lunes, 13 de octubre de 2014

Las leyes de la “contrarreforma”: Hidroeléctrica Las Cruces y la ignorancia oficial



/Quinta parte
La autorización otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, en el Río San Pedro Mezquital, de Nayarit, constituye una más de las transgresiones a las leyes del país y a los tratados internacionales, al pasar por alto las elementales garantías constitucionales y los derechos humanos de cuatro etnias a las que no se les tomó parecer a través de una amplia consulta, contradiciendo lo establecido en las recién aprobadas leyes secundarias de la reforma energética.
El pasado 20 de agosto la dependencia dio luz verde para que la CFE ponga en marcha lo que expertos ambientalistas califican como uno de los más grandes ecocidios que se cometerán en el planeta al destruir una amplia zona de marismas nacionales –humedales donde subsiste uno de los manglares más grandes del país– y del cual dependen para su supervivencia una amplia variedad de peces, flora y fauna silvestre, además de ser el hogar ancestral de 12 mil familias de las comunidades indígenas coras, huicholes, tepehuanos y mexicaneros, dedicadas a la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y turismo, así como a la preservación de su identidad cultural y de 14 milenarios sitios sagrados.
De forma paradójica, 2 días después, en la sede de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, durante la Primera Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, el presidente de México Enrique Peña Nieto aseguró que su gobierno “respalda a los pueblos originarios para que alcancen un verdadero desarrollo incluyente, que mejore su ingreso y calidad de vida, sin perder su identidad cultural ni comprometer el patrimonio natural del país”.
El problema es que tal planteamiento elevado en el más alto foro internacional llegó muy a destiempo y prácticamente fue ignorado por los funcionarios tanto de la CFE como de la propia Semarnat, pues los primeros señalaron falsamente haber realizado una consulta entre los pueblos afectados y los segundos, de forma inconcebible, aceptaron en su documento de autorización de la manifestación de impacto ambiental que las comunidades no dieron validez a la manipulada consulta, no obstante, aprobaron el proyecto.
Como lo han demostrado organismos internacionales, entre ellos la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Semarnat pasó por alto los acuerdos firmados por México y establecidos por la Convención Ramsar, donde se contempla la protección irrestricta de marismas nacionales, reserva de la biósfera y humedales de importancia prioritaria internacional bajo la Convención, ecosistemas que en Nayarit dependen para su subsistencia de la desembocadura de las aguas del Río San Pedro.
En este torneo oficial de contradicciones, la Secretaría a cargo de Juan José Guerra Abud desechó las recomendaciones técnicas de autoridades como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, que advierte que las especies pesqueras de Nayarit y el Sur de Sinaloa disminuirán drásticamente de construirse Las Cruces, pues tienen estrecha relación con Marismas Nacionales, sitio que a su vez depende del agua dulce y los nutrientes del Río San Pedro. El ambiente salobre que posibilita la vida silvestre en uno de los lugares más bellos del planeta.
Las violaciones en el ámbito de los tratados internacionales son abrumadoras si se considera lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que garantizan la libre determinación de los grupos étnicos a decidir sobre su estilo y forma de vida. De manera arbitraria, la CFE no realizó consulta alguna pues únicamente fue a exponerles –más bien a imponerles– el proyecto valiéndose de asambleas comunales convocadas bajo engaños y hasta amenazas, al grado de que la propia Semarnat ha dado por bueno el cambio del uso de suelo y hasta la presunta desaparición de las comunidades de San Blasito y Saycotal, contempladas en el proyecto hidroeléctrico.
Los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad han invocado el supuesto visto bueno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit para argumentar que la consulta sí se llevó a cabo, pero los representantes de las diversas comunidades indígenas han desechado tal versión, pues el presidente de ese organismo, Guillermo Huicot Rivas, fue reelecto en el cargo no por decisión de la sociedad civil nayarita sino por el gobernador de esa entidad, Roberto Sandoval Castañeda, que ha incluido como uno los planes estratégicos de su gobierno la construcción de la Hidroeléctrica Las Cruces, cuyo costo aproximado se calcula en 576 millones de dólares. Cifra que en nada subsanaría los daños causados al ecosistema, no sólo de esa entidad, sino del vecino estado de Sinaloa y a toda la región de la Sierra Madre Occidental, que depende de las aguas del Río San Pedro.
Pero es tal vez lo establecido en las propias leyes secundarias de la reforma energética lo que refleja el grado de ignorancia e insensatez de los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Medio Ambiente, quienes están atropellando sin miramiento alguno lo apenas aprobado en el Congreso de la Unión y contenido en la nueva Ley de la Industria Eléctrica, que en su Capítulo II, referente al impacto social y desarrollo sustentable, establece en su artículo 105:
 “Los proyectos de infraestructura de los sectores público y privado en la industria eléctrica atenderán los principios de sustentabilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblo indígenas de las regiones en que se pretendan desarrollar.”

Y el artículo 106 abunda al respecto:

 “Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los que se desarrollen los proyectos de infraestructura en la industria eléctrica, la Secretaría de Energía deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta necesarios con la Secretaría de Gobernación y las dependencias que correspondan. Asimismo, la Secretaría de Energía en coordinación con la Secretaría de Gobernación y demás dependencias y entidades competentes, realizará un estudio de impacto social respecto del área objeto de los proyectos de infraestructura en la industria eléctrica.
 “La Secretaría de Energía deberá informar a los interesados en desarrollar proyectos de infraestructura en la industria eléctrica sobre la presencia de grupos sociales vulnerables en las áreas en que se llevan a cabo las actividades al amparo de asignaciones y contratos, con el fin de que se implementen [sic] las acciones necesarias para salvaguardar sus derechos.”
Es fácil comprender que el sentido de toda lógica está patas arriba entre los actuales miembros del gabinete que, aunque parezca increíble, desconocen el contenido de las leyes secundarias, pues en estricto apego a derecho, la autorización de la presunta obra de la Hidroeléctrica Las Cruces todavía ni siquiera está en trámite ante las auténticas instancias correspondientes.
Martín Esparza Flores*/Quinta parte
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas 

Independencia sin libertad económica

Sección:Articulistas Fecha:11 octubre, 2014

Deuda pública y sus ocultos beneficiarios


MArtin-Esparza
Martín Esparza Flores

—I—
En agosto pasado, la deuda pública en México llegó al más alto nivel en su historia al representar el 39.9% del producto interno bruto (PIB), superior al 39.4% registrado en 1990, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se calcula que al asumir los pasivos laborales de Pemex y CFE, con la aprobación de la reforma energética, estimados en 2.1 billones de pesos el endeudamiento interno del sector público ronda ya la también cifra récord de los 7 billones de pesos.
Y si bien la palabra deuda ha estado ligada al país desde la consumación del movimiento de Independencia, en 1821, cuando la corona española impuso como condición para el reconocimiento del gobierno de Agustín de Iturbide el admitir el pago de los adeudos contraídos por el gobierno virreynal —por lo que los mexicanos ganamos independencia pero sin libertad económica—, en los últimos 30 años las políticas neoliberales han terminado por hacer un uso indebido y excesivo del endeudamiento, pasando por alto lo establecido en la propia Constitución.
La fracción VIII del artículo 73 de la Carta Magna establece que el Congreso tiene facultad: “Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. En los ingresos públicos ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29”.
Las salvedades que enumera el 29 son: “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto…”
Los niveles de endeudamiento alcanzados por el gobierno federal hacen inaplazable un análisis serio y profundo que explique al país las razones de fondo que han llevado a las últimas cinco administraciones federales, y a la hoy vigente, a llegar extremos que hacen impagable la deuda pública que, a final de cuentas, terminamos debiendo todos los mexicanos.
Es momento de que la clase política nos explique porqué rescates bancarios y carreteros que son producto del fracaso de las privatizaciones de muchas empresas públicas fueron asumidos por los gobiernos en turno como si se tratara de situaciones de emergencia para la nación.
En las sucesivas entregas, demostraremos cómo, por ejemplo, las deudas contraídas en el gobierno de Porfirio Díaz guardan cierta similitud con el estilo de los neoliberales de hoy.

"A cinco años de aquel decreto ilegal, aquí estamos de pie, en resistencia", dice el SME

Foto
Mitin del SME en el Zócalo capitalino, ayer, a cinco años de la extinción de Luz y Fuerza del CentroFoto Guillermo Sologuren
Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Domingo 12 de octubre de 2014, p. 20
El 11 de octubre de 2009, un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación dejó en la calle, literalmente de un plumazo, a 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), provedor de electricidad en la zona central del país.
Cinco años después, poco más de 15 mil integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) continúan en resistencia, es decir, no aceptaron cobrar la liquidación ofrecida por el gobierno de Felipe Calderón, quien el 10 de octubre de 2009 envió a militares a tomar el control del organismo.
Aquel sabadazo –buena parte de los electricistas estaban de descanso– los de la guardia nocturna fueron sacados por los militares y policías de las sedes de LFC.
Pasado un lustro, Martín Esparza, entonces y ahora secretario general del SME, advierte: A cinco años de aquel decreto ilegal aquí estamos de pie, de frente, en resistencia.
En el camino se han quedado muchos electricistas: casi 30 mil aceptaron su liquidación y, del grupo inicial en resistencia (16 mil 599), algunos cientos lograron jubilarse (con base en un reciente convenio firmado con el gobierno de Peña Nieto) y muchos oros han muerto.
Hay ya muchos divorcios, desintegración familiar y suicidios, comenta el dirigente tras un foro y una marcha con la que conmemoraron otro año de lucha, periodo en el cual han realizado toda clase de gestiones con los tres poderes de la unión y ante organismos nacionales e internacionales.
Los electricistas desempleados han protagonizado huelgas de hambre colectivas, innumerables marchas y mítines (tras algunas manifestaciones varios fueron encarcelados); de manera paralela intentan sobrevivir con la formación de un sustento político, ya sea con la integración de una agrupación nacional, un partido político y, en meses recientes, con el impulso de una central de trabajadores.
A la par, se registra un sinfín de reuniones con los funcionarios federales en turno. La lista de interlocutores es igualmente larga, grupos de administradores y políticos encabezadas por los responsables de la política interna del país, desde Fernando Gómez Mont hasta el actual Miguel Ángel Osorio Chong.
Esparza dice que el acuerdo hacia una reinserción laboral de unos 15 mil trabajadores en resistencia está prácticamente planchada, de ahí que exige a la administración peñista no posponer la entrega de la propuesta de convenio.
Una de las opciones, ya en el nuevo marco constitucional, de apertura a la iniciativa privada en el sector, es la recontratación de los ex empleados de LFC precisamente con las empresas que competirán por el mercado eléctrico.
El decreto de extinción puso a LFC como un organismo público altamente deficitario, con transferencias del erario, tan sólo ese año, por 41 mil 945 millones de pesos y un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos: 81 mil millones por los entonces empleados en activo y el resto por los jubilados.
Al paso del tiempo, afirma Esparza, al gobierno le saldría más barato reinsertarnos laboralmente porque el adeudo, entre liquidaciones y fondos colectivos, asciende a unos 350 mil millones de pesos.
Apoyo al IPN
Durante un foro en que fueron leídos decenas de saludos de personas y grupos simpatizantes con la resistencia, y luego en entrevista con La Jornada, Esparza dijo que el SME es un sindicato centenario; históricamente ha apoyado a múltiples y variados movimientos sociales. El llamado es a la unidad en favor de luchas vigentes y en contra de la impunidad. La lista es larga: Atenco, Mexicana de Aviación, pueblo yaqui, magisterio, mineros, guardería ABC, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y –expresaron Esparza y su secretario del Exterior, Humberto Montes de Oca– el horror de las desapariciones forzadas de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. ¿Quién lo hizo? El gobierno, los policías. Por esto tenemos que ver cómo nos organizamos con otros referentes de lucha, señalaron.
Con los estudiantes politécnicos –afirmaron– el SME sólo ha brindado un apoyo solidario. Quien diga que nos hemos entrometido, ofende a los estudiantes del IPN. 

Fuente

Democracia en el Poli puede traer inestabilidad institucional

Foto
Estudiantes del IPN, durante la marcha del 10 de octubre. Hoy en Zacatenco realizarán un foro de discusión con miras a democratizar el institutoFoto Carlos Ramos Mamahua
Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Domingo 12 de octubre de 2014, p. 36
Elegir autoridades del Instituto Politécnico Nacional (IPN) mediante votación universal, secreta y directa de estudiantes, docentes y trabajadores podría generar un proceso de inestabilidad institucional, debido a que su aplicación ha demostrado ser muy compleja, pues no podemos confundir la búsqueda de la democracia en la educación superior con la que se emplea en otros órdenes de la vida institucional del país, alertaron especialistas.
Sergio Martínez Romo, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y experto en educación superior, señaló que en el país existen diversos esquemas para designar funcionarios universitarios, pero destacó que utilizar el voto directo puede ser insensato, si no se considera que este ideal requiere un estudiantado informado y crítico. No es lo mismo la visión de un alumno de primer semestre que el de aquel que está en el décimo. Ni tampoco se pueden comparar esas visiones con las de un profesor, investigador o trabajador que pasará muchos años en la universidad.
En entrevista por separado, Enrique Fernández Fassnacht, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, indicó que en México y en diversas universidades del mundo se ha optado por un voto ponderado del estudiantado. En instituciones europeas, dijo, son los claustros académicos los que tienen más peso.
En un artículo publicado en 2011 en la revista Perfiles Educativos, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, Romualdo López Zárate (actual rector de la UAM Azcapotzalco), Óscar M. González, Javier Mendoza y Judith Pérez, señalan que la votación directa, universal, secreta y directa para elegir a los rectores de universidades implica que la comunidad universitaria se movilice durante varios meses, lo cual distrae de las actividades académicas a estudiantes y profesores.
Además un proceso de este tipo en una institución que tiene sedes en varios estados de la República, aseguran, implica que los candidatos deban recorrerlas todas, hacer propuestas atractivas a los votantes y contar con un amplio grupo de apoyo y de representantes en cada sede. Y, desde luego, es necesario un padrón confiable de votantes, un comité o grupo organizador del proceso y una instancia calificadora que dé validez a los comicios.
Son tres las principales formas de elección en las instituciones de educación superior públicas mexicanas: voto universal (que se ha aplicado en universidades como la Autónoma de Guerrero), a través de la votación del Consejo Universitario (como la UNAM) o mediante una Junta de Gobierno (UAM, por ejemplo).
Los estudiantes del IPN en paro se han expresado por la democratización del instituto y han demandado que en el proceso para sustituir a Yoloxóchitl Bustamante participe toda la comunidad politécnica. De acuerdo con la Ley Orgánica, designar a la persona que ocupa la Dirección General es facultad del Ejecutivo federal.
En cambio, los directores de cada escuela del Poli son elegidos dentro de la institución mediante un proceso en el que participan alumnos, docentes y funcionarios, aunque no existe el voto universal y directo.
En dicho procedimiento se emite una convocatoria a la que se inscriben los candidatos que cumplen con los requisitos. El Consejo Técnico de la escuela, que cuenta con representación de los distintos sectores que la conforman, se encarga de consultar a la comunidad, pero son los miembros del organismo colegiado los que eligen directamente una terna de candidatos que es presentada a la Dirección General del instituto. Finalmente, el titular del Politécnico designa al nuevo funcionario.
(Con información de Arturo Sánchez Jiménez)

Fuente

Los maestros rurales, con un profundo compromiso de servicio a la comunidad

Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Domingo 12 de octubre de 2014, p. 10
Con presencia en 16 estados, las normales rurales atienden actualmente a poco más de 6 mil alumnos que enfrentan, en la mayoría de los casos, condiciones familiares de pobreza, pues provienen de comunidades con altas tasas de marginación, afirmaron profesores ex normalistas rurales y de centros regionales de formación docente.
En entrevistas por separado, señalaron que una de las características de los egresados de estas casas de estudio es su evidente vinculación con la comunidad, pues en las normales rurales se forman docentes con este perfil de atención a las poblaciones más vulnerables.
Se trata, afirmaron, de los futuros maestros que acudirán a las escuelas más remotas, sin infraestructura y con el reto de enseñar a niños y jóvenes sumidos en un atraso de casi medio siglo respecto de lo que se vive en las principales ciudades del país.
José González Figueroa, docente con más de 45 años de servicio magisterial y egresado del Centro Regional de Iguala, Guerrero, destacó que hace 50 años, cuando fui normalista, el Estado asumía la responsabilidad de formar a los profesores que iríamos a las escuelas más lejanas, en zonas inseguras y en extrema pobreza.
La situación que enfrentan los normalistas rurales, dijo, no es muy diferente de la que nos toco vivir a los maestros de mi generación. Nos formaron en una estrecha vinculación con la comunidad y sus problemas. Las normales rurales eran la única alternativa para muchos de nosotros de salir de la profunda pobreza en la que vivían nuestras familias.
Situación que, consideró, es la misma que enfrentan muchos de los jóvenes que acuden a estas instituciones, hoy abandonadas por el Estado, sumidas en un profundo deterioro de infraestructura y equipamiento, pero también, muchas de ellas, con retos en la calidad de su enseñanza.
De acuerdo con datos del Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SIBEN), actualmente existen normales rurales en Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
La escuela con el mayor número de alumnos se concentra en la Escuela Normal Rural (ENR) General Matías Ramos Santos, de Zacatecas, con 560 alumnos; le siguen la ENR General Lázaro Cárdenas del Río, en el estado de México, con 552; ENR Vasco de Quiroga, en Michoacán, con 550; la ENR Profr. Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
El profesor Paulino Ríos, egresado de la normal rural de Mactumactzá, destacó que quienes nos formamos como maestros rurales tenemos un profundo compromiso de servicio, de resistencia y de lucha. Las carencias que enfrentamos desde que somos normalistas, y luego en nuestra labor educativa, van forjando un magisterio dispuesto siempre a la defensa de los intereses de la comunidad. Forma parte de nuestra tarea.
Agregó que el abandono de las normales rurales se inició hace más de tres décadas. Fue parte del proceso de devastación que generó la aplicación del modelo neoliberal a la educación. Desde el gobierno del presidente Carlos Salinas se vio a estas casas de estudio como un problema, como escuelas formadoras no sólo de guerrilleros, sino de inconformes que protestan por todo.

Fuente

Contra los “ayotzinapos”, odio criminal

PROCESO 


11 de octubre de 2014
Destacado
Los rostros de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala. Foto: Especial
Los rostros de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.
Foto: Especial
Entre los policías de Iguala, ministerios públicos y militares, el desprecio hacia los normalistas de Ayotzinapa es manifiesto. El médico Ricardo Herrera –quien denunció a los estudiantes heridos que penetraron en su clínica en demanda de atención– sostiene sin rubor que “los ayotzinapos” son agresivos y por eso les volvió la espalda. Con ese estigma se tratan de ocultar las tropelías de un partido –el PRD– y un alcalde intolerante  –José Luis Abarca–, a quien desde hace meses se le acusa por el asesinato del activista Arturo Hernández y por sus presuntos nexos con un grupo de narcotraficantes.

IGUALA, Gro. (Proceso).- “Vi al herido, pero no lo atendí porque no era mi responsabilidad”.
El médico cirujano Ricardo Herrera lo dice con naturalidad, con un dejo de satisfacción por el deber cumplido al dejar sin auxilio al estudiante con la quijada rota, la cara perforada por un balazo, que requería atención urgente la noche del 26 de septiembre, cuando lo encontró escondido dentro de su hospital, con una veintena de estudiantes normalistas.
En vez de auxiliarlo habló a la policía municipal para que se los llevara. Llamó a la misma autoridad que esa noche emboscó hasta tres veces a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa –a una hora de distancia–, destrozó a balazos los autobuses que los transportaban, y, en un episodio aún irresuelto –en el cual participaron sicarios del cártel Guerreros Unidos–, mató a dos adultos y a cuatro estudiantes –uno de ellos apareció desollado: sin rostro, con los ojos arrancados– y se llevó detenidos a otros 43 que aún no aparecen.
Para este médico, el herido no tenía más que un rozón que le partió los labios y andaba platicando con sus compañeros como si nada. Y justifica su indolencia:
“‘Los ayotzinapos’ vienen agresivos, violentos, sacan a los pacientes, destruyen, vienen como delincuentes. Si de veras son estudiantes, eso no se hace.” Esa reacción es similar a la de muchos igualtecos, quienes al igual que militares, paramédicos, ministerios públicos y policías estatales dieron la espalda a los estudiantes de esa escuela donde se forman profesores rurales y donde el requisito para matricularse es ser pobre.
Cuando se le recuerda al médico que los estudiantes están desaparecidos y podrían haber terminado en fosas –como han declarado policías y narcos detenidos por la procuraduría federal– dice: “Eso es lo que va a pasar a todos ‘los ayotzinapos’, ¿no cree?”
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1980, ya en circulación) 

Fuente

Ángel Aguirre supo quién era el alcalde de Iguala y nunca actuó; no supo gobernar

Foto
En Iguala son muchas las familias que exigen justicia por los crímenes cometidos en ese municipio guerrerense en años recientesFoto La Jornada
Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 12 de octubre de 2014, p. 8
Fue una muerte anunciada. Arturo Hernández Cardona sentía cerca el gélido y fétido aliento del homicida. Las amenazas aumentaban. Presentía que iban a cazarlo. Conocía a su asesino a la perfección. Lo denunció penalmente. Lo exhibió ante sus compañeros de partido. Nadie hizo caso. Y asumió de manera estoica su destino manifiesto: Hija, te encargas de todo. El alcalde me quiere matar, le dijo a María Soledad, la mayor de todos.
Unos días antes, el perredista y fundador de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ) había interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público de Pueblo Hidalgo contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por tener en la nómina municipal a sus familiares y principalmente por la sospecha de que ordenara privarle de la vida a él y a otros compañeros.
Tenemos el temor fundado de perder nuestras vidas, dijo Hernández Cardona al alcalde en una sesión pública celebrada el primero de abril del año pasado en el palacio municipal de Iguala. Te hacemos responsable si alguien de nosotros fallece por balas criminales y asesinas; te hacemos responsable si algún compañero nuestro cae abatido en esta lucha donde estamos exigiendo que salgan tus familiares de este ayuntamiento, le dijo, según consta en la denuncia ahora extraviada en el juzgado, que presentó el 29 de mayo del año pasado, integrada en el expediente: HID/SE/01/0758/2013, al que ha tenido acceso La Jornada.
Mi padre dejó un buen testamento identificando a quién lo quería matar, dice María Soledad, de 29 años, química y especialista en virología. Estaba consciente. Era muy congruente y asumió esa realidad; asumió las consecuencias de la lucha social. Lo presentía, por eso denunció al alcalde.
Hernández Cardona solicitó la intervención del Ministerio Público para iniciar la investigación y evitar así algún hecho delictuoso más grave: José Luis Abarca Velázquez puede ordenar privarnos de la vida a los dirigentes de las distintas organizaciones de la Unidad Popular, e incluimos además a María de los Ángeles Pineda, presidenta del DIF, y a Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública, porque hasta donde nosotros tenemos conocimiento no tenemos enemigos de quien andarnos cuidando, únicamente el delito que consideramos hemos cometido es la lucha política donde estamos exigiendo que la autoridad en turno dé cumplimiento a la Ley Orgánica del municipio libre..., dijo el luchador social frente a las autoridades municipales.
La reacción iracunda del alcalde Abarca Velázquez fue inmediata. Se levantó de su asiento y le espetó: Estás loco y pendejo. Ahora nomás falta que te andemos cuidando para que no te maten con tantos problemas que tienes, cabrón.
Para rematar, su esposa, la primera dama de Iguala y presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda, se acercó a Hernández Cardona para intentar golpearlo. Colérica, miró a los luchadores sociales y les gritó: ¡Mugrosos, delincuentes, vividores, lucradores!
Esa reunión fue la gota que derramó el vaso. Culminaba así una serie de desencuentros entre el edil y líderes de distintas organizaciones. Sus principales demandas no eran atendidas por la autoridad. Exigían atención municipal de servicios y obra pública a las colonias populares, denunciaron el hostigamiento a vendedores ambulantes en el primer cuadro de la ciudad y exhibieron el robo de caudales públicos.
Desde que asumió su cargo de alcalde, el enfrentamiento fue inmediato. Y se lo hicieron saber cuando cumplió 100 días de gobierno. Las organizaciones sociales integradas en la Unidad Popular reprobaron al munícipe en acto público, algo que disgustó mucho al edil: Nos percatamos que estaba enfadado, molesto e irritado, le dijimos que él era un empleado del pueblo y que a nosotros nos tenía que atender con buena disposición, dice el texto de la denuncia.
Pero el alcalde de Iguala presuntamente tenía sus propios métodos para solucionar las diferencias políticas. Así lo comprobaron cuando en marzo del año pasado apareció ejecutado el primer síndico de Iguala, Justino Carbajal Salgado, con quien públicamente había tenido diferencias.
Al principio, el gobierno municipal intentó culpar sin éxito a la Unidad Popular, luego a Hernández Cardona y finalmente, para sepultar el expediente judicial, adjudicó el asesinato al crimen organizado.
Valiente y decidido, Hernández Cardona cuestionó la versión oficial y así lo hizo saber en su denuncia ministerial: El crimen organizado no mata a políticos si no lo ordena otro político con el mismo o más poder que al que se manda matar, porque en el crimen organizado se matan entre ellos, y hasta hora no se sabe que haya crímenes de políticos... y como no hay garantías para hacer política, porque ya hay un muerto, entonces tenemos el temor fundado de perder nuestras vidas, dice en el texto presentado el 29 de mayo.
Al día siguiente, el 30 de mayo, la respuesta no se hizo esperar. Hernández Cardona fue secuestrado junto a sus compañeros Félix Rafael Bandera Román, Ángel Román Ramírez, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amantes Luna, Gregorio Dante Cervantes, Nicolás Mendoza Villa y Jimmy Castrejón. Cuatro días después, tres de ellos fueron encontrados ejecutados en el municipio de Tepecoacuilco; el resto logró escapar. Nicolás Mendoza Villa declaró después que fue el propio alcalde el que asesinó de un disparo en la cara y otro en el pecho a Hernández Cardona. Me voy a dar el gusto de matarte, le dijo.
El dictamen de la necropsia integrada en el expediente ofrece detalles de las torturas que sufrió el activista. No era el único. Iguala se convirtió en el primer año y medio de gobierno de Abarca Velázquez en un territorio peligroso para los luchadores sociales: 30 habían sido sometidos a algún tipo de agresión, según denunció en su momento la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.
El escenario de represión y crímenes aumentaba. Y la impunidad era la constante. La Comisión Permanente del Congreso de Guerrero había demandado en junio del año pasado a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer las investigaciones. También activistas, perredistas, organizaciones sociales, Amnistía Internacional y Human Rights Watch solicitaron por escrito al gobernador Ángel Aguirre y al procurador general Jesús Murillo Karam la investigación del presidente municipal de Iguala, por considerar que se trataba de un crimen de Estado, según consta en las cartas integradas en el expediente.
Nadie hizo nada, dice con inmensa tristeza María Soledad. La amenaza contra mi papá y lo que le pasó después, todo mundo se lo tomó a juego y ahora ahí están las consecuencias.
Cree que la falta de justicia en el asesinato de su padre originó luego los acontecimientos contra los estudiantes de Ayotzinapa: No se ejerció la justicia en el momento oportuno y la desaparición de 43 normalistas son las consecuencias de permitir que un enfermo mental como José Luis Abarca Velázquez y otros enfermos mentales más manejaran Iguala a su antojo.
Y señala al máximo responsable: Ángel Aguirre está condenado a pagar todos estos homicidios porque no actúo en su momento. Nunca supo gobernar. Dejó crecer todo. Ahora va a tener que explicar si lo sobornaron o por qué no actúo a tiempo. Él supo quién era José Luis Abarca. Tampoco crea que nos estamos chupando el dedo. Todos sabemos que lo dejó escapar. Las muertes que ya están debajo de las manos del gobernador son demasiadas. Y hubo mucha complicidad. Nada más falta que Aguirre asuma su responsabilidad, entonces todos nos vamos a dar por satisfechos.
Asegura que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, también estuvo enterado: “Se suponía que la PGR iba a entrar con todo, pero siguió habiendo homicidios y no hizo nada.
Murillo Karam realmente no tiene la cara de decir que no sabía; no ha tenido ni la voluntad de buscarme. Ahora ya somos más los que esperamos justicia.
María Soledad trató de convencer a su padre para que dejara la lucha social, pero dice que la tomó por loca. Cuenta que ahora intenta cumplir con la responsabilidad que le dejó ante la familia, aunque le parece aún doloroso asumir el mandato paterno, porque él era singular.
Los movimientos sociales fueron su vida. Muchas veces lo llamaron vándalo. Lo trataron de desprestigiar, lo humillaron, pero todo su intelecto lo utilizó hacia causas de la población desprotegida. Su esperanza era cambiar a México. Hay pocos héroes en la vida. Mi padre es uno de ellos. Eso es lo que me queda de recuerdo, concluye.

Fuente

Aguirre, el omiso y desafiante “amigo” de Peña Nieto

Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero. Foto: Miguel Dimayuga
Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero.
Foto: Miguel Dimayuga
Crecido al amparo del PRI y de sus peores prácticas, Ángel Aguirre gobernó Guerrero a finales del siglo pasado y dejó, entre otras cosas, una cauda de perredistas asesinados. Amigo de Enrique Peña Nieto, éste no intervino cuando el guerrerense cambió de chaqueta, despechado con el priismo, y se cobijó en la llamada izquierda para acceder de nuevo al mandato estatal. Ahora, con el crimen de Ayotzinapa, ese manto protector de la máxima autoridad parece desvanecerse y el gobernador busca desesperadamente conservar el cargo, incluso pese a que la orden de matar a los normalistas pudo haber salido de su entorno más cercano, como opina un empresario local.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Nacido políticamente en el PRI, que lo hizo gobernador de Guerrero (1996-1999) y cobijado por el PRD para ejercer un nuevo mandato en el estado, la gestión de Ángel Aguirre Rivero se complica cada día más por el asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, calificada por organizaciones como Human Rights Watch como el ataque a estudiantes más grave desde 1968.
El predecesor de Aguirre, Rubén Figueroa Alcocer, resistió ocho meses al frente del gobierno estatal luego de la matanza de 16 campesinos en Aguas Blancas a manos de policías estatales en junio de 1995, pero dimitió por la intervención directa del presidente Ernesto Zedillo.
Arropado por la dirigencia nacional del PRD, presidida ahora por Carlos Navarrete, dirigente de la corriente Nueva Izquierda, ante la presión de miles de voces en el mundo que piden su salida, Aguirre maquinó una estrategia dilatoria.
El jueves 9, primero en Acapulco y en presencia de un público que le lanzaba vivas, y más tarde flanqueado por Navarrete y el secretario general del PRD, Héctor Bautista, respondió al clamor popular en su contra con el anuncio de la próxima presentación de una iniciativa al Congreso local para preguntar a los guerrerenses si debe continuar al frente del Ejecutivo estatal.
En su terruño el gobernador rechazó los señalamientos de “asesino o represor” y de que recibió financiamiento del Cártel de los Beltrán Leyva en su campaña, como señala un video que circula en internet; aseguró que la federación sabía de la infiltración de la delincuencia organizada en las policías municipales, exigió verdad y justicia para el caso y sostuvo que no dejaría el gobierno por los “opinotecnócratas”.
En una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la cual no se aceptaron preguntas, Aguirre precisó que al Congreso local le corresponderá procesar la iniciativa que presentará el lunes 13. Navarrete apuntaló: “Si es la decisión de los guerrerenses revocarle el mandato al gobernador, que así sea”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1980, ya en circulación)

Fuente 

De cómo Abarca acumuló poder hasta el aberrante abuso de autoridad que lo derribó

Foto
Rondín de policías federales, la madrugada de ayer en el centro de la ciudad de IgualaFoto Reuters
Arturo Cano
Enviado
Periódico La Jornada
Domingo 12 de octubre de 2014, p. 5
Iguala, Gro., 11 de octubre.
A su lado estaba ella, como en una burbuja. Nadie se le acercaba pese a que todos estaban apretujados en el salón. Rubia teñida, blanca, con un vestido azul chillón y mirada amenazante. El rostro de María de los Ángeles Pineda Villa petrificado mientras escuchaba a su esposo, José Luis Abarca Velázquez, solicitar licencia como presidente municipal. Hablaba entre líneas el alcalde, ese martes 30 de septiembre: No se perciben los hechos como acontecimientos aislados. Y, como si fuese un ciudadano sin poder alguno, demandaba castigo para los responsables del aberrante abuso de autoridad. Seis muertos, 20 heridos y 43 desaparecidos por el aberrante abuso de una autoridad bajo su mando.
Hasta luego, dijo, al enterrar su breve carrera en el servicio público, porque antes de ser candidato a la presidencia municipal nunca había incursionado en la política. Cuando decidió hacerlo, le facilitó el camino su vieja amistad con el médico Lázaro Mazón, dos veces presidente municipal y hoy secretario de Salud del gobierno estatal. Las mamás de los dos eran muy buenas amigas y ellos se conocen desde niños, cuenta una igualteca que los conoce de toda la vida.
La vieja amistad se enfrió en los últimos tiempos, porque Lázaro Mazón se fue a Morena, al tiempo que se consolidaba como el secretario incómodo del gabinete de Ángel Aguirre. Más de una vez le ha pedido la renuncia, a través de su secretario particular. Pero Lázaro le ha respondido que si Aguirre le pidió incorporarse al gobierno, él mismo le debe pedir que deje el cargo, cuenta un diputado local.
Las historias publicadas coinciden en que Abarca fue un modesto vendedor de sombreros que pasó a la compra y venta de oro para luego, y en poco tiempo, hacerse de una de las mayores fortunas de esta ciudad comercial.
En el ínterin, claro, se casó con María de los Ángeles Pineda Villa, aún consejera nacional del PRD, y hermana de tres de los jefes locales del cártel de los Beltrán Leyva que luego se transformaría en los Guerreros unidos.
Salomón Pineda Villa, uno de los hermanos referidos (los otros fueron ejecutados en 2009), fue aprehendido hace unos días en Cuernavaca, y aportó datos que señalan la responsabilidad directa del matrimonio en la desaparición de los normalistas (noticia de Gustavo Castillo, 11/10).
Esa información, que maneja la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, confirmaría el relato de varios políticos igualtecos sobre lo sucedido la noche del 26 de septiembre, cuando María de los Ángeles rindió informe como presidenta del DIF municipal y lo celebró con una fiesta popular en la plaza.
“Los normalistas llegaron a botear al centro. Abarca y ella pensaron que querían boicotear su fiesta. Y ella, que es la que manda, se encabronó mucho y gritó: ‘¡Sáquenme a esos hijos de la chingada!’ Uno de sus guardaespaldas disparó al aire.”
Algunos testimonios de estudiantes de Ayotzinapa y de habitantes de Iguala contradicen esta versión y señalan que la persecución de los normalistas sólo inició luego de que tomaron autobuses en la terminal.
Todos los alcaldes, rehenes de la delincuencia
Prepotente, con la altanería del nuevo rico, como lo describen incluso sus allegados, Abarca gusta de usar playeras de mangas recortadas para lucir los bíceps. Siempre ha tenido problemas con su estatura, por eso trae cuerpo de gimnasio, explica un abogado que lo conoce desde niño.
Sus cercanos aseguran que la esposa del alcalde no tenía ­vínculos con su familia desde hace muchos años y que su fortuna fue producto de los esfuerzos de un hombre muy trabajador que se levantaba en la madrugada.
Un amigo de la familia añade que en la época en que Abarca comenzó a comprar y vender oro muchos se hicieron ricos con ese negocio.
La efímera carrera política de Abarca es explicada también como un pago de favores del PRD y de Ángel Aguirre, dado que el alcalde en fuga habría financiado sus campañas en la región centro de Guerrero. No es así, replica un perredista local, yo estuve en el comité de campaña y Abarca sólo dio unas 5 o 6 mil playeras.
Este dirigente del sol azteca lo exculpa con el mal de muchos: Todos los alcaldes, de Iguala a Ciudad Altamirano, son rehenes de la delincuencia. No hay uno al que no le hayan ordenado poner sus piezas en tres cargos: seguridad pública, tránsito y reglamentos.
Los enemigos del alcalde
Los cercanos al alcalde tienen varias hipótesis sobre el móvil del asesinato y desaparición de los normalistas.
Uno asegura que su pecado fue hacer un frente de alcaldes perredistas para dejar de comprar fertilizante a una empresa propiedad del poderoso ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer (el programa de entrega de fertilizantes fue iniciado por su padre). Abarca hizo que los alcaldes perredistas de la región compraran directamente el fertilizante al mismo proveedor del que Figueroa, a través de su empresa Figuermex, es intermediario y con la que comercializa 11 mil toneladas al año. Eso molestó al gran cacique.
Se habría tratado, entonces, de una jugada de dos bandas. Por un lado, deshacerse del alcalde molesto y, por otro, dar un golpe político mortal al gobernador Aguirre, con la mira puesta en el relevo de 2015.
Urge un comisionado de seguridad en Guerrero, escribió hace unos días en Twitter el nieto de El Tigre de Huitzuco. Y siguió: En casa del mandatario guerrerense debe haber una fotografía de Fausto Vallejo, sólo para no olvidar lo que podría ser su destino...
Una marcha para exigir al alcalde Abarca la entrega de fertilizante fue, por cierto, el detonante del asesinato del líder Arturo Hernández Cardona.
En Iguala se habla en voz baja de los vínculos de otro político perredista, el diputado local Óscar Díaz Bello, con los pesados. Díaz Bello fue, para más señas, el contendiente de Abarca en la elección interna del PRD: Los dos tienen fortunas, pero Abarca la hizo en 30 años y Díaz Bello en uno, dice un ex regidor del ayuntamiento igualteco.
Díaz Bello contaba con el apoyo del gobernador Aguirre y Abarca con el respaldo de Lázaro Mazón. La contienda fue tan enconada que en sus cierres de campaña hicieron mítines separados. Unos días antes de la elección, el candidato a senador Armando Ríos Piter logró reunirlos para la foto y les levantó los brazos en señal de triunfo.
El arreglo fue que Díaz Bello ocupara la diputación local por el distrito 22, con el compromiso de que la siguiente candidatura a presidente municipal sería suya.
Ya en el gobierno, los Abarca Pineda cambiaron de parecer y el alcalde promovía abiertamente los deseos de su mujer de convertirse en su sucesora.
Al despedirse, Abarca dijo que lo hacía para ser congruente con su condición de militante de izquierda: No puedo actuar con ligereza o irresponsabilidad, dijo, y desapareció.

Fuente

Piden juicio justo para militares acusados por el caso Tlatlaya


G. Castillo y D. Castellanos
Reportero y corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 12 de octubre de 2014, p. 17
Durante dos horas y media, unas 150 personas marcharon desde el Zócalo capitalino hasta la residencia oficial de Los Pinos pidiendo que reciban un juicio justo los ocho militares acusados de participar en el operativo en el que 22 personas fueron abatidas dentro de una bodega en el municipio de Tlatlaya, estado de México, el pasado 30 de junio. Sin embargo, en el pliego petitorio de 13 puntos que se entregó a la Presidencia el caso Tlatlaya sólo es mencionado en una ocasión.
En las demandas que plantearon los manifestantes se solicita la instalación de una mesa de negociación para revisar más de 100 expedientes de militares procesados; que se revise la actuación de la Policía Federal Ministerial Militar, a la que se ha acusado de torturar al personal militar.
En el pliego petitorio se pide que el Presidente revise el caso del general Ricardo Martínez Perea; la creación de un comité ciudadano que supervise la correcta aplicación de las leyes militares, la creación de un marco jurídico que regule la participación de las fuerzas armadas en seguridad pública y un comité ciudadano que vigile el funcionamiento de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Por otra parte, en Tampico, Tamaulipas, un grupo de ciudadanos se plantaron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Francisco Javier Mina en respaldo a los militares y exigieron al gobierno no satanizar a quienes han defendido a la nación desde que se le declaró la guerra al narcotráfico.
“Es injusto que se les trate como criminales primeramente sin haberlos llevado a un juicio justo; los están criminalizando. Nosotros estamos a favor de que se le haga un juicio justo a todo militar, que no se le satanice, y si los están mandando a la calle a defender, los deben mandar con la ley en la mano, no lo pueden hacer indefensos.
Exigimos que se les haga un juicio justo, porque al rato los que andan enfrentando al crimen aquí en Tamaulipas ya no van a querer defendernos, no van a querer hacer nada, porque los van a querer meter a la cárcel en lugar de meter a los delincuentes, dijo Néstor Troncoso, integrante de la organización Humanistas por el Progreso Social en esa entidad.

Fuente