lunes, 16 de junio de 2014

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RECUERDA, Hoy inician las votaciones, TODOS A VOTAR!!!


Levantan huelga de hambre catedráticos de Colima

Marcha por la autopista Colima-Guadalajara
Marcha por la autopista Colima-Guadalajara  

COLIMA, Col. (apro).- A petición de dirigentes sindicales del país y representantes de organizaciones sociales, anoche levantaron la huelga de hambre los cuatro catedráticos universitarios, en medio de la consigna de sus simpatizantes “¡Los queremos vivos!”.
Ante cientos de personas que se congregaron en el Jardín Libertad, el líder del movimiento, Leonardo César Gutiérrez Chávez, anunció:
“Agradecemos las voces que nos requieren vivos, con las facultades mentales claras, con buena salud; estamos conscientes de lo que es el deterioro físico, el cuerpo no está para aguantar más, tiene sus límites. A nombre de los compañeros huelguistas les digo que hemos decidido levantar la huelga; la levantamos en pie y en seguimos en la lucha”.
Pese a que se mantuvieron 45 días en ayuno frente al Palacio de Gobierno, el gobernador, Mario Anguiano Moreno, y el rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, no atendieron las demandas de los manifestantes.
Entre otras cosas, los huelguistas exigían legalidad y transparencia en el manejo de los recursos del Fondo Social de Apoyo al Pensionado (Fosap) de la casa de estudios, el cese a la violación de 35 cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo y la restitución de Gutiérrez Chávez como dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, quien fue removido en marzo pasado por presuntas presiones de la Rectoría.
En los primeros días, eran ocho los académicos en huelga de hambre: Leonardo César Gutiérrez Chávez, Pedro Vidrio Pulido, J. Jesús Ponce Ochoa, Herminio López Ramírez, José Jesús Lara Chávez, Javier Herrera Báez, José Miguel Rodríguez Reyes y Carlos Lezama Cervantes, pero con el paso de tiempo los cuatro últimos se vieron obligados a suspender el ayuno tras sufrir complicaciones en su salud.
En representación del Comité Ciudadano de Apoyo a los Maestros Universitarios en Huelga de Hambre, la profesora Paula Delia González Nolasco consideró que “no es ético ni moral que los huelguistas sigan más allá de sus posibilidades físicas y sicológicas a costa de infligir daños en su salud; el propósito de esta lucha no es tener héroes, no es contar con mártires, sino colaborar para que la universidad sea la punta de lanza de la intelectualidad, moralidad y ética de un pueblo, además de salvaguardar sus derechos como sindicalistas y para esto hoy pueden visualizarse otros caminos”.
Refirió que el esfuerzo de los huelguistas ha tenido frutos significativos, entre ellos haber mostrado “la podredumbre y la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos asignados a la universidad” y “desveló los intereses de los dueños de los medios de comunicación, que en el estado de Colima tienen vocación para servir al poder en turno y no de informar a la población”.
También, dijo Paula Delia González, el movimiento “evidenció el autoritarismo y la incapacidad de diálogo del gobierno, así como su complicidad con las autoridades universitarias, contrario a lo que la autonomía que tanto pregonan”.
Esta lucha, además “convocó a un grupo significativo de la población de Colima, quienes en el ejercicio de su ciudadanía ante la justeza y honestidad de la huelga, pudieron y pudimos asumirnos como personas con derechos y con capacidad para defenderlos”, “inyectó energía y vida en un movimiento estudiantil que ya no tiene vuelta atrás y rompió el aislamiento de la lucha sindical, tras obtener el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales”.
Así mismo, “el gran triunfo de esta lucha es que ahora tenemos la seguridad de que tanto la máxima casa de estudios como la población colimense ya no serán las mismas: ya que esta experiencia quedará también en el inconsciente colectivo para la transformación de nuestra universidad y de nuestra sociedad”, puntualizó González Nolasco.
Antes del mitin en el que se anunció el levantamiento de la huelga de hambre, se realizó la “Marcha por la dignidad”, con un recorrido de más de diez kilómetros que empezó en la Glorieta del Rey Colimán y enfiló hacia la autopista Colima-Guadalajara, que fue bloqueada por más de una hora por los manifestantes, mientras se dirigían hacia el puente de La Estancia y después hacia el Jardín Libertad, en el centro de esta capital.
Con el respaldo de un contingente del Sindicato Mexicano de Electricistas, así como de representantes de sindicatos de diversas universidades del país, en la marcha participaron trabajadores y estudiantes de la Universidad de Colima, así como miembros de organizaciones como Conciencia Ciudadana, del Partido de la Revolución Democrática y del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
En su intervención, Leonardo Gutiérrez denunció que son más de 700 millones del fondo de pensiones que “han sido desviados y no se ha demostrado con documentación dónde están; ellos dicen que pagaron sueldos de jubilados, que lo demuestren, que den la lista y también que se apeguen al reglamento, porque se sigue violando la normatividad del Fosap, el contrato colectivo y el contrato del fideicomiso”.
A la fecha, abundó, “continúa el contubernio entre el gobernador y el rector para hacer enjuagues con los recursos públicos”, por lo que “consideramos que hay más fraude, más dinero desviado para campañas políticas y para hacer millonarios a muchos exrectores”.
Gutiérrez Chávez mencionó que a pesar de que la Secretaría de Educación Pública autorizó en 2013 al rector José Eduardo Hernández Nava un sueldo mensual de 58 mil pesos, el propio funcionario universitario se autoasignó 145 mil pesos, que con el aumento de este año asciende a más de 150 mil pesos y si se le agregan las prestaciones y la prima de antigüedad, el sueldo actual del directivo universitario es de alrededor de 270 mil pesos al mes.
Y no descartó la posibilidad de que, ante la opacidad con la que la Rectoría maneja los recursos de pensiones, el rector ya se haya jubilado y esté recontratado ganando el doble.
Recordó que la auditoría 2012 de la ASF reveló anomalías en el manejo de al menos 250 millones de pesos en la Universidad de Colima, e los que 129 millones que se descuentan a los trabajadores del impuesto sobre la renta no fueron reportados al fisco, en tanto que no se comprobó el manejo de más de 122 millones de pesos que supuestamente habrían sido entregados en prestaciones a los trabajadores.
En entrevista posterior, Leonardo Gutiérrez señaló que tras el levantamiento de la huelga de hambre continuará la lucha por otras vías, mediante la conformación de un frente social que no sólo atenderá cuestiones universitarias, sino también otras demandas de la población.

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En la nueva ley, la CFE sería simple operadora de las empresas privadas


Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Lunes 16 de junio de 2014, p. 5
La ley de la industria eléctrica reducirá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a simple operadora, ya que las empresas privadas se encargarán de la generación, distribución y venta de energía eléctrica, con lo cual se reforzará la presencia que ya tienen las trasnacionales en el país y en los hechos permitirá que se constituyan monopolios regionales de producción.
Un análisis del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados resalta que se trata del desmantelamiento de la paraestatal y se da paso a la privatización de la industria eléctrica nacional.
La redacción de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, explicó el vicecoordinador de la bancada, Ricardo Mejía Berdeja, apunta en ese sentido, particularmente los artículos 8 y 9, que señalan: ‘‘La generación, transmisión, distribución, comercialización y la proveeduría de insumos primarios para la industria eléctrica se realizarán de manera independiente entre ellas y bajo condiciones de estricta separación legal; de la misma manera, se separarán el suministro de servicios básicos y las otras modalidades de comercialización.
‘‘Sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Comisión Federal de Competencia en el ámbito de sus atribuciones, la secretaría (de Energía) establecerá los términos de estricta separación legal que se requieran para fomentar el acceso abierto y la operación eficiente del sector eléctrico y vigilará su cumplimiento’’.
También indica que cuando a juicio de la dependencia ‘‘la separación legal sea insuficiente para fomentar el acceso abierto o la operación eficiente del sector eléctrico, la secretaría ordenará la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones’’.
Mejía Berdeja explicó que esa definición ‘‘condena a la CFE a la fractura, separación y disgregación de sus activos, quedando convertida, en el mejor de los casos, en un holding que administrará una multitud de subsidiarias y filiales’’.
La legislación, agregó, también le otorga a la Secretaría de Energía facultades para atomizar y privatizar el parque de generación de la CFE, argumentando la operación eficiente del sector, lo que deja a la empresa en total estado de indefensión.
También, expuso, aunque se considera la integración vertical de generadores y comercializadores, se quiere facultar a Energía para impedir esa integración en el caso de la CFE. ‘‘Aflora claramente uno de los objetivos ocultos de la ley: hacer de la electricidad un negocio exclusivamente para los generadores privados’’, afirmó.
Por si fuera poco, plantea en el artículo 30 que el Estado, a través de la Secretaría de Energía, transportistas o distribuidores, podrá formar asociaciones o celebrar contratos con particulares para que lleven a cabo, por cuenta de la nación, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y que la adjudicación de las asociaciones y contratos se realizará a través de ‘‘procesos competitivos’’.
Esa redacción tiene cuatro implicaciones:
–Que la transmisión y distribución podrían llevarse a cabo a través de empresas públicas o privadas, una situación similar al caso a las asignaciones y contratos en hidrocarburos.
–Que cuando el Estado actúe a través de particulares tendría que celebrarse una asociación o un contrato.
–También, que las empresas podrán celebrar asociaciones o contratos directamente con la Secretaría de Energía, con CFE-Transmisión, CFE-Distribución o con las empresas públicas que se encarguen de esas actividades.
–La iniciativa permite privatizar funciones que le corresponden de manera exclusiva al Estado.
El artículo 31 considera que la Secretaría de Energía estaría facultada para imponerle a CFE y a cualquier empresa pública la celebración de asociaciones o contratos para que particulares operen las redes públicas.

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Abren vía para importar el servicio de energía eléctrica y productos asociados


Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Lunes 16 de junio de 2014, p. 5
En el dictamen de la ley de la industria eléctrica que discutieron en lo general y en lo particular PRI, PAN y PVEM el sábado anterior en el Senado, aun sin someterlo a votación las comisiones, destacan que con la entrada en vigor de este ordenamiento ‘‘se podrá importar energía eléctrica y productos asociados’’.
Se precisa en el documento que dicha importación se podrá realizar hasta que entre en operación el mercado eléctrico mayorista, en términos de las disposiciones que emita la Comisión Reguladora de Energía para reglamentar dichas transacciones ‘‘a partir de la entrada en operación de ese mercado’’. En caso de no contar con conexión a la red nacional de transmisión o a las redes generadoras de distribución, podrá hacerse con la autorización de la comisión reguladora.
Sanciones
En el capítulo de sanciones se detalla que se multará hasta con tres veces el importe de la energía eléctrica consumida, a partir de la fecha en que se cometió la infracción, ‘‘a quien conecte sus redes particulares con el sistema eléctrico nacional o con otra red particular para su alimentación sin la debida autorización y contrato (los llamados diablitos)’’.
Se aplicará esa misma sanción ‘‘al usuario final que consuma energía eléctrica a través de instalaciones que eviten, alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de medición, tasación, facturación o control del suministro eléctrico’’.
De igual forma, se indica en el dictamen que esa misma sanción se aplicará a ‘‘quien consuma energía eléctrica sin haber celebrado el contrato respectivo, a las personas que permitan, fomenten, propicien o toleren las actividades referidas, y a quien utilice energía eléctrica en forma o cantidad que no esté autorizada por su contrato de suministro’’.
Se detalla que ‘‘al infractor reincidente se le aplicará una sanción equivalente al doble de la que se le hubiera aplicado la primera vez. Asimismo, al que incurra en contumacia se le multará con el triple de la primera sanción, además de la suspensión temporal o definitiva del servicio eléctrico’’.
Las comisiones dictaminadoras resaltan que ‘‘se considera importante expresar con mayor detalle el tema de importación de energía eléctrica; la introducción de electricidad al sistema eléctrico nacional deberá estar sujeta a la misma regulación que la energía generada en el país, por lo que el importador deberá respetar las normas que establezca para el caso la Comisión Reguladora de Energía’’.
Durante los trabajos las comisiones dictaminadoras modificaron la iniciativa del titular del Ejecutivo federal para precisar en el texto: ‘‘Se considera conveniente que, desde el inicio de la vigencia de la ley de la industria eléctrica, la posibilidad de importar electricidad continúe vigente liberando los obstáculos regulatorios para las empresas que destinarán la energía para usos propios, sin inyectarla al sistema eléctrico nacional’’.
Régimen transitorio para las centrales en el extranjero
En el régimen transitorio se establece que las centrales eléctricas ubicadas en el extranjero podrán ser representadas en el mercado eléctrico mayorista por comercializadores que no sean suministradores. Quienes realicen esta actividad se sujetarán a las obligaciones de los generadores, con excepción de la estricta separación legal a que se refiere el artículo 8 de la ley de la industria eléctrica.
Finalmente, por acuerdo de los representantes del PRI y el PAN, los dictamenes de las leyes reglamentarias en materia eléctrica se discuten en lo general y particular, pero no se votarán sino hasta que haya concluido la discusión de los cuatro paquetes de dictámenes, y ello podría ocurrir el día 25 de este mes.

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Pide Bartlett debate público sobre amparo contra reforma energética

Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Lunes 16 de junio de 2014, p. 3 

El coordinador de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatir de manera pública la solicitud de amparo que presentó contra el procedimiento legislativo por el que el Congreso federal y los locales aprobaron en diciembre del año pasado la reforma energética, ‘‘ya que estuvo plagado de irregularidades y violaciones’’.
En entrevista, detalló que debieron recurrir por segunda ocasión a la Suprema Corte, ya que esa instancia, en días pasados y en una ‘‘sesión secreta’’, rechazó esa demanda.
Se presentó entonces ‘‘un recurso de reclamación y le estamos pidiendo a la Suprema Corte y sus 11 ministros que, como es su obligación, en una sesión pública –y de cara a todos los mexicanos– analicen las violaciones al procedimiento que llevó a la aprobación de la reforma energética’’.
Es una demanda en la que Bartlett ha insistido desde el pleno del Senado y durante las discusiones de las leyes secundarias en esa materia que se han dado en los días recientes. ‘‘Somos tan poder como la Suprema Corte; tienen que revisar la demanda’’, expresó.
Si la SCJN deja al Congreso sin el control de la constitucionalidad, hay un rompimiento al estado de derecho, insistió el legislador petista. Explicó luego el desarrollo de ese proceso judicial, que lleva ya cinco meses. En enero, precisó, junto con otros legisladores del PT presentaron la demanda contra la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, ‘‘por la que se entrega el petróleo, el gas y la electricidad a empresas extranjeras’’.
Se documentó, entre otras violaciones –dijo– que en la discusión en comisiones del Senado se cambió el proyecto de dictamen sin que la mayoría de sus integrantes tuviera conocimiento, y los presidentes de Energía y de Estudios Legislativos, David Penchyna y Raúl Gracia, respectivamente, presentaron ante el pleno una adenda, es decir ‘‘un documento de última hora en que se incluyeron cambios que ahondaron en la privatización y en los beneficios a las trasnacionales que se llevarán la renta petrolera’’.
Bartlett detalló que en la solicitud de amparo incluyeron la forma acelerada y sin la discusión que se dio en comisiones, donde no hubo debate en el pleno y la mayoría de los congresos de los estados avalaron esa reforma energética. ‘‘El juez octavo de distrito en materia administrativa, Francisco Silva Nava, dio entrada al recurso, lo que fue una sorpresa para todos’’, ya que se basó en el criterio establecido en el artículo primero constitucional que alude a violaciones a derechos fundamentales. Comenzó a trabajar de inmediato.
Sin embargo, el presidente Enrique Peña Nieto, a través de su consejero jurídico, Humberto Castillejos, y las directivas del Senado y la Cámara de Diputados, presentaron en febrero una queja contra el juez Silva Nava y poco después el primer tribunal colegiado de circuito le ordenó que retirara su auto y declarara no procedente el amparo.
Bartlett Díaz precisó que impugnó esa resolución ante la Suprema Corte de Justicia y el máximo tribunal del país rechazó darle entrada, ‘‘en una resolución que no fue discutida en el pleno, porque se dio en una sesión secreta, por lo que nadie sabe qué se argumentó. Luego, el presidente de la Corte, Juan N. Silva Meza, se excusó –el juez es su hijo– y asumió sus funciones la ministra Olga Sánchez Cordero, quien determinó sin más que no procedía la petición. El nuevo recurso, insistió, requiere que lo analice el pleno del máximo tribunal.
Advirtió que en el Senado se dictaminan las leyes secundarias con ‘‘una serie de violaciones sistemáticas al reglamento que no han parado desde el inicio de la discusión’’ y que provocaron que tanto PT como PRD hayan abandonado la reunión de comisiones. ‘‘Todo es una simulación.’’

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Aplican “fast track” PRI, PAN y PVEM y aprueban dictamen de sector eléctrico

PROCESO 


14 de junio de 2014
Nacional
Penchyna durante la discusión de la reforma energética. Foto: Octavio Gómez
Penchyna durante la discusión de la reforma energética.
Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Sin discusión alguna, senadores del PRI, PAN y PVEM aprobaron en una hora el dictamen que da un nuevo marco regulatorio al sector eléctrico del país.
Los legisladores de esos tres partidos, ante la ausencia de los senadores del PRD, sólo hicieron posicionamientos y no hubo debate sobre el contenido de las nuevas leyes de la Industria Eléctrica y de Ley de la Industria Geotérmica, así como del proyecto de reformas a la Ley de Aguas Nacionales.
La reunión de las comisiones unidas inició a las 13 horas y 60 minutos después ya había concluido tanto la discusión en lo general como en lo particular.
Tras los posicionamientos de senadores de los tres partidos, los legisladores indicaron que estaba suficientemente discutido el dictamen en lo general.
El senador del PAN Salvador Vega Casillas anunció que su fracción se reservaba todos los artículos de las tres leyes a discusión y que su bancada definirá después qué artículos se retiran de la reserva y que no necesiten modificación, para dejar los que se requiera cambiar, a fin de tener un documento armonizado.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna, explicó que el PRI no tenía ningún artículo reservado. Explicó que en la construcción del dictamen se hicieron más de 60 modificaciones con respecto a las iniciativas del Ejecutivo federal.
“Estamos convencidos que guardan una integridad en función de lo que mandata la reforma constitucional, tenemos claridad de que el modelo se está cubriendo cabalmente” dijo el priista.

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Nos defenderemos ante la servidumbre de hidrocarburos, advierten campesinos


Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Sábado 14 de junio de 2014, p. 13
Líderes campesinos advirtieron que de consumarse el despojo de tierras de cultivo ejidales y particulares en favor del capital privado y las empresas trasnacionales para imponer la servidumbre de hidrocarburos, como se proyecta en las leyes secundarias en materia energética, se generará un movimiento colectivo de resistencia mediante comités de defensa de la tierra.
El gobierno federal está ciego y sordo frente a un país que se descarrila, pero si continúa con su estrategia de imponer, la advertencia es clara: defenderemos la tierra a sangre y fuego. La decisión de las comunidades, lejanas a un Congreso que no las ve ni las oye, está tomada. Las trasnacionales como Shell y Halliburton, y cualquier otra, deben saber que no serán campos petroleros, sino campos de batalla, afirmaron.
En entrevista por separado, Álvaro López Ríos, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, consideró un atropello del Senado la inminente aprobación de las leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica, que contempla la expropiación de tierras comunales y particulares para la exploración de yacimientos, que podrán ser entregadas a las empresas que realicen estas tareas.
El gobierno está actuando de forma autoritaria en favor del gran capital y de las firmas que vendrán a intentar despojarnos de nuestra tierra. Lo previmos, pero hemos advertido que ante una reforma que atropella y despoja a los ejidatorios, comuneros y pequeños propietarios, vamos a organizar comités de defensa de la tierra.
Nuestro mensaje es claro, dijo, en este país la tierra se va a defender a sangre y fuego; a cualquier costo. Si el gobierno quiere, en harás de servir al capital, facilitar inversiones extranjeras que atropellan derechos adquiridos por los campesinos, éstos legítimamente tendrán derecho a defenderla a como dé lugar.
Recordó que en marzo pasado, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió ante diversas organizaciones del sector a que la propiedad social de la tierra no se tocaría, y estos son los resultados.
Por su parte, Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista, advirtió que de consumarse la aprobación de este marco normativo, vendrá una resistencia muy grande de los pueblos, ejidos y comunidades.
Reconoció que pese a la promesa del senador prísta Emilio Gamboa de que se respetería la propiedad social de la tierra, no se está cumpliendo, porque es evidente que el gobierno ya tomó una definición, pero nosotros como organizaciones también la tenemos para defender la tierra y los recursos naturales. Las empresas no van a pasar en los predios comunales y ejidales.
En tanto, Alfonso Ramírez Cuella, dirigente de El Barzón, señaló que la intención del PRI y del PAN es aplicar un despojo absoluto contra los campesinos, que afectará grandes extensiones de tierra, y además se destruye toda la procuración de justicia en materia agraria y ambiental.

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En riesgo, grandes extensiones de tierra en 4 estados por cambios en materia energética

Emir Olivares Alonso e Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Lunes 16 de junio de 2014, p. 6
Los despojos a propietarios, comuneros y ejidatarios de tierras y bienes a través de expropiaciones, planteados en las leyes reglamentarias de la reforma energética en materia de hidrocarburos y electricidad, afectarán más de 400 mil kilómetros cuadrados de terrenos en 12 entidades del país, aseguró el senador perredista Luis Sánchez.
Al participar en un foro sobre medio ambiente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Sánchez, vicepresidente de la mesa directiva del Senado, presentó un estudio realizado por su equipo, en el que se alerta sobre la intentona de expropiar las tierras de pequeños, medianos y grandes propietarios cuando se decrete la existencia de yacimientos de petróleo y gas, así como para instalaciones eléctricas.
La investigación, hecha con base en información de Petróleos Mexicanos (Pemex), muestra que con esas expropiaciones se afectaría, tan sólo en el caso de las reservas de hidrocarburos, a 260 municipios de entidades como Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Campeche. A lo que habría que sumar los espacios para la industria eléctrica.
En tanto, el experto en temas energéticos Fabio Barbosa Cano, advirtió que las leyes secundarias de la reforma energética –que se discuten en el Senado– preludian la agudización de conflictos sobre defensa de tierras a la que empujan a los ejidatarios, campesinos e indígenas, porque se traslapan con algunas de las grandes áreas prospectivas de México.
Barbosa Cano, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, aclaró que quizá el conflicto es débil y disperso en zonas como el desierto de Chihuahua o de algunos municipios de Coahuila, pero muy intenso en áreas como la cuenca Tampico-Misantla, donde Pemex espera encontrar el mejor potencial mexicano en gas de lutita o también conocido como de esquisto (shale, en inglés).
El especialista consideró que las poblaciones suceptibles de ser afectadas por las expropiaciones de importantes áreas son: Veracruz, Tabasco, Campeche y Tamaulipas.
Lo que marca la norma
En entrevista con La Jornada, explicó que ratificando lo planteado en el artículo octavo transitorio que define la exploración y extracción de hidrocarburos como actividad estratégica, de interés social y orden público, entonces se tendrá preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y el subsuelo.
Barbosa Cano consideró que se exacerbará el conflicto rural, porque la legislación secundaria del Ejecutivo federal –copia de lo implantado en Colombia– o la traslada mecánicamente de ese país, al nuestro, una figura jurídica llamada Servidumbre minera/”Servidumbre petrolera”.
En resumen, esta norma consiste en que un simple juez de distrito, para agilizar la solución de un conflicto entre el asignatario de una concesión y el propietario de la tierra, limita el derecho de propiedad o de dominio del campesino o del indígena. El Ejecutivo asegura en la exposición de motivos que esta es una nueva figura que se incorpora a nuestro sistema jurídico pero la verdad es que hace décadas que opera en Colombia.
Por otra parte, la dirigencia nacional del PRD calificó de atentado a los intereses de la nación, la aprobación por los legisladores de PRI y PAN del segundo dictamen sobre la legislación secundaria de la reforma energética, la cual contiene las normas de las industrias eléctrica y geotérmica, así como el proyecto de ley de aguas nacionales.
Alejandro Sánchez Camacho, secretario general del PRD, señaló que los legisladores del tricolor y del blanquiazul pusieron en riesgo la soberanía energética del país.
Es deplorable que esos institutos políticos antepongan el interés de las empresas privadas nacionales y extranjeras al de la nación, concluyó.

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Buscan legalizar despojo de tierras también en el sector de electricidad

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Alejando Encinas, Dolores Padierna, Manuel Bartlett, Fernando Mayans, Zoé Robledo y Miguel Barbosa, entre otros legisladores, durante la discusión de las leyes secundarias en comisiones del SenadoFoto José Antonio López
Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Sábado 14 de junio de 2014, p. 13
La pretensión de despojar a propietarios, comuneros y ejidatarios de tierras y bienes en los que haya yacimientos de petróleo y gas se extendió también para el caso de instalaciones eléctricas.
En el proyecto de dictamen de nueva ley para ese sector, dado a conocer por los presidentes de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera, David Penchyna y Raúl Gracia, respectivamente, se señala que el gobierno decretará, en un plazo de 10 días, la expropiación de terrenos y propiedades requeridos por las empresas nacionales y extranjeras que tengan contrato para generar y comercializar electricidad, en caso de que no hayan llegado a un acuerdo sobre la indemnización respectiva.
La iniciativa que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado sobre la nueva ley de la industria eléctrica no consideraba llegar a expropiar tierras y propiedades, pero en el proyecto de dictamen que ya circula en el Senado se incluyó esa medida, junto con otras modificaciones.
En el capítulo VII, título segundo, del proyecto de dictamen se autoriza a las trasnacionales eléctricas a negociar con los dueños de los predios la contraprestación que les deberán pagar por rentar o comprar los terrenos donde construirán instalaciones de electricidad, generadores o ductos, pero el valor de los terrenos se acordará con un organismo oficial, de acuerdo con la Secretaría de Energía, no con los propietarios.
Al respecto, la senadora Dolores Padierna, del PRD, dijo que su bancada tiene reservados todos los artículos de la ley de hidrocarburos donde se establece el despojo de tierras, y lo propio hará en el caso de la industria eléctrica. Vamos a proponer cambios y que se señale expresamente que tales disposiciones no se aplicarán a superficies ocupadas por pueblos y comunidades indígenas
Por su parte, su homólogo Manuel Bartlett, del PT, dijo que sería gravísimo que tales normas se aprueben, ya que rompen el sistema de propiedad social.
Entre las modificaciones hechas a la propuesta original de Peña Nieto está precisamente que procederá la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria eléctrica.
Se resalta en el proyecto de dictamen que las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas.
Que la Federación y los gobiernos de los estados, municipios y delegaciones del Distrito Federal contribuirán al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia.
Asimismo, define que las empresas nacionales y extranjeras podrán acordar la adquisición, uso, goce, servidumbre o afectación de la modalidad idónea para el desarrollo de su proyecto eléctrico, entre ellas el arrendamiento, ocupación superficial, comodato, compraventa y permuta.
La contraprestación comprenderá pago en efectivo o en especie, o el compromiso de contratación del propietario o titular del bien o derecho de que se trate.
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) mediará entre el afectado y la empresa contratista, y podrá sugerir la forma de adquisición o uso de los terrenos o propiedades donde se habrá de construir estructura eléctrica. Además, en caso de que el propietario no acepte los avalúos particulares, este instituto será el encargado de fijarlos.

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Queda discutida la ley de hidrocarburos; el PRD se retira ante "abusos" de PRI y PAN


Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Sábado 14 de junio de 2014, p. 14
La ley de hidrocarburos, la principal de la reglamentación en materia energética, quedó discutida ayer en lo general y en lo particular en el Senado, en una reunión de comisiones dictaminadoras de la que se retiró el PRD, ante la ilegalidad y el abuso en que han incurrido PRI y PAN, según denunció el coordinador Miguel Barbosa, antes de abandonar la sesión junto con los demás legisladores de izquierda.
Perredistas y petistas explotaron, luego de cuatro días de asistencias virtuales, en las que no hubo quórum porque los senadores del PAN se presentaron a ratos, en una simulación, ya que están más interesados en los negocios que tienen en una mesa paralela con el gobierno federal, denunció Manuel Bartlett.
Ahí se quedan para hacer lo que quieran con la legalidad; no vamos a tolerar su comportamiento cínico, gritó Barbosa a los presidentes de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera, David Penchyna y Raúl Gracia, respectivamente, luego de la ríspida reunión, en la que estos últimos descalificaron la opinión de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el sentido de que el procedimiento que aprobaron para dictaminar las leyes energéticas viola el reglamento del Congreso.
Gracia puso en duda la autenticidad de la firma del presidente de esa comisión, su compañero de bancada Javier Corral, y lo acusó de conflicto de interés, por haber prejuzgado antes la legalidad del acuerdo por el que primero se discuten los cuatro dictámenes y al final se votan, lo que implica que sin aprobarlos en lo general deban discutirse en lo particular.
El perredista Isidro Pedraza explicó que antes, Gracia lo sometió a un interrogatorio policiaco y exigió que le entregaran copia de los oficios con que Corral citó a reunión a la comisión a su cargo, y se puso en duda que hubiera asistido la senadora priísta Ivonne Álvarez.
Los perredista exhibieron documentos que prueban que asistió, que está su firma, aunque al final no avaló el acuerdo, luego de que el coordinador Emlio Gamboa la regañó. El senador Alejandro Encinas reclamó a Gracia por comportarse como juez, en lugar de vigilar el procedimiento legislativo, y éste se lanzó contra una izquierda incongruente e intransigente, que prohíbe circos para proteger animalitos, pero permite el aborto. Pedraza lo llamó lamebotas de Penchyna.
La reunión comenzó a las 2:30 de la tarde; a las 4 se levantó el PRD y Penchyna declaró un receso de una hora, que prolongó por tres. Antes, en conferencia de prensa, el priísta dejó claro que aun sin los legisladores de izquierda iban a continuar los trabajos, ya que el próximo día 23 deben estar ya discutidos los cuatro dictámenes de las leyes secundarias.
Sostuvo que el receso fue sólo para llamar a la cordura a los perredistas, a quienes acusó de chantaje, chicanas y tácticas dilatorias, ya que han alargado la sesión en los últimos tres días, en los que han tenido uso de la palabra por 800 minutos.
Sin los perredistas y petistas, el PRI, junto con Acción Nacional y el PVEM, pudieron concluir sin problemas esa ley, ya que no se discutieron las 408 reservas que los primeros habían inscrito para modificar los artículos en que se abre la puerta para que las trasnacionales accedan a la renta petrolera y puedan apoderarse de tierras y bienes ejidales y comunales.
Sin embargo, el PAN debió reservarse todo el articulado de las leyes de hidrocarburos, minera, de inversión extranjera y de asociaciones público-privadas que conforman el primer dictamen.
El panista Salvador Vega Casillas explicó que debieron acudir a reservarse todo el articulado porque, de lo contrario, en la discusión que se dará ante el pleno no podrían modificar ninguno de ellos.
Bartlett comentó que es la primera vez que concluye la discusión de un dictamen sin que se vote. Y no lo hacen porque están sujetos al chantaje del PAN, que no les ha garantizado los votos hasta lograr lo que están negociando con el gobierno federal, destacó.
Barbosa advirtió que regresarán cuando se haya restablecido la legalidad del procedimiento parlamentario, y envió un oficio al presidente del Senado, Raúl Cervantes, en el que le pide intervenir y determinar, conjuntamente con la comisión presidida por Corral, si el formato sobre el que se discuten las leyes reglamentarias de la reforma energética es violatorio de las normas del Congreso.
Por la noche, Cervantes anunció que el próximo lunes se hará uso de su facultad colegiada para una revisión jurídica del acuerdo que tomaron las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos
Entrevistado vía telefónica, ya que está fuera de la ciudad, Corral recalcó que la opinión que dio la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es válida y tiene pleno sustento legal. Refrendó que el formato de discusión es violatorio del procedimiento legislativo y va contra toda práctica parlamentaria.
Al final, Gamboa reconoció que va a ser necesaria una controversia, en la que el Poder Judicial defina si es legal la forma en que las comisiones dictaminadoras procesan las leyes en materia energética.

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Desigualdad entre Pemex y trasnacionales


Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Lunes 16 de junio de 2014, p. 4
Aunado a que la reforma energética no proporciona los mecanismos suficientes para que Petróleos Mexicanos (Pemex) pueda competir en igualdad de condiciones con las trasnacionales, se suman otros factores en la economía nacional que inhibirán esas posibilidades, aseguró Francisco Garaicochea, presidente del Grupo Ingenieros Petroleros Constitución de 1917.
Explicó que las compañías nacionales obtienen financiamiento con tasas de interés mucho mayores que las transnacionales, además de que el contenido de bienes de capital desarrollado y fabricado en México es muy bajo.
En México hay una ausencia de financiamiento a tasas competitivas, por lo que de inicio existe una desventaja de la planta productiva nacional, dijo.
En las modificaciones a las leyes secundarias enviadas por el Ejecutivo se elevó el contenido nacional de 25 a 35 por ciento con respecto a la propuesta original; sin embargo, este límite sigue siendo bajo si se compara con el establecido en Brasil, donde es de 70 por ciento.
Cargos desmedidos
Por otro lado, las trasnacionales presentan a Pemex cargos por sus servicios de tres a cuatro veces mayores que los reales o al que cobrarían en sus países.
Estas compañías generan empleos y pagan impuestos en sus países, donde fabrican los equipos y herramientas que utilizan en México. Adicionalmente, el desarrollo tecnológico de las compañías extranjeras es superior al de Petróleos Mexicanos y el de las compañías privadas nacionales.
A su vez, Pemex depende totalmente de las trasnacionales para registrar y analizar la información tomada de los pozos, datos que permiten obtener la cantidad de hidrocarburos en los yacimientos; además, compañías como Schlumberger y Halliburton le perforan y fracturan por cuenta y orden de la petrolera mexicana una gran parte de los pozos.
Otro aspecto que inhibirá la competencia es que la infraestructura nacional para extraer hidrocarburos en formaciones de lutitas es muy inferior a la que tienen las compañías que producen gas y petróleo en la cuenca de Eagle Ford, en Estados Unidos, que se extiende hacia México, por lo que los costos de producción aquí resultan dos o tres veces mayores que los de las compañías que operan en el otro lado de la frontera norte. Asimismo, el costo de la energía en México, como el de la electricidad, el gas, la gasolina, es superior al de Estados Unidos.

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Crimen organizado y falta de leyes alejan a México del boom del esquisto

Reuters
 
Periódico La Jornada
Sábado 14 de junio de 2014, p. 15
Nuevo Laredo, Méx., 13 de junio.


Basta con pasearse por la polvorienta región justo al sur de la frontera con Estados Unidos para entender las dificultades que enfrenta México a la hora de capitalizar el boom del esquisto en América del Norte.
En Texas, miles de pozos trabajan sin cesar para producir volúmenes récord de hidrocarburos no convencionales, como aceite y gas shale, transformando pueblos como Carrizo Springs en localidades pujantes.
Del lado mexicano, los cárteles de la droga recorren las regiones sin explotar, dejando un rastro de cadáveres. Los relativamente pocos pozos convencionales operados por la paraestatal Pemex y contratistas cierran durante la noche como medida de seguridad.
Pero la creciente violencia, aunque dramática, es sólo uno de los muchos obstáculos que impiden el despegue de un boom de esquisto mexicano, que aún se ve a muchos años de distancia.
El crimen organizado sí es un costo operativo de seguridad que van a estar vigilando las empresas, dijo Alberto Islas, jefe de la consultoría Risk Evaluation, con sede en la ciudad de México.
Los cadáveres de las víctimas de la guerra entre pandillas del narco se apilan en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, corazón de una de las regiones más ricas en depósitos de shale en el país, donde se han desplegado cientos de soldados en las últimas semanas.
Desde abril se han reportado decenas de asesinatos en esa ciudad de 600 mil habitantes, en medio de una guerra entre los cárteles del Golfo y de Los Zetas.
Tenemos que renovarnos o morir, dijo Federico Alanís, propietario de un negocio familiar de aluminio en Reynosa.
Tanto él como otros esperan una transformación debida a la reforma energética aprobada el año pasado, que terminó con el monopolio de 75 años de Pemex sobre la extracción de hidrocarburos y promete miles de millones de dólares en inversiones, lo que Alanís calificó como una bendición del Señor.
La agencia estadunidense de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés), dice que el potencial combinado de petróleo y gas de esquisto de México es el séptimo mayor del mundo, con 117 mil millones de barriles de petróleo equivalente, mucho más que el estimado de 60 mil millones de Pemex.
Pemex tiene limitada experiencia en esquistos y se ha enfocado en proyectos más rentables de petróleo y gas hacia al sur. La firma cree que México tiene unos 32 mil millones de barriles de crudo equivalentes sólo en aceite shale.
Eso es más que el potencial del país en las aguas profundas del Golfo de México. El área es vista como la mayor ventaja de la reforma energética.
Pero en lo que se refiera al desarrollo del shale, México apenas está comenzando. En los últimos años ha perforado menos de 20 pozos de prueba en la región de la Cuenca de Burgos, rica en depósitos de esquistos, que es una extensión de la formación Eagle Ford del sur de Texas.
Para nosotros es totalmente nuevo, dijo Alberto de León, presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la fronteriza ciudad de Nuevo Laredo.
Justo al otro lado de la línea limítrofe, miles de pozos en Eagle Ford producen más de 1.2 millones de barriles por día.
Pese a que Nuevo Laredo es el punto más dinámico para el cruce terrestre de camiones desde y hacia Estados Unidos, ninguna empresa petrolera tiene oficinas allí, lo que no es precisamente la respuesta esperada por el gobierno cuando aprobó la reforma en diciembre, dijo De León.
Mucho potencial y muchos obstáculos
México tiene décadas de retraso frente a Estados Unidos en ese sector, con casi ninguna planta procesadora o ductos, ausencia casi total de trabajadores especializados y muy escasa agua necesaria para extraer los depósitos de shale.
Partidos políticos de centroizquierda en México están tratando de prohibir la fractura hidráulica (fracking), técnica usada para liberar el gas y petróleo de la densa roca de esquisto, argumentado preocupaciones ambientales.
El programa de esquisto de Pemex se concentra actualmente en 19 pozos de Burgos y dos bloques de pruebas: el área Galaxia, cerca de Nuevo Laredo, y Limonaria, más al sur.
Esas y otras exploraciones de esquisto recibirán inversiones por 800 millones de dólares en los próximos 12 meses, dijo Gustavo Hernández, jefe de Pemex Exploración y Producción.
Limonaria no es una extensión de Eagle Ford, sino parte de la cuenca Tampico-Misantla, la mayor cuenca de esquisto del país, con cerca de 35 mil millones de barriles de crudo equivalentes, según datos de Pemex.

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Señalan a Romero Deschamps como contratista que vende servicios a Pemex

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 16 de junio de 2014, p. 12
 
El actual secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, es socio inversionista de diversas empresas contratistas que venden servicios a Pemex y es beneficiario de millonarios contratos de la paraestatal
Igualmente, otros integrantes del comité ejecutivo nacional de ese sindicato, como Ricardo Aldana Prieto, Manuel Limón y Héctor Sosa, son socios de dichas empresas. Ellos mismos sugieren a los funcionarios de la paraestatal los contratos de distintas obras y logran su adjudicación, denunció la Gran Alianza Nacional Petrolera.
La organización que aglutina a opositores del sindicato petrolero envió un escrito al presidente Enrique Peña y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien anexaron información y comprobantes sobre los referidos contratos.
En el documento señalan que las compañías fueron creadas con prestanombres, pero en el consejo de administración de las mismas aparece Carlos Antonio Romero Deschamps y otros integrantes del sindicato, y esta información es conocida por los altos funcionarios de la paestatal.
Además, indica que las empresas están adheridas al Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Excavación (Sitrace), que fue creado y operado subrepticiamente por Romero Deschamps.
En la información entregada a la Presidencia señalan que de 2004 a 2014 Pemex ha otorgado contratos de servicios por miles de millones de dólares, sin ser licitados públicamente y que se han ocultado a la Secretaría de la Función Pública.
Asimismo, la paraestatal ha generado una serie de contratos de invitación restringida, en los que se simula licitación sin haberla y con los que fueron favorecidas compañías como Oceanografía, y empresas internacionales como Halliburton, Schlumberger, Repsol, Dowell, Phoenix Enviromental, IPC, Nabors, Protexa, Bosnor, Drilling Internacional, Consolidated Preassure Control y otras dedicadas a la perforación, según apunta esta organización encabezada por Jorge Fuentes.
Entre las empresas mexicanas que también se han beneficiado del contratismo de la paraestatal están Swecomex, Servicios Petroleros Ribereños, Saint Martin Construcciones, Rimsa, Flour Daniel, Pasa, Sur Petrol Inc, dedicadas a mantenimiento, y la propia Oceanografía y otras propiedad de los hijos de Martha Sahagún que prestaron servicios de alquiler de transporte marítimo, y cuyo otorgamiento de contratos nunca se hizo en forma transparente.
También indica que algunas contratistas y subcontratistas han saqueado materiales y activos de Pemex, y que la Secretaría de la Función Pública ha comprobado que Pemex también ha contratado empresas fantasma donde usan prestranombres, en complicidad con una red de funcionarios de alto nivel”.
La Gran Alianza Nacional Petrolera demanda al gobierno que como ha asegurado que seguirá una política de no impunidad, ni solapamientos de delitos, compadrazgos ni mucho menos delincuentes intocables, y que mantiene un frontal combate al crimen, también combata la delincuencia que ha permeado en el sindicato petrolero y que tanto daño está haciendo a la paraestatal y a las finanzas públicas.

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Una Copa del Mundo para las corporaciones

REGENERACIÓN 

Por: Marta Molina | Martamoli
La FIFA juega sucio en Brasil mientras los brasileños se preguntan ¿Para quién es esta Copa?
Regeneración, 14 de junio 2014.-Después de 64 años de la primera vez que organizaron una copa mundial de futbol, hoy empieza en São Paulo la Copa 2014 que concluirá el 13 de julio en Río de Janeiro. Un mes de fútbol para el que los ciudadanos brasileños han pagado ya un precio muy alto, nada que ver con los 10 billones de reales que se embolsarán los organizadores de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association, con sede en Suiza), el mismo valor que las dos últimas copas del mundo juntas.



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En Brasil, siempre hay lugar para el fútbol. Donde sea. En la calle, en la playa, en canchas improvisadas. A quien le gusta este deporte lo juega descalzo, con deportivas, en estadios, formando parte de un equipo o entre amigos como lo hiciera alguna vez Pelé, Ronaldo, Ronaldiño o Neymar. No es casual ver porterías en los lugares más inhóspitos, en el campo, en la ciudad, en la selva, en aldeas indígenas o en favelas. La mayoría de brasileños han jugado un partido o lo han visto en directo en grandes estadios, en la televisión o sentados en la plaza de su barrio. Pero a medida que el deporte se ha convertido en industria y se ha hecho de élites ha ido desapareciendo aquel juego lúdico y colectivo, la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí.
Con el balón ya en centro de la cancha a día de hoy país conocido como el gigante latinoamericano celebrará el Mundial de fútbol 2014, un mega evento creado por la FIFA que será el privilegio de pocos y el dolor de cabeza de muchos. De hecho, la parte de los dolores de cabeza, ya ha comenzado y varios movimientos sociales históricos en el país se han unido en forma de Comités Populares – en 11 de las 12 ciudades brasileñas que albergarán alguno de los partidos- para identificar los legados que ya está dejando esta Copa, incluso antes de empezar. Exigen que no se continúen violando los derechos humanos de los ciudadanos a costa de un descomunal evento del que pocos podrán participar.
Entre los legados que ha dejado esta Copa murieron 8 personas durante la construcción de los nuevos estadios y 3 en otros estadios; 250 mil personas fueron desalojadas de sus casas, comerciantes y artistas independientes no podrán trabajar, aumentó la explotación sexual de mujeres, niños y adolescentes y la violencia contra los indigentes. Además, varios espacios públicos fueron cedidos sin concesiones a empresas privadas.
A todos estos legados se les suman la elitización del acceso a los estadios de fútbol, inversiones millonarias en armamento para la policía, leyes de excepción que sirven para criminalizar la protesta y una enorme y cuestionable deuda que deberán pagar los ciudadanos brasileños.
Danilo Cajazeira es corinthiano –hincha del Corinthians Paulista, el “Timão” (equipazo)- y apasionado por el fútbol. Juega en un equipo amateur, el Autonomus F.C y es parte del Comité Popular de la Copa en São Paulo. Nos cuenta de forma muy clara lo que está pasando en su país: “Si tu padre invita a alguien a tu casa y el invitado dice: voy a tu casa pero saca a tu hijo de su cuarto, construye una oficina para mí, en la nevera sólo puedes tener la bebida y la comida de la marca que yo quiera, tu abuela se tendrá que ir porque no me gusta, vas a tener que contratar seguridad para que pueda estar ahí, vas a tener que desalojar a tus vecinos para construir un estacionamiento para mis carros y tu hija de 14 años va a tener que danzar semidesnuda durante toda la visita. Esto es exactamente lo que está pasando aquí”, comenta Danilo indignado para hacernos entender que el gobierno brasileño invitó a la FIFA para realizar una Copa en Brasil imponiendo sus condiciones al país y a sus ciudadanos. Brasil aceptó y quien está pagando las consecuencias es el pueblo.
Según Danilo y los Comités Populares, las reglas del juego impuestas no son justas. ¿Copa para quién?, se preguntan. La respuesta: “la Copa no es para la gente. Es para las corporaciones, para las constructoras, para los turistas, pero no para el pueblo brasileño.
“Copa sem povo, to na rua de novo”
“Copa sin pueblo, salgo a la calle de nuevo”, este es uno de los lemas de los Comités Populares que llevan ya 3 años funcionando, organizando manifestaciones en la calle, “Copas Rebeldes” –partidos de fútbol entre movimientos sociales – y actividades de denuncia púbica como la que tendrá lugar el próximo día 10 paralelamente al Congreso de la FIFA en São Paulo que reunirá 209 federaciones afiliadas a la entidad. Para ese día el Comité se reunirá con todos los colectivos afectados por la realización de esta Copa y los movimientos sociales históricos que no han parado de movilizarse hasta hoy por demandas de vivienda, transporte digno y derecho a la ciudad.
En 2007, en el año en que Brasil estaba en pleno crecimiento económico, salió su nombre para recibir la Copa del Mundo 2014. Por ese entonces se estaban celebrando los juegos Panamericanos en Río de Janeiro. “Esta fue una de las primeras experiencias para ver qué tan excluyente es un mega evento como este y de los resquicios que dejan antes, durante y después en los territorios”, comenta Vanessa Santos, miembro del Coité Popular da Copa de São Paulo.
En efecto, los Panamericanos sirvieron como ensayo para ver lo que podría ocurrir con un mega evento como el Mundial: gente desalojada, trabajadores ambulantes fuera, mujeres traficadas explotadas sexualmente. Además, el complejo que se construyó especialmente para estos juegos, hoy día, está abandonado.
¿Quién pierde con la celebración de este mega evento?
“¿Qué diferencia hay si el Mundial se celebra en mi ciudad si yo no puedo ir a la cancha, ir a las fiestas que lo retransmitirán en directo y además, mi vida empeora?” se pregunta Danilo quien insiste en que las ciudades ya son excluyentes, represoras y están militarizadas, pero con esta Copa todo esto incrementa.
Desalojos, militarización de la policía y represión son 3 de los factores centrales de denuncia de este movimiento de movimientos aglutinados en los Comités.
“Por culpa de la Copa varias personas están siendo desalojadas de forma violenta, con el uso de la fuerza y de forma indigna de la calle y llevadas para albergues que son verdaderos campos de concentración”, comenta Vanessa Santos, miembro del Comité Popular de la Copa en São Paulo.
Según Vanessa, hace 7 años, cuando Brasil fue “escogido” para tener esta Copa deberían haber empezado a crearse políticas públicas tanto por el tema de explotación sexual como por el tráfico de personas. Eso no pasó y ya tenemos denuncias sobre el augmento del número de prostíbulos alrededor de los estadios y de mujeres prostitutas siendo amenazadas por la policía que les dice que tendrán que salir de la calle para dejar el “espacio limpio” de cara a los turistas”.
La Copa no es el problema en sí, comenta Danilo, sino un momento en que todos los problemas de la ciudad están siendo agravados. “La lucha no empezó en 2013 y no va a terminar en 2014. Es un momento de visibilización y articulación para que cuando se vaya la Copa, la lucha, siga.”
De hecho, el origen de los Comités Populares son los movimientos que desde hace años luchan por una vivienda digna. Ellos fueron los que empezaron a aglutinarlos en 2010 y 2011. Luego, se fueron agregando otros movimientos de trabajadores ambulantes, por el derecho de las mujeres, estudiantes, colectivos autónomos, anarquistas, movimientos de catadores de material reciclable, movimientos de calle. Para todos ellos, lo que hace la Copa es empeorar, incrementar y colocar de forma más agresiva un proyecto de ciudad segregador, excluyente, privado, un balcón de negocios donde las corporaciones vienen para comprar y vender el espacio y la gente se queda cada vez más fuera de todo, les arrebatan el derecho a la ciudad.
A todo esto le tendríamos que sumar que por lo menos 242 familias brasileñas no tienen acceso a electricidad –960 mil personas según el Ministerio de Energía entendemos que toda esta parte de la población repartida por el país difícilmente participará de la Copa del Mundo más cara de la historia con un costo oficial previsto de 25’7 billones de reales según el Portal da Transparencia.
Un balón millonario
Cuando un país recibe un mega evento como este, junto viene un paquete de cosas que hay que aceptar sí o sí. Entre ellas las leyes de excepción que están dentro de la llamada “Ley general de la Copa” aprobada hace 2 semanas por la ultima instancia en el Tribunal Superior de Brasil. Sin esta Ley, no hay Copa. Una ley que permite la creación de zonas de exclusión de 2 km alrededor de los Estadios en espacios públicos (un cerco militar) y la excepción de impuestos (alrededor de 10 billones de reales) para garantizar que FIFA y las corporaciones patrocinadoras gocen sus lucros.
Además, según nos cuenta Danilo, desde 2013 el Estado está intimando a activistas y organizadores de movimientos históricos. “La policía va directamente a las casas de personas que están organizando protestas, a casa de sus madres, de parientes para detenerlos preventivamente y así para evitar que hagan algo durante la Copa”.
El discurso oficial, comenta, es que van a detener sólo a vándalos pero en la práctica van a casa de gente que está involucrada con movimientos sociales desde hace mucho tiempo. “Parece que hemos vuelto a la época de la dictadura.”
La Ley General de la Copa crea nuevos tribunales que están alrededor de las canchas y si cometes un crimen que va en contra de esta Ley puedes ser juzgado en este “tribunal de excepción” con penas altas y sin el derecho a una defensa amplia -buscar testimonios y derecho a defensa-.
La inversión de un billón y medio de reales en seguridad es uno de los gastos de la Copa que más impresiona y es la FIFA quien está creando las reglas del juego con la “Lei Geral da Copa”. de 2012
Durante un mes Brasil será un territorio donde sus leyes propias dejan de existir y todo el mundo debe obedecer las reglas de la FIFA. “Estamos donando, ni siquiera alquilando nuestro territorio para la FIFA durante un mes”, asegura Danilo.
Pero en realidad será más de un mes, pues la Ley general de la Copa, que entró en vigor en 2012 estará vigente no sólo durante el mes de la Copa sino hasta el 31 de diciembre de 2014, curiosamente hasta después las elecciones brasileñas que se celebrarán en octubre del presente año.
“Además, van a aprovechar este período de la Copa para decidir y votar muchas cosas, por ejemplo la PEC 215 ley que modifica el modo de demarcación de tierra indígena cuya aprobación los perjudicaría aún más”, comenta Vanessa.
Usurpación del territorio y de la cultura popular
Los Comités Populares denuncian la forma como la FIFA, las corporaciones y los patrocinadores de la Copa se están apropiando de la cultura popular y del territorio brasileño para generar lucro a sus corporaciones.
Las grandes constructoras ganan cada vez más dinero mientras las poblaciones más vulnerables queden cada vez más en situación de miseria. Y exclusión bajo el mito de querer hacer “ciudades seguras”.
Cuando se impone un Mundial en un país se mueve mucho dinero entre las élites empresariales y políticas, de partidos. No olvidemos que las constructoras civiles, financian todas las campañas políticas de todos los partidos, por lo tanto, todos los partidos políticos ganan con eso en pleno año electoral.
Se trata de un evento perfecto para que los grupos económicos del país puedan ganar dinero explotando una ocasión popular y es “el país del fútbol” el que está mostrando al mundo que lo que era una pasión popular es cada vez una mafia de menos personas “que utilizan la pasión de verdad de la gente para ganar mucho dinero.”, comenta Danilo.
Gastos públicos en negocios privados
Por un lado, Brasil invirtió, como dijimos, un billón y medio de reales en seguridad pública. Los gastos privados para la construcción de los estadios representan menos del 1% de todas las obras. El resto, aun cuando se trata de empresas privadas que están construyendo los estadios, lo están haciendo con préstamos del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES).
Por ejemplo, todo el estadio de Corinthians fue construido con dinero del poder público, del BNDS o a través de inyecciones fiscales. “Lo que dicen es que se va a pagar de vuelta”, comenta Danilo, hincha de este equipo desde niño, “pero, el estadio de Corinthians tiene que funcionar a toda capacidad durante 7 años para pagarlo de vuelta con entradas a un precio alto”. Los que hicieron la cuenta dicen que son necesarios 1.146 años para pagar el préstamo sólo con la entrada.
Los Comités populares se quejan de que se gaste en esto y no se invierta en tener mejor transporte público o viviendas dignas sino para crear ciudades mucho más excluyentes. Las obras de movilidad planeadas para la Copa van a quedar a medias. Sólo un 20% fueron completadas y 1/3 fueron canceladas. Además, un 20% son obras destinadas a reformas de los aeropuertos que no es transporte público.
La elitización del deporte nacional
 Hubo un momento en Brasil en que en el fútbol también tenía lugar la política. Durante la dictadura, por ejemplo, las hinchadas en las tribunas de los estadios desplegaban las primeras pancartas en contra del régimen. El fútbol era popular, participativo, para todos. A mediados de los 90 esto fue cambiando y el fútbol se fue haciendo elitista en todas sus esferas tanto en las hinchadas como en el juego. Cada vez había menos jugadores que tenían una condición social de origen pobre. La Copa viene para terminar de completar este proceso, es una disculpa institucional perfecta para terminar de hacer lo que se hace desde los 90 que es sacar a los pobres de los estadios y poner a los ricos (08:14)
“La Copa de la FIFA no es una copa para todos, es una copa para los ricos y las corporaciones”, cometa Danilo. “Y lo mismo pasa en China, en Yemen, Arabia Saudita o Brasil, siempre van a hacer un circo en donde habrá entradas muy caras y los hinchas no tendrán nada que ver con los hinchas de toda la vida…”
Además, la FIFA, detrás de una estructura de fundación sin fines lucrativos, hay un montón de pequeña empresas –ligadas a los dirigentes de FIFA- que son usadas para lavar dinero y que están dando mucho dinero a todos los dirigentes de la FIFA. Es un golpe muy viejo del capitalismo este tipo de estrategia para lavar dinero.
La jugada está en la calle
La rabia y la indignación de no participar en esta Copa y las cantidades astronómicas de dinero que va a ir a los bolsillos de las corporaciones hizo que la gente se organizara en las calles aprovechando el auge de movimientos populares que luchan históricamente por un transporte público o por una vivienda digna y que en junio del año pasado tuvieron un apogeo también histórico.
Es un momento nuevo el que se vive en Brasil en el que por primera vez la gente se junta en la calle con una demanda única: el derecho a la ciudad, con espacio para la gente y no para las corporaciones.
En el ambiente de las movilizaciones contra la Copa en Brasil se respira la desesperanza en los partidos políticos –en año electoral- y en los sindicatos y se percibe un gran esfuerzo en la auto organización y en la creación de otras maneras de hacer política.
“Exigimos que el gobierno pare de violar derechos y que hagan una reparación de daños para la gente que tuvo sus derechos violados. Para muchos de ellos es tarde. Por ejemplo, los 9 operarios que murieron en la construcción de los estadios.”, comenta Danilo.
La lucha contra esta copa es una lucha contra la privatización del espacio público, contra la violación de derechos, una lucha por recuperar la autonomía sobre un territorio que se está vendiendo a costa de vidas. Es una lucha para recuperar la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí.

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No cesan las protestas en Brasil en el cuarto día del Mundial de Fútbol

Este domingo, el cuarto día del Mundial de Fútbol 2014, que se está desarrollando en Brasil, estuvo marcado por diversas manifestaciones contra el evento deportivo y la fuerte represión policial.

En Río de Janeiro, la policía militar lanzó gases lacrimógenos y pimienta para impedir a alrededor de 200 manifestantes acercarse al estadio Maracaná, donde se disputaba el primer partido del grupo F Argentina -Bosnia-Herzegovina.
Los manifestantes, entre ellos varios integrantes del Black Bloc enmascarados, gritaban “¡Hey FIFA, regresa a Suiza!” e intentaban burlar la barrera de seguridad formada por la policía y reforzada por agentes montados.
Otros manifestantes protagonizaron una protesta anti-Mundial en Porto Alegre, a gran distancia del estadio Beira Rio, donde Francia se enfrentaba a Honduras.
Asimismo, durante el encuentro Suiza-Ecuador, alrededor de 300 manifestantes se reunieron en la estación de autobuses próxima al estadio Mané Garrincha, en la ciudad capitalina de Brasilia, para mostrar su rechazo contra los astronómicos gastos del erario público en el evento. “Renuncio a la Copa, quiero más dinero para la salud y la educación”, coreaban los descontentos, quienes lograron acercarse a un kilómetro del estadio.
Desde el inicio del Mundial, el pasado 12 de junio, los brasileños no han dejado de protestar contra el inmenso gasto ocasionado por las competencias de fútbol.
De acuerdo con los críticos, 11.000 millones de dólares del presupuesto público se han destinado a estos mundiales que, en su opinión, se deberían haber invertido en la mejora de la salud, servicios de educación, el transporte y la vivienda para los brasileños.
Hispan TV 

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EEUU tendrá su segundo Vietnam en América Latina si continúa agresión a Venezuela

El presidente de Bolivia, Evo Morales, clausuró este sábado el Encuentro Plurinacional de los pueblos, desarrollado en Santa Sierra de la Cruz; como antesala a la Cumbre del G77+China.

Desde este evento, Morales manifestó que con las acciones injerencistas en contra de Venezuela y los demás países de la región comentó: “Estoy convencido de que frente a las provocaciones podríamos ser la segunda Vietnam para Estados Unidos. Vamos a defender nuestra independencia y soberanía”.
En este sentido, ratificó el apoyo al presidente Nicolás Maduro: “Aquí está el pueblo latinoamericano para respaldar el proceso revolucionario que nos dejó el Comandante Chávez”.
También destacó el proceso soberano que presidente en Bolivia: “Hemos dado una dura batalla contra el modelo económico neoliberal. Gracias a la lucha del pueblo organizado nos hemos liberado para recuperar nuestra soberanía. Empezamos a dejar esa dependencia que venía desde afuera”.
“Estamos abandonando esa cooperación condicionada. Cuando ya no pueden usar al Estado para la dominación, utilizan ONG para ello” reiteró Morales; quien considera que el objetivo de las intervenciones de EEUU en otros países tiene como objetivo los recursos naturales.
“Aquí en Bolivia lo hemos hecho con votos; no con balas. Estas experiencias nos han permitido levantarnos como pueblo boliviano. Los recursos naturales son de los pueblos bajo la administración del Estado”.
Al comenzar sus palabras, el mandatario saludó a los presentes y dijo: “Me he sorprendido compañeros dirigentes; con el pueblo organizado, es bueno ver tanta gente presente. Es un evento histórico; donde nos visitan organizaciones internacionales y gobiernos de cuatro continentes”.
Indicó que a todos los presentes nos une un principio libertario; la lucha histórica de nuestros antepasados en América Latina no ha sido en vano” destacó Morales sobre la situación actual de la región.
Mandatarios latinoamericanos participaron este sábado en el Encuentro Plurinacional por la Integración de los Pueblos que organizó Bolivia. Como anfitrión estuvo el presidente boliviano, Evo Morales, con la presencia de sus homólogos Nicolás Maduro (Venezuela), Rafael Correa (Ecuador), Daniel Ortega (Nicaragua), Raúl Castro (Cuba) y Salvador Sánchez Cerén (El Salvador).
Telesur 

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Juan Manuel Santos vence en la segunda vuelta de las presidenciales colombianas

Juan Manuel Santos obtuvo este domingo una clara victoria, especialmente en Bogotá, así como en regiones clave como el Caribe, según los datos oficiales dados a conocer por la Registraduría Nacional de Estado Civil.
Santos estaba apoyado en esta segunda vuelta por su Partido de la U, el Partido Liberal y la mayor parte de la izquierda colombiana. Su bandera en estas elecciones fue el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las conversaciones exploratorias con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Tras el escrutinio del 100 por ciento de los votos en un total de 83.391 mesas electorales, y un total de 15.794.940 votantes (un 47,89 por ciento del total de sufragantes) se conocieron los resultados finales de esta contienda.
Juan Manuel Santos obtuvo la reelección con el 50,95 por ciento de los votos que se traduce en 7.816.986 votos. Por su parte, el uribista Óscar Iván Zuluaga se hizo con el 45,00 por ciento, que se traduce en 6.905.001 votos. Los votos en blanco ascienderon a 619.396 votos.
Telesur 

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Prohíben en Madrid marcha republicana para el día de la proclamación del rey

El gobierno de Madrid prohibió una marcha republicana convocada para el 19 de junio, coincidiendo con la proclamación del nuevo rey, Felipe VI.

Las autoridades del gobierno de Madrid rechazaron otorgar el permiso para la marcha republicana, argumentando que “”resulta incompatible con las medidas que se han de establecer para dar cobertura de seguridad de los actos que tendrán lugar con motivo de la proclamación del Príncipe de Asturias como Rey de España”, en el centro de la capital española, según medios locales españoles.
De su parte, la Coordinadora Republicana de Madrid, respondió en un comunicado la decisión de la prohibición de la marcha, solicitada desde la Puerta del Sol a la Plaza de Cánovas del Castillo, partiendo a las 12:00 horas.
“El ejercicio de derechos políticos fundamentales como el de manifestación es irrenunciable, máxime cuando se pretende establecer en la Jefatura del Estado a quien no ha sido elegido por el pueblo”, afirmaron.
Sin embargo, los republicanos modificaron la actividad, que pasará a ser una protesta en la céntrica Puerta del Sol, a las 12:00 horas.
El pasado 2 de junio, el Rey Juan Carlos manifestó su “voluntad de abdicar el trono y abrir el proceso sucesorio”, confiando que “en un plazo muy breve” las Cortes puedan proclamar al Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, como nuevo monarca del reino español.
Mientras, una gran masa de ciudadanos españoles exigen el derecho a votar entre la permanencia de la monarquía y la proclamación de una república. Partidos de izquierda como Podemos e Izquierda Unida, esta última la tercera fuerza parlamentaria de ámbito nacional, defendieron la consulta en el Parlamento.
Radio del Sur 

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