martes, 9 de septiembre de 2014

En Construcción 2014-09-08

De Portafolios y Mochilas 2014-09-08

Reforma energética, en choque frontal con comunidades indígenas y campesinas

REVISTA CONTRALÍNEA 

Desde enero, habitantes de los pueblos aledaños al Río Los Pescados, en el Sureste de México, bloquean la construcción de una presa del Proyecto de Propósitos Múltiples para el Suministro de Agua de Xalapa, la capital de Veracruz.
 “Se violan nuestros derechos a una vida libre de contaminación, a decidir dónde y cómo vivir, a la información, a la consulta previa, libre e informada. Que no se metan a nuestro territorio nada más así”, dice la activista Gabriela Maciel, del colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres.

Esa agrupación reúne a residentes de 43 comunidades de 12 municipios de la cuenca del Río y, junto con otras organizaciones, logró suspender la obra que construyen la empresa brasileña Odebrecht y la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.
La represa de Jalcomulco proyectada, con capacidad para embalsar 130 millones de metros cúbicos en una extensión de 4.13 kilómetros cuadrados y un costo de más de 400 millones de dólares, es parte de la ola de construcciones que proyectan el gobierno federal y los estatales en colisión con las comunidades locales.
Detrás está la gigantesca ofensiva de infraestructuras en México que acompaña la reforma energética en el país, cuyo marco legal quedó definitivamente fijado el 11 de agosto pasado y que ha abierto al sector privado, nacional y extranjero, la explotación, refinación, distribución y comercio de hidrocarburos, así como la generación y venta de electricidad.
Lo conforman nueve iniciativas que establecieron nueve nuevas leyes y reformaron otras 12, que materializan la reforma promulgada el 20 de diciembre de 2013.
Se espera que la apertura energética atraiga a la segunda economía latinoamericana inversiones nacionales y extranjeras.
El 18 de agosto pasado, la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció 16 proyectos por unos 4 mil 900 millones de dólares de inversión, 27 por ciento de ellos públicos y 73 por ciento privados.
En el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018, la CFE proyecta 138 proyectos por unos 46 mil millones de dólares, entre centrales hidroeléctricas, plantas de generación solar, eólica y geotérmica, redes de transmisión y distribución.
 “Hay un debilitamiento de los marcos normativos ambientales y sociales para facilitar la inversión. Se debilitan normas de derechos de los pueblos al territorio. Aviva el riesgo de conflictos sociales y ambientales. Es un retroceso”, señala la investigadora Mariana González, del área de Transparencia y Rendición de Cuentas del Centro de Análisis Fundar.
En el PNI, la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) consignó 124 proyectos por más de 253 mil millones de dólares. Esas obras se refieren a construcción de gasoductos, mejoramiento de refinerías, eficiencia energética en instalaciones petroleras y trabajos de exploración y extracción petrolera, entre otras.
El suroriental estado de Campeche concentra la mayoría de desembolsos planeados, con 43 mil millones de dólares en explotación y mantenimiento de cuatro yacimientos marinos.
Le sigue el también suroriental Tabasco, con casi 15 mil millones en campos petroleros de aguas someras y edificación y remodelación de instalaciones petroleras.
En Veracruz, Pemex proyecta invertir 11 mil millones en depósitos marinos en aguas poco profundas y la construcción y actualización de instalaciones petroleras, mientras al nororiental estado de Tamaulipas destinará 6 mil 670 millones en aguas profundas y construcción y modernización de infraestructuras.

Hidrocarburos por rondas

Además, el 13 de agosto la Secretaría de Energía (Sener) otorgó a Pemex, en la llamada Ronda Cero, 120 asignaciones que le permiten mantener las operaciones de extracción de hidrocarburos y que equivalen a 71 por ciento de la producción nacional de petróleo, áreas que permanecerán bajo control del Estado.
También le ayudarán a sostener 73 por ciento de la producción de gas en esa ronda.
La producción diaria actual de Pemex es de 2.39 millones de barriles (de 159 litros) de crudo y 6.504 millones de pies cúbicos de gas.
Además, la Sener presentó también la Ronda Uno, a desarrollar por operadores privados, con 109 bloques dedicados a la exploración y 60 a la producción de petróleo y gas.
El gobierno calcula que esos proyectos requerirán inversiones por 8 mil 525 millones de dólares entre 2015 y 2018 en exploración y explotación de aguas profundas y someras, campos terrestres e hidrocarburos no convencionales, como el gas de esquisto.
La estatal pero autónoma Comisión Nacional de Hidrocarburos prepara los términos de las licitaciones, cuyos contratos serán adjudicados entre mayo y septiembre de 2015.
Manuel Llano, coordinador técnico de la no gubernamental Conservación Humana, traslapó los mapas de las rondas Cero y Uno con las áreas naturales protegidas, pueblos indígenas y comunidades.
Sus hallazgos indican que el total de áreas terrestres en la Ronda Cero suma casi 48 mil kilómetros cuadrados, distribuidos en 142 municipios de 11 estados. La mayoría están en Veracruz, seguido por Tabasco. La Ronda Uno engloba 11 mil kilómetros cuadrados, con 68 municipios en ocho estados.
En los territorios de la Ronda Cero se ubican 1 mil 899 núcleos agrarios, de los casi 32 mil existentes en el país. Además, la Ronda Uno fluye por 671 territorios comunitarios, con unos 4 mil 416 kilómetros cuadrados de propiedad colectiva.
La Ronda Cero afecta también a 13 pueblos indígenas, con una superficie de 2 mil 810 kilómetros cuadrados. Entre los grupos perjudicados figuran chontales, totonacas y popolucas. La Ronda Uno involucra a cinco pueblos originarios, entre huastecos, nahuas y totonacas, y más de 3 mil 200 kilómetros cuadrados.
 “Es difícil decir con precisión los lugares que serán más afectados. En un área muy pequeña puede haber un gran daño. Depende de cada caso. Con los cálculos, puedo suponer medianamente qué puede ocurrir en un determinado polígono, no en todos”, analiza Llano.
El experto hizo un ejercicio similar en 2013 con el Atlas de concesiones mineras, conservación y pueblos indígenas, en el cual solapó el mapa de licencias mineras con las áreas protegidas y los territorios indígenas.
La nueva Ley de Hidrocarburos no deja opción a los propietarios de la tierra, quienes tienen que pactar con Pemex u operadores privados la ocupación de la tierra, o aceptar lo que decida la justicia.
 “El trabajo de las instituciones no ha sido correcto. Sabemos cómo trabaja el aparato gubernamental para conseguir lo que quiere. Ninguna aprobación va a prosperar. Nuestra lucha va a seguir. No estamos solos, hay pueblos con la misma problemática”, asegura la activista Maciel.
Desde marzo, varias organizaciones sociales han establecido demandas colectivas contra entidades gubernamentales por la autorización de la presa sobre el Río La Antigua y sus secuelas ecológicas. Los Pescados es uno de sus afluentes.
Entre 2009 y 2013, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó 12 centrales hidroeléctricas y minihidroeléctricas sobre ríos veracruzanos, cuya construcción no ha comenzado.
Llano planea cotejar los mapas de hidrocarburos con las licitaciones y los contratos para determinar el potencial de recursos que el gobierno asegura que existen y si corresponden con las subastas.
“Los hidrocarburos no pueden estar por encima del derecho a un ambiente sano. Se puede zonificar, donde se pueda, para las explotaciones y establecer las restricciones”, plantea.
Emilio Godoy*/IPS 

*Corresponsal de IPS en México; especialista en ambiente, derechos humanos y desarrollo sustentable 

Negro historial arrastran Pemex, CFE y SCT por irregularidades en expropiaciones

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Pobladores de San Salvador Atenco y de diversas agrupaciones campesinas y sociales marcharon del Ángel de la Independencia al Tribunal Superior Agrario para pedir a los magistrados que atraigan el amparo que interpusieron los ejidatarios contra el cambio de régimen ejidal a dominio plenoFoto Alfredo Domínguez
Matilde Pérez U.
 
Periódico La Jornada
Martes 9 de septiembre de 2014, p. 12
Desalojos, amenazas, detenciones y engaños son afrontadas por cientos de campesinos e indígenas de múltiples ejidos y comunidades del país que llevan entre dos y cuatro décadas con una lucha legal en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para demandar el pago por las expropiaciones realizadas por esas instancias para la construcción de aeropuertos –en Hidalgo y Toluca–, carreteras, pozos petroleros, torres de alta tensión y campamentos o cuarteles para elementos de las fuerzas armadas, entre otras obras calificadas como de utilidad pública.
Algunos, como los ejidatarios del Peñón de los Baños, en la ciudad de México –en donde se construyó el aeropuerto internacional Benito Juárez– mantuvieron su demanda de pago durante 80 años hasta que en fechas recientes se entregó el último pago a un descendiente de uno de los ejidatarios. Otros, como 200 labriegos de Atasta, municipio del Carmen, Campeche, llevan tres décadas lidiando con Pemex, incluso algunos de ellos se quedaron prácticamente sin sus casas al arribar la Secretaría de Marina a instalarse en la zona para proteger las actividades de la paraestatal.
En 1980 Pemex instaló una planta de gas dentro del ejido. En ese año la paraestatal solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de 350 hectáreas, por las que ofreció 3.5 millones de pesos, es decir, un peso por metro cuadrado. Los campesinos no aceptaron, pero la paraestatal continuó con sus actividades y hasta 1985 firmó un convenio de ocupación temporal. En 2008 amplió su petición de expropiación a 562 hectáreas para la construcción de un centro de proceso y transporte de gas, así como su zona de seguridad, amortiguamiento y conservación del entorno ecológico; el decreto se publicó en 2012 y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) fijó la indemnización en 52.5 millones de pesos por dicha superficie, el pago se redujo a 10 centavos por metro cuadrado.
Propiedades afectadas
La paraestatal depositó menos de la mitad del citado monto en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal y continúo con sus actividades, por ello sin previo aviso a los campesinos, la Secretaría de Marina tomó posesión de una parte de la superficie sin importar que en ellas había casas de poco más de un centenar de ellos, así como sus animales.
La mayoría de los casos que aquí se presentan y de los cuales se tuvo conocimiento por conducto de la Central Campesina Cardenista (CCC), Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Federación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Fioac) tienen una antigüedad de 20 a más de 40 años. Las instituciones del sector agrario, incluyendo el Tribunal Superior Agrario (TSA), aseguraron no tener una estadística de los casos en litigio de la superficie expropiada que no se ha pagado, de los montos que se adeudan ni del número de afectados. Son los campesinos quienes con sus expedientes bajo el brazo y el respaldo de diversas agrupaciones agrarias buscan se les haga justicia.
La Coduc informó que tiene una cartera de 20 casos con Pemex y siete con la CFE, la mayoría está relacionada con predios localizados en Guerrero, Tabasco, Chiapas, Baja California y Morelos, en dicho estado participa con otras agrupaciones que se han unido a los campesinos en contra del Proyecto Integral de Morelos, que incluye dos centrales termoeléctricas y un gasoducto de 160 kilómetros de longitud y 30 pulgadas de ancho que afectará al menos 24 municipios en dicha entidad, Puebla y Tlaxcala.
El conjunto de los casos, dijo Marco Antonio Ortiz, dirigente de la Coduc, tiene un problema: los avalúos los hace el Indaabin y los pagos más elevados que ha hecho son de 60 centavos por metro cuadrado, no toma en cuenta si la tierra es de riego o de temporal. En función de la calidad las pagan en 20 o 30 centavos, por lo que a la hectárea le fijan un precio de 2 mil a 3 mil pesos. Las paraestatales argumentan que no pueden pagar un avalúo distinto al de Indaabin.
Y aunque los campesinos inconformes recurren a los tribunales agrarios y civiles, e incluso sus casos llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ésta ordena a Pemex –como ha sucedido en Campeche y Tabasco– pagar, la paraestatal interpone inconformidades y los juicios se alargan por años, acotó.
El ejido 16 de Septiembre, municipio Centro, en Tabasco, tiene 20 años exigiendo a Pemex el pago por las áreas que ha ocupado por servidumbre de paso y el área donde tiene el pozo. Los campesinos han llevado a cabo protestas y denunciado que la Compañía Mexicana de Exploraciones, que trabaja para Pemex, ingresó a sus tierras sin permiso y dinamitó campos en busca de yacimientos, dañando paredes y pisos de las casas y a los pozos artesianos, además destrozó cultivos y caminos rurales. El caso está en el TSA pero no ha logrado que la paraestatal se presente a juicio, explicó Álvaro López Ríos, de la UNTA.
En el caso de la construcción de la autopista Arco Norte, con una longitud de 227 kilómetros afectó ejidos de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y estado de México. Los campesinos de la central cardenista y la Fioac comprobaron que la SCT no solicitó la expropiación de los terrenos para llevar a cabo la obra. Carlos Moreno, secretario de Acción Agraria de la CCC, comentó que la institución no realizó el procedimiento establecido legalmente, por lo que no hay un avalúo de Indaabin.
Especificó que en el caso de los ejidos localizados en los municipios de Españita, Lázaro Cárdenas, Calpulalpan, Ixtacuixtla y Nanacamilpa, de Tlaxcala, la CCC pidió la intervención de la Procuraduría Agraria (PA) como testigo para comprobar los daños en los ejidos Pipiyola, San Francisco Mitepec; La Magdalena; Alponzonga de Lira y Ortega; Santorum; Nanacampilpa; Calpulalpan, San Gabriel Popocapla y Francisco I. Madero. La construcción de la autopista inició en 2002, los inversionistas, entre ellos Carlos Slim, firmaron contratos de ocupación previa y dieron un adelanto a los ejidatarios, pero la constructora causó daños a las viviendas por el peso de los camiones y el uso de dinamita; abandonaron material de construcción en la autopista, lo cual provocó encharcamientos en las parcelas y pérdidas de cosechas, y eso no fue considerado en la indemnización.
La batalla jurídica lleva 12 años y la SCT aún no ingresa a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la solicitud de expropiación ni hay un expediente instaurado. El caso de la constructora lo lleva un ex delegado de la PA.
Francisco Chew, de la Fioac, apuntó que en el ejido de Tula, Hidalgo, los campesinos no han podido cobrar la indemnización, ya que el dinero se entregó al presidente del comisariado ejidal, quien defraudó a la comunidad.
En el caso de la ampliación del aeropuerto de Toluca, se afectaron 200 hectáreas del ejido San Pedro Totoltepec, pero no hay registro de la solicitud de expropiación, incluso en la superficie había un asentamiento irregular, incluyendo una primaria sin mediar orden desalojaron a las familias y colocaron mallas.
Ejido Reforma Agraria Integral, otro asunto con problemas
La CCC lleva 12 asuntos que se ubican en Tlaxcala, Tamaulipas y estado de México, la mayoría de ellos corresponde a casos que involucran la construcción de autopistas, instalaciones de la Marina y del aeropuerto en Toluca. Pero también está el caso del ejido Reforma Agraria Integral –considerado el más grande del país, pues tiene 632 mil hectáreas propiedad de 300 ejidatarios–, 30 por ciento de su superficie está concesionado a una minera, pero la empresa lleva a cabo exploraciones fuera de esa superficie y deja material en las parcelas no involucradas en el convenio. En términos jurídicos eso se llama despojo; si eso sucede actualmente nos preguntamos qué va a pasar con la reforma energética y la respuesta inmediata es fractura social de la comunidad, dijo Moreno. 

Reducción de ingresos petroleros en 2015 presionará las finanzas: SHCP


Víctor Cardoso
 
Periódico La Jornada
Martes 9 de septiembre de 2014, p. 24
Para el año entrante el gobierno federal prevé retos significativos en la economía del país, a raíz de una reducción transitoria de la plataforma de producción de petróleo. Esa situación, según la Secretaría de Hacienda, generará presión en las finanzas públicas, que mantendrá a la economía en su conjunto 4.8 por ciento por debajo de su nivel potencial.
La Secretaría de Hacienda divulgó este lunes información de prensa que contiene puntos claves de las proyecciones oficiales sobre la marcha de la economía nacional para 2015 y se encuentran contenidos en los Criterios Generales de Política Económica.
En ese documento, enviado la semana pasada al Congreso de la Unión, el gobierno federal señala que para el año entrante las finanzas públicas enfrentarán el reto significativo del bajo nivel de ingresos petroleros y la actividad económica se encontrará aun por debajo de su nivel potencial.
Puntualiza: si bien se esperan ingresos tributarios por encima de su nivel histórico, éstos no llegarán a su nivel potencial, dado que la brecha del producto no alcanzará a cerrarse en 2015 (...) la economía se encontrará 4.8 por ciento por debajo de su nivel potencial y, por tanto, se estiman faltantes de ingresos entre 0.7 y 1.2 por ciento del PIB (producto interno bruto) asociados al ciclo económico.
Al respecto, la dependencia encargada de las finanzas públicas sintetiza: Se generarán faltantes de ingresos debido al ciclo económico y al nivel de producción de petróleo, aunque aclara que ambos faltantes de ingresos se consideran transitorios, no permanentes, desde el punto de vista cíclico y del nivel estructural de los mismos.
De ahí que el gobierno federal haya planteado al Poder Legislativo su autorización para incurrir en un déficit fiscal de 672 mil 600 millones que previsiblemente podrá ser cubierto con la contratación de deuda tanto interna como externa.
Según la propia Secretaría de Hacienda, en 2013 el potencial de crecimiento (económico) quedó 3.6 por ciento abajo de su nivel óptimo y en 2014 fue de 2.9 por ciento.
Foto
Vista aérea de la plataforma Bicentenario, de Industrial Perforadora Campeche, en el golfo de Mexico. ArchivoFoto José Carlo González
La brecha sigue abierta
Con base en un ejercicio para medir el potencial del PIB, Hacienda reconoció: “para 2014 el producto estará por debajo de la tendencia y para 2015 seguirá en un nivel inferior. Esto implica que la brecha de producto no se ha cerrado por completo. Al contrario, la desaceleración económica observada en 2013 y principios de 2014 han incrementado la brecha del producto respecto a lo observado en 2012.
En específico, se estima que el PIB se encontrará 4.8 por ciento por debajo de su nivel potencial en 2015. En términos de faltante de ingresos no petroleros del sector público para 2015, la brecha antes señalada implica un faltante de entre 0.7 y 1.2 por ciento del PIB, dependiendo de la elasticidad que se utilice.
Desde la óptica de los especialistas de Hacienda, para el año entrante la economía mexicana podría verse beneficiada por un económico externo que muestra signos de recuperación moderada, pero también riesgos asociados a una posible mayor volatilidad de los mercados financieros (que provocarían la salida de inversión extranjera de cartera, también conocida como “capitales golondrinos”) y en el precio de algunas materias primas.
Riesgos en el horizonte
No obstante, los nubarrones no dejan de ensombrecer el panorama sobre el desenvolvimiento de la economía mexicana para el año entrante, y se mencionan elementos ambiguos.
Para 2015, pronostica la dependencia que el entorno externo es en general alentador, aunque la expectativa de un aumento de tasas de interés y un menor precio del petróleo, así como una disminución transitoria de la producción de crudo en el país, plantean retos potenciales que deben ser tomados en cuenta en el diseño de la política fiscal y económica, aunque el Paquete Económico 2015 no contempla modificaciones al marco fiscal.

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Atenquenses se movilizan en Edomex y DF en rechazo al nuevo aeropuerto


Matilde Pérez y Javier Salinas Cesáreo
Reportera y corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 9 de septiembre de 2014, p. 11
Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco realizaron dos movilizaciones para exigir la anulación de la asamblea ejidal en la que fue autorizado el cambio de uso de suelo que permitirá enajenar sus terrenos. En esas acciones manifestaron además su inconformidad por la construcción del nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco, estado de México.
Un grupo se trasladó al tribunal unitario agrario con sede en Texcoco, y otro al Tribunal Superior Agrario (TSA), que se ubica en la colonia Roma Norte, Distrito Federal. En ambas movilizaciones, los atenquenses fueron acompañados por integrantes de organizaciones sociales, estudiantiles y activistas.
En el tribunal unitario ubicado en Texcoco, la comisión de manifestantes acudió a la audiencia programada por el juicio que se efectúa para la anulación de la asamblea celebrada el pasado primero de junio, en la que se aprobó el cambio de uso de suelo de casi 2 mil hectáreas de uso común a dominio pleno, lo que permite la venta de tierras.
El FPDT había ganado una medida cautelar y la suspensión provisional contra dicha asamblea, argumentando que se cometieron serias irregularidades, entre ellas la aceptación de personas que no eran ejidatarios (a quienes se dio derecho a voto) para cumplir con el quórum, el incumplimiento del trámite legal y la falta de discusión para la aprobación del cambio de uso de suelo.
Ayer el juez Daniel Magaña Méndez determinó dejar sin efecto dicha suspensión, por lo que los pobladores que están en favor de la venta de sus tierras pueden seguir con el trámite ante el Registro Agrario Nacional (RAN) con el fin de que les expidan sus títulos de propiedad y así poder culminar la transacción.
El abogado del FPDT, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, consideró que echar abajo la medida cautelar fue una decisión política del juez, no a un acto sustentado en el derecho, por lo que se presentará un amparo en el juzgado federal de distrito con sede en Nezahualcóyotl, estado de México, para que se vuelva a dictar una suspensión.
En la movilización al TSA, los integrantes del FPDT exigieron a esa instancia atraer el expediente 400/2014 con el cual los campesinos en resistencia desconocen la mencionada asamblea.
Poco después del mediodía, una comisión de 10 integrantes del FPDT fue recibida por Alfredo Leal Cortés, director de audiencia campesina de la institución, así como los abogados Pablo López Serrano y Miguel Ramírez Cedillo, ante quienes los ejidatarios sostuvieron que sus parcelas no están en venta, según informaron los inconformes al concluir la reunión, que duró tres horas. Ahora queremos ver si los funcionarios actúan legalmente, expresaron.
Apuntaron que Leal Cortés se comprometió a revisar el expediente y dar respuesta a su petición el 18 de septiembre, por lo que hasta esa fecha el RAN no podrá legalizar dicha asamblea que encabezó el comisario ejidal Andrés Ruiz Méndez.
Estas movilizaciones representaron las primeras protestas del FPDT contra de la construcción del nuevo aeropuerto –que ocupará, según las autoridades, 4 mil 536 hectáreas de 10 mil 45 de reserva nacional–, obra que pone en riesgo la propiedad social de la tierra, sostuvieron.

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La Comisión Europea autoriza fusión entre Cemex y Holcim

PROCESO 


9 de septiembre de 2014
Destacado
Cemex en América Latina. Foto: Cemex
Cemex en América Latina.
Foto: Cemex
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- La Comisión Europea (CE) autorizó a la empresa mexicana Cemex adquirir los activos del corporativo suizo Holcim.
Con esta transacción, Cemex se convertirá en el líder de su ramo en España. Su capacidad de producción ascenderá a 13 millones de toneladas de cemento en nueve plantas.
La CE concluyó que la fusión entre ambas empresas “no plantearía problemas de competencia”.
Entre los activos de Holcim adquiridos por Cemex se encuentran fábricas, canteras y plantas.
Cemex tiene presencia en alrededor de 50 países. Ocupa el tercer lugar mundial en venta de cemento, con una capacidad de producción estimada en 97 millones de pesos. Tiene 66 plantas de cemento alrededor de los cinco continentes.
En tanto, Holcim tiene acciones en 70 países. Es líder en suministro de cementos y áridos.

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Pasajeros increpan en pleno vuelo a senador por apoyar reforma energética

Un sobrecargo de Volaris pide a los pasajeros guardar silencio. Foto: Especial
Un sobrecargo de Volaris pide a los pasajeros guardar silencio.
Foto: Especial
MEXICALI, B.C. (apro).- La semana pasada, después de acudir al Segundo Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el senador del PAN, Víctor Hermosillo Celada, tomó un vuelo del Distrito Federal a esta ciudad, donde tiene su residencia desde hace 50 años.
En el trayecto, algunos pasajeros lo identificaron y comenzaron a increparlo por haber votado a favor de la reforma impulsada por el gobierno de Peña Nieto.
De “traidor” y vendepatrias” no lo bajaron algunos, según se aprecia en un video que circula en las redes sociales.

Una vez que el avión de Volaris aterrizó, los pasajeros volvieron a recriminar al legislador su postura por entregar los recursos naturales a empresas extranjeras.
“¿Qué se siente ser un traidor, Víctor?, ¿Qué se siente entregar los recursos naturales en contra de la voluntad popular?, ¿Qué se siente que les hayan entregado 30 millones de pesos a cada senador por votar a favor de la reforma energética?”, le espetaron.
En el video se observa el cabello blanco del exalcalde sentado en los primeros asientos del avión, quien trata de ignorar los reclamos.
Antes de descender, los reclamos subieron de tono y entonces los sobrecargos terciaron para calmar los ánimos. Pero los pasajeros no se quedaron callados y argumentaron que estaban en su derecho de exigirle cuentas al senador, además de que ejercían su libertad de expresión.
El legislador panista intentó luego descender lo más rápido posible, pero los gritos lo alcanzaron:
“¿De dónde vienen? de lamerle las botas a Peña Nieto en el desinforme, estamos indignados de viajar con gente de su calaña, no es justo que nos junten con ese tipo de personas”.
En el video, se ve a al menos dos mujeres y un hombre encarar al exalcalde mexicalense.
Esta es la segunda ocasión en que Hermosillo Celada es increpado por su postura ante las reformas estructurales. A principios de año un grupo de simpatizantes de Morena se manifestó con pancartas con leyendas de “traidor” y “se busca” afuera de las instalaciones de MVS Mexicali durante una entrevista.
Estas expresiones de inconformidad iniciaron en 2013 contra los diputados del PRI tras la aprobación de la reforma hacendaria que incluyó el incremento del 5% al IVA en esta frontera, sobre todo a Cris López que defendió el aumento. En redes sociales y carteleras espectaculares de Tijuana lo nombraron persona non grata.
Las protestas también alcanzaron al senador Marco Antonio Blásquez que tuvo la oportunidad de empatar la votación en comisiones pero prefirió abstenerse, lo que le valió descalificaciones que se ligaron con su participación en la campaña política en favor del PRI en la elección a gobernador por Baja California.

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Padrés Elías acapara 10 millones de m3 de agua: PT

De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Martes 9 de septiembre de 2014, p. 13
El Partido del Trabajo (PT) en Sonora denunció que la presa que el gobernador Guillermo Padrés mandó construir en su rancho Pozo Nuevo –en el municipio de Arizpe– almacena en este momento 10 millones de metros cúbicos de agua, suficientes para dotar del líquido durante dos meses y medio a Hermosillo, y que la construcción de una cortina de esas dimensiones habría costado más de 170 millones de pesos, cuando el mandatario declaró –en documentos patrimoniales– que la propiedad tenía un valor de 5 millones de pesos.
Los petistas entregaron un documento con fecha 4 de julio del 2011, expedido por el ingeniero Luis Flores Vásquez, con cedula profesional 1515158, donde Guillermo y Miguel Padrés Elías certifican ante la notaría pública número 60 de Cananea que el rancho Pozo Nuevo tenía un valor de 5 millones 9 mil 828.97 pesos y que este documento fue parte de la declaración patrimonial de Guillermo Padrés como senador, cuando fue presidente de la Comisión de Agricultura.
El 5 de septiembre de 2014, en el noveno congreso ordinario del Partido del Trabajo, la delegación PT Sonora sometió a dicho congreso un resolutivo donde se denuncia al gobernador Padrés por tramposo y corrupto.
El congreso acordó someter por parte de la fracción parlamentaria del PT, tanto del Senado como en el Congreso, un punto de acuerdo para integrar una comisión legislativa que investigue si el gobernador Guillermo Padrés y su hermano Miguel utilizan a sus hijos menores de edad para lavar dinero o en su caso demuestren fiscalmente cómo el rancho de su propiedad pasó del 5 de julio de 2011 de tener un valor de 5 millones 9 mil 828.97 pesos, a contar con una cortina de presa hidráulica de 170 millones de pesos de ilegal construcción y una siembra establecida de 350 hectáreas de nogal con un valor aproximado de 262 millones 500 mil pesos, que suman en total 432 millones 500 mil pesos.

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Le diagnostican en IMSS fibrosis quística… muere de cáncer de mama

PROCESO 

8 de septiembre de 2014
Nacional
La Unidad de Medicina Familiar 28 de Mexicali, Baja California. Foto: Google Maps
La Unidad de Medicina Familiar 28 de Mexicali, Baja California.
Foto: Google Maps
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el caso de una mujer que fue mal diagnosticada por personal de la Unidad de Medicina Familiar 28 de Mexicali, Baja California, y que a consecuencia de ello perdió la vida.
En un comunicado, la CNDH detalló que el 14 de marzo de 2011 la víctima, de 46 años, acudió a esa clínica con dolores intensos en el seno izquierdo y el médico familiar le diagnosticó fibrosis quística debido a su edad y al cambio hormonal.
Durante un año fue atendida bajo ese diagnóstico, tanto por el médico familiar como por el jefe de servicios de medicina familiar de dicho nosocomio, sin que los dolores disminuyeran.
En marzo de 2012, cuando la tumoración había aumentado, la agraviada acudió a una clínica privada donde le diagnosticaron cáncer de mama.
El 14 de ese mismo mes la mujer presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de Baja California, que la turnó a la Procuraduría General de la República, donde aún se integra el expediente.
El 6 de abril del mismo año la afectada ingresó de emergencia al Hospital General de Mexicali, de la Secretaría de Salud, donde recibió un mal pronóstico y 14 días después falleció en su domicilio por adenocarcinoma de mama terminal.
El padre de la paciente presentó una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, que fue remitida a la CNDH el 7 de mayo de 2012.
Tras analizar el caso, el organismo que preside Raúl Plascencia Villanueva encontró elementos que evidencian violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, protección a la salud, al trato digno y a la vida de la mujer, atribuibles al personal médico adscrito a la Unidad Familiar 28 del IMSS en Mexicali, Baja California.
La CNDH confirmó que omitieron el ejercicio de la aplicación de la ley, faltas a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones.
De acuerdo con el comunicado, no sólo se prestó indebidamente el servicio público, sino que también hubo impericia y negligencia médica, e inadecuada atención médica, debida y oportuna.
Por ello, en la Recomendación 37/2014 la CNDH pide al IMSS “que se tomen las medidas correspondientes para reparar el daño ocasionado a los familiares de la víctima, y que los servidores públicos de la Unidad de Medicina Familiar 28 entreguen copia de certificación y recertificación obtenidas de los Consejos de Especialidades Médicas que acrediten la actualización, experiencia y conocimientos para mantener las habilidades necesarias para un servicio médico adecuado y profesional”.
De igual manera, que se impartan cursos de capacitación en materia de derechos humanos a todo el personal del IMSS, especialmente en esa Unidad de Medicina Familiar, así como en conocimiento y manejo sobre la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.
El organismo también pide integrar debidamente los expedientes clínicos sobre la atención médica que brindan; se colabore con la CNDH en la presentación de la queja y denuncia ante el Órgano Interno de Control del IMSS y la PGR, respectivamente, y en la suscripción de los familiares afectados ante el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ley General de Víctimas.

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Chomsky: EEUU está sumergiendo en el desastre a la cuna de la civilización


Estados Unidos está sumergiendo en el desastre a la cuna de la civilización debido a sus intervenciones en la región de Mesopotamia, ha asegurado el famoso lingüista, filósofo y activista antiguerra estadounidense Noam Chomsky en su discurso sobre las políticas de la Casa Blanca contra los milicianos del EIIL en Irak y Siria.
Según informó el domingo la agencia de noticias RT, citando al portal Alternet, el veterano intelectual norteamericano criticó las estrategias de EEUU y sus aliados occidentales en la tierra de Mesopotamia, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates (las áreas no desérticas del actual Irak y la zona limítrofe del noreste de Siria), donde ha sido escenario de “indescriptibles horrores” en los recientes años.
En alusión a la “agresión” estadounidense a Irak, en 2003, el académico recordó que una de las terribles consecuencias de estas invasiones es un cambio radical de las regiones mixtas de esta tierra a los actuales enclaves sectarios, y la formación de los combatientes del EIIL en esta región.
“La agresión del (expresidente estadounidense) George W. Bush y (expremier británico) Tony Blair en 2003, que muchos iraquíes compararon con las invasiones mongolas del siglo XIII, fue otro golpe letal más”, algo que, según Chomsky, destruyó “gran parte de lo que sobrevivió en Irak tras las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) impulsadas por Bill Clinton”.
“Los conflictos agravados por la invasión se han extendido más allá y ahora la región está hecha trizas”, subrayó el analista político.
En otra parte de sus declaraciones, Chomsky cuestionó a los Gobiernos occidentales por la contradicción respecto a los grupos armados en Irak y Siria, subrayando que por un lado luchan contra takfiríes en Irak y, por otro, se esfuerzan por socavar el Gobierno de Bashar Al Assad, el principal rival de esa agrupación armada en Siria.
Cabe mencionar, que en 2003, Estados Unidos invadió Irak en una violación flagrante del derecho internacional y bajo el contexto de buscar armas de destrucción masiva supuestamente almacenadas por el exdictador iraquí Saddam Hussein, lo que se cobró la vida de miles de personas, entre ellas niños y mujeres.
El mundo se enteró más tarde de que el antiguo régimen iraquí no poseía armas de destrucción masiva y que los dirigentes estadounidenses y británicos estaban conscientes de ello.
HispanTV 

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