martes, 15 de abril de 2014

SME 100 Años Entrevista Jesús Torres Nuño

Letras Militantes 2014-04-15

Formación, Presentación y Registro de Planillas Electorales Periodo 2014-2016

SME 100 Años Entrevista Virgilio Caballero

Formación, presentación y registro de planillas electorales periodo 2014-2016

Nuevo revés de la Corte a usuarios de electricidad

CONTRALINEA 
 
13. abril, 2014  
 
 

Desconectados de la realidad social del país, seguramente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ignoran la lucha que habrán de iniciar nuevamente los ejidatarios de San Salvador Atenco, Estado de México, no por la amenaza de un nuevo proyecto aeroportuario y la defensa de sus tierras, sino a causa de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende embargarles sus parcelas, al alegar adeudos por 50 mil, 60 mil pesos y hasta millones, por el uso de energía eléctrica en sus sistemas de bombeo.
Altos, injustos e ilegales cobros por los que los campesinos afectados y millones de mexicanos no podrán ampararse si antes no liquidan, a juicio de los ministros del máximo tribunal, sus adeudos con la entidad pública, ahora facultada para pisotear las mínimas garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la ejecución de embargos. El sentido social que implica la prestación del servicio eléctrico, por ende, desaparece, aún cuando las leyes en la materia todavía lo establecen como una obligación del Estado.
La decisión tomada hace unos días por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coartando el derecho de los usuarios a defenderse de los constantes abusos, coloca nuevamente a los integrantes del alto tribunal en el pedestal de las aberraciones jurídicas y en total desapego a la terrible crisis económica que enfrentan millones de familias, que ahora estarán a merced de las arbitrariedades y abusos de la CFE, obligados a pagar si no desean que sus magras pertenencias les sean confiscadas en prenda por adeudos inventados por la mal llamada “empresa de clase mundial”, ahora transformada en usurera. El sistema feudal en pleno siglo XXI.
La técnica jurídica de la Suprema Corte es por demás irreal y absurda, pues establece que sólo procederá la tramitación de un amparo ante los recibos locos de la CFE, si el demandante paga primero sus adeudos; pero en caso de que le asista la razón, el excedente de cobro le será compensando en sus sucesivos consumos, de tal suerte que la Comisión Federal de Electricidad no tendrá siquiera la obligación de reintegrarle el dinero ilegítimamente cobrado.
Tan sólo en la zona centro del país, antes atendida por Luz y Fuerza del Centro y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), hay 3 millones de usuarios que han presentado sus quejas ante organismos como la Procuraduría Federal del Consumidor, por el cobro irregular en sus recibos. Como se ha documentado en miles de casos y mediante “lecturas estimadas”, la CFE ha disparado sus cobros hasta en 1 mil por ciento sin dar una explicación lógica a los afectados. La respuesta es siempre la misma: “primero pague y luego trámite su aclaración”.
Familias que antes del golpe al SME y el cierre de Luz y Fuerza, en octubre de 2009, pagaban recibos de 300 o 500 pesos, de la noche a la mañana les aparecieron deudas estratosféricas a liquidar bimestralmente de 10 mil, 20 mil y hasta 30 mil pesos, es decir, que en los últimos 4 años sus adeudos llegan a sumar más de 200 mil y hasta 400 mil pesos. Situación por demás absurda, pues en ningún país del mundo el costo de la electricidad alcanza tales niveles. Las pruebas integradas en voluminosos cartapacios ahí están a la espera de que alguien haga justicia.
Es indiscutible que lo planteado por los ministros carece de pies y cabeza, porque en primer término ningún hogar humilde ni de clase media tiene para liquidar tal cantidad de dinero; en segundo lugar, y de aplicarse su rocambolesca propuesta, ¿cuántos años, o mejor dicho, generaciones habrán de transcurrir para que a través de sus consumos los usuarios afectados recuperen lo sufragado a la CFE?; y en tercer lugar, si así lo determinan los chicaneros abogados de la paraestatal, podrán incluso hasta embargar el patrimonio de las familias. Excesos que ni en los injustos tiempos de Porfirio Díaz tuvieron cabida.
Por si el desamparo en que los ministros dejan a la población no bastara, ahora a espaldas del pueblo y sin la aprobación de los propios legisladores, el pasado 28 de noviembre de 2013, el abogado general de la CFE, César Augusto Santiago, y el aún director general, Francisco Rojas, establecieron los nuevos mecanismos de cobro de la electricidad, entre los que destaca el llamado sistema de Prepago, que en anteriores entregas citamos como otro atentado más a la economía de millones de familias pues determina el cobro de la energía eléctrica por adelantado, mediante la adquisición de electricidad a través de una tarjeta, en un sistema similar a la compra de tiempo aire de los teléfonos celulares.
El asunto de los injustos cobros de la electricidad se ha extendido por todo el territorio nacional convirtiéndose en un auténtico problema social; miles y miles de usuarios han dejado de pagar sus recibos por la sencilla razón de que carecen del dinero para afrontar unas tarifas y un costo que rebasan, por mucho, sus raquíticos ingresos. El problema de fondo, y lo hemos denunciado desde hace años, es que el proceso de privatización que arrancó con los gobiernos panistas en la pasada década, entregó ya a las trasnacionales más de la mitad de la generación de la energía eléctrica en el país, pactando en franca desventaja el comprarles su electricidad de manera obligada por los próximos 25 años, generando con ello un adeudo a pagar de 1.6 billones de pesos. Obvio que el dinero tendrá que salir del bolsillo de los usuarios a los que no importará expoliar para que los gobiernos neoliberales y su clase política hagan frente a sus compromisos contraídos.
La sociedad misma ha empezado a organizarse, y en esta labor ha contribuido el SME para dar paso a la Asamblea Nacional de Usuarios en Defensa de la Energía Eléctrica, organización que cada vez cuenta con más adherentes que ya realizan una lucha de resistencia civil pacífica como es la huelga de pagos, en espera de que, desde el Congreso de la Unión, los senadores se decidan a dar luz verde a la propuesta del Sindicato Mexicano de Electricistas de poner en marcha a las hidroeléctricas, actualmente relegadas de la generación de electricidad, que producirían energía barata para ofrecer a los 32 millones de usuarios de consumo doméstico una tarifa social a un precio de 56 centavos el kilovatio-hora (Kwh), mucho más económica que la de 3.5 pesos que la CFE impone a los hogares que exceden el consumo de los 250 Kwh al mes.
Los senadores tienen además en sus manos la responsabilidad de aprobar la iniciativa ciudadana presentada por los usuarios en la que se plantea elevar a rango constitucional el derecho a la energía eléctrica y la ya mencionada tarifa social, que frene las arbitrariedades que los ministros de la Corte han dejado pasar en detrimento de los derechos de millones de mexicanos. Es el momento de luchar por la defensa del carácter público del servicio de electricidad que estableció en 1937 el general Lázaro Cárdenas, cuando fundó la Comisión Federal de Electricidad.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas 

Pondrán en manos de la IP la operación del servicio de agua

Laura Gómez
 
Periódico La Jornada
Martes 15 de abril de 2014, p. 30
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) pondrá en manos del sector privado durante 15 años la construcción de plantas potabilizadoras y de tratamiento de agua para reuso, la detección y reparación de fugas y la instalación de 525 mil micromedidores, mediante la firma de contratos de prestación de servicios, sin que ello signifique la privatización del servicio o el incremento a las tarifas.
Después del intento en la administración pasada de descentralizar el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y permitir la participación de la iniciativa privada, en los próximos días se enviará el proyecto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), donde sólo se nos permite firmar contratos con ella para determinadas acciones, precisó Ramón Aguirre.
El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) señaló que desde el año pasado se trabaja en una iniciativa conjunta con la Comisión de la Gestión Integral del Agua de la ALDF, con la finalidad de que sea aprobada en el actual periodo de sesiones, y en la que queda claro que los diputados serán quienes fijen las tarifas y propondrán subsidios específicos a grupos vulnerables.
El funcionario explicó que dichos recursos se devolverían al organismo mediante un fondo compensatorio, por lo cual “no habría ningún incremento para los contribuyentes y se mejoraría la cobranza, que es de 74 por ciento, porque muchas cuentas domésticas –de 150 a 30 mil pesos bimestrales– y algunas empresas no pagan, y nos evitaría perder el ciento por ciento de los juicios interpuestos”.
Tan sólo el año pasado, dijo, se perdieron 2 mil juicios de usuarios por un monto de 200 millones de pesos, y nos está saliendo barato, cuando mejorar la cobranza en 93 por ciento incrementaría en mil millones los ingresos del organismo, que suman 6 mil millones, y realizar inversiones en infraestructura en las redes de agua potable y drenaje previstas en el programa de inversiones a 25 años, indicó.
Con la participación del sector privado se busca que un millón 600 mil personas que carecen del servicio de agua diario lo tengan, y 2 millones 850 mil tengan la cantidad suficiente; asimismo, eliminar el riesgo de inundación que enfrentan 45 colonias, reducir de 13.5 a 7.2 metros cúbicos por segundo las fugas de agua y duplicar la extracción de agua subterránea a 17 metros por segundo y reuso de 6.4 metros cúbicos.
La sustitución de concesiones por nuevos y modernos contratos de prestación de servicios, para lo cual no hace falta la descentralización del organismo, permitirá pagar por metro cúbico de agua potabilizada, reusada o recuperada en fugas, para lo cual la ciudad se dividiría en seis zonas de trabajo: Azcapotzalco y Gustavo A. Madero; Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
Asimismo, Benito Juárez, Iztacalco y Álvaro Obregón; Coyoacán y parte baja de Tlalpan; Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta; y Magdalena Contreras y parte alta de Tlalpan; y los resultados sociales e institucionales que se obtengan se incorporarán a informes públicos anuales certificados por un ente externo, precisó.
Sin embargo, consideró necesario descentralizar el Sacmex para fortalecer su capacidad técnica, administrativa y financiera.

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Deja Minera San Xavier un daño irreversible en San Luis Potosí

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Instalada en un área natural protegida estatal a finales de la década de los 90, tiene autorizaciones para ampliarse que no ha utilizado, aunque sigue comprando fincas en Cerro San PedroFoto María Meléndrez Parada
Angélica Enciso L.
 
Periódico La Jornada
Martes 15 de abril de 2014, p. 33
El cerro de San Pedro, símbolo del escudo de San Luis Potosí, desapareció debido a la explotación de la mina de oro y plata de Minera San Xavier. En su lugar hay un tajo, montañas de desechos alrededor y en una zona semiárida, 32 millones de litros de agua mezclada con 16 toneladas de cianuro que se han utilizado diariamente para el proceso industrial. Edificios del pueblo histórico, fundado en 1592, también sufrieron daños.
Ya dejó un daño irreversible, señala Sergio Serrano, del grupo Pro San Luis Ecológico, y explica que a lo largo de casi 15 años, ante los riesgos ambientales han interpuesto al menos 30 recursos jurídicos en contra de la operación de la minera, filial de la canadiense New Gold.
Han logrado múltiples sentencias en su favor, pero al mismo tiempo la minera recurrió a amparos y aun sin aval ambiental realizó la explotación de la mina de oro y plata. La compañía ha demandado penalmente a activistas, como Rafael Flores, mientras otros, como Enrique Rivera, quien fue asesor jurídico de los opositores al proyecto, salió del país después de una golpiza que recibió en 2006.
Ahora la empresa anuncia que en dos años comenzará el proceso de cierre, lo cual puede ocurrir porque no quiere que el escándalo le estalle, dice Serrano. Hay testimonios de trabajadores de que el cianuro que utiliza en sus procesos ya se infiltró a los mantos freáticos que abastecen de agua a la capital del estado. No se irá hasta que remedie ambientalmente el sitio, demanda.
A principios de la década pasada, Minera San Xavier fue apoyada por el entonces presidente Vicente Fox y el gobernador Marcelo de los Santos (inhabilitado en 2013 por 20 años para ocupar cargos públicos).
Obtuvo un permiso ambiental en 1999, que le revocó en 2004 el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; comenzó formalmente sus operaciones en 2007 y cuenta con dos autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2009 y 2013, pero gran parte del tiempo ha operado en la ilegalidad, señala Serrano.
Instalada en un área natural protegida estatal a finales de la década de los 90 –una de las principales irregularidades– tiene autorizaciones para ampliarse que no ha utilizado, aunque sigue comprando fincas en Cerro San Pedro, agrega Serrano. Puede ser que ahora se vaya porque ha generado demasiados problemas. También se habla de inestabilidad en el tajo que hicieron, el cual puede colapsar y arrasar el poblado. Otra posibilidad es que sea una maniobra de distracción para que dejemos de actuar en su contra.
El temor del Frente Amplio Opositor a la Minera y del grupo Pro San Luis Ecológico es al uso cotidiano de 25 toneladas de explosivos y la remoción de 80 mil toneladas de tierra; que expone a la población a la contaminación del aire, la sobrexplotación del acuífero y la amenaza socioambiental ocasionada por el cianuro, según expusieron en una demanda presentada ante el Tribunal Latinoamericano del Agua.
En su página web, Minera San Xavier indica que se prepara día con día hacia un cierre de mina responsable, tanto en lo ambiental como en lo social y que ya tiene un plan de restauración ambiental y cierre de mina para mitigar el impacto al medio ambiente.

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Fraudes dejan boquete de mil 460 mdp a Banamex

PROCESO 


 
14 de abril de 2014
Economía
Una sucursal de Banamex en la Ciudad de México. Foto: Eduardo Miranda
Una sucursal de Banamex en la Ciudad de México.
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (apro).- Las utilidades de Banamex en el primer trimestre del año tendrán un boquete de mil 460 millones de pesos, provocado por el fraude cometido por Oceanografía y por una segunda empresa, de la cual aún no es revelado el nombre.
Mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la institución bancaria precisó que “el impacto de estos eventos en la utilidad neta del primer trimestre de 2014 será de aproximadamente mil 460 millones de pesos. Esta cifra equivale al 0.1% de los activos de Grupo Banamex y a 0.9% de su capital al cierre de 2013”.
El fraude de Oceanografía que asciende a 400 millones de dólares se suma al cometido por una segunda empresa por 30 millones de dólares, de acuerdo con información revelada hoy por John Gerspach, director financiero de Citigroup.
De hecho, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que durante las inspecciones realizadas al banco dirigido por Javier Arrigunaga “se identificó un segundo presunto fraude en operaciones de proveeduría por una cantidad menor a los 30 millones de dólares”.
Sin embargo, el organismo presidido por Jaime González Aguadé, aclaró que la capitalización de Banamex se mantiene en un nivel adecuado (14.12%, tasa inferior al promedio nacional, que asciende a 15.44%; no obstante, el índice de capitalización del banco se mantiene superior a los estándares internacionales).
El banco explicó que “durante el primer trimestre de 2014, Banamex revisó todos los programas de financiamiento a través de descuentos de cuentas por cobrar y ha decidido crear reservas de crédito adicionales por aproximadamente dos mil 150 millones de pesos”.
“En su gran mayoría estas reservas están relacionadas con el programa de descuentos de cuentas por cobrar con Pemex y préstamos directos, ambos relativos a Oceanografía”, afirmó.
Banamex recordó que cuando el evento (de Oceanografía) se anunció en febrero de 2014, había reconciliado la gran mayoría de las cuentas por cobrar sustentando la recuperación estimada al cierre del 2013.
Sin embargo, dijo que “derivado de una disminución en la certidumbre de su eventual recuperación, Banamex ha generado reservas de crédito adicionales. Estas cifras también incluyen reservas de crédito en relación con cuentas por cobrar y un financiamiento directo otorgado a otro proveedor de servicios de Pemex”.
Por lo pronto, quedan al descubierto la falta de controles al interior de Banamex, de acuerdo al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, en la pasada Convención Bancaria, donde el titular de la CNBV advirtió:
“Del 100% de las recomendaciones emitidas durante el año a las instituciones bancarias, 56% están relacionadas con procesos internos de control y administración de riesgos; 30% sobre el correcto establecimiento de controles para la revisión de lavado de dinero; 13% sobre el suministro de información en tiempo y forma hacía las autoridades”.

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La empresa Evya, vinculada con Calderón, protagonista del nuevo desfalco a Banamex

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En los últimos meses, Citigroup ha entregado sólo noticias decepcionantes a sus inversionistas, especialmente al no conseguir la aprobación de la Fed para el pago de dividendos más altos. Sin embargo, los resultados fueron fuente también de buenas noticias para el presidente ejecutivo Mike Corbat, gracias a la baja en las pérdidas provenientes de sus activos en problemas. Para todo Citigroup, el ingreso ajustado disminuyó 2 por ciento a 20 mil 120 millones de dólares, contra los 19 mil 370 millones de dólares que esperaban los analistas, mientras los gastos de las operaciones bajaron uno por ciento, a 12.150 millones de dólares. En los mercados de renta fija, el ingreso ajustado disminuyó 18 por ciento, a 3.850 millones de dólares desde el año previo. El rechazo a su plan de capital arruinó las pocas posibilidades que le quedaban a Citigroup para lograr un objetivo clave de rentabilidad, una ganancia en 2015 que fuera equivalente al menos a 10 por ciento del capital ordinario del banco. Los dos reportes trimestrales previos de Citigroup no cumplieron con las estimaciones del mercadoFoto Ap
Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Martes 15 de abril de 2014, p. 25
La empresa Evya, propiedad de los panistas Francisco Javier y Luis y Roberto Camargo Salinas, dedicada a proporcionar servicios de diseño, ingeniería, construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura petrolera tanto en mar como en tierra, sería la compañía involucrada en un segundo fraude a la filial mexicana Banamex, del global Citi.
Citigroup denunció, sin precisar el nombre de la empresa involucrada, un segundo fraude, ahora por alrededor de 30 millones de dólares. A este nuevo fraude se suma el denunciado el viernes 28 de febrero, cuando la multinacional estadunidense Citi reveló que Banamex, su filial en México, había concedido a Oceanografía, de Amado Yañez, préstamos por 585 millones de dólares, de los que 400 millones fueron otorgados con documentos falsos en garantía.
Al igual que Oceanografía, Evya tuvo su mayor crecimiento durante las administraciones panistas encabezadas por Vicente Fox y Felipe Calderón, con adjudicaciones de diversas obras.
Esta empresa, que ha sido vinculada directamente con el ex presidente Felipe Calderón, participó en la licitación internacional para construir dos floteles para Pemex, concurso que finalmente fue adjudicado a los astilleros gallegos Hijos de J. Barreras (donde Pemex posee 51 por ciento) y a la empresa pública Navantia-Ferrol.
En este nuevo escándalo, surge como hilo conductor un panista clave en Pemex durante el calderonismo, Mario Alberto Ávila Lizárraga. Solamente en la gestión de Ávila Lizárraga (primero de marzo de 2010 al 6 de diciembre de 2012), como subdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción (PEP), Representaciones y Distribuciones Evya obtuvo 40 contratos con Pemex por un total de 8 mil 255 millones 61 mil 103 pesos.
Por ejemplo, Representaciones y Distribuciones Evya (RD Evya) se adjudicó la licitación 18575106-540-12 para la procura y construcción de obra electromecánica e interconexión con infraestructura existente de proceso para el oleogasoducto de 36 pulgadas por 77 kilómetros que va de la plataforma Enlace Litoral hacia terminal marítima de Dos Bocas (línea 5).
Investigaciones paralelas a las efectuadas por Citi señalan a la empresa Evya y detallan que se utilizó el mismo modus operandi que en Oceanografía para defraudar al intermediario financiero. Se utilizaron falsificaciones de cuentas por cobrar en Petróleos Mexicanos, confió la fuente consultada, que prefirió permanecer en el anonimato.
Evya es una empresa establecida en 1991 en Ciudad del Carmen, Campeche, con más de 400 contratos celebrados con Petróleos Mexicanos y la iniciativa privada. Ha realizado diferentes obras, servicios, mantenimientos y rehabilitación de instalaciones en tierra y costa afuera, principalmente a Pemex y a su subsidiaria Pemex Exploración y Producción, así como a otras empresas que desarrollan sus actividades en el ámbito petrolero nacional, cumpliendo con la normatividad establecida para este sector de la industria y procurando siempre la satisfacción de nuestros clientes, destaca la compañía en su página oficial.

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Pactan plazo para desarme de autodefensas en Michoacán


14 de abril de 2014
Destacado
Se reúne Mireles con Castillo en el penal de La Ruana. Foto: Germán Canseco
Se reúne Mireles con Castillo en el penal de La Ruana.
Foto: Germán Canseco
BUENAVISTA TOMATLÁN, Mich. (apro).- Luego de una larga reunión sostenida entre los 34 coordinadores de las autodefensas y el comisionado federal Alfredo Castillo, se acordó “limpiar la entidad del crimen organizado” a más tardar el sábado 10 de mayo.
Y, una vez satisfecho ese objetivo, los civiles armados se reincorporarían como defensas rurales y policías municipales.
La reunión, realizada en el nuevo penal de Apatzingán, se prolongó por varias horas y, de acuerdo con José Manuel Mireles, líder de las autodefensas, otro de los compromisos es entregar al gobierno federal sólo las armas de grueso calibre, como los 40, 50 y 70, así como lanzagranadas, lanzacohetes y granadas de fragmentación.
Según informes de los comandantes de las autodefensas, desde el 24 de febrero de 2013 –cuando se levantaron en armas– y hasta la fecha, 35 de los 113 municipios de la entidad se encuentran libres de crimen organizado.
Los municipios en poder de las autodefensas representan más de la cuarta parte del territorio michoacano, y entre ellos destacan Buenavista, Lombardía, Tepalcatepec, Coalcomán, Aquila, Apatzingán, Tancítaro, Chinicuila, Múgica, La Huacana, Churumuco, Aguililla, Uruapan, Parangaricutiro, Coahuayana, Peribán, Parácuaro, Yurécuaro y Los Reyes.
Además de Lázaro Cárdenas (sólo en algunas comunidades), Ario de Rosales, Salvador Escalante, Pátzcuaro, Tocumbo, Cotija, Turicato, Tingüindín, Taretan, Huetamo, Jiquilpan, Sahuayo, Nuevo Urecho y Tingambato.
La propuesta, destacaron, es avanzar y “limpiar Morelia, Zamora, completamente Uruapan, La Piedad, Zitácuaro, Ciudad de Hidalgo, Álvaro Obregón, San Lucas, Benito Juárez, Chiquiteo, Numarán, Penjamillo y el resto de los municipios”.
La reunión con el comisionado fue considerada por los líderes de las autodefensas como “provechosa” por los acuerdos asumidos, por lo que “ahora sí podremos ya desplazarnos sin temor a que seamos desarmados, aunque sin utilizar armas de grueso calibre, como el Barret 40, 50 o 60, lanzagranadas y ese tipo de armas que decomisamos al crimen organizado durante más de un año de lucha”.
Por su parte, el comisionado Castillo ratificó en un comunicado los acuerdos pactados este día con las autodefensas en el sentido de “limpiar” la entidad de crimen organizado a más tardar el próximo 10 de mayo.
El funcionario federal destacó que al encuentro acudieron representantes de 20 municipios, en donde “en votación democrática y unánime, los líderes de las autodefensas aceptaron el plazo del 10 de mayo”.
En el tema de la legalización y la coordinación, Castillo resaltó en el comunicado que “se abre la opción para que los ciudadanos de grupos organizados se incorporen a un nuevo cuerpo de Policía Rural Estatal para brindar protección a sus comunidades de manera legal”.
Asimismo, “se amplía el proceso de inscripción para formar parte de los Cuerpos de Defensa Rurales” de la Sedena.
También se acordó que este cuerpo de Policía Rural deberá “estar conformado a más tardar el 11 de mayo”. Durante este lapso, la SSP local hará el reclutamiento, selección y capacitación del personal.
Además, a partir de hoy y hasta el 10 de mayo “los grupos de autodefensas y los gobiernos federal y estatal continúan trabajando de manera coordinada para la ubicación de objetivos del crimen organizado”.
En el caso de la desmovilización de los civiles armados, el comunicado de Castillo señala que los grupos de autodefensa se obligan a registrar sus armas ante la Sedena a más tardar el 10 de mayo, “determinando su portación y uso, según lo establezcan los parámetros legales”.
Además, el gobierno federal se comprometió, por medio del comisionado Castillo, “a gestionar los programas sociales y apoyos respectivos para las viudas y huérfanos de este conflicto”.
También refrendó el compromiso de “realizar las gestiones para lograr el traslado de todos los procesados integrantes de grupos de autodefensas, y que hayan sido detenidos por la portación de un arma, al penal de Apatzingán”.
Sin embargo, advirtió, los integrantes de autodefensas que estén “siendo procesados por otros delitos graves, además de la propia portación de arma, seguirán su proceso penal conforme a derecho”.

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