martes, 30 de septiembre de 2014

De Portafolios y Mochilas 2014-09-29

Acusan de fraude a diputado que instigó la liquidación de Luz y Fuerza

PROCESO 
º

29 de septiembre de 2014
Nacional
El diputado federal panista Mario Sánchez Ruiz. Foto: Eduardo Miranda
El diputado federal panista Mario Sánchez Ruiz.
Foto: Eduardo Miranda


MÉXICO, DF (apro).- El diputado federal panista Mario Sánchez Ruiz, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y quien aconsejó a Felipe Calderón liquidar la compañía de Luz y Fuerza el Centro (LFC), está en problemas: Enfrenta acusaciones de fraude y falsificación de documentos.
No son imputaciones nuevas, porque se originaron hace diez años, sólo que el afectado, Jaime López Tejeda, se hartó de la “impunidad” de que goza Sánchez Ruiz en Sonora y decidió llevar su protesta a la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, para –afirma– exhibir al legislador del Partido Acción Nacional (PAN) como lo que es: “Corrupto” y “delincuente”.
López Tejeda desplegará este martes dos grandes pancartas frente a la Cámara de Diputados, antes de la sesión del pleno, para enterar a los legisladores de los grupos parlamentarios de todos los partidos, incluido el PAN, de los casi dos millones de pesos que le debe Sánchez Ruiz, empresario sonorense que llegó hasta la presidencia del CCE, el organismo cúpula del sector privado.
Amigo íntimo de Calderón, quien lo apoyó para presidir en dos periodos el CCE, y de Josefina Vázquez Mota, de quien fue el enlace con el sector privado en la campaña de 2012 –cuando el PAN perdió el poder–,  Sánchez Ruiz contrató, en 2004, los servicios como ingeniero de López Tejeda para un desarrollo inmobiliario.
Sin embargo, pasó el tiempo y Sánchez Ruiz –también empresarios gasolinero– se escondía para no pagarle, por lo que López Tejeda inició acciones legales para cobrar sus honorarios. La víctima ha ganado juicios, pero en Sonora no ha prosperado nada.
Una de las mantas que desplegará mañana la víctima dice del diputado del PAN: “Te acuso públicamente de no pagar lo que debes, falsificar documentos, tráfico de influencias, ser un violador del estado de derecho, causar un gran daño a la sociedad sonorense y cajemense, usar tu puesto como diputado panista para beneficio personal y perjuicio de los demás. En suma, te acuso de ser un corrupto”.
Otra: “Mario Sánchez Ruiz, en tu desmedida ambición por el dinero no te importa atentar contra el patrimonio de las familias y el futuro de sus niños. ¡Deshonras al Poder Legislativo y a tu partido, el PAN! Paga lo que debes en lugar de violar el estado de derecho falsificando documentos”.
Y es que el ingeniero realizó varios avalúos, como perito, para la empresa Sinteck SA de CV, dedicada a la construcción de fraccionamientos y propiedad de Sánchez Ruiz, con quien pactó un pago aproximado de 200 mil pesos.
López Tejeda ha ganado ya juicios civiles para obtener el pago, pero el diputado Sánchez Ruiz, presidente de la Comisión de Economía, falsificó documentos, en complicidad con un notario, para seguir evadiendo el pago.
En efecto, ganó el juicio y le fueron embargadas tres propiedades en el fraccionamiento Las Villas sección Los Arcos de Ciudad Obregón, que garantizaban el pago, pero Sánchez Ruiz las vendió falsificando las escrituras.
Todo esto fue acreditado por la Procuraduría General de Justicia de Sonora, pero las relaciones del diputado panista con el gobernador Guillermo Padrés, también del PAN, han impedido que se ejerza acción penal en su contra, previo juicio de procedencia para  quitarle el fuero.
Han pasado ya 10 años desde que Sánchez Ruiz firmó el contrato con el ingeniero, pero nada ha pasado, por lo que éste vino a la Ciudad de México para informar a la sociedad del carácter delincuencial de quien se ufanó de haber recomendado a Calderón liquidar a Luz y Fuerza del Centro.
El 10 de agosto de 2012, cuando a Sánchez Ruiz el cabildo de Ciudad Obregón le entregó la distinción de “Cajemense distinguido”, López Tejeda protestó, pero fue ignorado, como ocurrió inclusive con Vázquez Mota en su campaña.
Fue Sánchez Ruiz, como presidente del CCE, quien pidió a Calderón terminar con Luz y Fuerza del Centro. Fue en una comida, a principios de 2009, como narró la reportera del diario Reforma, Verónica Gascón.
“Señor Presidente, le voy a pedir un favor, ojalá acabe con Luz y Fuerza”, le dijo Mario Sánchez… Calderón le preguntó si estaba seguro, dado que eso implicaría que más de 40 mil trabajadores se quedarían en la calle, a lo que el sonorense reviró con determinación:
“Si usted tiene 40 mil personas criticándole, yo le pongo 80 mil comerciantes que se lo van a aplaudir”. Y así fue. Pero ahora este líder empresarial es acusado de corrupto y delincuente…

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¿Qué está pasando en el Politécnico?

Alumnos del IPN desmienten a Yoloxóchitl Bustamante

Politécnicos marchan hoy en el DF contra Reglamento y Directora; se unen UAM y UNAM

SINEMBARGO.MX

Por: Redacción / Sinembargo - septiembre 30 de 2014 - 0:01 DESTACADAS, MÉXICO, TIEMPO REAL - Manifestaciones de estudiantes del IPN. Foto: Cuartoscuro. Manifestaciones de estudiantes en instalaciones del IPN. Foto: Cuartoscuro. Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).–

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) –junto con otras universidades como la Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM)– marcharán en la Ciudad de México, del Casco de Santo Tomás al Ángel de la Independencia y luego a la Secretaría de Gobernación (Segob), donde supuestamente tendrán una reunión con el Secretario Miguel Ángel Osorio Chong. Ayer, algunos colectivos llamaron a sumarse al paro en las facultades universitarias y a participar en una asamblea el próximo miércoles para planear la estrategia que aplicarán en la próxima marcha del 2 de octubre.

Los politécnicos piden la derogación del Reglamento Interno del plantel, que aprobó la semana pasada el Consejo General Consultivo, y de los planes de estudio. Con jornadas de manifestaciones en distintos puntos de la capital mexicana se manifiestan contra de los nuevos lineamientos que –dicen– los convierten en “técnicos” y no en ingenieros. Por lo pronto, los planes que fueron modificados son los CECyTS y el de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Zacatenco, donde inició el rechazo al cambio del plan de estudios.

De acuerdo con los inconformes, en el nuevo Reglamento se elimina el artículo 55, que está incluido en el actual reglamento, el cual estipulaba que el alumno tenía la opción de solicitar una baja temporal, sin importar el motivo. También denuncian que en los artículos del 56 al 60 transgreden los derechos cívicos y de libre expresión del alumnado, pues en ellos se estipula que las autoridades “tendrán todo el poder de sancionar a cualquier alumno que incurra en un acto que afecte el ‘buen orden’ del plantel”. Alertan que las cuotas que antes se consideraban como donativos “pasan a ser obligatorias en todas las escuelas del IPN”.

Además indican que se le cobrará una cuota a todos los alumnos que quieran participar en un taller o actividad deportiva o cultural que la escuela ofrezca. Los alumnos reclaman que el nuevo reglamento le abre las puertas a la iniciativa privada. Ya que, explican, se le otorgarían permisos a particulares, ajenos al Politécnico, para el aprovechamiento y explotación de los espacios físicos en los planteles. Sin embargo, directivos de algunos centros de estudios desmienten esto y detallan que las modificaciones no hacen este tipo de cambios.

La directora del IPN, Yoloxóchitl Bustamente, rechazó que el reglamento pueda ser modificado, pero pidió a los alumnos informarse y leer el documento que ya fue aprobado. “Yo quisiera que me dijeran en dónde dice en ese último documento que vamos a limitar la investigación científica y tecnológica. ¿En dónde dice que ya no van a tener derecho a un siguiente periodo de exámenes y que con 2 ocasiones que reprueben la materia están dados de baja? Tampoco lo dice. ¿En dónde dice que ya no van a salir como ingenieros sino que van a salir como técnicos porque yo tengo un convenio con el presidente Peña Nieto para sacar puros técnicos? ¿En dónde dice? Es obvio que no lo han leído pero es obvio también que nos faltó comunicación de aquí hacia nuestras comunidades. Nos faltó comunicación”.

ESCUELAS EN PARO

Hasta el momento, 32 de las 44 escuelas del IPN se pusieron en paro. Ayer, alumnos del movimiento #TodosSomosPolitécnico de Vocacionales y escuelas de Nivel Superior del Instituto Politécnico Nacional ocuparon las instalaciones de los diversos planteles como parte de las acciones de protesta para exigir la derogación del Nuevo Reglamento de la Institución Un día antes, durante su Asamblea General, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA); los estudiantes concluyeron que este lunes los planteles 2, 3, 5 y 13 de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT´s) se sumarían al paro que hasta este domingo seis vocacionales ya mantenían. A la par, publicaron un video en redes sociales para explicar las razones del paro. En la grabación, los estudiantes acusan que la dirección del IPN promovió una consulta “limitada por la metodología utilizada”.

Agregan que “no hay explicación clara sobre los motivos de modificación de este reglamento” y que, por el contrario, hay una actitud “hermética” sobre el caso, además de que en los consejos técnicos escolares “se ha limitado la información y el debate”. Los alumnos argumentan que con el Acuerdo por la Alianza Educativa, mismo que firmó la directora Yoloxóchitl Bustamante, “las escuelas de más alto nivel deberán reducir sus estándares educativos para estar al nivel de otros centros educativos en el cual el nivel es menor”. Agregan que es porque con las reformas estructurales, “van a venir empresas extranjeras y el presidente de la República les prometió la mano de obra necesaria y barata para que pudiera construir dejándonos a nosotros un sueldo miserable”. 

Por ello acusan que los planes de estudio pretenden ser modificados. Por ejemplo, citan la reducción de los planes en la carrera de ciencias, como física y química, quitan asignaturas en el área humanística, y “empobrecen” las carreras técnicas “quitando las asignaturas administrativas y aumentando las operativas”. Lo único que quiere el gobierno, aseguran, es “quitarle el carácter científico a la institución y a los alumnos, porque un centro de estudios científicos y tecnológicos donde no se enseñen ciencias, se convierte en una simple escuela de capacitación técnica”. El problema mayor, advierten los estudiantes, radica en que “sólo es el principio”, pues “la idea es modificar todo el sistema del IPN”.

EL GOBIERNO NO QUIERE INGENIEROS

 En el video, los politécnicos explican que “al gobierno y sobre todo a la iniciativa privada no les conviene que haya más ingenieros en el país porque un ingeniero propone, crea y sobre todo, lo más importante, le dice a un técnico qué hacer. Es por eso que a la empresa privada le conviene que un ingeniero salga como técnico ya que le puede pagar tres veces menos que lo de un ingeniero”. Sobre la modificación del plan de estudio de las vocacionales, explican los estudiantes, se cambia la materia de Matemáticas” y se deja hasta sexto semestre la Unidad de Aprendizaje de Cálculo Integral.

Según las estadísticas, detallan, esta materia tiene el más alto nivel de reprobación, lo que llevaría a que más alumnos reprueben al final de la carrera y no puedan ingresar al nivel superior, por lo tanto, deserten de sus estudios. A propósito de la evaluación de los profesores, los estudiantes aseguran que la nueva reforma facilita el despido los maestros si no obtiene las calificaciones adecuadas en los exámenes de evaluación recién aprobados. Sin embargo, un grupo de estudiantes del ESCA lanzó una campaña a través de redes sociales en las que menciona “los mitos” del nuevo reglamento y explica las diferencias entre el actual y el que se implementará en 2015.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/30-09-2014/1129956. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX

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Por no afectar sus derechos, rechazan amparo de senadores contra la reforma energética

Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Martes 30 de septiembre de 2014, p. 14
El amparo que los senadores Manuel Bartlett Díaz, Layda Sansores San Román y David Monreal Ávila presentaron en contra de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos fue desechado este lunes por el juzgado decimosexto en materia administrativa en el Distrito Federal por carecer de interés legítimo (afectación a sus derechos humanos).
La autoridad jurisdiccional estimó actualizada de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII de la nueva Ley de Amparo, pues los quejosos carecen de interés legítimo para controvertir los artículos reclamados, en la medida que su interés es el mismo que el de cualquier gobernado.
No se afecta en modo alguno su esfera jurídica con la entrada en vigor de las leyes materia de la impugnación, determinó el juzgado.
Según la autoridad, la legislación reclamada tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos, y tiende a dotar de eficacia plena las directrices marcadas de manera destacada en la reciente reforma energética del país, por virtud de la cual se modificaron diversos preceptos constitucionales, con lo que el Poder Constituyente de manera evidente busca la explotación óptima de los recursos naturales del Estado, lo cual responde a intereses superiores de carácter público.
Los quejosos pueden impugnar el fallo del juzgado ante un tribunal colegiado de circuito, para lo cual tienen un plazo de 10 días hábiles.

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Lo que todo mexicano quisiera (no) saber sobre los bancos

PROCESO 


28 de septiembre de 2014
Análisis
Banqueros y usuarios. Cartón de Rocha
Banqueros y usuarios. Cartón de Rocha
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Según un estudio reciente de la Comisión Federal de Competencia, la cobertura de cajeros automáticos es insuficiente y está dominada por los grandes bancos. Además el cargo por retirar efectivo en un cajero que no es del banco del usuario es muy caro: entre 20 y 30 pesos en promedio.
Hacer un pago móvil a una cuenta de un banco diferente a la cuenta del usuario es imposible.
Las redes de pagos móviles operan básicamente a través de la “telefónica preponderante”, o sea Telmex.
Los bancos podrían estar tomando decisiones a favor de sus accionistas y no necesariamente a favor del funcionamiento eficiente del sistema de información crediticia.
Los bancos pequeños enfrentan limitaciones de información para competir de manera efectiva en productos específicos para segmentos de la población.
Los usuarios no cuentan con un historial para obtener créditos porque el gobierno no provee información sobre pagos realizados a Infonavit o Fovisste.
Las medianas y pequeñas empresas enfrentan serias dificultades para tener acceso a financiamiento/capital de inversión.
Los fondos de inversión instrumentan políticas de diferenciación de precios que resultan discriminatorias y discrecionales.
No hay una base de datos sobre el historial de riesgo de clientes en busca de seguros, lo cual lleva a que las pólizas sean muy caras.
La Comisión Federal de Competencia sólo cuenta con tres días para emitir una resolución sobre una concentración mediante liquidación bancaria, lo cual lleva a que el organismo no pueda erradicar conductas anticompetitivas o barreras a la competencia.
Los bancos no compiten entre sí para ofrecer una mejor tasa de interés con el fin de atraer clientes.
Los tarjetahabientes encuentran dificultades para trasladar sus saldos deudores a un banco distinto que les ofrezca mejores condiciones: Sólo 5% de los clientes de tarjetas de crédito cambiaron de banco entre 2011 y 2012.
Los usuarios afrontan serias dificultades para elegir productos financieros –como crédito automotriz o seguro para el retiro– porque no tienen acceso fácil a la información para comparar.
Los acreditados están atados a términos de contratación desventajosos, con altas tasas de interés o altas tasas de comisiones o condiciones inflexibles de plazo o formas de pago.
Hay nula movilidad de clientes entre proveedores de cuenta de nómina, lo cual obstaculiza la competencia.
Es básicamente imposible trasladar una garantía hipotecaria de una institución a otra, lo cual inhibe el refinanciamiento del crédito.
Existen acciones anticompetitivas coordinadas entre los bancos; en otras palabras, están coludiéndose para abusar del consumidor.
Los usuarios pagan sobreprecios en el ramo de los seguros ligados a crédito, especialmente el automotriz y el hipotecario.
Las autoridades regulatorias del sistema financiero actúan con una gran discrecionalidad.
La cobertura de establecimientos que aceptan pagos con tarjeta es baja.
Los usuarios que reciben o envían remesas no cuentan con la información necesaria y por ello se enfrentan a comisiones adicionales a las pactadas inicialmente en el servicio.
En ciertos sectores la banca de desarrollo es ineficiente y genera riesgos para la competencia.
El Infonavit y el Fovissste establecen condiciones de crédito más onerosas que otros intermediarios financieros, por lo que sus ventajas no se ven reflejadas en menores costos para los consumidores.
Los intermediarios financieros ofrecen de manera insuficiente ciertos servicios financieros a algunos sectores de la población.
Hay un serio conflicto de interés en algunos consejos de administración de la banca de desarrollo, que tiene participantes con intereses dentro de los sectores que fomentan.
Quienes ofertan servicios de ahorro para el retiro compiten principalmente a través de la promoción de sus servicios (43% del gasto de las Afores se destina a esta actividad, mientras que sólo 4% va a la inversion). Los gastos de promoción elevan los costos de operación de las Afores, sin beneficios claros para los consumidores. Y por ello la mitad de los trabajadores que cambiaron de Afore en 2013 fueron a dar a otra institución que les ofrecía menor rendimiento neto.
Como la información sobre transacciones que involucran fideicomisos es considerada “secreto bancario”, la Comisión Federal de Competencia no puede determinar si hay prácticas anticompetitivas en ese sector.
El sistema financiero no está innovando y no está buscando atraer a los consumidores vía calidad, innovación y mejores precios. En esencia, nos tiene atrapados.
Como no hay competencia, sino más bien colusión y mala regulación, los bancos hacen básicamente lo que se les da la gana: abusan, manipulan, esconden, exprimen. Por eso las filiales de bancos extranjeros en México tienen mayores tasas de ganancia aquí que en otras partes del mundo donde operan.
Ante esta lamentable realidad, lo único que hace la Comisión Federal de Competencia es ofrecer 36 recomendaciones “no vincu­lantes”. Mientras tanto, allí está el servicio malo y caro que padecemos los usuarios. Y la pasividad o la complicidad del gobierno. 

Hallan con vida a 14 estudiantes de la normal de Ayotzinapa

Normalistas de Ayotzinapa protestan en el Congreso de Guerrero. Foto: José Luis de la Cruz
Normalistas de Ayotzinapa protestan en el Congreso de Guerrero.
Foto: José Luis de la Cruz
CHILPANCINGO, Gro., (proceso.com.mx).- Al menos 14 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron encontrados con vida, informó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la entidad, Ramón Navarrete Magdaleno.
Señaló que la lista de 57 desaparecidos se redujo a 43 y anunció que este mediodía autoridades estatales emitirán una postura oficial sobre el hecho.
En entrevista, Navarrete Magdaleno se abstuvo de precisar detalles sobre la identidad de los normalistas que fueron encontrados con vida y ‎sólo añadió que permanecieron ocultos para proteger su integridad.
Lo anterior, después de que policías municipales de Iguala en coordinación con sicarios asesinaron a tiros a tres estudiantes, un futbolista y dos civiles en diferentes ataques armados que dejaron una veintena de heridos.
Por su parte, autoridades ministeriales implementan desde la madrugada de este martes un operativo de búsqueda en las inmediaciones de Iguala, Taxco y Tepecoacuilco donde se tienen indicios que una decena de normalistas fueron entregados por policías municipales a sicarios ligados al grupo delictivo Guerreros Unidos.

Fuente

Desaparecidos

Periódico La Jornada
Martes 30 de septiembre de 2014, p. 6
Lista de los 57 normalistas desaparecidos proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero: 

Abel García Hernández
Abelardo Vázquez Periten
Adán Abrajan de la Cruz
Alexander Mora Venancio
Ambrosio Martínez Rodríguez
Antonio Santana Maestro
Benjamín Acergo Bautista
Benjamín Ascencio Bautista
Carlos Iván Ramírez Villarreal
Carlos Lorenzo Hernández Muñoz
César Manuel González Hernández
Christian Alfonso Rodríguez Telumbre
Christian Tomás Colón Garnica
Cirino Tejeda Meza
Cutberto Ortiz Ramos
Daniel Gerardo Cantú Morales
Dorian González Parral
Eduardo Ayafredh Sebastián Salgado
Emiliano Alen Gaspar de la Cruz
Everardo Rodríguez Bello
Felipe Arnulfo Rosas
Giovanni Galindes Guerrero
Israel Caballero Sánchez
Israel Jacinto Lugardo
Jazziel Ramírez Sánchez
Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa,
Jonás Trujillo González
Jonathan Maldonado Hernández
Jorge Álvarez Nava
Jorge Aníbal Cruz Mendoza
Jorge Antonio Tizapa Legideño
Jorge Luis González Parral
José Ángel Campos Cantor
José Ángel Navarrete González
José Eduardo Bartolo Tlatempa
José Luis Luna Torres
Joshvani Guerrero de la Cruz
Julio César López Patolzin
Julio César Ramírez Nava
Julio César Velázquez Alonso
Leonel Castro Abarca
Luis Ángel Abarca Carrillo
Luis Ángel Francisco Arzola
Luis Ángel Gutiérrez Álvarez
Magdaleno Rubén Lauro Villegas
Marcial Pablo Baranda
Marco Antonio Andrés Santos
Marco Antonio Gómez Molina
Mario Torreblanca Flores
Martín Getsemany Sánchez García
Mateo Carrera Moctezuma
Mauricio Ortega Valerio
Miguel Ángel Hernández Martínez
Miguel Ángel Mendoza Zacarías
Rodrigo Morales García
Severo Pedro Minga
Saúl Bruno García

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Normalistas prenden fuego a la biblioteca del Congreso de Guerrero

Normalistas lanzan piedras contra el Congreso de Guerrero. Foto: Ezequiel Flores
Normalistas lanzan piedras contra el Congreso de Guerrero.
Foto: Ezequiel Flores
CHILPANCINGO, Gro., (proceso.com.mx).- Normalistas de Ayotzinapa marcharon en la capital del estado para exigir la presentación con vida de 57 estudiantes que permanecen desaparecidos desde los hechos violentos registrados el viernes en Iguala.
La protesta comenzó al mediodía con la participación de al menos dos mil estudiantes.
Los inconformes arribaron a la sede del Congreso local para exigir una reunión con los diputados locales.
Ante la falta de atención de los legisladores, los manifestantes irrumpieron violentamente en la sede del Congreso. Lanzaron piedras contra los vidrios y prendieron fuego en la biblioteca.
Este conflicto tiene su origen en la madrugada del viernes, cuando policías municipales y sicarios mataron a seis personas, entre ellas tres estudiantes, un futbolista y dos civiles, amén de lesionar a 17 personas.

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"La balacera tuvo una duración de casi 40 minutos", narran estudiantes

Arturo Cano
Enviado
Periódico La Jornada
Martes 30 de septiembre de 2014, p. 6
Iguala, Gro., 29 de septiembre. 

Si me hacen el honor, compañeros, hay que colocar las veladoras, dice Gerardo Barrera, estudiante de cuarto grado del Centro Regional de Educación Normal (CREN) en esta ciudad. Aquí fue donde culminó la persecución de nuestros compañeros de Ayotzinapa y en aquella parte (señala a sus espaldas) es donde se paró la otra camioneta y los rafagueó.
El letrero lavado y aspirado sobre un portón negro permite identificar el lugar donde quedó tendido uno de los muchachos de la normal de Ayotzinapa la noche del viernes pasado. En ese sitio preciso se inclinan los jóvenes, todos con sus uniformes de normalistas, hasta dejarlo cubierto de veladoras. Poco antes han hecho lo mismo en una de las puertas del palacio municipal, que cerró sus puertas desde antes de las cinco de la tarde.
En la marcha silenciosa de flores y velas participan unos 150 de los 537 alumnos que tiene el CREN. A muchos no los dejan venir sus padres. Claro, aquí fue todo, aquí sembraron el terror, reconoce el líder estudiantil.
–¿Saben algo de sus compañeros desaparecidos (57 jóvenes)?
–No sabemos absolutamente nada. Nada ha informado el municipio ni el gobierno estatal. Obviamente necesitamos que se involucre la Federación, porque es cuestión de todos.
–¿El alcalde los ha buscado?
–Como él no sabe nada, yo creo que no nos va a buscar para nada.
El presidente municipal José Luis Abarca, efectivamente, no sabe nada, porque a la hora de los balazos se encontraba bailando al ritmo de La Luz Roja de San Marcos, como dijo en una entrevista radiofónica mañanera, antes de viajar a la ciudad de México a reunirse con los diputados Silvano Aureoles Conejo y Sebastián de la Rosa.
En ese trayecto debió escuchar al senador Armando Ríos Piter, puntero en la sucesión del gobernador Ángel Aguirre, tocarle otra música, fúnebre y no de baile: Debe pedir licencia, dijo el político costeño que gusta nombrarse Jaguar.
Se diluye respaldo de NI
El cuadro lo completa el deslinde de altos funcionarios del gobierno aguirrista. Uso excesivo de la fuerza, dictamina el procurador estatal, Iñaki Blanco, quien también asegura que investigan posibles vínculos de los agentes municipales con los desconocidos que perpetraron el segundo ataque a los normalistas (da también las cifras oficiales: se presentarán cargos contra 22 efectivos policiacos; en los hechos hubo 6 muertos, 25 heridos y 57 desaparecidos).
El respaldo político de Nueva Izquierda –corriente perredista a la que pertenece el alcalde Abarca– y el apoyo incondicional ofrecido por el diputado federal Sebastián de la Rosa se diluyen a lo largo del día.
A los medios nacionales, el presidente municipal les dice que ordenó a la policía municipal (responsabilidad compartida con el gobernador, deslizan allegados al alcalde, merced el Mando Único) no caer en provocaciones de los normalistas. Que nunca ordenó disparar ni mucho menos (aunque estaba seguro de que “alguien contrató a los ayotzinapos para que vinieran a hacer desmadres”).
La respuesta del gobierno del estado deja claro que han decidido dejar solo a Abarca: El Mando Único no se ha iniciado en ninguna de sus etapas en la ciudad de Iguala, dice el secretario de Gobierno, Jesús M. Garnelo.
En la prensa local –la mayoría de los impresos igualtecos baila al son del edil– Abarca usa otro discurso. Dice, de entrada y para no desairar a los clásicos: Sabemos que estamos limpios y mi conciencia está tranquila.
Se va de largo: Mientras en otros municipios de Guerrero y del país han pasado cosas peores, aquí pretenden responsabilizarme de algo que definitivamente no soy.
Foto
Estudiantes y pobladores de Chilpancingo colocaron veladoras en la explanada del zócalo de la ciudadFoto Lenin Ocampo Torres
Más, por si hubiese duda del talante del empresario joyero: Estos hechos no tienen por qué detener nuestra vida cotidiana. Iguala está de pie y trabajando.
Y está en campaña, le falta decir al alcalde. Centenares de postes de la ciudad lucen la imagen de la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa. Pendones con motivo de su segundo informe como titular del DIF municipal. La propaganda es burda: debajo de su nombre se lee: Presidenta (del DIF, en letras chiquitas) municipal.
Armados de flores y velas, los normalistas concluyen su marcha nocturna sin gritar una sola consigna. Por la mañana, hicieron otra marcha con carteles y gritos. En ambas, la presidencia municipal estuvo cerrada.
La manifestación es ordenada y la colocación de ofrendas lleva apenas unos minutos. Por seguridad, compañeros, rápido, y nos regresamos todos juntos a la normal, por seguridad, dicen una y otra vez los líderes.
En el ínter, el palacio municipal abrió sus puertas y los ciudadanos siguieron haciendo trámites, aunque en cada pasillo se pescaban conversaciones relativas a los policías municipales: Todos tienen miedo.
Los excesos de los normalistas de Ayotzinapa en sus protestas, sumados a una persistente campaña de descrédito, han generado odio en diversos sectores del estado. Los hubieran bombardeado, dijo una anciana clasemediera de Chilpancingo en 2011, cuando dos normalistas fueron asesinados en la Autopista del Sol. En Iguala no cantan mal las rancheras.
Pero ahora que marchan los estudiantes del CREN, la gente deja sus cosas y los mira con un silencio reverencial. No hay un solo claxonazo. Tampoco aparece ningún policía.
Los hubo, y por montones, apenas el viernes pasado, en hechos que comienzan a ordenarse en los relatos de estudiantes y testigos. Los recogidos por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan informan: “Al salir de la central de autobuses, con dirección a Chilpancingo, varias patrullas intentaron cerrar el paso a los autobuses, empezando a disparar de manera intermitente sin dar advertencia alguna. Los normalistas se bajaron e intentaron defenderse, lo que conllevó aun breve enfrentamiento. Los normalistas regresaron a los autobuses y continuaron la marcha; al llegar al periférico norte (lugar donde esta noche los igualtecos pusieron la ofrenda), una patrulla municipal, la número 320, les cortó el paso atravesándose frente al autobús, al tiempo que llegaron más de 30 policías que se aposaron en posición de tiro en distintas direcciones. Los normalistas quedaron totalmente cercados, al posicionarse las patrullas 017, 018, 022, 027 y 028 en la parte trasera de la caravana de autobuses.
“Así, los normalistas descendieron de los autobuses dirigiéndose hacia la patrulla que se encontraba estacionada frente a los autobuses, en un intento de salir del lugar.
“Sin mediar palabra, los policías municipales comenzaron a disparar en ráfagas, de manera indiscriminada, desde las distintas posiciones, cayendo herido en ese instante Aldo Gutiérrez Solano, alumno del primer año… Los estudiantes que se encontraban en el autobús de atrás fueron violentamente bajados por los policías y sometidos, acostándolos en el piso, a un costado de una tienda de autoservicio.
El resto de los normalistas se dispersaron en diferentes direcciones, al tiempo que los policías municipales continuaban disparando. La balacera tuvo una duración de alrededor de 40 minutos.
Sería el primer capítulo de una noche de horror en la cuna de la bandera nacional.

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Militares respaldan en redes sociales la actuación de sus compañeros en Tlatlaya

Jesús Aranda
 
Periódico La Jornada
Martes 30 de septiembre de 2014, p. 9
La consignación de un subteniente y siete elementos de tropa vinculados con el presunto ajusticiamiento de 21 personas en el municipio de Tlatlaya, estado de México, generó molestia entre integrantes del Ejército, quienes en el anonimato de las redes sociales (en cuentas identificadas con militares en activo y sus familias) criticaron las actuaciones del alto mando castrense y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El comentario de un usuario (el cual no se identifica por seguridad) subido a una página de Facebook ya fue compartido por 3 mil 135 personas (hasta la tarde de ayer), quienes a su vez apoyan el texto, el cual está ilustrado con la foto de un soldado herido que recibe atención médica de sus compañeros.
El texto critica la consignación, el pasado jueves 25, de los soldados ante el juzgado sexto castrense, con sede en el Campo Militar número uno, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes.
Por los comentarios se deduce que la gran mayoría de los participantes son soldados o personas cercanas a las fuerzas armadas.
El usuario de esa red social critica la decisión del gobierno federal de utilizar a los soldados en el combate al crimen organizado y que la procuraduría militar sólo actuara en contra de elementos de tropa y un oficial, dejando libres a los mandos responsables de la actuación de las tropas.
“Nunca nos dijeron que matar a un delincuente sería razón suficiente para ser enviado a prisión. Nunca nos dijeron que seríamos masacrados con granadas y que no podíamos usar más equipo, porque era mucho poder, cuando ellos, si tuvieran cañones, no dudarían en usarlos contra nosotros.
“Nunca dijeron que los caídos quedarían olvidados. Que nuestras familias estarían en riesgo. Que sólo usaríamos el arma cuando nos agredieran primero, y Dios sabe cuántos compañeros han caído por respetar esa regla.
“Nunca nos dijeron eso; nosotros lo supimos cuando sabíamos que algún compañero la estaba pagando.
Piden que respetemos los derechos de los delincuentes. ¿Y los derechos de sus víctimas? Qué lástima que se le den estrellas y águilas a quienes entregan a sus hombres con tal de quedar bien con la gente, con el Presidente o con la CNDH. Un superior siempre va al frente de sus hombres, siempre da la cara por sus hombres y no los entrega al matadero por querer quedar bien.
En respuesta al comentario, la gran mayoría de los usuarios criticó al alto mando de la Defensa Nacional, por dejar solos a los soldados. Cuestionó la labor de la CNDH por defender a los criminales y porque no se reconocía que los soldados que están detenidos en su momento auxiliaron a la población en casos de desastre o combatieron la delincuencia.
Entre los comentarios de los usuarios de la red social destacaban: Por eso muchos están desertando, porque se están dando cuenta de que la mala suerte para sus compañeros puede ser la misma para ellos y sus familias. Los militares y marinos tienen fuerza y voluntad para cumplir la misión. Muchos sí van al frente a vencer o a morir, pero ahora resulta que seremos castigados por hacer las cosas como deben de ser. Esa es la peor traición que nos han hecho.

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Perfilan desaparición forzada de normalistas de Guerrero

El lugar de la masacre de normalistas en Iguala tres días después. Foto: Margarito Pérez
El lugar de la masacre de normalistas en Iguala tres días después.
Foto: Margarito Pérez
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El procurador Iñaky Blanco Cabrera reveló que policías de Iguala detuvieron a por lo menos 10 normalistas de Ayotzinapa, quienes permanecieron retenidos en el patio del cuartel y, posteriormente, sujetos desconocidos se los llevaron a bordo de patrullas oficiales a un lugar del que hasta el momento se desconoce su ubicación.
Por ello, anunció que existen elementos para fincar responsabilidad penal por el delito de desaparición forzada de personas en contra de los agentes municipales que permanecen detenidos, debido a que existen indicios de que los normalistas estuvieron en los separos del cuartel policiaco de Iguala.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, informó que en Iguala no se ha realizado el proceso de certificación para implementar el esquema del mando único de la policía municipal.
También dijo que el alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, se ha negado a entregar los reportes de actividades de los policías municipales, a pesar de que autoridades estatales se lo han requerido.
En tanto, normalistas de Ayotzinapa marcharon esta tarde en la capital de la entidad para exigir la presentación con vida de los 57 estudiantes que permanecen desaparecidos desde hace tres días, luego de que policías municipales y sicarios asesinaron a seis personas y dejaron heridas a más de 17 en diversos ataques registrados durante la noche del viernes y la madrugada del sábado anterior.
El contingente arribó a la sede del Congreso estatal donde exigieron la instalación de una mesa de dialogo con diputados locales para abordar el tema de los normalistas desaparecidos, ya que aseguran que fueron detenidos por policías municipales.
La ausencia de respuesta desató la ira de los manifestantes, quienes irrumpieron violentamente al Congreso y arremetieron a pedradas contra el inmueble, provocando sólo daños materiales, pues previamente los trabajadores habían desalojado el lugar.
Por la tarde, otro grupo de normalistas, integrantes del magisterio disidente y ciudadanos realizaron otra marcha para exigir paz, seguridad y castigo a los responsables de la masacre de Iguala, donde fueron asesinados tres estudiantes de Ayotzinapa, un adolescente futbolista y dos civiles.
En Acapulco, el procurador Iñaky Blanco y el secretario de Gobierno, Jesús Martínez, dieron una conferencia en conjunto donde señalaron que el responsable de la seguridad en Iguala, previo a los hechos trágicos de este fin de semana, es el alcalde José Luis Abarca.
Al respecto, Martínez Garnelo dijo que durante la madrugada del sábado el edil perredista en todo momento negó tener información sobre acciones violentas en Iguala, argumentando que se encontraba dormido y que “todo estaba tranquilo”.
En tanto que el fiscal guerrerense dio a conocer que existen indicios para consignar a algunos de los 22 policías municipales, quienes permanecen detenidos en Acapulco, por el delito de desaparición forzada de personas.
Ello debido a que en la investigación obtuvieron un testimonio donde se indica que varios normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos durante la noche del viernes y permanecieron en los separos del cuartel de la policía municipal de Iguala.
Incluso, un policía municipal de Iguala, en su declaración ministerial, dijo que observó a por lo menos 10 normalistas en el patio del cuartel y, posteriormente, “sujetos desconocidos se los llevaron a bordo de patrullas oficiales”.
Blanco Cabrera informó que esta versión se refuerza con los videos que obtuvieron del sistema de cámaras de la ciudad, donde se observa que los normalistas detenidos viajan en la batea de patrullas oficiales circulando sobre las principales calles de Iguala.
El funcionario estatal dijo que realizan operativos en cuatro puntos del municipio de Iguala donde pudieron ser llevados los normalistas, quienes hasta el momento siguen desparecidos.
El fiscal informó que de los 22 uniformados detenidos se demostró científicamente que 16 de ellos accionaron sus armas de cargo durante la operación que realizaron para tratar de impedir que los normalistas de Ayotzinapa se apoderaran de dos autobuses.
Blanco concluyó que los policías detenidos actuaron con extrema violencia, no acataron los protocolos para disuadir una manifestación, por lo que el uso de las armas de fuego no puede ser justificado.
También anunció que en las próximas horas consignarán a los uniformados por el delito de desaparición forzada de personas.
Luego agregó que en este tema también existen indicios de que participaron miembros de la delincuencia organizada en coordinación con la policía municipal de Iguala.

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Exige ONU a Peña protección a testigos y periodistas por caso Tlatlaya

Tlatlaya, el lugar de la ejecución. Foto: Sipse
Tlatlaya, el lugar de la ejecución.
Foto: Sipse
MÉXICO, D.F. (apro).- Desde Ginebra, la Organización de Naciones Unidas (ONU) exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto una investigación a fondo e independiente de la presunta ejecución extrajudicial de que fueron víctimas 21 personas a manos de miembros del Ejército en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio, así como otorgar garantías de seguridad para testigos de la matanza y periodistas que revelaron los hechos.
En un comunicado, los relatores especiales del organismo internacional sobre ejecuciones extrajudiciales y sumarias y el de la libertad de expresión, Christof Heyns y David Kaye, respectivamente, firmaron un pronunciamiento en el que anuncian que se mantendrán al tanto de las investigaciones y de la situación de seguridad de testigos y periodistas.
Heyns, quien visitó México el año pasado, reconoció como un avance la detención de ocho militares como presuntos responsables de la ejecución extrajudicial de supuestos delincuentes en la localidad de Cuadrilla Nueva el 30 de junio de este año.
Tras insistir en que el gobierno de Peña Nieto “tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar a todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, recordó la condición de ilegalidad en que caen los cuerpos policiacos y armados que recurren al uso desproporcionado de la fuerza.
“Sólo se puede recurrir al uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente necesario para impedir que una persona detenida escape o cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida, es decir, cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves”, apuntó Heynes al considerar que por la información recabada “este no fue el caso de Tlatlaya”.
En el comunicado se dio cuenta de que los hechos ocurrieron durante una operación militar en contra de presuntos delincuentes, y que en esos acontecimientos sobrevivieron tres mujeres, dos de las cuales fueron presuntamente detenidas por cargos de posesión de armas de fuego y crimen organizado
Al reconocer que una investigación periodística reveló la presunta ejecución sumaria a través del testimonio de una de las sobrevivientes,  Heynes y el relator sobre libertad de expresión, David Kaye, pidieron a Peña Nieto “proporcionar medidas urgentes de protección para la sobreviviente que dio testimonio y las dos sobrevivientes actualmente detenidas, así como para el periodista y el fotógrafo que produjeron el artículo, y los medios de comunicación que lo publicaron”.
Kaye “exhortó a las autoridades mexicanas a que garanticen la seguridad de todos los trabajadores de los medios en cuestión”.
Sobre la presunta masacre de Tlatlaya, miembros de organizaciones de derechos humanos se pronunciaron por que la matanza quede totalmente esclarecida por la Procuraduría General de la República (PGR) y manifestaron su extrañeza por la tibieza con que se ha conducido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para abordar el caso.
Durante el segundo coloquio “Evaluación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, los defensores Luis Ernesto López Portillo Vargas, María Luisa Aguilar y Mario Santiago Juárez, cuestionaron la reacción tardía del gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República (PGR) para tomar las investigaciones, en tanto que la Procuraduría de Justicia Militar anunció el procesamiento por “faltas y delitos a la disciplina militar”.
Mario Santiago Juárez, jefe de investigación y documentación en el Museo de Constituciones de la UNAM, recordó que antes de la reforma al Código de Justicia Militar de abril de este año, los casos de abusos cometidos por efectivos castrenses no eran castigados porque las fuerzas armadas “eran juez y parte, y todo quedaba entre amigos”.
Luego de señalar que una vez que la justicia civil a través de la PGR y el Poder Judicial federal tomen el caso, “podremos saber qué en este asunto y darle un mayor seguimiento”.
El activista y académico criticó que a través de los medios de comunicación es que se haya revelado incluso que el pelotón al que se le responsabiliza de la matanza ya tuviera antecedentes, “y la CNDH no tenía ese dato o no lo había dado a conocer, por eso creo que la impunidad generalizada se debe a que el Estado no intenta investigar ni sancionar a responsables y ese sentido la CNDH es parte de esa impunidad porque sus recomendaciones han sido tibias y no ha utilizado todas sus facultades constitucionales y legales para detenerla”.
María Luisa Aguilar, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, resaltó que tras la reforma al Código de Justicia Militar “desde el 30 de junio la Secretaría de la Defensa Nacional estaba obligada a dar parte a la PGR para que tomara la investigación”.
Alertó sobre el riesgo de que las pruebas que incriminen a mandos militares hayan sido alteradas en el caso Tlatlaya, y recordó que en el caso de la ejecución extrajudicial cometida por militares en 2010, la  del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, la intromisión militar ha derivado en que el único acusado tenga cargos por homicidio culposo.
Al señalar que el caso de Rubio Villegas fue el primero en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) calificó como inconstitucional los ordenamientos del código de justicia militar que permitían a los militares investigarse a sí mismos en casos de violaciones a derechos humanos de civiles, la abogada dijo que “el gran reto es para las autoridades civiles de sancionar adecuadamente los hechos, porque de cualquier forma la justicia militar sigue llevando a cabo investigaciones”.
Ernesto López Portillo Vargas, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), cuestionó que la PGR no haya emitido ninguna orden de aprehensión y que hasta ahora pretenda enviar peritos al lugar de los hechos, a más de un mes de los acontecimientos.
Para el defensor, lo lamentable de los hechos de Tlatlaya radica en que tanto autoridades judiciales como el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, hayan emitido pronunciamientos apresurados antes de realizar investigaciones y que después fueron desmentidos con la investigación periodística.
“Está a prueba la voluntad del presidente Enrique Peña Nieto para sujetar a controles a las fuerzas armadas (…) sigue habiendo una enorme dificultad para establecer responsabilidades claras, no políticas sino jurídicas sobre los miembros de las fuerzas armadas, y Tlatlaya debería y podría ser un ejemplo de cómo están dispuestos a avanzar con las consecuencias jurídicas si se prueba que estamos ante ejecuciones extrajudiciales, que por lo demás se trata de una de más graves violaciones a derechos humanos”, puntualizó.
López Portillo cuestionó que pese a la fuerte presencia militar en el país, la CNDH haya disminuido el número de recomendaciones a la Sedena, a pesar de que organizaciones civiles y reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refieren la persistencia de los abusos cometidos por las fuerzas castrenses.
Después de destacar que en 2009 cerca de 40% de las recomendaciones emitidas por el organismo eran dirigidas a la Sedena, que en 2013 ese porcentaje cayó a 3.4, y que lo que  va de este año no hay una sola recomendación al Ejército, el director de Insyde puntualizó: “No es creíble que no existan violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, o en su caso que el ombudsman diga por qué no recomienda y que nos explique cuáles son sus criterios para por un lado recibir quejas y no producir recomendaciones frente a las fuerzas armadas, todo indica más una posición política más que técnica, y eso es lo que produce tal nivel de sospechas”.

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Miles demandan en Chilpancingo juicio político al gobernador Aguirre Rivero

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Unos 3 mil estudiantes de nueve normales, padres de familia y maestros marcharon en ChilpancingoFoto Lenin Ocampo
Sergio Ocampo, Héctor Briseño y Rubicela Morelos 

Corresponsales
Periódico La Jornada
Martes 30 de septiembre de 2014, p. 5 

Poco más de 3 mil personas, entre estudiantes normalistas, miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), campesinos y padres de familia marcharon la mañana de ayer (lunes) por las principales calles de Chilpancingo, hasta las instalaciones del Congreso estatal, para exigir se aplique juicio político al gobernador Ángel Aguirre Rivero y al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Los manifestantes responsabilizaron al mandatario y al edil de las muertes de tres estudiantes de la Normal de Ayotzinapa ocurridas el viernes pasado, y de la desaparición de al menos 55 alumnos.
Después de realizar un mitin ante el recinto legislativo, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) rompieron cristales de la entrada y de la biblioteca. La violencia duró alrededor de 10 minutos sin que el personal de seguridad interviniera. Posteriormente, los contingentes se dirigieron a las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa.
Durante la marcha, el maestro normalista Jesús Almazán informó que las nueve normales públicas del estado de Guerrero realizaron un paro de labores durante 24 horas, como resultado de ‘‘un acuerdo tomado por las bases del magisterio y los estudiantes en demanda de castigo a los responsables del asesinato de los estudiantes de la normal’’.
Por la tarde, unos 150 estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física de Acapulco marcharon desde la Unidad Deportiva, en la colonia Progreso del puerto, donde se encuentran sus instalaciones, hacia la glorieta de La Diana, en la zona Dorada, donde llegaron alrededor de las 19:30 horas. Ahí demandaron esclarecimiento y justicia para los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Iguala entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.
Asimismo, alrededor de mil personas marcharon por la noche en Chilpancingo con velas para exigir a los gobiernos federal y estatal que se haga justicia a los normalistas asesinados el viernes pasado, al igual que al joven futbolista David Josué García Evangelista, quien murió ese mismo día, y para las otras dos víctimas de la agresión armada en Iguala.
Estudiantes de cuatro estados
Entre los inconformes figuraron estudiantes del Frente Único de Normales Públicas del Estado de Guerrero y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación. Al mitin, realizado en el zócalo de la capital guerrerense, arribaron cientos de normalistas provenientes de Aguascalientes, Chihuahua, Morelos y Michoacán, afiliados a la FECSM.
A su vez, el Movimiento Magisterial del estado de Morelos condenó en Cuernavaca que policías municipales de Iguala asesinaran a tres estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y exigieron que, junto con los policías, se castigue por omisión al alcalde perredista José Luis Abarca y al gobernador del mismo partido, Ángel Heladio Aguirre Rivero.

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Desde España, Duarte intenta disolver protesta campesina pero lo abuchean

PROCESO 


29 de septiembre de 2014
Estados
Campesinos marchan en Veracruz. Foto: Rubén Espinosa
Campesinos marchan en Veracruz.
Foto: Rubén Espinosa
XALAPA, Ver. (apro).- Desde España, el gobernador Javier Duarte intentó disolver “vía telefónica” una protesta de campesinos del municipio de Soledad de Atzompa en la Sierra de Zongolica, pero el resultado fue un sonoro abucheo.
Encabezados por el alcalde Bonifacio Aguilar, los manifestantes se negaron a liberar las vías de acceso, pese a la intimidante presencia de cientos de granaderos y grupos antimotines de la SSP.
Ante la negativa del subsecretario de Gobierno, Marlon Ramírez, para atenderlos, el gobernador Duarte tuvo que comunicarse desde España, a donde viajó en compañía de algunos colaboradores y del alcalde de Veracruz, Ramón Poo, para participar en el Foro Iberoamericano de Ciudades 2015.
Aguilar optó por poner el celular en altavoz, para que la concurrencia escuchara los argumentos del Ejecutivo estatal.
“Una disculpa por no atenderlos personalmente, si yo estuviera en Veracruz, estaría ahí contigo, con ustedes”, dijo.
La respuesta de los manifestantes fue un sonoro abucheo.
Mientras Duarte permanecerá en el viejo continente una semana, jornaleros y habitantes de comunidades de ese municipio bloquearon por varias horas las casetas de cobro de las carreteras Córdoba-Orizaba y Fortín-Huatusco en demanda de caminos rurales, obras de drenaje y pisos firmes.
Con camionetas de redilas y autos viejos atravesadas en los carriles de peaje, los campesinos de Soledad Atzompa impidieron el flujo de vehículos en la zona centro de la entidad, así como la carretera que comunica con el estado de Puebla.
El edil del municipio serrano dijo que ya no aceptaron la interlocución del subsecretario de Gobierno, a quien tacharon de “mentiroso”, y aseguraron que sólo reanudarán el diálogo con el gobernador Duarte para desahogar la minuta de trabajo y las promesas de caminos rurales y obras de pavimentación e hidráulicas prometidas.

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Cancela Peña su visita al Senado en medio de críticas del PAN

PROCESO 


29 de septiembre de 2014
Destacado
Peña y Osorio Chong durante un acto público el 15 de octubre. Foto: Octavio Gómez
Peña y Osorio Chong durante un acto público el 15 de octubre.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto canceló su presencia en el Senado y designó al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, para asistir en su representación a la inauguración de un evento sobre el federalismo, en medio de la amenaza de la bancada del PAN de no acudir al acto, tras considerar que no se informó a la Junta de Coordinación Política.
El presidente de la Mesa Directiva, el senador perredista Miguel Barbosa, dio a conocer la cancelación presidencial. El poblano negó que esta invitación fuera una “decisión unipersonal” y consideró que “al presidente del Senado no le van a pisar las sombras”, en clara referencia a la posición panista.
El vicepresidente de la Mesa Directiva, el priista Arturo Zamora, afirmó que el jefe del Ejecutivo federal es “respetuoso de las instituciones” y su presencia no pretendía violentar la división de poderes.
Durante la mañana, el senador panista Javier Corral anunció que su bancada no acudiría a la sesión del martes 30 por tratarse de una “cortesanía”, mientras que la senadora del PRD, Dolores Padierna, afirmó que “la ultraderecha intolerante no puede soportar que el PRD ocupe la presidencia de uno de los Poderes de la Unión”.
En rueda de prensa, Corral afirmó que la bancada se fraccionará para asistir a Guerrero en protesta por el asesinato de Braulio Zaragoza Maganda, secretario general panista, ocurrido el fin de semana, y por la desaparición de más de 50 personas en esta entidad.
“Es una estrategia del PAN de tratar de separarse de Peña Nieto, cuando ha estado pegado por el ombligo desde que hicieron las ‘concertacesiones’ con Carlos Salinas de Gortari”, reviró Padierna.
“Lo que nosotros no haremos es ser parte, ser comparsas del homenaje de (Miguel) Barbosa y del PRD a Peña Nieto. No vamos a ser partícipes de la utilización del Senado para agradecerle a Peña que le dio la Mesa Directiva al PRD en el Congreso”, dijo Javier Corral antes de divulgarse que el presidente no acudiría al Senado.

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Fallece el pintor mexicano Luis Nishizawa


29 de septiembre de 2014
Cultura y Espectáculos 

 
MÉXICO, D.F. (apro).- El artista plástico Luis Nishizawa falleció a la edad de 96 años en su casa de Toluca, Estado de México, por causas naturales, informaron las principales instituciones culturales del país.
El pintor, muralista y dibujante dejó de existir esta tarde, dio a conocer por redes sociales y luego mediante un comunicado, el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Rafael Tovar y de Teresa:
“Lamento el fallecimiento del maestro Luis Nishizawa, mi pésame a sus deudos y la comunidad pictórica nacional e internacional”.
La noticia también fue difundida por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y en la página de Facebook del Museo Taller Luis Nishizawa, creado en 1992 en homenaje a su larga trayectoria artística y docente por el gobierno del Estado de México.
La administración mexiquense publicó una fotografía del pintor con un moño negro de luto y escribió: “He planeado mi vida como si fuera a vivir dos mil años y he trabajado como si fuera a morir mañana… Descanse en paz querido maestro”.
Nishizawa nació en 1918 en Cuautitlán, Estado de México. Fue hijo del japonés Kenji Nishizawa y la mexicana Maria de Jesús Flores. En 1941 estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP), donde fue profesor desde 1954, y en el Centro de Artistas Japoneses de Tokio, Japón.
El artista plástico fue discípulo de Julio Castellanos y Alfredo Zalce. Su primera exposición individual la realizó en 1951 en el Salón de la Plástica Mexicana y en 1980 presentó una retrospectiva  de su obra en el Palacio de Bellas Artes.
Su obra se puede apreciar en el mural de cerámica “Un canto a la vida”, ubicado en el edificio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Celaya, Guanajuato. Otra de sus piezas es “El aire es vida” situado en la sede del Centro Médico Nacional, dañado en 1985 a causa del terremoto de ese año en la Ciudad de México y más tarde restaurado por técnicos de Bellas Artes.
En 1988 ejecutó un mural de piedra para el Museo de Arte Moderno del Centro Cultural Mexiquense y otro de cerámica para la biblioteca y un conjunto escultórico de ese mismo recinto.
Según el INBA, su obra formó parte de muestras colectivas exhibidas en los principales recintos del país como el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Arte Carrillo Gil, el Salón de la Plástica Mexicana, entre otros. En el ámbito internacional, su obra se expuso en Argentina, Bélgica, Canadá, Cuba, Estados Unidos, Francia, Haití, Japón, Perú, Reino Unido y Suecia.
Entre sus méritos se encuentra haber recibido el Premio Especial de la II Bienal Interamericana (1960); el Primer Premio del Salón del Paisaje (1961); el Premio UNAM (1982); la condecoración del Tercer Orden del Tesoro Sagrado (1987) de Japón; el Premio Nacional de Ciencias y Artes (1996). En noviembre del año pasado recibió la Medalla Bellas Artes en una ceremonia privada realiza en su domicilio, debido a su delicado estado de salud.
Nishizawa también fue fundador emérito del Sistema Nacional de creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).

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Los elevados costes de la educación en EEUU la convierten en privilegio de ricos



La mayor parte de los estudiantes provenientes de Latinoamérica no tienen oportunidad de estudiar en universidades privadas de EEUU por no poder pagarlas, aunque la Casa Blanca afirma promover medidas para reducir los costes de las matrículas.
Más de 40 millones de jóvenes en EEUU se encuentran endeudados con préstamos estudiantiles, según algunas investigaciones norteamericanas. El coste sigue siendo inalcanzable para muchos. La situación es aún más alarmante cuando se trata de adolescentes provenientes de Latinoamérica.
Un estudiante peruano, Franco Traverso, estudia en una universidad pública del estado de Maryland. Halek Sánchez Aguilar, una panameña de 24 años, se encuentra en el penúltimo curso de Comunicación en la Universidad Pública de Towson, en el mismo estado.
“He de buscar muchas más becas, tratar de hablar con ellos para que me den el dinero… Porque me presenté para George Mason y me aceptaron, pero el problema es que no tenía suficiente dinero para pagarles. Así que decidí no ir porque tener una deuda de 50.000 dólares no me parece bien y por eso es mejor ir a una pública, que cuesta mucho menos y lo puedo asumir, claro, es mucho más fácil que ir a una Universidad de cuatro años”, explica Traverso.
El coste de una universidad pública, en comparación con una privada, es mucho menor. A Traverso, que recibe becas por 4.000 dólares, le toca pagar 12.000 dólares anuales. Para poder finalizar su licenciatura Halek tiene que asumir un coste de casi 15.000 dólares anuales.
Franco gana 80 dólares cada dos semanas por unas horas de trabajo en un centro de empoderamiento para jóvenes latinoamericanos. Sánchez ha tenido dos trabajos simultáneos como mesera y asistente de oficina, realizando jornadas que se extendían hasta las 11 horas diarias.
“Siento que es difícil, pero siento que sí se puede aún, no pierdo la esperanza”, asegura Sánchez. “Hay que quererlo, hay que buscarlo, hay que dedicarse: es un poco más difícil pero uno no se puede dar por vencido, sí se puede”, asegura.
El propio presidente Barack Obama ha afirmado que la educación no tiene precio y, aunque ha promovido medidas para aliviar la carga de los préstamos estudiantiles, de momento el sistema universitario del país parece estar dirigido a la educación de las élites.
RT 

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Cuba condena a 17 empresarios por fraude y evasión fiscal


El Gobierno de Cuba informó este lunes sobre la condena a 3 empresarios canadienses y a 14 cubanos por varios delitos económicos en juicios celebrados el viernes pasado en la capital cubana, La Habana.
Los canadienses Cy Tokmakjian, fundador y presidente de la empresa Tokmakjian, y los directivos de la misma Claudio Franco Vetere y Marco Vinicio Puche Rodríguez han sido condenados por fraude, tráfico de divisas y evasión de impuestos.
El fundador de la empresa fue condenado a 15 años de cárcel, y Vetere y Rodríguez a 12 y 8 años, respectivamente. Los tres fueron detenidos en septiembre de 2011 en La Habana.
En reacción a estas condenas, el miembro del Parlamento de Canadá, Peter Kent, calificó la decisión de la corte cubana de “burla” y exige el retorno de los empresarios canadienses a Canadá.
Anteriormente la empresa Tokmakjian publicó un comunicado donde tachaba de “absurdas” las sentencias de la justicia cubana y acusaba al Gobierno cubano de montar un “espectáculo”.
La empresa Tokmakjian tiene su sede en Ontario, Canadá, y llevaba 22 años haciendo negocios en la industria automotriz de Cuba. También mantiene operaciones en Corea del Sur, América Central y el Caribe.
Entre los 14 cubanos condenados se encuentran altos cargos de los ministerios cubanos del Azúcar, de Turismo y de Industria, como más importantes, Nelson Ricardo Labrada Fernández, viceministro de Azúcar, y Jorge Luis Melo Reyes, exdirector de la Asociación Económica Internacional del Ministerio de Turismo.
HispanTV 

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El Gobierno y la banca española echan cada día a 362 trabajadores de sus casas

Los embargos por el impago de hipoteca aumentaron un 14% en el segundo trimestre
Los desahucios en España aumentaron un 14% en el segundo trimestre con respecto al mismo periodo de 2013, hasta 32.960, lo que supone también un incremento del 8,4% sobre viviendas habituales, hasta 9.611.
Según los datos del estudio publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y atendiendo a las ejecuciones iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad, el número de embargos ascendió entre abril y junio un 1,2% con respecto al trimestre inmediatamente anterior.
Del total de propiedades embargadas, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas aglutinaron el 58,1%, de las cuales un 29,1% eran viviendas habituales de personas físicas, el 20,6% de empresas y el 8,4% restante otro tipo de viviendas de particulares. Mientras, los embargos de propiedades como locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos supusieron el 31,9% del total.
El INE destaca que, tomando como referencia las viviendas familiares (18.331.400) existentes en España en el segundo trimestre de 2014, el 0,052% iniciaron una ejecución hipotecaria en el periodo de referencia.
Asimismo, según el estado de las viviendas, el 14,3% de las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el segundo trimestre del año fueron nuevas, un 25% menos que el año anterior, y el 85,7% usadas, un 15,5% más.
Según los datos estadísticos publicados, en todo el Estado español se están produciendo actualmente de media 362 desalojos al día.
EFE 

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lunes, 29 de septiembre de 2014

Tribunal Permanente de los Pueblos 2014-09-29

En Construcción 2014-09-29

Invitación a la MARCHA del 2 de Octubre


EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL ESTÁ DESMANTELADO

A 54 Años...la Desnacionalización
* Denunciar y Castigar a los "Ladrones" que Despojasen al Pueblo de sus Bienes Eléctricos Pidió López Mateos en su Momento
 
y Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas

 
A 54 años de la nacionalización de la industria eléctrica por el presidente Adolfo Lopez Mateos, el 27 de septiembre de 1960, los actuales gobiernos neoliberales se empeñan en devolver esa riqueza nacional a las transnacionales.
Hace 54 años el sector eléctrico era manejado en varios estados del centro del país por empresas extranjeras como la Mexican Ligh and Power Company...la histórica decisión del mandatario permitió al país tomar el control del sector electrico afianzando la soberanía nacional y su desarrollo económico.
El transcendente acto se completo con un singular mensaje a la nación y un evento multitudinario donde el pueblo de México apoyó a su presidente... Hace más de medio siglo se daba el despertar de un México cansado de las adversas experiencias históricas heredadas por las desmedidas concesiones otorgadas por el dictador Porfirio Días (antes de 1910) y que frenaron por décadas el desarrollo del país.
Desde el balcón del palació nacional el licenciado Adolfo López Mateos dijo en aquel entonces a la nación "al tomar posesión la nación mexicana de la Compañía de Luz se consuma un largo esfuerzo desarrollado por el pueblo de México, para tener en sus manos la energía eléctrica, que se produce con manos de mexicanos...es una meta alcanzada por el pueblo en el camino de la Revolución...ahora invitamos al pueblo de México a que en posesión de su energía eléctrica acreciente su industrialización para llevar a los hogares de todos los beneficios de la energía eléctricia y su industrialización...para que todos sus beneficios sean para el pueblo".
López Mateos hizo un llamado a castigar a quienes faltaren a la lealtad y honestidad que requiere la nacionalización del sector eléctrico e invitó a todos los trabajadores electricistas a vigilar con patriotismo, que la industria eléctrica se manejase en beneficio del pueblo.
A 54 años de la nacionalización de la industria eléctrica podemos decir que se consolidó un sector robusto para el desarrollo de la nación, sin embargo en fechas recientes la clase política gobernante ha hecho una serie de reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución para eliminar al petróleo y la electricidad como áreas estratégica, exclusivas del Estado para su explotación, para privatizarlos.
Las consecuencias, entre otras son el desesmpleo de 41 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, con su ilegal extinción. Y de miles de trabajadores petroleros y electricistas de la Comisión Federal de Electricidad. Se calcula que de PEMEX serán despedidos 60 mil y de CFE una cifra similar.
Esa entrega del sector eléctrica sólamente buscan contratar mano de obra barata. Un ejemplo de ello es una empresa española que opera un parque de generación eléctrica solar en Baja California Norte, que llegó con todo su personal contratado en España.
Hasta los ingenieros y técnicos egresados del Instituto Polítécnico Nacional (IPN), están quedando en el desempleo, cuando antes encontraban su ocupación en el sector eléctrico nacional.
Para conocer las consecuencias de la desnacionalización de la industria eléctrica se analizará el manejo del agua, el derecho a la electricidad y la vida en foros que organizará el Sindicato Mexicano de Electricistas. 

Los pasivos de Luz y Fuerza

Revista SIEMPRE! 
Sección:Articulistas Fecha:27 septiembre, 2014

Reforma inconclusa
Martín Esparza Flores
 MArtin-Esparza
El tema de los billonarios pasivos laborales de Pemex y CFE, que de acuerdo con lo establecido en las leyes secundarias serán asumidos por el gobierno federal para transformarlos en deuda pública, son parte de una historia contada a medias al pueblo de México donde aún faltan por contabilizar los casi 350 mil millones de pesos que representan los compromisos laborales incumplidos con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), aun antes de la ilegal liquidación de Luz y Fuerza del Centro, en octubre de 2009.
Si se quiere sanear financieramente el sector energético y las ahora empresas productivas del Estado, como plantearon los legisladores en el Congreso, deben asumirse de manera uniforme todos los pendientes laborales aún por zanjar, siendo obligación de la Secretaría de Hacienda reconocer tales rezagos.
Hasta el momento, ni los funcionarios del sector ni los diputados y senadores que aprobaron la reforma energética han dilucidado el origen y naturaleza de tales pasivos.
Se han guardado bien de desmenuzar los inflados pasivos donde, tramposamente, insertaron las millonarias jubilaciones de los altos funcionarios, engañando a la nación con cantidades que no corresponden a la realidad de las pensiones de los trabajadores sindicalizados de tal modo que, por ejemplo, mientras los datos de la Auditoría Superior de la Federación indican que el pago de las pensiones de los jubilados de Pemex asciende a 22 mil 517 pesos anuales, los legisladores en el Congreso elevaron tal cantidad a 53 mil millones de pesos; en el caso de CFE la situación es similar, pues mientras el organismo auditor ha establecido que tal concepto representa una erogación de 13 mil 827 millones, en el proyecto de “rescate” se pidieron 35 mil millones de pesos.
Tal desproporción obedece a que los impulsores de la reforma se cuidaron de garantizar los excesivos privilegios que desde hace décadas vienen usufructuando los altos funcionarios de las exparaestatales, los cuales fueron salvaguardados en el contenido de las leyes secundarias.
El monto de los Pidiregas tampoco puede seguir ocultándose, sobre todo si se considera que, por este rubro, la CFE contrajo deudas del orden superior a los 700 mil millones de pesos y en el caso de Pemex superan la cifra de 1.2 billones de pesos.
Es imprescindible explicar al pueblo de México que los pasivos laborales no son deuda ni responsabilidad de los trabajadores, sino obligaciones no saldadas del gobierno, en su función de patrón, derivadas de un contrato colectivo de trabajo.
Es éste el fundamento por el cual el SME ha demandado al gobierno ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que pague y asuma todas las obligaciones derivadas de nuestro contrato colectivo de trabajo, que son estos pasivos laborales y que suman, en promedio, 350 mil millones de pesos, los cuales pueden ser sufragados con el valor de los activos de Luz y Fuerza del Centro, en liquidación. 

Las leyes de la “contrarreforma”: Grupo México, el mal ejemplo a seguir

CONTRALÍNEA 
 
28. septiembre, 2014 Opinión Comenta

/Cuarta parte

El peor desastre ambiental en la historia de la minería en México está a la vista de todos como palpable ejemplo del gigantesco riesgo ecológico que está por venir con la entrada en vigor de la reforma energética en el país. Chevron, Shell, Iberdrola y otras tantas trasnacionales que se enlistan ya para saquear el territorio nacional, compiten con el consorcio de Germán Larrea en el recuento de los daños ecológicos dejados, cual tétrica estela, en los países donde han asentado sus depredadores proyectos energéticos.
Lo acontecido el pasado 6 de agosto en la mina Buenavista, en Cananea, Sonora, donde se derramaron al cauce de los ríos Bacanuchi y Sonora 40 mil litros de sustancias tóxicas, es un crimen de lesa humanidad originado por la acostumbrada irresponsabilidad e impunidad con que opera Grupo México, monopolio que desde hace muchos años goza del más absoluto solapamiento por parte de las autoridades nacionales.
Sin embargo, ahora su homicida acción no quedó sepultada en los fríos socavones de una mina como sucedió en febrero del 2006 en que por falta de medidas de seguridad en Pasta de Conchos, Coahuila, perdieron la vida 65 mineros. La avaricia de Larrea por no invertir en equipos que garantizaran la seguridad de los obreros, condujo a un crimen industrial por el que el voraz empresario sigue teniendo cuentas pendientes con la justicia.
Ese desmedido afán de lucro fue el que le hizo no atender los lineamientos que en materia de seguridad ambiental imponen las leyes en la materia. Como lo constataron tanto diputados federales como los propios descuidados funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la empresa no construyó las tres piletas de recuperación establecidas como requisito indispensable para el funcionamiento de la de lixiviación del cobre (proceso de limpieza del metal). La planta funcionaba sólo con una, lo que hizo imposible que al suceder el percance se evitara que el derrame de las sustancias tóxicas fuera a parar al lecho de los ríos, de los que no únicamente obtienen agua potable siete municipios y más de 25 mil habitantes de la región, sino la propia ciudad de Hermosillo.
Ya no fueron 65 familias de mineros las que decidieron alzar la voz sino toda una región de un estado que ahora paga las consecuencias sociales de un empresario que ha llegado a tales extremos de cinismo que, en una primera instancia, quiso deslindarse del agudo problema mediante la publicación de desplegados y la emisión de falsos comunicados donde intentó culpar de su criminal acción lo mismo a las “lluvias atípicas” –que nunca se registraron–, como a una empresa contratista que, a su decir, colocó mal un tubo que propició la fuga.
Para Larrea, empero, las cosas no han resultado tan sencillas como esperaba y la multa de 40 millones de pesos –quitarle un pelo a un gato–, que en un principio se dijo sería el pago pecuniario a su falta, se la llevó la corriente de las contaminadas aguas de los ríos Sonora y Bacanuchi, que a su paso han terminado por sacar a flote, además de la bajeza moral con que actúa el empresario, toda una serie de situaciones irregulares en la torcida política local de aquella entidad, al grado de terminar enfrentando a la administración del panista Guillermo Padrés con el gobierno federal, a través de los delegados de dependencias como la Comisión Nacional del Agua, la Profepa y la Semarnat, que ante la férrea defensa que el gobernador asumió de Grupo México, y las acusaciones vertidas en su contra, se vieron orillados a denunciar la existencia de una ilegal represa que el mandatario construyó en su rancho Pozo Nuevo, en Ramos Arizpe, con capacidad para 10 millones de metros cúbicos. Así de pequeña, como los privilegios ilícitos del corifeo de Larrea.
Al paso de los días es innegable que desde un principio, además de tener como aliado al gobernador sonorense, Larrea ha contado con la complicidad del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, al parecer, más preocupado en no dañar sus alianzas políticas en la confección de su candidatura al gobierno de Nuevo León, que en velar por los intereses de los habitantes afectados en los márgenes del Río Sonora.
Todavía no se conocía a bien las dimensiones del colosal desastre y el funcionario ya daba por sentado que no se revocaría la concesión a Grupo México. Conforme las graves consecuencias fueron surgiendo, hábilmente Guajardo dejó que las diversas instancias montaran la parafernalia de investigar a la subsidiaria del monopolio minero, e incluso clausuraran algunas de sus áreas de trabajo, pero no la planta.
El secretario de Economía ha insistido, al igual que el gobernador Padrés, en que el consorcio es una fuente de generación de empleos y, que de dársele una segunda oportunidad y de permitírsele aumentar su producción –no hay que olvidar que la veta que explota la minera Buenavista es una de las más grandes del mundo–, podría generar más de 10 mil empleos. La misma tesis que han esgrimido los panegiristas de la reforma energética para consentir que en las leyes secundarias se otorguen todo tipo de laxitudes a las trasnacionales.
Sin embargo, la realidad social es muy distinta, como lo mostró el actual desastre ecológico. Hace 5 años fueron despedidos 1 mil 800 mineros por haberse opuesto a trabajar en condiciones inseguras e insalubres, denunciando la existencia de irregularidades similares a las que provocaron la tragedia de Pasta de Conchos. El entonces secretario del Trabajo y Previsión Social –hoy servil senador a las órdenes de Televisa– Javier Lozano Alarcón declaró inexistente su movimiento de huelga y consintió la presencia de un sindicato blanco, que sumisamente aceptó pactar con Larrea un contrato colectivo donde no se incluye la prestación del seguro social a los trabajadores. Tal situación brincó a la palestra de las calamidades cuando muchos de los habitantes presentaron problemas de salud a raíz de la contaminación de los afluentes de los ríos. Hasta entonces, y en medio de la vorágine, funcionarios y diputados se dieron cuenta de que los mineros y sus familias no cuentan con servicio médico. Así de bondadoso es Germán Larrea, que ahora se ha apuntado para adquirir una de las dos cadenas nacionales de televisión abierta.
¿Es este tipo de empleos los que engrandecen a Sonora, de acuerdo con el convenenciero cristal con que miran el delicado asunto el secretario de Economía y el gobernador Padrés? ¿Es Larrea el tipo de empresario que requiere el país para salir adelante?
A 1 mes y medio de ocurrido el incidente, las posiciones han terminado por polarizarse y politizarse, pues mientras los diputados de todos los partidos, exceptuando algunos panistas, solicitan al gobierno federal “una sanción ejemplar, tanto penal como administrativa en contra de la empresa minera Grupo México”, el secretario de Economía insiste en que Larrea pague los daños y perjuicios ocasionados a los habitantes de esa región de Sonora y que se estiman en alrededor de 2 mil millones de pesos, por supuesto, de acuerdo con el funcionario, sin tocar en lo absoluto la concesión del depredador consorcio.
La suma, aunque es muy superior a los 40 millones de la multa inicial, representa apenas un pequeño a rasguño a las estratosféricas ganancias que obtiene anualmente el monopolio y que rondan los 2 mil millones de dólares, unos 25 mil millones de pesos. La cuestión de fondo es que si la actual administración no aplica realmente un castigo ejemplar a Larrea, estará dando luz verde para que las trasnacionales cometan desastres iguales o peores, conscientes de que aportando una mínima parte de sus cuantiosos recursos, se librarán de todo problema.
No está de más apuntar que aún es tiempo de que los legisladores revisen a fondo las leyes secundarias que aprobaron sin analizar a detalle en su contenido. Como ejemplo están los cambios realizados a la Ley de Aguas Nacionales, que otorgan desmedidos privilegios a las trasnacionales petroleras y gaseras, sobre todo para el uso indiscriminado del vital líquido en el sistema de extracción conocido como fracking (fractura hidráulica).
La conclusión final de este inédito desastre ambiental no admite dobleces oficiales ni políticos: si no se retira la concesión a Grupo México, las señales que funcionarios como Ildefonso Guajardo estarán enviando a todo el país y al mundo apuntarán nuevamente a fortalecer una palabra que hiere no sólo la conciencia nacional sino a la propia economía: impunidad.
Martín Esparza Flores*/Cuarta parte

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas