miércoles, 3 de diciembre de 2014

SME Reunion Jnformativa Jubilados 3dic14

Aprueban diputados ley antimarchas en medio de protestas por Ayotzinapa

PROCESO 


2 de diciembre de 2014
Destacado
#1DMx. A dos años de su gobierno, miles piden la renuncia de EPN. Foto: Miguel Dimayuga
#1DMx. A dos años de su gobierno, miles piden la renuncia de EPN.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- En medio de las crecientes manifestaciones contra el gobierno de Enrique Peña Nieto por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, PRI, PAN, PVEM y Panal aprobaron en San Lázaro cambios constitucionales que permitirían a la autoridad frenar las protestas.
De forma sorpresiva, PRI y PAN sacaron de la “congeladora” un dictamen sobre “movilidad social” que, el 24 de abril pasado, avaló la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el perredista e integrante de la corriente de Los Chuchos, Julio César Moreno Rivera, y lo pusieron hoy a consideración del pleno.
Se trata de cambios al 11 y 73 constitucionales; en el primero se establece que “el Estado garantizará el derecho de todas las personas a la movilidad universal atendiendo los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad”.
En tanto que al artículo 73 se le añadió que el Congreso puede legislar en “materia de movilidad universal en los términos de la Constitución… y que podrá expedir la Ley General de Movilidad que haga efectivo el pleno ejercicio del derecho a la movilidad”.
La iniciativa fue promovida por el panista Marco Aguilar, uno de los operadores del excoordinador Luis Alberto Villarreal, y quien forma parte del grupo cercano a Gustavo Madero, expresidente nacional del PAN.
Por tratarse de una modificación a la Constitución se requirió el aval de las dos terceras partes de los legisladores presentes; el bloque de PRI, PAN, Panal y PVEM cosechó 292 votos a favor en tanto que PT, MC y PRD sólo sumaron 100 sufragios en contra.
La minuta fue enviada al Senado y, una vez avalada por éste, deberá ser aprobada por al menos 17 Congresos locales. Después se tendrán 180 días para elaborar la Ley General de Movilidad.
El tema fue seriamente cuestionado por legisladores de izquierda, quienes fueron los únicos que hablaron en tribuna, pues el bloque afín al PRI guardó silencio y sólo espero la votación que de antemano sabía sería avasalladora.
La perredista Amalia García, quien en abril pasado fue reconvenida por sus compañeros de partido por haber votado a favor de la polémica iniciativa, subió este martes a tribuna para hablar en contra y justificar su voto en aquel momento:
“Hace un año el país era otro, hoy estamos en una situación extremadamente delicada, y a la luz de lo sucedido hoy en las manifestaciones, en el PRD estamos en contra… Se deben respetar los derechos humanos, la libertad, el respeto a la libre expresión. Hay ya artículos en la Constitución que son el centro y le dan la fuerza a estas libertades”, resaltó.
Y enumeró: El 35, “que habla del derecho a asociarse para tomar parte en los asuntos políticos”; el 9 que advierte que no se podrá coartar el derecho a reunirse con cualquier fin, “que dice que no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o denuncia por un acto o presentar una protesta ante una autoridad”.
Además, están el primero, que señala que el Estado debe prevenir, sancionar e investigar las violaciones a los derechos humanos, y el octavo, que obliga a los funcionarios públicos a respetar el derecho de petición.
Sin embargo, añadió, con estos cambios a los artículos 11 y 73, en donde “el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad”, en realidad pueden ser utilizados como “coartada” para limitar el derecho a la libre manifestación.
“Es sumamente peligroso que se coarten las libertades y los derechos políticos”, alertó la zacatecana.
Lilia Aguilar, vicecoordinadora de PT, fue certera en su intervención al traer a colación el apunte que los diputados chilenos hicieron con motivo de su visita a México la semana pasada para buscar la liberación de Laurence Maxwell, detenido al término de la manifestación del 20 de noviembre en el Zócalo capitalino:
“Lo que vemos hoy en México nos recuerda lo ocurrido durante la dictadura de Pinochet”, recordó.
Luego dijo que los cambios propuestos por el panista y llevados al pleno de forma sorpresiva parecieran una “ley antimarchas”. Enseguida preguntó: ¿Qué derechos estamos violentando como para que se presente esta iniciativa? ¿Por qué la urgencia?, ¿Por qué en este momento?
La petista también advirtió que los priistas y sus aliados “están abriendo una caja de Pandora. La pradera está seca y ustedes no sólo le echan gasolina sino que están prendiendo un cerillo”.
La legisladora sostuvo que la tentación de utilizar estas modificaciones en forma “punitiva” se pueden presentar, sobre todo luego del añadido en donde se establece que “el Estado deberá garantizar el derecho a la movilidad. ¿De qué manera se dará esto? ¿Ese derecho no está en la Constitución?, cuestionó para enseguida señalar que movilidad es el poder trasladarse de un estado a otro, el derecho a vivir en cualquier lugar, como lo establece el derecho internacional, y nada tiene que ver con las marchas y las protestas.
La petista exhibió luego a los priistas cuando sostuvo que “pareciera que le están pagando al PAN con esta iniciativa”.
Por parte del MC, Ricardo Mejía Berdeja denunció que con los cambios se abre la puerta para “una coartada a la represión”. Este dictamen, añadió, es políticamente inoportuno por la situación que se vive en el país, en donde se han presentado violaciones a los derechos humanos.
Esta iniciativa, advirtió el legislador del MC, puede ser la puerta de entrada para frenar otros derechos fundamentales.
Con esta ley, abundó, “por la vía de la justicia se pueden frenar las movilizaciones, los actos legítimos de protesta se pueden coartar aunque no lo diga así el dictamen. Hoy México vive una crisis política, social, económica, de derechos humanos y, en el escenario de inconformidad que se vive, quieren frenar el descontento social con estos cambios a la Constitución”.
Con las modificaciones, puntualizó, se tiene el pretexto perfecto para reprimir las manifestaciones.
Griselda Saldaña, del PRD, dijo que los cambios constitucionales son “ambiguos”, pues se puede caer en “criminalizar la protesta”. Luego acusó a priistas y panistas de “perversos”.
“Es perverso que ante las masivas manifestaciones que hay se proponga esta ley. ¿Desde cuándo un derecho humano debe reglamentarse?”, planteó.
El también perredista Fernando Belaunzarán sugirió cambios para frenar la tentativa de coartar el derecho a manifestarse, aunque antes enumeró los errores del gobierno federal: El “ya me cansé” del procurador general de la República, la irrupción de policías en Ciudad Universitaria; del Ejército a la Universidad de Coahuila; las detenciones del 20 noviembre; los ‘levantones’ de jóvenes por parte de fuerzas de seguridad…
“Se quiere criminalizar las manifestaciones”, acusó Belaunzarán, en tanto que la petista Lilia Aguilar advirtió al bloque encabezado por el PRI que “una sola chispa puede incendiar la pradera”.
El dictamen finalmente se aprobó y nadie de PRI, PAN, PVEM o Panal subió a tribuna para defenderlo; en silencio, la mayoría escuchó los reclamos de la oposición y así, sin decir palabra, levantaron la mano para avalar una nueva ley que podría facilitar a las autoridades impedir, frenar o sofocar una manifestación.

Fuente

PRI y PAN buscan aprobar reforma que reglamente las manifestaciones

Roberto Garduño y Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de diciembre de 2014, p. 3
Los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PVEM en la Cámara de Diputados desempolvaron un dictamen de reforma a la Constitución que define el derecho a la movilidad, pero que en realidad autoriza al Estado a buscar mecanismos alternativos al ejercicio de las libertades de expresión, reunión y manifestación y a regularlas mediante una ley general.
El 23 abril la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen de reforma a los artículos 11 y 73 de la Constitución, con la finalidad de incluir el derecho a la movilidad, y el documento fue congelado en la mesa directiva.
Ayer, en el contexto de las movilizaciones en todo el país para demandar la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, esos partidos incluyeron el tema en el orden del día.
Además, la junta directiva de la comisión –con el voto en favor de su presidente, el perredista Julio César Moreno– hizo una adición al dictamen, para que el Congreso establezca las bases para hacer efectivo el derecho a la movilidad, con la expedición de una ley general, en un plazo no mayor a 180 días, y para que los congresos de los estados modifiquen sus legislaciones en ese mismo sentido.
Diputados de PRD y Movimiento Ciudadano, que en abril aprobaron el dictamen, aclararon que el contexto social del país era otro en ese momento, además de que la enmienda original buscaba garantizar la movilidad urbana como una necesidad básica, en el contexto del crecimiento del transporte particular. Ahora, alertaron, se trata de una reforma políticamente incorrecta.
Aun cuando el dictamen –aprobado por 292 votos de PRI, PAN, PVEM y sus aliados del Panal, y 100 en contra de PRD, PT y Movimiento Ciudadano, y turnado como minuta al Senado– define en sus consideraciones que el derecho al libre desplazamiento no puede estar en pugna con el ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como el de reunión, manifestación y protesta social, sí expresa que se buscarán mecanismos alternativos para el disfrute de dichas garantías.
Añade: La legislación que expida el Congreso de la Unión en materia de movilidad universal no debe partir ni entender que existe tensión o contradicción entre este derecho con el ejercicio de otros derechos humanos, sino al contrario, el derecho a la movilidad universal pasa a formar parte del conjunto de derechos humanos, junto con el de manifestación, reunión y protesta social, reconocidos por la Constitución, de los cuales gozarán todas las personas en el territorio nacional.
Foto
Cientos de personas se manifestaron ayer en Chilpancingo, Guerrero, para recordar el 40 aniversario de la muerte de Lucio Cabañas y exigir que aparezcan con vida los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidosFoto Reuters
Ante esa redacción, la diputada Graciela Saldaña Fraire (PRD) preguntó: ¿Desde cuándo un derecho humano constitucionalmente establecido debe reglamentarse? Resulta perverso y nada casual que ante las manifestaciones masivas hoy se proponga dar paso a una ley para reglamentar la movilidad. Estamos en riesgo de aprobar una ley que enmascare la regulación del derecho al libre tránsito y a la protesta social y, en consecuencia, a la represión oficializada.
Ricardo Mejía, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, dijo que si bien él aprobó el dictamen a una iniciativa del PAN, lo hizo porque se trataba de una propuesta progresista, a la que ahora se le cambió el sentido.
En la coyuntura política y social que vive el país, este dictamen es inoportuno. La reforma bien puede utilizarse como una coartada para la represión y frenar el legítimo derecho del pueblo a manifestarse, al libre tránsito. Estamos ante la previsible contradicción entre dos derechos constitucionales, el de tránsito y el de movilidad, expuso.
Amalia García Medina (PRD), integrante de la comisión que también avaló el dictamen en abril junto con sus compañeros Julio César Moreno, José Ángel Ávila y Luis Espinosa Cházaro, sostuvo que entonces México era otro. Resaltó que la atribución constitucional para garantizar la movilidad se incluye entre las atribuciones del Congreso en materia de medio ambiente.
Regular la libertad de expresión, asociación, de petición, de reunirse en asamblea, entre otras, dijo, violaría los artículos 8, 9 y 35 de la Constitución.

Fuente

Politécnicos condicionan el diálogo a la liberación de estudiantes detenidos

Foto
Estudiantes politécnicos marcharon ayer de Zacatenco a la agencia del Ministerio Público ubicada en la sede de la delegación Gustavo A. Madero, para exigir la liberación de los estudiantes detenidos durante las manifestaciones del pasado lunesFoto Alfredo Domínguez
Arturo Sánchez y Emir Olivares
 
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de diciembre de 2014, p. 4
La detención de tres estudiantes –uno del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y dos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)– durante la marcha del lunes pasado en solidaridad con Ayotzinapa y quienes, según sus compañeros, no participaron en los actos de violencia, provocó que el diálogo entre la Asamblea General Politécnica (AGP) y representantes del gobierno federal se suspendiera una vez más.
Así, de nuevo quedó pendiente la firma de los acuerdos que apuntan a la solución del conflicto que desde hace nueve semanas se vive en el IPN.
La insistencia de los estudiantes politécnicos en resolver la excarcelación de los detenidos y, con ello, dar paso a la suscripción de los acuerdos, hizo que los funcionarios federales se levantaran de la mesa. Horas más tarde la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un comunicado en el que calificó a los representantes de la AGP de intransigentes por poner esa condicionante.
En respuesta, los representantes de la AGP dieron a conocer un comunicado en el que aseguraron que no se les puede llamar intransigentes por pedir la liberación de su compañero. Él también es comunidad politécnica y no podemos regresar a las aulas mientras haya estudiantes tras las rejas.
Al reinstalar la séptima mesa de diálogo que sostienen con funcionarios federales –la cual fue pospuesta la semana pasada, cuando un reducido grupo trató de dar portazo para ingresar al auditorio Alejo Peralta–, los representantes de la AGP leyeron un pronunciamiento en el que sostuvieron que no podían dialogar en tanto sus compañeros no estén libres y presentes en el auditorio.
Alegaron que estas aprehensiones son incompatibles con el acuerdo de no represalias contra los estudiantes del IPN, que forma parte de las demandas politécnicas.
En respuesta, Alejandro Ozuna Rivero, jefe de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Gobernación (SG), aclaró que las no represalias no significan inmunidad. Ser estudiante (de alguna universidad) no los exculpa (en caso) de violar la ley.
El funcionario comprometió el apoyo del gobierno federal y de la oficina jurídica del IPN para enviar un equipo de abogados a conocer los casos y atenderlos conforme a derecho. Pero aclaró que no está en manos de las autoridades federales la liberación de los tres jóvenes, al tratarse de casos seguidos en el fuero común.
En un principio, los funcionarios intentaron avanzar en la agenda que se desahogaría en la mesa de ayer –que se transmitió por Canal Once, al igual que las anteriores–, en la que se daría la firma de los ocho acuerdos alcanzados hasta ahora y fijar la fecha para el regreso a clases.
Sin embargo, los estudiantes en paro reiteraron su exigencia de la liberación de los detenidos. Además, demandaron al director del IPN, Enrique Fernández Fassnacht, pronunciarse por la libertad de los tres detenidos, que son Ariel Flores, alumno de la Vocacional 9; Óscar Espinoza y Demián Reyes, de la UNAM, acusados de ataques contra la paz pública, portación de objetos aptos para agredir y ultraje a la autoridad, delitos no graves que alcanzan libertad bajo fianza.
La sesión duró menos de una hora. Los jóvenes no se movieron de su postura, mientras los funcionarios insistieron en que se trataba de un tema político.
A su vez, el director del IPN señaló que no tiene competencia para pedir la liberación de los estudiantes. No me pueden pedir que, sin conocer el caso (de los detenidos), me pronuncie por su libertad incondicional sólo porque son alumnos del IPN, como si fueran infalibles.
César López, uno de los representantes de la AGP, cedió su lugar en la mesa a Carlos Rodríguez Ávila, alumno de la Vocacional 9, quien indicó que al menos 18 integrantes del contingente de su escuela fueron golpeados por los granaderos. Mientras agredían, vimos cómo las personas que realizaron los desmanes salieron caminando.
Al no haber consenso, el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Fernando Serrano Migallón, solicitó un receso de 15 minutos (empezó a las 16:10) para analizar la exigencia de los politécnicos. A las seis de la tarde los representantes de la AGP volvieron a la mesa e informaron que sin dar aviso, los funcionarios se habían retirado del auditorio y que habían girado instrucciones para que un equipo jurídico trabajara en el caso de los detenidos y posteriormente se reinstalara el diálogo.
Los jóvenes insistieron en que ese último mensaje fuera transmitido también por Canal Once, pero se les respondió que al no estar ambas partes en la mesa no se podía restablecer la señal.
A las 18:36, la SEP emitió un comunicado en el que afirmó que la instransigencia de la AGP obligó a un receso en el diálogo. Llamó a los representantes politécnicos a la reflexión a fin de dar solución al conflicto. Lamentó que durante la sesión los estudiantes rompieron las reglas acordadas de no hacer manifestaciones o pronunciamientos políticos contrarios a la civilidad del diálogo.
A las 22 horas vino la respuesta de los representantes de la AGP. También en un boletín, criticaron que los funcionarios se hayan retirado sin previo aviso y sin escuchar la propuesta que los estudiantes habían discutido durante el receso, y remarcaron que ellos habían planteado una sesión permanente. Nosotros habíamos evaluado retomar el diálogo con la carta compromiso del director, la recalendarización y la entrega de las instalaciones. Sin embargo, no nos dieron tiempo de emitir nuestra postura, pues habían abandonado el auditorio sin dar aviso.
Por la mañana, unos 500 estudiantes de varias escuelas del IPN, ente ellos representantes de la AGP, pretendían marchar de la Plaza Roja de Zacatenco a la dirección general del instituto para entregar las demandas particulares de cada plantel; sin embargo, cambiaron la ruta hacia la agencia del Ministerio Público cuatro, donde se encuentran los detenidos. Luego de ello retornaron al auditorio para instalar el diálogo.
Cuando la sesión se suspendió decidieron regresar al Ministerio Público, donde permanecerán, dijeron, hasta que sus compañeros sean liberados.
En este lugar, al menos 14 estudiantes de la Vocacional 9 instalaron una huelga de hambre en solidaridad con su compañero detenido. Su objetivo –dijeron en entrevista anoche– es acompañarlo por el momento que pasa y consideraron que se están violando sus derechos, porque es inocente.
Por la noche, estudiantes de la UNAM y del Politécnico bloquearon la avenida Insurgentes Norte para continuar con la demanda de que liberen a los detenidos.

Fuente

Ofende a diputados priistas que los llamen “pendejos y ladrones”

PROCESO 


2 de diciembre de 2014
Destacado
Diputados protestan contra la "Casa Blanca" en San Lázaro. Foto: Octavio Gómez
Diputados protestan contra la "Casa Blanca" en San Lázaro.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- Ofendidos porque los llamaron “pendejos y ladrones”, diputados del PRI reclamaron “eliminar” del diario de debates esos señalamientos y, en cambio, exigieron “seriedad” en la discusión sobre la creación de la comisión especial para indagar la licitación del tren México-Querétaro
Luego de que el PRI intentó acabar con las exigencias de la oposición para indagar la presunta venta de la mansión de Sierra Gorda 150, propiedad de Angélica Rivera, y su relación con el constructor consentido del régimen, Juan Armando Hinojosa Cantú, a través de la creación de una comisión especial, el diputado Manuel Huerta, del PT, soltó a los priistas desde tribuna:
“Es un error lo que están haciendo, creando esta comisión y más poniéndole plazo de tres meses, pues en las calles la gente está desbordada, no van a poder ocultar las cosas… hay dos cosas que no se pueden ocultar: lo pendejo y lo corrupto”, fustigó.
Y añadió que esta comisión no es más que “una tapadera”; enseguida pidió a los priistas que no olviden que “no es una paloma, es una gaviota”, en alusión al apodo que recibe Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.
Manuel Añorve, vicecoordinador priista, pidió al presidente de la Mesa Directiva, Silvano Aureoles, que retirara del diario de debates los señalamientos de Manuel Huerta, quien solicitó que se dejaran; de lo contrario, acusó, se le estaría coartando su libertad de expresión.
Otro diputado priista y quien en las últimas sesiones se ha asumido como un defensor a ultranza de Peña Nieto es el legislador por Michoacán, Salvador Romero, quien exigió “seriedad” en el debate.
La legisladora priista por el Estado de México, Cristina González Cruz, dijo que cuando se acaban los argumentos empieza “el bajo nivel del debate y ello refleja a quien dice esas palabras”.
En tanto, el vicecoordinador de MC, Ricardo Mejía, advirtió que aunque no se constituyó la comisión Casa Blanca, “vamos a participar para ir jalando la hebra”.
En el caso del empresario Hinojosa Cantú, abundó, hay tráfico de influencias, corrupción, contratismo y los priistas “quieren esconder la realidad sobre actos de corrupción, pero no lo van a lograr”, advirtió Mejía Berdeja.
La comisión especial para el tren rápido estará integrada por ocho diputados –dos del PRI y uno por cada partido– y se espera que la presida el PAN.

Fuente

Escritor mexicano Juan Villoro alertó que el país está “al borde del estallido social”

El escritor mexicano Juan Villoro alertó que su país está “al borde del estallido social” debido al estado de violencia que se vive en gran parte del territorio y que hizo eclosión en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, estado Guerrero, y apuntó que advierte también una “profunda descomposición social” que viene de tiempo atrás. “Estamos al borde de un abismo y si no damos un paso atrás nos vamos a caer”, disparó Villoro en una entrevista en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.
“Hay una descomposición social que viene de muy lejos y el caso de Ayotzinapa simplemente ha puesto de manifiesto que vivimos en un país regido por la impunidad, donde el gobierno y los partidos políticos no pasan por la legalidad, donde el tráfico de influencias predomina en la relación política y hacer política es una manera de enriquecerse”, criticó.
El autor se refirió a lo sucedido el pasado 26 de septiembre, cuando policías del municipio de Iguala, en Guerrero, atacaron a tiros a un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Seis personas murieron, incluidos tres alumnos, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes fueron detenidos por policías y entregados al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró, según el testimonio de tres de los casi 80 detenidos por el suceso.
El caso de los estudiantes ha desatado indignación y numerosas protestas fuera y dentro de México, a punto tal que viene causando estragos en la gobernabilidad del presidente Enrique Peña Nieto, quien vive los días más difíciles de su gestión, según coinciden analistas políticos.
“Es un momento muy complicado porque hay mucha indignación, mucha empatía con las víctimas de la violencia, pero no hay una ventana de esperanza, un horizonte político que, digamos, éste es nuestro líder, nuestro partido”, apuntó, citado por EFE.
“Eso lo tendríamos que crear nosotros, los ciudadanos”, dijo tras advertir que “si no se ‘ciudadaniza’ la política y no se pasa a un país de legalidad, esto va a estallar. Estamos al borde del estallido social”, insistió.
Este estallido social, explicó Villoro, podría cobrar “muchas formas” en un país que “está lleno de armas”. Una de las más peligrosas es que el crimen organizado tenga “una gran escalada de violencia hacia el narcoterrorismo”.
Por ello, para enfrentar este problema, habría que crear “un frente cívico, ciudadano”, propuso Villoro, aunque dijo no saber cómo se construiría.
“Creo que es necesario hacer una reforma del Estado, cambiar las formas de participación política y ‘ciudadanizar’ la política”, abundó.
En su opinión, hoy los ciudadanos pueden “influir en cosas”, como quedó de manifiesto con el anuncio de la primera dama, Angélica Rivera, sobre la venta de sus derechos sobre una lujosa mansión que había comprado a un contratista del gobierno o la cancelación del proceso de licitación del tren México-Querétaro.
“Son reacciones ante la presión social, son pequeños triunfos y señales de que el gobierno sabe que la marea crece”, ponderó.
El escritor presenta en la FIL su último libro “Apocalipsis, todo incluido”, una colección de cuentos que incluye un texto sobre las expectativas que se generaron durante el presunto fin del mundo en 2012, que dio título a la obra y que sale ahora al mercado, cuando estamos en “una situación de apocalipsis anunciado”.
“Si juzgamos el mundo contemporáneo, nos damos cuenta de que el apocalipsis está en muchos sentidos a punto de ocurrir”, concluyó.
Telam

Fuente

Durante búsqueda de normalistas han sido hallados 55 cadáveres y 50 fosas

PROCESO 


3 de diciembre de 2014
Destacado
Elementos de la PGR en busca de fosas clandestinas en Guerrero. Foto: Octavio Gómez
Elementos de la PGR en busca de fosas clandestinas en Guerrero.
Foto: Octavio Gómez
IGUALA, Gro., (proceso.com.mx).- En la búsqueda conjunta de nuevas fosas en las inmediaciones de Iguala, la organización ciudadana UPOEG y la PGR han encontrado más de 50 fosas y exhumado 17 restos humanos en menos de una semana.
La noticia de los nuevos hallazgos ha atraído a familias de 375 personas desaparecidas que han denunciado sus casos ante las autoridades y aportaron muestras genéticas para que sean contrastadas con las osamentas.
Con estos nuevos restos recuperados suman 55 los cadáveres exhumados en Iguala y sus alrededores a partir de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas; antes de estos 17 encontrados en los últimos seis días, la PGR había extraído 38 de otras 10 fosas.
Las recientes exhumaciones de los 17 se hicieron en los puntos que la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) había dejado marcados cuando encabezó la búsqueda ciudadana de los que han sido llamados “los otros desaparecidos”, aquellos que salieron a relucir a raíz de la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa cuando otras familias de la zona se atrevieron a denunciar los casos de sus propios desaparecidos, que se habían mantenido ocultos.
Aunque la PGR había señalado en octubre, a través de un comunicado, que la Upoeg mentía sobre sus hallazgos y la acusó de anunciar “las mismas” fosas que la autoridad ya había descubierto, desde el miércoles pasado –debido a la presión ciudadana que comenzó a llevar picos y pilas a los cerros— peritos de la procuraduría trabajan con la organización para exhumar los restos de los nuevos sitios.
En este trabajo conjunto recién estrenado los hallazgos han sido los siguientes:
En las inmediaciones de Lomas de Zapatero –donde PGR ya había exhumado cadáveres en octubre— han sido hallados otros diez restos.
En La Laguna, un terreno lodoso donde hubo un cuerpo de agua, por el poniente de Iguala, fueron exhumados otros seis; uno de ellos estaba momificado.
El pasado lunes, en un maizal fue extraído otro cuerpo que se presume podría ser de una mujer porque se encontró un brasier entre la tierra removida, según la información que Proceso pudo reconstruir.
Este martes peritos de la PGR supervisados por familias mantenían una excavación en Cocula –el municipio donde la PGR afirma que los 43 normalistas fueron asesinados y calcinados–, en un punto donde el coordinador de los grupos de búsqueda de la UPOEG, Miguel Ángel Jiménez, estima que hay por lo menos tres cadáveres visibles.
Los 17 cuerpos desenterrados desde el miércoles hasta el lunes fueron llevados por unidades móviles de la PGR al Distrito Federal.
Uno de los cuerpos exhumados podría ser el del joven originario de Teloloapan, Boni Enrique Antúnez Soto. Según informó el corresponsal de Proceso, Ezequiel Flores, el joven tenía 30 años cuando desapareció y desde el año pasado estaba reportado como desaparecido.
El domingo pasado fue localizada su credencial de elector en las inmediaciones de una parcela de maíz ubicada cerca del predio La Joya, al poniente de Iguala.
Con la recuperación de los nuevos cuerpos ubicados en las fosas identificadas por la UPOEG se podrá confirmar también si alguno pertenece a quien en vida era el taxista que había sido migrante Luis Felipe Parra.
Sus familiares sospechan que estaba enterrado en una fosa después de que reconocieron sus pertenencias a través de unas fotos que la Upoeg publicó en Facebook donde se mostraban objetos encontrados.
Parra tiene un hijo adolescente en Houston, de donde había sido deportado y una hermana en Iguala que acudió con los policías comunitarios de la organización a poner su denuncia.
Eliana García, la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, dijo ayer que eran 16 los restos encontrados conjuntamente y 375 los casos denunciados desde que la PGR hizo presencia en Iguala, como antes había informado la Policía Federal. Con el nuevo hallazgo en el maizal, sin embargo, suman 17 los cuerpos extraídos.
Según un funcionario que ha presenciado las excavaciones y que fue consultado sobre los nuevos hallazgos, la mayoría de los restos extraídos tendría entre 5 a 10 años de haber sido enterrados, “eran calaveras”. Algunos de la zona de La Laguna posiblemente habían sido enterrados en épocas más recientes (“como de un año y medio hacia atrás”) y uno de ellos estaba momificado.
Personas que han participado en las búsquedas han quedado sorprendidas porque en esos terrenos existen decenas de fosas cavadas –hoyos profundos perfectamente trazados para albergar cuerpos–, que estaban rodeadas por tierra y piedras removidas.
“O alguien excavó antes para sacar restos o eran fosas listas para usarse y que aún no se usaban”, confió a esta reportera un funcionario que trabaja en PGR.
En una fotografía tomada durante esos rastreos se observa una superficie con varias de esas tumbas, unas enseguida de otras, en un terreno cuya superficie quedó como queso gruyere, lleno de cráteres, de hoyos, de receptáculos planeados para más cuerpos.
Según el coordinador de búsquedas de la UPOEG, desde que iniciaron los rastreos ciudadanos encabezados por los familiares y los policías comunitarios han encontrado al menos 50 fosas; muchas vacías.
Los datos sobre los hallazgos surgieron a partir de entrevistas realizadas a funcionarios y comunitarios que este martes estaban en la Iglesia de San Gerardo María Mayela, donde desde el 11 de noviembre –a partir de un aviso en el diario– el párroco comenzó a recibir familias con personas desaparecidas quienes llegaron con la intención de informar de su caso a la Upoeg y al grupo Ciencia Forense Ciudadana.
La idea era que las familias comenzaran sus propias búsquedas y su propio banco genético –sin ayuda de la autoridad que durante años las ha desairado. De esa reunión surgió una agrupación nueva que se bautizó como Comité de Familias de Víctimas de Desaparición Forzada que salió a campo abierto a ubicar posibles entierros clandestinos.
A partir del día 18 de noviembre personal de la PGR, especialmente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y de la Unidad Especializada de Búsqueda de Desaparecidos llegó a recoger las denuncias de las familias sobre los seres queridos desaparecidos y ofrecer las pruebas genéticas.
Un grupo de familias se negó a brindar su testimonio y sus muestras por desconfianza de las autoridades, y están a la espera de los forenses prometidos por el grupo independiente Ciencia Forense Ciudadana, por lo que los casos podrían ser más de 375.
Desde el miércoles 26 de noviembre PGR realiza las exhumaciones en las fosas ubicadas por los ciudadanos. Sin embargo, la procuraduría estatal también ha realizado exhumaciones, a escondidas de los ciudadanos.
“Se supone que teníamos acuerdo desde la semana pasada con la PGR de que ellos se iban a hacer cargo de las exhumaciones. Pero el lunes nos dimos cuenta de que la procuraduría estatal se había metido a hacer exhumaciones donde la UPOEG señaló, y sin decir nada. Cuando nos dimos cuenta tenían dos restos. No sabemos si antes habían sacado otros. Nosotros sólo confiamos en PGR, no queremos a los estatales”, expresó Citlali Miranda a nombre del Comité de Familiares.
(Cabe recordar que la procuraduría estatal exhumó a las prisas, a escondidas y de manera poco profesional –pues revolvió huesos de distintas osamentas– los primeros 28 cadáveres de quienes se presumía eran los normalistas, ubicados en un lugar conocido como Pueblo Viejo; y no permitió el acceso a PGR y al equipo argentino de antropología forense que tiene la representación de las familias, tampoco entregó evidencia fotográfica, según denunció la organización Tlachinollan).
Hasta la mañana de este martes, transcurridas ya tres semanas desde que el párroco Óscar Mauricio Prudenciano González convocó a los ciudadanos, no han dejado de acudir nuevas familias para denunciar desapariciones. Ayer todavía llegaron nuevos.
Los primeros que se presentaron provenían de Iguala y Cocula, pero conforme ha pasado el tiempo y el rumor de las nuevas fosas se expande, han comenzado a llegar personas de todo el estado de Guerrero y del vecino estado de Morelos, así como de Chiapas, Puebla y Oaxaca.
En la reunión de esta mañana entre familiares de víctimas –quienes portaban camisetas negras con la leyenda “Hijo, mientras no te entierre te seguiré buscando”–, Upoeg y autoridades, la encargada de la oficina de la subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García, se comprometió ante las familias, las cuales expresaron temor de sufrir represalia, que pediría a la Comisión Nacional de Seguridad que brinde protección durante los restos y las exhumaciones.
“Vamos a trabajar con ustedes hasta que lleguemos a las últimas fosas, hasta rescatar al último”, prometió la funcionaria mientras los padres y madres presentes le pedían a gritos que no los defraudara.
La representante de la Comisión Ciudadana Forense, también madre con un hijo desaparecido, Julia Alonso, advirtió a las familias que tomaran con reservas las promesas de la PGR porque en su caso, como en el de miles de otras familias con miembros que están desaparecidos, no ha cumplido sus promesas.
Bitácora de hallazgos
Según un recuento realizado por esta reportera, desde el 26 de septiembre cuando ocurrió la detención y desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos”, por parte de policías municipales de Iguala y de Cocula, las búsquedas han llevado al constante descubrimiento de fosas ocupadas por otros cuerpos que no son los de los buscados.
El 4 de octubre la procuraduría de Guerrero informó del hallazgo de seis fosas (“una vacía”) que contenían 28 cuerpos en Pueblo Viejo, periferia del municipio de Iguala. Estos habían sido calcinados.
El 10 de octubre la PGR ubicó en La Parota (también llamado Rancho La Sierpe, Pueblo Viejo) cuatro fosas con ocho cadáveres, que en un principio se dijo que habían sido calcinados. Después se negó toda información.
(Mientras tanto, el 14 de octubre los policías comunitarios habían informado del hallazgo de otras cuatro fosas en Barranca del Tigre a las faldas de Cerro Grande, que otros ubican como Las Parotas. En ese entonces se desconocía el número de restos.
El 15 anunciaron del hallazgo de otras seis fosas, dos abiertas pero sin utilizar, y en las otras restos óseos y ropa, en el punto conocido como Monte Hored, ubicado por Las Parotas, donde habían encontrado esa misma semana. No se sabía si tenían restos.)
El 22 de octubre la PGR se trasladó a “Pueblo Viejo”, al mismo punto donde se habían localizado las seis primeras fosas por parte de la procuraduría de Guerrero, y con el apoyo de georadares, a menos de un metro de las primeras seis fosas, encontró otra de la que se extrajeron dos cuerpos.
El 25 de octubre, ante el escándalo por el creciente número de fosas, la PGR envió un comunicado en el que establecía que hasta ese momento había hallado 11 fosas y que sólo 10 de estas tenían cadáveres. Además señaló que las fosas que había anunciado la UPOEG como sus descubrimientos “eran las mismas” que el gobierno había destapado antes.
De los 38 cuerpos exhumados en las primeras fosas admitidas por la PGR entre octubre y noviembre –antes de que comenzara a trabajar con UPOEG fue identificada
a familia (un papá con su hijo, una sobrina y un sobrino) que viajaba a Iguala a un velorio son los otros desaparecidos que han sido hallados en las fosas de Iguala, durante la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos.
Se trataba del señor Gildardo Lagunas, su hijo Luis Alfredo y sus sobrinos Marlene Hernández y José Luis Cruz, detenidos por la policía de Iguala. Hasta la semana antepasada los restos no habían sido entregados a sus familias y permanecían en el Semefo de Chilpancingo.
Según información de la prensa local, uno de los sicarios de Guerreros Unidos que fue detenido declaró que en una de las primeras fosas de Pueblo Viejo también estaría el jefe de la policía de Iguala, comandante Ramiro Ocampo Pineda, desaparecido el 10 de mayo de 2013.
El 7 de noviembre el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, anunció que en el basurero del municipio de Cocula, paraje conocido como El Hoyo del Papayo, los 43 estudiantes habían sido asesinados, calcinados y fragmentados, y sus restos esparcidos en el río San Juan.
En la vera de ese río –dijo el procurador– habría otro punto de incineración de cuerpos usado por el mismo grupo criminal con anterioridad, que iba a ser localizado.
Con el hallazgo de las nuevas fosas de las que da cuenta esta nota, esa afirmación ha quedado claramente desmentida: las fosas eran nuevas, tenían cadáveres distintos.
El 30 de octubre se anunció el hallazgo de 13 cuerpos en fosas clandestinas en el ejido San Luis de la localidad de Ocotitlán, del municipio de Zitlala, y uno en Eduardo Neri (Zumpango), ambos cercanos a Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. Estas no estaban relacionadas con la búsqueda de los estudiantes. Uno de los cuerpo encontrados en Ocotitlán era el del misionero africano John Ssenyondo. Esas fosas no fueron descubiertas en la búsqueda de los 43 estudiantes.

Fuente

Narro: no se debe aceptar un país "amedrentado y sumido en el terror"


Laura Poy, Mónica Mateos y Ángel Vargas
 
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de diciembre de 2014, p. 10
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, afirmó que no es posible aceptar un país amedrentado, sumido en el terror, el odio y la venganza. Por ello llamó a mantener la unidad y a no caer en el encono o la división ante los graves problemas de impunidad, justicia, violencia y colusión de los aparatos de seguridad y de algunos gobernantes con el crimen organizado. México está de luto, dijo, y requiere un cambio de fondo.
En su mensaje ante los 10 galardonados con el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2014, exhortó a enfrentar la crisis y la polarización extrema, pues la nación requiere, anotó, la consolidación de un verdadero estado de derecho, donde se destierren la impunidad y la corrupción.
Reunidos en el patio de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ante el secretario Emilio Chuayffet Chemor, aseguró que frente a la violencia que padecemos desde hace lustros, que nos lastima y avergüenza, es necesario hacer un alto, debatir y reflexionar colectivamente. No se debe perder la confianza en las instituciones ni la esperanza de tiempos mejores.
Tras expresar que la violencia, venga de donde venga, nunca debe ser combatida con más violencia, afirmó que si es necesario se deben reinventar las instituciones que han fallado.
A los jóvenes les pidió no olvidar que la protesta es compatible con el trabajo. Los verdaderos cambios no transitan por la vía de la violencia. El cambio verdadero se produce mediante la inteligencia, el esfuerzo colectivo y la educación.
Sin el presidente Enrique Peña Nieto, quien por vez primera no acudió a entregar los galardones a los científicos y creadores más destacados del país, destacó que cerrar escuelas atenta contra el futuro, afecta a terceros y el patrimonio de nuestras instituciones. Nos perjudica a todos. La intolerancia es mala consejera.
Estamos a tiempo, dijo, de recuperar la seguridad de la nación. Si las instituciones se lastiman, no habrá nada para nadie. Es el momento de unir voluntades y esfuerzos, no de dividirnos. Es tiempo de reconocer las fallas y resolverlas.
Transformar a México, aseveró, no es un asunto de acuerdos o de compromisos en las cúpulas. Es un tema de participación de todos. Lo que está en juego es el porvenir de México.
Por su parte, Chuayffet Chemor, quien reconoció la trayectoria de los premiados –Dolores Castro, Eraclio Zepeda, Arnaldo Coen, Néstor García Canclini, Enrique Semo, Carlos Arias, Mauricio Hernández, Mauricio López, Carlomagno Martínez y Alberto Vargas–, aseguró que crear un país mejor no es ni será fácil.
Tras comprometerse a entregar un mensaje del historiador Enrique Semo al presidente Peña: Queremos hechos, no discursos, manifestó que es momento de innovar y proponer lo que nunca se ha intentado, romper con lo que nos ha anclado y diseñar nuevos caminos de paz, unidad y desarrollo.
Al tomar la palabra por los galardonados, el escritor Eraclio Zepeda señaló que en la encrucijada que vivimos el Presidente propone 10 puntos, pero ese paso implica el reconocimiento de la necesidad de cambios políticos y sociales. Por parte de los ciudadanos, la exigencia de mayor precisión y metodología para la aplicación de dichos puntos.

Fuente

Obtienen amparo 12 comuneros de Holbox

PROCESO 


3 de diciembre de 2014
Destacado
La isla de Holbox en Q. Roo. Foto: Gerardo González
La isla de Holbox en Q. Roo.
Foto: Gerardo González
CANCÚN, Q. Roo., (proceso.com.mx).- La Juez Tercero de Distrito de Quintana Roo, Ana María Nava Ortega, amparó a 12 de 16 comuneros detenidos en la isla de Holbox hace casi cinco meses, acusados de destrucción de manglar.
Alejandro Aguirre Buenfil, abogado de los comuneros, explicó que éstos obtuvieron el amparo gracias a una falla en el requisito de procedimiento, pues inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fueron quienes los pusieron a disposición del Ministerio Público Federal, cuando sólo son una autoridad contenciosa administrativa.
“Violentaron un requisito de procedimiento que marca la ley (…) Los inspectores de la Profepa no son, por decirlo de alguna manera, policías y no pueden hacer detenciones, ni poner a nadie a disposición del Ministerio Publico. En su caso, le hubiera correspondido a los elementos de la marina”, explicó.
Este juicio de garantías está marcado con número de expediente 854/2014-I y ayer la Juez emitió la resolución en la que la Justicia de la Unión ampara y protege a los 12 holboxeños.
Sin embargo, el litigante reconoció que prevé que el Misterio Público Federal presente un recurso de revisión, y el plazo es de diez días a partir de que sean oficialmente notificados por el Juzgado Tercero de Distrito.
Aguirre Buenfil indicó que estos 12 detenidos son habitantes de Holbox, de condición muy humilde, de los cuales cuatro no hablan español.
Las personas amparadas son: Lorenzo Poot Canché, Reyes Gaspar Chi Aké, Alfredo Sánchez Marfil, Walter Pinzón Kumul, Alberto Lugo Canul, Alfredo Poot Balam, Carlos Piste Chan, Perfecto Piste Chi, Alfredo Canul Abán, Eliseo Noh Huchim, Víctor Cocom Dzib y Sergio Pontan.
Este amparo no implica a otros cuatro detenidos, que son tres topógrafos y un joven estudiante holboxeño, quien fue detenido cuando fue “curiosear” en el lugar donde se realizaban los trabajos de limitación de terrenos.
El litigante refirió que la defensa de los 16 detenidos ha sido en líneas paralelas: una para los 12 trabajadores de campo y otra para los topógrafos y el joven estudiante.
Respecto a los topógrafos y el joven, el abogado indicó que la defensa optó por presentar de manera directa un recurso de apelación al auto de formal prisión.
Sin embargo, un Tribunal Colegiado Auxiliar con sede en Guanajuato ratificó el pasado 11 de noviembre el auto de formal prisión en contra de estas cuatro personas.

Fuente

Inseguridad, principal factor que afecta el crecimiento del país

Foto
Aspecto parcial del frente del Banco de México, en su sede en el Distrito FederalFoto Reuters
Roberto González Amador
 
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de diciembre de 2014, p. 32
La inseguridad pública se mantiene como el principal factor que puede obstaculizar el crecimiento económico del país en los próximos meses. Es la opinión de la mayoría de analistas del sector privado nacional y extranjero consultados por el Banco de México. Los expertos redujeron nuevamente su expectativa de crecimiento del producto interno bruto para éste y el próximo años. También elevaron su pronóstico de inflación y anticiparon una mayor depreciación del valor del peso frente al dólar.
La inseguridad representa un riesgo mayor para el crecimiento que la combinación de la política fiscal del gobierno y la debilidad del mercado interno, en un año en que la expectativa de crecimiento ha ido constantemente a la baja, según el resultado de la Encuesta sobre las Expectativas de los Analistas del Sector Privado, elaborada cada mes por el Banco de México (BdeM).
En la encuesta correspondiente a noviembre de este año, levantada entre el 24 y el 28 de octubre, 26 por ciento de los entrevistados, poco más de una cuarta parte, consideró que el principal problema para el crecimiento de la economía en los siguientes meses es la inseguridad pública.
La debilidad del mercado interno (12 por ciento) y la política fiscal del gobierno federal (10 por ciento de las respuestas) sumaron 22 por ciento, una proporción menor a la que concentra el tema de la falta de seguridad pública, de acuerdo con la encuesta, que recogió la opinión de 37 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero.
El enfoque de los analistas del sector privado en la inseguridad pública como principal factor que puede obstaculizar el crecimiento del país ha sido una constante a lo largo del año y no sólo una percepción por los acontecimientos recientes en el país, como muestra el seguimiento de las encuestas.
Ya en la encuesta correspondiente a enero la inseguridad pública apareció como el principal factor que puede obstaculizar el crecimiento del país, con 20 por ciento de las respuestas, proporción que fue en aumento hasta el actual de 26 por ciento.
Esperan analistas menor avance para este año
En la encuesta divulgada ayer, que corresponde a noviembre, los analistas redujeron su previsión de crecimiento para este año: de 2.30 por ciento en la muestra de octubre a 2.19, menor a la media prevista por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda.
El Banco de México espera para este año un crecimiento de entre 2 y 2.5 por ciento (una media aritmética de 2.25 por ciento) y la Secretaría de Hacienda manejó un rango de entre 2.1 y 2.6 por ciento (una media de 2.35 por ciento).
Este año la inflación general será de 4.07 por ciento, cinco centésimas de punto más que la previsión en la encuesta de octubre. En tanto, la inflación subyacente –que elimina del índice general los precios más volátiles, como los de frutas y verduras, y los de los combustibles– se situará en 3.17 por ciento, cuatro centésimas menos que la previsión del mes anterior.
El tipo de cambio terminará el año en 13.49 pesos por dólar, 16 centavos más que el nivel previsto hace un mes.

Fuente

Cierra dólar hasta 14.43 pesos en operación libre, según datos bancarios

Foto
Cotización del dólar este martes en la ciudad de MéxicoFoto Roberto García
De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de diciembre de 2014, p. 33
El peso se encuentra en caída libre: por primera vez en dos años y medio rompió la barrera de las 14 unidades por dólar en operaciones interbancarias de 48 horas al mayoreo. De acuerdo con información del Banco de México la paridad cerró en 14.1260 respecto a los 13.9415 unidades de la sesión del lunes.
Se trata de la peor jornada en el tipo de cambio frente al dólar desde el 5 de junio de 2012, cuando finalizó en 14.2250.
La moneda hiló siete sesiones a la baja y acumuló una pérdida de 49 centavos, es decir, 3.49 por ciento, mientras que en lo que va del año la depreciación es de 7.91 por ciento respecto de los 13.0900 con los que finalizó en 2013.
En operaciones libres en ventanillas bancarias la moneda también se depreció y cerró en 14.43 pesos por dólar, frente a los 14.28 del lunes, de acuerdo con datos del banco Banamex. En esta categoría la moneda mexicana acumula ocho sesiones consecutivas a la baja, en las cuales ha perdido 3.44 por ciento de su valor. Desde el pasado 26 de noviembre el peso en operaciones libres rebasó las 14 unidades, cuando se intercambió en 14.02 unidades por cada dólar. Este martes el peso se colocó en el nivel más bajo desde el 31 de mayo de 2012, cuando cerró en 14.42 unidades por cada dólar en operaciones al público en general.
El banco Base prevé que el tipo de cambio se mantendrá por arriba de 14 pesos por dólar en lo que resta de 2014. Una vez superada la barrera sicológica de los 14 pesos por dólar, resulta más difícil que se dé una corrección sostenida hasta niveles del mes anterior, por lo cual se espera que el tipo de cambio se mantenga por arriba de 14 pesos por dólar lo que resta del año, señaló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero del Banco Base.
Apuntó que en esta jornada el peso en conjunto con el resto del mercado cambiario continuó perdiendo por dos motivos: en primer lugar está un regreso de la especulación acerca de la política monetaria de la Reserva Federal, a lo que se suma una caída en los precios del crudo, los cuales reanudaron su tendencia a la baja durante la sesión.
El peso –que tocó su peor nivel en 30 meses– podría estar expuesto más tarde esta semana a otro periodo de volatilidad, cuando sean divulgados datos clave sobre empleo en Estados Unidos y los anuncios de política monetaria del Banco Central Europeo y del Banco de México (central), apuntó por su parte la agencia Reuters.

Fuente

Atenas protesta por estudiante preso en huelga de hambre


Entre 8.000 y 10.000 personas manifestaron en la noche del martes en Atenas su solidaridad con Nikos Romanós, estudiante preso en huelga de hambre desde el 10 de noviembre y hospitalizado por no concedérsele permiso para ir a clase. 15 personas fueron detenidas en choques con la policía antidisturbios.
“Una de las manifestaciones de solidaridad más masivas en la historia del movimiento contestatario en el territorio del Estado griego”, calificaron a la protesta fuentes próximas al movimiento a favor del joven preso. En la pancarta que presidió la manifestación se podía leer “Hondo aliento hasta la muerte del Estado y del Capital”.
El desfile de protesta transcurrió sin incidentes desde las 7 de la tarde (hora local), en la plaza Monastiraki, hasta la Universidad de Atenas, según el medio local en inglés Greek Reporter.
A continuación, sin embargo, parte de los manifestantes se dirigieron hacia la Universidad Politécnica, actualmente ocupada por estudiantes contestatarios, y en el barrio de Exarquía, conocido por albergar círculos anarquistas, se produjeron los primeros enfrentamientos con la Policía.
Según el relato del medio afín Verba Volant, corroborado por informes de prensa, los manifestantes rompieron cajeros automáticos, incendiaron contenedores y volcaron coches mientras los agentes disparaban gases lacrimógenos y granadas de concusión.
Fuentes afines a los manifestantes hacen referencia a manifestaciones de solidaridad con Romanós también en otras ciudades griegas como Tesalónica, Patras, La Canea, Heraclión, Rétino, Agrinio, Mitilene, Esparta, Nauplia y Lixouri.
El estudiante Nikos Romanós, condenado a 15 años de prisión por un atraco a un banco, calificado como “expropiación” por sus partidarios, superó con éxito los exámenes de ingreso a la Universidad de este año. Pero las autoridades penitenciarias no le han concedido permiso para atender a las clases, pese al apoyo expreso del ministro de Educación y de distintos partidos políticos.
Romanós, de 22 años, se declaró en huelga el pasado 10 de noviembre y se encuentra en la actualidad hospitalizado y en “estado crítico”.
Grecia ha estado en el epicentro de la crisis de deuda de la eurozona, estallada en 2008, y experimenta su sexto año de recesión. Según datos oficiales, un 50 por ciento de los desempleados griegos (28 % de la población en noviembre) han estado sin trabajo durante un período de al menos dos años.
HispanTV

Fuente

Congreso de EEUU vota contra cierre de Guantánamo


El Congreso estadounidense negó la solicitud del presidente Barack Obama de que se le otorgara la potestad para negociar el traslado de prisioneros en Guantánamo a otros países.
Durante la discusión del proyecto de ley de defensa el día martes, los legisladores republicanos rechazaron otorgarle autoridad al presidente estadounidense, quien ha prometido cerrar la cárcel militar, ubicada en la base naval de Guantánamo, territorio que Estados Unidos ocupa contra la voluntad del pueblo y gobierno de Cuba.
A principios de mayo, el senador Carl Levin, demócrata de Michigan, exigió que el proyecto de ley incluyera una disposición que autorizara el traslado de presos a suelo estadounidense, como una vía para dar fin al cautiverio prolongado en Guantánamo pero los legisladores republicanos y algunos demócratas se opusieron.
Una de las principales promesas de Obama en 2009 fue el cierre de la prisión pero hasta la fecha no ha podido cumplir con la oferta.
La cárcel fue creada en 2002 por la administración del entonces presidente George W. Bush, bajo el argumento de recluir en el lugar a detenidos que habrían cometido supuestos actos de terrorismo.
El Congreso alega que la prisión no puede cerrarse porque el traslado de los presos a sus países de origen sin podría ser “peligroso y temerario”.
La prisión en la base naval de Guantánamo mantiene 142 presos, 73 de ellos con opciones de ser trasladados. En su mayoría, los detenidos han sido encerrados sin acusación formal ni el debido proceso judicial.
Radio del Sur

Fuente