miércoles, 15 de octubre de 2014

SME Informe SEGOB 15oct14

Con reformas, “vienen días muy difíciles para los trabajadores”: SME

Martín Esparza, dirigente del SME, durante su participación en el Foro Nacional Sindical, en Colima. Foto: Jonathan Núñez.
Martín Esparza, dirigente del SME, durante su participación en el Foro Nacional Sindical, en Colima.
Foto: Jonathan Núñez.
COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- Frente al proyecto económico impuesto por los grupos que manejan al país, “se vienen días muy difíciles para los trabajadores”, por lo que es necesario luchar para echar abajo las reformas estructurales aprobadas recientemente por el Poder Legislativo, advirtió Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Durante su participación en el Foro Sindical Nacional Colima 2014, el dirigente obrero planteó: “Tenemos que hacer una nueva revolución, una revolución social, no con las armas, porque ante ese escenario estamos perdidos, hoy tienen militarizado al país, tienen el control de los medios de comunicación y todo el dinero, pero no tienen lo que nosotros tenemos, una visión de proyecto político, que es lo que debemos impulsar con nuestros compañeros de base”.
Ante representantes de decenas de organizaciones sindicales del país, Esparza Flores se mostró convencido de que sí es posible avanzar en un proyecto político nacional que permita a los sindicatos independientes revertir las reformas constitucionales que se han realizado, siempre y cuando se trabaje en la organización y se envíen mensajes muy claros de unidad entre los trabajadores.
Advirtió sin embargo que los sindicatos independientes que tienen trayectoria de lucha en México se encuentran en la mira de los neoliberales. “Si no aceptas sus condiciones te tratan a golpes y te echan a la calle, como ocurrió con los 44 mil trabajadores electricistas que de un día para otro fuimos despedidos con la fuerza armada y militar. Luchar por la autonomía y la contratación colectiva no es fácil, es enfrentar no sólo a un gobierno, sino a una clase política y a todas las corporaciones financieras internacionales”.
Por ahora, estableció, “debemos definir los sindicatos qué nos conviene, porque hasta este momento han avanzado muy bien los neoliberales en dividir a la clase obrera, ellos no van a cambiar su proyecto: quieren una democracia nada más representativa, no participativa”.
Martín Esparza criticó el hecho de que en estos momentos los partidos políticos proponen consultas a la población. “Los sinvergüenzas del PAN nos van a preguntar sobre el salario mínimo, que se aumente en la elección del año que viene; otros nos van a preguntar sobre la reforma constitucional, cuando ya se hizo, y otros plantean que se disminuya el número de diputados y senadores plurinominales, cuando ya hicieron una reforma para reelegirse, nos preguntan cuando ya impusieron sus reformas”.
En el foro sindical, denominado “Problemática actual de los sindicatos en México y del sindicalismo universitario independiente”, participan representantes del SME, Nueva Central de Trabajadores (NCT), Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC), el ala independiente del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC), Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios (SITU), Frente Cívico Colimense (FCC), Sindicato Independiente de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), así como entre otros.
En su participación, el catedrático universitario Manuel Salvador González Villa señaló que se requiere reconstruir a la clase trabajadora para que tenga conciencia de sus posibilidades en caso de que decida no tolerar más salarios mínimos, contratos temporales, disminución de los salarios vencidos en un juicio y tribunales que no la apoyan.
“Si no se reestructura todo el sindicalismo mexicano, si no se hace un análisis y una auténtica autocrítica interna, los patrones y el gobierno irán por todo: acabarán con la Ley Federal del Trabajo, impondrán la reforma laboral definitivamente, recrudecerán el castigo a los salarios y, al paso actual, los grandes contratos colectivos serán cosa del pasado, las conquistas de décadas se eliminarán y los contratos ley se verán reducidos a su mínima expresión”, advirtió.
De acuerdo con González Villa, está probado que casi siempre que surge un movimiento sindical en el seno de la sociedad, existe un mínimo pero importante valor e interés de identidad. “Esto es lo que debemos valorar y analizarlo para construir un frente sindical local y nacional que actúen en forma coordinada y solidaria”.
Estimó que la situación que se vive actualmente en el SUTUC es inadmisible, porque la primera vez que un líder sindical le exigió a la autoridad universitaria que aclare las cuentas del fondo de pensiones, la rectoría de la institución mostró su intolerancia y maniobró para destituir en marzo pasado al secretario general, Leonardo Gutiérrez Chávez, valiéndose de la complicidad con el gobernador y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
El historiador Héctor Porfirio Ochoa Rodríguez, a su vez, hizo un recuento del sindicalismo en Colima desde el siglo XIX hasta la actualidad y calificó el movimiento del SUTUC por la transparencia del fondo de pensiones como un hito en las luchas de los trabajadores de la entidad, pues “marca una diferencia ante el aletargamiento del sindicalismo en la actualidad”.
Ochoa Rodríguez comparó la destitución de Gutiérrez Chávez de la dirigencia del SUTUC con el golpe asestado por el presidente Miguel Alemán Valdés contra el sindicato ferrocarrilero en los años 40, cuando actuó contra el movimiento de Valentín Campa e instaló como dirigente a su incondicional Jesús Díaz de León, conocido como El Charro, lo que dio origen al término conocido como “charrismo” en el ámbito sindical.
Por su parte, Leonardo Gutiérrez Chávez, el depuesto dirigente del SUTUC, denunció que las irregularidades en los fondos de pensiones constituyen un problema que afecta no sólo a la Universidad de Colima, sino a instituciones educativas de prácticamente todo el país.
En el caso de la institución educativa colimense, expuso que en violación al reglamento durante el periodo de 2005 a 2013 la rectoría dejó de depositar 474 millones 581 mil pesos al Fondo Social de Apoyo al Pensionado (Fosap), en donde se incluyen aportaciones realizadas por los trabajadores y los montos correspondientes a la propia institución.
Consideró asimismo que el propósito de las reformas estructurales realizadas en el país es “agredirnos con pensiones humillantes, vergonzosas para cualquier trabajador, pero esto no puede ser, no podemos regresarnos a tener condiciones que afectan a la clase trabajadora e impactan en las familias y en la sociedad”.
A juicio de Gutiérrez Chávez, la reforma laboral se realizó prácticamente para que los empresarios y las instituciones “expriman” al trabajador aumentando a 35 los años de servicio y a 65 los años de edad para poder tener una pensión.
Dijo que en la Universidad de Colima se pretende aplicar esta medida, igual que en otras del país, pero “es una indicación del gobierno federal, no es propuesta de los trabajadores ni de las universidades, es una violación a la autonomía universitaria por parte de autoridades federales”.

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La SEP acepta realizar un congreso para refundar y democratizar el IPN

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Estudiantes de la Asamblea General Politécnica marcharon de la Torre del Caballito a la sede de la SEP para conocer la respuesta del gobierno federal a su contrapropuesta del pliego petitorioFoto Roberto García Ortiz
Arturo Sánchez, Laura Poy y Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de octubre de 2014, p. 14
La Secretaría de Educación Pública (SEP) apoya la convocatoria para un Congreso Nacional Politécnico (CNP), cuyo objetivo es la refundación y democratización de esa casa de estudios. Además, propone la realización de una mesa de diálogo público en la que se definan los mecanismos y reglas para su organización.
Al entregar su respuesta a una representación de la Asamblea General Politécnica (AGP), la dependencia federal considera la posibilidad de nombrar un director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN) –institución que permanece acéfala desde el pasado 4 de octubre– que ocuparía dicho cargo hasta la conclusión del CNP, para el cual no se fijó una fecha.
La SEP señala que la designación del director y el secretario general debe realizarse conforme a su Ley Orgánica, la cual contempla que dicha facultad corresponde al presidente de la República.
Sin embargo, entre las razones para proponer su nombramiento destaca la realización de tareas que no pueden dejarse de lado, como la derogación del Reglamento Interno para evitar su publicación; suprimir planes y programas de estudios rechazados por los estudiantes.
En el documento de ocho cuartillas, suscrito por el secretario de Educación, Emilio Chuayffet Chemor, se propone que la mesa de diálogo sea pública y transmitida por Canal 11; que se integre de forma paritaria, con una comisión de diez representantes para el gobierno federal y otra de la AGP, cuyos integrantes podrán rotar en cada sesión. También se plantea que en su primer encuentro se determinen las reglas para su funcionamiento y agenda.
En esta última, la SEP recomienda incluir los temas que preocupan a la comunidad politécnica, entre ellos: cancelación de planes y programas de estudios; analizar la incorporación de las escuelas de educación media superior del IPN al Sistema Nacional de Bachillerato, así como la aplicación o no de las salidas laterales.
La autoridad educativa se comprometió a solicitar a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública la cancelación del oficio SSFP/408/1951, emitido el 19 de julio de 2005, en el que se establecen las pensiones vitalicias de los ex directores generales, cuyos recursos, anunció, se destinarán al otorgamiento de becas para los alumnos.
Además accede a que los elementos de la policía bancaria e industrial sean sustituidos por un órgano interno dependiente del sector administrativo de esa casa de estudios.
Por la mañana, poco más de un centenar de estudiantes del Poli llegaron a la Secretaría de Gobernación para recibir la respuesta, pero debieron esperar casi media hora la presencia del subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, quien entregó el documento.
En entrevista, el funcionario subrayó que la respuesta a las peticiones de los estudiantes del instituto es responsabilidad de la SEP. A partir de ahora será esta dependencia quien instrumente y ejecute este pliego (de peticiones). Las respuestas son muy claras, creo que dejan satisfechas las inquietudes de la comunidad politécnica y hoy corresponde a los alumnos dar una respuesta.
Agregó que Gobernación es interlocutora de acuerdo con la ley orgánica, entre las diferentes dependencias del gobierno federal, pero ya para instrumentación y ejecución corresponde a la SEP y al propio IPN.
Luego del breve encuentro con Miranda Nava, el contingente avanzó hacia la SEP, donde ya los esperaban el subsecretario de Educación Superior, Fernando Serrano Migallón, y César Becker Cuéllar, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la SEP.
Los alumnos informaron que el texto sería discutido primero en asambleas locales de todas las escuelas y vocacionales del IPN, para luego llevar los posicionamientos al análisis de la AGP, convocada para hoy a las 11 horas en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas.

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Miles de estudiantes y familiares de los desaparecidos vuelven a manifestarse

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La banda de guerra de Ayotzinapa encabezó una nueva marcha en ChilpancingoFoto Lenin Ocampo Torres
Rubicela Morelos y Sergio Ocampo
Corresponsales
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de octubre de 2014, p. 5
Chilpancingo, Gro., 14 de octubre.
‘‘¿Por qué la gente sencilla es la que tiene que sufrir?’’, preguntó el sacerdote Víctor Aguilar en la misa que ofició en la catedral de Santa María de la Asunción, donde concluyó la marcha que padres y madres de familia, así como estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, realizaron en demanda de la presentación con vida de sus 43 hijos y compañeros desaparecidos.
En la protesta también se exigió la salida del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y la detención del alcalde con licencia (y prófugo) de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
En la manifestación, que partió de la estatua de El Caballito, al norte de la ciudad, participaron unos mil estudiantes de distintos niveles educativos y paterfamilias, en su mayoría campesinos. La protesta estuvo encabezada por una banda de guerra de Ayotzinapa.
Ya en la misa, el sacerdote Víctor Aguilar pidió a la Virgen de Guadalupe ‘‘que regresen con vida los 43 alumnos’’, plegaria a la que se unieron los feligreses. Ahí se encontraban los padres y madres de familia de los normalistas desaparecidos cuando se enteraron de que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, confirmó que ninguno de los cuerpos hallados en las primeras fosas clandestinas de Iguala era de algún estudiante.
‘‘Están jugando políticamente con el caso; es un juego y daña moralmente a los padres de familia, porque primero dicen que sí son y luego se desdicen’’, comentó uno de los dirigentes estudiantiles de la Normal de Ayotzinapa. Adelantó que ‘‘se va a intensificar la búsqueda de los cuerpos, porque si no están en las fosas, ¿dónde están?’’
Mario César González, padre de uno de los 43 estudiantes ausentes, coincidió: ‘‘Teníamos un poco de miedo (de que los restos fueran de sus hijos), porque ya no sabemos qué pensar, pero nos damos cuenta de que el gobierno está mintiéndonos. No va a faltar que encuentre otras fosas y otros difuntos. Está claro que ellos los tienen, y desgraciadamente es la misma porquería de policía, la de (la Secretaría) Gobernación.
‘‘Ya no encuentran la forma de cómo regresárnoslos, porque los gobiernos federal, estatal y municipal los tienen y los deben entregar vivos.’’

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Equipo argentino refuta a la PGR: no identifica aún cuerpos de fosas de Iguala

PROCESO 


14 de octubre de 2014
Destacado
Las botas de un perito en las fosas clandestinas de Iguala, Guerrero. Foto: AP / Eduardo Verdugo
Las botas de un perito en las fosas clandestinas de Iguala, Guerrero.
Foto: AP / Eduardo Verdugo
IGUALA, Gro. (apro).- El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informó que aún no tiene sus propios resultados para descartar que los 28 cuerpos encontrados en las primeras cinco fosas de Iguala no corresponden a los estudiantes normalistas.
“Nosotros respetamos lo que ha dicho el procurador (Jesús Murillo Karam), pero no tenemos nuestros propios resultados y vamos a seguir trabajando hasta que tengamos los nuestros y podamos seguir con el peritaje independiente y podamos cumplir con las familias”, informó un portavoz de la organización internacional que trabaja en las identificaciones de restos por invitación de las familias de los jóvenes desaparecidos, los normalistas y las organizaciones de derechos humanos que los acompañan.
El experto señaló que, “posiblemente dentro de tres semanas”, puedan dar sus resultados.
Esta información se da luego de que el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, anunció en conferencia de prensa que los 28 cuerpos exhumados de las primeras cinco fosas encontradas una semana después de los hechos ocurridos en Iguala no pertenecen a ninguno de los 43 normalistas desaparecidos.
“En las primeras fosas encontradas (…) les puedo decir que no corresponden a los ADN de los familiares de estos jóvenes”, apuntó, e indicó que en el segundo grupo no se hallaron cuerpos, y en el tercero –descubierto gracias a la búsqueda de policías comunitarias– apenas iniciaron los trabajos de excavación.
En tanto, el portavoz de la organización mencionó que el equipo de 11 expertos de distintos países (compuesto por antropólogos, arqueólogos, médicos forenses, criminalistas y balísticos) mencionó que todavía no se procesan los restos tomados a los cuerpos.
“Hemos tomado muestras a las familias, estamos todavía en análisis de los restos y el laboratorio con el que trabajamos ese es el tiempo que tiene”, señaló en entrevista telefónica.
El laboratorio que el equipo utiliza está en Virginia, Estados Unidos.
“Somos peritos independientes y las familias están informadas de que ese es el tiempo que tenemos para dar resultados. Eso lo hemos hablado con ellos. Nosotros no vamos a abandonar todo y no nos iremos sin concretar”, dijo.
El portavoz no es identificado por cuestión de seguridad, ya que el equipo está trabajando en Guerrero, pero a nombre del grupo informó que únicamente tuvieron acceso a las muestras de los 28 cadáveres encontrados en las primeras cinco fosas descubiertas el sábado 4.
Cabe destacar que la Fiscalía de Guerrero había informado que eran seis fosas, pero seis días después la PGR desmintió la información y mencionó que eran cinco. Nunca explicaron la confusión.
El equipo de expertos internacionales, sin embargo, nunca tuvo acceso a los cuerpos del segundo grupo de cuatro fosas, cuyo hallazgo fue anunciado ante la prensa por Murillo Karam –antes de informar a las familias–, quien hasta detalló que los cuerpos fueron calcinados por lo que compartían el modus operandi de los 28 encontrados previamente.
Los reporteros y fotógrafos que hicieron guardia afuera del segundo grupo de fosas pudieron notar cierto nerviosismo de personal de PGR, que parecía no encontrar las fosas como las había descrito el procurador y ni siquiera podían ubicar la cuarta fosa anunciada. En esa ocasión bloquearon el acceso a los peritos de la Procuraduría estatal. Los peritos argentinos tampoco pudieron tener acceso a la zona.
El EAAF no quiso calificar las declaraciones de Murillo Karam descartando por completo que los restos analizados sean de los normalistas.
“Las noticias nos llegan medio cortadas hasta este lugar. El procurador habló únicamente de los 28 y nuestro tiempo sería ese (las tres semanas). Sabemos lo que ha dicho, pero nosotros tenemos que seguir trabajando y no queremos que las familias crean que vamos a abandonar”, ofreció.
“Las otras (fosas) las descartó el propio gobierno antes de que nosotros pudiéramos saber nada, nosotros en ésas no trabajamos”.
Consultado sobre las denuncias que hicieron Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, de que el gobierno mexicano ha obstaculizado la participación del equipo argentino, el entrevistado mencionó: “Está mejor (la relación), mucho mejor, siempre hay como cierta animosidad pero sí ha estado mejor”.
El sábado anterior, proceso.com.mx había informado que a la misma hora que el gobernador Ángel Aguirre Rivero presumía su colaboración con el EAAF, los expertos argentinos encontraron el acceso bloqueado a las fosas y eran excluidos de una reunión con el gobierno federal.
“Ha habido una serie de obstáculos para que hagan su trabajo”, informó entonces el abogado Vidulfo Rosales, de Tlachinollan, en entrevista. “No se les permitió el acceso a las fosas pese a que con el gobierno federal se acordó su entrada para poder hacer el trabajo. Al parecer no bajó bien la instrucción, no les permitieron el acceso y hoy se encuentran en el Semefo haciendo los trabajos”.
El equipo es reconocido mundialmente por su trabajo en identificación de restos humanos en países donde han ocurrido violaciones masivas a derechos humanos, como Argentina en tiempos de la dictadura, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Perú, Bosnia, Kosovo, Croacia, Sierra Leona, Irak y, en años recientes en México, por los asesinatos de mujeres en Juárez, Chihuahua, y en las fosas de San Fernando, Tamaulipas.
Según el abogado perteneciente a este centro de derechos humanos que ha acompañado a los estudiantes y a las familias, aunque los gobiernos estatal y federal manifiestan en público su beneplácito por la inclusión del prestigiado equipo argentino en la identificación de cadáveres, en realidad impidieron a los extranjeros hacer su trabajo.
“No se les permite ingresar a hacer toma de muestras porque llegaron peritos de PGR. Hubo un problema para acreditarlas legalmente y no se los permitían porque no traían documentos originales que respaldaran su experiencia, y cuando se destrabó el punto no estaba el Ministerio Público que tenía que hacer los trámites para que pudieran trabajar en la Normal (tomando muestras de ADN) y en el Semefo”, dijo.
“Fueron dos días de martirio y complicaciones, y hasta el tercer día se normalizó” la situación, explicó.
Por esas primeras horas perdidas llegaron a las primeras cinco fosas –de las que se rescataron 28 cuerpos– cuando las exhumaciones ya estaban terminando. “No tuvieron oportunidad de participar en eso”.
“El obstáculo más reciente es que no se les permitió el ingreso a las cuatro fosas nuevas”, dijo al salir de una reunión con padres de familia.
El viernes 10 Amnistía denunció a través de un comunicado que la búsqueda era “caótica y hostil” y que los “peritos internacionales reconocidos por los familiares de los desaparecidos” no habían podido acceder a las fosas para realizar su trabajo.
Según la información recabada por AI, el trabajo realizado por agentes del Ministerio Público estatal sobre las exhumaciones de los restos hallados en las seis fosas descubiertas anteriormente presentaría deficiencias, lo cual dificultará las pruebas de identificación.
“Es esencial que los peritos internacionales tengan acceso inmediato e irrestricto a todas las investigaciones forenses que se están llevando a cabo”, indicaba el comunicado.

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De 28 cuerpos hallados, ninguno es de jóvenes normalistas: PGR


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Cuatro momentos de la conferencia de prensa sobre el caso Ayotzinapa ofrecida por el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo KaramFoto María Luisa Severiano
 
 
Gustavo Castillo; Rubicela Morelos y Sergio Ocampo
Reportero y corresponsales
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de octubre de 2014, p. 3
Peritajes de la Procuraduría General de la República (PGR) determinaron que ninguno de los 28 cuerpos localizados en las primeras cinco de las 14 fosas clandestinas que se han localizado en el municipio de Iguala, Guerrero, corresponde a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que están desaparecidos desde el pasado 27 de septiembre.
‘‘Les puedo decir que (de) las primeras fosas encontradas ya tenemos algunos resultados; les puedo decir que no corresponden a los ADN que los familiares de estos jóvenes nos han dado’’, dijo en conferencia de prensa el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
Resaltó que el hecho de que los restos encontrados en las primeras fosas no correspondan a los estudiantes da cuenta del grado de peligrosidad de los integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
Al mismo tiempo, también dijo que el resultado del estudio científico confirma la calidad de secuestrados o no localizados que hasta hoy tienen los estudiantes normalistas.
Acompañado por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido García; el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y por Rodrigo Archundia, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Murillo Karam dio a conocer avances de las investigaciones que se realizan para localizar a los 43 estudiantes normalistas.
En su turno, Zerón de Lucio informó que fueron aprehendidos 14 elementos de la policía municipal de Cocula, Guerrero, y que éstos reconocieron haber participado en la detención de estudiantes y en su entrega a integrantes de la organización Guerreros Unidos.
Al día siguiente del secuestro de los normalistas, un funcionario administrativo de la policía de Cocula cambió las bitácoras de operación de las patrullas y actividades de los agentes, además de que se modificaron los números de las unidades para tratar de ocultar su participación en esos hechos.
El procurador Murillo Karam aseguró que en breve los 14 agentes municipales mencionados serán consignados por el delito de secuestro. Detalló que el presidente municipal de Cocula, el priísta César Miguel Peñaloza, y el director de seguridad pública municipal, Salvador Bravo, se encuentran declarando en instalaciones de la PGR, pero no están detenidos.
Ya han sido detenidas 46 personas: 22 son policías del municipio de Iguala, 14 del ayuntamiento de Cocula y 10 civiles, entre ellos varios halcones (vigilantes) de Guerreros Unidos.
El funcionario consideró que ya han sido detenidos la mayoría de quienes llevaron a cabo la privación ilegal de la libertad de los 43 estudiantes, y posteriormente los entregaron (en los límites de los municipios de Iguala y Cocula) a los integrantes de Guerreros Unidos. ‘‘El reto es encontrar a los autores intelectuales de este hecho que nos lastima’’, dijo el procurador.
También informó que el Ministerio Público federal ya prepara una solicitud de orden de aprehensión en contra del alcalde de Iguala (con licencia y prófugo), José Luis Abarca, y el jefe de la policía municipal de ese ayuntamiento, Felipe Flores Velázquez, por delincuencia organizada, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Precisó que se sigue investigando a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca, por su presunta participación en la desaparición de los estudiantes.
Durante la conferencia de prensa, efectuada en las instalaciones de la procuraduría, se preguntó al procurador acerca del hallazgo realizado por integrantes de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (Upoeg), quienes localizaron la tarde-noche del pasado lunes otras cuatro fosas clandestinas en el punto conocido como La Parota, cerca de Pueblo Viejo, lugar donde se encontraron las primeras (nueve) fosas con cadáveres.
El abogado Manuel Vázquez Quintero, asesor jurídico de los policías comunitarios, indicó que los pobladores de Iguala que han colaborado en la búsqueda de los 43 normalistas fueron quienes les dieron la ubicación de las nuevas fosas clandestinas de La Parota.
Murillo Karam dijo que ya están trabajando en esos entierros ilegales, pero todavía se desconoce el resultado de los primeros trabajos periciales.
En ese contexto, dio a conocer que la PGR ya atrajo la investigación del homicidio de Arturo Hernández Cardona, una vez que se obtuvieron datos que vinculan ese hecho con la delincuencia organizada, aunque no informó si también se ejercitará acción penal en contra del alcalde con licencia de Iguala.
En tanto, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, informó que la Policía Federal ha desplegado –incluyendo personal de la Gendarmería– 896 elementos en el estado de Guerrero, los cuales llevan a cabo labores de inteligencia, investigación, seguridad pública y búsqueda de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
Del total de agentes federales, 300 son los que participan directamente en acciones de búsqueda de los estudiantes ausentes, y para ello se han integrado cuatro brigadas en las que también colaboran personal de la Procuraduría General de la República, ciudadanos y autoridades locales.
La búsqueda se llevará a cabo en municipios como Iguala, Ixtla, Cuetzala, Tixtla y Huitzuco. De igual manera, se han llevado a cabo 252 patrullajes en esos municipios.

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Peritos independientes al caso Tlatlaya; será citado el titular de Sedena


14 de octubre de 2014
Destacado
Las marcas de los disparos en Tlatlaya. Foto: Miguel Dimayuga
Las marcas de los disparos en Tlatlaya.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- El grupo de trabajo, integrado por legisladores para indagar sobre la presunta ejecución de civiles por parte de militares en Tlatlaya, anunció que solicitará a “peritos independientes” que revisen las pruebas del caso y también pedirá a Gobernación brinde protección a testigos, sobrevivientes y familiares.
Margarita Elena Tapia Fonllem, legisladora del PRD y presidenta de la comisión, dijo que visitarán la comunidad de San Pedro Limón en el municipio mexiquense de Tlatlaya, en donde el 30 de junio murieron 22 jóvenes en una bodega a manos de elementos del Ejército mexicano.
En su primera reunión, que había sido pospuesta por integrantes del PRI, según denunció el perredista Roberto López Suárez, la diputada dijo que realizarán una visita a la 22 Zona Militar “para conocer acerca de los hechos, así como del trabajo del personal militar”.
También comentó que “se encomendará la elaboración de dictámenes periciales a peritos independientes, con certificación internacional y experiencia en casos de investigación sobre violaciones a derechos humanos, propuestos en consulta con la Oficina el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Comité Internacional de la Cruz Roja y Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Además, pedirán a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, al relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, y a la CIDH, “remitan informes sobre su análisis de los acontecimientos en Tlatlaya”.
Asimismo, los legisladores citarán a audiencia pública al secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, para que explique el operativo y funciones de mando del batallón 102 de Infantería de la 22 Zona Militar.
Aparte, buscarán tener encuentros con las “víctimas, testigos, familiares y vecinos de la zona para recibir sus testimonios”, y aquéllos podrán ser privados o limitar su difusión del canal del Congreso, según lo determine el grupo de trabajo.
La diputada del PRD y presidenta de la comisión, detalló que solicitarán al Ejecutivo federal que invite a la “Fiscalía de la Corte Penal Internacional y al relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU para que realicen vistas de trabajo a México para recabar información sobre el caso”.
En el primer encuentro los miembros de la comisión aprobaron solicitar a Gobernación protección a los sobrevivientes, testigos y familiares de quienes fallecieron, y que a través del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos se “gestionen las medidas pertinentes en beneficio de los periodistas que han investigado los hechos y enfrenten situaciones de riesgo”.

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