lunes, 21 de julio de 2014

Leyes secundarias, “ancladas” en la corrupción calderonista




El renglón de la transparencia es abordado de manera extensa como una de las premisas en el funcionamiento que habrán de tener las nuevas empresas productivas del Estado, de acuerdo con la argumentación de las leyes secundarias en materia energética. Sin embargo, llama poderosamente la atención que en ninguna línea de los extensos borradores se mencione la obligación de pedir la rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos de organismos públicos descentralizados que, como en el caso de Luz y Fuerza del Centro –luego del ilegítimo Decreto de Extinción de octubre de 2009–, transfirieron sus bienes al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), para que éste, a su vez, los entregara en comodato a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y cuyos informes, a 5 años de distancia, aún permanecen en el limbo.


Así, mientras el gobierno federal se niega a aceptar el programa de “borrón y cuenta nueva” para los millones de usuarios que han sido víctimas de altos cobros de electricidad por los llamados recibos locos de la CFE, busca aplicarlo de manera discrecional a las entidades públicas en vías de extinción, para enterrar los multimillonarios quebrantos cometidos en perjuicio del patrimonio de todos los mexicanos, por la corrupción de personajes ampliamente conocidos como el exdirector del Sae Luis Miguel Álvarez Alonso –inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública–, y el exdirector operativo de la “empresa de clase mundial”, CFE, Néstor Moreno Díaz.
Se pretende así que los cimientos de la reforma energética se fundamenten en las corruptas, torcidas, e ilegales acciones cometidas por el entonces gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, quien dejó tras de sí toda una estela de irregularidades y conflictos sin resolver, como el litigio que aún subsiste con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en los tribunales del país.
En un breve inventario de las cuestiones a subsanar, vale citar parte del contenido del autoritario Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro, que en su artículo 2 estableció que el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes sería el responsable de la liquidación del organismo Luz y Fuerza del Centro.
En el párrafo tercero del mismo artículo se le otorgaron facultades al Sae para tomar de inmediato las medidas necesarias, a fin de que los bienes del organismo “que se extingue, que estén afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica en la que hasta antes de su expedición, venía prestándolo Luz y Fuerza del Centro”; así como los demás que sean necesarios para dicho servicio “sean utilizados para tal fin conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica” (sic).
Como se recordará, a las 00:25 horas del 11 de octubre, el Sae firmó ante notario público un convenio de entrega de todos los bienes de Luz y Fuerza del Centro a la Comisión Federal de Electricidad. Dicho convenio fue ratificado el 11 de agosto de 2010 entre ambas entidades y se le denominó: Convenio en Comodato, estableciendo en su Cláusula 9 la terminación de dicho Convenio, mientras que en la Cláusula 10 hablaba de la vigencia del mismo señalando que será de 3 años a partir del 11 de octubre de 2009, y la misma quedará prorrogada, automáticamente, por un periodo de 3 años más.
En el actual marco de transformación, cabe recordar lo establecido en su Cláusula 11, referente a la devolución de los bienes, así como a la terminación del periodo de vigencia del Convenio; o a partir de que la CFE conceda el uso parcial o total de los bienes a un tercero, o los destine para un fin distinto al previsto.
Indudable que es el momento preciso de plantear una serie de sustanciales cuestionamientos a los legisladores para saber con certeza cuál será el destino del Convenio de Comodato firmado entre el Sae y la CFE, implicando de manera natural un informe pormenorizado del manejo y rendición de cuentas de los bienes y recursos de Luz y Fuerza del Centro.
Una de las interrogantes será que los miembros del Congreso de la Unión le digan al país si la CFE tiene las facultades de entregar estos activos a un tercero; y a la distancia, a cuánto asciende el patrimonio de Luz y Fuerza del Centro en comparación con octubre de 2009. Que nos aclaren también quién o quiénes operan los 1 mil 100 kilómetros de fibra óptica de la exparaestatal, pues como lo constató hace un par de años la Auditoria Superior de la Federación (ASF), aún en el sexenio calderonista, se dieron concesiones en la materia, como la polémica Licitación 21 de fibra óptica, la cual benefició de manera preferencial al monopolio de Televisa al ser otorgada de manera poco transparente, resultando a la vista de la ASF un verdadero fraude al interés público al representar para la CFE pérdidas por 2 mil 450 millones de pesos.
Como se recordará, el Sindicato Mexicano de Electricistas alertó con mucha anticipación sobre las maquinaciones que ya se tejían para entregar la estructura de la fibra óptica, tanto de la CFE como de Luz y Fuerza del Centro a particulares, algunos de ellos, exsecretarios de Energía en el sexenio de Fox, como Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, en detrimento de las finanzas públicas y de la población de escasos recursos que quedaba así marginada de servicios como el internet a precios accesibles.
La misma ASF estableció con puntualidad en su Informe de la Cuenta Pública 2009, entregado a la Cámara de Diputados, que las causas de “inviabilidad financiera” sostenida por la administración pasada para solventar su decreto fascista nunca existieron, pues el quebranto en las finanzas de Luz y Fuerza del Centro tuvieron como origen la obligada compra de energía cara a CFE, ordenada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para revenderla a un costo menor a los consumidores, con la consecuente acumulación de pérdidas. El extenso análisis de la Auditoría Superior de la Federación también echó abajo la inexistente salud financiera de la Comisión Federal de Electricidad, empresa que lejos de haber representado ahorros al país tras el despido de 44 mil trabajadores del SME, terminó generando más gastos al erario.
Felipe Calderón, en su informe de cierre de sexenio (2006-2012), no pudo ocultar los montos extras que produjo su “operación de mantenimiento” en la zona Centro del país, antes atendida por el SME y Luz y Fuerza del Centro, muestra del colosal error político del exfuncionario; de forma tal que, mientras en 2009 su gasto autorizado fue de 199 mil 40 millones de pesos, se elevó a 241 mil 481 millones 161 mil pesos, es decir, tuvo un incremento de 42 mil 441 millones 161 mil pesos; en 2010, de 210 mil 459 millones 375 mil pesos, su ejercicio de disparó a 267 mil 175 millones 664 mil pesos, es decir, 56 mil 716 millones 269 mil pesos más de lo programado; y en 2011, de un presupuesto de 238 mil 543 millones 300 mil pesos, lo gastado se incrementó a 285 mil 753 millones 227 mil pesos; un sobreejercicio de 47 mil 209 millones 927 mil pesos. Si sumamos los excedentes, éstos rebasan los 140 mil millones de pesos.
Pero hay más asuntos que dilucidar por parte de los legisladores, como saber cuál es la situación sobre el subsidio a los usuarios. ¿No señaló Calderón que con el cierre de Luz y Fuerza y el despido de los trabajadores del SME bajarían las tarifas eléctricas? ¿Dónde está el mejoramiento al servicio y los miles de empleos que se crearían con la aplicación del ruinoso Decreto?
¿Ya concluyó acaso el litigio con los trabajadores del SME? Porque invocando este asunto sin resolver y el irresuelto comodato entre el Sae y la CFE, no podemos dejar de mencionar lo establecido por la propia ley en el sentido de que ante un conflicto laboral, los bienes de una empresa, cualquiera que sea el ramo, serán para cubrir las obligaciones con los trabajadores, por lo que ante la inminente desincorporación de CFE, y su mutación a empresa productiva del Estado, este Convenio de Comodato se deberá cancelar y regresar los bienes al Sae, para que sean considerados para resarcir el daño patrimonial causado a los trabajadores del SME por las innumerables violaciones legales y constitucionales a sus derechos.
Y así como se pregona en las leyes secundarias el tema de la transparencia, los legisladores deben decir al pueblo de México en qué líneas, con exactitud, se establece el compromiso a bajar las tarifas eléctricas, porque al leer con detenimiento los borradores que están en análisis en el Congreso, tal tema, así como el de la rendición de cuentas del pasado, sencillamente no aparecen. Y reforma energética que nace torcida
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas 

Peña Nieto, nuevo dueño de PEMEX y CFE

FRECUENCIA LABORAL 

*Aprueban Senadores del PRI-PAN PVEM el Neo Absolutismo en Leyes Energéticas.
*Leyes Secundarias no Atajan la Corrupción ni la Depredación Transnacionales y Políticos.
 

 

Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad dejaron de ser propiedad del Estado, para pasar a ser propiedad del gobierno federal, que en estos momentos encabeza como presidente de la República, el priista Enrique Peña Nieto, "esto dibuja un régimen autoritario y absolutistas", advirtió el 09 de julio del 2014, el senador Alejandro Encinas, durante la discusión de las leyes secundarias en materia energética, pero aún así se aprobaron en comisiones, con algunos cambios.
Con la ausencia de la fraccion del PRD y del Partido del Trabajo, tras abandonar el salón de sesiones, luego de reiteradas quejas sus respectivos coordinadores de bancada perredista, Miguel Barbosa y Manuel Bartlett, así como de otros legisladores de oposición, en el sentido de que estas leyes secundarias no fueron negociadas en el Senado de la República, sino dictadas desde el poder ejecutivo y que no dieron tiempo de analizarlas ni de darles difusión, se aprobaron 4 dictámenes que contienen 14 leyes energéticas nuevas o reformas, el martes 15 de julio de julio del 2014, en un rápido procedimiento de 2 horas y media. (Leer Noticia Relacionada: SE AVECINA LA RAPIÑA EN PETRÓLEO Y ELECTRICIDAD link: http://www.frecuencialaboral.com/petroleoyelectricidadseavecinalarapiña2014.html)
Con la inscripción de que no es el Estado sino el gobierno federal el propietario de PEMEx y CFE, despojarán al pueblo mexicano -como parte del estado- de esos bienes nacionales y le quitará al gobierno federal la obligación de consultar con el poder legislativo y la sociedad, las decisiones que tome respecto a esas empresas paraestatales, porque se convertirá en su dueño de PEMEX y CFE y Peña Nieto decidirá como "monarca absolutista" lo que se hace, advirtieron los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Pero de nada sirvieron sus alegatos, porque la mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) rechazaron discutir las reservas que se presentaron sobre el tema por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y se negaron a modificar el dictamen de la Ley de Petróleos Mexicanos y de Comisión Federal de Electricidad, que se discutieron el miércoles 09 de julio del 2014.
"PEMEX y CFE fueron definidas en la Constitución como empresas productivas del Estado. Ahora las iniciativas refieren que estas empresas son propiedad exclusiva del gobierno federal, lo que implica que su gestión estará supeditada a los intereses del Ejecutivo, pudiendo su Consejo de Administración vender y desmantelar sus instalaciones industriales sin responsabilidad real ni rendición de cuentas", advirtió ese día el senador Benjamín Robles Montoya.
El senador Fernándo Mayans adviritó que al disponer que el gobierno federal es dueño de PEMEX y CFE la nación perderá el control de la industria eléctrica y de hidrocarburos. Además de que estas leyes establecen que el consejo de administración -nombrado por el presidente de la República- tomarán decisiones sobre ambas empresas productivas del Estado. "Pero aquí hay prisa, el Senado parece el teatro más rápido del mundo, donde se pretende dar el golpe certero a la soberanía nacional".
Todo esto dibuja a un gobierno absolutista observó el senador Alejandro Encinas, quien acusó al presidente Enrique Peña Nieto de querer convertirse en dueño de los bienes nacionales. Recordó que el artículo 27 constitucional subraya: “Tratándose de petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones".
Y acusó a quienes redactaron estas leyes de ignorar la diferencia entre lo que significa Estado con lo que significa gobierno. Y sostuvo que el gobierno del priista Peña Nieto tiene la visión del monarca absolutista Luis XIV quien sostenía " el Estado soy yo". Agregó que con ese espíritu en las leyes secundarias en materia energética Peña Nieto establece que "el gobierno soy yo, el dueño de las empresas del estado soy yo, quien propone y remueve al Consejo de Administración soy yo, quien dispone de la renta petrolera soy yo, que es lo que demuestra de fondo, es que la lógica de la privatización de los bienes nacionales, el centralismo político, el vínculo de los negocios con la política, no solamente conducen a un presidencialismo autoritario, sino a un Estado absolutista".
Incluso el priista David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, reconoció que él mismo había reservado para su modificación esos artículos en los que se señala que PEMEX Y CFE "es una empresa productiva del Estado, propiedad del gobierno federal", para que se le pusiera que "es una empresa productiva del Estado, propiedad del Estado Mexicano", para que estuviera acorde a lo que señala la constitución mexicana y porque el estado no es lo mismo que el gobierno federal. Pero usó la tribuna para anunciar que retiraba su reserva.
Estas leyes proponen autonomía del Consejo de administración, compuesto de 5 miembros que serán nombrados a propuesta del presidente de la República -con lo cual ya pierden su autonomía- y se le quita al senado la facultad de proponer, soló tendrá , la facultad de ratificar o de rechazar en un plazo perentorio de 30 días; y si en 30 días no responde, pues se aplica la afirmativa ficta, lo cual permitirá una imposición.
Las funciones y honestidad del Consejo de Administración serán supervisados por un auditor externo, que nombrará el propio consejo de administración, lo cual contribuirá a que no haya transparencia ni rendición de cuentas.
Desaparece el órgano de control interno para repartir las tareas que realiza en tres órganos distintos:la función de vigilancia, que estaría a cargo ahora, directamente del Consejo de Administración en tanto que la función de evaluación del desempeño y que conduce y supervisa las labores de auditoría interna, dependerán del Consejo de Administración, a través del Comité de Auditoría.
Y se crea una unidad de responsabilidades encargada de la investigación de conductas ilícitas por las personas que trabajan en PEMEX, lo cual podrá discrecionalmente elegir si finca o no responsabilidades por cuestión de tratarse de riesgos por la negociación mercantil. Lo cual fomenta la corrupción que ha denunciado la Auditoría Superior de la Federación (Leer Noticia Relacionada: PEMEX, CFE, ISSSTE, IMSS...PAGARON MILES DE MILLONES A EMPRESAS FANTASMA link: http://www.frecuencialaboral.com/corrupciongubernamentalenpemexcfe2013.html)
Además, la Ley de Petróleos Mexicanos divide a esta paraestatal en 4 empresas subsidiarias, para su operación, lo cual -según la Senadora Dolores Padierna- la pone en riesgo de atomizarla y hacerla improductiva, como ocurrió cuando el ex presidente Carlos Salinas de Gortari dividio durante su gestión -1988-1994 a PEMEX, provocando que se desmantelara la producción petroquímica nacional que hoy está en manos privadas o bien, se compra en el extranjero lo que antes se producía en México. (Leer Noticia Relacionada: DESMANTELAN DELIBERADAMENTE A PEMEX link: http://www.frecuencialaboral.com/pemexdesmantelanporcorrupcion2012.html)

SE AVECINAN LA DEPREDACIÓN Y RAPIÑA
Leyes Secundarias en materia energética no Atajan la corrupción ni la depredación de las transnacionales, que están dispuestas a entregar millones de dólares a políticos y altos funcionarios mexicanos para obtener las licitaciones de producción distribución y obras en gas, petróleo y electricidad, sostuvo el senador Zoe Robledo, secretario de la comisión de Estudios Legislativos Primera, que junto con la Comisión de Energía discutieron el jueves 10 de julio del 2014, las leyes sobre Seguridad Industrial y Ambiental del Sector Hidrocarburos.
Advirtió que se crea un nuevo organismo para engrosar la burocracia y los gastos en altos salarios, pero no se dictaminó nada que coadyuvara para que el gobierno federal pueda regular y contener a la voracidad y capacidad depredadora de las empresas transnacionales,
"Son las más voraces,pero también son las que tienen mayor capacidad de influir sobre gobiernos constituídos, no solamente en México, sino en el mundo. Las tradicionales empresas petroleras y de energía eléctrica como la Shell, Exxon, Elf o Chedrón, cuya fama pública no es la mejor del mundo, ya que se han conocido múltiples casos de corrupción y sobornos, son a las que se van a regular. Pero además hay toda una nueva generación de empresas, las denominadas 7 hermanas, de Arabia Saudita, de Irán, Malasia, Rusia, Venezuela, de China, Brasil, que hoy están controlando más de un tercio de las reservas de hidrocarburos y con gran conocimiento de la corrupción y del daño ambiental para alcanzar sus fines".
Por eso propuso dotar de las herramientas jurídicas, tecnológicas y económicas a las instituciones públicas para frenar cualquier posibilidad de corrupción y de daño ambiental de esas transnacionales, pero sus planteamientos fueron rechazados, igual que todos las reservas para discusión y modificación del dictámen que hizo el PRD. En cambio se aceptó la reserva de los 4 dictámenes que integran a las 14 leyes de nueva creación o que se reforman en materia energética, que hizo el Partido Acción Nacional.
Estas reservas se discutirán entre el lunes 14 y el martes 15 de julio del 2014 en comisiones, aunque David Penchyna senador del PRI, adelantó que serán retiradas en su totalidad por el PAN.
Cabe recordar que se mantienen sin modificación los contratos de servidumbre, que darán a esas empresas transnacionales la posibilidad de reclamar para sí las tierras o bienes muebles e inmuebles que consideren sean de utilidad para la explotación de los energéticos, a cambio de ofrecer empleo o un contrato renta o compraventa. De oponerse los dueños de esos bienes y tierras, podrían ser expropiados. Esto último asegura el PAN que ya se modificó, aunque nada lo garantiza. (Leer Noticia Relacionada: IMPONDRÁN CONTRATOS DE SERVIDUMBRE link: http://www.frecuencialaboral.com/reformaenergeticaimpondranservidumbre2014.html) 

Senadores del PRI y PAN eliminan subsidios a la luz

REGENERACIÓN 

La reforma aprobada por los senadores del PRI y PAN, afectaría al 98.7 por ciento de los usuarios
Los “subsidios generalizados” en tarifas eléctricas desaparecerán para dar paso a una política de “subsidios focalizados”
Regeneración, 19 de julio 2014.-Los senadores del PRI, PAN y PVEM aprueban retirar los “subsidios generalizados” en tarifas eléctricas. Ahora se da paso a una política de “subsidios focalizados” 
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La eliminación del apoyo gubernamental, prevista en un proyecto de reforma aprobado ayer por el Senado, afectaría al 98.7 por ciento de los usuarios residenciales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el País, que actualmente reciben algún tipo de aportación.
Conforme el proyecto aprobado en lo general en el Senado y que deberá ratificarse en lo particular por los legisladores, el Gobierno federal tendrá el poder de instrumentar programas de subsidio a la “población pobre”, que así lo consideré.
Para los efectos anteriores, las Secretarías de Hacienda, de Energía y la Sedesol evaluarán la conveniencia para asignar apoyos focalizados. El objeto será “coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, a precios asequibles, en zonas rurales y zonas urbanas marginadas para grupos de Usuarios del Suministro Básico en condiciones económicas de vulnerabilidad”, establece el artículo 116.
La Comisión Reguladora de Energía y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberán prestar el apoyo técnico que se requiera para los fines de ese ordenamiento.
Información: reforma

Fuente

Aprueba el Senado leyes de Pemex y la CFE; "se consumó el despojo"


Andrea Becerril y Georgina Saldierna
 
Periódico La Jornada
Lunes 21 de julio de 2014, p. 5
El Senado aprobó anoche las leyes de petróleos mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de un debate de cinco horas en que PRD y PT advirtieron que esa legislación condena a ambas empresas a su desmantelamiento y pulverización, ya que el fuerte esquema impositivo con que las gravan no les permitirá competir con las empresas extranjeras que regresarán al país a explotar el petróleo y la electricidad.
Todos los senadores del PRD y PT asistieron, pero sus 27 votos no fueron suficientes para frenar ambas leyes, que fueron aprobadas por los 89 priístas y panistas presentes en la sesión extraordinaria, entre ellos el dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps.
En sus intervenciones, los legisladores del blanquiazul, el tricolor y del Verde aseguraron que las paraestatales ni se privatizan ni se desmantelan, pero recibieron un sinfín de argumentaciones en contrario y el señalamiento de que van a destruir a la nación, al Estado mexicano y al pacto social que derivó de la Constitución de 1917.
El senador Alejandro Encinas acudió incluso a una cita bíblica para acusarlos de actuar con codicia, para consumar el despojo al pueblo de México.
Su compañero de bancada, el tabasqueño Adán Augusto López, también los cuestionó: de qué les sirve ganar la votación si van a entregar la patria.
Antes de que empezara la sesión, el coordinador perredista Miguel Barbosa encabezó el cambio de mensaje en los ventanales de las 22 oficinas de su bancada, que le ha servido para hacer evidente su inconformidad con la reforma secundaria en materia energética.
En esta ocasión el mensaje fue Thanks Dear Senators, seguido por los logotipos de PRI y PAN y una caricatura del Tío Sam que lleva un foco con las siglas de la CFE.
Barbosa explicó que la intención era exhibir a quienes son los verdaderos beneficiados por la reforma energética, la que se construyó fuera del país.
En igual sentido, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, señaló ante el pleno que Pemex y la CFE se privatizan para seguir las instrucciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que a su vez impulsa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
David Penchyna, el senador del PRI que coordinó los trabajos del dictamen, respondió que es una ley que cree en México y en los mexicanos. Sostuvo que es una propuesta que no le tiene miedo a abrir las puertas a la competencia, porque estamos seguros de que tanto Pemex como la CFE pueden competir como iguales, frente a las mejores empresas del mundo.
Sin embargo, el perredista Encinas advirtió que con la aprobación de ambas leyes no sólo se desmantelan Pemex y la CFE, sino al Estado mexicano, al conjunto de instituciones que habían dado cohesión al pacto social.
Su compañera de bancada Dolores Padierna resaltó que al establecer que Pemex y CFE se convertirán en empresas productivas, propiedad del Ejecutivo federal, en realidad van a pasar a ser propiedad del presidente Enrique Peña Nieto, quien podrá disponer de ellas a su antojo.
Ambos legisladores cuestionaron lo dispuesto en el artículo 2 de la ley de Pemex y en el 2 también de la CFE, que confiere la propiedad de las paraestatales al gobierno federal. Encinas resaltó que ello va en contra incluso de la reforma constitucional en la materia, ya que en el artículo 25 de la Carta Magna se precisa que el sector público mantendrá el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado, pero no lo autoriza a convertirse en propietario exclusivo.
Se trata de una de las mayores regresiones contenidas en las leyes secundarias, ya que elimina la rectoría económica del Estado, recalcó, e insistió en que se crea un régimen de excepción para las empresas públicas, en el que se sustituye el derecho público por el privado.
La senadora Padierna desmintió luego la afirmación de Penchyna de que Pemex no se pulveriza ni se desmantela. Dijo que en el artículo 59 de la ley de Pemex se posibilita la creación de tantas subsidiarias y filiales como haga falta, las que se habrán de encargar de operar cada una de las asignaciones que se entreguen a la paraestatal para exploración y explotación de crudo.
Esto facilitará la migración de asignaciones a contratos, ya que la intención es dividir tanto a Pemex como a la CFE para facilitar su privatización.
Igualmente, el perredista Mario Delgado se refirió a la elevada carga fiscal que Hacienda impone a Pemex, que además de pagar un promedio de 70 por ciento en impuestos y derechos, deberá entregar otro 30 por ciento de sus utilidades a través de la figura de dividendo, que se crea en la ley de hidrocarburos.
Es una ley que amarra manos y pies, le venda los ojos, le saca todo su presupuesto a Pemex y la coloca en desventaja frente a las empresas extranjeras, a las que estamos seguros les van a ofrecer un régimen mucho más generoso, señaló Delgado.
Queda claro que Pemex y la CFE no podrán competir ni valerse por sí mismas, agregó a su vez Armando Ríos Pitter.
Los perredistas advirtieron que tampoco puede hablarse de autonomía, ya que seguirán dependiendo del gobierno mediante un consejo de administración que presiden los secretarios de Hacienda y de Energía.
Un consejo de administración que está facultado incluso para desincorporar los activos de la empresa, y en el que la ley posibilita que entre sus cinco consejeros independientes pueda haber ex directivos y ex socios de petroleras extranjeras.
David Monreal, del PT, y Benjamín Robles, del PRD, cuestionaron que los del PRI, entre ellos Ernesto Gándara y el propio Penchyna, siguieran con un discurso lleno de mentiras sobre la reforma al asegurar que no se privatizan ni Pemex ni la CFE.
Como Penchyna respondió con descalificaciones, entre ellas que algunos ni han leído lo que contienen las leyes, el perredista le reviró: A mí no me acusan de hacer negocios con esta reforma.
La discusión en lo particular se prolongó hasta la media noche; se rechazaron todas las propuestas de cambio que hizo el PRD. Ese tercer dictamen se turnó de inmediato a la Cámara de Diputados. Este lunes se discute el cuarto y último dictamen.

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Aprueban el fracking en la Ley de Hidrocarburos; fracasa oposición del PRD

PROCESO 


18 de julio de 2014
Nacional
El senador del PRD, Luis Sánchez, presenta el número de campesinos que serían afectados por la expropiación de tierras. Foto: Benjamin Flores
El senador del PRD, Luis Sánchez, presenta el número de campesinos que serían afectados por la expropiación de tierras.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (apro).- El tema del fracking (fractura hidráulica en las rocas para obtener gas shale) propició uno de los pocos debates que se han generado hasta ahora en el Senado durante la discusión de las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos.
Senadores del PRD propusieron la prohibición expresa de esa tecnología en los artículos 19 y 20 de la legislación; el PVEM aseguró que ese mecanismo no es contaminante, como han asegurado diversos expertos, y los panistas y priistas se sumergieron en un mar de contradicciones para no avalar la propuesta de las izquierdas.
El debate lo inició el senador perredista Benjamín Robles Montoya, quien recibió un día antes más de 10 mil firmas de ciudadanos que forman la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Según dicha agrupación, el fracking es una técnica altamente perjudicial para el medio ambiente y la sociedad.
Incluso, refirieron que países como Francia y Bulgaria han prohibido este medio extractor no convencional por los impactos negativos en el medio ambiente.
La Alianza explicó que es un proceso en el que se hacen perforaciones profundas, de dos a cinco kilómetros en la tierra por lo regular, luego se inyecta de nueve a 29 millones de litros de agua por pozo mezclada con arena y cientos de químicos. Esto hace que la roca se fracture y el gas que se libera ascienda a la superficie.
Desde la tribuna, el legislador Robles Montoya advirtió que el uso de esta tecnología se ha prohibido en varios países, incluyendo Alemania y Francia y en varios estados de Estados Unidos.
Pablo Escudero, del PVEM, rebatió tales señalamientos con el argumento de que en diversas ciudades estadunidenses se utiliza esa tecnología. “Tengo 50 estudios a favor”, dijo.
El legislador verde subió varias veces a tribuna para rebatir los argumentos de los perredistas Armando Ríos Pitter e Isidro Pedraza, quienes resaltaron el conflicto social que se podría derivar al utilizar el fracking en las áreas naturales protegidas (APN) y al no tener clara la disponibilidad del agua. “El Verde está proponiendo un ecocidio”, acusó Pedraza.
“Nosotros tenemos las investigaciones científicas. El gas shale reduce el efecto invernadero”, reiteró Escudero.
Alejandro Encinas, del PRD, terció y recordó a Escudero que “no hay ningún partido verde en el mundo que esté a favor de esta práctica”.
Encinas apuntaló sus argumentos con otro dato irrebatible: que el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química, puso ocho condiciones para aplicar el fracking en México y ninguna, enfatizó, “se cumple”.
Luego recriminó a priistas y verdes:
“Es evidente que no nos estamos escuchando. Hay que establecer la prohibición expresa al fracking”.
Los priistas Jesús Casillas Romero y Raúl Pozos Lanz afirmaron que defenderán el medio ambiente en esta reforma a través de la nueva Agencia Nacional de Seguridad Ambiental, pero no se pronunciaron explícitamente por la prohibición de la fractura hidráulica.
Pozos Lanz afirmó que el PRI y el presidente de la República se comprometieron a que “ni un centímetro, ni un metro ni una hectárea de las áreas naturales protegidas serán susceptibles de la explotación de hidrocarburos”.
Durante el debate, por primera vez se escucharon dos posiciones de legisladores del PAN sobre la Ley de Hidrocarburos y, específicamente, sobre el fracking.
La legisladora Silvia Garza, del PAN, subió a tribuna para arengar a favor de la protección al medio ambiente y de la Ley de Transición Energética, pero ante la pregunta expresa de la senadora perredista Angélica de la Peña de si estaba a favor de prohibir el fracking, la senadora panista sólo señaló, desde su escaño, que estaba en contra porque “estamos en contra de la sobrerregulación”.
En contraste, Javier Corral, también del PAN, indicó que no tenía “la menor duda de las funestas y nefastas consecuencias que tendrá el fracking”. El senador panista coincidió con la posición de Alejandro Encinas y apoyó la posibilidad de que se prohibiera explícitamente el uso de esta técnica.
“Apoyo las reservas” del PRD. “Estoy en contra del dictamen, en lo general, y en lo particular, de esta ley por ésta y por muchas otras razones”, indicó Corral.

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Gobierno y PRI mantienen “comprada” a la LXII Legislatura

PROCESO 


19 de julio de 2014
Destacado
Trifulca de los diputados por la aprobación de la Ley de Pensión Universal en marzo pasado. Foto: Carlos Mejía
Trifulca de los diputados por la aprobación de la Ley de Pensión Universal en marzo pasado.
Foto: Carlos Mejía
Los 500 diputados federales les salen muy caros a los mexicanos. Cada año se embolsan poco más de 830 millones de pesos en salarios y apoyos a su quehacer parlamentario, aunque producen poco, pues las iniciativas se elaboran en el Senado o vienen directamente de Los Pinos. Según Ricardo Monreal, del Movimiento Ciudadano, el Legislativo está podrido porque sus integrantes no sólo no debaten sino que se alinean uniformemente con el PRI.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A pesar de que los diputados de la LXII Legislatura federal no han elaborado una sola de las “reformas trascendentales” –todas han sido confeccionadas fuera de San Lázaro–, sus integrantes se han esmerado en crear “otro tipo de proyectos”, como la práctica “reedificación” de Palacio Legislativo a costos millonarios.
Cada año los 500 legisladores federales reciben poco más de 830 millones de pesos en salarios y “apoyos” a su quehacer parlamentario. Sólo que ahora les dio por modernizar su sede, acorde –dicen–, con la “intensa actividad política y trascendental de las reformas que demanda el país”.
Su gran propuesta de ingeniería civil se realizará en cuatro etapas, en la primera de las cuales se invertirán por lo menos 400 millones de pesos. Los proyectos se han asignado de manera directa, es decir, sin someterlos a concursos de licitación, según consta en contratos obtenidos por Proceso.
En las “autorizaciones” han participado los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PRD a través del Comité de Administración, el secretario general, así como el titular de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la LXII Legislatura.
Los diputados han invertido más tiempo en proponer y presupuestar “remodelaciones”, “ampliaciones” y “restructuraciones” de sus ocho edificios y en la búsqueda de la renta de equipos de cómputo, aplicaciones tecnológicas o el arrendamiento de 130 automóviles –lo que cuesta una millonada– para apoyar el trabajo de sus 56 comisiones ordinarias y comités, que en aprobar las reformas constitucionales y secundarias en materia laboral, educativa, de telecomunicaciones y energética, ésta última aún en discusión.
Para Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la actual Legislatura atraviesa por su “peor crisis de autoridad y confianza” ante la ciudadanía porque, expone, “no ha sido productiva. Y por más que se diga que ha hecho múltiples leyes e infinidad de reformas estructurales, la verdad es que el Ejecutivo federal es quien las ha elaborado y sólo se envían (a San Lázaro) para su ratificación”.
Ese desprestigio se observa en las maratónicas sesiones para aprobar las reformas en las cuales, insiste Monreal, sus pares “no debaten, no deliberan, no estudian, no proponen nada. Sólo emiten su voto de manera mecánica. Es una mayoría silenciosa que preside el PRI, acompañado de sus aliados”.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1968, ya en circulación) 

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Con la reforma energética, mayor contaminación: expertos

Angélica Enciso L.
 
Periódico La Jornada
Lunes 21 de julio de 2014, p. 10 

Con las leyes secundarias de la reforma energética se elevarán aún más las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), ya que se apuesta a la sobrexplotación de hidrocarburos, que ocasiona problemas ambientales. A esto se suma que el gobierno federal se plantea metas de reducción más amplias, de apenas una tercera parte de lo que se propuso el sexenio pasado, indican expertos.
Se hacen a un lado los compromisos internacionales de cambio climático, ya que México en la conferencia de las partes de Copenhague en 2009, y en la Ley General de Cambio Climático, estableció una meta de reducción de 30 por ciento de las emisiones de GEI a 2020, alrededor de 268 millones de toneladas de bióxido de carbono, pero en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) presentado este año por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se proponen 83 millones, es decir, una tercera parte; es un programa poco ambicioso, señala Carlos Tornel, analista de políticas públicas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda)
El cambio climático debe ser de seguridad nacional; el país es altamente vulnerable a sus efectos, 15 por ciento del territorio y 68 por ciento de la población serían afectados por este fenómeno, explica. El calentamiento global es ocasionado por las emisiones de GEI, sobre todo del bióxido de carbono que se genera con la quema de combustibles fósiles, por lo que en las negociaciones internacionales para hacer frente a este problema global se busca una reducción en el consumo de hidrocarburos.
Esta reforma es regresiva y coloca al país en desventaja competitiva. “Todas las naciones emergentes avanzan hacia energías renovables. Regresamos a 1980 con la explotación de petróleo y el impulso a hidrocarburos de difícil extracción, como el gas shale, el cual en los países más desarrollados se analiza con cautela porque se sabe de sus altas y peligrosas implicaciones al ambiente”, advierte Tania Mijares de la Asociación de Empresas, para el Ahorro de Energía en la Edificación.

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El líder sindical permitió el aumento de empresas contratistas en Pemex

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 21 de julio de 2014, p. 10
El dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, permitió que Pemex se inundara de empresas contratistas, que de manera legal le entregan entre 5 y 10 por ciento del monto total de los contratos que firman para que las deje operar.
Es decir, si una empresa contrata con Pemex 100 millones de pesos, 5 millones son para la dirigencia de Romero Deschamps; sin embargo, diversas empresas pagan al sindicato mucho más de estos porcentajes, para que permita también que se desplace a los trabajadores sindicalizados de diversas unidades y puedan argumentar falta de mano de obra especializada.
De esta forma, el STPRM obtiene cientos de millones de pesos tan sólo de las contratistas, porque éstas le entregan elevadas sumas de dinero para que los deje operar, de las cuales este sindicato no rinde cuentas a trabajadores ni a ninguna instancia.
Por éste y otros negocios que tiene en la paraestatal es que Romero Deschamps ha avalado la reforma energética y las leyes secundarias en la materia, porque sin importar lo que le pase a la empresa, al contrato colectivo y mucho menos a los trabajadores petroleros, el dirigente quiere preservar su fuente de millonarios ingresos, informó el Frente Nacional Petrolero (FNP).
En un escrito que esta organización disidente entregó en los primeros meses de este año a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Secretaría de Gobernación y varias instancias más, denuncia lo anterior y plantea que tienen amplias pruebas de diversas acciones de corrupción en este sindicato.
El frente, que encabeza Jorge Fuentes García, estima que la dirigencia del STPRM ha usurpado cerca de 3 billones de pesos de 1989 a la fecha de los recursos del gremio, ya que además le son entregadas las cuotas sindicales y recursos que le transfiere la paraestatal para el pago de prestaciones y conceptos extraordinarios, y tiene también múltiples negocios paralelos, ya que Romero Deschapms y diversos dirigentes seccionales son contratistas encubiertos, ya que son dueños de empresas que prestan servicios a Pemex en diversas áreas y unidades de la misma.
Bajo el mando de Romero Deschamps, integrantes de su comité ejecutivo y dirigentes seccionales son a la vez contratistas y subcontratistas, prestadores de servicio de Pemex, los cuales administran una extensa red de negocios, le venden a la paraestatal, vía sindicato o bien a través de empresas fantasmas que ellos mismos crean, tales como servicios de mantenimiento y transporte, alimentación, uniformes, viajes, entre muchos otros, según agrega esta organización en el escrito enviado al presidente Enrique Peña Nieto.

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Sin tregua, la guerra del agua contra yaquis

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El pueblo yaqui mantiene un gobierno basado en usos y costumbres. El gobierno es una autoridad tradicionalFoto Víctor Camacho
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Los dueños originarios de la tierra y del agua fueron los últimos en enterarse de los planes del gobierno estatalFoto Víctor Camacho
Emir Olivares Alonso y Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Lunes 21 de julio de 2014, p. 2
En 2010 la tribu yaqui –que se asienta en el sur de Sonora– inició una lucha más en su largo historial de defensa de sus derechos y recursos.
Ese año, el gobierno de Sonora anunció la construcción del Acueducto Independencia, al que los yaquis se opusieron de inmediato, porque el proyecto se aprobó sin la debida consulta a ese pueblo y, sobre todo, porque les arrebatará millones de metros cúbicos del agua del río Yaqui, que en parte les pertenece por ser los primeros pobladores de esa región. Esto se ratificó en 1940, mediante un decreto presidencial firmado por Lázaro Cárdenas.
No obstante, la administración estatal del panista Guillermo Padrés Elías ha hecho caso omiso y continúa con las obras que pretenden llevar ese recurso hasta la ciudad de Hermosillo. Y aunque oficialmente se asegura que el proyecto beneficiará a los pobladores de esa urbe, los yaquis han subrayado que únicamente la industria sacará provecho.
En entrevista con La Jornada, Mario Luna, vocero de la tribu, informó que con ese acueducto no sólo serán afectados los yaquis, sino varias comunidades de la zona, donde habitan alrededor de un millón de personas, por lo que desde hace varios años se han venido realizando acciones políticas y legales para detener la obra.
Aun cuando en los tribunales hemos ganado y nos han dado la razón, el gobierno no detiene el proyecto y ha emprendido una campaña de odio en nuestra contra.
El 5 de mayo de 2011 las autoridades tradicionales yaquis, organismos empresariales, agrícolas y representantes de algunos de los ayuntamientos del Valle del Yaqui firmaron un pacto simbólico para la defensa del agua.
Ello ha generado hostigamiento y represión de las autoridades estatales, informó. Los yaquis han sufrido una campaña negra promovida por los gobiernos estatal y del municipio de Hermosillo, acusándolos de ser los responsables de que esa urbe se quede sin agua potable, además que se han levantado procesos judiciales contra algunos y a muchas familias se les han suspendido los apoyos de los programas especiales para la atención de comunidades indígenas.
A los empresarios y productores no les ha ido mejor, indicó el vocero yaqui, “les han hecho auditorías, los han amenazado directamente, hasta de muerte, les han escamoteado los apoyos para la producción y se han documentado incluso personas levantadas”.
La historia de la lucha por el agua se remonta varias décadas atrás. Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas se intentó construir una presa en la región, lo que ocasionó descontento generalizado y el riesgo de un levantamiento armado.
Es ahí cuando Cárdenas, con su visión de estadista, logra calmar los ánimos de la tribu. En 1940, mediante un decreto presidencial, otorga la restitución de un tercio de los territorios que los yaquis reconocen como suyos, además de que 50 por ciento de las aguas de la presa Álvaro Obregón (que se sirve del río Yaqui) serían destinadas para uso exclusivo de nuestro pueblo, a lo que se debían sumar los escurrimientos y agua de lluvia que se acumularan abajo de la presa. El otro 50 por ciento se destinaría a los colonos de la región.
Pero en 74 años ese decreto no se ha cumplido a cabalidad. Primero porque en la década de los 50 se construyó una presa hidroeléctrica, cuya agua acumulada sólo se destina para la producción de electricidad, además de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –dependiente del gobierno federal– ha escamoteado el recurso para los yaquis, asignándoles únicamente 250 millones de metros cúbicos al año, cuando la capacidad de la presa es de 800 millones de metros cúbicos.
“Al menos nos deberían tocar 400 millones de metros cúbicos. Además, el canal de conducción de esas aguas hacia nuestras comunidades no tiene siquiera la capacidad para conducir los 250 millones de metros cúbicos que ofrece la Conagua.
Por ello, cuando en 2010 nos enteramos de la construcción del Acueducto Independencia, lo primero que nos viene a la mente es que si en 70 años no han cumplido el decreto del presidente Cárdenas ¿qué pasará al agregar a otro usuario de estas aguas, planteó Luna.
Los dueños originarios de esos recursos fueron los últimos en enterarse –por las notas de prensa– del proyecto del acueducto. Las autoridades estatales no los consultaron para llegar a un consenso, aun cuando esto es una obligación asentada en diversas normativas internacionales.
Si se pretende hacer una megaobra que de alguna forma pueda afectar a los pueblos indígenas y al medio ambiente, tenemos derecho a una consulta y a que soliciten el consentimiento (para su construcción) previo, libre e informado. Eso fue violentado. Aparentaron una consulta pública en Hermosillo, a la que fue una comisión yaqui para fijar nuestra posición; ahí agredieron a huevazos a nuestros compañeros.
Los opositores al acueducto cierran carreteras, realizan varias caminatas a Ciudad Obregón, marchan hasta la capital del estado, se han reunido con legisladores federales y, además, han iniciado procesos judiciales contra esa construcción.
Los agricultores del Valle del Yaqui fueron los primeros en ampararse, primero contra la licitación y después contra la construcción; mientras los yaquis lo hacen contra la compraventa del agua. Ha sido amparo tras amparo, todos los hemos ganado y ninguno se ha cumplido.
Sumado a ello –informó Luna– existe una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra esta obra, la cual está por resolverse. Asimismo, la Corte ordenó detener el acueducto en caso de que se detecten afectaciones directas.
Esa resolución es muy ambigua y la construcción no se ha detenido. La SCJN deja a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Conagua el criterio para que valoren si nos afecta o no, pero esas instancias ya habían aprobado un manifiesto de impacto ambiental sin otorgar el derecho de consulta a la tribu yaqui, de ahí que sean juez y parte. Aun así solicitan una sentencia aclaratoria, la cual se ratifica a mediados de 2013.
Recientemente, el juzgado octavo de distrito con sede en Ciudad Obregón ordenó cerrar el acueducto para proteger el derecho del pueblo yaqui a conservar sus recursos naturales. Tras la impugnación de ese fallo, el juez hace una sentencia aclaratoria para ratificar su resolución. Es justo cuando las autoridades del estado inician una campaña en nuestra contra, ya que hablan de que tendrá que haber tandeos de tres horas para algunas colonias, culpándonos a nosotros de ese problema.
Mientras los procesos judiciales avanzan, el Acueducto Independencia –de 173 kilómetros de longitud– ha comenzado desde hace nueve meses la etapa de prueba, extrayendo volúmenes de agua que nunca volveremos a ver. El recurso se ha acumulado en un reservorio de la zona industrial de Hermosillo, debido a que el sistema de aguas estatal no cuenta con potabilizadoras suficientes para tratar esas grandes cantidades y enviarlas a la red de agua potable de la capital del estado, sentenció el vocero yaqui.
De acuerdo con Luna, pese a que las autoridades del estado aseguran que la intención es beneficiar a todos los pobladores de Hermosillo, la realidad es que esta agua es para los industriales.
Recordó que esta ciudad se surte de la cuenca del río Sonora, pero sólo 8 por ciento del recurso procedente de ese reservorio es para consumo de los ciudadanos; el resto abastece a los campos agrícolas y ganaderos.
No les hace falta agua, pero en lugar de compartirla lo que quieren es llevar el recurso desde otra cuenca. Además, no se están construyendo plantas tratadoras ni potabilizadoras; tampoco se ha rehabilitado la red de agua potable de la ciudad, que, de acuerdo con la comisión estatal del agua, tiene una pérdida de 40 por ciento, por lo que inyectarle más sería reventarla.
Pero curiosamente, una vez que se anunció la construcción del Acueducto Independencia, el sector industrial comenzó a asentarse en la región. La planta Ford se amplió a casi el doble de su capacidad; se instala también la segunda planta más grande en Latinoamérica de la productora de cementos Holcim Apasco, anunciando todo un desarrollo inmobiliario; llega Heineken, la cervercera más grande del orbe, y la refresquera Big Cola; mientras Coca Cola y Pepsico anuncian la ampliación de sus instalaciones. ¿Cómo es posible que en una ciudad donde no hay agua llegue tal nivel de industria?
Pero los yaquis y sus aliados no claudicarán en su lucha. Continuarán con las movilizaciones –en breve se prevé una caravana hasta la ciudad de México–, seguirán insistiendo por las vías legales para echar atrás ese proyecto, insistirán las veces que sean necesarias que las resoluciones judiciales que les han favorecido se cumplan, solicitarán respetuosamente a la SCJN que en el marco de sus tiempos resuelva la controversia constitucional. Son nuestros recursos, es nuestro derecho y los seguiremos defendiendo, finalizó el vocero yaqui.

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Familiares de niño muerto por bala de goma temen que se altere necropsia

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Un agente de la Procuraduria General de Justicia de Puebla obliga a la madre del menor José Luis Tehuatlie, muerto por una bala de goma durante un desalojo, a tomarse una fotografía e imprimir sus huellas digitales para permitirle hablar con funcionarios de la dependencia y exigir que le entregaran el cuerpo de su hijo Otero/ La Jornada de Oriente Foto Rafael García
Yadira Llavén
La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada
Lunes 21 de julio de 2014, p. 30
Puebla, Pue., 20 de julio.
A las 21 horas de este domingo, familiares del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, asesinado de un disparo de bala de goma en la cabeza durante una reyerta entre pobladores de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan y la policía de Puebla, recibieron el cuerpo del menor, después de un intercambio de acusaciones con el gobierno del estado sobre la necropsia, la cual no autorizaron, y una presunta dilación en la entrega.
En compañía de la diputada federal perredista Roxana Luna Porquillo y un equipo de abogados, informaron que no se les entregó el parte médico del niño e ignoran quién autorizó que lo desconectaran, luego que el pasado sábado se le diagnosticó muerte cerebral.
El gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas respondió en un escueto comunicado que sí entregó el cuerpo de José Luis Alberto Tihuatlie Tamayo, quien –según se supo después a través de los medios de comunicación– falleció de un paro respiratorio.
El comunicado fue enviado alrededor de las 18 horas de este domingo, cuando la madre del niño, Elia Tamayo Montes, aún no se había trasladado al edificio del Servicio Médico Forense (Semefo).
Luna Porquillo denunció que el gobierno del estado negó la entrega del cuerpo a sus familiares. Los abogados no descartaron que se intentara cambiar el dictamen de la necropsia para deslindar a las autoridades y negar que el menor murió por el impacto de la bala de goma.
Elia Tamayo Montes, madre del menor, exigió estar presente en la necropsia de su hijo; sin embargo, fue la última en enterarse de que esta intervención ya había sido ejecutada.
Tamayo Montes demandó justicia y responsabilizó al gobernador Rafael Moreno Valle de la muerte de su hijo. Me siento muerta por dentro, y pido al gobierno que deje de torturar a mi pueblo, dijo entre sollozos.
El sábado, Elia Tamayo presentó un amparo por derecho a la vida para que su hijo, de 13 años, no fuera desconectado del respirador artificial que lo mantuvo con vida en el Hospital General del Sur.
En las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la diputada perredista anunció que se suspendió la marcha hacia la ciudad de México y, en su lugar, llamó a una concentración masiva en San Bernardino Chalchihuapan para este lunes en protesta por la represión del gobierno estatal.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado, a cargo de Facundo Rosas Rosas –quien fue secretario de Seguridad Pública federal durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y coordinó el desalojo policiaco de estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa en Guerrero, cuando dos estudiantes perecieron–, reiteró: Desde las tres de la tarde está el cuerpo de Luis Alberto Tehuatlie a disposición de la familia, una vez practicada la necropsia de ley con la presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El sábado por la mañana, el gobierno del estado de Puebla intentó deslindarse de la muerte del menor, al exhibir el oficio SSP/06/09368/2014 de la Secretaría de la Defensa Nacional, según el cual desde que comenzó el gobierno de Moreno Valle no se han adquirido balas de goma.
Por su parte, el neurólogo Luis Felipe Loria Rosado, enviado por el Senado a revisar a José Luis Alberto Tehuatlie el sábado pasado, descartó que la herida del menor haya sido causada por un cohetón, como acusó el gobierno de Puebla.
No tiene huella de quemada en el rededor de la cicatriz, dijo el especialista, quien acudió al Hospital General del Sur por gestiones de Manuel Bartlett Díaz, senador del Partido del Trabajo. El médico intervino luego que la Secretaría de Salud estatal confirmó la muerte cerebral del menor.

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Madre de niño poblano se entera del deceso por los medios; espera 24 horas para reconocerlo

La agresión al niño de 13 años en Puebla. Foto: Tomada de YouTube e-consulta
La agresión al niño de 13 años en Puebla.
Foto: Tomada de YouTube e-consulta
PUEBLA, Pue. (proceso.com.mx).- Además de sufrir la trágica muerte de su hijo José Luis, Elia Tamayo fue víctima de injusticias y maltratos por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle, ya que se enteró por los medios de comunicación de su deceso y esperó más de 24 horas para poder reconocer el cuerpo del niño, denunció la diputada federal Roxana Luna Porquillo.
Aunque José Luis Tehuatlie Tamayo fue declarado muerto el sábado 19 de julio a las 18:30 horas, ninguna autoridad del hospital o del gobierno se tomó la molestia de buscar a Tamayo para darle la lamentable noticia. Fue a través de los medios de comunicación, que reprodujeron un boletín que emitió el gobierno estatal, como lo supo.
Además, a Elia no se le permitió hacer el reconocimiento del cuerpo de su hijo cuando acababa de fallecer. Desde la tarde del sábado inició un peregrinar por el hospital, la Procuraduría de Justicia del Estado y el Servicio Médico Forense, para reclamar que le informaran en dónde estaba el cuerpo.
Sin que la mujer firmara ningún papel ni fuera notificada, el cadáver del niño José Luis fue sacado del hospital y llevado al Servicio Médico Forense para que le practicaran la necropsia.
Por la mañana, la diputada Luna pidió que un especialista independiente interviniera en la realización de la autopsia, pues temen que los resultados del estudio sean manipulados para evitar que se responsabilizara a los policías.
Acompañada por la diputada, Tamayo acudió la tarde de este domingo a la Procuraduría de Justicia del estado para pedir que le entregaran el cuerpo de su hijo, pero se encontró con que, en medio de su dolor, la representación social le pedía ratificara su declaración sobre los hechos del 9 de julio.
“Yo sólo quiero que me digan a dónde está mi hijo, desde ayer aquí andamos, yo sólo pido justicia con el gobernador, él es todo el culpable”, dijo la mujer, quien reflejaba en su rostro el agotamiento físico y psicológico de los últimos días.
Perteneciente a una familia de jornaleros agrícolas, Tamayo dijo que desde la noche del sábado había deambulado en busca de información sin que ninguna autoridad le precisara lo ocurrido y sin que le permitieran acercarse al cuerpo de su hijo para llorarle.
En un comunicado que emitió a las 17:50 horas, la Procuraduría informó que desde las 15:00 horas el cuerpo del niño estaba listo para ser entregado a los familiares, pero Tamayo tuvo que esperar hasta casi las 18:00 horas para poder reconocerlo.
“Absurdo, más de 24 horas para entregar el cuerpo, primero realizan necropsia y después el reconocimiento de cadáver, inhumana justicia”, escribió Luna en su cuenta Twitter.
No fue cohetón, confirma neurólogo
Por la mañana, el neurólogo Luis Felipe Loria Rosado, quien fue enviado por el Senado de la República a revisar a José Luis Alberto Tehuatlie, precisó que la herida que tenía el niño en la cabeza no fue hecha por un cohetón, como lo ha asegurado el gobierno de Puebla.
El médico explicó que la herida que presentaba en la cabeza el menor fue hecha por un objeto contundente de aproximadamente tres centímetros de diámetro.
“No, un cohetón no, no tiene huellas de quemada en el rededor de la cicatriz”, mencionó Loria Rosado, al descartar que la herida fuera provocada por un cohete.
Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que atrajo las investigaciones sobre la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y demás personas lesionadas durante el operativo de desalojo que realizaron policías estatales el 9 de julio contra pobladores de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.
En un comunicado, informa que por instrucciones del presidente de ese organismo, Raúl Plascencia Villanueva, la CNDH ejerció sus atribuciones constitucionales para atraer las investigaciones iniciadas por su homóloga de Puebla en torno a este caso.
Expone que la CNDH envió visitadores adjuntos para verificar el estado de salud de las personas que se encontraban en el lugar, especialmente la de un menor que resultó lesionado, que fue diagnosticado con muerte cerebral y perdió la vida el sábado 19 de julio.
“Los visitadores adjuntos, permanentemente en la entidad, se encuentran levantando testimonios, revisando expedientes médicos, estuvieron presentes en la necropsia del menor, han solicitado los informes a las autoridades señaladas presuntamente como responsables y se encuentran realizando las actuaciones necesarias para integrar el expediente de mérito”, detalla el comunicado.
Asimismo, menciona que están apoyando a los familiares de las personas agraviadas para proporcionarles la atención victimológica que requieran y que una vez integrado el expediente de queja y agotadas las investigaciones, la CNDH emitirá la determinación que conforme a derecho corresponda.

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Fallece el niño José Luis Tehuatlie, víctima de la ley bala de Moreno Valle

La agresión al niño de 13 años en Puebla. Foto: Tomada de YouTube e-consulta
La agresión al niño de 13 años en Puebla.
Foto: Tomada de YouTube e-consulta
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien resultó lesionado en la cabeza durante el enfrentamiento entre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y policías estatales el pasado 9 de julio, falleció esta tarde debido a un paro cardiaco.
Apenas este viernes el menor de 13 años había sido declarado con muerte cerebral por el director del Hospital General del Sur, José Antonio Martínez García, quien informó que el niño se mantenía vivo en el nosocomio donde estaba internado porque estaba conectado a aparatos.
José Luis permanecía hospitalizado desde el miércoles 9, cuando elementos de la Policía Estatal Metropolitana desalojaron de manera violenta a habitantes de Chalchihuapan que mantenían bloqueada la autopista Puebla-Atlixco para exigir que el servicio del Registro Civil se reintegrara a las Juntas Auxiliares.
Esta mañana el neurólogo Luis Felipe Loría Rosado realizó una valoración médica al menor a petición de los familiares, con el fin de contar con una versión adicional a la del personal que lo atendía en el hospital público.
Loría ratificó que el niño ya no presentaba signos de actividad cerebral y sugirió a la familia que permitiera desconectarlo de los aparatos, según el portal e-consulta.
No obstante, lo anterior no fue necesario pues el menor finalmente murió de un paro cardiaco aun cuando su madre optó por que continuara asistido en el nosocomio, además de que había un amparo “por derecho a la vida” para que los médicos no lo desconectaran.
En un comunicado, el gobierno de Puebla confirmó la muerte de José Luis y ofreció su disposición de brindar el apoyo que sea requerido por sus familiares.
El gobierno del estado ratificó su compromiso de continuar con las investigaciones judiciales hasta sus últimas consecuencias y “alcanzar la justicia que demandamos los poblanos”.
Familiares de José Luis habían informado que desde el mismo día en que resultó herido, el menor de 13 años fue intervenido quirúrgicamente y que desde entonces no había cobrado la conciencia.
El domingo anterior, el niño fue de nueva cuenta sometido a una operación, pero igual no reaccionó y se manejó la versión de que su situación había empeorado, ya que su cerebro se inflamó súbitamente.
La madre del niño, Elia Tamayo, acusó a los policías de ser los responsables de la herida que sufrió su hijo en la cabeza. Elia y su hijo no participaron en la manifestación que fue dispersada por los granaderos. Ese día, ambos regresaban de la escuela, ya que la mujer decidió ir por el niño antes del horario de salida al darse cuenta de la movilización policiaca.
Después, Tamayo acudió ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Congreso de la Unión, y volvió a acusar a los policías y al gobierno de Moreno Valle de ser responsables de que su hijo se debatiera entre la vida y la muerte.
También denunció que funcionarios del gobierno del estado la habían hostigado para que firmara una declaración en la que deslindaba a los policías de la agresión sufrida por su hijo y que en cambio acusara a pobladores de Chalchihuapan.
Los habitantes de esa comunidad han señalado que, el día del operativo, desde un helicóptero les disparaban con cartuchos de gas lacrimógeno y balas de goma, lo que originó la mayoría de los heridos graves, entre los que se encuentra un hombre que perdió el habla porque una bala de goma le perforó la mandíbula, otro que perdió un ojo y uno más que perdió una mano.
Sin embargo, el gobierno de Moreno Valle ha insistido en que el niño fue lesionado por los propios manifestantes y como prueba mostró fotografías en las que aparecen lugareños lanzando cohetones de los que se usan en las ferias.
Este mañana el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas, afirmó en rueda de prensa que sus policías no utilizaron balas de goma en el enfrentamiento.

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Alertan sobre peligro de estallido social en Paraguay por pobreza

Paraguay puede sufrir una convulsión social por la falta de gestión para atender a la población más vulnerable, dijo hoy el presidente de la Federación Nacional de Familias en Extrema Pobreza, Martín Brandel.
Brandel señaló que en ese nivel hay más de 240 mil familias y planteó que si el Ejecutivo mantiene su actual línea política y económica inevitablemente puede registrarse un estallido social.
El sistema de gobierno de Cartes no responde a los intereses ciudadanos y sus ministros no captan la realidad de la sociedad porque no salen de sus oficinas, subrayó.
La petición al mandatario es cambiar de rumbo y el despido de sus 11 ministros principales, pues ellos no ven lo que ocurre en Paraguay ni bajan a la calle.
Recordó que hay mucha gente necesitada, existe hambre por todas partes y consideró próxima una expresión muy fuerte de la ciudadanía, porque Cartes maneja la nación en la misma forma a la aplicada en sus empresas.
Al resaltar su alarma ante lo que sucede, Brandel anunció que la Federación convocó a una manifestación para hoy frente al ministerio de Agricultura y Ganadería, porque esa entidad no presta el apoyo necesario a los pequeños productores ni los recibe a pesar de solicitar reiteradamente una audiencia.
Añadió el gobierno miente al decir que la pobreza disminuyó en Paraguay y se refirió al casi cuarto de millón de damnificados existentes en todo el territorio nacional por las inundaciones lo cual aumenta la crisis existente.
Somos pequeños productores, necesitamos producir y vender, es mentira decir que la pobreza en el país disminuyó y hay hambre cero, pues en realidad aumentó en 40 por ciento, recalc Brandel
A la vez difundió la decisión de apoyar las medidas de fuerza convocadas por organizaciones sociales y políticas para el 13,14 y 15 de agosto en protesta por la mala gestión del gobierno, durante las cuales se exigirá la derogación de la privatizadora Ley de Alianza Público-Privada y la Reforma Agraria.
LibreRed / PL 

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Bolivia responsabiliza a EEUU por la trágica situación que vive Palestina


El embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, Sacha Llorenti, afirmó este domingo que Estados Unidos tiene responsabilidad en “primer grado” en la “trágica” situación que atraviesa Palestina, cuyo pueblo es víctima de la ocupación y ataque de Israel, que hasta la fecha dejó más de 400 muertos y 3.000 heridos.
“El país que bloquea la decisión a favor del pueblo palestino sin lugar a dudas es Estados Unidos, aquí en la trágica situación que vive Palestina la responsabilidad de Estados Unidos es en primer grado”, dijo.
En contacto telefónico con el programa “El Pueblo es Noticia”, que se difunde por medios estatales, Llorenti manifestó que “estamos preocupados y frustrados por la situación que se vive en la Franja de Gaza, en territorios ocupados por Israel”.
Explicó que en las Naciones Unidas el Consejo de Seguridad tiene a cinco países como miembros permanentes con derecho a veto, lo que significa que basta que uno de ellos rechace alguna decisión esa queda sin efecto, incluso sin la necesidad de argumentar la postura asumida.
En el caso de Palestina, indicó que recurrentemente se da esa figura por lo que, pese a los pronunciamientos y alternativas planteadas es imposible llegar a una solución definitiva, que pasa -en criterio de Llorenti- por la declaración de Palestina como Estado pleno.
El Embajador señaló que Bolivia participa activamente en el tratamiento del conflicto palestino, en el marco de los países no alineados, por ejemplo, dijo “hemos hecho un pronunciamiento de condena” y que el Consejo de Seguridad emita sanciones por los crímenes.
“Hay un tema urgente humanitario hay miles de personas encerradas en Franja de Gaza”, mencionó.
Consideró que lo que ocurre con Palestina desnuda la situación en la que está el mundo donde existe una “lógica imperial” de Estados Unidos de controlar instituciones multilaterales.
Ante esa situación argumentó que queda un trabajo “importante” en niveles regionales como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, (Celac) para avanzar en una “revolución en Naciones Unidas”, planteamiento que es impulsado por el Gobierno del presidente Evo Morales.
LibreRed / ABI 

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Las obras para Qatar 2022 cargan ya con 600 muertos

Trabajadores en las obras de construcción. Foto: Matilde Gattoni.
Trabajadores en las obras de construcción.
Foto: Matilde Gattoni.
Casi medio millón de trabajadores de Nepal –país ubicado entre Tíbet e India– han viajado a Qatar contratados para construir la infraestructura del Mundial 2022, que se realizará en ese emirato de Medio Oriente. Hasta el momento, sin embargo, ya han muerto más de 600 albañiles nepaleses en esa tarea. Todo indica que los culpables de los fallecimientos son el trabajo agotador, la falta de capacitación, el engaño, las nulas prestaciones y la indolencia en los países de origen y de destino. Se calcula que cuatro mil obreros habrán fallecido antes del silbatazo inicial.
KATMANDÚ, Nepal (Proceso).-  “Él nunca se quejó. Sólo en algunas ocasiones comentó que el trabajo era muy duro”. Con los ojos llorosos, Him Kumari Yongan, de 25 años, trata de guardar la compostura mientras acaricia a su hijo de tres años. “Ahora no sé qué hacer. Estoy sola”.
Hace algunas semanas, una fría llamada telefónica de la compañía donde su esposo laboraba en Qatar le anunció la muerte de su compañero, Narabaj Tamang, de 26 años. De acuerdo con los colegas de su marido, el joven se fue a la cama después de cenar, se quedó dormido y a la mañana siguiente lo encontraron muerto.
El informe médico atribuye su deceso a un “fallo respiratorio agudo”. No obstante, Yongan nunca sabrá lo que en realidad ocurrió con Narabaj. Esa “causa oficial de muerte” es llamativamente común entre los nepaleses que trabajan en Qatar y preparan al pequeño emirato para la Copa FIFA 2022.
En la actualidad, más de 1.4 millones de migrantes –400 mil de ellos, de Nepal– se dedican a construir los hoteles, carreteras, estadios y aeropuertos que darán vida a la primera Copa del Mundo organizada en el Medio Oriente. De acuerdo con la consultora Deloitte, Qatar gastará alrededor de 200 mil millones de dólares (2 billones 600 mil millones de pesos) en proyectos de construcción previos a la competencia, y todavía reclutará a 500 mil trabajadores adicionales.
Mientras que las copas mundiales de Brasil 2014 y Sudáfrica 2010, sumadas, se cobraron la vida de nueve albañiles, la Confederación Internacional de Sindicatos (International Trade Union Confederation, ITUC) advierte de que los sistemáticos abusos que enfrentan quienes laboran en Qatar pueden causar la muerte de hasta cuatro mil personas antes de 2022.
Según la Junta Nepalesa de Promoción del Empleo en el Extranjero, por lo menos 672 trabajadores de esta nacionalidad han muerto durante los últimos cinco años en Qatar, un país donde los sindicatos son ilegales y los salarios mínimos no existen. De acuerdo con la Confederación Sindical Internacional, la cifra se eleva hasta los mil 200 decesos.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1968, ya en circulación) 

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Sudáfrica: Trabajadores metalúrgicos en pie de guerra por demandas laborales

La huelga en el sector metalúrgico sudafricano, que cumple este lunes 20 días, pasó a otra etapa de complicaciones luego que los dos mayores grupos empleadores de la industria entraron en conflicto de intereses.

Unos 220.000 afiliados al sindicato Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica (Numsa) iniciaron el paro laboral el 1 de julio en demanda de mejoras salariales, subsidios para viviendas y subvenciones monetarias para trabajadores jóvenes.
Hace una semana y como parte de las negociaciones, la Federación de Industrias del Acero e Ingenierías (Seifsa) propuso al gremio siderúrgico un aumento de sueldos mensuales en el orden de un 10 por ciento, escalonado a lo largo de tres años.
Sin embargo, otra entidad patronal, la Asociación Nacional de Empleados de Sudáfrica (Neasa) presentó una oferta de ocho por ciento, y amenazó con llevar a tribunales a Seifsa por ofrecer dividendos salariales exagerados y en detrimento de las pequeñas empresas, según indicó.
De modo que las pláticas en busca de una solución para el litigio laboral se estancaron hasta que las empresas afectadas determinen una fórmula de compromiso conjunta a plantear en la mesa de diálogo y frente al sindicato con sede en Johannesburgo.
El subdirector general del Ministerio del Trabajo, Thembinkosi Mkalipi, exhortó a las ahora tres partes en conflicto a facilitar las conversaciones e identificar áreas de beneficios recíprocos por el bien de la economía nacional.
No obstante, Neasa esgrimió unas cláusulas del contrato colectivo que impiden negociaciones bilaterales exclusivas entre Seifsa y Numsa y avisó que si persiste la oferta del 10 por ciento no firmará ningún tratado conclusivo.
La Unión de Trabajadores Metalúrgicos suavizó hace seis días sus exigencias salariales en pos, según dijo, de buscar una solución a la huelga masiva en vigor desde hace tres semanas.
Cuando inició el paro, el sindicato requería 15 por ciento de incrementos monetarios, días después cambió la petición hasta 12 por ciento, posteriormente la dejó en 10 por ciento en un año, y ahora informó que puede ser 10 por ciento escalonado en dos años.
La verdad es que hemos sido muy flexibles, la protesta está haciendo daño a la economía y nuestra organización tampoco desea paralizar al país, afirmó el secretario general de Numsa, Irvin Jim.
Esta protesta comenzó pocos días después de resuelta una huelga minera de cinco meses en el sector del platino que indujo una caída del producto interno bruto en 0,6 por ciento en la tasa intertrimestral anualizada a precios de mercado.
Desde mediados de 2013, el gremio Numsa ha sido abiertamente crítico contra el Presidente de la República, Jacob Zuma, y en diciembre último anunció su separación de la federación progubernamental Congreso de los Sindicatos (Cosatu).
LibreRed / PL 

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