martes, 1 de abril de 2014

AVISO URGENTE respecto a la Actividad del 3 de Abril

A toda la resistencia.

Se les informa que la actividad programada para el día 3 de abril en el SAE, queda suspendida y será reprogramada para el mes de mayo.



José Humberto Montes de Oca Luna
Secretario del Exterior.
Sindicato Mexicano de Electricistas

Inicia curso de Informática Básica en el SME

La Luz del Derecho 2014-03-31

Labriegos toman oficinas de CFE y casetas en Chihuahua

Foto
Productores afiliados a diversas organizaciones ocuparon ayer oficinas de la CFE en al menos 11 municipios de Chihuahua, en protesta porque la paraestatal continúa con los embargos a deudores que tienen pozos agrícolasFoto Miroslava Breach
Miroslava Breach y Rubén Villalpando
Corresponsales
Periódico La Jornada
Martes 1º de abril de 2014, p. 25
Campesinos afiliados a diversas organizaciones tomaron ayer las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 11 municipios de Chihuahua, así como casetas de peaje en las carreteras Galeana-Nuevo Casas Grandes y Jiménez-Chihuahua, en protesta porque la paraestatal no ha suspendido los embargos a deudores que tienen pozos agrícolas, y por el retraso en la entrega de apoyos para el ciclo agrícola primavera-verano, ya iniciado.
Los labriegos, integrantes de El Barzón, el Frente Democrático Campesino y la Unión Democrática Campesina, ocuparon las oficinas de la CFE en Chihuahua, Cuauhtémoc, Buenaventura, Nuevo Casas Grandes, Namiquipa, Jiménez, Camargo, Delicias, Villa Ahumada, Juárez y Ascensión. En estas protestas también participaron comunidades menonitas, que no abrieron sus negocios.
Los agricultores exigieron a la CFE suspender los embargos contra productores que no cumplieron los convenios para cubrir adeudos y reiteraron su demanda de que disminuya la tarifa de electricidad para pozos de riego.
Los inconformes se apoderaron por unas horas de la caseta ubicada en la carretera Panamericana, en Ciudad Jiménez, en el sur del estado, y de la situada en la carretera Galeana-Nuevo Casas Grandes, en el noroeste. En ambas dejaron pasar a los conductores sin pagar.
En Ciudad Cuauhtémoc, además de ocupar oficinas de la CFE, los productores bloquearon las entrada a una sucursal de Banamex, institución con la que tienen problemas de cartera vencida. También protestaron en la oficina de la CFE en el poblado Sotomaynes, municipio de Namiquipa, donde exigieron que se limpie su historial ante el Buró de Crédito, pues no pueden ser beneficiarios de programas oficiales.
En la capital del estado, Martín Solís, dirigente de El Barzón, informó que las protestas de ayer fueron el inicio de movilizaciones nacionales ante la falta de respuesta del gobierno federal a los problemas del campo.
Consideró que su organización ha tenido buena comunicación con el gobierno estatal, pero instancias federales como la CFE y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) no cumplen los acuerdos, por lo que realizarán protestas escalonadas.
Otra exigencia de los productores fue restablecer el subsidio de dos pesos al precio del diésel para uso agrícola (cancelado en el presupuesto federal 2014), lo que ha afectado gravemente el arranque del ciclo agrícola en Chihuahua.
Heraclio Rodríguez, también dirigente barzonista, consideró que el gobierno federal discrimina al estado, pues aprobó más de mil millones de pesos para solucionar el desabasto de agua en Sinaloa, mientras al campo de Chihuahua le asignó apenas 100 millones.
Asimismo consideró que no se han destinado suficientes recursos federales para contrarrestar el hambre en el país.

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Aprueban senadores ruta “fast track” para ley de telecomunicaciones

PROCESO 


31 de marzo de 2014
Destacado
Gamboa y Corral en el Senado. Foto: Germán Canseco
Gamboa y Corral en el Senado.
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- La aplanadora de votos del PRI, del PAN y algunos del PRD para aprobar de manera fast track la iniciativa de telecomunicaciones del Ejecutivo federal comenzó en el Senado.
En la reunión de comisiones unidas, este lunes se aprobó por 11 votos a favor, dos en contra y sólo una abstención, la lista de 51 invitados para participar en los foros de consulta. De éstos, 29 son empresas y concesionarios y se excluyen a los propios comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
“Constituye un proceso de simulación y ya existe un acuerdo previo”, denunció el senador Javier Corral, del PAN, quien votó en contra del calendario presentado por su correligionario, Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones, por la perredista Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, y por la priista Graciela Ortiz, de la Comisión de Estudios Legislativos.
Las defecciones y la presunta “compra” de votos o de ausencias se comenzó a ver en esta primera reunión de los integrantes de las comisiones unidas. El senador del PT, Marco Antonio Blázquez, a pesar de ser secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, no asistió ni votó en contra, aun cuando su coordinador Manuel Bartlett ha expresado su oposición a esta iniciativa de ley.
Los dos únicos votos en contra del calendario fueron de los panistas Javier Corral y Marcela Torres Peimbert. Incluso, perredistas como Zoé Robledo o Iris Vianey Mendoza y la propia Alejandra Barrales facilitaron este proceso fast track.
Irónico, Corral criticó que en 10 días se pretendan escuchar a 51 invitados, analizar la iniciativa y aprobarla antes del 25 de abril. “El problema es la dinámica de saturación que traemos en el Senado de la República”, advirtió y criticó “el apego brutal a la Semana Santa” que algunos legisladores tienen para ir, incluso, a trabajar en este periodo.
“Allá quienes se dejen presionar bajo el cronómetro de Peña Nieto”, sentenció el legislador del PAN, identificado como el más crítico de esta iniciativa a la que ha calificado como “la segunda temporada de la Ley Televisa”.
La única discusión que dieron los priistas fue cuando la senadora del PAN, Marcela Torres Peimbert, propuso que si no van a estar los comisionados del IFT en las comparecencias, que se invite a comparecer al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien va a asumir muchas funciones.
Molesto, el senador del PRI, Omar Fayad, afirmó que “no nos menosprecien” a los legisladores del tricolor que “aquí estamos para defender la iniciativa del señor presidente”.
“Aquí vamos a estar para el entre que quieran”, dijo retador el senador de origen hidalguense.
Javier Lozano, quien condujo la sesión de comisiones unidas, perdió los estribos cuando el senador del PRD, Fidel Demédicis, le echó en cara que la lista de invitados excluyera a otras personalidades. Demédicis e Iris Vianey defendieron la posibilidad de invitar a Pablo Gómez.
“Respéteme”, le increpó Demédicis a Lozano cuando éste lo interrumpió para dar pie a la votación de la lista. El senador panista, uno de los redactores de la iniciativa del Ejecutivo federal, le reviró: “no hay veto a nadie. Nadie impide que el PRD invite a Pablo Gómez a hablar en su fracción”.
“Para eso no necesitamos permiso”, le respondió la senadora Iris Vianey Mendoza, de Michoacán, quien recién se reincorporó a sus actividades después de pedir licencia un tiempo por las acusaciones de presuntos vínculos con los Templarios.
Los “Invitados”
En la lista de quienes van a participar están concesionarios como Televisa, TV Azteca, MVS Radio, América Móvil, Telefonía Movistar, Axtel, Nextel, Iusacell, Grupo Fórmula, Núcleo Radio Mil, Grupo ACIR, Multimedios, Grupo Imagen, así como las cámaras empresariales CIRT, Canitec, Canieti, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones.
También invitarán a la OCDE, a la Asociación Mexicana de Internet, al CIDE, a la AMEDI, a la UNAM, al IDET, a la Asociación de Productores Independientes, a la Sociedad Mexicana de Autores y Compositores, a la Red de Televisoras Públicas, a Signals Consulting, a la North American Broadcasting Association, a la Universidad Anáhuac, al ITESM, a la Red de Televisoras Públicas, a la Comexmi, etc.
Corral propuso que también se incluyeran en esta lista a los dos relatores de derechos humanos de la ONU en materia de libertad de expresión, a la Red de Defensa de la Libertad de Internet, a otros especialistas que no estuvieran tan vinculados a los concesionarios.
La priista Sandra Merodio fue la única de su bancada que participó para solicitar integrar a esta lista a representantes de los canales 44 y 66 de Ciudad Juárez y De Mexicali.
En los foros no estarán empresas y agrupaciones que han expresado que pueden ser afectadas por la ley tan sesgada a favor del dominio de Televisa en televisión restringida como son PCTV o la Asociación de Telecomunicaciones Independiente Mexicana (ATIM), que agrupa a pequeños cableros.
Lozano explicó que los comisionados de IFT enviarán “un documento único” de los siete para expresar su posición. Desde la mañana, trascendió que el panista Lozano había bloqueado la posible participación de los comisionados del órgano regulador.

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Carso, Inbursa y Televisa interponen amparos contra declaratoria del Ifetel

Miriam Posada García
 
Periódico La Jornada
Martes 1º de abril de 2014, p. 20 


Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa anunciaron que interpusieron un juicio de amparo contra la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), que los declara agentes económicos preponderantes, junto con Teléfonos de México (Telmex) y América Móvil, como grupo de interés económico.
Las empresas de Carlos Slim explicaron al mercado de valores que no son agentes económicos preponderantes en telecomunicaciones porque no cuentan con el requisito esencial para ello, que es tener una concesión en dicha materia, según estipula el tercer párrafo del artículo cuarto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciónes.
Señalaron por separado que cada una es sociedad anónima bursátil, de conformidad con la normativa aplicable a dicha clase de entidades, dentro de la cual se especifican, y son públicos, los sectores y actividades en los cuales se desarrolla. Destacaron que Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa están impedidos de realizar actividades propias de entidades concesionadas en materia de telecomunicaciones, por lo que las medidas que el Ifetel les impuso en su resolución se consideran de imposible ejecución, por lo expuesto en los dos primeros argumentos.
Control de un grupo
El Ifetel adujo la relación familiar y de negocios de casi todos los miembros de la familia Slim; en la declaratoria de preponderancia puntualiza que Carlos Slim Domit es copresidente del consejo de administración de América Móvil y presidente del consejo de administracion de Telmex, de Carso y de Inbursa.
Patrick Slim Domit es copresidente del consejo de administración de América Móvil, consejero de administración de Carso y vicepresidente del consejo de Inbursa.
Daniel Hajj Aboumrad, yerno de Carlos Slim y cuñado de los señores Patrick y Carlos Slim Domit, es director general de América Móvil, consejero de administración de Carso y de Telmex. Arturo Elías Ayub, yerno del señor Carlos Slim, es director de alianzas estratégicas, comunicaciones y relaciones institucionales de Telmex, y consejero de administración de Carso.
Marco Antonio Slim Domit es presidente y director de Inbursa. Y Héctor Slim Seade, sobrino del señor Carlos Slim, fue identificado sólo como consejero de administración de Inbursa y no como director de Telmex.
En la declaratoria de preponderancia el Ifetel señala que el control de un grupo de interés económico puede darse de facto mediante el poder real que en este caso ejerce la familia Slim.
Según los reportes financieros de 2012 de América Móvil, Carso e Inbursa, y de los de participación accionaria presentados a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, en América Móvil Carlos Slim Helú y sus hijos e hijas tienen participación de 46.5 por ciento a través del fideicomiso familiar; además, Inmobiliara Carso tiene 5.9 por ciento.
En Grupo Carso, puntualizó el Ifetel, Carlos Slim Domit, Patrick Slim Domit y Marco Antonio Slim Domit tienen 10 por ciento de capital social cada uno; Carlos Slim Helú, María Soumaya, Vanessa y Johanna Slim Domit tienen más de 10 pr ciento de capital social cada uno, y en conjunto tienen 79.61 por ciento.
En Grupo Inbursa los siete miembros de la familia Slim son los principales accionistas con 55.87 por ciento; cuatro integrantes de la familia en lo individual son propietarios de una participación de 5 por ciento de las acciones en circulación, detalló el Ifetel.
El Ifetel destacó que las personas que forman parte del grupo de interés económico, como son los miembros de la familia Slim, no están sujetos a la regulación, pero sí lo están las empresas en las que participan, y entre ellas están Grupo Carso y Grupo Inbursa.
También basado en el reporte financiero de América Móvil de 2012, el Ifetel sustanció su declaratoria de preponderancia al tomar un párrafo en el que la principal empresa de telecomunicaciones de Carlos Slim señala que participa con varias subsidiarias de Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa.
Las susbsidiarias de la compañías adquieren materiales o servicios de varias empresas que, de conformidad con los reportes de participación accionaria presentados ante la SEC, se encuentran bajo el control de las mismas personas que ejercen el de la compañía, incluyendo Grupo Carso, Grupo Financiero Inbursa y sus respectivas empresas subsidiarias. Los servicios incluyen servicios bancarios y de seguros proporcionados por Grupo Financiero Inbursa.
Fallos se basan en investigaciones sólidas y no procede la suspensión, dice el titular
Miriam Posada García
El presidente del Ifetel, Gabriel Contreras, dijo que la iniciativa de legislación secundaria sobre telecomunicaciones y competencia no quita facultades a ese órgano regulador, pero enviará al Congreso un documento con argumentación técnica sobre lo que los comisionados consideran que debe contener la ley convergente. Señaló que no ha sido notificado del amparo promovido por Carso e Inbursa. También ayer se conoció que Televisa pidió amparo contra la actuación del Ifetel.
Contreras destacó que hasta ayer por la tarde el Ifetel no había sido notificado del amparo contra la resolución por preponedrancia que interpusieron Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa, y enfatizó que las resoluciones del Ifetel se basan en investigaciones sólidas y no son susceptibles de suspensión, aunque cualquier agente económico tiene derecho a acudir a tribunales.
Por separado, el magistrado presidente del primer tribunal especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, Jean Claude Tron Petit, informó que Televisa ya interpuso un amparo en contra de la declaratoria de preponderancia del Ifetel.
Dijo que no conoce los términos en que la televisora presentó el amparo pero sí fue informado de que ingresó el recurso. La declaratoria de preponderancia del Ifetel obliga a Televisa a compartir su infraestructura, regula sus contenidos y la obliga a cumplir con la entrega de su señal de televisión abierta a los concesionarios que no sean preponderantes.
Tras participar en la presentación del Observatorio de Sentencias”, en el que trabajarán de modo coordinado magistrados y especialistas en competencia económica y telecomunicaciones, entre otros sectores convocados por Observatel, Contreras descartó que los grupos Carso e Inbursa puedan salir de la declaratoria de preponderancia, pues la ley instruyó al Ifetel a identificar agentes que formen parte de un grupo económico de interés, y la situación de esos dos actores se documentó en detalle.
Tarifas asimétricas
Señaló que las tarifas de interconexión que se impusieron a Telmex y a Telcel el viernes pasado y que ayer dieron a conocer las empresas se estimaron conforme a las facultades que la ley confiere al instituto, por lo que no hay discrepancia con los que plantea la iniciativa de legislación secundaria del Ejecutivo. Puntualizó que se trata de tarifas asimétricas porque Telmex y Telcel, como preponderantes deben cobrar menos que el resto de los concesionarios.
Contreras dijo que la tarifa de interconexión impuesta a Telmex y Telcel bajó de 32 centavos por minuto a 20 centavos para el proceso el que llama paga. Las tarifas de interconexión sólo se aplican entre operadores, no a usuarios finales.
En un comunicado el Ifetel detalló que el 26 de marzo determinó las tarifas de interconexión asimétricas que impuso a Telmex y a Telcel y estarán vigentes del 6 de abril al 31 de diciembre de 2014. Señaló que en el modelo de costos fijo aplicable a Telmex y Teléfonos del Noreste se considera el concepto de jerarquía de red y se calculan los costos para cada escenario de interconexión en los que se origine o termine el tráfico, así como para el servicio de tránsito.

Fuente

Acuerdo PRD-AN en San Lázaro en defensa de las telecomunicaciones


Enrique Méndez y Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Martes 1º de abril de 2014, p. 3 

El PRD en la Cámara de Diputados informó que tiene un acuerdo con el PAN para defender que en el marco legal no se dé un paso atrás a lo dispuesto en la Constitución en materia de telecomunicaciones. ‘‘Tenemos acuerdos sólidos y amplios en lo que nos unifica’’, expresó el vicecoordinador perredista, Miguel Alonso Raya.
A su vez, el coordinador del blanquiazul en San Lázaro, Luis Villarreal, presentó una posición distinta a la de la semana pasada, y afirmó que existe una postura única del Comité Ejecutivo Nacional, así como de las bancadas en las cámaras de Senadores y en la de Diputados para que la ley reglamentaria –que se encuentra a discusión entre los senadores– se sujete ‘‘al espíritu de la reforma’’. Aseguró además que lo ya aprobado por el Congreso en la materia ‘‘no puede, bajo ninguna circunstancia, descafeinarse. No habrá marcha atrás’’.
En tanto, en el Senado, el panista Javier Corral informó que el próximo 11 de abril, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, se buscará construir un movimiento plural en favor de que la legislación reglamentaria en materia de telecomunicaciones responda a lo que se estableció en la reforma constitucional. Dijo que se invitará a un conjunto de actores civiles y académicos para explicarles los contenidos de la reforma.
Particularmente, subrayó Corral, se buscará hacerles notar las consecuencias de que se apruebe la iniciativa que ya se conoce como ‘‘Peña Nieto-Televisa’’, ya que ésta es ‘‘regresiva’’.
Sin lugar a dudas, subrayó el legislador chihuahuense, ‘‘hemos coincidido en que de aprobarse esa legislación se afecta el ejercicio de derechos fundamentales, la competencia entre las empresas, y lo que está de por medio son la libertad de expresión, la de información y las nuevas tecnologías, así como el acceso a contenidos’’.
Por otro lado, mediante un comunicado, la presidenta interina del Partido Acción Nacional, Cecilia Romero, dijo que su partido no permitirá que el PRI pretenda minimizar las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, la energética y la político-electoral, al aprobar leyes secundarias que no respondan a las circunstancias por las que atraviesa México.
Reiteró que nada bueno saldrá de las reformas estructurales si éstas pretenden aniquilarse en los hechos. ‘‘El gobierno federal y el PRI tienen la intención de quitarle los dientes a las reformas, pero Acción Nacional está más que puesto para impedirlo’’, aseguró la dirigente.
En San Lázaro, Villarreal sostuvo que no habrá marcha atrás. ‘‘Vamos a trabajar juntos, el CEN y los legisladores para que sea una posición, no de un solo grupo o exclusivamente de los senadores o de los diputados, sino de todos los integrantes de las bancadas y de Acción Nacional’’.
Insistió en que la dirigencia panista y los grupos parlamentarios analizarán ‘‘con profundidad, calma y seriedad’’, el proyecto presidencial, pero con el objetivo de lograr ‘‘un cambio profundo y estructural en la materia’’.
Asimismo, el perredista Miguel Alonso Raya consideró que sería una total incongruencia aprobar leyes que no se apeguen correctamente a los cambios constitucionales, como intenta el Ejecutivo con su iniciativa.
‘‘Ante la falta de resultados de su gobierno es evidente que con el contenido de sus iniciativas en materia de telecomunicaciones el presidente Enrique Peña Nieto cede a las presiones de los poderes fácticos, que pretenden mantener a salvo sus privilegios.
‘‘La reforma fue la expresión de un gran acuerdo de las fuerzas políticas para acotar a los poderes fácticos y ponerle límites a su control en el sector de las telecomunicaciones”, definió.

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Exige CNTE en Bucareli restaurar el diálogo

Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Martes 1º de abril de 2014, p. 14 

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron ayer en la Secretaría de Gobernación para demandar a las autoridades federales la reinstalación de las mesas de negociación. Los profesores di­sidentes, que mantienen un plantón en el Monumento a la Revolución desde septiembre pasado en rechazo a la reforma educativa, repudiaron la armonización de las leyes estatales con esa reforma constitucional, así como a la centralización de la nómina, que ahora dependerá del gobierno federal. 

Por negligencia, la muerte de dos mineros en Coahuila, denuncian

Jesús Aranda
 
Periódico La Jornada
Martes 1º de abril de 2014, p. 9 

La muerte de dos mineros en la región carbonífera de Coahuila, el jueves pasado, no puede calificarse de accidente de trabajo, sino que fue producto de la negligencia de la empresa y de las autoridades laborales, sostuvo la organización Familia Pasta de Conchos.
Señaló que el deceso de Leonardo Francisco Vargas García y Misael Amaya Ibarra, de 19 y 20 años de edad, se debió que cayeron al fondo de un pocito cuando se rompió el desgastado cable del malacate por el que descendían a una profundidad de 85 metros.
La organización denunció que los jóvenes no fallecieron a causa de su labor, sino que fueron víctimas de un riesgo que no fue atendido a tiempo por la empresa y por la Secretaria de Economía, que permitió que Refacciones y Materiales de Sabinas SA de CV continuara extrayendo carbón violando las normas de seguridad e higiene, gracias a una prórroga de cinco meses.
Lo anterior, a pesar de que la autoridad federal tenía conocimiento de que la mina operaba sin cumplir con las condiciones de seguridad que ordena la ley.

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Investigan a Horcasitas por gasto sin justificar de 489 mdp en Línea 12

Enrique Horcasitas Manjarrez, titular del proyecto de la Línea 12. Foto: David Deolarte
Enrique Horcasitas Manjarrez, titular del proyecto de la Línea 12.
Foto: David Deolarte


MÉXICO, D.F. (apro).- El exdirector del Proyecto Metro del Distrito Federal (PMDF), Enrique Horcasitas, es investigado por el gasto injustificado de 489 millones 422 mil 377 pesos en la construcción de la Línea 12, hecho que denunció la Secretaría de la Función Pública (SFP) este lunes.
El contralor general capitalino Hiram Almeida informó que Horcasitas Manjarrez –cesado el miércoles 19– es investigado “junto con otros servidores públicos que están sujetos al establecimiento e instauración de procedimientos administrativos de responsabilidad, y en su conjunto todo el análisis y los resultados pueden ser susceptibles de la investigación”.
El exdirector del PMDF, agregó Almeida, ha sido citado a declarar dos veces –una lo hizo por escrito– ante la Contraloría capitalina dentro de la investigación que ésta desarrolla.
Y es que, en medio del deslinde de responsabilidades por las irregularidades técnicas detectadas en la Línea Dorada, el gobierno de Enrique Peña Nieto metió hoy la mano al anunciar que tratará de recuperar casi 500 millones de pesos de los 14 mil millones que la Federación aportó para construir la polémica obra inaugurada por Marcelo Ebrard en octubre de 2012.
En conferencia de prensa, el encargado de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Julián Olivas Ugalde, informó que, de acuerdo con auditorías a fondos federales del Fideicomiso a la Infraestructura en los Estados, del Convenio de Reafirmación de Recursos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Fondo Metropolitano, correspondientes a los años 2008 y 2011, el GDF no pudo comprobar gastos por 489 millones 422 mil pesos, por lo que deberá reintegrarlos a la Federación.
El funcionario federal precisó también que en la administración pasada se destinaron 14 mil 361 millones de pesos para la construcción de la Línea 12 y no 2 mil millones como el GDF informó originalmente.
De las revisiones practicadas a esos recursos, abundó Olivas Ugalde, se desprendieron observaciones sobre procesos de contratación y construcción de la Línea Dorada en las que se detectaron recursos que no fueron justificados ni formalizados mediante contratos.
“A pesar de esta revisión exhaustiva que llevamos a cabo, no se pudo justificar el pago que realizó con recursos del Fondo Metropolitano de diversos convenios, reconocimientos de adeudos de obras inducidas por la cantidad de 489 millones 422 mil pesos que no fueron formalizados en contratos conforme a las disposiciones jurídicas”, dijo.
“De todo el volumen que se revisó no fue posible solventar (esa cantidad), por lo que esa Secretaría (la SFP) ha solicitado al actual Gobierno del Distrito Federal reintegre dicha cantidad a la Tesorería de la Federación”, puntualizó Olivas Ugalde.
Si bien, detalló, no hay fecha límite para el reintegro del dinero, ya venció el plazo para subsanar las observaciones y, al no contar con documentación que respalde el gasto, se da por sentado el adeudo.
Además, advirtió que aún falta revisar la deuda pública de 2013, en la que auditarán 3 mil 400 millones de pesos.
Sobre la solicitud federal de reintegro, Almeida informó que esperan la notificación por escrito de la dependencia federal para analizar el caso.
No obstante, explicó que de los 7 mil 438 millones de pesos auditados por la SFP en los ejercicios fiscales de 2008 y 2011, el gobierno capitalino solventó 3 mil 94 millones, pero no los casi 500 millones de pesos que se deben reintegrar.
Asimismo, dijo que ya se envió documentación para comprobar otros 3 mil millones de pesos.

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Cuestiona Monsanto a juez por suspender autorizaciones para maíz transgénico

Activistas protestan contra Monsanto en la Ciudad de México. Foto: Octavio Gómez
Activistas protestan contra Monsanto en la Ciudad de México.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- Cuatro empresas agroindustriales, entre ellas Monsanto, interpusieron un incidente de recusación contra el juez Jaime Manuel Marroquín por haber suspendido el proceso de autorizaciones de cultivo comercial de maíz transgénico en el país.
“La recusación es un mecanismo que tienen las partes para cuestionar la ética y la imparcialidad de las autoridades judiciales”, dijo hoy René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas A.C., una de las 20 organizaciones sociales que interpusieron una demanda colectiva contra el maíz transgénico.
En conferencia de prensa, Sánchez Galindo precisó que las empresas agroindustriales argumentaron que el juez del Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito benefició a los demandantes cuando resolvió mantener vigente la medida precautoria que impide la entrada de las semillas de maíz transgénico al país durante el tiempo que dure el juicio.
En su resolución, Marroquín destacó “la posibilidad de que se dañe la diversidad biológica del maíz en México” y “la eventualidad de que las secretarías de Agricultura (Sagarpa) y de Medio Ambiente (Semarnat) incumplan con la ley”.
Al respecto, el director del Centro de Derechos Humanos Fray Vittoria, Miguel Concha, manifestó que el juez actuó “en absoluta congruencia” con el marco legal y los convenios internacionales que firmó México, como la convención sobre la diversidad biológica, el protocolo de Cartagena, la Declaración de Río y el Pacto Mundial sobre la Responsabilidad Social de las Empresas.
Concha precisó que los principios 7, 8 y 9 del pacto mundial firmado en 1999 establecen que en materia ambiental debe prevalecer el enfoque preventivo, la responsabilidad ambiental y el desarrollo de tecnologías limpias.
Sobre la Declaración de Río, signada en 1992, establece en su artículo 15 que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.
En entrevista, Sánchez Galindo adelantó que los integrantes de la sociedad civil inconformes con la entrada de las empresas transgénicas a México argumentarán que al establecer la medida precautoria, el magistrado recusado sólo aplicó los tratados internacionales, y justificarán que “de ninguna manera eso implicó una decisión definitiva”.
Añadió:
“Aunque pareciera que (el juez) nos da toda la razón, sólo nos da parte de la razón: en su planteamiento dice que revisará la medida precautoria”.
Además, dijo, los integrantes de la sociedad civil aportarán pruebas para demostrar que en materia de ética, Monsanto no es un ejemplo.
Atacar la ética del juez “es un acto de hipocresía y de cinismo de Monsanto, cuando se ha distinguido en el mundo como una de las empresas con mayor comportamiento antiético”, lanzó Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).
Entre otros, Suárez recordó que las autoridades estadunidenses multaron a Monsanto por publicidad engañosa. A raíz de esa multa, la empresa tuvo que eliminar de su herbicida principal, el Roundup, las menciones “biodegradable” y “no tóxico para la salud humana y animal”.
Asimismo, relató que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sancionó a la transnacional después de descubrir que había sobornado a más de 100 funcionarios indonesios para comercializar sus semillas transgénicas en México.
El recurso de recusación se añade a las 48 impugnaciones y los seis incidentes de suspensión contra la medida precautoria que –desde el pasado 17 de septiembre, fecha en la que se aceptó la demanda– interpusieron las empresas Monsanto, Dow Agro-Sciences México, PHI México y Sygenta Agro, además de la Semarnat y la Sagarpa (Proceso, edición 1930).
Las empresas “se han dedicado a cuestionar puros asuntos de forma, no han entrado al fondo”, subrayó Sánchez Galindo.
Esas empresas agroindustriales muestran “una gran preocupación por la medida precautoria” pero “no sabemos si han parado la siembra de semillas transgénicas”, manifestó a su vez Adelita San Vicente Tello, integrante de la Fundación Semillas de Vida.
De acuerdo con el abogado de Colectivas AC, René Sánchez Galindo, en tres ocasiones los tribunales negaron de manera provisional la suspensión de la medida precautoria.
Antes de resolver la situación del juez Jaime Marroquín, el Tercer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa citará a los integrantes de la sociedad civil para audiencia de alegatos, los cuales tendrán tres días hábiles para entregar su documentación.

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Estudiantes de Venezuela rechazan violencia de derecha opositora

Grupos de jóvenes estudiantes sostuvieron un encuentro con el presidente Nicolás Maduro para expresar su apoyo y rechazar la violencia generada por las protestas golpistas ejecutadas por la extrema derecha desde febrero.

El encuentro con jóvenes de educación media se realizó en el Poliedro de Caracas, recinto diseñado para la realización de grandes eventos. Allí el dignatario venezolano hizo parte de la alegría que emana la juventud socialista y aseguró que el principal objetivo es escuchar las propuestas por la paz que ellos tengan a bien expresar.
Entre las sugerencias que presentaron los jóvenes destacan mejoras para la educación en Venezuela, uno de los principales focos de la Revolución Bolivariana. “La educación pública debe extenderse a toda Latinoamérica”, expuso el estudiante Pedro Contreras.
Por su parte, el mandatario propuso la creación de una Federación de Estudiantes de Educación Media que profundice la participación de los jóvenes en materia de iniciativas de carácter social, dignificación que inició hace nueve años el comandante Hugo Chávez.
La ministra coordinadora de Desarrollo Social en Ecuador, Cecilia Vaca Jones, participó en la reunión por la paz, a la que también asiste gran parte del gabinete ministerial de Maduro, destacó Telesur.
Parte de la campaña mediática que ha denunciado el Gobierno revolucionario radica en que denominan “protestas estudiantiles” a las manifestaciones vandálicas que han provocado la muerte a 37 venezolanos y centenares de heridos. Sin embargo, jóvenes de todo el país demuestran que llevan la paz como bandera.

Niegan apelación para López

El recurso de apelación interpuesto por los abogados del apresado líder de la oposición Leopoldo López, fue declarado sin lugar ayer por la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Caracas.
Este recurso fue introducido por los abogados defensores Juan Carlos Gutiérrez, Enrique Sánchez Falcón y Bernardo Pulido, en contra de la decisión dictada por el Tribunal 16 en funciones de Control de Caracas, reportó un boletín de prensa.
Del mismo modo, la apelación negada por la Sala 3 mantuvo los delitos que se le imputaron al acusado desde el principio del proceso judicial que se le sigue, previstos y sancionados por los artículos 343, 285, 473 y 474 del Código Penal.
A López se le privó de la libertad por los presuntos delitos de instigación pública, daños y asociación para delinquir y fue requerido por el Ministerio Público tras dirigir hechos de violencia en el centro de Caracas, en los que resultaron dos personas muertas y fueron atacadas instituciones del Estado, incluso la sede de la Fiscalía.
Además, los magistrados resolvieron mantener como sitio de reclusión de López el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda.
PL

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Venezuela: violencia inducida

La Jornada 
Opinión 
Editorial 
 
El gobierno de Venezuela confirmó ayer la muerte de dos personas durante las jornadas de protesta efectuadas en las ciudades de San Cristóbal y Maracaibo. La primera víctima, de acuerdo con el ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, fue un hombre de 44 años que falleció por una descarga eléctrica provocada por el derribo de una valla publicitaria para instalar una barricada en las calles de San Cristóbal. El segundo deceso corresponde a un activista de 33 años al que le estalló en las manos un artefacto explosivo casero que pretendía disparar contra la policía en otra barricada en Maracaibo.
Sin desconocer el carácter lamentable de estas muertes, y sin soslayar que éstas se inscriben en el contexto de un descontento político, económico y social persistente, las circunstancias en que se presentan obligan a tomar distancia del tratamiento informativo realizado por medios internacionales –particularmente las cadenas televisivas estadunidenses con filiales en América Latina– en torno al conflicto venezolano: a más de mes y medio del inicio de las protestas antigubernamentales en ese país, esos consorcios mediáticos han insistido en equiparar la crisis venezolana con la que se ha vivido recientemente en Ucrania e incluso con la de Siria, y han porfiado en responsabilizar de todas las muertes ocurridas al gobierno de Nicolás Maduro.
La realidad es que en la cifra de 39 personas fallecidas durante las protestas en Venezuela se conjugan tanto las muertes ocurridas a consecuencia de los abusos policiales –que deben ser castigados conforme a derecho, y que han dado paso al inicio de investigaciones e imputaciones directas contra elementos de las corporaciones venezolanas– como los asesinatos de ciudadanos y miembros de las propias fuerzas de seguridad a manos de grupos civiles armados. Entre estas últimas destacan los homicidios de seis guardias nacionales bolivarianos y de otras cuatro personas que fueron alcanzadas por francotiradores mientras limpiaban obstáculos diseminados en las calles. Un elemento de contexto ineludible de esto último es la detención de varias personas relacionadas con la venta de armas y equipamiento a presuntos grupos paramilitares.
Estas consideraciones refuerzan, en suma, la percepción de que los descontentos sociales del país sudamericano son atizados por intereses oscuros e inconfesables y con acciones que no tienen otro fin que exacerbar la violencia, el número de muertes y la inconformidad.
Con el telón de fondo del diálogo nacional convocado por el gobierno de Maduro y de la mediación anunciada por los cancilleres de la Unión de Naciones del Sur, esas prácticas parecieran estar orientadas a desvirtuar la posibilidad de un proceso de paz y a llevar el conflicto venezolano a un punto de no retorno.
En la circunstancia actual, el respaldo internacional puede resultar crucial para que el gobierno de Caracas logre una distensión en el panorama político interno, desactive las lógicas de confrontación y de violencia impulsadas por diversos factores y agentes, y evite que la crisis venezolana escale a niveles aún más indeseables. Dicho respaldo debe involucrar también a las sociedades de los países de la región, incluido el nuestro, y debe incorporar el derrumbe del cerco mediático y de desinformación que han tendido los grandes consorcios de la comunicación en torno a la situación en el país sudamericano.

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Venezuela: revuelta de gente acomodada, no campaña de terror

Mark Weisbrot *
 
Las imágenes forman una realidad. Ello otorga un poder a la televisión, al video y a la fotografía misma. Las imágenes pueden anidar en lo más profundo de la conciencia, aun sin darnos cuenta. Yo pensaba que era inmune a las imágenes repetitivas que muestran Venezuela como un Estado fallido en la agonía de una rebelión popular. Sin embargo, no estaba preparado para lo que presencié en Caracas durante este mes: lo poco afectada que parece estar la vida cotidiana a pesar de las protestas, la normalidad que prevalece en casi todas las zonas de esa ciudad. Sin lugar a dudas, también fui cooptado por la imagen ofrecida en los medios.
Varios medios de comunicación de gran audiencia han reportado (www.nytimes.com/2014/03/01/world/americas/slum-dwellers-in-caracas-ask-what-protests.html?_r=0) certeramente que los pobres en Venezuela no se han unido a las protestas de la oposición conservadora, pero ésta es una narración incompleta: no solamente los pobres se están absteniendo de protestar en Caracas, sino que se debería incluir a casi todos los sectores de la población, a excepción de unas cuantas áreas de gente adinerada, como es la de Altamira, sector en el que pequeños grupos de opositores participan en las batallas nocturnas contra las fuerzas de seguridad lanzando piedras, bombas incendiarias y huyendo de los gases lacrimógenos.
Al caminar por los barrios de la clase trabajadora de Sabana Grande, rumbo al centro de la ciudad, no se ven signos de una Venezuela en crisis, que requiera una intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA). El transporte subterráneo funciona muy bien, quizá mejor que el metro de Washington DC y con un costo mucho menor, aunque no pude bajar en la estación de Altamira, donde los rebeldes habían establecido su base de operaciones antes de que los desalojaran esta semana.
Pude echar un primer vistazo a las barricadas en Los Palos Grandes, barrio de personas con altos ingresos donde los opositores tienen mayor apoyo popular y los vecinos gritan a cualquiera que trate de remover sus barricadas, intención que puede resultar bastante riesgosa (al menos cuatro personas han resultado muertas a tiros por tratar de hacerlo).
Sin embargo, aún en esta zona la vida resulta casi normal, a no ser por algo del molesto tráfico. Durante el fin de semana, el parque del Este estaba lleno de familias y corredores sudando en medio de un calor de 90 grados Fahrenheit (32 grados centígrados). Antes del mandato de Chávez se tenía que pagar para acceder a este lugar y los residentes del lugar estuvieron en desacuerdo cuando a los desafortunados se les permitió entrar gratis. Los restaurantes también están llenos durante la noche.
En general, viajar solo ofrece una pequeña idea de la realidad y el objetivo de mi visita a Caracas consistía principalmente en reunir información sobre la economía. Sin embargo, terminé muy escéptico sobre lo narrado en los reportes diarios de los medios de información en relación con la escasez de alimentos básicos y bienes de consumo, principal motivación de los manifestantes de la oposición. Quienes padecen más incomodidades por la escasez son, claro está, las clases pobres y trabajadoras. Pero los residentes de Los Palos Grandes y Altamira, donde yo presencié verdaderas protestas, tienen a sus sirvientes parados junto a ellos para lo que se necesite, además de poseer el ingreso y el espacio para acumular una buena despensa.
Este sector privilegiado no ha padecido daño alguno. De hecho, está en muy buenas condiciones. Sus ingresos han crecido a un ritmo saludable desde que el gobierno de Chávez tomó el control de la industria del petróleo, hace una década. Además, este grupo de poder consiguió apoyo financiero bastante alto por el gobierno: cualquiera que tenga tarjeta de crédito (lo que excluye a los pobres y a millones de trabajadores) tiene derecho a 3 mil dólares al año, a un tipo de cambio subsidiado. Ellos pueden vender sus dólares hasta seis veces más caros de lo que pagaron al adquirirlos. Un subsidio anual multimillonario de dólares otorgado a los privilegiados.
Precisamente, son estas personas las que están abasteciendo las bases y las tropas de la rebelión. El distintivo de clase en esta lucha siempre ha sido cruel y sin escapatoria, y ahora más que nunca. Al caminar entre la multitud que se congregó en la ceremonia del 5 de marzo, aniversario de la muerte de Hugo Chávez, me movía entre un mar de venezolanos de la clase trabajadora, decenas de miles de ellos. No había ropa cara o zapatos de 300 dólares.
Lo que contrasta con las masas enfurecidas en Los Palos Grandes, conduciendo jeeps Grand Cherokee con valor de 40 mil dólares y portando letreros con el eslogan del momento: SOS Venezuela.
Cuando se trata de Venezuela, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, sabe de qué lado colocarse en el conflicto de clases. La semana pasada, justamente cuando yo estaba saliendo de la ciudad, Kerry duplicó su apuesta con una descarga retórica contra el gobierno de Venezuela y acusó a Nicolás Maduro de orquestar “una campaña de terror (http://www.eluniversal.com.co/mundo/latino-america/venezuela-debe-detener-campana-de-terror-contra-su-propia-gente-john-kerry) contra su gente”. Kerry también amenazó con invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA contra Venezuela, así como con implementar sanciones.
Alardear con la Carta Democrática contra Venezuela es ligeramente parecido a amenazar a Vladimir Putin con el voto patrocinado por la ONU sobre la secesión en Crimea. Tal vez Kerry no se percató que justamente unos días antes de sus amenazas la OEA consideró una resolución de Washington que había interpuesto contra Venezuela y le dio la vuelta declarando la solidaridad (www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-084/14) de la región con el gobierno de Maduro. La resolución fue aprobada por 29 países en favor, sólo tres votos en contra de los gobiernos de derecha de Panamá y de Canadá, que se pusieron de lado de Estados Unidos.
El artículo 21 de la Carta Democrática (www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm) de la OEA se aplica ante la “interrupción inconstitucional del orden democrático de un estado miembro (como el golpe de Estado en Honduras –www.cepr.net/index.php/blogs/the-americas-blog/does-the-oas-support-democracy-in-venezuela – en 2009, que Estados Unidos ayudó a legitimar – http://www.cepr.net/index.php/other-languages/spanish-op-eds/diez-indicios-que-revelan-la-actitud-de-eeuu-respecto-al-golpe-de-honduras–, o el golpe militar en Venezuela en 2002, que recibió aún mayor ayuda –www.cepr.net/index.php/spanish-op-eds/las-elecciones-en-venezuela-presentan-una-oportunidad-para-que-washington-cambie-de-rumbo/– del gobierno de EU). Dada la reciente votación, la OEA estaría probablemente más en favor de invocar la Carta Democrática contra el gobierno de Estados Unidos por sus aviones de guerra no tripulados que mataron a ciudadanos estadunidense sin antes ir a juicio que ponerse contra Venezuela.
La retórica de campaña de terror de Kerry está igualmente divorciada de la realidad. Como es de esperar, provocó una respuesta equivalente del secretario del Exterior de Venezuela, quien llamó al secretario de Estado asesino. En relación con los cargos mencionados por Kerry, la verdad resulta ser la siguiente: desde que iniciaron las protestas (www.cepr.net/index.php/blogs/the-americas-blog/venezuela-who-are-they-and-how-did-they-die-new) en Venezuela, parece que más gente ha muerto (www.cepr.net/index.php/blogs/the-americas-blog/venezuela-who-are-they-and-how-did-they-die-new) a manos de los opositores que por las fuerzas armadas. De acuerdo con el número de decesos reportados por la CEPR durante el mes pasado, además de los ultimados por tratar de quitar las barricadas de los opositores, alrededor de siete personas han sido ejecutadas por las obstrucciones de los detractores, incluyendo a un motociclista decapitado por un cable atravesado en el camino. Además, cinco oficiales de la Guardia Nacional han sido abatidos.
En lo que se refiere a la violencia por las fuerzas del gobierno, al menos cinco personas fueron ultimadas por la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad, incluyendo tres opositores y un activista progobierno. Algunas personas acusan al gobierno de la muerte de tres individuos, quienes fueron abatidos por civiles armados. En un país con un promedio de más de 65 decesos al día, resulta completamente posible que éstos no estén relacionados con las protestas.
Alrededor de 21 miembros de las fuerzas de seguridad están bajo arresto por supuestos abusos, incluidas algunas de las muertes mencionadas. Esta no parece ser una campaña de terror orquestada por el gobierno.
Al mismo tiempo, resulta difícil encontrar alguna denuncia seria de violencia presentada por alguno de los líderes de oposición (www.cepr.net/index.php/blogs/the-americas-blog/violent-protests-in-venezuela-fit-a-pattern ) más importantes. Datos de encuestas (www.ultimasnoticias.com.ve/opinion/firmas/los-domingos-de-diaz-rangel-eleazar-diaz-rangel/repudio-a-las-guarimbas.aspx ) indican que en Venezuela las protestas son muy impopulares; no obstante, éstas son mejor aceptadas en el exterior cuando son promovidas por personas como Kerry como movilizaciones pacíficas. Los datos también sugieren que la mayoría de los venezolanos ven los disturbios como lo que son: un intento por derrotar a la fuerza a un gobierno de elección popular.
La postura de Kerry sobre la política doméstica de Venezuela es muy simple. Por un lado, tiene al grupo de presión de derecha conformado por los cubano-americanos de Florida y sus aliados neoconservadores, quienes piden a gritos un derrocamiento. Del lado izquierdo de una derecha alejada hay, digamos, nada. A la Casa Blanca le preocupa muy poco América Latina.
Posiblemente, Kerry espera que la economía venezolana colapse y ello provoque que los venezolanos sin dinero salgan a las calles a protestar contra el gobierno. Sin embargo, por el momento la situación económica es estable –la inflación mensual registró una baja en febrero y el mercado negro del dólar ha caído con fuerza ante la noticia de que el gobierno está introduciendo una nuevo tipo de cambio basado en el mercado. Los bonos soberanos de Venezuela rindieron 11.5 por ciento del 11 de febrero (un día después de que las protestas comenzaron) al 13 de marzo, el rendimiento más alto observado en el índice del mercado emergente de bonos en dólares de Bloomberg. Por otra parte, la recortes económicos se van a aligerar en las próximas semanas y meses.
Por supuesto, esta situación es exactamente el principal problema para la oposición: las próximas elecciones están a año medio de camino y para ese momento resulta muy probable que los recortes económicos y la inflación, que se han incrementado en los 15 meses pasados, sean abatidos. Por tanto, es posible que la oposición pierda las elecciones parlamentarias, como ha sido en cada elección desde hace 15 años.
Además, la estrategia actual de insurrección por los opositores parece no estar ayudando a su causa. Es más, pareciera que ha dividido a la oposición y unido a los chavistas. El único lugar donde la oposición parece estar consiguiendo un fuerte apoyo es en Washington.
Artículo publicado originalmente en The Guardian. Se difunde con la aprobación del autor.
* Mark Weisbrot es codirector del Centro para la Investigación Económica y Política en Washington DC.
www.cepr.net
Traducción: Leticia Palma


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Pepe Mujica rechaza bloqueo a Cuba e intentos de sancionar a Venezuela

El presidente uruguayo, José Mujica, rechazó este lunes el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba y alertó sobre intentos de imponerle sanciones a Venezuela.

En una declaración difundida por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, el mandatario dijo: “Cuando el mundo entero le pide a Estados Unidos que archive su política de bloqueo económico a Cuba, surgen desde ese gobierno voces amenazando con sanciones a Venezuela”.
Enseguida, preguntó: “¿No se aprende nada de la historia? ¿Acaso esa actitud ha servido para resolver algo que no sea imponer privaciones a los débiles en distintas sociedades?”.
“Lo primero que necesita Venezuela y toda América Latina es ser respetada”, subrayó Mujica.
“Paz, tolerancia, respeto y negociación son valores a recordar y cultivar para y por una Venezuela integrada a los pueblos del Sur”, puntualizó.
Lo segundo, dijo, es querer a los venezolanos todos, como parte del nosotros todavía inconcluso.
Agregó que sus contradicciones son también las nuestras y su resolución no debería ser violenta, y menos, azuzada desde afuera.
Es el camino abierto del voto, en el fiel cumplimiento constitucional, el que debe sustituir a la piedra y a la “guarimba” como alternativa política, insistió el presidente uruguayo.
Asimismo, recordó que “nuestras Constituciones podrán tener limitaciones, pero su respeto es un camino necesario”.
PL 

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El voto en blanco, ‘candidato’ favorito de los colombianos para las presidenciales

El voto en blanco se ha situado actualmente como la opción favorita de los colombianos de cara a las elecciones presidenciales del próximo 25 de mayo, según el último sondeo publicado este lunes por Caracol Radio, en el que se pone de manifiesto que el presidente Juan Manuel Santos sigue perdiendo apoyo.

Así, de acuerdo con la encuesta realizada por Polimétrica, el 26 por ciento de los consultados sobre a quién votarían si las elecciones fueran ahora aseguran que lo harían en blanco, mientras que Santos queda relegado al segundo lugar con el 23 por ciento de las intenciones de voto, ocho puntos menos que el pasado febrero.
El respaldo que pierde el mandatario y su compañero de fórmula parecen ganarlos sus rivales. Así, su más directo rival actualmente es el candidato de Alianza Verde, Enrique Peñalosa, que gana cuatro puntos y se sitúa en el 13 por ciento.
Por detrás suyo queda el candidato del Centro Democrático, Iván Zuluaga, que obtiene el 11 por ciento (dos puntos más), seguido por la candidata del Polo Democrático Alternativo, Clara López, con el 9 por ciento (dos puntos más), y la candidata del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, que gana un punto y se queda en el 5 por ciento.
Además, el 13 por ciento de los colombianos consultados entre el 21 y el 25 de marzo no sabe o no responde por quién votará. Lo que sí parecen tener claro los ciudadanos es que Santos no se impondrá en primera vuelta. Así, el 39 por ciento opina que todavía tiene opciones de conseguir más del 50 por ciento de los votos, frente al 50 por ciento que no lo ven probable.

Segunda vuelta

Llegados a una segunda vuelta, según este sondeo, e independientemente de quien fuera su rival, Santos sería el vencedor, si bien también aquí la opción favorita de los colombianos sigue siendo el voto en blanco.
Así, si en segunda vuelta se enfrentaran Santos y Zuluaga, el 27 por ciento votaría por el actual mandatario y el 18 por el candidato ‘uribista’, mientras que el 40 por ciento afirma que votaría en blanco y el 16 por ciento no sabe o no contesta.
Si la contienda fuera entre Santos y Peñalosa, el primero lograría el 26 por ciento de los votos y su rival el 19 por ciento, pero el voto en blanco se impondría con el 39 por ciento, mientras que los que no responden son el 15 por ciento.
En los hipotéticos enfrentamientos con Marta Lucía Ramírez y Clara López, el presidente saldría igualmente victorioso (28 por ciento frente a 14 por ciento en ambos casos), mientras que los votos en blanco serían del 41 y el 42 por ciento respectivamente.
Por otra parte, el sondeo realizado sobre una muestra de 2.500 personas y con un margen de error de 2,9 puntos, pone de manifiesto que la imagen de Santos sigue deteriorándose. Así, son ya un 63 por ciento los que tienen una imagen desfavorable del presidente, frente al 35 por ciento que le ven favorablemente. En enero el mandatario gozaba de la opinión favorable del 50 por ciento de los consultados.
Además, solo el 25 por ciento se muestra dispuesto a votar por la reelección del presidente, frente al 70 por ciento que dice que no. Entre los motivos esgrimidos para rechazar la reelección figuran que el país va mal (36 por ciento) o que no les gusta Santos (16 por ciento).
EP 

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Los grandes bancos europeos recibieron 300.000 millones de euros en ayudas públicas

Los grandes bancos europeos recibieron 300.000 millones de euros de ayudas públicas, según datos de 2011 y 2012.

Así aparece reflejado en el informe de Análisis de Estabilidad Mundial realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el cual también se puede leer que las entidades bancarias estadounidenses también percibieron unos 70.000 millones de dólares en forma de subsidios públicos.
Los subsidios, en forma de avales y préstamos públicos, “distorsionan la competencia entre bancos y pueden favorecer la excesiva adopción de riesgo”, según el FMI.
Esto es, que los grandes bancos -denominados demasiado grandes para caer (too big to fail)- pueden llegar a afectar a un sistema económico nacional en el caso de quiebra o necesidad de rescate. Por esta razón algunos de ellos han recibido ayudas públicas. Y al saber que pueden ser ‘ayudados’ en caso de urgencia, toman más riesgos de los necesarios.
“Ya que los acreedores de los bancos sistémicamente importantes no asumen el coste completo de una quiebra, están dispuestos a proporcionar fondos sin prestar demasiada atención a los perfiles de riesgo de los bancos y, de este modo, estimulan la toma de riesgos y el endeudamiento”, explica el FMI.
“De este modo, los bancos sistémicamente importantes gozan de una ventaja competitiva sobre las entidades de menor importancia sistémica y pueden involucrarse en actividades de mayor riego, incrementando así el riesgo para el sistema”, añade.
En este sentido, el informe elaborado por el FMI reconoce que este problema puede haberse agravado en la crisis financiera, especialmente tras el colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008, cuando los gobiernos intervinieron con grandes sumas de dinero para rescatar a los bancos y salvaguardar la estabilidad financiera, dejando así pocas dudas acerca de su disposición a salir en auxilio de los bancos sistémicos.
Así, el informe del FMI sostiene que se reforzaron los incentivos para que los bancos buscaran crecer y hacerse más importantes en el sistema, lo que ha generado fusiones en el sector y una mayor concentración.
A este respecto, los legisladores han lanzado ambiciosos planes de reformas con la imposición de mayores exigencias de capital y una supervisión más concienzuda sobre estas grandes entidades con el objetivo de reducir los riesgos de quiebra y de contagio para el sistema.
Sin embargo, “sumado todo ello, la probabilidad esperada de que los grandes bancos sistémicos serán rescatados sigue siendo alta en todas las regiones”, afirma el FMI.

Un impuesto para costear su rescate

Sobre esta situación, el informe del FMI plantea la opción de que los Gobiernos apliquen algún tipo de tasa a estas entidades que pudiera servir para costear, al menos parcialmente, la factura de un hipotético rescate y, al mismo tiempo, limitar en cierta medida el atractivo para las entidades de ganar tamaño.
“Los impuestos a los bancos pueden recaudarse para financiar explícita o implícitamente un fondo de resolución bancaria y, si se liga a las responsabilidades, para desincetivar que las entidades ganen demasiado tamaño”, apunta el FMI.
De hecho, la institución sostiene que ante la práctica imposibilidad de descartar los rescates o cierto grado de protección pública, los impuestos a los bancos “pueden permitir al Estado recuperar parte de las ayudas y reducir el interés de los bancos en alcanzar el estatus de entidad sistémica”.
EFE 

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Recomposición del poder mundial

La celebración por la anexión de Crimea a Rusia en la capital de Ucrania. Foto: AP
La celebración por la anexión de Crimea a Rusia en la capital de Ucrania.
Foto: AP

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Los resultados del referéndum en la península de Crimea a favor de la integración a Rusia y la rápida decisión de Putin de formalizar dicha decisión son señales de un cambio profundo en las relaciones de poder internacionales. Después de algunos años de entendimiento relativo entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia), el mundo enfrenta ahora diferencias entre ellos que, de no contenerse, pueden tener consecuencias graves para la paz y seguridad internacionales.
Los Estados Unidos y países miembros de la Unión Europea no reconocen la validez jurídica de la anexión. Se han pronunciado, por lo tanto, a favor de la imposición de sanciones económicas a Rusia; de su parte, Alemania ha decidido suspender la cooperación militar con ese país. Según declaraciones, las represalias irían en aumento en caso que Putin incursione militarmente en el este de Ucrania o insista en la deslegitimación y acciones para el debilitamiento del actual gobierno de Kiev. Ahora bien, la imposición de sanciones, sus características y alcances no son asunto fácil para los países involucrados; tampoco lo es valorar los costos políticos y económicos en que incurren tanto quienes las aplican como quien las recibe.
En Estados Unidos el asunto es crucial para el presidente Obama. La crisis de Crimea viene a dar mayores argumentos a sus feroces opositores en el partido republicano, quienes consideran su política exterior errática, titubeante y motivo para la pérdida de prestigio de Estados Unidos en el mundo. Desde su perspectiva, el desdeño con que ha contemplado Putin a Estados Unidos se origina en los errores de Obama; tal punto de vista será utilizado para debilitar aún más al Ejecutivo y prepararse para ganar terreno en las elecciones intermedias que se avecinan. Esto no significa, sin embargo, que Obama tenga mucho campo de maniobra para actuar de otra manera.
Forzar la dureza en materia de sanciones, que los republicanos exigen, es algo que Estados Unidos no puede decidir sin tomar en cuenta la opinión de los países europeos. Allí la situación es distinta, en parte por los vínculos económicos más importantes que existen con Rusia, en parte por la dependencia de Europa occidental de los hidrocarburos procedentes de ese país. Para los europeos, el acento debe estar en la negociación diplomática, es decir, el diálogo entre el gobierno de Rusia y el de Ucrania por una parte, y, por la otra, entre los principales líderes del mundo occidental y Putin.
Hasta ahora, la actitud de Putin, reflejo de su personalidad y bien conocida exaltación del nacionalismo ruso, ha sido la de colocar al mundo frente a decisiones tomadas e implementadas con notable rapidez. Su ya famoso discurso del 18 de marzo revela hasta dónde la legitimidad de tales acciones descansa en una serie de resentimientos y agravios que Rusia, en palabras de su dirigente, ya no está dispuesta a tolerar.
Los efectos positivos de ese discurso reivindicatorio tienen un límite cuando se toma en cuenta la débil situación económica del país y el descontento social. Rusia tiene un PIB que apenas equivale al de Italia, su población decrece, su crecimiento económico depende casi exclusivamente del petróleo y hay frecuentes manifestaciones de descontento entre la población por sus políticas autoritarias. En otras palabras, hay límites internos a los desplantes que puede tomar Putin.
Por lo pronto, lo que ya es una realidad es el rompimiento de reglas y sobreentendidos que parecían válidos desde el fin de la guerra fría. Dentro de ellos se encontraba el respeto a las fronteras de las exrepúblicas soviéticas y el acatamiento de principios de derecho internacional, como la prohibición del uso de la fuerza en contra de la integridad territorial de un Estado. Ucrania había vivido cerca de 25 años como estado independiente en que la península de Crimea formaba parte de su territorio. La presencia de fuerzas militares rusas que antecedieron el referéndum permite afirmar que se trató de una intervención contraria a principios establecidos en la carta de la ONU.
Sin embargo, Rusia no fue la primera en violar dichos principios. Esto ocurrió en 1999, cuando las fuerzas de la OTAN bombardearon Serbia, sin la autorización del Consejo de Seguridad, como manera de presionar para la independencia de Kosovo. Putin lo recuerda poniendo en evidencia lo mucho que aquel asunto quedó en el imaginario ruso de humillaciones y lo cierto que es la utilización de dobles raseros por parte de los países occidentales.
Sea como fuere, por lo pronto es urgente frenar el escalamiento de tensiones, tener presente los riesgos de llegar a situaciones límites que pudiesen desem­bocar en enfrentamientos militares entre países que tienen armas nucleares. Igualmente importante es evitar que esta crisis contamine procesos que están en marcha, como los acuerdos entre Rusia y Estados Unidos para reducción de arsenales nucleares, o las complejas negociaciones sobre temas tan difíciles como el programa nuclear de Irán o la guerra civil en Siria. Hasta ahora, los dirigentes de una y otra parte parecen entenderlo así.
Desde hace años se hablaba de la recomposición del poder mundial; esto ya es un hecho. Hay muchos síntomas que confirman hasta dónde la unipolaridad que siguió a los primeros años del fin de la guerra fría pertenece al pasado. Un poder al que se quería relegar a segundo término, como Rusia, ha decidido reconquistar un espacio en lo que concierne a asuntos situados en los límites de Europa y Asia. China ha decidido apoyarla y otro tanto ocurre con un importante país asiático como lo es la India. Decidir hasta dónde y cómo ejercerá Rusia su influencia será el resultado de complejas negociaciones y de la manera en que la situación interna de todos los países involucrados les permita avanzar. Momentos de transición llenos de riesgos.

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