miércoles, 5 de noviembre de 2014

SME Marcha en el Día de Acción Mundial por Ayotzinapa 5nov14

Reunión Informativa de Jubilados 2014-11-05

Concluye sin acuerdos la primera mesa de la AGP y el gobierno

Foto
Inicio del diálogo entre las autoridades del gobierno, encabezadas por Fernando Serrano Magañón y César Becker, de la SEP, y Alejandro Ozuna, de la Secretaría de Gobernación, con los comisionados de la Asamblea General Politécnica. El encuentro se realizó en el auditorio Torres Bodet, en ZacatencoFoto Cristina Rodríguez
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Miércoles 5 de noviembre de 2014, p. 44
Fue un tenso encuentro que terminó con un intercambio de propuestas y sin la firma de acuerdos concretos.
La primera mesa de diálogo entre estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la representación del gobierno federal para resolver el conflicto que se vive en la casa de estudios desde hace seis semanas concluyó con el compromiso de ambas partes de seguir dialogando y analizar los planteamientos de la contraparte para resolverlos en la próxima sesión, que se realizará el jueves 6 de noviembre a las 13 horas.
Fueron casi cuatro horas de discusión en el auditorio Alejo Peralta de Zacatenco, donde los comisionados nombrados por la Asamblea General Politécnica (AGP) exigieron que el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, designe a quien se hará cargo de la dirección general del instituto –tal como lo marca la ley orgánica del IPN– a fin de que pueda firmar los acuerdos concernientes a sus funciones, y advirtieron que todas las conclusiones del diálogo serán preacuerdos que deberán ser aprobados por las asambleas locales de cada escuela.
En contraparte, la representación gubernamental insistió en que siete de los 10 puntos del pliego petitorio de los politécnicos han recibido respuesta favorable de la administración federal.
Los temas y mecánica de este primer acercamiento se fijaron en la mesa previa al diálogo, en la cual los funcionarios federales intentaron, sin éxito, que el punto del regreso a clases se incorporara en la primera mesa de discusión. Los comisionados politécnicos para el diálogo lo rechazaron con el argumento de que el regreso a las actividades se concretará una vez que tengan garantía por escrito de que sus demandas serán cumplidas. Ese fue el primer desencuentro entre ambas partes, pues la propuesta de los jóvenes es que ese punto sea el último de la agenda del diálogo.
Los tres puntos que se tocaron en la primera mesa formal de discusiones fueron las condicionantes de los politécnicos para sentarse a dialogar: la garantía de que no habrá represalias contra ninguno de los participantes en el movimiento estudiantil en particular y de la comunidad en general; no a la incorporación de las escuelas de nivel medio superior del IPN al Sistema Nacional de Bachillerato ni a la Reforma Integral de la Educación Media Superior, y el reconocimiento oficial del carácter resolutivo del Congreso Nacional Politécnico.
Los emisarios del gobierno federal les pidieron un voto de confianza e incluso el subsecretario de Educación Superior, Fernando Serrano Migallón, enlistó los siete puntos del pliego petitorio que a su parecer han sido cumplidos. Para dar argumentos de su desconfianza, los representantes de la AGP leyeron un pronunciamiento político en el que aludieron a dos casos en los que el actual titular de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor, comprometió su palabra como funcionario público y no dio cumplimiento, cuando fue titular de la Secretaría de Gobernación. El primero referente al incumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráizar y el segundo por la matanza de Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997.
El primer tema abordado fue la garantía de que no habrá represalias. Los politécnicos insistieron en que se responsabilice al titular del Ejecutivo federal de cualquier daño que pudieran sufrir quienes se han movilizado en el IPN.
El gobierno manifestó su absoluto rechazo a las represalias o a coartar el legítimo derecho de expresión. Ante la exigencia de los jóvenes de que se firmara un documento, los emisarios federales indicaron que no podían hacerlo en ese momento, por lo que no se dio acuerdo.
En el tema referente a la adhesión de los bachilleratos politécnicos a la RIEMS y al SNB, los estudiantes insistieron en que se dé garantía de que no habrá tal incorporación. En respuesta, Rubén Lara León, coordinador general de Delegaciones de la SEP, aseguró que no existe ninguna adhesión de este tipo, pues ésta es de carácter voluntario, no obligatorio. De hecho, los funcionarios propusieron firmar en ese momento un acuerdo planteado por los estudiantes para garantizarlo.
Sin embargo, para los jóvenes es necesario el nombramiento de un director general del IPN, pues a él corresponde esa firma. Posteriormente pidieron un receso para levantarse de la mesa cinco minutos y discutir el punto, pues argumentaron que no pueden decidir hasta que las asambleas locales así lo dispongan.
Esto provocó que el subsecretario de Educación Superior dijera: Ustedes nos pidieron que viniéramos funcionarios con capacidad de decisión, lo que hemos hecho, y estamos dispuestos a suscribir los acuerdos, (pero) ustedes vienen sin capacidad de decisión.
En el último punto, referente al Congreso Nacional Politécnico, los estudiantes demandan que se reconozca el carácter resolutivo del congreso. Los funcionarios señalaron que el gobierno recibe con simpatía la propuesta.
El desacuerdo vino cuando los politécnicos pidieron que se garantice que el Congreso de la Unión respetará las decisiones emanadas de este encuentro en caso de que impliquen modificaciones a la Ley Orgánica del instituto. Los funcionarios evitaron comprometerse y dijeron que se trata de un Poder soberano e invitaron a convocar, primero, a una comisión que se encargue de organizar el CNP y luego a buscar los acuerdos políticos.
Con el tiempo encima, ya que el auditorio tenía que entregarse a las 22 horas, ambas partes leyeron sus respectivas propuestas sobre los dos primeros temas para que sean resueltas con planteamientos concretos en la siguiente sesión.
(Con información de Arturo Sánchez)

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Otro Pacto, otra tomadura de pelo

PROCESO 


3 de noviembre de 2014
Análisis
Peña Nieto, al terminar su mensaje sobre matanza en Iguala. Foto: Octavio Gómez
Peña Nieto, al terminar su mensaje sobre matanza en Iguala.
Foto: Octavio Gómez
MEXICO, D.F. (apro).- Arrogante, insensible, politiquera y profundamente corrupta, la élite de México no ha comprendido aún la magnitud de la crisis estructural que padece la nación.
O si la ha entendido, esa élite se exhibe estúpida.
Sólo teniendo esos atributos se puede plantear el nuevo pacto cupular que firmarán Enrique Peña Nieto y sus partidos satélite, que no se les puede llamar de otro modo, para evitar –dicen— que se repitan hechos como los de Iguala.
Hechos, hay que recordárselos, que ocurrieron hace casi seis semanas y que siguen sin resolverse en lo fundamental: La localización con vida de los 43 jóvenes normalistas que supuestamente son buscados “con toda la fuerza del Estado”.
Tal como lo hicieron en 2012 para tramar el Pacto por México, los presidentes de PRI, PAN y PRD se reunieron, en secreto, para dar forma a un nuevo pacto, ahora en materia de seguridad, que desde ahora puede anticiparse que no servirá ni de paliativo.
No es una descalificación gratuita: La solución a la emergencia nacional, a la tragedia humanitaria, a la crisis política, económica y ética que vive México no vendrá de quienes la han provocado.
Otra vez volveremos a ver en el pódium a los mismos partidos, a los mismos representantes de los poderes del Estado, a las mismas asociaciones civiles y a los mismos paleros mediáticos pronunciar y difundir los mismos discursos que precedieron a la tragedia nacional.
Una vez más, como ha ocurrido desde 1994, tras la marcha contra la violencia en 2004, durante y luego de la barbarie en el sexenio de Felipe Calderón y ahora con Iguala –y sus desaparecidos–, se prometerán más y mejores leyes, y más “blindajes”, y más “combate” a la corrupción, y más castigo “tope donde tope”.
Un nuevo pacto, luego de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de liquidar la consulta popular sobre la privatización de los recursos energéticos del país que es una nueva bofetada a los mexicanos, una nueva provocación, porque cancela la vía institucional para hacerse escuchar.
El nuevo pacto no resolverá nada, porque no va a la raíz del problema: El modelo económico y político que se ha instaurado en México y que auspicia el capitalismo de cuates, la corrupción, la impunidad, la justicia a la venta, la simbiosis Estado-crimen organizado, la exclusión, la inequidad, el abuso…
Y todavía hay quienes, serviles, aplauden…
Twitter: @alvaro_delgado 

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Ya tienen a los Abarca y su encubridora, pero normalistas siguen sin aparecer

El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, en medio, la supuesta cómplice Noemí Berumen Rodríguez.  Foto: Especial
El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, en medio, la supuesta cómplice Noemí Berumen Rodríguez.
Foto: Especial
MÉXICO, D.F. (apro).- Noemí Berumen Rodríguez es acusada por la Procuraduría General de la República (PGR) del delito de encubrimiento al prestar auxilio al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, señalados como los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre.
En conferencia de prensa –sin dar pormenores sobre la indagatoria realizada al matrimonio Abarca-Pineda y a la misma Berumen Rodríguez–, el procurador Jesús Murillo Karam se limitó a describir la detención.
El funcionario indicó que se llevó a cabo a las 2:30 horas de este martes, en un operativo simultáneo con el instrumentado por la Policía Federal para capturar al matrimonio en la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México.
Agregó que la razón por la que se empezó a sospechar de Berumen Rodríguez fue que –sin motivo aparente– parecía entrar a una casa abandonada, ubicada en el número 27 de la calle Jalisco, en la colonia Santa María Aztahuacán.
Monte Alejandro Rubido García, comisionado nacional de Seguridad, indicó que la ubicación de José Luis Abarca comenzó a partir de que solicitó licencia a la presidencia municipal de Iguala.
En ese momento inició la investigación de los distintos bienes inmuebles a nombre de él, de su esposa y la familia en Guerrero y otras entidades del país.
Con base en las indagatorias, las autoridades precisaron que las dos plazas donde existía mayor posibilidad de encontrar a los ahora detenidos eran Monterrey, Nuevo León y la Ciudad de México.
Esta información se complementó con un diagrama de vínculos de familiares, amigos y socios para establecer una lista de aproximación a los objetivos.
En esa lógica, explicó el funcionario, se montaron discretas vigilancias y seguimiento a las personas que entraban y salían de los domicilios de los inmuebles identificados. Así comenzó a cobrar relevancia el nombre de Noemí Berumen Rodríguez y se montó un operativo para vigilarla.
La investigación remitió a las autoridades a tres domicilios ubicados en la delegación de Iztapalapa, al oriente del Distrito Federal.











Con un operativo puntual de vigilancia se establecieron tres grupos de trabajo, cada uno integrado por 20 elementos de la Policía Federal y agentes del Ministerio Público. Con esa vigilancia se lograron las tres detenciones la madrugada de este martes.
Luego de su aprehensión, José Luis Abarca Velásquez y María de los Ángeles Pineda Villa fueron llevados a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada de la PGR (SEIDO), donde continuaban rindiendo su declaración ante el agente del Ministerio Público Federación, hasta el cierre de esta edición.
De acuerdo con la PGR, Abarca y Pineda son los operadores en Iguala del grupo delictivo Guerreros Unidos, al que presuntamente fueron entregados los estudiantes a manos de agentes de policía municipal de Cocula.
Los que faltan
Felipe Flores, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno municipal de Abarca, también es señalado como autor intelectual del ataque y posterior desaparición de los jóvenes normalistas. Actualmente se encuentra prófugo.
Según la PGR, entre los personajes claves que faltan por detener en el caso, está El Cabo Gil, quien supuestamente dio la orden de “levantar” a los estudiantes.
El pasado 31 de octubre, El Gil –señalado por el gobierno federal como lugarteniente del líder del grupo delictivo Guerreros Unidos–, retó a las autoridades federales y al presidente Enrique Peña Nieto, al asegurar que los estudiantes están vivos.
En un mensaje difundido en una lona, aseguró estar dispuesto a entregarse a las autoridades luego de que el gobierno federal detenga a 80% de la estructura principal de esta banda criminal conformada presuntamente por alcaldes de la zona norte de Guerrero y el sur de Morelos, así como por Federico Figueroa, el hermano del cantautor Joan Sebastian.
El mensaje dirigido a Peña Nieto, aseguró que de nada sirve la detención de Sidronio Casarrubias Salgado, porque la mayoría de los operadores del grupo Guerreros Unidos siguen libres.
El Gil pidió actuar contra los alcaldes y directores de Seguridad Pública de los municipios de Taxco de Alarcón, Huitzuco, Tepecoacuilco, Apaxtla, Teloloapan y Cocula.
También exigió ejercer acción penal en contra un capitán y un teniente del 27 Batallón de Infantería –identificados sólo como “Barbosa” y “Crespo”–, y contra Federico Figueroa, actual delegado de la Sedatu en la entidad, Héctor Vicario, y al resto de los hermanos del capo fundador de la organización, Mario Casarrubias y a los miembros de Los Peques o Los Tilos, identificados como uno de los brazos armados de la banda delincuencial.

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Abarca estaba cansado de esconderse

PROCESO 


5 de noviembre de 2014
Destacado
El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, en medio, la supuesta cómplice Noemí Berumen Rodríguez.  Foto: Especial
El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, en medio, la supuesta cómplice Noemí Berumen Rodríguez.
Foto: Especial
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca confesó a los agentes de la Policía Federal que lo detuvieron que se sentía cansado de esconderse, “que ya no aguantaba”.
De acuerdo con la versión de la Policía Federal, Abarca no opuso resistencia a su detención y únicamente se mostró pensativo.
En cambio, la esposa del edil depuesto, María de los Ángeles Pineda, fue altanera y espetó a los policías: “¡Ya déjenme, qué se creen!”.
Ambos entraron en pánico al ser detenidos. “Estaban pálidos y asustados. Él dijo que ya estaba cansado de estarse escondiendo, que ya no aguantaba”, cita una nota publicada hoy por el periódico La Jornada basada en entrevistas con funcionarios de la Policía Federal.
Según la versión oficial, la pareja se resguardaba en el número 50 de la calle Cedro de la colonia Tenorios, en la delegación Iztapalapa.
Los vidrios de la puerta principal estaban cubiertos de papeles, los ventanales fueron tapados con mantas, bolsas de plástico y papel aluminio.
El operativo para detenerlos ocurrió la madrugada de ayer y duró alrededor de veinte minutos, de acuerdo con la versión de la Policía Federal.

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Toman casi 8 horas centros comerciales en Acapulco

Héctor Briseño, Eirinet Gómez, Sergio Ocampo y Juan R. Montoya
Corresponsales
Periódico La Jornada
Miércoles 5 de noviembre de 2014, p. 7
Unos 400 alumnos afiliados al Frente Único de Normales Públicas del Estado de Guerrero (Funpeg) e integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) tomaron ayer durante casi ocho horas dos instalaciones de la burguesía en Acapulco, los centros comerciales Gran Plaza y Galerías Diana, para exigir la presentación con vida de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ambas organizaciones también impidieron el acceso a las tiendas departamentales Liverpool, Soriana y Comercial Mexicana en Chilpancingo.
En tanto, contingentes de la Ceteg y de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, padres de familia y alumnos de la Normal de Ayotzinapa marcharon en la ciudad de Tlapa y salieron en caravana a los municipios guerrerenses de Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán, Alpoyeca y Cualac. Se esperaba que hoy pasaran por los municipios de Olinalá y Cualác. Además, apoyados por campesinos, tomaron el municipio de Cochoapa el Grande, el más pobre del país, en apoyo a la Normal de Ayotzinapa.
Miembros de la Funpeg que llegaron a Acapulco a bordo de nueve autobuses se apoderaron de las 10 a las 18 horas de este martes la Gran Plaza, ubicada en la esquina de las avenidas Wilfrido Massieu y costera Miguel Alemán, en la zona Dorada. Los normalistas exigieron juicio político para el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por los crímenes que cometieron en contra del pueblo, en contra del normalismo y en contra de estudiantes rurales.
A su vez, integrantes de la Ceteg se apostaron en el acceso principal de Galerías Diana, edificio de cuatro niveles que alberga un cine, un casino, una cafetería, dos restaurantes de hamburguesas y numerosas tiendas de ropa, ubicado a unos metros de la glorieta de La Diana, en la zona turística de Acapulco. Los profesores consideraron que la detención de José Luis Abarca y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa fue un montaje, y advirtieron que México vive una crisis humana.
Mientras, el vocero de la Ceteg en Chilpancingo, René Fuentes Acevedo, dijo que la aprehensión de José Luis Abarca y de su cónyuge no resuelve nada.
Mientras, estudiantes de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen realizaron un paro de 72 horas en apoyo a los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos desde hace más de un mes.
Aparte, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, se solidarizó con los normalistas de Guerrero y pidió el esclarecimiento del caso.
En tanto, los sindicatos de trabajadores y académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo anunciaron que este miércoles realizarán un paro en activo en apoyo a los estudiantes de Ayotzinapa, durante el cual se realizarán actividades culturales, artísticas y deportivas.

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La guardia comunitaria de Tixtla bloquea carretera federal por caso Ayotzinapa

PROCESO 


5 de noviembre de 2014
Destacado
Policías comunitarios bloquean carreteras en Guerrero. Foto: Germán Canseco
Policías comunitarios bloquean carreteras en Guerrero.
Foto: Germán Canseco
CHILPANCINGO, Gro., (proceso.com.mx).- Integrantes de la Asamblea Nacional Popular (ANP) colapsaron las vías de comunicación en la región Centro de la entidad para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos.
Desde las 07:00 horas, guardias comunitarios de Tixtla y miembros del magisterio disidente bloquearon la carretera federal que conecta la región Centro con la Montaña guerrerense.
La obstrucción de la carretera Tixtla – Chilapa se enfoca en dos puntos: el arco de la normal de Ayotzinapa, en Tixtla, y el libramiento a la altura del crucero que conecta con el municipio de Mártir de Cuilapan.
Los manifestantes también cerraron una tienda de la cadena Aurrera y tomaron bancos en el centro del poblado de Tixtla, ubicado a 15 kilómetros de la capital de la entidad.
Por su parte, miembros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) mantienen un bloqueo en la autopista del Sol, a la altura del punto conocido como Tierras Prietas, al norte de la capital de la entidad.
Estos hechos forman parte del plan de acción de la Asamblea Nacional Popular (ANP) en el contexto de la jornada nacional para exigir justicia por el caso Ayotzinapa.

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Suspende el gobierno de Venezuela venta de boletos de cuatro aerolíneas

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este martes en la base militar Fuerte Tiuna, en CaracasFoto Ap
Afp, Dpa y De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Miércoles 5 de noviembre de 2014, p. 31
Caracas.
El gobierno venezolano suspendió este martes la venta de boletos en el aeropuerto internacional de Maiquetía para cuatro aerolíneas internacionales, entre ellas Aeroméxico, así como Aerolíneas Argentinas, Avianca y Tame por no cumplir con normas de información al usuario, según un anuncio oficial.
Estas aerolíneas internacionales –de México, Argentina, Colombia y Ecuador, en ese orden– fueron sancionadas en Maiquetía por no publicar tarifaras ni condiciones generales de transporte aéreo, informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) en su cuenta oficial de la red Twitter.
Estas sanciones fueron aplicadas tras una inspección realizada por el titular del INAC, Pedro González Díaz, en el área de mostradores del aeropuerto internacional de Maiquetía, el mayor de Venezuela y que sirve a Caracas.
La sanción sólo afecta la venta de boletos en el aeropuerto y las empresas involucradas dijeron que siguen operando normalmente, ofreciendo boletos en sus oficinas en Caracas y a través de sus páginas electrónicas.
Con ello, la sanción sería simbólica, ya que estas cuatro aerolíneas no ofertan boletos en la terminal aérea desde hace varios meses, cuando suspendieron la mayor parte de sus ventas en bolívares, debido a una millonaria deuda del gobierno con el sector aeronáutico.
La deuda supera los 4 mil millones de dólares, debido a que por el control de cambios, con una década de vigencia, las empresas deben tramitar la compra de dólares para repatriar sus ganancias, luego de vender los boletos en moneda local.
En Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas sostuvo en un comunicado que no que existe tal sanción y destacó que ni siquiera vende pasajes en la terminal aérea, sino que sólo lo hace en sus oficinas de Caracas.
Por su parte, Aeroméxico no ha proporcionado información al respecto en su página de Internet en México.
En Venezuela rige desde 2003 un estricto control de cambios, en el marco del cual las aerolíneas internacionales venden sus vuelos en bolívares y el gobierno debe cambiar a dólares sus ganancias, pero existen retrasos en los pagos desde hace casi dos años y se estima que la deuda alcanza los 4 mil cien millones de dólares, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
La mayoría de las aerolíneas internacionales tienen suspendidas desde meses atrás su ventas en bolívares y sólo de manera eventual algunas ofertan un reducido número de boletos en sus oficinas, donde es habitual los clientes realicen filas durante horas.
El lunes, el INAC también sancionó a las aerolíneas locales Aeropostal, Aerotuy, Aserca Airlines y la estatal Conviasa, suspendiendo la venta de boletos en el aeropuerto debido a retrasos, ventas fraudulentas, modificación de itinerarios sin previo aviso, entre otras irregularidades.

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Pepe Mujica critica la desigualdad social fruto del fundamentalismo de mercado


El presidente uruguayo, José “Pepe” Mujica, alertó este martes sobre la concentración excesiva de riqueza en el mundo, que describió como un fermento antidemocrático.
Sostuvo que “sólo 85 personas concentran la misma riqueza que se reparte entre la mitad de la humanidad más pobre” y agregó que esas personas aumentan aun más su fortuna cada día.
En su audición semanal por Radio Uruguay, Mujica planteó que la desigualdad económica extrema está “disparada” y es uno de los mayores problemas económicos, sociales y políticos que afronta la humanidad.
“Se trata de una desigualdad social extrema, ofensiva y escandalosa”, enfatizó.
Insistió en que la concentración excesiva de riqueza es un fermento antidemocrático, no solo por las consecuencias sociales que tiene sino por las políticas en el largo plazo, porque sustituye a la democracia por una plutocracia.
El mandatario denunció que “todo esto es una marcada consecuencia del fundamentalismo de mercado; ese mercado que nunca puede prestar atención a la distribución de los ingresos ni a la idea de una sociedad más justa”.
En ese contexto, Mujica explicó que en Uruguay, desde el año 2007, durante el primer gobierno del Frente Amplio, el aumento de la redistribución hizo aminorar y frenar la tendencia a la desigualdad.
Si el Estado no tiene una actitud proactiva que obligue a redistribuir, habrá cada vez más personas postergadas y ello tiende a repercutir en el resto de la sociedad, precisó.
Al respecto, subrayó que “el proceso de arrancar a la gente de la pobreza crónica no se arregla de la noche a la mañana con una acción voluntarista, sino que es un largo proceso de rescate”.
Estará culminado, agregó, cuando la generación que le sigue tenga claves de instrucciones culturales muy distintas a las de sus progenitores.
PL 

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Estudiantes griegos ocupan más de 500 escuelas en rechazo a recortes en el sector


El Ministro de Educación de Grecia, Andreas Loverdos, advirtió este martes a los estudiantes de secundaria y a sus progenitores de que hará cumplir la ley para desalojar las más de 500 escuelas que permanecen ocupadas por todo el país en rechazo a los recortes en el sector.
La protesta comenzó este lunes, durante una jornada en la que miles de alumnos se manifestaron por toda Grecia contra el decreto ministerial que reducirá el número de enseñantes, así como el presupuesto para material escolar, y modificará el programa educativo seguido hasta ahora.
En una entrevista radiofónica Loverdos aseguró que su Ministerio tomará las medidas necesarias para evitar la pérdida de horas de clase, y anunció la solicitud de un decreto presidencial para que la justicia actúe contra los miles de jóvenes que ocupan los centros escolares.
Por su parte, maestros y estudiantes convocaron también para mañana otra jornada de movilizaciones, y proyectan intensificar sus protestas como respuesta a la oleada represiva que se vivió la víspera, donde se produjeron numerosas detenciones y maltrato a menores por parte de la policía.
Según las asociaciones de padres los uniformados detuvieron y golpearon a menores en localidades como Lamia y Jolargós, exigiendo la investigación de los hechos y el castigo para los responsables “para evitar que se repitan en el futuro tales conductas, que violan los derechos protegidos por la Constitución”.
Mientras tanto, más de 500 escuelas, fundamentalmente en el oeste del país y en la isla de Creta, permanecen un día más ocupadas por miles de alumnos que han extendido sus protestas gracias a las redes sociales y al apoyo de padres y profesores.
PL 

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Marchan en Francia contra la privatización del transporte público


Unas 2.000 personas marcharon este martes en la capital francesa para protestar contra proyectos gubernamentales de permitir la entrada del capital privado en diversas ramas del transporte público con el pretexto de reducir costos al Estado.
La movilización formó parte de una jornada de paro convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), principal organización sindical del país.
De acuerdo con el gremio, la irrupción de empresas particulares en esta actividad encarecerá los precios a la población, causará la pérdida de numerosos empleos y conducirá al deterioro de las condiciones laborales.
Los manifestantes partieron de la estación de Montparnasse hacia la sede del ministerio del ramo, donde el titular de esa cartera Alain Vidalies recibió a un grupo de representantes del sector gremial.
La principal exigencia de la CGT es que el transporte en todas sus ramas se mantenga como una empresa estatal al servicio de las necesidades e intereses de la sociedad.
El paro fue acatado con mayor participación en las líneas que conducen de París a Orleans, Tours, Bourges y Montluçon.
Otras zonas donde los trabajadores se sumaron a la protesta fueron Toulouse, Marsella, Niza, Nantes y Burdeos.
En la región del Ile-de-France, donde está comprendida esta capital, el tráfico de los llamados trenes de cercanías fue bastante fluido a lo largo del día.
Según la empresa de transportes de París, los servicios del metro y tranvía funcionaron con normalidad.
Las leyes francesas obligan a los sindicatos a informar con varios días de antelación su intención de hacer una huelga, lo que da tiempo a las entidades públicas a tomar medidas para garantizar el servicio.
PL

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Gobierno español estudia una segunda reforma laboral mucho más dura que la de 2012


El Gobierno español proyecta endurecer de forma gradual la legislación laboral para adecuarla a lo que le pide el sector más neoliberal del gobernante Partido Popular (PP), agrupado en torno a las Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que preside el ex presidente José María Aznar.
Esta nueva reforma laboral en cartera coincide en gran parte con las líneas conocidas del tratado de libre comercio que negocian en secreto Estados Unidos y la Comisión Europea en Bruselas y que cuartopoder.es analizó en su momento. Ahora se trata de dar un paso más en la reforma laboral de febrero de 2012 y de ‘liberalizar’, digámoslo así, desde el INEM hasta las prestaciones sociales.
La nueva reforma que estudia el Ejecutivo -que no se hará de golpe, sino a paso a paso, pero que se va a acelerar tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre algunos aspectos de la reforma laboral de 2012- está contenida en buena medida en el documento Reflexiones sobre el mercado de trabajo: continuar la reforma que, dentro de la FAES, ha sido dirigido por Miguel Marín y coordinado por Valentín Bote. En el capítulo final, Conclusiones y orientaciones que cierra este documento de 228 páginas aprobado hace tan sólo unos días, se desarrolla una ‘segunda fase’ de la reforma laboral que copia en buena medida el modelo norteamericano. Incluso se pide abiertamente que el Estado beneficie a las agencias privadas de colocación y a las empresas de trabajo temporal, por encima del INEM.
Según han confirmado a cuartopoder.es medios populares, tanto en el área económica del PP como en el Gobierno que preside Mariano Rajoy se está estudiando la implantación en la legislación laboral de medidas como las que contiene el documento de FAES, fundación en la que son patronos un buen número de ministros, como la propia titular de Empleo. En todo caso, algunas de esas medidas propugnadas por FAES se están poniendo ya en práctica.
Entre esas últimas destacan las aprobadas por el Consejo de Ministros del 18 de julio, fecha emblemática donde las haya: la modificación de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social -el Gobierno sostiene que la mayor parte de los trabajadores con baja médica lo son de forma fraudulenta- y la regulación de determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en el primer año de su duración. Dos medidas de endurecimiento y control que habían sido exigidas por la gran patronal.
No es suficiente, ni mucho menos, porque los más neoliberales del PP están pidiendo a Rajoy que considere la reforma laboral que aprobó el Gobierno en febrero de 2012 tan solo como “un concepto que debe entenderse en sentido dinámico”; es decir, que quieren que se adopten nuevas medidas, muchas de las cuales están recogidas en el documento ahora aprobado por FAES. Se trataría, entre otras, de las siguientes:
1 Salarios mucho más bajos al estilo de los mini-jobs alemanes como norma.
2 Reducir el coste del despido
3 Reducir el salario mínimo interprofesional.
4 Beneficiar a las ETT por encima del INEM.
5 Reducir los plazos máximos de la prestación por desempleo.
6 Desvincular completamente los salarios del IPC.
7 Disminuir aún más los salarios a personas menos cualificadas.
Es decir, lo que plantea el gobierno es flexibilizar el mercado laboral, avanzando en la reducción de los costes vinculados a la contratación de modo general. Es decir, salarios mucho más bajos y al estilo de los mini-jobs alemanes.
Poner en marcha modelos que buscan reducir el coste del despido. O lo que es lo mismo: profundizar en la simplificación contractual y la ‘portabilidad’ de la indemnización por despido a un sistema de cuentas de ahorro individuales similar al modelo austriaco, lo que ayudaría -dicen ellos- a reducir los costes y a incrementar los incentivos de la movilidad laboral entre empresas.
Ahondar en el proceso de simplificación contractual; es decir, que se eliminen figuras contractuales y bonificaciones y se avance hacia la igualación de todos los costes de despido de las figuras contractuales que sobrevivan en unos niveles más moderados. En definitiva, que se reduzcan aún más los salarios y formas de contratación y mucho más aún las indemnizaciones por despido.
En el salario mínimo interprofesional introducir reformas como las de Alemania, donde se aumentaron los incentivos a los desempleados de larga duración para aceptar empleos de menor remuneración mediante la compensación de esos bajos salarios con prestaciones suplementarias para conseguir el ‘nivel mínimo’ de bienestar social (conocido como combined wage/income). Quienes predican esta fórmula sostienen que se puede modular la cuantía del salario mínimo, estableciendo diferentes umbrales en función del nivel de cualificación de la mano de obra o del tipo de ocupación que se desempeña. Esta medida -dicen ellos- habría de acompañarse de complementos aportados por el Estado, ya sea a las cotizaciones pagadas por la empresa o al propio salario, para facilitar la contratación y la aceptación de estos empleos por parte de los desempleados.
Modernización de los servicios de empleo, pero con la introducción de lo privado; es decir, permitir una mayor penetración de las ETT -empresas de trabajo temporal- en el mercado de trabajo español para aumentar la flexibilidad. Quienes piden tal beneficio para estas empresas privadas sostienen que tanto las agencias de colocación como las ETT desempeñan un ‘papel fundamental’ para contar con una ‘intermediación más dinámica’ y con ‘menos fricciones’.
En las prestaciones por desempleo quieren desempolvar una vieja propuesta que nunca fue retirada del todo: ‘modular’ la cuantía de la prestación a lo largo de los meses de su vigencia, concentrando una parte sustancial en los primeros meses de prestación, en los que actúa ‘genuinamente’ como un seguro, y valorando reducciones de los plazos máximos aun manteniendo o incluso aumentando el volumen total de la prestación. En ese punto, están considerando acciones para reforzar el tipo de actuaciones de ‘activación y búsqueda de empleo’ que sería preciso justificar para obtener la percepción del total de las prestaciones. Y, también, quieren redefinir el actual concepto de “empleo adecuado” que ya se introdujo en la primera reforma de 2012; es decir, el trabajo que un desempleado debería aceptar cuando el servicio de empleo se lo ofrezca.
‘Desindexación’ de salarios y ruptura de la vinculación de los mismos con el IPC: estas dos medidas ya han sido prácticamente tomadas.
Salarios acordes con el esfuerzo formativo, lo que significa rizar el rizo: dicen que los salarios en España para los trabajadores menos cualificados son muy similares a los que perciben aquellos con perfiles formativos superiores, lo que “desincentiva la prolongación de los estudios por encima del nivel obligatorio” e “impide la generación de un mercado de crédito desarrollado y profundo” como el existente en otros países para financiar la inversión en capital humano.
En el epígrafe sobre políticas activas de empleo se oculta una trampa más: se trata de borrar de golpe aquellas políticas que se muestran ‘manifiestamente ineficaces’, a juicio del Gobierno, como las bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social de determinados colectivos. Pero, paralelamente, se estudia la creación del cheque-formación, una modalidad que permitiría entregar al desempleado un bono por una determinada cantidad de formación siendo él quien debería decidir dónde recibirla y si quiere complementarla con recursos propios. Esta propuesta contiene otra trampa más, porque toca directamente a los cursos de formación, y, en este caso, afecta tanto a sindicatos como empresarios.
Finalmente, en el empleo público se estudia como ‘deseable’ que le sean de aplicación esquemas de incentivos a la movilidad o a la formación en los términos ya expresados para el resto de trabajadores.
Manuel Ángel Menéndez | Cuarto Poder 

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España entrena a soldados para reprimir protestas populares

Militares con equipos antidisturbios hacen frente a soldados que fingen ser manifestantes, en Marines. PÚBLICO
Oficiales y tropa destinados en el Regimiento de Caballería Ligero Acorazado Lusitania nº8, con sede en Marines (Valencia), han sido instruidos en ejercicios de “control de masas” civiles con material antidisturbios convencional, durante las semanas centrales del pasado mes de octubre, según ha podido saber el diario digital Público de fuentes militares, que califican esta formación de absolutamente inédita y extraña.
Se trata del regimiento que participó en el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, bajo las órdenes del teniente general Jaime Milans del Bosch, que decretó el estado de sitio, tomando las calles de Valencia con sus tanques. En la actualidad, este regimiento participa en misiones internacionales bajo el paraguas de Naciones Unidas.
Según estas informaciones, refrendadas por un amplio material gráfico, en estos ejercicios han participado en torno a 200 militares, bajo el control y supervisión de miembros de la Policía Militar venidos expresamente de la Brigada de Caballería Castillejos II, con sede en Zaragoza, y bajo cuyo mando se encuentra la Acorazada Lusitania nº8, acuartelada en la Base General Almirante de la localidad de Marines, ubicada a poco más de 39 kilómetros de la capital valenciana, a los pies de Sierra Calderona. Según informaron varios de los militares participantes, el curso fue impartido por “miembros de la Policía Militar venidos de la Brigada de Zaragoza. Nos enseñaron a cómo arrestar gente, poner las esposas, controlar las masas… todo eso; aunque no nos explicaron para qué misión necesitábamos esa formación”.
Ni oficiales ni soldados participantes en estos ejercicios fueron informados acerca de las razones de los mismos, ni tan siquiera si había programada alguna participación dentro o fuera del territorio nacional. No obstante, y teniendo presente las misiones encomendadas por el Ministerio de Defensa a la Brigada de Caballería Castillejos II, como apoyo y colaboración con entidades públicas, y más concretamente con la “vigilancia y protección de puntos sensibles en territorio nacional” y “apoyo y colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, se ha desatado cierta preocupación acerca de una posible misión militar de apoyo a Policía o Guardia Civil dentro del territorio español.
Uno de los participantes en los ejercicios abundó en esa hipótesis: “Se comenta en el cuartel que nos dijeron que hay que estar preparados para todo, según los mandos, y más en los tiempos que corren”.
“Se rumoreaban y sospechaban muchas cosas de la finalidad de estos ejercicios, que eran absolutamente extraños teniendo en cuenta las características del Regimiento Lusitania, que es una unidad acorazada, es decir de blindados. Lo que opinaba la gente es que se ve todos los días mucha tensión en la calle, que hay muchas revueltas… entonces se piensa que si la Policía se ve desbordada, entonces, y al amparo de la Constitución, las Fuerzas Armadas son las que tienen que tomar automáticamente el mando; eso es lo que se escucha y se piensa que será por eso. De hecho, nos cuentan en el cuartel que la Policía Nacional está desbordada, que no tiene ni medios ni gente”.
Los ejercicios fueron duros, incluso más allá de lo razonable, según explicaron a Público algunos de los participantes, tanto de la tropa como de los mandos. “La gente no tiene cabeza ninguna, se desmadró, hubo mucha tensión, hubo exceso de fuerza de los mandos con los soldados y viceversa, y los instructores de la Policía Militar decidieron parar los ejercicios. Lo cierto es que muchos nunca habíamos usado una de esas porras, pero a uno le dieron un porrazo que le jodieron una rodilla y acabó tirado en el suelo sin poder moverse; otro con una marca en el muslo como si le hubieran dado un latigazo brutal, realmente causan mucho dolor y pueden provocar lesiones graves”.
Asimismo, uno de los militares reconoce que “las prácticas se hicieron con tensión, no se podían hacer de cachondeo, si no la práctica no sirve para nada. Luego, la verdad, no sabemos si será complicado esto en una actuación real; estar ahí en una línea de esas, porque la mayoría, por no decir todos, no hemos estado nunca en una situación así. Por eso en los ejercicios los manifestantes agredían con exceso a los que iban de antidisturbios y sólo se protegían los que llevaban escudo y dejaban tirado al compañero que no llevaba protección. Luego cambiábamos de puesto. Los antidisturbios pasaban a ser masa y viceversa. Y por eso hubo lesionados y hubo que parar el ejercicio”.
Según cuentan los militares, “las misiones de este regimiento son de vehículos blindados, no de proximidad con los civiles en las misiones internacionales de conflicto encomendadas, por lo que en eso casos nunca se utilizarían ni porras, ni botes de humo ni pelotas de goma. Esta unidad lo que hace es patrullar en BMR [blindado medio sobre ruedas] y actualmente, desde mayo, efectúa patrullas en la Base Cervantes de Marjayoun, formando parte de la Brigada Este de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL), hasta final de este mes, y ellos no tienen ningún cometido de control de masas”.
La misión del cerca de millar de boinas azules españoles ha sido evitar y prevenir que cualquier incidente menor que pudiera surgir a lo largo de los 63 kilómetros de la Blue Line –la demarcación imaginaria que divide el Líbano e Israel– no desencadenase un conflicto mayor, o incluso una nueva guerra.
“Creemos que la Policía Militar está también haciendo este tipo de formación en otros cuarteles, y dicen los mandos que tendrán que volver aquí, porque técnicamente fue una iniciación y los ejercicios no concluyeron”, asegura el informador de Público.
Dicha fuente insiste en que “los únicos que tienen el cometido de control de masas son los de la Policía Militar dentro del entorno militar, pero no recordamos que hayan actuado nunca formando a soldados de otras unidades para ejercer puntualmente como Policía Militar Antidisturbios ante civiles. Oficialmente, no sabemos cuáles son las razones de estos ejercicios, pero las sospechas son las que son”.
Joan Cantarero | Público 


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