jueves, 2 de octubre de 2014

SME Martín Esparza Marcha Conmemorativa 2oct14

2 de Octubre NO SE OLVIDA. Conmemoración de la Matanza de Tlatelolco

Hoy, mención especial a Álvarez Garín en marcha del 2 de octubre






jue, 02 oct 2014 09:56

México, DF. Esta tarde, estudiantes y miembros de diversas organizaciones sociales participarán en la “marcha histórica” por el 46 aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, para exigir justicia por esos hechos.
Encabezados por el Comité 68 –formado por ex participantes en el movimiento estudiantil de aquel año y que han venido exigiendo justicia por esos hechos–, la movilización iniciará a las 16 horas en la Plaza de las Tres Culturas y se dirigirá hacia el Zócalo de la Ciudad de México por el Eje Central Lázaro Cárdenas.
Por ello, edificios y negocios del Eje Central y del Centro Histórico fueron resguardados con vallas metálicas, para evitar posibles daños.
Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana, Autónoma de la Ciudad de México, de la Escuela NAcional de Antropología e Historia, de instituciones privadas y de otros estados se sumarán a los diferentes contingentes.
La movilización concluirá con un mitin en el Zócalo capitalino donde una vez más se exigirá justicia y castigo para los responsables de este crimen suscitado durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, por lo que cada año los manifestantes han señalado como uno de los responsables al entonces secretario de Gobernación y posteriormente titular del Ejecutivo federal, Luis Echeverría Álvarez.
Se prevé que también se hará una mención especial a Raúl Álvarez Garín, quien falleció la semana pasada y quien fue ex líder del Consejo Nacional de Huelga en 1968, “preso político” en la antigua cárcel de Lecumberri, fundador del Comité 68 y luchador social de izquierda que siempre peleó por la justicia para los llamados crímenes del pasado. 

Sólo se levantará el paro si cumplen el pliego petitorio, dicen politécnicos en la UNAM

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Estudiantes del IPN realizaron un mitin informativo junto a la rectoría de la UNAMFoto Carlos Ramos Mamahua
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Jueves 2 de octubre de 2014, p. 42
El paro en las escuelas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tiene carácter indefinido y sólo se levantará hasta que las autoridades gubernamentales resuelvan todos los puntos del pliego petitorio, aseguraron estudiantes de esa institución académica.
Al encabezar un mitin informativo en la explanada Javier Barros Sierra de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a fin de dar a conocer a la comunidad universitaria las acciones que han desarrollado desde que inició el movimiento, los jóvenes politécnicos –quienes se oponen al nuevo reglamento interno y a la modificación de los planes de estudios en algunas de sus escuelas– agradecieron el apoyo y solidaridad de sus compañeros de la máxima casa de estudios.
Ante unos 200 alumnos que acudieron a la convocatoria, los politécnicos enfatizaron que el hecho de que ayer el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, haya dialogado con ellos y prometido que este viernes entregará una respuesta a los 10 puntos del pliego de demandas no resuelve el conflicto.
Al grito de Poli, UNAM, unidos vencerán, varios estudiantes del IPN informaron que si el jefe del gabinete presidencial no da una respuesta satisfactoria a sus demandas –que se le entregaron personalmente el martes tras una multitudinaria marcha que partió del Casco de Santo Tomás y culminó en Gobernación–, el paro seguirá.
Carlos Macías, quien asistió en nombre de las escuelas politécnicas del Casco de Santo Tomás, dijo que un hecho que provocó la ira de la comunidad fue que la directora general del IPN, Yoloxóchitl Bustamante Díez, declarara que el movimiento de los jóvenes tenía injerencia externa. “Eso duele en el alma, pero aquí está mi credencial –mostrándola con su mano en todo lo alto– para decirle que somos estudiantes”.
El joven –quien aclaró que no es representante ante la Asamblea General Politécnica– apuntó que con las políticas impulsadas por Bustamante Díez se vulneran los derechos de la comunidad politécnica y se perjudica la formación académica del estudiantado, por ello aseveró que los alumnos de esta institución prefieren perder tres días, una semana o un mes de clases, a recibir cátedras mediocres y limitadas.
Alan, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, destacó que los miles de participantes en la marcha del martes mostraron su conciencia y la capacidad de movilizarse respetuosa y pacíficamente. Agradeció además el apoyo de los universitarios, porque si se alzan las dos escuelas más importantes del país, se sumarán todas las demás.
Los estudiantes de la UNAM, por su parte, manifestaron su apoyo a la lucha del IPN y dijeron que el de ayer fue un acto simbólico para tender un puente entre ambas comunidades. Asimismo, llamaron a frenar los intentos por tecnificar la educación superior.
Estudiantes de escuelas del Casco de Santo Tomás informaron que aun cuando la Asamblea General Politécnica aprobó participar en la marcha del 2 de octubre, ellos no acudirán, pero conmemorarán los hechos de Tlatelolco de hace 46 años con varias actividades nocturnas este jueves.
Al acto también se sumaron estudiantes del Comité de Lucha Estudiantil del Politécnico, quienes señalaron que el grupo que el lunes pasado pidió audiencia en Gobernación no pertenece a su organización.

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Intenso debate en el IPN previo a la reunión con Osorio Chong

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La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (Upiicsa) es una de las escuelas del IPN que se mantienen en paro de labores en espera de que la Secretaría de Gobernación brinde respuesta a su pliego petitorioFoto Alfredo Domínguez
Arturo Sánchez Jiménez
 
Periódico La Jornada
Jueves 2 de octubre de 2014, p. 41
Alumnos de todas las escuelas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) –que permanecen cerradas– se reunieron ayer en una asamblea que se llevó a cabo en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Culhuacán, donde discutieron su participación en las movilizaciones de este 2 de octubre, además de que planearon la reunión que sostendrán el viernes a las tres de la tarde con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien dará respuesta a su pliego petitorio de diez puntos.
Los organizadores de la asamblea aplicaron severas medidas de seguridad, por lo que no se permitió el acceso de los medios de comunicación y hasta el cierre de esta edición continuaban debatiendo los puntos de la agenda, sin que se emitiera algún comunicado de prensa o trascendiera alguna decisión de los representantes estudiantiles.
Algunos alumnos del IPN han mencionado que no es conveniente participar en la marcha conmemorativa de la masacre del 68, porque piensan que de asistir pueden ser objeto de provocaciones, las cuales enturbiarían la imagen del movimiento politécnico, en cuyas movilizaciones no se han registrado incidentes de violencia y han sido ordenadas. Sin embargo, otros estudiantes consideran que si se participa con disciplina y organización, las provocaciones no serán un peligro.
Dos representantes por escuela
Dos representantes de cada escuela fueron convocados a participar en esta reunión, cuya fecha y lugar de realización fueron diferentes a los acordados en la sesión del domingo pasado de la Asamblea General Politécnica: el lunes 6 de octubre en la Escuela Superior de Ciencias Biológicas. En aquella ocasión también había sido aprobada la participación del IPN en las movilizaciones de hoy, con un contingente que encabezaría la marcha.
Los estudiantes anfitriones de la ESIME Culhuacán montaron un dispositivo de seguridad que retrasó el ingreso de los representantes estudiantiles y el inicio de los trabajos. Únicamente se permitió el acceso a alumnos con credencial, quienes, después de registrarse en listas preparadas para tal fin, eran revisados. Incluso se inspeccionó el contenido de sus mochilas.
Paralelamente a la asamblea, en la que únicamente estuvieron presentes estudiantes del IPN, se llevó a cabo en la misma sede un foro informativo en el que participaron algunos estudiantes de otras universidades, como la Nacional Autónoma de México (UNAM), la Autónoma Metropolitana (UAM) y la Pedagógica Nacional (UPN).
La realización de este Foro Central de Información sí había sido acordada en la tercera Asamblea General Politécnica, realizada en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Zacatenco.
En este foro se explicó y analizó el movimiento estudiantil que comenzó en la ESIA por la oposición a la aplicación de nuevos planes de estudio, que los estudiantes consideran lesivos, y que se transmitió a otras unidades educativas, cuando el Consejo General Consultivo del IPN aprobó una reforma al Reglamento Interno de la institución entre la noche del martes 23 y la madrugada del miércoles 24 de septiembre.
También se analizaron las modificaciones realizadas a la mencionada normativa, que es la segunda legislación en importancia dentro del Poli, sólo por debajo de su Ley Orgánica.
Por otra parte, los alumnos que mantienen tomadas instalaciones de distintas escuelas del IPN se han organizado junto con sus compañeros para hacerse de víveres y enseres para poder pasar ahí la noche. En algunos planteles hay letreros en los que se informa de las necesidades de agua y alimentos para quienes sostienen los paros de labores.
Desde la tarde del martes y durante el día de ayer circularon diferentes versiones que indicaban que la directora general del IPN, Yoloxóchitl Bustamante Díez, habría renunciado a su cargo. Sin embargo, la información oficial tanto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), como del IPN es que esto no ha ocurrido.
Por la noche se informó que alumnos de la UAM-Xochimilco, en solidaridad con los politécnicos, realizarán un paro de labores esta mañana.


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Desde 2010, protestas contra las reformas de Yoloxóchitl Bustamante

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Estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo tomaron el plantel en apoyo a sus compañeros del IPN y en protesta por el asesinato de tres normalistas de Guerrero y la desaparición de otros 43Foto Alfredo Domínguez
De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Jueves 2 de octubre de 2014, p. 42
El rechazo estudiantil a los proyectos de modificación del Reglamento General de Estudio y el impulso a un nuevo modelo educativo en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) no es reciente.
Desde 2010, durante el primer año de gestión de Yoloxóchitl Bustamante Díez como directora general de esa casa de estudios, miles de alumnos rechazaron la aplicación de las llamadas salidas laterales para la entrega de títulos de técnicos superiores universitarios.
Además, exigían la salida de la policía bancaria de las instalaciones politécnicas, la no aplicación de la Reforma Integral de la Educación Media Superior y garantizar la gratuidad de la educación que se imparte en el IPN.
En mayo de ese año, a pocos meses de haber asumido el cargo, Bustamante Díez enfrentó protestas en esa casa de estudios ante la inminente aplicación del nuevo Reglamento General de Estudios.
Debido a que la propuesta se presentó pocas semanas antes del fin de cursos y sin consulta a la comunidad, hubo un rechazo del estudiantado, así como de sectores docentes y de trabajadores.
En ese contexto, las autoridades del IPN decidieron realizar una sondeo con los estudiantes, medida que fue cuestionada, pues en un primer momento sólo se abrió por una semana, lo que fue considerado por amplios sectores de estudiantes como insuficiente para hacer una verdadera consulta en cada escuela.
Tras un segundo proceso de dos semanas, los alumnos denunciaron que no hubo tiempo suficiente para participar en la consulta y mucho menos para que los responsables de la propuesta pudieran procesar 45 mil cuestionarios de respuesta.
Por ello, fue hasta junio de 2011 cuando se aprobó finalmente el nuevo Reglamento General de Estudios, aunque con la oposición de un sector del estudiantado, que nuevamente se movilizó en octubre de 2012 para frenar un recorte de 156 millones de pesos a las finanzas politécnicas y rechazar la reforma laboral.
El 5 de octubre de ese año, más de 25 mil alumnos se sumaron al paro en el Casco de Santo Tomás, a fin de garantizar mayor inversión para los laboratorios y talleres, pero también con la exigencia de democratización de la institución y de los procesos para la elección de autoridades.
Los estudiantes demandaron a Bustamante Díez realizar las negociaciones al más alto nivel para garantizar que la secretaría de Hacienda y Crédito Público no aplicara dicho recorte al IPN, que finalmente recibió una transferencia por ese monto.

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Organizaciones sociales exigen presentación con vida de normalistas desaparecidos

Una mujer en espera de información sobre los normalistas desaparecidos en Guerrero. Foto: José Luis de la Cruz
Una mujer en espera de información sobre los normalistas desaparecidos en Guerrero.
Foto: José Luis de la Cruz
México D.F., (apro).- Más de 70 organizaciones sociales agrupadas a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado fin de semana.
Además, consideraron que los hechos ocurridos en Iguala “son tan sólo una prueba del clima de violencia e impunidad que reina en el país, y de la ineficiencia de una política de seguridad con perspectiva de derechos”.
En la víspera de la conmemoración del 46 aniversario la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, la Red TDT llamó a los organismos públicos de derechos humanos llamaron a desplegar “un operativo especial de observación” durante el evento ante el contexto de violencia institucional contra los movimientos sociales.
Por su parte, el Frente por la Libertad de Expresión, de la que forman parte algunas organizaciones de la Red TDT y otras organizaciones, anunció que acompañara a los manifestantes en su marcha, y pidió a las comisiones de derechos humanos nacional y capitalina emitir medidas precautorias para que las procuradurías General de la República y General de Justicia del DF, así como a la Secretaría de Seguridad Pública del DF y a la Policía Federal, “garanticen el libre ejercicio de los derechos humanos de protesta, manifestación pública, de expresión, de asociación, además de respetar los derechos de movilidad, de libertad, de seguridad e integridad personales de los asistentes a las movilizaciones” de este jueves.
En un comunicado firmado por 74 organizaciones sociales de 22 entidades del país se da cuenta de los hechos violentos contra normalistas y ciudadanos de Iguala, Guerrero el pasado 26 de septiembre, los cuales, advierten, son muestra “de la gravedad de la crisis humanitaria que enfrenta el estado Guerrero y de la descomposición de sus fuerzas policiales”.
Tras una narrativa de la secuencia de ataques en los que fueron ejecutados extrajudicialmente tres estudiantes, y otras tres perdieron la vida entre ellas un menor de edad, así como 20 heridos, uno de ellos un normalista con muerte cerebral y 43 desaparecidos, de entre 17 a 25 años, las organizaciones urgieron a la localización de los estudiantes no localizados, incluidos aquellos que fueron detenidos por policías municipales y no fueron puestos a disposición de autoridades competentes.
Al reconocer la detención de 22 policías municipales, las organizaciones condenaron “estos actos de barbarie, que son pruebas fehacientes de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes de la Normal Rural isidro Burgos de Ayotzinapa”, e insistieron en la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.
“Es urgente que las autoridades estatales y federales lleven a cabo acciones coordinadas extraordinarias para localizar a los jóvenes desaparecidos, especialmente ante el reconocimiento de las detenciones por actores estatales”, apuntaron las organizaciones en su comunicado.
Exigieron a las autoridades estatales y federales que “garanticen de manera inmediata la seguridad e integridad de los 43 estudiantes desaparecidos, se presenten con vida a la brevedad, y se garanticen el derecho a la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de esta masacre y sus familiares, así como la atención integral, médica y psicológica de los estudiantes heridos y de los que interpusieron denuncias”.
Preocupadas por el “clima de violencia e impunidad que reina en el país”, las organizaciones civiles exigieron “castigo a los responsables por acción y omisión por esta masacre en el que la ejecución extrajudicial y la desaparición se utiliza como método de control social contra la población estudiantil, por exigir sus derechos”.
Frente a ese escenario represivo hacia los estudiantes y en el contexto de las movilizaciones sociales para recordar la matanza del 2 de octubre de 1968, la Red TDT hizo un llamado a los organismos públicos estatales y nacionales de derechos humanos a desplegar un operativo especial de observación.
Asimismo recordaron la obligación del Estado mexicano de dar garantías de seguridad para los defensores de derechos humanos para realizar su labor de acompañamiento a víctimas y anunciaron que estarán pendientes de la situación de estudiantes desaparecidos así como de las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
En tanto las organizaciones integradas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, así como el Comité Jurídico y de Derechos Humanos 132 y el Colectivo del Tribuno Popular, pidieron a las comisiones de derechos humanos nacional y del DF medidas cautelares para que autoridades federales y de la Ciudad de México garanticen los derechos de los manifestantes de las movilizaciones de este jueves 2, y que serán monitoreadas por el Frente.
En un comunicado informaron también de la presentación de 20 demandas de amparo “en contra de disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal que imponen la obligación de aviso previo por escrito con al menos 48 horas antes de una manifestación, prohíben de manera absoluta el uso de vías primarias y habilitan facultades discrecionales a la policía para el uso de la fuerza”.
Los amparos que representan a 14 mil personas, entre ellas miembros de sindicatos, colectivos estudiantiles, periodistas y organizaciones de derechos humanos, han tenido respuesta en los juzgados federales.
Señalaron que “en días recientes, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal concedió dos suspensiones provisionales que protegen a colectivos estudiantiles contra estas disposiciones hasta que se resuelvan los juicios correspondientes”, lo que consideran como “un precedente importante en la protección del derecho a la protesta” en la capital de la república.
Al recordar que del primero de diciembre de 2012 y diciembre de 2013, como resultado de manifestaciones sociales en la ciudad, fueron privados de la libertad por lo menos 294 jóvenes, los integrantes del Frente exhortaron a la SSP-DF “a abstenerse de aplicar el Protocolo de Actuación Policial para el control de Multitudes, ya que además de legitimar el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública, contempla disposiciones que contravienen el principio de presunción de inocencia, el derecho a la libertad y seguridad personales, e impone restricciones injustificadas al derecho a la manifestación pública y a la protesta social”.

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Testigos del caso Tlatlaya fueron presionados para favorecer a militares

PROCESO 


1 de octubre de 2014
Nacional
Las huellas de la masacre en Tlatlaya. Foto: Agencia MVT
Las huellas de la masacre en Tlatlaya.
Foto: Agencia MVT
MÉXICO, D.F., (apro).- Pablo Ferri, reportero de la revista Esquire, denunció que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México presionó a testigos de la masacre en Tlatlaya para que brindaran una versión que favorecía a los militares.
“Nos parecería sospechosa cualquier declaración que se filtre (de las testigos)… expresiones tipo ¿en qué habíamos quedado?, de una funcionaria de la Procuraduría del Estado de México, o eso no sirve”, narró en entrevista con la periodista Carmen Aristegui para la cadena CNN.
En la misma emisión, Eduardo Castillo, editor de la agencia de noticias AP, enfatizó que los militares involucrados en la matanza son parte del 102 batallón de infantería de la 22 Zona Militar, en San Miguel Ixtapan, en el suroeste del Estado de México, con antecedentes de agresiones.
En diciembre del año pasado, integrantes de dicho batallón balearon a cuatro empleados del municipio de Arcelia, Guerrero, incluido el director y el subdirector de transporte municipal.
Aristegui entrevistó a en su programa a Ferri y Castillo, representantes de los medios que dieron la primicia del asesinato extrajudicial cometido por militares contra 22 personas el 30 de junio pasado en la comunidad San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México.
En un principio, el Ejército aseguró que se trató de un enfrentamiento; sin embargo, las investigaciones de dichos medios revelaron que en realidad se trató de un fusilamiento.
Esta mañana, el noticiero de MVS conducido por Aristegui reprodujo el testimonio de “Julia”, quien vio el fusilamiento:
“¿El Ejército dijo que había habido un enfrentamiento y que en el enfrentamiento murieron 22 personas dentro de la bodega que estaba en San Pedro Limón, eso es verdad? ¿Cuál enfrentamiento? ¿Vale, cuál es la verdad entonces? No fue así, yo sé que no”.
“(Los militares decían) No que muy machitos hijos de su puta madre, no que muy machitos, así les estaban diciendo los militares a los muchachos, y pues todos salieron, todos salieron, sí se rindieron, definitivamente sí se rindieron”.
“Yo les decía que no, que no lo hicieran, que no, que porqué lo hacían, ellos dijeron que esos perros no merecen vivir así”.

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En Tlatlaya se cometieron por lo menos 10 homicidios dolosos: funcionarios de PGR

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Aspecto de la bodega en Tlatlaya, estado de México, en la que fueron abatidos presuntos secuestradores. Imagen captada el 30 de junio, horas después de los hechosFoto Agencia MVT
Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Jueves 2 de octubre de 2014, p. 7
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene indicios suficientes de que el pasado 30 de junio, tras un enfrentamiento en una bodega de Tlatlaya, estado de México, que duró unos ocho minutos, varios militares privaron de la vida a por lo menos una decena de presuntos secuestradores después de que éstos resultaron heridos y ya se habían rendido, informaron funcionarios federales.
Hay dictámenes en criminalística de campo y en medicina forense que hemos podido adminicular (agregar) debidamente a las declaraciones de los militares sujetos a proceso (en el fuero castrense). También encontramos contradicciones en los testimonios de los participantes (de ocho integrantes del Ejército), lo que nos arroja luces sobre la probable comisión de al menos 10 homicidios dolosos, entre otras conductas graves, afirmó un fiscal de la PGR que pidió el anonimato.
A decir de los funcionarios consultados, la procuraduría ejercitó acción penal contra los ocho militares, tres de ellos por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, y los otros cinco por encubrimiento y falsedad en declaraciones.
Según las fuentes consultadas, los imputados modificaron la escena del delito y después de al menos dos horas dieron parte a las autoridades del estado de México con el fin de que acudieran a ese sitio para efectuar los primeros peritajes en criminalística forense.
El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, acompañado del procurador de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez, anunció ayer que la dependencia a su cargo tenía elementos de prueba para imputar los delitos de homicidio calificado a por lo menos tres efectivos castrenses.
Según Murillo Karam, los militares que acudieron a la detención de los presuntos secuestradores fueron atacados al llegar al lugar de los hechos, en virtud de lo cual abrieron fuego.
De acuerdo con el reporte oficial, después de al menos ocho minutos de enfrentamiento, los ocho militares, encabezados por un teniente, repelieron la agresión, aunque después de contenerla ingresaron al inmueble y allí privaron de la vida a varios integrantes del grupo criminal pese a que se habían rendido.
El ejercicio de la acción penal implica que los militares detenidos deberán enfrentar proceso por delitos graves, por lo que no podrán obtener la libertad provisional bajo caución.
La PGR solicitará en las próximas horas diversas órdenes de cateo en domicilios de los ahora detenidos, con el fin de tratar de acreditar diversos medios de prueba por la probable responsabilidad de los imputados en los delitos mencionados.
En su edición del pasado viernes, La Jornada publicó que al menos 14 de las 22 personas ultimadas en Tlatlaya fueron colocadas a menos de un metro de las paredes de una bodega y los militares les dispararon a corta distancia.
El diario recogió en su edición de ese día la opinión del criminólogo José Luis Mejía Contreras, quien aseveró que los disparos tuvieron que haber sido a mansalva, es decir, que se les ejecutó.

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Jubilados franceses marchan contra congelación de las pensiones


Los jubilados franceses salieron a la calle una vez más este miércoles para protestar por las políticas capitalistas impuestas por el Gobierno de François Hollande, que entre otras medidas, se encuentra la congelación de las pensiones.
El Ejecutivo ha vuelto a congelar las pensiones hasta octubre de 2015 y la pérdida de poder adquisitivo lleva a muchos pensionistas a estar por debajo del umbral de la pobreza.
Muchos de estos pensionistas se ven obligados a tener que renunciar a cuidados médicos por no poder pagarlos y el recorte de 3.200 millones de euros en el presupuesto destinado al seguro médico augura muchas más dificultades para estos hombres y mujeres.
La clase obrera francesa acusa al Gobierno de acabar con sus derechos al mismo tiempo que gobierna para los intereses del gran empresariado.
Los beneficios de las sociedades que cotizan en la Bolsa de París (capital francesa) alcanzan niveles históricos, como histórico es el nivel de pobreza en Francia, que afecta a más de 8,5 millones de franceses entre los que se encuentran cientos de miles de pensionistas.
HispanTV 

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Ejército ucraniano bombardea una escuela y asesina a 10 personas en Donetsk

Uno de los heridos en los bombardeos de este miércoles en Donetsk llega al hospital.
Al menos 10 personas fueron asesinadas este miércoles en la ciudad de Donetsk que, pese al alto el fuego, fue bombardeada por el Ejército ucraniano al servicio del Gobierno golpista y fascista de Kiev.
Uno de los obuses cayó en el patio de una escuela, matando a cuatro personas, entre ellas, el padre de un alumno y un profesor del centro, según explicaron los testigos.
Por el momento, no se tiene noticia de que hayan alumnos muertos. Otro de los proyectiles impactó en un taxi colectivo, causando la muerte a seis personas que viajaban en su interior. El ataque se produjo justo el día en que los niños volvían a la escuela y en muchos centros se abría el curso con festivales infantiles en el patio.

Donetsk, bastión antifascista

El de este miércoles es el balance más trágico de víctimas en Donetsk, el principal bastión de las milicias populares antifascistas, desde que se declaró un alto el fuego que no se está respetando sobre el terreno.
Pese al alto el fuego, las tropas ucranianas intentan doblegar las defensas de las milicias en Donetsk.
LibreRed 

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Nuevo jefe de la OTAN aprobó bombardear Afganistán y Libia cuando era premier noruego

El exprimer ministro noruego Jens Stoltenberg (d), futuro secretario general de la OTAN, junto a Anders Fogh Rasmussen, quien ocupa de momento el cargo, el 8 de mayo de 2013 en Oslo
Jens Stoltenberg, economista de 55 años y ex primer ministro noruego, tiene un claro perfil neoliberal y belicista.
Curiosamente, el nuevo secretario general de la OTAN militó durante su juventud contra la Alianza y la Comunidad Europea, dos organizaciones a las que luego apoyó.
En 1985, tomó las riendas de la Juventud Laborista, que preconizaba una salida de Noruega de la OTAN. Pero fue bajo su mando cuando el movimiento dio un giro y empezó a apoyar la Alianza Atlántica.
“Pareciera que sus ideas de izquierda se diluyeron con el tiempo”, lamentó en marzo, al conocerse su nombramiento, un editorialista del Wall Street Journal.
Jens Stoltenberg, casado y padre de dos niños, nació en una familia imbuida en la política. Su padre fue ministro de Defensa y luego de Relaciones Exteriores y su madre, secretaria de Estado.
En 1991, fue elegido diputado, ministro de Energía y luego de Finanzas. En 2000, con 41 años apenas cumplidos, se convirtió en el jefe de gobierno más joven de Noruega. Un puesto que ocupó brevemente pero que volvería a conquistar entre 2005 y octubre pasado.
Bajo sus mandatos, este reino nórdico participó en la guerra de Afganistán y en los bombardeos contra Libia. Además, Stoltenberg recibió duras críticas por parte del sindicalismo debido a sus políticas privatizadoras.
Cabe recordar que Noruega es uno de los pocos miembros de la Alianza que ha aumentado su presupuesto de defensa.
Según la prensa noruega, fue la canciller alemana, Angela Merkel, la que puso en la mesa la candidatura de Stoltenberg, que fue rápidamente respaldada por Barack Obama.
LibreRed 

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Revelan planes de EEUU para aplastar en 1976 a la revolución cubana


El exsecretario de Estado de EEUU Henry Kissinger (1973-1977) trazó planes secretos para llevar a cabo bombardeos aéreos contra Cuba en 1976 con el fin de aplastar a la nación caribeña, revelaron nuevos documentos gubernamentales publicados este miércoles por el diario ‘New York Times’.
Estos documentos, procedentes de la Biblioteca Presidencial de Gerald Ford fueron publicados a petición del grupo de investigación estadounidense del Archivo Nacional de Seguridad.
De acuerdo con ese diario, Kissinger pidió a un grupo de altos cargos en secreto la elaboración de posibles medidas de represalia contra Cuba por desplegar un contingente militar en Angola, a petición del gobierno de ese país africano.
Los planes y las medidas elaboradas planteaban atacar puertos e instalaciones militares en Cuba, e incluía un plan de envío de batallones de infantes de marina a la Base Naval de Guantánamo, en territorio cubano y ocupado ilegalmente por Estados Unidos desde 1902, anunció el diario.
“Creo que antes o después vamos a tener que golpear a los cubanos”, le dijo Kissinger al presidente Gerald Ford en una reunión en el Despacho Oval en 1976, de acuerdo con la transcripción del encuentro dada a conocer ahora.
El grupo advirtió que Washington podría estar en serio riesgo de perder su base naval en Cuba, que era vulnerable a recibir un contraataque de las fuerzas armadas cubanas, aseveró la fuente.
“Si decidimos usar la potencia militar, debemos tener éxito”, defendió Kissinger en una reunión, para luego advertir que “Si nos decidimos por el bloqueo, debe ser despiadado, rápido y eficiente.
Según ‘New York Times’, los documentos han sido incluidos en el libro ‘Back channel to Cuba’ elaborado por los expertos en la isla William M. LeoGrande, profesor de la Universidad Americana, y Peter Kornbluh, director del archivo del Proyecto de Documentación sobre Cuba.
HispanTV 

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Florence Cassez presenta denuncia por su detención ilegal en México


2 de octubre de 2014
Destacado
Florence Cassez. Foto: Alexei Vassiliev.
Florence Cassez.
Foto: Alexei Vassiliev.
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Florence Cassez presentó una denuncia ante la justicia francesa por su detención y encarcelamiento ilegales en México.
La denuncia tiene la intención de que los responsables de su arresto sean castigados, de acuerdo con una nota difundida por la agencia AFP.
Cassez estuvo presa durante más de siete años en México. Fue detenida en 2005, acusada de pertenecer a una banda de secuestradores, y liberada en enero de 2013 por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dicha liberación se debió al montaje televisivo de su detención ocurrido el 9 de diciembre de 2005 en un rancho del sur de México. La cadena Televisa tuvo que ofrecer disculpas por la fabricación de la aprehensión.
El arresto fue orquestado por altos responsables policiales en el contexto de la guerra contra el narcotráfico.
La abogada de Cassez, Sophie de Menthon, ahora pide a la justicia francesa identificar y condenar a los autores de la detención ilegal.

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