martes, 25 de noviembre de 2014

Reforma energética, último ciclo de la política neoliberal: investigador






 


Mar, 25 nov 2014 10:04 







México, DF. En 1992 comenzaron las reformas legales que la política neoliberal necesitaba para abrir las puertas a proyectos depredadores, y este 2014, con la reforma energética, que da paso a actividades como el fracking se da el último ciclo de esas reformas, señaló Juan Carlos Ruiz Guadalajara, investigador del Colegio de San Luis.
Durante el foro La minería a cielo abierto, sus consecuencias sociales y medioambientales, organizado por La Jornada y Casa Lamm, ayer por la noche, recordó que la Ley Minera vigente se empalmó con las reformas al artículo 27 constitucional, que dieron paso a la venta y renta de ejidos. La mercantilización de la tierra provocó que entre 1994 y 2012 se concesionara a las empresas 565 mil kilómetros cuadrados, 30 por ciento territorio nacional.
Explicó que la minería a cielo abierto es un pendiente como sociedad, “al igual que las desapariciones forzadas, este despojo es un tema por resolver”.
Agregó que hay casos como el de Minera San Xavier en Cerro San Pedro, San Luis Potosí, que opera con total impunidad, “ha destruido el entorno”, y se nos acusó de minerafóbicos, en alusión a los globalifóbicos, y como reacios a la actividad minera, pero el problema es el tipo de minería.
En el foro, Jesús Ramírez Cuevas, responsable de la página Regeneración, presentó el video Sierra norte por la vida, en Puebla, que relata la lucha de las comunidades en contra de Frisco y Grupo México, la expulsión de las mineras por los hechos, y la organización en la defensa del territorio contra el fracking y las petroleras.
Desde otro punto de vista, Simón Vargas, analista en temas de seguridad, educación y justicia, se refirió a como el crimen organizado incide en la actividad minera, ya sea a través del cobro de derecho de piso o la explotación ilegal de minerales, como el caso del hierro en Michoacán. 

Mujica llama ahora a mexicanos a "juntarse" y apoyar al Estado

Foto
El presidente de Uruguay, José Mujica, al salir de su vivienda en Montevideo en mayo pasado. Lo acompaña su esposaFoto Ap
Afp
 
Periódico La Jornada
Martes 25 de noviembre de 2014, p. 3
Montevideo.
El presidente uruguayo, José Mujica, llamó este lunes a los mexicanos a juntarse y apoyar al Estado para resolver la crisis desatada por la desaparición de 43 estudiantes, y consideró superado el malestar que sus afirmaciones provocaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
“El problema que tiene México, si no lo arregla el Estado, ¿quién lo va a arreglar? ¿Usted cree que se combate con la mafia del narcotráfico con manifestaciones, con cárteles? ¡Por favor! Tienen que juntarse y apoyar y darle para adelante (porque) es bravísimo”, afirmó Mujica ante periodistas.
El popular mandatario dio por zanjado el malestar que ocasionaron en el gobierno de Peña Nieto sus declaraciones a la revista Foreign Affairs Latinoamérica en las que calificó de terrible la situación que atraviesa México y aseguró que ese país parecía una especie de Estado fallido.
El domingo, el gobierno mexicano anunció su rechazo categórico a las declaraciones del presidente de Uruguay, y citó al embajador de ese país, Jorge Alberto Delgado.
Horas después, la presidencia uruguaya emitió un comunicado en el que Mujica ofrecía apoyo a México, y aseguraba que no se trataba de un Estado “inocuo ni fallido.
Estamos perdiendo todos (contra el narcotráfico). Claro, en Centroamérica es dramático, pero lo que te pasa a ti me puede pasar a mí mañana, por lo cual a México hay que ayudarlo todo lo que podamos, agregó el mandatario este lunes.
Además desechó la posibilidad de hablar sobre la polémica con su par mexicano, ya que él lo entiende perfectamente.
La apreciación de Mujica coincide con la posición del canciller uruguayo, Luis Almagro, que este lunes aseguró a la Afp que el incidente no fue un diferendo y que ya es un episodio superado.

Fuente

Partidos violan derechos laborales

*Imponen Horarios Esclavizantes, No Pagan y Despiden Injustificadamente a su Personal.
*Lamentable sus Líderes son los Mismos que Legislan, Imparten Justicia y Dirigen al País.

Transcripción Andrea Luna Hernández, Colaboradora Voluntaria 

 
En el caso laboral no hay un solo partido político de los que existen en México, que no tenga problemas con sus empleados (por violación de sus derechos) frecuentemente tenemos ese tipo de conductas en el PRI, en el PAN, en el PRD.
Por eso quizás puede ser el sesgo que le dieron a la modificación de la Ley Federal del Trabajo porque también los partidos salen beneficiados con este tipo de reformas.
Un ejemplo es el caso de Virginia Serrano, quien comenta "trabajé para el Partido de la Revolución Democrática (PRD) casi 5 años bajo el esquema de honorarios, me despidieron, lleve un juicio laboral y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ordena me reinstalen y paguen salarios vencidos. Pero el PRD se niega reinstalarme bajo el argumento que ya no existe el área donde laboraba. ¿Se puede hacer que cumpla el laudo el PRD? ”
Parece que el PRD ya está demostrando su verdadera cara, es muy sistemático esto porque lo que está sucediendo es que la gente ya está expresando su sentir de dónde trabaja. Y es lamentable que el PRD acumule faltas laborales con sus trabajadores.
En el artículo 731 de la Ley Federal de Trabajo en su fracción 1 señala que las Juntas tienen el derecho y la obligación a su vez de hacer cumplir los laudos que ellos emitan, para lo cual puede imponer multas de hasta de 100 veces el salario mínimo por el no cumplimiento o acatamiento de cualquier orden judicial.
Es muy raro que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje hagan cumplir el laudo -y más en el Distrito Federal porque recordemos que la Junta Local está bajo los designios de un jefe de gobierno y el jefe de gobierno pues en cierto sentido fue propuesto por el PRD-. Quizá, muchos de los funcionarios que trabajan en la Junta Local estén adheridos al Partido de la Revolución Democrática, por ejemplo la presidenta de la Junta Local.
Lo vemos no solamente en los laudos o en los fallos contra el PRD, sino en el caso de los bomberos, el caso de los trabajadores de las preparatorias del DF, en el caso de todos los trabajadores que laboran de alguna u otra manera para el gobierno del Distrito Federal. Tenemos este tipo de situaciones que se presentan con mucha frecuencia.
Lamentablemente desde mi punto de vista en ninguna de estas instituciones esta funcionado la justicia. Tenemos un poder ejecutivo ineficaz, tenemos un poder judicial ineficiente con todas las decisiones de la corte, con todas las decisiones de los aparatos que imparten justicia. Tenemos un aparato legislativo ineficiente y lo estamos viendo. Tenemos tres poderes que no sirven.
Recientemente hace medio año en el PRI se dio un escándalo por la forma en que su dirigente de ese partido en el Distrito Federal contrataba personas para otro tipo de servicios usando un presupuesto electoral. Además, con contratos que están al margen de la ley.
Ese tipo de situaciones las vemos en todos los partidos y es lamentable que este tipo de gente sean los que estén legislando, que sean los que estén impartiendo justicia y que sean los que estén dirigiendo el país. 

Informalidad y subocupación, destino de mexicanos con empleo

Un vendedor de sandalias en Cuautla, Morelos. Foto: Margarito Pérez
Un vendedor de sandalias en Cuautla, Morelos.
Foto: Margarito Pérez
MÉXICO, D.F. (apro).- En octubre pasado aumentó el número de mexicanos con empleo, pero todos los puestos de trabajo los absorbió la informalidad y la subocupación, según información difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En efecto, en sus “Indicadores oportunos de ocupación y empleo” correspondientes al décimo mes del año, el instituto informa que la tasa de ocupación, como porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA), pasó de 94.9% en septiembre a 95.2% en octubre.
Un aumento en el empleo de apenas tres décimas de punto porcentual.
En consecuencia, la tasa nacional de desempleo observó una reducción en la misma proporción: Pasó de 5.1% de la PEA en septiembre, a 4.8% en octubre. Una baja en la desocupación de tres décimas porcentuales.
Buena noticia, aunque magra ante las necesidades de la población.
La mala, que el mayor número de empleos se fueron a la informalidad y/o fueron puestos de trabajo de poca calidad, sin prestaciones y mal remunerados, logrados por quienes ya tienen un empleo y necesitan de otro para satisfacer sus necesidades más elementales; al subempleo, pues.
De acuerdo con la información del Inegi, la tasa de subocupación, como porcentaje de la Población Ocupada, pasó de 6.5% en septiembre a 7.6% en octubre. Un aumento de 1.1 puntos porcentuales.
Pero con el agravante de que es la tasa de subocupación más alta en todo lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, según los indicadores del Inegi.
Y si la tasa de ocupación creció tres décimas de punto, contra el aumento de 1.1 puntos de la tasa de subocupación, quiere decir que la tasa de subempleo creció 3.6 veces el aumento de la tasa de ocupación.
Otro dato que ofrece el Inegi para mostrar el destino del aumento en el número de empleos es el que da sobre la informalidad laboral. Ésta se refiere –según definición del propio instituto– al “trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social”.
Resulta que en octubre, la tasa de informalidad laboral creció en la misma proporción, un poquito más, en que subió la tasa de ocupación y en la que se redujo la tasa de desocupación.
En septiembre dicha tasa fue de 57.8% de la población ocupada, mientras que en octubre fue de 58.1%. Es decir, un aumento de 0.33 décimas de punto porcentual, contra el aumento de tres décimas de punto en el empleo.
Además de que no ha cambiado la situación: Casi seis de cada 10 empleos en el país están en la informalidad.
Por otra parte, tampoco hay mucho que festejar con el aumento en la tasa de ocupación, pues se refiere a la tasa nacional, que incluye el campo y las ciudades. Porque la tasa de desocupación urbana –en las 32 principales ciudades del país– aumentó: Pasó de 5.8% en septiembre, a 5.9% en octubre.
Otro dato ilustrativo del mercado laboral que se desprende de la información que hoy difundió el Inegi es que el desempleo le pega mucho más a quienes tienen más estudios, lo cual indica, en consecuencia, que los trabajos que se crean son los peor remunerados y de baja calidad.
Según el Inegi, la tasa de desempleo entre quienes tienen apenas la primaria incompleta fue, en octubre, de 6.8%, mientras que para los trabajadores que tienen la primaria completa la tasa de desocupación fue de 15.8%.
Y el desempleo va haciendo estragos conforme aumenta la instrucción escolar. Así, entre quienes tienen la secundaria completa, la tasa de desocupación fue en octubre de 39% y para quienes tienen estudios de bachillerato y superior, la tasa fue de 38.2%.
Finalmente, el Inegi informó también sobre la tasa de desempleo por entidad federativa.
Resulta que en 19 estados se observó en octubre una tasa de desocupación más alta que la nacional, de 4.8%. El desempleo más alto se registró en el Distrito Federal (6.9%), Baja California Sur (6.8%) y Nayarit  y Aguascalientes (6.3%).
En tanto, en las 13 entidades restantes la tasa de desocupación fue menor a la tasa nacional. Las que registraron el menor desempleo fueron Guerrero (1.8%), Campeche (2.9%), Oaxaca (3.1%), San Luis Potosí (3.2%), Chiapas (3.4%), Veracruz (3.5%) y Puebla y Michoacán (4%).
En efecto, en esas entidades es bajo el registro del desempleo, pero son las que tienen más alta tasa de informalidad.

Fuente

Credencial de elector hallada en fosa de Iguala es de desaparecido en 2013

PROCESO 


24 de noviembre de 2014
Destacado
En busca de los desaparecidos en Guerrero. Foto: Germán Canseco
En busca de los desaparecidos en Guerrero.
Foto: Germán Canseco
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Boni Enrique Antúnez Soto es un joven originario de Teloloapan que desde el año pasado fue reportado como desaparecido, y el domingo pasado fue localizada su credencial de elector en las inmediaciones de una parcela de maíz que se encuentra cerca del predio La Joya, ubicado al poniente de Iguala y considerado un cementerio clandestino donde este año han sido exhumados 36 cadáveres de diferentes fosas.
La identificación oficial de Antúnez Soto, quien tenía 30 años cuando desapareció, fue encontrada ayer por el grupo de familiares que emprendieron una búsqueda ciudadana de víctimas en las fosas de Iguala, donde localizaron seis osamentas en siete fosas ubicadas en los predios de La Joya y La Laguna.
La acción de los ciudadanos provocó que este lunes policías federales sitiaran la zona para impedir el acceso al cementerio clandestino.
A principios de octubre, la PGR exhumó ocho cadáveres de diversas fosas localizadas en el predio de La Joya, que fueron encontradas por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Sin embargo, las autoridades federales abandonaron el lugar y se negaron a seguir buscando cuerpos en esta zona de Iguala, a pesar de los indicios de que advierten que existen más fosas y cadáveres.
Informes oficiales a los que tuvo acceso Apro refieren que Enrique Antúnez Mancilla, de 62 años, confirmó que es el padre del joven que aparece en la credencial de elector encontrada por los familiares de personas desaparecidas que subieron al cerro para realizar el trabajo de las autoridades.
El hombre, afligido, refirió a autoridades federales que su hijo Boni Enrique se encuentra desaparecido desde el año pasado.
Elementos de la Gendarmería Nacional se movilizaron este lunes a la cabecera municipal de Teloloapan para localizar el domicilio que aparece en la credencial de elector, luego de que Proceso difundió ayer en su portal de Internet el hallazgo de la identificación del joven y los indicios de restos humanos en seis fosas clandestinas de personas desaparecidas desde hace cuatro años en Iguala y otros municipios de la zona norte de la entidad.
El reporte de los federales indica que en la colonia Benito Juárez de Teloloapan existe un registro de al menos 20 jóvenes desaparecidos al igual que Boni Enrique Antúnez y sus familias pasan por la misma situación de temor e incertidumbre.
Los informes señalan que en el predio de La Joya han sido exhumados más de 30 cadáveres de fosas clandestinas.
En mayo fueron encontrados 19 cuerpos en el punto conocido como Monte Oret y nueve más en abril de este año en el predio de La Joya.
Tras la masacre y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, peritos de la PGR exhumaron ocho cuerpos de fosas localizadas por la UPOEG en este mismo punto y 38 cuerpos más en el cerro conocido como Pueblo Viejo.
Las autoridades federales suspendieron la búsqueda de cadáveres en los cerros de Iguala y se enfocaron en localizar en otros sitios a los 43 normalistas de Ayotzinapa que siguen desaparecidos.
No obstante, familiares de desaparecidos exigieron a las autoridades que asuman su responsabilidad frente a esta crisis humanitaria que se vive en la entidad y exhumen hasta el último cadáver que localicen en fosas clandestinas en Iguala para identificar a las víctimas y sus parientes puedan acceder a la justicia.

Fuente

Peña, incapaz de erradicar complicidad entre Estado y crimen organizado: Le Monde

PROCESO 


24 de noviembre de 2014
Destacado
El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. Foto: Miguel Dimayuga
El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El diario francés Le Monde, uno de los más influyentes del mundo, se sumó a las críticas de la prensa internacional por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las manifestaciones multitudinarias por dicho caso y el escándalo de la “Casa Blanca”.
Este fin de semana dicho medio publicó tres artículos sobre la crisis en México que ha puesto en entredicho al gobierno de Enrique Peña Nieto.
En una nota de portada con la cabeza “Revuelta de los mexicanos contra el Estado-mafia”, Le Monde destacó una imagen de la manifestación realizada en el Zócalo el pasado 20 de noviembre en la cual miles de personas exigieron la renuncia de Peña Nieto.
En otro artículo, titulado “Polémica por la suntuosa ‘Casa Blanca’ de la esposa del presidente mexicano”, el diario aborda el tema de la mansión de Sierra Gorda #150 y califica el video publicado en YouTube por la primera dama Angélica Rivera como un intento de cortar las sospechas sobre un posible conflicto de interés.
En su editorial titulado “Las horas sombrías de México”, el diario critica duramente al gobierno mexicano al considerar que Peña vive la más grave crisis política de su mandato:
“Dos años después del comienzo de su mandato, el primero de diciembre del 2012, el presidente Enrique Peña Nieto se confronta a una crisis severa. Su elección estuvo marcada por el regreso al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el antiguo partido hegemónico que gobernó al país sin alternancia durante 71 años hasta el 2000. Apenas llegando al poder Peña Nieto había firmado un pacto con los tres principales partidos políticos un ‘Pacto por México’ que permitió el voto de 11 reformas estructurales de gran envergadura –de la fiscal, a la educativa , pasando por la energética–, que habían permanecido mucho tiempo congeladas en el Congreso”.
Le Monde destaca que la imagen de jefe de Estado “dinámico” y “eficaz” se ensució desde hace ocho semanas por la desaparición de los 43 normalistas secuestrados por policías corruptos de Iguala, Guerrero, uno de los estados más pobres del país.
El periódico critica la tardía reacción, 10 días después de los hechos, que molestó a los mexicanos y a la comunidad internacional.
“Su incapacidad para erradicar la complicidad entre el Estado y el crimen organizado, fue puesta en evidencia. Impunidad y corrupción. Fue la gota que derramó el vaso para los mexicanos, víctimas desde hace años de la impunidad de los criminales y la corrupción política”.
Le Monde señala que lo sucedido en Iguala está lejos de ser una excepción y agrega que la represión sanguinaria de los policías de Iguala contra futuros profesores hace recordar las horas oscuras de la guerra sucia en los años 1960 y 1970.
“Este suceso revela también el fracaso de la estrategia de seguridad de Peña Nieto, enfocada en la investigación y prevención de delitos, en contraste con aquella de su predecesor, Felipe Calderón (2006-2012)”.
Para mejorar su imagen, continúa el editorial, Peña reiteraba desde hace semanas su voluntad de reforzar el Estado de derecho luchando más eficazmente contra la corrupción política.
Y remata:
“El 9 de noviembre las revelaciones sobre la compra de la casa de su esposa han desacreditado estas promesas, desestabilizando aún más a su gobierno. Esta suntuosa mansión fue construida por el grupo HIGA, que obtuvo jugosos contratos públicos en el estado de México en la época que Peña Nieto fue gobernador (2005-2011). Las sospechas de conflicto de interés o retrocomisiones en especie, manchan la imagen de quien aseguraba encarnar un ‘nuevo PRI’, en contraste con el clientelismo y la corrupción con el antiguo partido hegemónico”.
Para Le Monde, la preocupación del mandatario por evitar un escándalo devastador lo empujó a la súbita cancelación por parte del gobierno, el 6 de noviembre, de un contrato de 3 mil millones de dólares para la construcción de un tren a gran velocidad, otorgado hacía sólo tres días a un consorcio del cual HIGA forma parte.
“Esta doble crisis amenaza con ser un lastre durante los siguientes cuatro años del mandato de Peña Nieto y podría aun poner en duda el impacto anunciado de las reformas en la economía”.

Fuente

Milicias Populares acusan a Peña de embestida contra manifestantes


24 de noviembre de 2014
Destacado
Las Milicias Populares "Basta Ya" en una imagen extraída de su comunicado. Foto: Especial
Las Milicias Populares "Basta Ya" en una imagen extraída de su comunicado.
Foto: Especial
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Las Milicias Populares “Basta Ya” (MPBY) que el pasado 6 de octubre irrumpieron en la escena pública con una condena por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, acusaron al gobierno de Enrique Peña Nieto de ‘infiltrar’ las manifestaciones y de orquestar una campaña de desprestigio en contra del movimiento social que apoya a los familiares de los normalistas.
En un comunicado y en un video entregado a esta agencia, el movimiento del que no se tenía mayor información hasta ahora, precisa que no proviene de ninguna otra agrupación guerrillera, como el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) o las Fuerzas Armadas Revolucionarias- Liberación del Pueblo (FAR-LP).
“Desde nuestra aparición se nos ha querido ligar o relacionar con otras organizaciones como el ERPI, el EZLN, el EPR y las FAR-LP, aclaramos no somos rama o parte de alguna de estas organizaciones u otra. Ni siquiera tenemos coordinación con ellas. El Estado mafioso intenta ocultar el accionar de nuestra organización y a la vez monta escenas vandálicas con agentes infiltrados para justificar la represión. Viola la autonomía universitaria buscando guerrilleros mientras niega nuestra existencia. Todo es parte de la guerra asimétrica, contrainsurgente, de cuarta generación, que tiene como ingrediente fundamental la manipulación propagandística”, sostiene.
Las Milicias Populares también hicieron llegar un video en el que aparecen tres de sus integrantes, los cuales se hacen llamar “Cecilia”, Rodolfo” y “Martín”. Los tres aparecen con el rostro cubierto, lo mismo que las manos y cualquier parte del cuerpo que los pudiese identificar. En el video, envían un mensaje en el que denuncian las acciones emprendidas por el gobierno de Peña en contra del movimiento social y de las nuevas agrupaciones guerrilleras.
En dicha grabación –la primera en la que se da a conocer una imagen suya– las MPBY reiteran su decisión por la lucha armada y acusan al gobierno federal de militarizar la vida nacional, criminalizar la protesta social para descalificarla y hacer uso de la infiltración de las manifestaciones y el uso de sicarios para reprimir el movimiento gestado en torno de los normalistas desaparecidos de la escuela rural de Ayotzinapa.
Las Milicias Populares vuelven a reivindicarse la explosión en la tienda Soriana ubicada en Valle de Aragón, municipio de Ecatepec, Estado de México, el pasado 12 de noviembre.
Hasta ahora, el grupo sedicioso sólo se había dado a conocer por dos comunicados difundidos el 6 y 10 de octubre último en el estado de Guerrero. En ambos reportes, acusan al Ejército de complicidad en el ataque y desaparición de los normalistas rurales y aseguran que esta acción muestra que el Estado mexicano “creó desarrolló y protege a su propia delincuencia organizada y la usa o desecha según sus propias necesidades económicas y políticas”.
En el nuevo comunicado y en el mensaje grabado que hicieron llegar a Apro, el nuevo grupo guerrillero sostiene que “ante el auge de la insurgencia cívica popular y la reorganización y surgimiento de nuevas organizaciones revolucionarias clandestinas el estado enfila toda su fuerza en varias direcciones”.
Entre ellas, señala, el “bombardeo mediático” con el que intenta “que la rebeldía de los de abajo adopte los puntos de vista de los de arriba”, al mismo tiempo que promueve la no violencia y el pacifismo a ultranza que la militarización, la infiltración y el uso de sicarios.
Señala sobre todo que se está haciendo uso de la “infiltración por lo cual el nuevo reto es “identificar a los agentes gubernamentales disfrazados de activistas”.
Con fecha del 20 de noviembre, el día que se realizaron diversas marchas en el extranjero y en varios estados del país exigiendo justicia para los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre, que en la ciudad de México terminó con la represión policiaca en el Zócalo tras la incitación de provocadores embozados, las milicias sostienen en sus partes informativos que estas “maniobras de infiltración han sido claves para dividir, encarcelar y cooptar al interior de diferentes organizaciones de masas y clandestinas”.
En este sentido, sostienen que esta estrategia de infiltración “busca anular la efectividad política de las organizaciones de abajo, busca justificar la represión, busca desprestigiar a las diferentes formas de lucha popular y en el caso actual busca mantener las protestas dentro de los límites controlables por el sistema y califican de provocadores a todos los que no se limitan a la protesta pacífica permitida y hacen eco de los argumentos exaltantes de un pacifismo y una violencia de los de abajo”.
Precisan en el comunicado: “Los infiltrados, existen y han existido, tanto en las organizaciones de masas, en los sindicatos, en el movimiento estudiantil, por ejemplo, Graco Ramírez, el gobernador perredista de Morelos fue infiltrado en el 68. Algunos son “rojísimos” y otros “nadan de muertito”. Las maniobras de infiltración han sido claves para dividir, encarcelar y cooptar al interior de diferentes organizaciones de masas y clandestinas.


“La infiltración busca anular la efectividad política de las organizaciones de abajo, busca justificar la represión, busca desprestigiar a las diferentes formas de lucha popular y en el caso actual busca mantener las protestas dentro de límites controlables por el sistema. El gobierno estadunidense pide calma y nos exhorta a los mexicanos a no violentarnos. La embestida de las televisoras contra la combatividad popular es infame”.
Recuerda la agrupación que tanto el primero de diciembre de 2012 cuando Peña Nieto tomó posesión, como el día de la quema de la puerta de Palacio Nacional “hubo agentes encubiertos y lo hicieron de manera notoria para luego, intentar hacer creer que la combatividad es indicadora de que se trata de infiltrados, provocadores y de esa manera sembrar desconfianza y desunión al interior de la insurgencia cívica-popular”.
El nuevo grupo guerrillero, que se suma a los cinco ya existentes en varias zonas del país, justifican la lucha armadas.
“La violencia desde abajo siempre ha sido respuesta necesaria cuando ya no queda de otra ante la violencia de los explotadores. Esta violencia no es un fin sino un medio, pasajero y que, dependiendo de la movilización popular organizada y combativa se convierte en un elemento menos importante aunque imprescindible en la resistencia anticapitalista”.
Limitarse a las vías electorales o legales, advierte, sólo beneficiaran a los grupos gobernante, empresariales y militares que han creado un “Estado mafioso”.
Finalmente hacen un llamado a la organización y rechazan la versión del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas fueron incinerados por el crimen organizado.
“Quieren engatusarnos diciéndonos que los 43 desaparecidos son cenizas que el agua se llevó. Lo que en verdad buscan diluir es nuestra indignación. Estén donde estén mantengámoslos vivos, sigamos buscándolos, hagamos que nuestro dolor y coraje se vuelvan lucha organizada, no abandonemos la movilización combativa de masas. Es el momento de arrancarle al Estado la liberación de todos los presos políticos del país y el respeto a las distintas formas de autodefensa con que los pueblos decidan enfrentar a la delincuencia organizada de Estado”.

Fuente

El detenido chileno cuenta con "todas las garantías de la justicia mexicana": SRE

Foto
María Eugenia Ilabaca, madre del estudiante chileno Lawrence Maxwell, se manifestó en Santiago de Chile, cerca del sitio del encuentro de la Alianza del Pacífico y el MercosurFoto Reuters
Enrique Gutiérrez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 25 de noviembre de 2014, p. 4
Santiago.
El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, declaró este lunes que el ciudadano chileno detenido el jueves pasado en la ciudad de México durante una protesta en reclamo de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos está sometido a proceso: el asunto está frente a un juez desde el principio y por lo tanto es en esta instancia en la que deberá resolverse.
Subrayó que el caso del chileno Lawrence Maxwell Ilabaca será resuelto en instancias judiciales, con la mejor de las voluntades, diálogo, apoyo, transparencia y disposición de que reciba todo el apoyo y garantías de la justicia mexicana, pero también el apoyo de su gobierno, que lo ha venido acompañando en todo el proceso.
Tras señalar que un juez determinará en su caso si debe o no mantenerse sujeto a proceso, el canciller agregó que el gobierno mexicano ha dado todas las posibilidades y todo el apoyo para que la cancillería chilena, sus instancias consulares, estén permanentemente en comunicación con el músico y estudiante de literatura en México.
Destacó que pocos eventos generan tanta preocupación a un gobierno como cuando un connacional está sujeto a un proceso fuera de su país. A México le preocupa mucho cuando eso sucede; a Chile le preocupa mucho cuando eso sucede, y en este caso México, consciente de esa preocupación, se mantiene en diálogo permanente con el país sudamericano.
Diálogo diplomático
El canciller se reunió con su par chileno, Heraldo Muñoz, con quien acordó que los gobiernos de ambos países mantendrán un diálogo diplomático en torno al caso de Lawrence Maxwell, que será permanente, constante y transparente.
Muñoz, que reiteró todo el apoyo del gobierno chileno a la familia de Maxwell, dijo: ojalá esto pueda terminar con éxito.
Meade, quien asiste en Santiago de Chile desde el domingo al Diálogo sobre Integración Regional: el Mercosur y la Alianza del Pacífico, conversó con el padre del detenido, Alberto Maxwell, a quien explicó que está sujeto a proceso, está recibiendo toda la atención y todas las garantías de la justicia mexicana, pero además está recibiendo el apoyo comprometido, cercano y puntual del gobierno chileno.
La reunión tuvo lugar en uno de los recintos del centro cultural Gabriela Mistral, mientras afuera grupos de amigos y familiares se manifestaron en favor de la liberación del escritor y documentalista chileno y demandaron a la presidenta Michelle Bachelet una mayor intervención en el caso. Decenas de manifestantes mostraron además fotos de los detenidos en México y un cartel con la leyenda: El silencio nos hace cómplices.
El ciudadano chileno fue detenido durante el feriado del 20 de noviembre que celebra la Revolución Mexicana, pero que esta vez se concentró en protestas en el Zócalo de la ciudad de México por los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Fue acusado inicialmente de terrorismo, delincuencia organizada, tentativa de homicidio y motín. Después le fue retirado el primer cargo.
En tanto, en la televisión pública, Alberto Maxwell denunció que a su hijo no le dejaron tener un abogado personal, y le pusieron un abogado de oficio, un señor que se llama Rafael Omalaya, que más bien ha interferido cualquier comunicación de parte de él, que haberlo ayudado a que podamos comunicarnos.
Insistió en que su hijo es inocente, que se le detuvo cuando estaba en el Zócalo con su bicicleta y la protesta había terminado, cuando mucha gente llegó corriendo perseguida por la policía.
Relató que otro de sus hijos llegó a México para apoyarlo con un abogado independiente, y sostuvo que no van a poder entregar ninguna prueba en su contra porque no existe.
El matutino local La Tercera entrevistó por teléfono al abogado Alejandro Jiménez, quien este lunes fue autorizado a representar la defensa del chileno detenido y afirmó que el traslado de Laurence Maxwell de la ciudad de México a una cárcel de Veracruz fue violento, pero que Maxwell no presenta heridas visibles y se encuentra bien.
El abogado, que además de Maxwell defiende a otras cinco personas que fueron detenidas con el chileno, indicó que durante el día tendrá acceso por primera vez al expediente, y que se solicitó ampliar la averiguación por otras 72 horas, duplicadas para encontrar los elementos necesarios para la defensa. El plazo terminaría el sábado, día en que el juez deberá ver si hay elementos para procesarlo.

Fuente

Niegan libertad bajo caución a los 11 detenidos del #20NovMx

PROCESO 


24 de noviembre de 2014
Destacado
Manifestantes piden calma a los granaderos en Zócalo capitalismo. Foto: Hugo Cruz
Manifestantes piden calma a los granaderos en Zócalo capitalismo.
Foto: Hugo Cruz
MÉXICO, D.F. (apro).- Los 11 estudiantes detenidos el pasado jueves 20 en el Zócalo de esta ciudad al final de la marcha por Ayotzinapa tienen de plazo esta semana para desacreditar las acusaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre todo la de motín, delito grave que les impide su libertad bajo caución.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que los detenidos rindieron su declaración preparatoria en el Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, y solicitaron la duplicidad del plazo constitucional para presentar pruebas a su favor, entre ellos los videos del gobierno de la ciudad de México del momento de su detención.
Dentro de la causa penal 45/2014, la PGR los acusa de homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín, este último considerado grave y que se sanciona hasta con siete años de prisión. Su situación jurídica se define el próximo sábado 29.
Familiares de los detenidos, entre los que se encuentra Lawrence Maxwell Ilabaca, estudiante de nacionalidad chilena, aseguran que varios de los jóvenes fueron severamente golpeados por la policía.
Organizaciones sociales de todo el país pidieron el domingo al gobierno de Enrique Peña Nieto no utilizar el sistema de justicia para inhibir la protesta y garantizar el derecho a la libre asociación, en momentos en que se han incrementado las manifestaciones para exigirle la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos y desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado en Iguala.
El CJF informó que el sábado 22, a las 16:30 horas, recibió la consignación de la averiguación previa SEIDO/UEITA/14791//2014, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.
De los 11 detenidos, tres son mujeres, quienes fueron ingresadas el mismo sábado en el penal de alta seguridad Noroeste, en Tepic, Nayarit; mientras que los ocho hombres fueron enviados al penal federal Cerro de León, en Villa Aldama, Veracruz, el mismo día.
Como lo ha insistido el gobierno de Peña Nieto, el CJF aseguró que en el caso del chileno Laurence Maxwell Ilabaca, estudiante de posgrado de la UNAM, “se le informaron los derechos” constitucionales, como la asistencia consular  al momento de su declaración preparatoria.

Fuente

Federales intentan desaparecerlos, fallan y los acusan de robarles… 500 pesos

Bryan Reyes Rodríguez y Jacqueline Santana López, detenidos arbitrariamente por federales. Foto: Tomada de Facebook
Bryan Reyes Rodríguez y Jacqueline Santana López, detenidos arbitrariamente por federales.
Foto: Tomada de Facebook
MÉXICO, D.F. (apro).- Dos horas después de ingresar al Ministerio Público de la delegación Venustiano Carranza el pasado 15 de noviembre, Bryan Reyes Rodríguez y Jacqueline Santana López se enteraron que estaban acusados de amenazar con cuchillos de cocina a una policía federal y robarle 500 pesos, cuando ésta se encontraba con dos colegas.
Apenas 20 horas después de su ingreso al MP, Bryan fue llevado al Reclusorio Varonil Norte y Jacqueline al Femenil de Santa Martha. Ahora esperan que un juez analice su caso y resuelva en consecuencia.
Las declaraciones que realizaron ambos jóvenes por separado ante el MP –sin haber podido platicar después de su detención–, coinciden en una versión de los hechos muy diferente a la que ofrecieron los uniformados:
Pasadas las 02:30 de la tarde del sábado, Bryan, Jacqueline y su amigo Ulises Chávez Trejo salieron de la casa del primero rumbo al mercado de La Merced para comprar comida. En el cruce de las avenidas Francisco del Paso y Troncoso y Fray Servando Teresa de Mier, un grupo de 15 personas vestidas de civil los sometieron.
Ulises logró escapar, pero a Bryan lo forzaron a subirse a un automóvil Chevy con vidrios polarizados. Jacqueline fue subida a un taxi modelo Tsuru. Él gritó “¡Soy Bryan Reyes, me están secuestrando!” antes de desaparecer en el auto.
Un elemento de la Policía Preventiva del Distrito Federal escuchó el llamado de auxilio y arrancó su camioneta. Rebasó al Tsuru y al Chevy y ordenó a los conductores detenerse. Ellos se identificaron como policías federales. Entonces la patrulla se fue.
“Terrorismo de Estado”
Jorge Miranda, abogado de Bryan, aseveró hoy que, al subir los jóvenes a autos de civiles, los policías –sin uniforme–, estaban realizando una desaparición forzada, pero vieron sus planes frustrados por la intervención del agente del DF.
En consecuencia, “fabricaron el delito de robo” que, además resultó “absurdo”, según el abogado. Preguntó: ¿a quién se le podía ocurrir asaltar con cuchillos a tres policías a las dos de la tarde en una calle con mucho tránsito y en frente de la delegación Venustiano Carranza, con el fin de robarles 500 pesos?
La detención “arbitraria” y sin orden de aprehensión de los dos jóvenes “no es otra cosa que terrorismo de Estado”, denunció.
En conferencia de prensa, los defensores y familiares de los jóvenes detenidos denunciaron las irregularidades que mancharon el proceso de averiguación previa y la posterior decisión de dictaminar un auto de formal prisión a los dos jóvenes el pasado 22 de noviembre.
Primero, destacaron el hecho de que los uniformados no forman parte de cualquier cuerpo de la Policía Federal, sino de la Dirección General de Operaciones e Infiltración de la Coordinación de Operaciones Encubiertas, perteneciente a la Comisión Nacional de Seguridad.
Además, Bryan es uno de los jóvenes que fueron detenidos el 1 de diciembre de 2012, a raíz de las protestas contra el regreso del PRI en el poder.
El MP consignó “de forma exprés” a los dos jóvenes. La defensa aún tenía 28 horas para presentar pruebas que contradecían la versión de la policía, ya que el término constitucional es de 48 horas, aseveró Sergio Soto, abogado de Jacqueline.
Durante las 20 horas Bryan y Jacqueline estuvieron en el MP, sus abogados realizaron la tarea que, en teoría, le corresponde a la policía: Solicitaron a la Secretaría de Seguridad Pública del DF los videos de las tres cámaras de vigilancia ubicadas en la zona, que forman parte del sistema de seguridad C-2 y C-4 del gobierno capitalino.
Según los abogados, los videos que consiguieron se adecuan a la versión de los jóvenes: En ellos aparecen el Chevy seguido del taxi Tsuru. Luego los alcanza la camioneta del policía local que los detiene, pero enseguida se va.
Los defensores se trasladaron a la zona donde ocurrieron las detenciones. En la jerga judicial, esto se denomina “inspección ministerial”, pero en este caso las autoridades no la realizaron. Ahí, los abogados entrevistaron a los comerciantes y vecinos, quienes confirmaron una vez más la historia de los jóvenes.
El MP también omitió realizar las pruebas de huellas dactilares sobre los supuestos objetos del delito: Los cuchillos y el billete de 500 pesos, para ver si eran las de Bryan y Jacqueline. La prueba de dactiloscopía “es obligación del MP”, recordó Soto.
Más: El Ministerio Público no solicitó a la Policía Federal información sobre la adscripción de los tres uniformados ese día ni tampoco sus funciones específicas.
Varios indicios podrían haber motivado al MP a preguntar a la Policía Federal si los agentes hacían un operativo contra Bryan y su novia: Los antecedentes de Bryan por las manifestaciones del 1DMX y el hecho que ese mismo día –aproximadamente a la misma hora– un policía disparó su arma en Ciudad Universitaria después de sacar fotografías a los estudiantes del auditorio Justo Sierra, mejor conocido como “Che Guevara”. Pero, de nuevo, el MP no lo hizo.
Declaraciones idénticas
En sus declaraciones ante el MP, los tres policías aseguraron que patrullaban en la zona para realizar acciones de prevención. Estas tareas, subrayó Soto, recaen en las atribuciones de la policía del DF.
Y no sólo eso: Según el abogado, las declaraciones de los tres agentes son absolutamente idénticas y, en algunos momentos, aberrantes.
Por ejemplo, leyó un extracto de la declaración de Luis Alberto Castillo Rodillo en la que supuestamente explicó al MP que se encontraba “con Lidia Zárate Herrera y Luis Alberto Castillo Rodillo”, es decir, él mismo.
“En materia penal, se presume que los testimonios que utilizan términos idénticos carecen de validez, pero el juez les dio valor probatoria”, lamentó Soto.
En ninguna parte de las declaraciones de los policías se hace mención de Ulises Chávez, quien vive recluido en su casa desde el 15 de noviembre, ya que según sus publicaciones en las redes sociales, al asomarse de su ventana puede ver a personas vestidas de civiles haciendo guardias en las cercanías de su vivienda.
A pesar de todo lo anterior, el juez 39 del Distrito Federal dictaminó el auto de formal prisión el pasado 22 de noviembre contra Bryan y Jacqueline, y dado el carácter federal del delito, se declaró incompetente por razón de fuero.
En los próximos días se dará a conocer el Juzgado en el que se llevará a cabo el juicio contra la pareja, informó Soto a Apro.
El juez federal deberá estudiar de nuevo todos los materiales que sirvieron para inculpar a los dos jóvenes y podrá analizar las pruebas que recogió la defensa.
María del Carmen Rodríguez, madre de Bryan, se indignó que el juez del DF “se brincó las pruebas que se le presentó”. Entonces estalló: “Alguien con un dedito de inteligencia se da cuenta del montaje tan tonto que ni siquiera supieron hacer”.
Recordó que tanto Bryan como Jacqueline “son luchadores sociales” pacifistas, que tocan en los cafés y venden hamburguesas vegetarianas como forma de ingresar dinero a sus hogares. Agregó que han participado en los movimientos para la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Y advirtió: “Algún día van a salir de este lugar y van a seguir luchando”.

Fuente

Rodríguez Almeida: felicito a mi personal, le guste a quien le guste

Foto
El jueves pasado, más de veinte jóvenes fueron detenidos por policías capitalinos por arrojar bombas molotov a agentes de la policia auxiliar en la colonia Aviación CivilFoto Alfredo Domínguez
Mirna Servín Vega
 
Periódico La Jornada
Martes 25 de noviembre de 2014, p. 38
El secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, felicitó a los policías capitalinos por su actuación para restablecer la seguridad y el orden público durante las manifestaciones del pasado 20 de noviembre en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Zócalo.
Felicito a mi personal por el trabajo demostrado, por el gran valor, gallardía, responsabilidad y sobre todo porque restablecieron el orden público, le guste a quien le guste, enfatizó.
Al encabezar la clausura del diplomado internacional en Seguridad pública y alta dirección, impartido a 123 policías capitalinos por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Técnico de Formación Policial, Rodríguez Almeida incluso pidió un aplauso para el subsecretario de Operación Policial, Luis Rosales Gamboa, por su trabajo en estas movilizaciones.
Al ser cuestionado sobre las denuncias, videos y fotografías donde se observa a policías agredir incluso a personal de organizaciones sociales y de derechos humanos, aseguró que él no ha visto ninguna imagen de ese tipo. Sin embargo, dijo, los afectados pueden presentar la denuncia correspondiente.
Lo más importante es que no llegaron al AICM, no obstaculizaron una instalación estratégica, no pudieron explotar la pipa de gas que pretendían hacer explotar y restablecimos el orden público en el Zócalo.
Rodríguez Almeida subrayó que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal incluso felicitó a la policía capitalina por su actuación en las inmediaciones del aeropuerto, donde se impidió que los manifestantes afectaran el funcionamiento de una instalación estratégica.
El funcionario informó que tras los enfrentamientos ocurridos el pasado jueves, dos elementos de la corporación siguen hospitalizados por haber recibido cirugía mayor y 18 ya fueron dados de alta. Dijo que por estos hechos y los daños sufridos en equipamiento la dependencia a su cargo presentó una denuncia contra quien resulte responsable.

Fuente

Se han empleado mil millones contra contaminación en Cananea

Foto
Los ríos Sonora y Bacanuchi fueron afectados por un derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado de un represo de la mina de Grupo México en Cananea, en lo que autoridades ambientales consideran el peor desastre ecológico en la historia de la entidadFoto Cuartoscuro
Angélica Enciso L.
 
Periódico La Jornada
Martes 25 de noviembre de 2014, p. 21
Del fideicomiso del río Sonora, establecido para resolver la contaminación que ocasionó la minera Buenavista del Cobre en Cananea, se han utilizado mil millones de pesos –50 por ciento de los recursos asignados–, informó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra.
Explicó que la empresa presentará esta semana el programa de remediación para la zona, el cual tendrá que ser aprobado por la dependencia que encabeza y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
De acuerdo con un análisis del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático –que el funcionario dijo desconocer, aunque forma parte del expediente del caso que aparece en la página de Internet de la Semarnat–, los costos de remediación serían de 175 mil millones de pesos, en el caso de terrenos nacionales, y de 16 mil millones para los terrenos privados.
Entrevistado tras la entrega de certificados de calidad ambiental a cuatro campus del Instituto Tecnológico de Monterrey, el funcionario explicó que aunque el fideicomiso que estableció la minera Buenavista del Cobre de Grupo México –responsable del derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos en los ríos Sonora y Bacanuchi– tiene como referencia dos mil millones de pesos, pueden ser más recursos.
Detalló que ya se aportaron mil millones de pesos que se han invertido en diversos aspectos de ayuda social. Añadió que se han realizado algunas actividades de la remediación, pero el plan que presente la empresa la secretaría lo revisará y, en función de la propuesta que hagan, se aprueba y empieza; lo que invertirán será lo que determine la parte científica.
Agregó que la ciudadanía debe estar 100 por ciento segura de que la remediación se hará; lamentablemente hay algunos ríos en el país con ciertos niveles de contaminación.

Fuente

México importa la tercera parte del maíz que consume: comerciantes

Julio Reyna Quiroz
 
Periódico La Jornada
Martes 25 de noviembre de 2014, p. 21
La tercera parte del maíz que se comercializa en centrales de abasto y mercados públicos del país es de importación, afirmó este lunes Alfredo Neme Martínez, vocero de la Asociación Mexicana para un Comercio Justo.
Detalló que la producción nacional de este grano es de 22 millones de toneladas, mientras 11 millones son adquiridas en el exterior.
Neme Martínez criticó que a pesar de que la producción mundial es estimada en mil millones de toneladas, los precios del maíz están castigando a los productores con una baja de 57 por ciento en los dos últimos años.
En 2012, el costo de la tonelada del grano era de 348 dólares y hoy está en 149, indicó el dirigente.
Esta situación, además de ubicar a México como un país dependiente del exterior en alimentos, los precios al productor se desploman y no cubren los costos de producción y mucho menos dejan una utilidad razonable al agricultor, agregó. De igual forma, toda la cadena del sector comercio, desde el productor, pasando por el comerciante mayorista y hasta llegar al consumidor final, resulta dañada, dijo.
El gobierno federal debería fijar un precio objetivo de 4 mil pesos por tonelada, ya que con el precio internacional a la baja, los dos millones y medio de pequeños productores mexicanos de maíz no alcanzarán ni a cubrir sus costos, dijo Neme Martínez.

Fuente

Director del IPN pide “perdón” a estudiantes; se entrampa diálogo

PROCESO 


24 de noviembre de 2014
Destacado
Enrique Fernández Fassnatch, director del IPN. Foto: Benjamin Flores
Enrique Fernández Fassnatch, director del IPN.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (apro).- La sexta mesa de diálogo entre el gobierno federal y la Asamblea General Politécnica (AGP) fue el marco para la presentación oficial del nuevo director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Fernández Fassnacht.
Al amanecer del encuentro, Fernández Fassnacht se dirigió por vez primera a la comunidad politécnica:
“Lograron superar con creces las dudas de su capacidad para organizar este diálogo en sus instalaciones y en un ambiente de seguridad y respeto. Procede entonces pedir perdón por esas dudas y por todas las acciones y omisiones que provocaron este legítimo movimiento”, dijo, para después comprometerse a “honrar” y “cumplir” los acuerdos que en las mesas de negociación se pacten.
En correspondencia al discurso oficial, aludió a las protestas que el movimiento estudiantil ha encabezado a lo largo del país, con la presencia de “encapuchados”. Dirigiéndose a estudiantes del IPN y jóvenes del país, Fernández Fassnacht lanzó:
“Gracias por enseñarnos que para manifestarse y exigir como ciudadanos, así como para decidir como autoridades, de ahora en adelante es indispensable descubrirse y dar la cara por México”, fueron sus palabras. En el auditorio Alejo Peralta, sólo los 15 funcionarios del gobierno federal le aplaudieron.
La presencia del nuevo director general no fue suficiente para avanzar en las conversaciones, que continúan estancadas en la conformación de una comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico (CNP).
Los estudiantes proponen que el director general sea un miembro más de dicha comisión, con capacidad de voz y voto igualitaria al resto de sus integrantes, que sería conformada por la AGP.
El gobierno, por su parte, demanda que el nuevo titular del CNP tenga las mismas facultades que la representación estudiantil. De no llegar a ese acuerdo, el único restante para discutir la recalendarización del cuatrimestre y el levantamiento del paro, “la comisión quedaría a modo” de los estudiantes, argumentó el funcionario de la SEP, Salvador Malo.
El representante de la misma dependencia, Rubén Lara, pidió ser claros con la opinión pública: “Se pretende excluir al director general de la conformación de la comisión organizadora. Quiere decir que la AGP se asume como la única voz autorizada de esta comunidad para decir quién está en condiciones de organizar el CNP. Los estudiantes son determinantes, pero no son el IPN”.
La comunidad, acusó, “está integrada por los alumnos y profesores que los respaldan, pero también por los que no los apoyan. Y ellos tienen que estar representados. Me parece antidemocrático. Deben estar todas las voces”.
El estudiante Iván Álvarez reviró: “El director no es elegido democráticamente por la comunidad. Es impuesto. Que participe desde la preorganización es tanto como que sea juez y parte ante la problemática que el mismo congreso pretende terminar”.
Luis Ignacio Sánchez, representante gubernamental, insistió: “Es tan importante el CNP que no puede quedar en manos de unos cuantos. No podemos correr el riego de que se quede gente fuera del CNP. El que garantiza la representatividad, legalmente, es el director general”.
Tocó el turno a Alfredo Hernández, de la AGP: “De parte de las autoridades hay una incongruencia cuando dicen que el IPN quedaría en manos de unos cuantos. Yo les preguntaría ¿el país en manos de cuántos ha quedado? Son unos cuantos los que han aprobado las reformas estructurales que dañan directamente los derechos del pueblo”.
Los funcionarios acusaron falta de argumentos y lamentaron recurrir a temas “externos” al conflicto, por lo que llamaron a un receso que se extendería por casi dos horas.
Al regresar, los hombres de traje dijeron que la propuesta estudiantil resultaba “inaceptable” y convocaron a trabajar en la redacción de nuevas propuestas por parte de ambas partes.
Alfredo Hernández, explicó que esta postura, ante las condiciones que ha impuesto el gobierno, era inamovible. Argumentó:
“El doctor Fernández Fassnacht declaró (el 10 de octubre) que estaba en desacuerdo con que la elección de las autoridades en el IPN fuera mediante voto directo y secreto de la comunidad, alumnos, trabajadores y docentes. La democratización es la columna del movimiento puesto que inició por las decisiones autoritarias.
“Si el gobierno federal designa un director que está en contra del sufragio universal para elegir a nuestros representantes, ¿no es ésta una razón suficiente para pensar que su injerencia pondrá en conflicto a la construcción de la comisión organizadora del CNP?”, cuestionó el estudiante.
Fernández Fassnacht contestó: “Sí lo dije y lo sostengo. Pero es mi opinión nada más. El CNP va a ser un proceso democrático”, se le escuchó, encendiendo a los cientos de estudiantes que colmaron la explanada del auditorio.
Con el ánimo exasperado, el funcionario Efrén Rojas tomó la palabra: “En las instituciones más importantes del mundo no necesariamente lo académico se resuelve con ejercicios de democracia. La democracia es una forma para el desarrollo de las sociedades. En la academia imperan los argumentos, las metodologías”.
Airado, el estudiante Pedro Cruz confrontó a los políticos: “Pedimos que nos tengan confianza. Nosotros no vamos planear una matanza como la del 68…”, señalaba con la voz en el alto cuando el subsecretario de Educación Superior, Fernando Serrano, lo acusó de querer reventar la mesa.
Al intercambio de señalamientos, los jóvenes denunciaron un operativo “intimidatorio” del cuerpo de granaderos del GDF en las inmediaciones del IPN que los funcionarios no pudieron desmentir. David Garay, representante de Segob, dijo haberse comunicado con las autoridades capitalinas para despejarlo.
Entrampado el diálogo, la mesa acordó un nuevo receso.

Fuente

EL NUEVO DIRECTOR DEL IPN: AUTORITARIO

Frecuencia Laboral

*Al Frente de la UAM Impulsó un Reglamento Similar al que Generó el Conflicto en el IPN
 
Por la Mtra. María del Rosario Trejo García
Profesora-Investigadora de la Unidad Profesional Interdisciplinaria
de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas UPIICSA-IPN
Participación en el Programa Frecuencia Laboral del 22 de Noviembre del 2014
En el curriculum del nuevo Director General, Dr. Enrique Fernandez Fassnacht, quien fue nombrado el 20 de noviembre del 2014, destaca que no ha laborado para el politécnico y desconoce la vida interna del Instituto...y que como rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, impulsó un reglamento de alumnos similar al Reglamento Interno del IPN que derivo en el conflicto que actualmente enfrenta y que provocó el cierre de toda la institución, en protesta, desde septiembre del 2014 a la fecha.
•  Llevamos casi dos meses de suspensión de clases con las unidades académicas cerradas, producto de una crisis institucional politécnica, en el que los jóvenes dijeron basta!!!, detengamos decisiones arbitrarias y dejemos de trastocar la educación para el cual fue creado el IPN. Estamos en la etapa de concreción del cumplimiento del pliego petitorio de los estudiantes que se organizaron en la Asamblea General Politécnica.
El camino ha sido complicado, se ha visto en el propio movimiento estudiantil y en las diferentes mesas diálogo, de lo que por cierto, a todos los estudiantes, los de mesa de diálogo, los voceros de escuelas que integran la AGP, los que están en las guardias en las escuelas, les enviamos un saludo y nuestro reconocimiento a esta lucha. Lucha que también es la lucha de los docentes y los trabajadores de apoyo, por que nos une la defensa del IPN como una institución educativa pública de prestigio, nos une el deseo intenso de la transformarlo y fortalecerlo.
Nos une que buscamos que la formación politécnica se oriente a la resolución de los problemas de la idiosincrasia local, regional y nacional de México en los rubros de la salud, la infraestructura urbana, la necesaria productividad de las pequeñas, medianas y grandes empresas nacionales, los problemas del campo, el combate a la pobreza, la gestión organizacional.
En fin, por ello es esta lucha histórica de este siglo XXI en el politécnico, porque buscamos una educación para generar conocimiento y no importarlo, porque lo hemos logrado pero lo podemos lograr más ampliamente y mejor, por que buscamos que la educación politécnica sea científica, tecnológica, humanista, para la equidad, la solidaridad, para el progreso nacional y la justicia social que tanto se necesita en estos tiempos en el país.
Porque el IPN tiene un compromiso social con México a través de sus diferentes programas formativos, al dar opciones a las aspiraciones de miles de jóvenes y de mejora de las condiciones de vida de la sociedad. Esto no es lo que muchos señalan rollo ideológico, le queremos hacer en las aulas.
•  Estamos en el momento de acercarnos al regreso a clases, deseamos ya!! regresar a las aulas, pero con la firma de todos los acuerdos completa y formal, como acto jurídico-administrativo, como ustedes saben: en el tema de las no Replesalias a quienes participaron en este movimiento; la no incorporación de las vocacionales al Sistema Nacional deBachillerato; eliminación del privilegio de las pensiones vitalicias de los exdirectores del IPN; el tema del porrismo que tanto ha padecido el IPN, con estos grupos delincuenciales financiados; la salida de la policía Bancaria e Industrial con la conformación de cuerpos de seguridad interna, recuperando con ello espacios laborales que les fueron arrebatados al personal de apoyo del IPN.
Otros acuerdos importantes que se deben firmar son la redistribución del presupuesto 2015, hacia el incremento de becas para estudiantes y mejora en infraestructura, tema que por cierto, fue ampliamente justificado y evidenciado por los estudiantes dialoguistas en torno a las carencias que ha vivido por años el IPN, por que dialogar y acordar con el gobierno no ha sido fácil, ha sido una tarea muy ardua para los estudiantes, como ustedes lo han observado en las transmisiones por canal 11.
Sin dejar de reconocer la importancia de estos temas mencionados, está el acuerdo que todavía no se convierte en acuerdo como tal, dado el debate que no concluye sobre el Congreso Nacional Politécnico en torno a la participación del director general del IPN en la determinación inicial de los lineamientos para su organización, mismo que está pendiente para la próxima mesa de diálogo este lunes 24 de noviembre.
La realización del Congreso Nacional Politécnico, será una gran oportunidad, en gran medida será el fruto de este movimiento, el que representa el proceso de Diseño de otra etapa educativa politécnica fundamental, pues aquí serán discutidos y serán resolutivas diferentes cuestiones sustanciales como:
•  La democratización de la elección de autoridades en el IPN, que actualmente en el caso del Director General corresponde al Presidente de México, y podrán también replantearse las de directores de unidades académicas.
•  El papel del Consejo General Consultivo y de los Consejos Técnicos Consultivos Escolares en su condición de consultivos actualmente, los que desafortunadamente se han caracterizado por conducirse en la práctica como apéndices y legitimadores de las decisiones de los directores de unidades académicas de las autoridades centrales.
•  El modelo educativo que ha aplicado el politécnico y otros alternativos, que son la raíz de los planes de estudio
•  La condición orgánica del IPN dentro de la estructura gubernamental del poder ejecutivo, que va a ser todo un tema polémico, que tendrá que ver seguramente con la autonomía
•  La formación docente, las relaciones laborales, entre muchos otros más
•  Respecto de la designación del nuevo Director General, que ha recaído en el el Dr. Enrique Fernandez Fassnacht, es indiscutible su amplia y destacada trayectoria académica, egresado del IPN en la licenciatura, que legamente cumple los requisitos para haber sido nombrado director general del instituto, pero es una persona que no ha laborado para el politécnico, lo cual puede ser una desventaja, pues desconoce la vida interna del Instituto, no proviene de las filas del personal académica como tradicionalmente lo venían siendo los directores de anteriores gestiones.
Su nombramiento ha causado preocupación e inquietud entre miembros de la comunidad politécnica, así incluso lo expresaron los jóvenes integrantes de la mesa de diálogo la madrugada del 20 de noviembre cuando el Subsecretario de Educación Superior de la SEP dio a conocer su nombre.
Preocupa su designación por sus antecedentes en los cargos que ha ocupado, como rector de la UAM, en la que quiso impulsar un reglamento de alumnos similar al Reglamento Interno del IPN aprobado el 24 de septiembre de 2014, en lo relativo a limitar libertades de los alumnos y criminalizar las expresiones de inconformidad, motivo en parte de este conflicto politécnico.
Inquietan y ponen el alerta a muchos politécnicos, declaraciones de él, que manifiestan un perfil y una vocación por lo que no se desea y por lo que está luchando el IPN, tal es el caso de expresar su desacuerdo en la democratización de elección de autoridades, así como manifestar que las universidades o instituciones de educación superior deben formar para las Reformas Estructurales, incluso algunos compañeros han llegado a señalar, que salió más caro el remedio que la enfermedad
Independientemente de lo mencionado, deberemos esperar que se presente y escuchar su proyecto en la siguiente mesa de diálogo, en el que debe estar presente para signar los acuerdos ya concluidos, que además incluye los compromisos de la cancelación del Reglamento Interno aprobado en septiembre pasado y de los planes de estudio cuestionados, así como la discusión y acuerdo de la recalendarización y el levantamiento del paro.
Los docentes consideramos que si de verdad hay una preocupación de este nuevo director general por mejorar el nivele académico del IPN, ello incluye no sólo cumplir y operar los acuerdos firmados, sino también esto pasa por mejorar cualitativamente los diversos procesos académicos, fortalecer la investigación y su financiamiento, una real formación docente no sólo en lo educativo sino también en lo disciplinar, la integración de un equipo de trabajo con personal con perfil educativo y competentes, el combate a la corrupción, la transparencia y rendición de cuentas en varios rubros, así como la mejora de las condiciones de trabajo tanto del personal académico como de apoyo, pero de ello hablará la representante sindical de docentes de la UPIICSA en seguida. 

No fincan cargos al policía que baleó a joven negro en Ferguson

Foto
Reacción de Lesley McSpadden (lentes oscuros), madre de Michael Brown, luego de escuchar el fallo del gran jurado, ayer en FergusonFoto Ap
Foto
Las protestas por el fallo del gran jurado en el caso del policía que mató a un adolescente en un suburbio de San Luis, Misuri, se extendieron por varias ciudades estadunidenses. Inconformes colmaron por la noche Times Square, en Nueva YorkFoto Ap
Foto
El gobernador de Misuri, Jay Nixon, ordenó el cierre del aeropuerto y pidió la intervención de la Guardia Nacional. En la imagen, saqueo a una tienda en Ferguson, anocheFoto Ap
Ap, Afp y Reuters
 
Periódico La Jornada
Martes 25 de noviembre de 2014, p. 27
Ferguson.
De costa a costa, indignadas multitudes salieron a protestar en Estados Unidos la noche de este lunes después de que un jurado investigador decidió no acusar formalmente a un policía de raza blanca por la muerte de un joven afroestadunidense desarmado en un suburbio de San Luis, Misuri.
Un jurado investigador resolvió no acusar formalmente al policía Darren Wilson por el homicidio de Michael Brown, de 18 años, abatido de seis disparos por el agente de 28 años el 9 de agosto pasado, lo que según testigos ocurrió cuando el joven estaba con las manos arriba.
El fiscal del condado de San Luis, Robert McCulloch, dio a conocer la decisión del jurado que conoció evidencias y escuchó testimonios durante tres meses.
El deber de un un gran jurado es separar los hechos de la ficción, declaró el fiscal antes de afirmar que los jueces han determinado que no hay causa probable para presentar cargos contra el policía Wilson.
Poco antes, McCulloch dijo que el jurado encontró inconsistencias entre las evidencias físicas y los testimonios, y agregó que incluso algunos testigos modificaron sus declaraciones para tratar de acomodarlas a la versión de que Brown se rindió ante el uniformado.
El anuncio provocó inmediatamente protestas violentas en Ferguson y más tarde, de manera pacífica, en las principales ciudades del país, como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Filadelfia, San Luis, Wa-shington, así como en la pequeña localidad de Sanford, Florida, donde un policía privado mató en febrero de 2012 a un adolescente negro cuando caminaba por una zona residencial.
Unos cinco minutos después de que el fiscal McCulloch informó que el jurado rechazó levantar cargos contra Wilson, manifestantes frente a instalaciones policiales en el centro de Ferguson lanzaron piedras y botellas contra los agentes antimotines.
¡Sin justicia no hay paz!, gritaban los inconformes.
En un principio la policía no respondió, pero cuando McCulloch terminó de leer el documento, hacia las 20:40 horas (igual tiempo de la ciudad de México), se multiplicaron los ataques y fue entonces cuando la policía comenzó a dispersar a los inconformes con bombas de gas lacrimógeno y de humo.
Las televisoras CNN y Fox News reportaron que hubo disparos de armas de fuego, pero hasta el cierre de esta edición no había informes de heridos ni de arrestos.
Vehículos blindados y policías antimotines avanzaron hacia los manifestantes, que en la retirada destruyeron al menos una patrulla, incendiaron un automóvil, rompieron vidrios y saquearon comercios y prendieron fuego a varios de ellos.
La autopista 144 fue cerrada por las protestas en San Luis.
Hacia las 10 de la noche, las televisoras refirieron que decenas de personas salieron a las calles en la popular Times Square de Nueva York y en el sur de Los Ángeles, escenario de violentas protestas en 1992 por un veredicto que exculpó a un policía de haber sometido brutalmente a Rodney King, un afroestadunidense entonces de 17 años.
Una hora más tarde, ya eran miles de personas las que habían salido a protestar pacíficamente en Nueva York, de acuerdo con Fox.
Menos de una hora después de que se conoció la decisión del jurado, el presidente Barack Obama apareció en televisión para pedir que las manifestaciones fueran pacíficas. Citó además a la familia de Brown, que si bien manifestó estar decepcionada, pidió que las protestas no fueran violentas.
De manera paralela, el Departamento de Justicia realiza una investigación sobre posibles violaciones a los derechos civiles, lo que podría resultar en la aplicación de cargos federales a Wilson.
En Cleveland, el jefe de la policía, Calvin Williams, defendió la conducta del agente que disparó y mató el sábado a Tamir Rice, un afroestadunidense de 12 años que tenía un arma de juguete en un parque.
La identidad de los policías involucrados no fue dada a conocer; fueron suspendidos tres días y al volver se tiene previsto que realicen labores de escritorio.
Al visitar el lugar donde fue ultimado Rice, su padre, Gregory, se preguntó por qué la policía no usó un arma eléctrica en lugar de la fuerza letal.
Por qué no lo tranquilizaron, dijo Gregogry, quien recordó que su hijo era un muchacho respetuoso, según el diario Cleveland Plain Dealer.

Fuente