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Putin y Kirchner en el G-20.
Foto: AP |
BUENOS
AIRES (apro).- Durante la Cumbre del G-20 en San Petersburgo, Rusia, el
5 y 6 de agosto, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner
buscó sumar apoyos para el pulso que el país mantiene con los “fondos
buitres”. Abogó por una nueva arquitectura financiera internacional, que
remedie el vacío legal transnacional en el que se mueven estos fondos
de inversión altamente especulativos, con sede en guaridas fiscales.
Distanciada
de Barack Obama en torno al conflicto en Siria, la presidenta no pudo
conseguir el respaldo del presidente estadunidense en favor de la
posición argentina. Fernández reveló, por el contrario, que “hubo una
negativa de Estados Unidos a que el tema se mencionara específicamente
en el documento final” de la cumbre.
Los
fondos buitres
compran deuda en cesación de pagos (bonos basura) a precio de saldo.
Luego reclaman el cobro de su valor nominal y de los intereses
acumulados en tribunales permeables a sus demandas. El 23 de agosto
pasado, la Cámara de Apelaciones de Nueva York dio razón a los
hedge funds
NML Capital Ltd. y EM Ltd., que poseen bonos de deuda soberana de
Argentina. Tanto en el caso de pagar, como en el de desoír un eventual
fallo en firme en contra, el camino de Argentina se presenta incierto.
La posibilidad de una cesación de pagos de la deuda externa ha vuelto a
presentarse en el horizonte.
En una reacción apresurada, promovida
por la propia Fernández, el Senado argentino dio media sanción el 4 de
septiembre al proyecto de ley que habilita un tercer canje de la deuda.
El voto positivo de la Cámara de Diputados se da por descontado. En los
dos canjes de deuda anteriores, en 2005 y 2010, el gobierno consiguió la
aceptación de 93% de los acreedores. Este grupo se avino a percibir el
cobro con una quita estimada de 46%. Los fondos buitres poseen el 7%
restante de los bonos. Es improbable que ahora acepten cobrar con quita.
El nuevo canje parece estar dirigido a mostrar voluntad de pago frente a
la justicia estadunidense.
Argentina declaró la cesación de pagos
de la deuda externa —el default— durante la crisis terminal de 2001. La
operatoria de pago a los bonistas que ingresaron a la reestructuración
se hace efectiva a través del Banco de Nueva York y está sujeta a sus
tribunales. Si Argentina reconociera el 100% de las acreencias en manos
de los
fondos buitres, habilitaría a 93% de los tenedores de
bonos de deuda reestructurada con quita a exigir el mismo trato.
Naufragaría así el plan de desendeudamiento pergeñado por Néstor
Kirchner al llegar en 2003 a la presidencia.
La vía judicial en
Estados Unidos aún no está agotada. Pero la posibilidad de que la Corte
Suprema acepte tomar en otoño el caso y luego falle a favor de Argentina
puede considerarse baja. De quedar en firme el fallo de primera
instancia, ratificado ahora por la Cámara de Apelaciones neoyorquina,
se abre un panorama de resolución compleja. Argentina no podrá girar a
Nueva York los pagos a los tenedores de deuda reestructurada tal como lo
viene haciendo. Se descuenta que en tal caso los
fondos buitres
intentarían trabar un embargo sobre las transferencias. Argentina podría
entrar así en lo que se denomina “default técnico”. El país tiene
fondos y voluntad de pago, pero no lo hace efectivo en tiempo y forma
por las razones expuestas.
La nueva apertura del canje de deuda no
promete ser muy atractiva para los fondos buitres. El gobierno ofrecerá
a los tenedores de estos bonos en default que deseen ingresar al canje
Bonos Par en pesos con vencimiento en el año 2038. La quita propuesta es
la misma que aceptaron los acreedores que ingresaron en los dos canjes
anteriores. La opción permanecerá abierta de forma indefinida, a
diferencia de los canjes anteriores, que tuvieron un plazo acotado para
la adhesión.
“Con el fallo a favor de la Justicia en Estados
Unidos, no queda clara la razón por la cual los acreedores aceptarán
ingresar a un sistema de quita como el ofrecido”, opina Julio Gambina,
director de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas
(FISYP), con sede en Buenos Aires. “La corte de apelaciones de Nueva
York avaló el fallo de primera instancia para abonar 100% del valor
sindicado en los títulos”, sotiene.
Al grupo mayoritario de
bonistas, que cobra sus acreencias puntualmente, la presidenta Fernández
ofreció, el pasado 26 de agosto, cobrar sus bonos en Buenos Aires,
manteniendo la moneda de pago (el dólar), los plazos, rendimientos y
condiciones. El gobierno parecía prepararse así para seguir dando
batalla en un escenario adverso. Desoír una eventual sentencia firme de
los tribunales neoyorquinos en favor de los fondos buitres y pagar al
93% restante de los acreedores para evitar el “default técnico”.
Una
semana más tarde, sin embargo, el gobierno pareció haber retirado su
pretensión inicial de cambiar el lugar de pago de los títulos. La Cámara
de Apelaciones neoyorquina llamó a ambas partes en disputa a una
audiencia que tendrá lugar el 27 de febrero de 2014.
Para Julio
Gambina, quien además es catedrático de Economía Política de la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, la oferta de cobrar
en Argentina no presenta grandes incentivos para los acreedores:
“Quienes opten por la variante deben analizar primero que harán con el
cobro de los cupones o los títulos al vencimiento ante la imposibilidad
de remitir esas divisas al exterior y ante la obligación de liquidarlos
al cambio oficial”, dice a
Apro. “Quizá prefieran el riesgo externo, mucho menor en volumen que el monto total de lo renegociado hasta ahora”, sentencia.
Cuerda floja
La disputa de Argentina contra los
fondos buitres
es seguida con suma atención desde los grandes centros financieros. La
administración Obama y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han tenido
una actitud oscilante.
A favor de la posición argentina se han
pronunciado el gobierno de Francia, la directora del FMI, Anne Krueger, y
el grupo mayoritario de acreedores que ahora ve tambalear sus cobros
futuros.
Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, cree que
el reciente fallo de un Tribunal de Apelaciones neoyorquino es
“tendencioso”, y que “amenaza con provocar un vuelco total en los
mercados globales de deuda soberana.” Así lo escribe en una columna
publicada el 4 de septiembre en
www.project-syndicate.org. “Como
mínimo, vuelve inviables todas las reestructuraciones de deuda según los
contratos de deuda estándar”, prosigue Stiglitz. “En el proceso, se
anuló un principio básico del capitalismo moderno: que cuando los
deudores no pueden pagar a los acreedores, es necesario empezar de
cero”, sostiene.
Un eventual fracaso de la reestructuración de la
deuda externa argentina sentaría precedente para las futuras
reestructuraciones de países que entren en suspensión de pagos. “Es una
mala señal que obliga a pensar en estrategias globales de
los países empobrecidos y debilitados por el endeudamiento para
encontrar estrategias comunes hacia una nueva arquitectura financiera y
un nuevo orden mundial, incluso no capitalista”, sostiene Gambina.
Si
Argentina finalmente entrara en “default técnico”, la señal hacia otros
países deudores sería inequívoca. Ni la reestructuración ni el
esforzado pago de la deuda aseguran el desendeudamiento y el acceso al
crédito.
Argentina desembolsó a partir de 2005 más de 173 mil
millones de dólares para cancelar deuda de capital e intereses. Usó sus
propios recursos, ya que tiene vedado desde 2001 el acceso al crédito
externo.
“En su fallo del 23 de agosto pasado, la Cámara de
Apelaciones de los Estados Unidos dejó en claro que el caso de Argentina
vs. los fondos buitre es un caso único que no afectará
reestructuraciones futuras; es decir que no tendrá un impacto
internacional como muchos temían”, objetó
Clarín el pasado 5 de septiembre, periódico del grupo homónimo que mantiene una guerra sin cuartel con el gobierno.
La Cámara de Apelaciones neoyorquina ratificó que Argentina debe pagar mil 330 millones de dólares al
fondo buitre
NML Capital Limited, controlado por Elliot Management. El cumplimiento
efectivo del fallo se mantiene en suspenso. La Suprema Corte de Justicia
de Estados Unidos debe resolver si acepta o no estudiar la apelación de
Argentina.
El gobierno ve en los fallos de la justicia
neoyorquina un castigo por haber denunciado la complicidad del FMI en el
derrumbe que sufrió el país. Consigna además una década de gran
crecimiento económico, desoyendo las recetas que aún impulsa el
organismo multilateral de crédito.
Lobby
Los
fondos financieros de alta especulación son grupos con alto poder de
cabildeo. Financian las campañas electorales de congresistas
republicanos y demócratas en Estados Unidos. Están radicados en paraísos
fiscales. Elliot Managment, por ejemplo, es controlado por su fundador
Paul Eliott Singer. Según datos de la revista
Forbes, de
septiembre de 2012, Singer posee una fortuna de 1.1 mil millones de
dólares. Fue el mayor contribuyente individual a la campaña presidencial
del candidato republicano Mitt Romney para las elecciones
presidenciales de 2012. Se especializa, al igual que el resto de los
fondos buitres, en reclamar por vía judicial el precio nominal de bonos
de deuda soberana. En el caso de Argentina, éstos fueron comprados como
bonos basura, a un precio “entre 2 y 2.5 dólares por lámina de cien
previo al anuncio de default”, informó
Página 12 el (23 de agosto
de 2012. Si se hiciera caso a las pretensiones de este fondo, la
ganancia en dólares que obtendría sería de algo más de 1,300%.
Los
fondos buitres
disponen también en Argentina de un aceitado mecanismo de defensa de
sus intereses: “El sistema bancario extranjerizado es parte del interés
financiero mundial y no se concibe a las finanzas al margen de la
especulación global”, sostiene Gambina: “Es la lógica del sistema
financiero y capitalista contemporáneo”.
En 1996, Elliot Managment
—que hoy litiga contra Argentina— compró por 11 millones de dólares
deuda valorada en 20.7 millones de dos bancos peruanos. Lo que siguió
fue una batalla legal de cuatro años en Estados Unidos, Alemania,
Canadá, Reino Unido, Luxemburgo y Bélgica. El desenlace llegó en 2000,
cuando un juzgado de Bruselas declaró que
si Perú no pagaba 58 millones de dólares a Elliott Managment no podía pagar 80 millones a otros acreedores. El juzgado belga forzó a Perú a pagar al fondo buitre para no caer en suspensión de pagos.
De
manera análoga, aunque por montos mucho más elevados, los tribunales
neoyorquinos creen que este fondo buitre tiene derecho a cobrar el
precio nominal del bono argentino más los intereses, sin importar el
precio de adquisición de los títulos. Los tres jueces de la Cámara de
Apelaciones de Nueva York, en su fallo del 23 de agosto, calificaron a
la Argentina como un “deudor recalcitrante”.
“Más que deudores
recalcitrantes somos pagadores seriales”, aseguró la presidenta
Fernández el 26 de agosto, con las cifras en la mano. Argentina
desembolsó 173 mil 733 millones de dólares para hacer frente a sus
compromisos financieros desde 2005 hasta la fecha.
“Argentina es
un pagador puntual”, tercia Gambina. “La presidenta reconoce el pago de
más de 173 mil millones de dólares de 2005 en adelante. Pese a ello, el
país está más endeudado y comprometidas las finanzas públicas a corto y
mediano plazo. La deuda es impagable y requiere ser investigada antes de
seguir pagando”, sostiene el catedrático.
En el plano interno, la
iniciativa de Cristina Fernández de reabrir el canje encontró un fuerte
apoyo entre los partidos de la oposición. El dato adquiere relieve, ya
que la clase política se encuentra inmersa en una crispada campaña
electoral de cara a los comicios legislativos del 27 de octubre. Los
diferentes bloques políticos en el Congreso confluyeron el 28 de agosto
en una declaración conjunta, rechazando la pretensión de esos fondos
especulativos. La Unión Cívica Radical (UCR) —el partido de oposición
más importante—, Propuesta Republicana (PRO) —la fuerza de centro
derecha que gobierna en la capital argentina— y el Partido Socialista
—que gobierna la provincia de Santa Fe—, expresaron la necesidad de
acompañar al gobierno en esta medida. Algo bastante inusual en los
últimos años, en los que el trato con el oficialismo ha estado poblado
de rispidez.
“Tenemos que defender el interés nacional”, subrayó
el diputado del PRO, Federico Pinedo, a través de un comunicado. Pinedo
es un acérrimo opositor al gobierno. Sostuvo que “la Corte Suprema de
los Estados Unidos debe aceptar el caso y rever el fallo.” Éste pone en
la cuerda floja el acuerdo con más de 93% de los acreedores. Y podría
llevar a Argentina a una nueva cesación de pagos.
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