viernes, 12 de septiembre de 2014

Presenta el SME una propuesta para la reinserción laboral de los electricistas

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Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas marcharon ayer a la sede del Senado para demandar la solución definitiva al conflicto del gremioFoto Cuartoscuro
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Viernes 12 de septiembre de 2014, p. 17
La Secretaría de Gobernación (SG) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) establecieron desde mayo pasado una mesa de negociación para revisar el tema de la reinserción laboral de los trabajadores que no se han liquidado, en la que ya presentaron una propuesta para que los electricistas tengan empleo en la recuperación de la planta hidroeléctrica de Necaxa y otras que están en desuso.
Martín Esparza Flores, dirigente del SME, señaló ayer lo anterior en el contexto de la jornada de movilizaciones que llevó a cabo esta organización, en la que marcharon decenas de trabajadores hacia la Cámara de Senadores y luego a la Secretaría de Gobernación, en demanda de la solución definitiva del conflicto de este gremio y de que se impulse la iniciativa de ley para elevar a rango constitucional el derecho a la energía eléctrica.
No obstante, el reclamo central del gremio es la reinserción laboral de 16 mil 600 agremiados en resistencia. El dirigente Martín Esparza señaló que desde principios de mayo de este año se presentó al gobierno federal una propuesta para dar empleo a los electricistas, en la reactivación de hidroeléctricas.
Esa propuesta es muy viable, ya se presentó ante las secretarías de Gobernación y del Trabajo, y en ella se argumenta que plantas como Necaxa pueden ser rehabilitadas para generar energía eléctrica, ya que fueron abandonadas por la Comisión Federal de Electricidad, que no les ha dado mantenimiento y están prácticamente inoperantes.
El dirigente indicó que la parte de subestaciones, canales, compuertas, tomas de agua y de riego de esta hidroeléctrica histórica, que tiene 114 años, están abandonadas, siendo que podría ser rescatada con mano de obra de los electricistas y, a la vez, resolver el conflicto que se mantiene porque el gobierno federal firmó una acuerdo para reinsertar a los trabajadores en resistencia y no se ha cumplido.
Esta organización también realizó un mitin a las afueras de Gobernación, donde mantuvo su postura de que no van a parar hasta recuperar su fuente de trabajo.
Además de las dos marchas, también realizaron un mitin a las afueras de la clínica 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde reclamaron la rehabilitación de la unidad, que es la que atiende a este gremio y padece de desabasto de medicamentos y falta de personal médico.
La dirigencia del gremio indicó que en esta clínica ya se deshabilitaron servicios básicos como rayos X, y las instalaciones médicas muestran grave deterioro.

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Senadores ratifican el comité energético


Andrea Becerril y Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Viernes 12 de septiembre de 2014, p. 13
La Comisión de Energía del Senado ratificó ayer los nombramientos presidenciales de 13 consejeros de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, entre ellos, Luis Téllez, pese a los señalamientos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de que incurre en conflicto de interés.
Durante la reunión, los perredistas Dolores Padierna y Rabindranath Salazar Solorio advirtieron que se violan leyes secundarias en materia energética, en las que se estableció que no podrían ser consejeros independientes quienes participaran en consejos de administración de empresas del ramo, como es el caso de Téllez, que forma parte de Sempra Energy, una trasnacional generadora de electricidad y gas.
Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) pasaron por alto los señalamientos. El priísta David Penchyna lamentó que los perredistas intentaran descarrilar el prestigio de Téllez y las demás personalidades propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto y los nombramientos se avalaron. Ni siquiera tuvieron que comparecer, ya que en la legislación energética se les eximió de ello. El dictamen se turnó a la Mesa Directiva, a fin de que se vote en el pleno la próxima semana.
Padierna denunció en esa reunión que la mayoría de los nombrados son cercanos a Peña Nieto y a los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, en una simbiosis entre los intereses económicos y políticos, para hacer grandes negocios con la privatización del petróleo.
El caso más grave, insistió, es el de Téllez, que, aunque se trata de un salinista, fue propuesto por el PAN como integrante del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
Tanto Padierna como Salazar insistieron en el conflicto de interés en que incurre Téllez, al pasar a formar parte del organismo responsable del manejo de la renta petrolera y ser al mismo tiempo integrante de Sempra Energy, a la que el gobierno mexicano le acaba de adjudicar el millonario proyecto energético Los Ramones.
El panista Jorge Luis Lavalle defendió con vehemencia el nombramiento de Téllez, reclamó a los perredistas por descalificarlo y sostuvo que acusarlo de conflicto de interés denota falta de conocimiento de la legislación secundaria energética, ya que no va a participar en conflictos de interés. Sostuvo que se trata de los mejores perfiles.

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Trámites complejos e impuestos altos fomentan la informalidad

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Vendedor ambulante bajo el puente de Periférico y TlalpanFoto José Carlo González
Víctor Cardoso
 
Periódico La Jornada
Viernes 12 de septiembre de 2014, p. 27
La complejidad para cumplir todos los trámites que exigen los gobiernos para establecer negocios y las elevadas tasas impositivas están entre las principales razones de la dimensión que ha alcanzado la economía informal, actividad en la que se emplean seis de cada diez mexicanos en edad laboral, reveló una encuesta del Banco de México (BdeM) realizada entre directivos empresariales de las diferentes regiones.
Los principales factores que originan la informalidad son la complejidad administrativa asociada a incorporarse al sector formal y la falta de incentivos para dejar la informalidad, detalló este jueves Alberto Torres García, director general de investigación económica del BdeM.
Las medidas de política pública que deberían ser puestas en práctica para reducir el tamaño de la informalidad son, en orden de importancia citada por los directivos empresariales: simplificar la carga administrativa, bajar los impuestos, combatir la corrupción y, por último, penalizar a quienes viven en la economía informal, añadió Torres García, al presentar el Reporte sobre las economías regionales abril-junio 2014, elaborado por el banco.
Para elaborar el reporte, el banco central divide al país en cuatro regiones. Norte: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas; centro norte: Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas; centro: Distrito Federal, estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; y sur: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
La informalidad ha sido asociada por especialistas, entre otros factores, a la dificultad para abrir empresas por la excesiva regulación a nivel local, mencionó Torres García durante la presentación del reporte este jueves.
En opinión de directivos empresariales que fueron consultados por el banco central, el sector informal se percibe de menor tamaño en las regiones norte y centro norte.
En la región centro los empresarios consultados consideraron que el principal factor que origina la informalidad es la falta de incentivos para dejar este tipo de actividad, seguido por impuestos elevados y complejidad administrativa. En la región sur, la otra donde se presenta una alta incidencia, la principal razón del tamaño de la informalidad también es la falta de incentivos para formalizar la actividad, seguida por la corrupción y los impuestos elevados, de acuerdo con el reporte.
En consecuencia, añade el informe, los directivos empresariales señalan a la simplificación administrativa como principal política pública para combatir la informalidad.
Respecto al tamaño del sector informal, a nivel regional se observan diferencias en la percepción de los directivos entrevistados: 75 por ciento de los consultados en el norte consideraron que la magnitud del sector informal es menor o igual a 15 por ciento; mientras que en el centro norte, centro y sur la misma proporción de directivos opinaron que dicha magnitud es menor o igual a 20, 50 y 30 por ciento, respectivamente, se menciona en el reporte.
Recuperación de la actividad económica
Las economías regionales presentaron un mayor dinamismo en el segundo trimestre de 2014 en comparación con el trimestre previo, de acuerdo con el documento. La actividad económica en las regiones fue impulsada por la expansión de las exportaciones y una mejoría en la demanda interna, añade.
La región norte fue la que presentó una expansión más vigorosa, seguida por las regiones centrales, lo que se reflejó en los indicadores regionales de producción manufacturera, ventas al menudeo, construcción privada y trabajadores afiliados al IMSS. La producción agropecuaria se expandió a tasa anual en todas las regiones, exceptuando al sur. No obstante, en esta última los productores agropecuarios se beneficiaron de un incremento en la rentabilidad de sus negocios, especialmente en el subsector ganadero. Asimismo, todas las regiones se beneficiaron del fuerte crecimiento en la actividad turística, así como de la expansión en el uso del financiamiento por las empresas, dice.
Los directivos empresariales entrevistados por el BdeM anticipan que la demanda de sus bienes y servicios seguirá expandiéndose durante los siguientes seis y 12 meses en todas las regiones. En su mayoría manifestaron que aumentarán el personal contratado en sus empresas y que realizarán inversiones, principalmente en maquinaria y equipo.

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Líder sindical petrolero, contra los despidos injustificados

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Viernes 12 de septiembre de 2014, p. 14
En medio de las versiones de probables despidos masivos en Petróleos Mexicanos (Pemex), el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Romero Deschamps, dirigente del sindicato de la paraestatal, presentó dos iniciativas para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT), a fin de evitar que haya despidos injustificados, disfrazados como renuncias voluntarias e impedir que las demandas laborales sean rechazadas por la falta de algún requisito intrascendente, como ocurre en la actualidad.
En la primera iniciativa, el controvertido dirigente propone modificar los artículos 53 y 54 para que se especifique que uno de los factores para la terminación de la relación laboral sea la renuncia del trabajador y establecer los requisitos específicos que ésta deberá reunir.
Entre ellos, que la renuncia incluya la fecha y nombre de la persona moral o física a la que se dirija, así como la manifestación libre y espontánea del trabajador de dar por terminada la relación laboral con el patrón. Asimismo, que vaya el nombre del asalariado y su firma o en su defecto la huella digital si no sabe leer ni escribir.
Para este último caso, deberá contarse, además, con dos testigos que firmen y escriban su nombre en la renuncia.
El dirigente petrolero propone, también, modificar el artículo 872 de esa ley, para precisar los requisitos que debe cubrir una demanda laboral, a fin de evitar casos como los que se presentan actualmente en que la autoridad las desecha sólo porque le falta una firma o por no incluir el nombre del patrón.

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Alista Hacienda iniciativa sobre salarios mínimos: Videgaray

PROCESO 


11 de septiembre de 2014
Destacado
Luis Videgaray, titular de la SHCP. Foto: Germán Canseco
Luis Videgaray, titular de la SHCP.
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno federal prepara una iniciativa que se sumará a las propuestas del jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera y a la del PAN para debatir el incremento al salario mínimo, anunció el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, durante su comparecencia ante el pleno del Senado.
“Es fundamental analizar cuáles serían los efectos del incremento al salario mínimo pues tendría consecuencias en el propio costo de la canasta básica… y es lo último que queremos”, afirmó y se comprometió a impulsar un “debate técnico y no político”.
Durante su segunda comparecencia legislativa en esta semana, el titular de Hacienda reiteró que en 2015 podrían empezar a disminuir las tarifas de las gasolinas a partir de una mayor competencia en el sector.
“Los concesionarios de gasolineras podrán, si así conviene a sus intereses, disminuir el precio de la gasolina, por ejemplo, para atraer a una mayor clientela”, afirmó Videgaray en respuesta a la pregunta de la senadora del PRI, Blanca Alcalá.
El secretario de Hacienda recibió duros cuestionamientos de las bancadas del PAN, PRD y PT por la pérdida de empleos, la baja competitividad, el “estado de malestar” de la economía, la aplicación del IVA en la frontera norte y las dudas sobre el déficit.
Los senadores Marco Antonio Blázquez del PT, y Ernesto Ruffo, del PAN, cuestionaron el incremento del IVA en la frontera norte. Ruffo señaló que las cuentas de ahorro de los habitantes fronterizos han bajado 71% en un año y que 217 empresas han cerrado, según los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Las ventas al menudeo han caído en 30%, pero es más preocupante “la fuga de consumidores, ya que los datos de California, en Estados Unidos, arrojan que de 6 mil millones de dólares al año en ventas que se tuvieron el año anterior, se estima que para 2015 será de 7 mil 500 millones de dólares hechas por mexicanos que cruzan la frontera”, abundó el panista.
Blázquez le preguntó a Videgaray si Hacienda rectificaría la homologación del IVA en la frontera. El funcionario reconoció que este gravamen representa un reto y un esfuerzo adicional para las familias y comercios fronterizos, pero insistió en las cifras sobre el bajo impacto en la inflación, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El mismo dato lo aportó en su comparecencia ante la Cámara de Diputados: En la frontera la inflación fue de 4.29%, ligeramente mayor a la tasa del 4.15% nacional.
El tema del salario mínimo lo ventiló el senador del PRD, Armando Ríos Pitter, quien consideró que existen condiciones políticas para que se incremente de 67 a 82 pesos en 2015, por lo que conminó a Videgaray a fijar su posición sobre el tema.
El panista Carlos Mendoza Davis expresó la oposición de su bancada a la propuesta de un presupuesto deficitario en 2015. “Creemos que en estos momentos contratar deuda para financiar el déficit no es una sana práctica”, afirmó.
Videgaray reiteró que el paquete fiscal para el próximo año implicará una reducción del déficit público en su medida más estrecha del 1.5% al 1.0%. Presumió que, por primera vez, la ciudadanía tendrá pleno acceso oportuno y sencillo a la información sobre el paquete fiscal.

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Madre de menor asesinado exige la renuncia de Moreno Valle

Elia Tamayo, madre de José Luis Tehuatle. Foto. Octavio Gómez
Elia Tamayo, madre de José Luis Tehuatle. Foto. Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- Al dejar en claro que no estaba conforme con la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Elia Tamayo pidió al gobernador Rafael Moreno Valle que renuncie para que realmente haya justicia en el caso Chalchihuapan.
Luego de estar presente en la lectura del dictamen que dio a conocer este día Raúl Plascencia, presidente de la CNDH, la madre del niño José Luis Tehuatle Tamayo dijo sentirse indignada, debido a que la recomendación del ombudsman exculpó al gobernador poblano.
“Me siento indignada con el señor gobernador, porque de plano me arruinó la vida, quitando la vida a un inocente que no tenía por qué. Aparte de esto, hay compañeros que también están heridos y no es justo”, expresó.
Luego recordó la promesa que hizo Moreno Valle desde su campaña, en el sentido de que si no hacía las cosas bien, mejor se iba.
“Y lo que yo pido es que mejor renuncie, porque es un mal gobierno y no le merece estar ahí en el estado. Que se vaya mejor, es lo que yo pido, yo pido justicia”, recalcó.
La resolución que dio a conocer este día la CNDH concluye que el niño José Luis, de 13 años, murió a causa de la lesión producida por un proyectil lanzado por policías estatales durante el operativo de desalojo que ordenó el gobierno poblano el pasado 9 de julio en contra de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, quienes bloquearon la autopista Puebla-Atlixco.
Esta versión se contrapone a la que sostuvo durante dos meses el gobierno de Moreno Valle, en el tenor de que el menor de edad perdió la vida a causa de un cohetón lanzado por los manifestantes.
A pesar de que en la recomendación queda en evidencia que el gobierno poblano falseó y manipuló la información sobre los hechos, la CNDH deja limpio de responsabilidad a Moreno Valle.
Elia Tamayo estuvo acompañada de la diputada federal Roxana Luna, quien reiteradamente fue acusada por el mandatario poblano de haber infiltrado agitadores entre los manifestantes.
Al acto también acudió el senador Luis Sánchez, quien presentó un punto de acuerdo para que Procuraduría General de la República (PGR) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraigan el caso.
Tras las conclusiones, el senador también cuestionó que la CNDH haya dejado sin responsabilidad tanto a Moreno Valle como al secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, y al procurador Víctor Carrancá, aunque se encontraron evidencias de que mintieron para tratar de imponer la versión de que el niño murió por un cohetón que lanzaron los inconformes.
En entrevista previa, Elia Tamayo había adelantado que si la CNDH no fincaba responsabilidades a Moreno Valle, ella recurriría a las instancias judiciales para demandar al gobernador por la muerte de su hijo.
En Puebla, el abogado de Tamayo, Alejandro Castilla Saavedra, afirmó que la próxima semana iniciarán los trámites para interponer la solicitud de juicio político en contra del mandatario poblano por los delitos que cometió en el caso Chalchihuapan y por la “ingobernabilidad” que su actuación “represiva” ha generado en la entidad.

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Policía estatal mató al niño Alberto Tehuatle en Chalchihuapan, concluye la CNDH

PROCESO 


11 de septiembre de 2014
Destacado
La recomendación de la CNDH. Foto: Octavio Gómez
La recomendación de la CNDH.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) echó por tierra la versión del gobernador de Puebla, Rafael Morena Valle, sobre las causas que propiciaron la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, el pasado 9 de julio durante el desalojo de una manifestación en San Bernardino Chalchihuapan.
En la recomendación 2VG/2014, el presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, determinó que José Luis murió a causa de la lesión producida por uno de los 64 proyectiles lanzados ese día por policías estatales, versión que se contrapone a la del mandatario, quien en todo momento sostuvo que el menor de 13 años perdió la vida a causa de un cohetón lanzado por los manifestantes.
A pesar de falsear los hechos, la CNDH deja limpio de responsabilidad a Moreno Valle.
A dos meses de los hechos violentos registrados en la autopista Puebla-Atlixco, Plascencia concluyó que durante el operativo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y la Policía Estatal Preventiva hubo un “evidente uso excesivo de la fuerza y una marcada negligencia de la policía”.
Según la investigación, en el operativo participaron 426 elementos de la Policía Estatal Preventiva; de ellos, 392 eran escuderos, 20 escopeteros y 14 granaderos.
Los uniformados portaban cascos protectores, chalecos tácticos, escudos protectores de acrílico, bastón policial PR24, cartuchos dispersores de humo, lanzadora de gas tipo 37/38 mm, granadas de lata dispersoras de gas lacrimógeno tipo CN y CS, multilanzadora de cartuchos dispersores de humo 37/38 mm.
Plascencia aclaró que el proyectil de gas que le provocó la muerte al menor debió ser lanzado por alguno de los 34 granaderos y escopeteros porque fueron los únicos que manejaron este armamento. En sus indagatorias, la CNDH documentó malos tratos e imputación indebida de los hechos, indebida preservación y alteración del lugar de los hechos, así como inadecuada atención a víctimas por parte de las diferentes dependencias del gobierno de Rafael Moreno Valle.
Irregularidades en peritaje
Entre los asistentes a la lectura de la recomendación estuvo la madre del menor fallecido, Elia Tamayo, quien al término del evento pidió la renuncia al gobernador Moreno Valle.
En la sede centro de la CNDH, la mujer escuchó el resultado de la investigación que hicieron los peritos de la Comisión:
“Se puede concluir que José Luis Alberto Tehuatle Tamayo no fue lesionado por alguna explosión u onda expansiva por la acción de un cohetón tipo cañón a contacto con la región anatómica del cráneo.
“Según las características de las lesiones que presentó en el cráneo y ante el tipo de armamento que portaban los elementos de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, para esta Comisión Nacional existen elementos suficientes para observar que las lesiones que se infirieron al menor de edad fueron producidas con alguno de los citados 54 proyectiles de largo alcance irritantes calibre 37/38mm, CN, código 3121, o con uno de los 10 proyectiles de largo alcance irritantes 37/38 mm, CS, código 3231, utilizados por los elementos policiales, los cuales al ser percutidos expulsan un contenedor (proyectil cilíndrico de material metálico y consistencia firme) que puede recorrer una distancia mayor a 150 metros”.
Este resultado se reforzó con testimonios recabados en el sentido de que un policía que portaba un arma estaba sobre el arroyo vehicular a unos 50 metros de distancia y apuntó hacia donde estaba el niño.
La Comisión descartó que la herida del menor en la cabeza haya sido por una caída o por un golpe con alguna piedra, palo o arma blanca.
El ombudsman mencionó que peritos de la CNDH encontraron diversas irregularidades en las investigaciones que hizo la Procuraduría estatal y que sirvieron de base para declarar que el niño murió golpeado por un cohetón.
Entre las anomalías, destacó las siguientes: no se llevó una secuencia cronológica de los hechos, no se consultó el estudio ni las imágenes topográficas de cráneo que le hicieron al menor en el Hospital General del Sur, donde se describió con detalle el tipo de lesión y se usó una cabeza de cerdo para elaborar un dictamen en materia de mecánica de los hechos con la idea de que las lesiones simuladas en ella serían similares a las del niño.
Peor aún, un perito de la PGJE omitió describir el criterio para utilizar la cabeza de un animal muerto, recién descongelada, con características físicas diferentes a la de un humano y simulando la herida en una región completamente diferente a aquella donde el menor recibió el golpe.
Según los dictámenes revisados, los peritos de la CNDH no encontraron residuos o fragmentos de explosivos en los fragmentos óseos del niño. El informe destaca que un analista de medicina forense de la Coordinación de Criminalística de la División científica de la Policía Federal basó su dictamen en las constancias que le entregó el Ministerio Público estatal, pero en ningún momento tuvo a la vista el cuerpo del niño.
Sin justificación
La CNDH informó que en el operativo de la SSP estatal hubo violaciones a los derechos a la vida, y la libertad de reunión y, en consecuencia, a los derechos a la seguridad e integridad personal, legalidad, seguridad jurídica y trato digno.
También se cometieron transgresiones, añadió, a los derechos a la verdad, a la información “y a todos aquellos derechos que el orden jurídico mexicano reconoce a las personas en su calidad de víctimas del delito y del abuso del poder”.
Éstas se atribuyeron a servidores públicos de las Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia en contra de José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, nueve lesionados de gravedad, cuatro personas detenidas y posteriormente liberadas y otras más que estuvieron en riesgo.
Agregó que en la investigación se detectó que en el operativo algunas personas ocasionaron lesiones a policías con piedras, palos, bombas molotov, patadas y golpes con botellas, además de que les quitaron los escudos, casos y toletes. Y agregó: “ninguna de estas personas ha sido detenida, pese a las grabaciones”.
La CNDH aclaró que con esta recomendación no se opone a las acciones de las autoridades para garantizar la seguridad pública ni rechaza el empleo de la fuerza para contener manifestaciones públicas violentas, sino a que durante su desarrollo se vulneren los derechos humanos.
“No se justifica el uso indebido de la fuerza por parte de las referidas autoridades encargada de cumplir y hacer cumplir la ley”
Y remató: “El empleo de la fuerza pública siempre debe ser el último recurso y de ninguna forma es admisible que se ejerza de manera arbitraria o negligente”.
Las medidas a cumplir
Luego de resumir la Recomendación sobre Violaciones Graves a los Derechos Humanos “Caso Chalchiuapan”, –que consta de 200 páginas y que se puede consultar en el sitio web de la CNDH—, el ombudsman nacional Raúl Plascencia enlistó 11 medidas que el gobierno de Rafael Moreno Valle debe cumplir.
La principal consiste en iniciar un procedimiento de responsabilidad penal contra el titular de la Secretaria de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas, así como el personal que actuó bajo su mando en el operativo.
Además, pide colaboración con la CNDH para presentar y dar seguimiento a una denuncia de hechos ante la PGJE contra los servidores públicos involucrados.
Recomendó la creación de una fiscalía especial para la investigación de los hechos ocurridos en Ocoyucan, Puebla, para garantizar “de manera transparente, objetiva e imparcial un adecuado acceso a la justicia para las víctimas, sus familiares y los policías lesionados”.
También se incluye la reparación de los daños causados a las víctimas y sus familiares “en los términos más amplios y de manera integral, acorde a lo que establecen los estándares internacionales en la materia y la Ley general de Víctimas”.
El gobierno de Puebla deberá ofrecer una disculpa institucional a las víctimas y sus familiares y de a conocer las garantías para que estos hechos no se repitan otras.
Además, debe implementar mecanismos para la atención de grupos con demandas colectivas que contemple la solución pacífica de conflictos y se abstenga d”de criminalizar la protesta social”.
La CNDH pidió que a los cuerpos de seguridad los doten de equipos de videograbación y audio para registrar su conducta durante los operativos y detenciones.
Plascencia, descartó la posibilidad de aplicar algún procedimiento penal en contra del gobernador Rafael Moreno Valle y de que el caso pueda escalar al ámbito federal pues dijo que ”no hay fundamento legal alguno para enviarlo”.
Agregó que el mandatario estatal tiene 15 días para aceptar la recomendación y otro lapso igual para enviar a la CNDH las pruebas de su cumplimiento.
De no hacerlo, advirtió que dará vista al Senado para que procedan en consecuencia.

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Propondrán diputados analizar la concesión de Grupo México

Enrique Méndez y Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Viernes 12 de septiembre de 2014, p. 3
La comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el derrame de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi propondrá ‘‘analizar los términos de la concesión’’ otorgada al Grupo México, que maneja la mina de Cananea, en tanto la empresa de Germán Larrea no cumpla con los damnificados, la regulación ambiental y garantice condiciones de seguridad en su operación.
La instancia legislativa también solicitará al gobierno federal ‘‘una sanción ejemplar, tanto penal como administrativa, en contra de la empresa minera Grupo México’’, una vez que los diputados de todos los partidos corroboraron la semana pasada que la subsidiaria Buenavista del Cobre mintió sobre el origen del derrame y escondió el hecho al menos dos días.
La comisión especial de San Lázaro revela, en un documento de trabajo que servirá para elaborar el informe final que será entregado el 17 de septiembre a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que el tubo del cual se derramaron 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre ‘‘no ha sido arreglado’’, esto es, la fuga continúa.
Entre las propuestas incluidas en el documento que servirá de base del informe final, del que La Jornada tiene copia, se plantea constituir un fideicomiso tripartito entre el gobierno federal y estatal, así como Grupo México, para que puedan pagarse las indemnizaciones a 24 mil 48 habitantes afectados de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, Baviácora, San Felipe de Jesús y Ures.
Para la comisión, Grupo México, a través de su subsidiaria Buenavista del Cobre, ‘‘mintió desde un primer momento, ya que pasaron varios días en que tuvo conocimiento del derrame y no avisó a las autoridades correspondientes, dejó que se siguieran contaminando las aguas y después señaló que el derrame fue a causa de las lluvias, lo que fue desmentido por la Comisión Nacional del Agua (Conagia) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)’’.
El informe concluye que Grupo México y su subsidiaria Buenavista del Cobre ‘‘mostraron indolencia ante la magnitud del problema, por lo que pusieron y siguen poniendo en peligro a las poblaciones afectadas y no cabe la menor duda de que han incurrido en delitos en materia ambiental’’.
Los diputados de la comisión especial realizaron, la semana pasada, un sobrevuelo en helicóptero por la zona afectada: ‘‘Esta comisión especial detectó diversas irregularidades por parte del Grupo México, ya que durante el sobrevuelo en la región se observó que no se han realizado las reparaciones necesarias a la infraestructura de represos de lixiviados de la minera Buenavista del Cobre, los cuales ocasionaron el derrame de sustancias tóxicas’’.
El texto recuerda que el pasado 6 de agosto, debido a una falla en la tubería de salida de un represo de la mina, se provocó un derrame de más de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de cobre (CuSO4), arsénico, cadmio, cromo, mercurio y ácido sulfúrico en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora.
Al día siguiente, habitantes de la zona informaron a la Unidad de Estatal de Protección Civil del gobierno de Sonora de la coloración inusual del cauce, pero la empresa notificó el 8 de agosto vía telefónica y formalmente apenas el 12 de agosto.
‘‘Se constató que la empresa mintió al no informar del derrame e incluso fue sorprendida días después, de acuerdo con lo señalado por funcionarios federales, canalizando y bombeando las sustancias contaminantes al río’’, resalta el reporte.
La primera justificación de la minera fue que el derrame se ocasionó por lluvias atípicas, lo cual no ocurrió, como demostraron el Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua. Entonces, la compañía atribuyó el incidente a la ruptura de un tubo del represo construido por Terracería, Construcciones y Vías Férreas (Tecovifesa), compañía que participó en la obra del Acueducto Independencia, promovida por el gobernador panista Guillermo Padrés Elías.
La comisión refiere que en la reunión de trabajo con directivos de la empresa, éstos hicieron un diagnóstico preliminar del origen del derrame. ‘‘Lo atribuyen al contratista Tecovifesa, indicando que la empresa no soslayará su compromiso de reparar las afectaciones ambientales provocadas por el derrame’’.
Tecovifesa es propiedad de Miguel Ángel Ayala Guerrero, ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción.
La comisión comprobó ‘‘que para la magnitud del problema, en el lecho del río Sonora se observaron pocos trabajadores en labores de limpieza, además de que la arena que retiran del afluente la están llevando a una presa a cielo abierto junto a la minera Buenavista del Cobre, de Cananea’’.
Incluso, la comisión recomienda que ‘‘ante tales circunstancias la mina no debiera estar en operación, porque no sabemos dónde se están depositando los desechos tóxicos’’.
Como expresó hace unos días el presidente de la comisión especial, Marco Antonio Bernal (PRI), el reporte asegura que en el castigo ejemplar para Grupo México ‘‘lo que está en juego son las capacidades reguladoras y sancionadoras del Estado mexicano, y esta Cámara de Diputados está obligada a ponderar las herramientas jurídicas con las que se cuenta y, en su caso, ante la precariedad o ausencia de ellas, dotar al Estado del fundamento legal que se requiera para hacer efectivas sus capacidades reguladoras y sancionadoras’’.
Los diputados también se reunieron con funcionarios federales que fueron expulsados por Padrés Elías, luego de que éstos confirmaron que el gobernador construyó una represa para su uso personal.
En el encuentro participaron el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente, Jorge Andrés Suilo Orozco; el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Jorge Carlos Flores Monge; el delegado de la Secretaría de Agricultura, Horacio Huerta Ceballos, y el director del Organismo de Cuenca Noroeste de la Conagua, César Alfonso Lagarda Lagarda.
‘‘De la reunión con los delegados federales pudimos constatar que al momento del derrame, el material contaminante era de al menos 40 mil metros cúbicos, equivalente a 4 mil pipas; 5 mil hectáreas siniestradas; 24 mil personas afectadas; 35 pozos de agua potable cerrados y 320 de uso agrícola y ganadero. El impacto económico es aún incuantificable y merecerá un monitoreo por lo menos los próximos cinco años’’, describe la comisión.
Los diputados solicitaron a la Comisión Estatal de Protección Civil las actas del comité de emergencia; también lo hicieron al gobierno de Padrés Elías. ‘‘Al día de hoy no han sido entregadas’’, lamenta.
Señala que los funcionarios federales revelaron que el gobierno del estado ‘‘no ha explicado en función de qué se está indemnizando ni cómo se han cuantificado los daños, ni tampoco con qué recursos se está pagando a los pobladores afectados. Hacen falta acciones urgentes y estructurales, como el retiro de la arena contaminada que la empresa no ha realizado; solamente y por un día la empresa mandó a una cuadrilla en un kilómetro del cauce a echar cal; afirmaron que no han visto a nadie trabajando, por lo que la tarea estructural, que es la restauración ambiental, llevará años’’.

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Doblan las manos a Grupo México; crea fondo con 2 mil mdp para reparar daños en Sonora

Los desechos tóxicos en el río Sonora. Foto: Tomada de Twitter @loudeer
Los desechos tóxicos en el río Sonora.
Foto: Tomada de Twitter @loudeer
MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno federal le dobló las manos a Grupo México al anunciar hoy que el consorcio propiedad de Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del país, creará un fideicomiso con un fondo inicial de 2 mil millones de pesos para subsanar las afectaciones provocadas por el derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi.
En conferencia de prensa, en la que participaron también el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, detalló que las subsidiarias Buenavista del Cobre y la Operadora de Minas se comprometieron a reparar en su totalidad el daño por el derrame y a las personas afectadas, como lo anunció en la víspera el asesor de la presidencia del Grupo México, Horacio Sánchez Unzeta.
“En caso de que el monto de 2 mil millones de pesos no sea suficiente, las empresas Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras de Grupo México aportarán la cantidad adicional que se determine”, puntualizó.
Asimismo, el funcionario dijo que la reparación de los daños se llevará a cabo de manera inmediata, con base en los resultados que dé a conocer el Comité Técnico encargado de evaluar las reclamaciones que realicen las personas afectadas.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, comentó por su parte que el fideicomiso “no implicará recursos fiscales del gobierno”. Todo será aportado por Grupo México.
Y el titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Humberto Castillejos, explicó que los 2 mil millones de pesos no son el monto total del daño, se trata de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones.
“Esta obligación que asume la empresa va más allá de la ley federal de responsabilidad ambiental, porque se está incluyendo reparación de daños materiales”, dijo.
Castillejos indicó que Grupo México asumió la obligación de que “corregir procesos, corregir acciones, corregir formas de actuar para evitar cualquier daño a la población”.
Cancelan encuentro Osorio Chong-Padrés
Por la mañana, en declaraciones a Radio Fórmula, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, confirmó que este viernes se reunirá con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, para atender la contingencia generada por el desastre ecológico provocado por la mina Buenavista del Cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi.
La reunión se acordó luego de que Padrés solicitó apoyo al presidente Enrique Peña Nieto para enfrentar la crisis humanitaria que padecen alrededor de 23 mil personas de los municipios de Aconchi, Arizpe, Ures, Huépac, Banámichi, San Felipe de Jesús y Baviácora.
“Lo importante en este momento es atender a la gente del río Sonora, no es tiempo de estar litigando en los medios de comunicación; vamos tomándonos de la mano, no sólo para enfrentar la remediación, sino para abrir un frente común contra el principal responsable, que es Grupo México, puntualizó el gobierno estatal en un comunicado.
Sin embargo, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado por la tarde en la que confirma que dicho encuentro no se llevará a cabo “hasta en tanto no existan las condiciones necesarias para un diálogo constructivo y respetuoso”.
En la entrevista, Padrés Elías, quien en días pasados corresponsabilizó a los delegados estatales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del desastre ecológico, comentó que el problema de fondo es la contaminación de los ríos.
Y refirió que, como lo dijo ayer en un desplegado dirigido a Peña, Sonora y los afectados “nos necesitan unidos, trabajando hacia el mismo fin”.
Sobre la supuesta negligencia en que incurrieron los delegados federales de las dependencias señaladas, porque –según dijo el gobernador– no cumplieron con su responsabilidad de verificar la aplicación de las normas de funcionamiento de la mina Buenavista del Cobre, evitó entrar en polémica y manifestó que todo eso se tratará de forma institucional con Osorio Chong.
Respecto de su exigencia de destituir al titular de la Profepa, Guillermo Haro Belchez, así como a los delegados de esa dependencia, de la Semarnat y de Conagua, reconoció que es facultad del presidente de la República tomar la decisión de removerlos de sus cargos.
Ayer, en un desplegado al que tituló “Sonora alza la voz”, Padrés aseguró que los funcionarios federales encargados de prevenir y corregir el derrame tóxico de la mina de Grupo México “fallaron y le siguen fallando a los más de 23 mil sonorenses” que viven en las márgenes del Río Sonora.
Precisó que hay pruebas documentales y testimoniales en poder de los alcaldes de Cananea y Arizpe, y de habitantes de la región cercana a la mina, “que denunciaron meses antes el riesgo inminente de un derrame de tóxicos a los ríos Bacanuchi y Sonora, y no fueron escuchados, ni por Profepa, ni por Conagua, ni por Semarnat”.
Señaló además que tras el derrame, “estas instancias de su gobierno, específicamente los delegados, nos han dejado prácticamente solos a los sonorenses”.
En respuesta a esos señalamientos, el gobierno federal salió en defensa de sus funcionarios y le recordó a Padrés Elías que es decisión del Ejecutivo su designación.
“Es preciso enfatizar que el nombramiento y permanencia de los delegados federales en aquel estado (Sonora) es facultad exclusiva del presidente de la República y no del gobernador de aquel estado”, subrayó en conferencia de prensa Eduardo Sánchez Hernández, vocero del gobierno federal.
Y exhortó al mandatario estatal “a redoblar esfuerzos y colaborar con la Federación en beneficio de los sonorenses”.
Además, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, ordenó ayer una investigación para saber si la presa que se ubica en terrenos del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, cuenta con los permisos de construcción respectivos.
En conferencia de prensa, el funcionario federal precisó que se realizará una visita de inspección para saber si también hay afectaciones a terceros.
En caso de que no se cuente con los permisos o concesiones se actuará conforme a la ley para su clausura, subrayó Korenfeld, luego de que los delegados federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) acusaron al gobernador de Sonora de construir de manera ilegal una represa en el rancho Pozo Nuevo, propiedad de su familia.
El pasado miércoles 10, la Profepa interpuso una denuncia penal contra la minera Grupo México por la crisis ambiental que causó en Sonora.
“Hemos entregado ya a la PGR (Procuraduría General de la República) los dictámenes de todas las instituciones y dependencias involucradas”, confirmó el titular de la dependencia, Guillermo Haro.
En conferencia de prensa, señaló que la investigación indica que el derrame ocurrió por la falla de una contratista de la minera que no la supervisó. Y mencionó que el próximo lunes 15, de acuerdo con sus investigaciones, se podrían anunciar nuevas medidas de seguridad que pudieran implicar la clausura provisional o definitiva de otras instalaciones de la mina Buenavista del Cobre.
“La PGR informará de lo que resulte de la denuncia penal y de la probable responsabilidad (de los) directivos de la empresa”, expuso.
Haro sostuvo que entregaron los dictámenes de todas las instituciones y dependencias involucradas y también “el peritaje que confirma que el fallo en el llamado tubo, en la tubificación que presentó, y el derrame, se produjeron por una falla técnica, totalmente atribuible a la empresa contratista y a la propia minera, que tiene la obligación de revisar el trabajo de quienes están a su servicio”.
Agregó: “La Procuraduría General de la República está trabajando en los dictámenes, está tomando declaraciones y seguramente informará en su oportunidad de lo que resulte de la denuncia penal y de la probable responsabilidad de los presuntos responsables, directivos de la empresa”.

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Incriminan a mando policiaco y a tres colaboradores en agresión a periodista en Silao

PROCESO 


11 de septiembre de 2014
Destacado
La agresión a la reportera Karla Silva. Foto: Tomada de Facebook
La agresión a la reportera Karla Silva.
Foto: Tomada de Facebook
GUANAJUATO, Gto. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) incriminó hoy al director de Seguridad Pública del municipio de Silao, Nicasio Aguirre Guerrero, y a tres de sus subordinados en la agresión contra la reportera Karla Janeth Silva Guerrero el pasado jueves 4 en las oficinas del diario El Heraldo.
Carlos Zamarripa, titular de la dependencia, explicó que Aguirre Guerrero es el autor intelectual del ataque. El mando policiaco, quien fue escolta de la esposa del alcalde Benjamín Solís, y cuenta con estudios en Estados Unidos, no pudo ser detenido porque desde la noche del pasado miércoles desapareció.
Sin embargo, aclaró que ya se encuentran detenidos dos de los tres colaboradores que golpearon y amenazaron a la periodista. Uno de ellos fue identificado como Joaquín Osvaldo Valero Garnica y del otro no se dio a conocer su nombre.
El titular de la PGJE explicó en conferencia de prensa que los dos empleados de Aguirre Guerrero fueron detenidos en un operativo que incluyo la revisión de domicilios e instalaciones policiacas. Ambos fueron puestos a disposición del juez de control de oralidad, consignados por lesiones graves que ponen en peligro la vida y robo calificado.
En la conferencia, el funcionario mostró algunos de los objetos que fueron robados a Karla el día de la agresión.
Asimismo, destacó que cuentan con antecedentes penales por robo y narcomenudeo.
Sobre Nicasio Aguirre, dijo que cuando fungió como Policía Ministerial fue dado de baja de la corporación por perder su arma. “La sanción que se impone a quien pierde el arma es la separación de la institución”.
Zamarripa confirmó también que en los próximos días serán citados a declarar el presidente municipal de Silao, Benjamín Solís Arzola, y su director de Comunicación Social, Cruz Sánchez.
Solís Arzola comentó que desconocía los cargos que le imputan a su director de Seguridad Pública porque la PGJE no le había informado nada hasta ahora, y dijo que “esperará los resultados de las investigaciones”.
También declaró que ignoraba que Nicasio Aguirre fue despedido de la Policía Ministerial antes de encabezar la dirección de Seguridad Pública y explicó que su nombramiento fue porque pasó los exámenes de control y confianza requeridos.
Karla Janeth Silva deberá permanecer en reposo porque presenta un edema cerebral causado por golpes que recibió en la cabeza, y se encuentra bajo la protección de personal de la PGJE y la Secretaría de Seguridad Pública.

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Salvador Allende: La historia es nuestra y la hacen los pueblos


Hace 41 años, el 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado promovido por el imperialismo, derrocó al líder socialista chileno Salvador Allende, quien pagó con su vida la lealtad de un pueblo cuando la extrema derecha nacional e internacional, con el respaldo de la mayoría de las Fuerzas Armadas chilenas, cambió el rumbo de la historia en la nación suramericana.
Allende “asumió la rectitud de su destino, desde su primera vocación hasta la arribada de la muerte” describió el poeta cubano José Lezama Lima.
El golpe causó la muerte de más mil personas, entre detenidos, desaparecidos, torturados y ejecutados políticos, en 17 años de dictadura de Augusto Pinochet.
Aquel 11 de septiembre, desde tempranas horas, Salvador Allende, desde el Palacio de La Moneda se comunicó con el pueblo a través de Radio Corporación y Radio Portales, enviando mensajes de llamado a la calma y a mantenerse movilizados, en sus puestos de trabajo, atentos a su llamado.
En su último discurso realizado aproximadamente a las nueve de la mañana, Allende, agradeció la lealtad a los trabajadores, a la mujeres, a los profesionales por haber creído y depositado en él la confianza para dirigir la nación hacia el socialismo.
“Ante estos hechos sólo me cabe decir a los trabajadores: ¡Yo no voy a renunciar! Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente”.
“Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”, vaticinó.
“En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección: el capital foráneo, el imperialismo, unidos a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición”, dijo para referirse a la conjura en su contra por parte de la burguesía, “Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios”.
Hoy, 11 de septiembre, como lo recordó el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en 2012, “para un revolucionario, un bolivariano, es imposible que esta fecha pase sin reflexionar, sin levantar las banderas de la victoria por el pueblo chileno (…) Lo que está ocurriendo en América Latina reivindica a Allende ¡Que viva Allende y que viva el socialismo!”
AVN 

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Siria califica de contradictorias las políticas antiterroristas de Obama


El Gobierno sirio criticó la estrategia anunciada por el presidente de Estados Unidos para luchar contra el grupo armado Estado Islámico (EI), y consideró que Washington “no es serio en la lucha contra el terrorismo”.
En un comunicado publicado en la agencia de noticias oficial siria, Sana, el gobierno de Bashar al Assad calificó de “contradictorias” las políticas de Obama, ya que al tiempo que autoriza los bombardeos contra el EI está dispuesto a armar a la oposición siria, a la que Damasco califica de “terrorista”.
De esta manera, las autoridades sirias reaccionaron al discurso pronunciado anoche por Obama, cuando anunció que su país atacará al EI en Siria y ampliará su campaña en Irak con una ofensiva “implacable” para destruir el grupo “donde quiera que esté”.
El mandatario también se comprometió a entrenar a la oposición siria como aliado clave en su campaña.
En la nota, difundida por la citada agencia, el gobierno aseguró que “la oposición ‘moderada’, como Obama la describe, no son más que criminales como los terroristas del EI”.
“Por sus políticas y actitudes contradictorias, Washington está demostrando que no es serio en la lucha antiterrorista. Por un lado, declara la guerra como parte de ella (la lucha antiterrorista), y por otro insta a armar a la otra parte”, lamenta el texto.
El gobierno sirio subrayó que las políticas de Estados Unidos, que en su opinión impulsaron el terrorismo en la región y en Siria, suponen el obstáculo principal para hallar una solución clara a la crisis regional.
Asimismo, se quejó de que el Gobierno estadounidense dice que va a luchar contra el terrorismo y al mismo tiempo ordena a sus servicios secretos enviar dinero y armas a los “terroristas internacionales que se infiltran desde Turquía, Jordania y Líbano para combatir y expandir el caos en Siria”.
Hasta ahora, el comunicado de Sana, que suele reflejar los puntos de vista de las autoridades, es la única reacción del gobierno sirio al plan de Obama.
El EI proclamó a fines de junio un califato en Irak y Siria, donde tomó amplias partes del territorio.
En agosto, el ministro sirio de Exteriores, Walid al Mualem, indicó que su país permitiría a Estados Unidos atacar al EI en su territorio, siempre y cuando fuera “en coordinación previa” con las autoridades de Damasco, según recordó la agencia de noticias EFE.
De lo contrario, advirtió Al Mualem, cualquier medida al margen de un acuerdo con las autoridades sirias se considerará una “agresión” ante la que su país no permanecerá impasible.
Telam 

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Casi dos de cada tres franceses quieren que Hollande dimita


Casi dos de cada tres franceses quieren que su presidente, François Hollande, dimita de su cargo, si bien prácticamente la misma cifra no ve probable que lo haga antes de que expire su mandato en 2017, según un sondeo realizado por Ifop para ‘Le Figaro Magazine’ publicado este jueves.
Así, el 62 por ciento de los consultados desean que Hollande abandone el Elíseo antes de que termine su mandato, mientras que el 61 por ciento creen que no lo hará pese a la delicada situación en la que se encuentra.
Preguntados por las perspectivas que tiene ante sí el presidente antes de terminar su mandato, la dimisión es la opción favorita, mientras que el 54 por ciento se decanta por la disolución de la Asamblea Nacional y el 41 por ciento por relevar al primer ministro, Manuel Valls.
La dimisión de Hollande es la opción favorita entre los votantes del Frente Nacional, con un 89 por ciento, y de la UMP, un 88 por ciento, mientras que solo el 23 por ciento de los simpatizantes del Partido Socialista quieren que el mandatario renuncie.
Hollande, con una popularidad en mínimos, se vio obligado el mes pasado a remodelar su gabinete ante la rebelión del entonces ministro de Economía, Arnaud Montebourg, que criticó abiertamente las políticas de austeridad acometidas por el presidente socialista y su primer ministro.
Esta misma semana, en una entrevista concedida al ‘Nouvel Observateur’ ha dejado claro que “ningún sondeo, ninguna agitación política me hará partir”.
El sondeo ha sido realizado sobre una muestra de 1.002 personas entre el 8 y el 9 de septiembre.
EP 

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Argentina gana batalla en la ONU: regularán reestructuraciones de deuda


La Asamblea General de la ONU adoptó el martes una resolución impulsada por Argentina y con el aval de los G77+China para redactar un marco legal que regule las reestructuraciones de deuda soberana, en medio de la batalla por esta cuestión entre Buenos Aires y fondos especulativos.
La resolución titulada “Hacia el establecimiento de un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana” fue aprobada por 124 votos a favor, 11 en contra (entre ellos Estados Unidos) y 41 abstenciones en una reunión de la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
El texto resuelve “elaborar y adoptar a través de un proceso de negociaciones intergubernamentales, con carácter prioritario durante la 69º sesión (de la Asamblea General), un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana con miras a, entre otras cosas, aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional”.
Para Argentina, que empuja la iniciativa a través del Grupo de los 77 más China presidido actualmente por Bolivia, se trata de un apoyo internacional en su enfrentamiento contra los fondos especulativos que le ganaron un juicio en Estados Unidos por bonos de deuda impaga desde 2001.
Estos fondos, calificados de buitre por Buenos Aires, han logrado que el juez federal Thomas Griesa bloquee pagos al 93% de bonistas que aceptaron entrar en las reestructuraciones en 2005 y 2010 de la deuda argentina, llevando al país a un default parcial el pasado 30 de julio.
“El esfuerzo de un Estado por reestructurar su deuda soberana no debe ser frustrado o impedido por acreedores comerciales, incluyendo fondos de inversión especializados como los fondos de riesgo”, indica la resolución, que en sus cuatro páginas no menciona a Argentina.
AFP 

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EEUU planeó dar asilo a Pinochet ante el temor de una revuelta popular


Documentos desclasificados en Estados Unidos y que permanecían bajo censura hasta ahora evidenciarían que Washington habría planteado la posibilidad de brindar asilo al dictador Augusto Pinochet, según informa el diario chileno ‘El Mercurio’.
Estos documentos confirmarían igualmente la historia, tantas veces comentada en reportajes e investigaciones periodísticas, por la que Estados Unidos alertó al gobierno militar de Pinochet sobre la existencia de los arsenales acumulados por el grupo paramilitar comunista Frente Manuel Rodríguez (FMR) descubiertos en 1986 en Carrizal Bajo.
Estados Unidos habría planeado ofrecer refugio diplomático al dictador ese mismo año, para dar salida a la incertidumbre política y dado el auge de luchas sociales que desde Washington se percibía en Chile, sacudido por masivas protestas opositoras.
“Una posibilidad es ofrecerle asilo a (Augusto) Pinochet: ofrecerle que viaje a EEUU y deje el poder” reveló Loreto Daza, investigadora de los antecedentes desclasificados por la Administración Nacional de Archivos de EEUU, en declaraciones a la cadena Canal 13.
Los datos conocidos ahora mencionan varias reuniones sostenidas ese año por el general John Galvin, jefe del Mando Sur de Estados Unidos, con dirigentes de la dictadura y representantes de la Iglesia Católica.

Washington planeó el Golpe contra Allende

El director del Chile Documentation Project del National Archive de la Universidad George Washington, Peter Kornbluh, presentó en 2010 más de 20.000 documentos desclasificados que confirman que EEUU intervino en el golpe de Estado que en 1973 Augusto Pinochet le propinó al presidente chileno, Salvador Allende.
Los documentos, un conjunto de bases de datos, fueron donados al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en Santiago.
Entre los archivos, ahora a disposición del Museo, se encuentran el caso de los quemados, en donde se constata que el ex dictador chileno rechazó en los años 80 un documento en el que Carabineros (policía de Chile) se responsabilizaba por el asesinato de dos jóvenes.
También se hallan textos sobre los planes de Pinochet para llevar un derramamiento de sangre, después de presentarse el plebiscito en el año 1988, junto a transcripciones de conversaciones del secretario de Estado norteamericano, para aquel entonces, Henry Kissinger.
Kornbluh, calificó al ex secretario de Estado estadounidense como el arquitecto y supervisor para sacar al presidente constitucional de Chile, Salvador Allende.
LibreRed 

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