lunes, 7 de julio de 2014

Indígenas y campesinos a merced de trasnacionales

CONTRALÍNEA
 


Todo  un andamiaje jurídico que busca desdibujar nuestra soberanía nacional es el que pretende aprobarse en el Congreso de la Unión con las leyes secundarias en materia energética, que para aterciopelar el camino a favor de las multinacionales habrán de modificar el contenido de 12 ordenamientos vigentes, entre ellos, el de la Ley de Inversión Extranjera; derogarán cinco leyes más, como son los casos de la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), y crearán otras nueve, entre las que sobresalen la de hidrocarburos y de la industria eléctrica, que legalizarán la “servidumbre legal” para despojar de sus tierras a miles de indígenas y campesinos.
Y mientras el sector oficial insiste en la argucia publicitaria de que con la puesta en marcha de la reforma energética habrá beneficios a la población al bajar el precio de las gasolinas, el gas y las tarifas eléctricas, los defensores legislativos del atentado contra el sector energético nacional todavía no atinan a encontrar en los borradores enviados por el Ejecutivo la ubicación exacta de la forma en que habrán de darse tales bondades, mismas que no se establecen con claridad, como tampoco los mecanismos que habrán de seguirse para que tales promesas se cumplan.
Lo que sí abarca un extenso apartado es el tema relacionado con la excesiva protección que tendrán las trasnacionales luego de las reformas planteadas a los artículos 4, 5 y 7 de la Ley de Inversión Extranjera, que permitirán reflejar en las leyes secundarias el nuevo marco constitucional de apertura a las antes reservadas áreas estratégicas, con lo que se abrirán las puertas a los inversionistas foráneos para que entren de lleno, y libres de restricciones, en la exploración y explotación de gas y petróleo, lo mismo que en la generación, distribución y comercialización de electricidad.
El país no sabe a ciencia cierta cómo le hará el gobierno para disminuir las tarifas eléctricas y los precios del gas y las gasolinas, una vez que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasen a la categoría de “empresas productivas del Estado”, y se enfrenten en una desigual competencia de mercado con las “empresas subsidiarias”, sobre todo si se toma en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en los borradores a aprobarse por mayoriteo en el Congreso, no se contemplan modificaciones, por ejemplo, a los contratos signados con antelación en la compra-venta de energía acordada hasta por 25 años por la CFE y los llamados productores independientes de energía, entre los que figuran Iberdrola y otras multinacionales que ahora, por ley, tendrán a su cargo la atención al mercado de clientes mayoristas, es decir, a los grandes consumidores que pasarán a ser exclientes de la CFE. Los artículos 6 y 15 transitorios de la Ley de la Industria Eléctrica les garantizan a las nuevas empresas productivas subsidiarias que sus contratos no serán rescindidos.
Lo que va quedando bien claro para sectores como el indígena y campesino son los embates que habrán de enfrentar por la defensa de sus tierras y de sus comunidades, pues en su artículo 68, la nueva ley señala que se considerará de utilidad pública “la ocupación o afectación superficial de inmuebles, predios, terrenos, bienes o derechos necesarios para el desarrollo de las actividades de la industria eléctrica”.
Para iniciar este autorizado despojo bastará con que el interesado exprese “por escrito al propietario o titular del inmueble, predio, terreno, bien o derecho de que se trate, su voluntad de ocupar, usar, gozar o afectar tales bienes o derechos”.
El entramado jurídico dejará a instituciones como la Procuraduría Agraria el supuesto arbitraje entre las partes, sólo que en el artículo 70 se señala: “el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales elaborará y mantendrá actualizados tabuladores sobre los valores promedio de la tierra y, en su caso, de sus accesorios para uso, servidumbre, ocupación, afectación o adquisición, según sus características, así como demás tabuladores y mecanismos de referencia que determine. Dichos tabuladores servirán de base para el inicio de las negociaciones que se realicen…”
Es decir que los afectados tendrán que aceptar, en caso de ser despojados de sus tierras, el precio que el gobierno tenga a bien tasar a sus propiedades, con lo que las multinacionales y sus socios llevarán todas las de ganar, pues si bien el artículo 73, en sus fracciones IV y V, prevé la opción de las partes en conflicto de recurrir a peritos externos, en caso de no llegarse a un acuerdo, el Instituto estará facultado para nombrar un tercer perito, mismo que practicará el avalúo “en un tiempo acotado”.
La fracción VI del mismo artículo no deja lugar a duda alguna de lo que les espera a los campesinos, agricultores o indígenas que se nieguen a aceptar la “servidumbre legal” de las leyes secundarias cuando dicta sin miramientos: “si dentro de los 10 días naturales a partir de la sugerencia de la contraprestación a que se refieren las fracciones IV y V de este artículo, las partes no alcanzan un acuerdo, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales notificará a la Secretaría [de Energía], quien propondrá al Ejecutivo federal la expropiación, en términos de las disposiciones aplicables, o la constitución de la servidumbre, ocupación superficial o afectación por vía administrativa”. Similar atentado se detalla en la Ley de Hidrocarburos y la de Energía Geotérmica. Un paquete completo de ilegalidades contenidas en los nuevos ordenamientos que, supuestamente, serán en bien del país.
Los impulsores del desmembramiento del sector energético y del Sistema Eléctrico Nacional tampoco pueden debatir en torno a la oficina de trámites en que habrá de convertirse a la CFE, bajo cuya nueva función difícilmente podrá incidir en la determinación de las tarifas eléctricas. De acuerdo con lo referido en el artículo 4 transitorio de la Ley de Energía Eléctrica, la entidad deberá ceder su infraestructura a las nuevas empresas productivas subsidiarias.
En el mismo se subraya: “la Comisión Federal de Electricidad realizará la separación contable, operativa, funcional y legal que corresponda a cada una de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización. La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, en el ámbito de sus atribuciones, establecerán los términos bajo los cuales se llevará a cabo dicha separación”.
Si bien en su argumentación la nueva Ley de la Industria Eléctrica habla de la necesidad de disminuir las tarifas de la electricidad en el país, las que dice, “son superiores en 25 por ciento” a las de Estados Unidos, como ya comentamos líneas antes, no específica puntualmente la forma en que habrá de obligarse a los inversionistas nacionales y extranjeros a bajar las mismas, sobre todo si se consideran las grandes ventajas establecidas a su favor en el andamiaje jurídico que el Congreso aprobará para que lleven todas las de ganar y donde habrán de prevalecer las leyes de la oferta y la demanda, dejando marginadas de toda competencia real a la CFE y Pemex, que en su nuevo papel de “empresas productivas” funcionarán como meras oficinas de trámites, tal y como lo establecen puntualmente las leyes secundarias.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas 

Gatopardismo de Televisa

REVISTA SIEMPRE!! 
 
Sección:Articulistas Fecha:5 julio, 2014

Reforma en telecomunicaciones
Martín Esparza Flores 

MArtin-Esparza
En la etapa crucial de sus leyes secundarias, la reforma de telecomunicaciones se ha revestido del acostumbrado gatopardismo de la política mexicana para “hacer que todo cambie para que todo siga igual”, de tal suerte que la propuesta inicial de reformar la Constitución para fijar nuevas reglas del mercado, que permitieran minar el poder fáctico de los actuales monopolios mediante una mayor competencia, ha terminado enredada en el millonario juego de los intereses y alianzas que la clase política sostiene desde hace décadas con empresas como Televisa, para enajenar y manipular ideológicamente a la población, a través de distractores como el reciente fracaso de la Selección Nacional de Futbol.
En el Congreso, los legisladores del PRI y PAN se aprestan a cercenar de raíz la inoperante autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, al determinar la declaratoria de preponderancia con base en el catálogo de servicios que prestan los actuales monopolios y no en función del sector. Con este criterio, los diputados y senadores blindarán a Televisa de ser declarada en definitiva agente preponderante en el campo de la radiodifusión, pese a controlar ya el 62% de los usuarios de la televisión de paga a nivel nacional, mediante firmas como Sky, Cablevisión, Cablemás y TVI, a la espera de la generosa protección legislativa para ir en pos de Cablecom, constituyendo un nuevo monopolio a su favor. El gatopardismo en su más pura expresión.
Los buenos propósitos de abrir los medios a una mayor pluralidad informativa hacia la sociedad y acorde con nuestra tan enarbolada democracia serán enviados al archivo muerto por los legisladores de las dos principales fuerzas políticas y sus partidos corifeos, porque es evidente que Televisa y TV Azteca les garantizan una benéfica alianza para mantener desinformados a millones de mexicanos.
Especialistas en la materia y juristas han alertado sobre el riesgo de inclinar todos los ases de la baraja legislativa a favor de Televisa, pues si es aprobada la preponderancia por sector, se le dotará de herramientas legales al monopolio para incluso ganar en los tribunales los amparos promovidos en contra de esta determinación.
Nadie puede negar que los poderes fácticos han influido en las gatopardistas leyes secundarias, utilizando personeros de baja estofa como el exsecretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, la chiva loca a la que los propios panistas han debido mantener a raya por su incontenible servilismo mostrado a Emilio Azcárraga.
Fue Lozano quien, obedeciendo a Felipe Calderón Hinojosa, se dedicó a golpear al SME, operando el desmantelamiento de Luz y Fuerza del Centro, luego del ilegítimo decreto de extinción de 2009. 

LECCIONES DE BOLIVIA




El neoliberalismo no es invencible, basta con que los pueblos organicen su lucha de resistencia con altura de miras y pasen de esa misma resistencia a la lucha por el poder. Bolivia es un claro ejemplo de que un fuerte movimiento social articulado puede convertir su lucha de resistencia en lucha política. Nuestra presencia en el evento internacional antiimperialista de Cochabamba tiene que ver con este proceso de transformación de nuestra conciencia política y social que a lo largo de largos cuatro años y meses de resistencia hemos vivido como trabajadores golpeados por el neoliberalismo. Nuestra presencia en Cochabamba es entonces un acto consciente de compromiso solidario con la lucha de los trabajadores de la Central Obrera Boliviana (COB), con el pueblo de Bolivia y su liderazgo, Ahí en este territorio latinoamericano, el neoliberalismo ha sido derrotado contundentemente, las empresas de las telecomunicaciones, del agua y de los hidrocarburos ha sido renacionalizadas y vuelto a manos del pueblo con resultados palpables. La gasolina en Bolivia vale el equivalente a 6 pesos el litro. Las empresas transnacionales que pagaban 300 millones de dólares anuales al Estado de Bolivia como renta de la industria del gas y petróleo privatizada se fueron, Ahora Bolivia tiene una renta de 6000 millones de dólares obtenida de la explotación soberana de su gas y su petróleo.

Para vencer al neoliberalismo, los trabajadores del mundo no necesitamos profetas pedantes ni mesías socialdemócratas acaudillados. El presidente Evo Morales es todo lo contrario, es una persona sencilla, humilde, muy preparada y comprometida con el pueblo boliviano que consecuentemente lucha por un socialismo comunitario.

Si se puede derrotar al neoliberalismo basta con que miremos más allá de lo inmediato, basta con construir los instrumentos de lucha social y política que tanto nos hacen falta y basta con hacer crecer nuestra conciencia con una férrea unidad de clase que nos posibilite pasar a la ofensiva.

El SME al mismo tiempo que alcanza sus fines inmediatos ¡¡REGRESAR TRABAJAR!! aportará sus mejores esfuerzos a que este PROCESO se haga realidad en nuestra PATRIA, no tengan la menor duda, Ese debe ser el compromiso de cada uno de nuestros compañeros en resistencia, esa debe ser nuestra consecuente voluntad de cambio revolucionario.

¡¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!!

¡¡MUERA EL NEOLIBERALISMO PRIVATIZADOR !!

¡¡VIVA EL SOCIALISMO COMUNITARIO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA!!

¡¡TRABAJADORES DE TODO EL MUNDO... UNIOS!!

José Humberto Montes de Oca. Secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas-Nueva Central de Trabajadores.

“Televisión para Jodidos”: Jenaro Villamil

Por: Jenaro Villamil | Homozapping 

“México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil”. 

Regeneración, 7 de julio 2014.-Fueron las palabras de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, pronunciadas hace exactamente 2 décadas, el 10 de febrero de 1993. Su discurso fue improvisado. Se celebraba el éxito de la telenovela Los Ricos También Lloran que catapultó a la fama internacional a Verónica Castro. El Tigre andaba feliz y se puso sincero.Emilio-Azcarraga-Milmo-Veronica-Castro
“Los ricos, como yo, no somos clientes porque los ricos como yo no compran ni madres”, abundó el dueño del imperio Televisa. Los asistentes rieron. Azcárraga Milmo ya era considerado por la revista Forbes como el hombre más rico de América Latina. Aún Carlos Slim no se convertía en magnate global ni buscaba rivalizar con Televisa en el mercado audiovisual. Mucho menos El Tigre quería ingresar al mercado de las telecomunicaciones.
“Nuestro mercado en este país es muy claro: la clase media popular. La clase exquisita, muy respetable, puede leer libros o Proceso para ver qué dicen de Televisa…Éstos pueden hacer muchas cosas que los diviertan, pero la clase modesta, que es una clase fabulosa y digna, no tiene otra manera de vivir o de tener acceso a la distracción más que la televisión”, abundó Azcárraga.
Con una claridad típica de su estilo, El Tigre quitaba los velos de la retórica y confesaba lo que todo mundo sabía en este país y nadie se atrevía a decirlo: la televisión comercial es para enajenar (“divertir”) a los jodidos. No pretende más que incorporar a los pobres a la sociedad de consumo. Y tampoco pretende sacarlos de esa condición. Mucho menos instruirlos.
Para Azcárraga Milmo, como para su padre Emilio Azcárraga Vidaurreta, y para su hijo Azcárraga Jean la televisión simplemente es un gran negocio: venderle espectáculo a los pobres y, a cambio, garantizarle al sistema la sumisión de los “jodidos” y el control político vía la información teledirigida.
“Somos soldados del PRI y del presidente”, dijo en otra de sus frases célebres el inigualable Tigre, famoso por sus desplantes, por su ímpetu de patriarca y sus lujos.
Han pasado 20 años de esa declaración. El Tigre falleció en 1997. Su hijo Emilio Azcárraga Jean prometió una apertura. El gobierno de Salinas de Gortari vendió Imevisión para crear una “competencia”, TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego. Y lejos de mejorar los contenidos televisivos, éstos han empeorado.
Ni siquiera las telenovelas han mejorado. Las audiencias extrañan aquellos melodramas de Verónica Castro. Y prefieren ahora las telenovelas colombianas, brasileñas o las de Argos, con un mínimo de coherencia y mejor calidad en su producción.
Si Azcárraga Milmo confesó que su televisión es para “jodidos”, Salinas Pliego ha dado suficientes muestras para llevar este axioma a su máxima expresión. TV Azteca usa y abusa la ignorancia prevaleciente en los televidentes. Ha hecho de la estridencia y el mal gusto un gran mercado. Es la vitrina para enganchar a los “más jodidos” en sus tiendas Elektra, en su Banco Azteca, en sus malas réplicas de los productos de Televisa.
milmo
Primera lección: la competencia en televisión abierta no es garantía de mejorar contenidos.
Por el contrario, si prevalece el modelo de una televisión hipercomercializada, orientada sólo al entretenimiento de baja calidad, bajo costo y alta ganancia, el espejismo del rating es sólo una justificación para la vulgaridad.
Una y otra vez, Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga Jean justifican la pésima calidad de la televisión mexicana, argumentando que eso es lo que “la gente quiere ver”.
“Si no están de acuerdo, cambien de canal”, han afirmado. Con esto confirman el menosprecio a los más elementales derechos de las audiencias, es decir, a contenidos dignos, diversos, de entretenimiento, información y publicidad que no hagan trampas con tal de mantener a los televidentes, a los actores y a los productores a expensas de los mercaderes del espectro.
Segunda lección: la dictadura del rating no puede ser el único criterio para medir el éxito o el futuro de una industria. Mucho menos en la era de los cambios digitales y la convergencia.
Han pasado 20 años de aquel discurso de Azcárraga Milmo y los legisladores vuelven a analizar una reforma muy ambiciosa en radiodifusión y telecomunicaciones. El 80 por ciento de la iniciativa presentada por el Pacto por México se dedica a regular un mercado de telecomunicaciones, dominado por Telmex-Telcel, y el 20 por ciento a regular el mercado de televisión y radio, dominado por Televisa y TV Azteca.
De los criterios para mejorar los contenidos hay muy poco o casi nada. Se eliminó la obligación de que el Estado “garantizará el derecho a las audiencias” (en el artículo 6 constitucional). Se incluyó la prohibición a la publicidad integrada, pero ningún criterio para matizar la excesiva comercialización en la pantalla.
Es evidente que en la actualidad no se respeta la norma de que sólo el 20 por ciento de los contenidos deben ser publicitarios. La realidad es inversa: sólo el 20 por ciento de los contenidos no es venta, propaganda o publicidad inducida. La pantalla está plagada de infomerciales, de “productos milagro”, de chabacanerías para bajar de peso, de astrología mala, de gritones que lo mismo pontifican de una crema de afeitar que de un partido de futbol.
Han pasado dos décadas y se cree que con dos o tres cadenas nacionales de televisión este medio entrará a la modernidad, según los criterios de la OCDE y las demandas de muchos especialistas.
Bienvenida esa competencia, pero si van a replicar el mismo modelo de Televisa sólo tendremos una reproducción al infinito de una televisión que ve clientes y no audiencias, que maltrata a sus actores y encumbra a los dóciles. Imaginemos los noticieros de seis cadenas repitiéndonos al unísono lo que el gobierno federal quiere que se transmita. Imaginemos programas deportivos en los que cada cadena defienda a sus equipos de fútbol. Imaginemos a cada cadena vendiéndonos en todos sus programas sus ofertas de internet, telefonía y video.
Una reforma que sólo privilegie la competencia convertirá a los contenidos convergentes (los de televisión, telefonía e internet) en un gran supermercado. Se podrán eliminar monopolios económicos, pero no monopolios de opinión pública, y menos proponer un modelo distinto al de la “televisión para jodidos”.
En este punto la reforma constitucional que se discute en el Congreso de la Unión no quiere entrarle. Nada que afecte el modelo único de televisión comercial. Nada que ofrezca un modelo de medios públicos (que no gubernamentales). Ni siquiera existe una definición de medios públicos en la iniciativa. Mucho menos la posibilidad de abrir el espectro a propuestas comunitarias, indígenas o universitarias.
¿Es esa la democratización de los medios?
Me temo mucho que no. Si acaso, es la proliferación de muchos bajo el mismo modelo que no incorpora el punto de vista y las necesidades de las audiencias.

Fuente

No se declara a Televisa preponderante en televisión de paga; tiene 60% del mercado

Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Sábado 5 de julio de 2014, p. 3
La nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión incumple la disposiciones contenidas en la reforma constitucional en la materia, al no establecee medidas justas y equitativas para combatir los monopolios, ya que protege y fortalece a la empresa Televisa, a la que no se declarará agente preponderante en televisión de paga, aunque concentra más de 60 por ciento del mercado.
Asimismo, resta facultades que la Constitución otorgó al órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), para transferirlas a la Secretaría de Gobernación, y al mismo tiempo establece un régimen excluyente para los medios públicos y sociales, especialmente para las radios indígenas y comunitarias.
Pese a los cambios al dictamen, que dieron a los medios sociales la posibilidad de vender contenidos propios previamente transmitidos, ayer en tribuna los senadores de PRD, PT y PAN advirtieron que se legaliza la marginación y exclusión de las estaciones propiedad de comunidades y pueblos indígenas.
El senador Javier Corral Jurado (PAN) comentó que el proyecto de dictamen quedó peor que la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, ya que supeditan a esos medios a vivir de la publicidad oficial de los gobiernos federal, estatales y municipales, los que deberán dedicarles el uno por ciento de su presupuestos de comunicación social.
Uno de los cambios de última hora fue precisamente en el artículo 89, para precisar que ese uno por ciento debe distribuirse de forma equitativa entre las concesiones de uso social comunitarias e indígenas ya existentes.
Corral destacó que el dictamen habla de una reserva de espectro para las radios comunitarias e indígenas, pero las confina a las franjas técnicamente menos favorables para las audiencias, tanto en la banda de frecuencia modulada (FM) como de amplitud modulada (AM). No sólo no se desarrolló un procedimiento simplificado para su otorgamiento, sino que ahora, en el artículo 87, se pretende corporativizar en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas la gestión y promoción de esas concesiones.
La senadora Alejandra Barrales, del PRD, recalcó que a los medios públicos ni siquiera se les permite ese uno por ciento de publicidad.
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Senadores se toman una foto durante la discusión de las leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones, cuya minuta aprobaron en lo generalFoto José Antonio López
Por lo que toca a las facultades del Ifetel, aunque el panista Javier Lozano y los demás impulsores de la reforma sostuvieron que se le reintegraron todas las funciones que le da la Constitución, en realidad no es así.
En relación con la vigilancia y sanción en la transmisión de contenidos de la radio y la televisión, así como en la administración de los tiempos de Estado, estas facultades son devueltas a la Secretaría de Gobernación en el artículo 217, fracciones VI, VII, VIII, IX y X.
Los poderes de supervisión, monitoreo, reserva gratuita de canales, verificación y sanción de las transmisiones, así como establecer lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, quedan en la Secretaría de Gobernación. El gran paso que la Constitución dio para alejar del control político a los medios de comunicación, la nueva ley lo revierte de manera inaudita, recalcó el senador Corral.
Explicó que a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se le amplía, en el artículo 9, fracción I, de manera contraria a lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución, su opinión técnica en materia de prórroga de las concesiones.
La amputación más grave a la autonomía del Ifetel se da en sus atribuciones de competencia económica, toda vez que el artículo noveno transitorio de la ley aprobada permite que los concesionarios de telecomunicaciones puedan realizar concentraciones, sin autorización del instituto.
Ese artículo noveno transitorio, dijo, es autorización para que Televisa pueda seguir acaparando sistemas de televisión de paga.
Producto de las negociaciones entre el gobierno y el PRD, se aprobaron 59 modificaciones a 29 artículos de esa legislación, entre ellas eliminar la restricción que impedía a las dos nuevas cadenas de televisión abierta –que están por licitarse– compartir la infraestructura con el agente predominante, es decir con Televisa.
Se modificó también el artículo 221, que permitía a las televisoras difundir de forma discrecional la propaganda de los partidos en época electoral.

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Competidores de Slim serán subsidiados con $11 mil 200 millones

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Diversas organizaciones han manifestado su descontento con las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. En la imagen, protesta en el Senado, el pasado miércolesFoto María Meléndrez
Miriam Posada García
 
Periódico La Jornada
Lunes 7 de julio de 2014, p. 2
El Senado quitó facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) al impedir que este órgano regulador sea el que tome decisiones en materia de tarifas de interconexión, lo cual pone en riesgo las inversiones en el sector debido a que, al impulsar la tarifa cero de interconexión para que ningún competidor pague por terminación de llamadas en la red de Teléfonos de México y de Telcel, estas empresas los subsidiarán al año con 11 mil 200 millones de pesos, señaló la consultora Mediatelecom Policy & Law.
Diversos especialistas y entidades, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han recomendado que no sea el gobierno o el Poder Legislativo el que ordene la tarifa cero de interconexión a un agente económico preponderante, sino que sea el órgano regulador el que decida la manera de establecerlo, porque es indispensable que cualquier empresa recupere costos o de lo contrario dejará de invertir y sus competidores tampoco dedicarán recursos para el desarrollo de su propia infraestructura.
El director de Mediatelecom Policy & Law, Jorge Fernando Negrete, señaló que en el documento aprobado por los senadores y que ahora discutirán los diputados no se modificó el artículo 131 de la propuesta de legislación secundaria que les envió el Ejecutivo, donde se establece que al preponderante en telecomunicaciones se le aplicará tarifa cero de interconexión, por lo que sus competidores no pagarán por transitar en su red. Pero además al Ifetel se le quita la facultad de analizar el mercado, proponer modelo de costos y definir tarifas para que haya competencia efectiva.
Quitan facultades al Ifetel
Advirtió que la reforma constitucional ordenó la creación del Ifetel como el órgano autónomo encargado de regular de forma eficiente el desarrollo de las telecomunicaciones, y en consecuencia el que debe determinar las tarifas de interconexión, por lo que no es tarea del Ejecutivo ni del Legislativo.
Detalló que además de violentar la autonomía constitucional, la decisión de los senadores altera el libre mercado, porque al menos 36 millones 300 mil líneas de telefonía móvil y fija de los competidores de Telmex y Telcel tendrán trato preferente y las empresas no pagarán por terminar las llamadas en la red de esas dos empresas de Carlos Slim, sin que eso represente un beneficio directo para los usuarios finales, los ciudadanos, ya que quienes no pagarán interconexión serán las empresas con las que hayan contratado el servicio, pero los clientes seguirán pagando todo igual que siempre.
Jorge Fernando Negrete detalló que aplicar tarifa cero de interconexión representará que Telmex y Telcel subsidien a sus competidores con 11 mil 200 millones de pesos al año, estimación hecha con información financiera de América Móvil correspondiente a los ingresos obtenidos en 2013, que de forma desglosada se integraron por mil 710 millones 559 mil pesos por concepto de interconexión fija-celular; mil 948 millones 486 mil pesos por interconexión celular-celular; 7 mil 520 millones 647 mil pesos por interconexión pagada por operadores y otros; 109 millones 66 mil pesos por interconexión celular fijo, que suman 11 mil 288 millones 758 mil pesos.

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Aval en el Senado a ley que "mantiene los monopolios"

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En un salón de plenos blindado y luego de una discusión de más de nueve horas, el Senado aprobó en lo general la ley de telecomunicaciones y radiodifusiónFoto José Antonio López
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Sábado 5 de julio de 2014, p. 2
En un salón de plenos blindado, con las gradas cerradas para que ningún ciudadano expresara protesta alguna, el Senado aprobó anoche en lo general con 80 votos en favor y 37 en contra la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, reglamentaria de la reforma constitucional en la materia.
Fue una discusión de más de nueve horas en la que legisladores panistas, perredistas y petistas insistieron en que se trata de una regresión, toda vez que no se democratiza a los medios electrónicos ni se fomenta la competencia en radio y televisión.
En el largo debate, en el que se enfrentaron panistas con panistas y perredistas con perredistas, los senadores del PRI y del PVEM, que defendieron en forma homogénea el dictamen, acusaron a los opositores de apoyar el monopolio de las telecomunicaciones.
El panista Javier Corral respondió que el modelo que el gobierno quiere implantar con esa legislación es no afectar a Televisa y desalentar a la empresa de Carlos Slim, para que Telmex no entre a la televisión restringida, aunque con ello mantenga al consorcio de Emilio Azcárraga como el monopolio del sector por los siglos de los siglos.
No se trata de acabar con el territorio Telcel para abrir el del canal de las estrellas, advirtió a su vez la perredista Dolores Padierna, mientras el petista Manuel Bartlett destacó que no hay medidas homogéneas y el brutal monopolio de Televisa va a seguir ahí.
De los 128 senadores faltaron 11, entre ellos tres integrantes de la telebancada: Ninfa Salinas, hija del dueño de Tv Azteca; Luis Armando Melgar, directivo de Canal 40, y Arely Gómez, hermana del vicepresidente de noticieros Televisa.
El PRI logró un voto del PT, el de Marco Antonio Blásquez y 23 del PAN, pero ninguno del PRD, ya que a última hora los 21 perredistas presentes en el recinto votaron en bloque en contra de la ley, a pesar de que por lo menos cuatro de ellos estaban dispuestos a avalar el dictamen en lo general, entre ellos el chiapaneco Zoé Robledo, quien incluso argumentó en favor durante el debate.
Sin embargo, luego de la recomendación del Consejo Político Nacional del PRD y tras una fuerte discusión interna, que los alejó un momento del salón de sesiones, la bancada perredista, que por la mañana, en un encuentro a puerta cerrada con el presidente de su partido, Jesús Zambrano, había insistido en el voto libre, aceptó finalmente ir en contra del dictamen.
El propio coordinador de la fracción, Miguel Barbosa, fue al pleno luego de la votación para recalcar que aunque participaron en negociaciones con el gobierno federal y lograron cambios al dictamen, respetan la recomendación del consejo de su partido, que es la máxima autoridad, y alinearon su comportamiento legislativo.
Antes, Javier Corral, quien presentó un dictamen alterno, advirtió que el Presidente de la República se metió hasta en la cocina del Senado y denunció que el gobierno utiliza a parte de la oposición del PAN y del PRD para defender un proyecto que violenta la Constitución.
Ante ello, el PRI envió a una docena de legisladores a argumentar en favor del dictamen, todos con discursos muy similares, en los que insistieron en que la nueva ley contiene ordenamientos en favor de los ciudadanos, como eliminar el cobro de la tarifa de larga distancia y otras disposiciones benéficas para los usuarios de telefonía.
Las legisladoras Claudia Artemiza Pavlovich y Rocío Pineda insistieron en que se inhiben la concentración y los monopolios, por lo que habrá mayor calidad y menor costo para los usuarios.
Contrastaron las intervenciones de Dolores Padierna, Alejandro Encinas y Alejandra Barrales, quienes insistieron en la falta de equidad para combatir los monopolios de telefonía y de radiodifusión, y con la de sus compañeros de bancada, de Zoé Robledo, quien subió a defender la iniciativa y de entrada sostuvo que ni Televisa ni Telmex, sólo la Constitución. Aseguró que gracias a la negociación de su bancada hubo avances.
Sin embargo, tuvo que reconocer por lo menos nueve pendientes. Faltan medidas para la democratización de los medios, falta que la concentración esté regulada por el Ifetel, falta que se autorice la venta de publicidad a los medios públicos, dijo.
Paso libre al consejero jurídico de Presidencia
Aunque las medidas de seguridad se redoblaron y no se permitió entrar al salón de sesiones ni al personal de apoyo de los senadores, pasadas las 3 de la tarde el secretario técnico de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Misha Leonel, ingresó tranquilamente al recinto para hablar con el perredista Robledo.
Encinas destacó que “la galería vacías es el mejor ejemplo de la forma lamentable en que se debaten estos temas en el Senado. Antes, otros legisladores protestaron también por el hecho. Esto es un búnker, resguardado por la policía, sin ciudadanos, recalcó la legisladora panista Marcela Torres Peimbert. Dijo que no sería cómplice de leyes aprobadas en recintos cerrados y pidió a sus compañeros no avalar el regreso del autoritarismo.
La discusión en lo particular comenzó a las 7:40 de la noche y al cierre de esta edición aún continuaba. Se prevé que se prolongue hasta las primeras horas de hoy, ya que se presentaron 300 reservas referidas a 100 de los 315 artículos que conforman la ley.
Una de las reservas es en torno al artículo 262, que establece que la preponderancia, es decir el carácter de agente monopólico, se defina por servicios o por sectores. En este último caso Televisa no sería declarada monopólica en televisión restringida. El dictamen deja la decisión en manos del Ifetel y todo indica que es la que se aprobará.

LA JORNADA

Senadores sólo cuidaron los intereses de monopolios

Arturo Sánchez Jiménez
 
Periódico La Jornada
Lunes 7 de julio de 2014, p. 3
En las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones aprobadas por el Senado el fin de semana pasado, lo único que los legisladores consideraron fueron los intereses del gobierno y los grandes monopolios, afirmó el especialista Javier Esteinou Madrid.
Todos los planteamientos de la ciudadanos quedaron anulados, pues lo que interesa no es que la sociedad pueda expresarse, sino que exista un control monopólico de la opinión pública y construir así un sistema ideológico que respalde el proyecto neoliberal por el que se ha encaminado al país, y no un proyecto democrático en el que los ciudadanos tengan un futuro próspero y con alternativas de igualdad, indicó.
En entrevista telefónica, el profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) consideró que con esta ley de telecomunicaciones se ha mermado al Estado. Esto es muy preocupante, dijo, porque en los próximos años veremos las consecuencias de tener un país sin una cabeza estatal rectora y con un mercado salvaje, que será el que dirija a la sociedad hacia una condición en la que se dejarán grandes contradicciones sociales sin resolver y donde se buscarán vías violentas o no civilizadas para afrontarlas, pues el Estado ha sido cada día más anulado.
Esteinou Madrid agregó que si bien con esta legislación se avanzó en tanto que se reguló el sector de telecomunicaciones –que es prácticamente el sector de Carlos Slim–, en realidad no se afectó al de los medios audiovisuales.
Es una ley completamente parcial, desbalanceada, puesto que abordó adecuadamente las irregularidades en un ámbito, pero dejó prácticamente intacta la estructura monopólica que existe en radiodifusión. Lo anterior muestra que quien gobierna cada día con mayor fuerza ya no es el proyecto constitucional del Estado republicano, sino los poderes fácticos televisivos.
Además señaló que con su aprobación se violó el procedimiento legislativo, puesto que no se permitió la discusión y se impuso por mayoría un dictamen que, dijo, salió de la Presidencia de la República.
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Javier Esteinou MadridFoto Cuartoscuro
Por su parte Arturo Serrano Santoyo, integrante del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese), consideró que en un contexto de convergencia digital y globalización, no es posible tener un entorno regulatorio fijo, sino que es necesario uno que se adapte rápidamente a las nuevas necesidades que trae consigo la tecnología. Así que, añadió, en este sentido las leyes secundarias aprobadas deben verse como una plataforma desde la cual empezar a trabajar.
Precisó que dadas las condiciones actuales en las que Internet está cobrando mayor importancia para los jóvenes, la discusión sobre la neutralidad de red es más importante que la batalla por la televisión.
Internet es más impactante en las nuevas generaciones. Por ello el futuro de la televisión, aunque haya otras cadenas, pasará por Internet como distribuidor de contenidos.
Por ello sostuvo, en entrevista vía telefónica, que es necesario generar las carreteras de la información y facilitar el acceso a la red mediante la banda ancha. Pero no se trata sólo de proveer el acceso a Internet, sino que hay que trabajar en los contenidos y sobre todo en la educación digital de la población.
Explicó que antes el número de líneas telefónicas analógicas por cada 100 habitantes estaba directamente relacionado con el desarrollo de un país. Ahora, indicó, el acceso a Internet es el parámetro. México es un país en el cual las condiciones estadísticas del número de usuarios de Internet y del gasto en tecnologías de la información no corresponden al tamaño de su economía. Por ello tenemos que trabajar en elevar esos indicadores. A mí me parece que uno de los éxitos de la legislación es ir en esa dirección. Hay otras cosas que requieren ajustes.

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Trabajadores enfrentan precarización de las condiciones de su retiro: Gustavo Leal


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 7 de julio de 2014, p. 39 


Los trabajadores mexicanos enfrentan una creciente precarización de las condiciones de su retiro, por las magras pensiones, tanto los que están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Además, para algunos grupos de burócratas una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2010 topó sus pensiones a 10 salarios mínimos.
En un análisis titulado Condiciones para el retiro y el desafío de la longevidad en México, el catedrático e investigador Gustavo Leal Fernández señala lo anterior y sostiene que hoy en día jubilarse significa enfrentar pensiones muy pobres y un horizonte de atención médica, rehabilitación y envejecimiento incierto.
En el extenso análisis, publicado por el Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, expone que el actual modelo de las Afore o capitalización individual representa un riesgo patente que no proveerá pensiones dignas. Esto es porque no está vinculado adecuadamente el sistema de ahorro con la realidad del empleo que incluye trabajadores que ganan poco, pueden aportar poco y por ello no alcanzan una pensión digna.
Así, el incremento de la población en edad de retiro acontece en un contexto de creciente precarización de sus condiciones económicas y de vida, además por una virtual inexistencia de servicios geriátricos en el país.
En la publicación Estudios Políticos número 31 de enero-abril del 2014 de dicho Centro, Leal Fernández plantea que esta situación se da a pesar de las promesas de las múltiples reformas que se hicieron a las leyes del IMSS, del Issste, de los sistemas de salud, que, sin embargo, no resolvieron el problema de fondo porque los sistemas federales de pensiones, que tienen un costo de 247 mil 500 millones de pesos anuales, no se aplicaron reformas para fondear dichos sistemas ni mejoraron la atención a los trabajadores.
Explica que incluso un director del IMSS, Daniel Karam, estimó que 71 por ciento de los trabajadores que se jubilen en 2021 recibirá una pensión equivalente a 2 mil 179 pesos de hoy, ya que esta cifra equivaldrá a 25 por ciento de su último salario.
Según sostiene, el año 2021 es clave, porque se empezarán a jubilar las generaciones derivadas de la reforma al IMSS de 1997, que llevó a cabo Ernesto Zedillo y pone como ejemplo que un trabajador con 30 años de cotización que gana 44 mil 850 pesos mensuales y con aumento salarial de 3.7 por ciento promedio, alcanzaría 13 mil 800 pesos de pensión y uno con uno o menos salario mínimo, tendría 934 pesos mensuales de pensión.
El experto señala que las pensiones del Issste están topadas en 10 salarios mínimos del Distrito Federal –aproximadamente 18 mil pesos mensuales– para los trabajadores amparados en el artículo décimo transitorio de la nueva ley del Issste, que reformó Felipe Calderón en 2007.
Esto no sucederá a los burócratas que colocaron sus recursos pensionarios en el Pensionissste y los de nuevo ingreso, afiliados a este sistema forzosamente, para los cuales su pensión se regirá por la rentabilidad de sus cuentas individuales.
Al respecto añade que no se ha tomado en cuenta que la densidad de las cotizaciones está marcada por la precariedad laboral, los bajos sueldos, el empleo informal y los periodos de desempleo que impiden a los trabajadores cumplimentar los aportes indispensables para alcanzar una pensión decente.
Advierte que es pobre la afiliación de los jóvenes a las Afores, porque hay una baja incorporación al mercado laboral formal de este grupo de trabajadores tanto al IMSS como al Issste.
En su investigación cita al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Marco Antonio García Ayala, quien expuso que miles de médicos, enfermeras y personal que fue contratado para atender el Seguro Popular carecen de seguridad social, no son incorporados a la nueva ley del Issste y los términos de su contratación no les garantizan tiempos de cotización para pensionarse o para tener prestaciones de vivienda y de salud.
Así, la propuesta de reforma para instaurar un sistema de seguridad social universal que impulsa el gobierno no es posible mientras los sistemas de salud no garanticen a trabajadores formales e informales, condiciones de atención oportuna.

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Dan formal prisión a seis trabajadores en Chiapas que pedían mejoras laborales

PROCESO 


6 de julio de 2014
Destacado
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).- El juez Primero del Ramo Penal con sede en el penal de El Amate, en Cintalapa, dictó anoche auto de formal prisión a seis empleados líderes de un grupo de 50 que se atrevieron a formar un sindicato para exigir mejores condiciones laborales en las instalaciones de la planta de bombeo de agua donde trabajaban desde el 2008.
Levy Joab Escobar Espinosa, Adalberto Ruiz González, Pedro Orantes Navarro, Sebastián Pérez Pérez, Romeo Sarmiento Hernández y Héctor Coutiño Hernández fueron capturados por más de un centenar de policías estatales el 28 de junio pasado luego de cumplir seis días en paro de labores en la Ciudad del Agua y llevados a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ).
Los detenidos fueron puestos a disposición del fiscal de Asuntos Relevantes de esa dependencia, Adulfo Chacón Ruiz, ante quien se les inició un proceso penal por despojo agravado, luego de protestar dentro de la planta durante una semana por mejores condiciones laborales y aumento salarial. En promedio, cada trabajador gana unos 700 pesos semanales.
El denunciante fue José Arturo Munguía Sánchez, representante legal de la empresa Avya Ressources Hummanies, S. de R.L. de C.V., misma que fue subcontratada por Filtros y Purificadores de Aztlán, S.A. de C.V. (Fypasa), una empresa del Estado de México que tiene concesionada la Ciudad del Agua desde el 2008 y por lo cual ha obtenido recursos de hasta más de 50 millones de pesos en un año.
El lunes 30 de junio los seis detenidos amanecieron en el penal de El Amate, a unos 90 kilómetros al poniente de esta capital, en el municipio de Cintalapa y puestos a disposición del juez Primero del Ramo Penal, Julio César Morales Ríos, quien luego de cumplirse el término constitucional de 144 horas, dictó el auto de formal prisión a los sindicalistas.
Abogados, amigos y familiares denunciaron que el juez no tomó en cuenta las pruebas de descargo presentadas a favor de los presuntos culpables y “por consigna” dictó la formal prisión.
Con ello da inicio el juicio instruido en contra de los seis detenidos, a la vez que amigos y familiares empezaron una campaña para exigir al gobierno estatal su intervención y se valore la inocencia de los detenidos que sólo protestaban por mejores condiciones laborales ante la empresa mexiquense que recibe millones de pesos por administrar y operar la Ciudad del Agua.
El 7 de enero del 2013, se demandó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado el registro del Sindicato Único de Trabajadores de la Planta Potabilizadora Ciudad Del Agua “Juan Sabines Gutiérrez” del estado de Chiapas.
Pero fue hasta agosto de ese año que la Junta emitió un acuerdo negando el registro.
Según familiares, el único “delito” de los trabajadores de Ciudad del Agua fue organizarse para buscar mejoras en el trabajo.
Aseguran que son inocentes del “despojo” del que los acusa la empresa privada Fypasa y el organismo del agua potable, ya que ellos sólo trabajaban bajo protesta, permitiendo la entrada y salida a todos los que tenían el derecho.
Aclararon que nunca despojaron a nadie porque el personal del organismo del agua potable de Tuxtla Gutiérrez (SMAPA) entraba a Ciudad del Agua para dar mantenimiento a las instalaciones durante los días de la manifestación pacífica y de brazos activos (continuaron laborando con normalidad) de los empleados.
Otra evidencia de que los trabajadores laboraban con normalidad, es que la empresa hizo los pagos de salarios a los empleados, correspondientes a la segunda quincena de junio de 2014.

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"Soy un preso político", sostiene Mireles Valverde


Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Lunes 7 de julio de 2014, p. 15
El doctor José Manuel Mireles Valverde ríe, llora, se emociona y suelta una carcajada cuando su abogada Talía Vázquez Alatorre le cuenta las muestras de apoyo que está recibiendo a raíz de su detención, cuando se entera que la gente se está rapando la cabeza en señal de solidaridad. En seguida, con entereza y convicción, reconoce que la cárcel, era un escenario previsto en su actividad como autodefensa y lanza la definición de su situación: Soy un preso político.
El preso número 5557 del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11 ubicado en Hermosillo, Sonora, luego de que el juez federal Armando Wong le dictó auto de formal prisión en la causa penal 137/2014, junto a sus tres escoltas Javier Reyes Magaña, Salvador Mendoza García y Gerardo López Casillas, por los presuntos delitos de “portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple de mariguana y cocaína”.
Delitos que, según su defensa, son falsos: Estamos en contra del auto de formal prisión por dos cosas: una, por las graves violaciones al debido proceso y otra, por las declaraciones de los funcionarios públicos que lo colocan como preso político, dice en entrevista con La Jornada la abogada Talía Vázquez Alatorre, quien cuenta los detalles de su visita de una hora a su defendido en la prisión.
La defensa del doctor Mireles prepara el amparo, la apelación y paralelamente una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Tenemos 15 días hábiles para ir contra el auto de formal prisión, mientras el juicio sigue, pero pretendemos llegar hasta instancias internacionales como la CIDH, donde ya iniciamos el trámite.
Alfredo Castillo no cumple
De acuerdo con el expediente de manifestaciones para resolver la situación jurídica del doctor Mireles, al que ha tenido acceso La Jornada, el abogado Salvador Molina Navarro hace un alegato sobre la obediencia al derecho y la justificación de las autodefensas con base en un análisis presentado por el académico Jaime Cárdenas, donde argumentan la inimputabilidad contra los procesados debido a que pertenecían a un conocido movimiento social como el de autodefensas de Michoacán.
La defensa considera que el doctor y sus tres escoltas son víctimas de una detención ilegal, realizada sin orden de aprehensión y sin tratarse de un caso de flagrancia o de urgencia, lo cual contraviene el artículo 16 constitucional. Argumentan que el doctor Mireles Valverde sufrió actos de tortura y existe una omisión del juez, al no investigar los hechos, además de que no se le permitió hacer la debida llamada a un defensor dentro del plazo señalado por la ley y las pruebas presentadas por la autoridad fueron sembradas, lo cual las convierte en falsas e ilícitas.
Señalan que la tortura, como la que fueron víctimas los inculpados, incluso desde su detención, agravándose aún más en la persona de José Manuel Mireles Valverde, pues fue vendado sin motivo ni justificación alguna, haciéndole creer que lo lanzarían al mar, incluso impidiendo su comunicación inmediata como es derecho inalienable, anula todas y cada una de las pruebas que el Ministerio Público pudiera recabar en la etapa de investigación, dice el texto de los alegatos a favor del doctor Mireles, que consta de 55 páginas.
Entre los argumentos presentados, está el de legítima defensa, propia y colectiva, debido a que el gobierno no ha garantizado la seguridad en Michoacán.
De aquí el estado de necesidad en la que se encuentra la sociedad al carecer de seguridad jurídica por parte de las fuerzas del Estado. Resulta evidente la falta de la seguridad jurídica en que se encuentran los habitantes de diferentes sectores de la población; se encuentran desprotegidos ante los atentados contra su integridad, tanto fisca como patrimonial, por las organizaciones de crímenes organizados. A consecuencia de ello y como reacción a un ataque a su integridad física y patrimonial, se encuentran en la plena necesidad de defender por sí y colectivamente sus bienes. De ahí se desprende el resultado de la conducta que se emplea para salvaguardar los bienes de la población, al posesionarse de cualquier medio de defensa que le sea factible, para repeler las agresiones de sus transgresores.
La defensa insiste que el doctor Mireles es un preso político debido a que han sido funcionarios como el comisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quienes han declarado que el detenido está preso por no haber cumplido los acuerdos del mes de mayo.
La abogada Talía Vázquez precisa: “Quien no cumplió ninguno de los acuerdos fue Castillo. No liberó a los 517 presos de los grupos de autodefensas, tan solo en Michoacán; tampoco liberó a Hipólito Mora antes del 10 de mayo. Y, sobretodo, no cumplió con el arresto de La Tuta y tampoco restableció el estado de derecho. No pasó nada. Quien rompió el pacto fue Alfredo Castillo y no el doctor Mireles. Esto también demuestra que es un preso político”.

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Dan formal prisión a Mireles; defensa alista amparo

Simpatizantes de Mireles exigen su liberación en el Monumento a la Revolución. Foto: Germán Canseco
Simpatizantes de Mireles exigen su liberación en el Monumento a la Revolución.
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Un juez de Michoacán dictó auto de formal prisión a José Manuel Mireles Valverde y a tres personas más por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.
Lo anterior dentro de la causa penal 137/2014 que es llevada en el Juzgado Quinto de Distrito en la entidad, con sede en Uruapan.
En un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que el líder de autodefensas permanece internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11 “CPS Sonora”, en Hermosillo, Sonora, y las otras tres personas en Tepic, Nayarit.
Por tal motivo, se exhortó a los juzgados Tercero de Distrito en Sonora y Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Nayarit, a fin de notificar la resolución a los procesados.
Anoche, los abogados de Mireles preparaban un juicio de amparo precisamente en contra del auto de formal prisión.
Javier Livas Cantú daba casi como un hecho que el juez Quinto con sede en Uruapan dictaría formal prisión.
Por su parte, la defensora Talía Vázquez declaró que Mireles se encuentra en estado delicado de salud ya que las autoridades le han negado insulina y alimentación, pues padece diabetes.
Reiteró que las garantías de su cliente han sido violentadas, ya que fue encapuchado cuando fue detenido y no le han suministrado medicamentos ni comida durante la semana que ha permanecido preso.
Vázquez explicó que con el auto de formal prisión se inician un juicio y un periodo de pruebas, por lo que Mireles podrá declarar cuantas veces quiera y la defensa echar mano de testigos y pruebas.
Mireles fue detenido el 27 de junio, luego de encabezar una incursión de autodefensas en La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas.

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Recibirá la CNTE caravana de Morelia

Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Domingo 6 de julio de 2014, p. 35
Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordaron llamar a una movilización para acompañar la llegada al DF de la marcha-caravana de maestros michoacanos quienes el primero de julio iniciaron una movilización desde la ciudad de Morelia para arribar al Zócalo capitalino el próximo miércoles.
Juan José Ortega Madrigal, secretario general del magisterio disidente de la sección 18 de Michoacán, destacó que la caminata es para reiterar su rechazo a la aplicación de la reforma educativa, exigir la abrogación de las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucionales, y demandar la instalación de una mesa nacional de diálogo.
Enfatizó que pese al paro de labores que mantienen en esa entidad, no buscamos ir en contra de nuestros alumnos y los padres de familia. El magisterio está en condiciones de entregar las calificaciones de fin de curso, pero esperamos que también existan propuestas de solución desde el gobierno federal y estatal antes de que concluya el ciclo escolar 2013-2014, previsto para este 15 de julio.
Por su parte, Enrique Enríquez Ibarra, secretario general de la sección 9 del Distrito Federal, destacó que ayer, en la reunión de su asamblea nacional representativa, se aprobó convocar a todos los contingentes del país a sumarse a una jornada de protesta este 9 de julio para demandar la instalación de una mesa nacional de negociación.
Los resolutivos, dijo, incluyen que diversos contingentes acudan a las 10 horas del próximo miércoles a la caseta que se ubica en la carretera de cuota México-Toluca, a la altura del centro comercial Santa Fe, para acompañar la llegada de los docentes michoacanos.
Desde ese punto, explicó, se plantea iniciar una marcha hacia la Plaza de la Constitución para demandar al gobierno federal dar respuesta puntual a su pliego petitorio.

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En manos de particulares, el manejo de datos personales

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Javier Corral cuestionó el trato a televisorasFoto José Antonio López
Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Domingo 6 de julio de 2014, p. 3
De la recién aprobada ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión se eliminaron disposiciones que atentaban contra la libertad de expresión, pero se mantuvieron disposiciones que atentan contra derechos constitucionales, como los de asociación y la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones, advirtieron los senadores del PRD, Dolores Padierna y Alejandro Encinas.
Hicieron notar que en la legislación se mantiene el capítulo de colaboración con la justicia, que obliga a los concesionarios de telefonía a interceptar llamadas telefónicas, dar un seguimiento permanente de las mismas y llevar a cabo la geolocalización de un equipo móvil en tiempo real.
Los legisladores reconocieron que se eliminaron aspectos muy delicados que estaban en la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, como el bloquear comunicaciones en lugares críticos para la seguridad pública, pero persisten violaciones a garantías individuales fundamentales.
En la legislación vigente, expuso Padierna, se fija la obligación de la geolocalización, aunque está limitada a la investigación de delitos graves y sólo faculta a las autoridades de procuración de justicia a solicitar ese rastreo de aparatos telefonía.
En los artículos 189 y 190 de la nueva ley de telecomunicaciones se permite que la geolocalización se aplique en casos de delitos graves, pero incluye la posibilidad de que las instancias de seguridad –término que no se define, pero que puede referirse al Cisen, Gobernación, Sedena o la Policía Federal– soliciten rastrear en tiempo real llamadas y la ubicación de algún usuario de telefonía.
El senador Encinas Rodríguez resaltó que esos artículos incurren en injerencias indebidas respecto a los derechos de los ciudadanos y en violaciones claras a los preceptos constitucionales.
Con esta disposición se permite la intervención de comunicaciones sin orden judicial, lo cual es contrario a la letra de la Constitución, que señala que exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición del titular del Ministerio Público de la entidad correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.
El artículo 190 precisa que el concesionario deberá conservar un registro y control de las comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea , propia o arrendada, para identificar con precisión nombre, razón social y domicilio del suscriptor”. Son datos para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil.
Tanto Padierna como Encinas resaltaron que en es artículo se instaura indebidamente la obligación del concesionario de conservar los datos personales durante 12 meses, con posibilidad de 12 meses adicionales en sistemas de almacenamiento electrónico, para permitir la localización geográfica y la intervención de comunicaciones privadas.
Es decir, se deja en manos de particulares la posesión y disposición de los datos personales de los ciudadanos, afectando el principio constitucional de que las comunicaciones son privadas e inviolables, con el riesgo de que hagan mal uso de ellas, recalcó Encinas.
Uno de los cambios, convenidos por las comisiones dictaminadoras, establece sanciones hasta de tres años de prisión a quienes utilicen indebidamente esa información.
Durante la discusión en lo particular a las leyes secundarias en telecomunicaciones, Padierna, Encinas y el pansita Javier Corral advirtieron que la legislación incumple con la disposición de reglamentar el derecho de las audiencias y, entre otras cosas, no fija equilibrio entre la programación y la publicidad.
Corral dijo que uno de los regalos a las televisoras fue la posibilidad de que incrementen sus porcentajes de publicidad –de entrada en 2 por ciento– sólo por incluir contenidos nacionales en su programación y otro cinco por ciento por contratar 20 por ciento de producción independiente.
Además, abundó, Televisa y Tv Azteca podrán comercializar dentro de la pantalla en la programación continua. Un artículo del dictamen aprobado excluye contabilizar en los límites de la publicidad a los programas de venta de productos y servicios, lo que eufemísticamente llaman infomerciales, que no es más que un ambulantaje electrónico que dura de las 12 de la noche a las seis de la mañana”.
Es, recalcó Corral, un robo en despoblado, un atentando a las audiencias.

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Evo descarta diálogo con políticos neoliberales: “Que vayan a debatir con su abuela”

El presidente de Bolivia, Evo Morales, descartó este domingo cualquier posibilidad de debatir programas gubernamentales con políticos que privatizaron en el pasado los recursos naturales y las empresas estratégicas del Estado.

Morales cuestionó la autoridad y moral de los políticos que lo convocaron a debatir, porque regalaron las empresas del Estado cuando eran autoridades en períodos neoliberales.
“Qué autoridad, qué moral tienen para debatir conmigo porque ellos privatizaron y regalaron las empresas del Estado, y recursos naturales a las transnacionales. Que vayan a debatir con su abuela y con los que escaparon fuera de Bolivia, yo no tengo nada que debatir con estos señores”, remarcó.
Las declaraciones de Morales en el departamento de Santa Cruz fueron emitidas en alusión al pedido del empresario y candidato presidencial Samuel Doria, quien pidió un debate con el líder indígena.
Recordó que debido a la privatización del gas natural en periodos neoliberales, el Estado boliviano recibía en 2005 apenas 300 millones de dólares de renta petrolera.
Ahora gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, en mayo de 2006, Bolivia se beneficiará este año con seis mil millones de dólares de renta petrolera.
“Ese modelo llamado neoliberal, con ese modelo cuánto hemos perdido, con las privatizaciones cuanto nos robaron y ahora todavía se atreven a decir voy a debatir”, cuestionó.
Morales subrayó que el debate debe instalarse con los movimientos sociales, cuya lucha preservó los recursos del país e impulsó la nacionalización de los hidrocarburos.
LibreRed / ABI 

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Maduro: “La Revolución Bolivariana es el único camino para garantizar la dignidad del pueblo”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado al pueblo y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a seguir preparándose para continuar defendiendo la paz frente a cualquier amenaza.

Maduro ofreció su discurso desde el Paseo Monumental de Los Próceres, en Caracas, donde se realizó ayer el desfile cívico-militar con motivo del 203 aniversario de la Firma del Acta de la Independencia de Venezuela y día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Estuvo acompañado por la primera combatiente, Cilia Flores, representantes de los poderes públicos, así como integrantes del gabinete ejecutivo.
Durante el acto, el jefe de Estado recordó a las víctimas de las protestas violentas que dirigieron este año sectores de la ultraderecha.
“Hoy también tenemos que recordar a los caídos en la lucha por la paz y la democracia de este año 2014 (…) tenemos que decir honor y gloria eterna a todos los caídos en defensa de la Patria y del pueblo”, expresó.
Destacó los aplausos del pueblo venezolano en Los Próceres al ver las unidades de la Guardia Nacional Bolivariana, “defensora de la paz, protectora del pueblo, garante de la democracia”.
Al respecto, los instó a no olvidar “a los oficiales, al personal profesional que vio sesgada su vida producto de las guarimbas, a manos de francotiradores contratados como mercenarios para atacar a nuestra fuerza armada, para atacar a nuestro pueblo”.
El presidente Maduro ratificó la importancia de continuar preservando la paz en el país en cualquier coyuntura.
“Si nos buscan por la guarimba, que se imponga la paz; si nos buscan por votos, que se imponga la voluntad y la soberanía popular; pero que siempre siga brillando la luz de los libertadores, la luz y la llamarada que trajo para siempre nuestro Comandante infinito, nuestro Comandante amado Hugo Chávez”, manifestó.

Agradecimiento a la lealtad

El mandantario nacional agradeció a la institución castrense la lealtad que han mantenido al pueblo venezolano. “Agradecerles una y mil veces la unión, la lealtad y el amor al pueblo”.
Añadió que la Revolución Bolivariana “es el único camino que puede garantizar a nuestra patria la independencia definitiva, el desarrollo integral, la prosperidad social y sobre todo la dignidad de un pueblo que ha rescatado su identidad y su historia”.
Además felicitó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por el poder de organización demostrados durante el despliegue que realizó en el desfile.
“Quiero felicitar una vez más a nuestra Fuerza Armada por la demostración de organización, disciplina y moral; de confianza en sí misma y en la patria; el buen despliegue”, puntualizó.
Aseguró que todo lo que pudo presenciar el pueblo venezolano en el desfile forma parte del legado que dejó el Comandante Eterno Hugo Chávez.
“Los aviones, los tanques, las doctrinas, las consignas, la moral, el optimismo, la fuerza del pueblo en armas”, detalló.
Resaltó que aun cuando se conoce todo lo que el Comandante Chávez “formó en el alma y la conciencia de la nueva Fuerza Armada”, todavía resulta emocionante escuchar discursos con una gran moral y ética.
Al respecto, el mandatario felicitó al general en jefe, Vladimir Padrino López, jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, por el discurso que ofreció ayer durante la sesión solemne de la Asamblea Nacional.
“Una lección filosófica, doctrinaria, moral, ética que nos dio”, dijo.
Asimismo, expresó su reconocimiento al mensaje que ofreció la vicealmiranta Maribel Parra, quien se convirtió en la primera mujer en comandar un desfile de tal magnitud.

Honor al Comandante Chávez

El jefe de Estado recordó que también se conmemoraron ayer 16 meses de la siembra del Comandante Chávez y reconoció la lucha de Líder de la Revolución Bolivariana por la unión cívico-militar.
“Hoy cumplimos 16 meses de la partida física de Chávez y sentimos en nuestro corazón que ha valido la pena la lucha del comandante Chávez. Aquí están el pueblo y la Fuerza Armada, unidos hoy más que nunca, unidos y victoriosos”, expresó.
Maduro afirmó que hoy más que nunca el pueblo venezolano está consciente del legado que dejó el Comandante Chávez. “Un legado de resurrección de la patria de Bolívar”.
LibreRed / Ciudad CCS 

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Marcha multitudinaria en Donetsk en apoyo a las autodefensas antifascistas

La ciudad ucraniana de Donetsk fue este domingo escenario de una multitudinaria manifestación en apoyo a las autodefensas populares antifascistas que luchan contra el Gobierno ultraderechista y golpista de Kiev.

Durante la marcha, que reunió a miles de personas en la ciudad oriental de Donetsk, los manifestantes condenaron la operación del Ejército ucraniano contra los antifascistas de Slaviansk.
Además mostraron su apoyo total a las autodefensas que operan en el este del país, y prometieron renovar su lucha contra el Gobierno fascista de Kiev.
Los manifestantes exigieron el cese inmediato de las operaciones militares de las fuerzas ucranianas en el este del país.
El acto de protesta tuvo lugar después de que las autodefensas se vieran obligadas a abandonar este domingo las ciudades orientales de Slaviansk y Kramatorsk, debido a los ataques del Ejército ucraniano durante la noche del sábado.
Las autodefensas abandonaron en la madrugada del domingo sus posiciones en Slaviansk y Kramatorsk, para poder reagruparse en la ciudad de Donetsk (este de Ucrania).
El Ejército ucraniano intensificó sus operaciones en el este de Ucrania, después de que el presidente Petro Poroshenko rechazó el pasado lunes ampliar el alto el fuego, y ordenó a sus militares una ofensiva contra los antifascistas.
LibreRed / Hispan TV 

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EEUU mantiene bloqueo a Cuba violando la carta de Naciones Unidas

El presidente Raúl Castro, afirmó el sábado durante un discurso frente al Parlamento cubano que a pesar del creciente rechazo internacional, el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, lejos de rectificarse, continúa en vigor plenamente, en abierta violación de la carta de Naciones Unidas.

Sostuvo que el acoso a las instituciones comerciales y bancarias relacionadas con Cuba se ha incrementado, afectando inclusive a sus aliados.
Apuntó que la reciente multa de 8.970 millones de dólares impuesta al banco francés BNP-Paribás es un total atropello contra la soberanía de los Estados, las normas de libre comercio y del Derecho Internacional, como se denunció en la Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado 2 de julio.
“A pesar del creciente rechazo internacional, en particular en América Latina y el Caribe, e incluso dentro de los propios Estados Unidos, al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, lejos de rectificarse esta política, continúa en vigor plenamente en abierta violación de los principios consagrados en la carta de las Naciones Unidas”, aseveró.
Es un hecho insólito que, como consecuencia del bloqueo financiero, la Sección Consular de Cuba en Washington haya sido privada de los servicios bancarios, lo que perjudica a los cubanos que viven en Estados Unidos y dificulta sus vínculos familiares y los viajes a nuestro país, señaló el presidente cubano.
Sostuvo que Estados Unidos tampoco renuncia a la subversión contra Cuba, con el uso de métodos encubiertos y el empleo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, como lo evidenciaron las recientes revelaciones sobre el proyecto Zunzuneo, que constituye una violación de soberanía y del Derecho Internacional.
“Es hora ya de que Estados Unidos entienda que estas políticas están condenadas al fracaso y que debe respetar la voluntad y el derecho de los cubanos a construir su futuro en paz”, subrayó Raúl Castro.
LibreRed / Telesur 

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Reino Unido ocultó abusos sexuales de políticos y altos funcionarios durante los años 80

El gobierno de Gran Bretaña fue acusado de hacer desaparecer cientos de documentos sobre abusos sexuales a menores de edad cometidos al parecer en los años 80 por parte de políticos y funcionarios de alto rango, tras un supuesto “encubrimiento político”.

El presidente del Comité parlamentario selecto de Interior, el laborista Keith Vaz, indicó que el ministerio del Interior perdió documentos “a escala industrial”.
Una investigación interna de ese ministerio concluyó el año pasado que no podía ubicar 114 documentos sobre abusos sexuales a menores de edad.
Según Vaz, es “una enorme sorpresa” que el gobierno haya perdido tamaña cantidad de evidencia.
Por su parte, el lord Norman Tebbit, ex ministro de Margaret Thatcher y antiguo presidente del Partido Conservador, se mostró a favor de que las autoridades lancen lo antes posible una pesquisa para esclarecer el caso.
Tebbit dijo incluso que podría existir un “encubrimiento político” por casos de abusos cometidos en su mayoría en los años 80.
“En su momento la mayoría de las personas pensaban que el establishment, que el sistema, tenía que ser protegido”, declaró el veterano político conservador al programa de la BBC “The Andrew Marr Show”.
“Y si había cosas que terminaban mal aquí y allá, era importante proteger al sistema en lugar de investigar fallas. Esa posición fue incorrecta en su momento y ha demostrado ser un error espectacular porque los abusos sexuales han crecido”, agregó.
En tanto, Vaz dijo que una revisión independiente al respecto “es lo correcto” por hacer.
La nueva revisión, que será encabezada por un experto legal fuera del gobierno, evaluará de qué forma el ministerio del Interior manejó esos casos históricos de abusos sexuales a menores de edad que involucraban a políticos y altos funcionarios. Uno de los objetivos de la pesquisa será determinar si la investigación del ministerio del Interior realizada en 2013 acerca de los casos históricos de abusos “fue correcta”.
Esa investigación interna no logró determinar ningún caso de abuso sexual a menores de edad por parte de figuras prominentes o políticos. Sin embargo, aunque indicó que tenía en su poder 527 documentos relevantes, otros 114 no habían logrado ser identificados, habían sido “destruidos” o simplemente estaban “perdidos”.
La prensa británica informó que cuatro casos históricos de abusos sexuales fueron derivados a la Policía tras el informe del año pasado.
La semana pasada, el secretario permanente para el ministerio del Interior, Mark Sedwill, le escribió una misiva al primer ministro, David Cameron, informándole sobre planes para nombrar a un experto legal independiente de amplia trayectoria al frente de la nueva revisión.
Cameron le había pedido “hallar respuestas” acerca del caso, luego de que el parlamentario Geoffrey Dickens dijo haber entregado esos documentos al por entonces ministro del Interior británico el lord Leon Britten, en los años 80.
El lord Britten, que hoy se informó fue interrogado el mes pasado por la Policía por un supuesto caso histórico de violación a una joven de 18 años en Londres, afirmó por su parte haber entregado los documentos a “funcionarios del gobierno”.
Los casos históricos de abusos sexuales se remiten al gobierno de la conservadora Margaret Thatcher, al frente del poder desde 1979 a 1990.
LibreRed / Ansa 

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