Bill Clinton y George W. Bush a hacer guerras en las décadas de 1990 y 2000, sin acudir al Legislativo como lo indica la ley de 1973.
La decisión de postergar el ataque sobre Siria también fue vista en Washington como una forma de dar tiempo al ejército sirio para que se reacomode en el terreno. Las tropas tendrán oportunidad de dispersarse y colocarse entre zonas habitadas por civiles donde ellos saben que no habrá ataques, sostuvo Jack Keane, ex subjefe del estado mayor del ejército.
También el cineasta John Cusack entró en el debate respecto de la petición de autorización de Obama al Congreso al criticar, en su cuenta de Twitter, que la solicitud que hizo el sábado significaría que el presidente violó la ley en 2011, cuando Estados Unidos atacó Libia al lado de Francia, Gran Bretaña y algunos aliados árabes.
El proyecto de Obama también enfrentará resistencia del presidente ruso Vladimir Putin en la reunión del G-20 de esta semana. Putin cuestionó el sábado si alguna de las guerras lanzadas por Estados Unidos en la última década sirvió para resolver algún problema.

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Barack Obama confirma que atacará Siria

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró este sábado que está preparado para lanzar una ofensiva contra Siria en cualquier momento, aún sin presentar las “pruebas” que tienen del presunto uso de armas químicas y sin esperar el resultado de la misión de la ONU, que investiga el supuesto uso de estas armas.

En declaraciones desde la Casa Blanca, Obama dijo que ha “decidido que EEUU debe emprender una intervención armada contra Siria”, y aseguró que ya tienen posiciones militares en la región y emprenderán acciones cuando se consideren listos. “Podría ser mañana, en una semana o un mes desde ahora”, enfatizó.
Mencionó que llevará la propuesta de ataque al Congreso de su país, y que personalmente buscará “voto a voto” para contar con el apoyo de los congresistas, sin embargo, agregó que él es el único con el poder sobre la decisión para tal ataque.
“Tengo autoridad para llevar a cabo esta decisión sin la autorización del Congreso (…) No fui elegido para evadir las decisiones difíciles. Les pido que tomemos una acción para enfrentar el uso de armas químicas”, recalcó.
Obama consideró que su Gobierno tomó una “buena” decisión al determinar realizar esta acción militar sin esperar una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, pues dice que éste organismo está muy “paralizado” esperando por el informe de la misión de la ONU que se encontraba en suelo sirio investigando el uso de las armas químicas.
Precisó además que será un ataque “selectivo” y explicó que su país “tiene fuerzas militares colocadas en lugares estratégicos” para arremeter contra la nación árabe.
Las declaraciones de Obama, inculpando al Gobierno sirio por un ataque perpetrado con suspuestas armas químicas el pasado 21 de agosto, se da a conocer luego de que mercenarios sirios, opositores al gobierno de Bashar Al Assad, reconocieran su responsabilidad por ese suceso, en el que fallecieron más de 1.300 personas.
El gobierno de Bashar Al Assad ha condenado en todas las oportunidades posibles el uso de estas armas. Movimientos sociales de todo el mundo advierten que estas acusaciones de EEUU forman parte de una campaña internacional que lo que busca es justificar acciones guerreristas contra el país árabe.
Telesur 

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Grecia y España siguen liderando la tasa de desempleo de la Unión Europea

Grecia registró la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea (UE), con el 27,6 por ciento en mayo, según publicó este viernes la Agencia Europea de Estadística (Eurostat).


Los datos coinciden con los ofrecidos hace unos días por el organismo griego de estadísticas, que añadió las cifras de desempleo juvenil, registrado en el 62,9 por ciento para los menores de 25 años.
España se situó en segundo lugar con una tasa del 26,3 por ciento y del 56,1 por ciento en la franja de edad de los más jóvenes.
Según Eurostat el desempleo total en julio fue del 12,1 por ciento en la eurozona y del 11 por ciento en el conjunto de países que forman la UE, un ligero incremento en ambos casos con respecto a los registros de 12 meses atrás.
26,6 millones de hombres y mujeres se hallaban sin empleo en la UE a finales de julio, lo que significa un aumento de casi un millón, en comparación con el mismo mes de 2012.
En el otro extremo de los registros, Austria (4,8 por ciento), Alemania (5,3 por ciento) y Luxemburgo (5,7 por ciento) presentan los índices más bajos de desempleo.
PL 

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