martes, 12 de agosto de 2014

SE CANCELA LA REUNIÓN DE JUBILADOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO


COMUNICADO URGENTE. 2014-08-12

COMUNICADO URGENTE.

El día de hoy, la Comisión Negociadora del SME se reunió con la SEGOB para continuar con el tema de la reinserción laboral. En la Mesa de negociación se acordó que el tema de los pasivos laborales de LyF se incorporará como punto de la agenda con la SEGOB.
Se les informa también que el tema de la recuperación de la Planta Hidroeléctrica de Necaxa avanza satisfactoriamente. En las próximas dos semanas habrá reuniones de comisiones con CFE y la SENER para aterrizar el proyecto.
Compañeros, en medio de los terribles acontecimientos adversos para los trabajadores del sector, estamos encontrando las vías para la reinserción laboral de TODOS nuestros compañeros en resistencia. El SME sabrá salir adelante en medio de esta. coyuntura, Ya no hay pretextos para no reintegrarnos al trabajo. Somos un Sindicato Nacional de Industria que va a disputar su participación en toda la cadena productiva del sector.
El sindicato Va ¡¡ VIVA EL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS!!

Seguiremos informando.

Martín Esparza Flores, Secretario General.
José Humberto Montes de Oca, Secretario del Exterior.
Eduardo Bobadilla Zarza, Secretario del Trabajo.

A todos los compañeros. Se cancela la actividad programada para el día de hoy a las 16:00 horas en el parque Lincoln, Polanco.


Tribunal Permanente de los Pueblos 2014-08-11

En Construcción 2014-08-11

Juntos y en las Revueltas 2014-04-11

De portafolios y mochilas 2014-08-12

En cadena nacional… ‘sepulta’ Peña el Pacto por México

PROCESO 


11 de agosto de 2014
Destacado
Madero, Peña y Zambrano. El Pacto por México. Foto: Germán Canseco
Madero, Peña y Zambrano. El Pacto por México.
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- El acuerdo de las cúpulas partidistas llamado Pacto por México, que modificó la estructura constitucional del país, ha muerto. El presidente Enrique Peña Nieto lo sepultó esta noche, en cadena nacional… Y hasta leyó su epitafio:
“Con la aprobación de la reforma energética, culmina el trabajo legislativo del importante ciclo que iniciamos el segundo día de esta administración”, rememoró el presidente.
Las exequias se celebraron en un set con mural de fondo, posiblemente en Palacio Nacional, con acercamientos y alejamientos de la cámara del rostro del presidente durante el peculiar réquiem, quien esta vez, a diferencia de los veinte meses previos, no apeló a su supervivencia, sino que declaró su deceso.
En apenas 20 meses de vida –una tercera parte mutilado del PRD, una de sus manos aprobadoras–, el Pacto por México ha dejado un legado de cambios constitucionales en materia educativa, fiscal, de contabilidad gubernamental, financiera, política, de telecomunicaciones y energética.
Para Peña Nieto, ese legado de reformas es “un logro de la democracia que permitirán liberar al país de las ataduras que le han impedido desarrollarse a mayor velocidad”.
Para superar el deceso, en su mensaje a la nación, el jefe del Ejecutivo, expresó:
“Lo que sigue en este proceso es poner las reformas en acción; llevarlas de la ley a la práctica. Lograr que los cambios constitucionales se traduzcan en beneficios para todos”.
Con esa exaltación, el mandatario rememoró los aspectos de las reformas logradas por el Pacto, consideró que es deber de todos “ponerlas en acción” y aprovechó para pronunciar, en su honor, la elegía de la publicidad oficial:
“Poner las reformas en acción es mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros niños y jóvenes. Es atraer más inversiones y generar empleos mejor pagados; es aumentar el número de créditos para iniciar o ampliar un negocio.
“…es asegurar que los servicios de telefonía, televisión e Internet sean de mayor calidad y estén al alcance de los mexicanos. Es desarrollar grandes obras en las 32 entidades del país, incluyendo puertos, aeropuertos, carreteras y trenes de pasajeros entre ciudades.
“…es mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Es construir juntos un nuevo México”.
Al Pacto por México lo sorprendió la muerte antes de concluir los procesos legislativos para abordar la iniciativa anticorrupción, la reforma al campo, la deuda de los estados, los programas de desarrollo e, inclusive, una legislación para regular la publicidad oficial, hecha desde que el Pacto por México aún estaba en concepción durante el mes de noviembre de 2012.
Al Pacto por México lo sobreviven Gustavo Madero Muñoz, dirigente del PAN que apenas esta mañana le recordó algunos de los pendientes mencionados a Peña Nieto durante la promulgación de las leyes complementarias en materia energética; el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, que no logró incluir la reforma que convirtiera al Distrito Federal en entidad federativa, y Jesús Zambrano, que lleva a cuestas el desencanto de un sector de la izquierda.
También lo sobreviven, hasta ahora, un millón 123 mil maestros que perdieron la seguridad de su empleo, y alrededor de 5 millones de micros, pequeñas y medianas empresas, que emplean a 81% de la población económicamente activa del país afectadas por la reforma fiscal.
Además, decenas de millones de usuarios de televisión, y una cantidad significativamente menor de usuarios de telefonía e Internet, así como el 61% de la población que no está de acuerdo con la reforma energética, según la encuesta más reciente de Reforma sobre el tema.

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"Superamos la inmovilidad"

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El presidente Enrique Peña Nieto promulgó ayer las leyes secundarias de la reforma energética, acompañado de Gustavo Madero, Raúl Cervantes, José González y César CamachoFoto Cristina Rodríguez
Jesús Aranda y Patricia Muñoz
 
Periódico La Jornada
Martes 12 de agosto de 2014, p. 2
Luego de declarar la promulgación de las 21 leyes que regularán la participación privada, nacional y extranjera en la industria energética, el presidente Enrique Peña Nieto anunció las acciones para implementar completa y rápidamente todas las medidas necesarias para poner en acción la reforma energética en favor de México.
La primera será acelerar la llamada ronda cero de Petróleos Mexicanos (Pemex), que consiste en asignar las áreas de exploración y campos de producción que conservará esa empresa.
Pemex, convertida, al igual que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en empresa productiva del Estado, dará a conocer las primeras áreas en que se asociará con terceros, a fin de fortalecer sus capacidades técnicas e incrementar sus niveles de producción de petróleo y gas, así como la restitución de reservas.
Con la encomienda de “iniciar de inmediato los trabajos de la llamada ronda uno”, la Secretaría de Energía dará a conocer las áreas que se incluirán en las primeras licitaciones de los nuevos contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en las que participarán inversionistas nacionales y extranjeros.
Que se preparen desde ahora
Las empresas privadas deben prepararse desde ahora para participar en la primera ronda de licitaciones, cuyas bases se publicarán el primer trimestre del próximo año.
Peña Nieto adelantó ayer que en los próximos meses enviará al Congreso de la Unión la reglamentación de las leyes aprobadas, los nombres de los consejeros independientes de los organismos de regulación energética de nueva creación, así como diversas disposiciones para aterrizar el nuevo marco legal en materia de hidrocarburos.
Este día, dijo en el Patio de Honor de Palacio Nacional, ante su gabinete legal y ampliado, representantes de las fracciones parlamentarias y de los partidos políticos –a excepción de PRD, PT y Movimienco Ciudadano–, gobernadores (el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, no asistió), rectores de instituciones de educación superior, académicos, líderes sindicales y empresarios, culmina la fase legislativa que se inició el 2 de diciembre con la aprobación de la reforma constitucional a los artículos 27 y 28 constitucionales.
A diferencia de hace un año, cuando anunció su proyecto de reforma energética evocando los ideales del presidente Lázaro Cárdenas en materia petrolera, esta vez el Presidente no mencionó al ejecutor de la expropiación petrolera en 1938. En cambio destacó que gracias a la unidad de propósitos, en meses superamos décadas de inmovilidad, se han derribado barreras que impedían a México crecer de manera acelerada y sostenida.
El Ejecutivo no escatimó su agradecimiento a todos los legisladores federales, independientemente del sentido de su voto, porque demostraron, dijo, que nuestra democracia tiene la madurez y la solidez institucional para procesar reformas transformadoras en favor de México.
Destacó que el paquete de leyes del sector energético ha sido el más analizado y debatido en la vida parlamentaria del Congreso, y que el debate plural duró casi 170 horas, en las que intervinieron mil 350 legisladores de todas las fuerzas políticas.
Concluido el proceso legislativo, hoy reafirmamos que la reforma energética preserva y asegura la propiedad de la nación sobre Pemex y CFE, los hidrocarburos en el subsuelo y la renta petrolera; que el Estado mexicano mantiene la rectoría en la industria petrolera, y que la reforma abre las puertas a las inversiones privadas y a las tecnologías de punta para incrementar la producción de energéticos.
Prometió nuevamente que, con una mayor competencia, disminuirán gradualmente los precios de la luz y el gas, se generarán más empleos y vendrán más inversiones extranjeras, lo que detonará la apertura de empresas y nuevos puestos de trabajo.
Además, que mejorarán los ingresos de las familias del campo, porque en las tierras donde se produzcan hidrocarburos sus propietarios recibirán una contraprestación justa, equitativa y transparente.
Destacó que los legisladores incluyeran un apartado en la ley que prohíbe nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos dentro de las áreas naturales protegidas.
Como tercera acción, el jefe del Ejecutivo se comprometió a emitir, antes de que concluya este mes, los decretos de creación del Centro Nacional de Control de Energía y del Centro Nacional de Control del Gas Natural, como organismos descentralizados.
Además, enviar este mes al Senado las candidaturas de los consejeros independientes de Pemex y CFE, así como del comité técnico del Fondo Mexicano del Petróleo. La quinta acción será que en septiembre se creará el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y se lanzarán los decretos de creación del Fondo Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Naciones de la Industria Energética.
La sexta acción será que en septiembre las secretarías de Energía y Educación Pública, así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) presentarán un programa para la formación de recursos humanos en materia de hidrocarburos, con becas a nivel posgrado y técnico.
Peña Nieto adelantó que en octubre publicará todos los reglamentos de las 21 leyes promulgadas y el nuevo esquema legal del Instituto Mexicano del Petróleo. Ese mes también publicará los lineamientos para la emisión de los certificados de energías limpias.
Como última acción, en los próximos 90 días emitirá el reglamento de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

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La ley obliga a Pemex y al IMP a entregar la información sobre yacimientos para su venta

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Las autoridades federales pusieron en marcha un operativo de seguridad en el Zócalo capitalino, debido a la presencia de Peña Nieto y muchos otros funcionariosFoto María Meléndrez Parada
Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Martes 12 de agosto de 2014, p. 9
A partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria energética, este miércoles, Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) deben comenzar a transferir, de manera gratuita y de forma inmediata toda la información sobre reservas y yacimientos de crudo y gas a un centro dependiente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), así como la referente a los contratos que tiene firmados y sus activos.
En los artículos transitorios de la Ley de Hidrocarburos, ayer publicada por el Ejecutivo, se indica que Pemex y el IMP deberán dar acceso irrestricto a la CNH, tanto de forma remota como dentro de las instalaciones, a la información y a los activos a asociados y de no hacerlo se les sancionará con multas de 20 a 100 millones de pesos.
Se subraya que el plazo para la transferencia total de información es a más tardar dos años a partir de la publicación del decreto. La CNH, que es uno de los órganos reguladores del sector, comercializará esos datos, que contienen el mapa de yacimientos obtenidos por Pemex y el IMP en sus actividades de exploración.
Asimismo, en la Ley de Hidrocarburos se concreta que Pemex y sus filiales están obligadas a financiar la creación del Centro de Control de Gas Natural, que se creará por decreto presidencial a más tardar dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la ley.
Ese centro administrará la infraestructura para el transporte por ductos y almacenamiento de gas natural, que ahora llevarán a cabo empresas privadas.
Se indica en los artículos transitorios que el Ejecutivo federal expedirá el reglamento de esta ley dentro de 180 días naturales siguientes a la fecha de entrada en vigor.
De igual forma, en el artículo noveno transitorio de la Ley de Hidrocarburos se precisa que para integral el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y empresas filiales, así como el IMP transferirán a la CNH, a título gratuito, toda la información que posean.
En el artículo 32 se detalla que pertenece a la nación la información geológica, geofísica, petrofísica, petroquímica y, en general, la que se obtenga o se haya obtenido de las actividades de reconocimiento y exploración superficial, así como de exploración y extracción.
En ese mismo artículo se precisa que corresponde a la CNH el acopio, resguardo, uso, administración y actualización, así como la publicación de la información referida en el presente artículo.
Por su parte, en el noveno transitorio se indica además que de forma inmediata a la entrada en vigor del presente decreto, Pemex, sus organismos subsidiarios, sus empresas filiales, y en su caso el IMP, llevarán a cabo las acciones y los convenios modificatorios que sean necesarios, a efecto de que se establezca que la Comisión Nacional de Hidrocarburos será beneficiaria de forma directa de los derechos contenidos en los contratos mencionados.

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Interponen la primera demanda de amparo contra reglamentación en materia energética

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Legisladores de PAN, PVEM y PRI, entre ellos José González Morfín, Arturo Escobar y Manlio Fabio Beltrones, celebran con el dirigente nacional del tricolor, César Camacho Quiroz, la promulgación de las leyes secundarias de la reforma energéticaFoto Cristina Rodríguez
Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Martes 12 de agosto de 2014, p. 4
La Academia Nacional de Amparo, que pertenece a la Confederación Nacional del Colegio de Abogados de la República Mexicana (integrada por más de 300 organizaciones de litigantes en el país), presentó este lunes la primera demanda colectiva de garantías con fundamento en la nueva Ley de Amparo, que incluye la figura del interés legítimo, con la finalidad de buscar la nulidad y/o abrogación de las reformas secundarias de la reforma energética.
Esta agrupación considera que la reglamentación recién promulgada es violatoria de los artículos 1, 6, 8, 14, 16, 27, 39 y 136 de la Constitución, así como de tratados internacionales.
Román Díaz Vázquez y Pablo Ortega de los Santos, presidente y vocero, respectivamente, del denominado Movimiento Constitucionalista en Defensa del Pueblo de México contra la Reforma Energética –que está conformado por la Academia Nacional de Amparo y por otras organizaciones sociales–, informaron a La Jornada que las demandas serán firmadas por medio centenar de quejosos.
Los peticionarios del amparo presentaron en 2013 solicitudes por escrito al gobierno federal y al Congreso de la Unión para que se les informara sobre los fundamentos jurídicos y los beneficios sociales que traería la reforma energética, pero no han recibido respuesta.
Los expertos en derecho constitucional añadieron que la reciente reforma en materia de hidrocarburos transgrede el artículo 136 de la Carta Magna, que se refiere a la inviolabilidad de la Constitución, amén de que el artículo 39 de la misma da posibilidades a los ciudadanos a exigir que sus autoridades les informen sobre los fundamentos, alcances y motivaciones de cualquier reforma constitucional.
El presidente Enrique Peña Nieto promulgó ayer las leyes secundarias de la reforma energética, en un paquete que está integrado por 21 leyes, de las cuales nueve son nuevas y 12 fueron modificaciones.
Según Román Díaz Vázquez, procede el juicio de garantías mediante el denominado interés legítimo que tienen los millones mexicanos inconformes con la reforma energética, por lo que los tribunales federales deberán estudiar esta petición de garantías, en un asunto que muy probablemente termine resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por supuesto que existe la nulidad de un procedimiento constitucional; es un tema inédito, es un planteamiento jurídico novedoso nunca antes explorado en el derecho mexicano, pero estamos en nuestro derecho de defender a millones de mexicanos pobres por encima de los intereses de las petroleras extranjeras, que se verán beneficiadas con la reforma energética, puntualizó el abogado.
Añadió que uno de los fundamento de esta demanda de amparo tendrá cabida en el artículo 136 de la Carta Magna, así como en diversos principios de derechos humanos reconocidos por tratados internacionales (los cuales prefirió no citar), así como con la negativa de los diputados federales y senadores en realizar una investigación sobre los alcances de la reforma energética.
El jurista indicó que el formato de esta demanda está disponible para cualquier persona interesada, y para ello deben mandar sus datos personales a los correos electrónicos: programadeamparos@yahoo.com.mx y abogadospenalistas@yahoo.com.mx
“Nos van a decir que estamos locos, nos van a acusar de estar fumados, pero lo cierto es que este planteamiento que realizamos es totalmente procedente. No tenemos la menor duda de que la reforma energética es nula de origen y de pleno derecho”, destacó Román Díaz.

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Y ahora diputados buscan adjudicarse 100 mdp en “subvenciones especiales”

PROCESO 


11 de agosto de 2014
Destacado
Votación en la Cámara de Diputados. Foto: Octavio Gómez.
Votación en la Cámara de Diputados.
Foto: Octavio Gómez.
MÉXICO, D.F. (apro).- En medio del descrédito por su desempeño y las dudas que pesan sobre la Cámara de Diputados por haber aprobado las reformas “estructurales”, previa entrega de recursos extraordinarios, ahora los legisladores pretenden adjudicarse este mismo año cien millones de pesos en “subvenciones especiales”.
En los cuatro primeros meses del año, PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva Alianza reportaron que habían recibido “subvenciones extraordinarias” por 56 millones 568 pesos.
Sin embargo, PT y Movimiento Ciudadano no tienen registro de esa partida, debido a que por lo menos MC no aceptó 5 millones de pesos depositados al grupo parlamentario por ese concepto y que ya regresó a la Tesorería de la Federación.
Pero ahora, en el anteproyecto de presupuesto, se pretende pagar de nueva cuenta otra subvención por el mes de “febrero de 2014”, aunque se trata de un dinero distinto, ya que los poco más de 56 millones de pesos habían sido catalogados como “subvención extraordinaria”, recursos que por cierto pueden disponer arbitrariamente los coordinadores parlamentarios.
La que figura en el anteproyecto de presupuesto tiene la categoría de “subvención “especial” y la cual, según el Reglamento de a Cámara de Diputados, tiene como uso exclusivo una determinada adquisición.
Lo extraño de la propuesta es que esté catalogada como “subvención especial febrero 2014”, pues ello implicaría que los diputados escondieron esos recursos, pues no están registrados ni en el reporte semestral ni en el cuatrimestral de este año.
O pudiera ser que ya gastaron esos cien millones y no lo reportaron, por lo están solicitando hoy al Comité de Administración que se le entregue esos recursos para cubrir algún faltante.
El anteproyecto de presupuesto también incluye dinero para “apoyo de transporte de nuevos diputados” por 40 millones y medio de pesos pero sólo para los meses de septiembre a diciembre; no especifica si es para compra de boletos de avión o para renta de automóviles.
En esta Legislatura, los diputados autorizaron la “renta”, no compra, de 130 vehículos para los diputados y funcionarios de primer nivel, y el gasto alcanzó los 57 millones 396 mil 592 pesos.
Además, se busca incrementar el presupuesto “por honorarios” por 285 millones y medio de pesos; también se pedirán 250 millones “por liquidaciones de fin de Legislatura (LXII) y cien millones más para el “programa de retiro voluntario de 70 personas”.
Y para los tres nuevos partidos que tendrán representación a partir de la siguiente Legislatura, la LXIII, de septiembre a diciembre de 2015 se les entregarán 13 millones 900 mil pesos. Aquí se incluye a las fuerzas políticas de Morena, Humanista y Encuentro Social.
Así, el techo mínimo de presupuesto que pide la Cámara de Diputados para el siguiente año es de 7 mil 67 millones al máximo de 8 mil 800 millones de pesos.
Los mil 200 millones de pesos más respecto de este año serían para pagar los bonos a diputados, trabajadores, la polémica “subvención especial” de 2014 y las liquidaciones, principalmente.
Pedirán a Jucopo dar marcha atrás al bono
Por siete meses de “trabajo” para el año 2015, el PRI presentó como propuesta “premiar” con un bono de 500 millones de pesos a todos los miembros de San Lázaro, denunció hoy en rueda de prensa el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Monreal Ávila, quien citó a la revista Proceso por haber revelado la trama desde el el fin de semana en su edición 1971, actualmente en circulación.
La Dirección de Programación, Presupuesto y Contabilidad que encabeza Alejandro Somuano Ventura, y quien responde a una posición del PRI en la estructura administrativa de la Cámara de Diputados, presentó en su anteproyecto de presupuesto un incremento, primero de 34% y, según la última versión, de 30% más al presupuesto ejercido este año.
Así, de casi 7 mil millones de pesos que recibió la Cámara de Diputados para este 2014, ahora pretende para el próximo año un presupuesto de 8 mil 800 millones de pesos por sólo siete meses de trabajo, pues el 1 de agosto de 2015 arranca la LXIII Legislatura que resulte de las elecciones federales de julio próximo, comentó Monreal Ávila.
El próximo lunes 18, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, que encabeza el perredista Silvano Aureoles, deberá entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su presupuesto final, y por ello esta semana el Comité de Administración votará el documento final y ahí se verá si mantiene su propuesta de entregar un millón de pesos a cada diputado como bono a su desempeño.
Por lo anterior, Monreal anunció que la instrucción a su vicecoordinador Ricardo Mejía Bermeja es que en la reunión de la Jucopo de este martes 12 rechace no sólo el bono sino los aumentos “exorbitantes e injustificables” de algunos rubros, como el de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, área que está a cargo del PRD, y que de 276 millones de pesos de este 2014, ahora solicita ejercer mil 242 millones de pesos, es decir, un incremento de mil millones cuando ya todas las obras fueron autorizadas, presupuestadas y pagadas este mismo año.
En un oficio enviado al Comité de Administración, el partido Movimiento Ciudadano adelanta que votará en contra si no se plantea la reducción a los dineros que pretende solicitar la Cámara de Diputados al erario federal.
En su documento, Monreal Ávila argumenta su rechazo al incremento de recursos a disposición de la Cámara de Diputados:
“Las actuales condiciones políticas, económicas y sociales por las que atraviesa nuestro país, además de la deteriorada imagen de la función pública, obligan a ejercer con un amplio sentido de responsabilidad cualquier recurso para no generar cuestionamientos ni enconos dentro de la sociedad; por tal motivo, creemos que es indispensable que el presupuesto que se proponga para el ejercicio 2015 sea austero y congruente con la realidad, y que el mismo sea menor al índice inflacionario previsto para este año”.
Además, sostiene que “es inadmisible que se nos pretenda favorecer con recursos adicionales al salario al que legalmente tenemos derecho. Así, los 500 millones de pesos inicialmente propuestos en el rubro “bono de desempeño” no tienen razón de ser, y bajo ningún concepto se justifican, lo que es más, su otorgamiento sería inconveniente y hasta inmoral”.
En la misiva, Monreal Ávila considera “un grave error y un abuso del Poder Legislativo” aprobar el presupuesto en los términos planteados, así como “concedernos recursos económicos que no nos corresponden”. Enseguida pide que se reajuste el presupuesto conforme “a la realidad económica e institucional del país”.
Proceso documenta en el número que está en circulación cómo funciona la Cámara de Diputados, cómo los partidos se reparten las posiciones administrativas que manejan los recursos, los 500 millones a distribuir entre los diputados salientes y la caja que se pretende dejar a la LXIII Legislatura que arrancará el 1 de agosto de 2015 con apenas una ínfima cantidad de 150 millones de pesos.

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Ya está aquí Sempra Energy, sus presiones, su corrupción

Oficinas de Sempra Energy en San Diego, California. Foto: Especial.
Oficinas de Sempra Energy en San Diego, California.
Foto: Especial.
Sempra Energy es una empresa de Estados Unidos dedicada en especial a la explotación de gas shale. Cuenta con intereses prácticamente en todo el mundo y destaca de ella la formación de sus ejecutivos, algunos de los cuales han tenido presencia en lugares que fueron escenario de cruentas guerras en los últimos años: Chechenia y Afganistán. Ahora esa compañía ya puso pie en México y lo hizo violando leyes, utilizando influencias políticas de alto nivel y presionando sin piedad a quienes quisieron interponerse en su camino.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La embajada de Estados Unidos en México fue el escenario para presionar y obligar al alcalde de Ensenada, el priista Enrique Pelayo Torres, a fin de que retirara los sellos de clausura puestos el 11 de febrero de 2011 al complejo gasero de Sempra Energy en ese municipio bajacaliforniano. La trasnacional había incumplido la autorización de uso de suelo y violó el Plan de Desarrollo Urbano de la región.
La presión contra el alcalde comenzó por parte de Beatriz Paredes, entonces dirigente del PRI. No tuvo éxito. Luego el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Luis Téllez, fue intermediario para que Humberto Moreira, reemplazo de Paredes, convenciera a Pelayo de reunirse con Darcel Hulse y Carlos Ruiz Sacristán, los más altos ejecutivos de Sempra en México.
Socio privilegiado de Pemex aun antes de la reforma energética, Sempra se plantea incrementar sus inversiones en México y por lo pronto está involucrado en uno de los mayores proyectos de infraestructura del sexenio: el gasoducto Los Ramones. No es todo: la presidenta de Sempra Global, Debra Reed, abogó abiertamente por la apertura a la inversión privada en gas shale declarando el 6 de junio de 2013 que la empresa tenía intereses en el sector.
El anfitrión del encuentro de finales de mayo de 2011 en la sede diplomática fue John D. Feeley, actual subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, quien entonces era encargado de negocios de la embajada. En realidad Feeley era más que eso: Durante su estancia en México fue responsable de aplicar la Iniciativa Mérida, según el perfil que exhibe el sitio oficial del Departamento de Estado.
Los dos mexicanos interesados en el asunto eran Téllez y Ruiz Sacristán, compañeros de gabinete –el primero en Energía y el segundo en Comunicaciones y Transportes– en la segunda mitad del gobierno de Ernesto Zedillo. Téllez ocupó el mismo cargo que Ruiz Sacristán pero en la administración de Felipe Calderón, y desde ahí allanó el camino a la operación de Sempra al modificar el título de concesión portuaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2007.
De acuerdo con uno de los asistentes a la reunión en la embajada y quien pidió el anonimato, la intención era que Pelayo levantara la clausura al complejo de Sempra. Para entonces el alcalde estaba bajo mucha presión entre otras cosas por la cancelación de su visa estadunidense, el despliegue militar en la frontera, la invasión del ámbito de competencia municipal desde los gobiernos federal y estatal y por el escándalo de un supuesto soborno depositado a la cuenta bancaria de su hijo.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1971, ya en circulación) 

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Investigan a exfuncionarios por despojo de Sempra Energy en BC

PROCESO 


11 de agosto de 2014
Destacado
Instalaciones de Sempra Energy en San Diego, California. Foto: isellthecity.com / Nathan Rupert
Instalaciones de Sempra Energy en San Diego, California.
Foto: isellthecity.com / Nathan Rupert
MÉXICO, D.F. (apro).- Exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) son investigados por hechos de corrupción relacionados con el litigio de las tierras donde la trasnacional energética Sempra Energy se instaló en Ensenada, Baja California.
“Lo que nos parece es que ahí, con la intervención de algunos exfuncionarios de la Secretaría, hay una serie de asuntos que están un poco turbios y también los estamos investigando”, aseguró Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Sedatu.
La revista Proceso, en su edición que circula esta semana (1971) informó que el litigio por el terreno que ocupan las instalaciones gasíferas de Sempra Energy concluyó dándole la razón al particular Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, quien reclamaba la posesión del predio que la trasnacional “compró” en enero de 2006 a una mujer que oficialmente había muerto un año y cuatro meses antes de la firma del contrato, es decir, el 10 de octubre de 2004, de acuerdo con su acta de defunción y su baja de la nómina de jubilados del IMSS.
Entre otros aspectos del caso, el semanario pudo documentar que, por sus denuncias, el individuo fue espiado, presionado, desprestigiado y hasta hubo un intento de secuestro, todo pagado por la empresa energética de origen estadunidense a la que están vinculadas importantes personalidades políticas.
De hecho, las presiones para resolver los litigios de manera favorable a la empresa fueron ejercidas por diplomáticos de alto nivel como John D. Feeley, actual subsecretario del Departamento de Estado, y Alan Bersin, actual subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
Bersin, quien hasta hace poco fue conocido como El zar de la frontera, pues era responsable de las operaciones de inmigración, es socio de negocios en los días del despojo de Donald Felsinger, presidente corporativo de Sempra Global, y del exgobernador bajacaliforniano Eugenio Elorduy, pues detentan la propiedad de un desarrollo inmobiliario denominado Silicon Border.
Esos y otros hechos de corrupción han dado pie a diferentes investigaciones en Estados Unidos, mientras que en México esta es la primera vez que se sabe de alguna indagación en un caso que atañe a la trasnacional.
El reportaje de Proceso destaca:
“En diciembre pasado, el Tribunal Unitario Agrario de Baja California emitió la resolución del expediente 7/2013, ordenando a la Sedatu que emita la escritura a favor de Sánchez Ritchie, pero la dependencia de Jorge Carlos Ramírez Marín no ha acatado el fallo”.
Al respecto, Ramírez Marín dijo hoy que la dependencia a su cargo está dando seguimiento al litigio en lo que corresponde a sus atribuciones. Luego añadió:
“Nosotros no somos los defensores de Sempra, únicamente nos interesamos para que se cumplan todas las resoluciones y se respete la propiedad social”.

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Monex, socia de concesionaria del servicio de agua potable en Puebla

La página web de Grupo Financiero Monex.
La página web de Grupo Financiero Monex.
PUEBLA, Pue. (apro).- El Grupo Financiero Monex, el mismo que operó la triangulación de recursos para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, resultó ser el socio mayoritario de la empresa Concesiones Integrales, que opera el servicio de agua potable y alcantarillado de la zona conurbada de Puebla.
A partir de la asociación comercial de ambas empresas, los cobros por el servicio del líquido se dispararon desde 300% hasta 2000%, según denuncias de los usarios.
Hasta ahora el gobierno de Rafel Moreno Valle sólo había informado que los socios de Concesiones Integrales eran las empresas Grupo Agua de México (AM), Tecnología Intercontinental (Ticsa) y Epccor Servicios (Epccor).
Sin embargo, de acuerdo con un acta notarial, Monex tiene 75% de las acciones del consorcio, Epccor 24.7%, Aguas de México 0.22% y Ticsa 0.01%.
Según el acta 70619, inscrita en el volumen 1701 de la Notaría Número 1 del Distrito Federal, a cargo de Roberto Núñez y Bandera, firmada el 15 de mayo de 2014, Monex entró a la sociedad en calidad de fiduciaria del fideicomiso irrevocable de inversión F/1810.
De acuerdo con el instrumento notarial, Concesiones Integrales se constituyó el 23 de diciembre de 2013 en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.
Tres días después obtuvo el contrato de concesión para el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales de los municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Amozoc por un período de 30 años, el cual se licitó el 26 de diciembre de 2013.
En el acta notarial, se asienta que las empresas no pudieron cumplir con el pago de la contraprestación inicial que se había acordado para el 15 de abril de 2014, por lo que solicitaron una ampliación de un mes. Aunque en el documento no se detalla el monto de la contraprestación que debía pagar Concesiones Integrales al gobierno de Puebla, la prensa local ha manejado que la cantidad ascendía a mil 400 millones de pesos.
Los representantes de las empresas mencionan en el instrumento notarial que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) les autorizó constituirse como una Sociedad Anónima Promotor de Inversión, así como integrar a un nuevo inversionista.
Grupo Monex se convirtió entonces en la intermediaria en la contratación de un financiamiento adquirido por Concesiones Integrales con la banca privada para lograr la solvencia económica que les permitiera cumplir el pago de la contraprestación acordada al obtener la concesión del servicio de agua de la zona conurbada de Puebla.
Esto lleva a una reclasificación del capital, acordado en 445 millones 900 mil pesos, de los cuales 334 millones 422 mil 427 –75%–, aparece como titular Banco Monex, S.A. Institución de Banca Múltiple.
Desde el 15 de mayo de este año, Concesiones Integrales tomó posesión de la SOAPAP. A consecuencia, se ha desatado una serie de protestas por parte de los usuarios, ya que los cobros por el servicio se dispararon desde 300% hasta 2000%.
Incluso, una de las principales protestas que enarboló la marcha realizada el pasado domingo en esta ciudad en contra del gobierno de Rafael Moreno Valle, fue en contra de la privatización del servicio de agua potable en esta ciudad.

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Lo que pasaría si Rusia se deja llevar por las provocaciones de occidente

Sindicatos del mundo denuncian la persecución del derecho a huelga en España

La Audiencia también suspende la pena a la otra condenada a prisión por un piquete de huelga
Los cerca de 80 expedientes judiciales abiertos contra 265 personas, muchas con vinculación sindical, que han participado en piquetes o protestas comienza a tener repercusión internacional. Tanto que hasta 21 sindicatos internacionales han enviado ya cartas al presidente del Gobierno español, la ministra de Empleo, el ministro de Justicia, el Fiscal General del Estado y el presidente del Consejo General del Poder Judicial para expresar su inquietud por la situación y pedir que se retiren los cargos.
Mariano Rajoy tiene sobre su mesa las misivas de sindicatos de Reino Unido, Suecia, Portugal, Bélgica, Austria, Argentina, Brasil, México o Chile. También el Comité Económico y Social y Europeo (un órgano consultivo de la Unión Europea formado por patronales, sindicatos y un grupo de organizaciones dedicadas a diversas actividades) y la Unión Internacional de Trabajadores de la alimentación, agrícolas, hoteles, restaurantes, tabaco y afines han enviado cartas a los dirigentes españoles.
Las organizaciones sindicales instan al presidente del Gobierno a acabar con la “ofensiva contra el derecho de huelga” e invocan para ello tanto el contenido de la Constitución como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Europea de Derechos Humanos o la Carta Social Europea firmados por España. “Las causas penales abiertas contra dirigentes y activistas sindicales por su participación en estas huelgas constituyen una grave violación del derecho de sindicalización, incluyendo el derecho a la huelga, protegidos por las leyes españolas e internacionales”, dicen.
Destacan también que la criminalización de la acción sindical solo agravaría aún más “los ya profundos desequilibrios en las relaciones laborales”. Los sindicatos internacionales instan a retirar los cargos contra las 265 personas con expedientes abiertos y aseguran que de no ser así se demostrará que la motivación del Gobierno “no es tanto defender el Estado de Derecho, sino más bien acosar e intimidar al movimiento sindical”. “Enviarán un claro mensaje de que el Gobierno no tolerará disentimientos respecto a sus políticas y que ha tomado abiertamente partido contra sus trabajadores y trabajadoras”, aseguran.
Estos envíos forman parte de la estrategia de los sindicatos españoles, que buscan conseguir la mayor repercusión y presión internacional posible. Actualmente hay al menos 81 expedientes judiciales abiertos contra cerca de 265 personas que han participado en huelgas y protestas en los últimos años. En nueve procedimientos penales que afectan a 40 personas trabajadores y cargos sindicales imputa la comisión de un delito de coacciones a la huelga, lo que implica una pena mínima de tres años y un día de cárcel, esto es, que en caso de condena la entrada en prisión sería segura.

Denuncia ante la OIT

CCOO y UGT han entregado también una queja ante la OIT por los casos de piquetes imputados. El organismo ya ha anunciado que examinará el escrito y dará un respuesta formal al respecto. Los sindicatos han mostrado su intención de acudir también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En el ámbito doméstico, los líderes sindicales se han reunido tanto con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, como con el ministro de Justicia, al que pidieron el indulto para las personas ya condenadas.
Ana Requena Aguilar / El Diario 

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Disturbios en EEUU por la muerte de un joven afroamericano a manos de la policía


La policía del estado de Missouri, en Estados Unidos, arrestó a 32 personas después de una noche de disturbios a causa de la muerte de un adolescente afroamericano a manos de agentes de la policía. El joven estaba desarmado.
La muchedumbre saqueó tiendas, destrozaron autos e incendiaron un edificio, mientras la policía intentaba bloquear el acceso a varias zonas de la ciudad de Ferguson.
El adolescente Michael Brown, de 18 años, fue muerto a tiros en un suburbio de mayoría negra en St. Louis.
Según los uniformados, recibió varios tiros luego de un forcejeo en un auto de patrulla.
Las autoridades todavía intentan aclarar qué fue lo que sucedió dentro del vehículo. El jefe de la policía del Condado St. Louis, Jon Belmar, quien ha prometido una investigación independiente, dijo que el agente policial había tenido “un encuentro con dos individuos” y que Brown había empujado al policía dentro de su vehículo y le “asaltó”.
De acuerdo con la versión de Belmar, el agente disparó una vez dentro del vehículo mientras luchaba con Brown, y luego le disparó varias veces cuando el joven huía.
Brown cayó muerto en la calle a unos diez metros del automóvil policial.
En Ferguson, una ciudad 20 kilómetros al noroeste de St. Louis donde han habido tensiones crecientes entre la población, mayoritariamente negra del Contado Norte, y la policía, predominantemente blanca, la vigilia se tornó violenta.
Cientos de personas se congregaron el domingo de noche y mientras la mayoría oraba algunos grupos se dispersaron deteniendo el tránsito de vehículos y hacia las 21.00 horas empezaron los saqueos.
Dos horas más tarde, según las autoridades, los revoltosos atacaron una tienda al igual que comercios de teléfonos celulares, ropas y artículos varios.
El portavoz de la Policía de St. Louis, Ed Kuntz, dijo al diario St Louis Post-Diospatch que se había desplegado un equipo de operaciones tácticas especiales (SWAT) y habían llegado a Ferguson cientos de agentes de comunidades circundantes.
“Obviamente no queremos usar la fuerza”, dijo Kuntz. “Esperamos que la presencia (de la policía) sea suficiente”.
EFE 

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Maduro llama a trabajadores a ocupar empresas que hagan guerra económica al gobierno


El presidente de Venezuela instó a los trabajadores a que ocupen “con la ley en la mano” las empresas, y aunque reivindicó el diálogo, avisó que el Ejecutivo no tolerará “el sabotaje”.
“Aquel que se sume a la guerra económica, de una u otra manera, los trabajadores con la ley en la mano deben tomar esa unidad productiva (…) y ponerla a funcionar”, señaló Maduro al abrir en Vargas el Congreso Nacional de Trabajadores Socialistas, a los que les garantizó “la inversión necesaria para seguir avanzando en eso”.
Desde hace meses el gobierno culpa a empresarios y oposición de llevar adelante una “guerra económica” que se expresa en desabastecimiento de productos de consumo masivo, un mercado ilegal paralelo de divisas y fijación de precios “de usura” al consumidor, en busca de desestabilizar.
“Somos hombres de diálogo, pero no vamos a tolerar que nos sigan haciendo planes de sabotaje”, afirmó el mandatario, que prometió a los trabajadores que tendrán el respaldo para “recuperar las empresas que la burguesía abandone”.
Maduro anunció que la próxima semana instalará un Consejo de Gobierno Popular de la Clase Obrera, para examinar acciones destinadas a apuntalar el proyecto socialista que impulsa el gobierno bolivariano.
“Empresa que un burgués paralice, la clase obrera debe tomarla”, dijo el jefe del Estado bolivariano, según las agencias DPA y EFE, en medio de aplausos.
Y afirmó además que si el oficialisno logra “el poder político, el poder obrero, el proyecto de futuro, nada es imposible”, y se comprometió a “asumir el compromiso y las tareas de este momento histórico, para mantener la adhesión comprometida de los trabajadores con el proyecto revolucionario del socialismo del siglo XXI”.
“Nos lanzamos por los caminos de la patria y logramos llevar a esta Constitución los derechos laborales y rescatar los derechos a las prestaciones sociales que nos había robado el neoliberalismo. Éramos pequeñas organizaciones de resistencia en contra de las injusticias de la burocracia, de organizaciones que actuaban más como representantes de los planes neoliberales de la burguesía y nadaba en la más espantosa corrupción en la historia sindical de Venezuela”, aseveró.
Telam 

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