lunes, 22 de diciembre de 2014

Ningún país debe dejar sus energéticos en manos extranjeras: Álvaro García Linera


Blanche Petrich
 
Periódico La Jornada
Lunes 22 de diciembre de 2014, p. 12 


Hace años, Bolivia abandonó su ancestral sitio entre los países más pobres de Sudamérica. Ahora, con el proceso encabezado por el indígena aymara Evo Morales, se sitúa entre las tres economías de mayor crecimiento en la región. Parte del éxito –el año próximo se espera un crecimiento arriba de 5 por ciento– se basa en su política de renacionalización de sus recursos naturales, principalmente gas y minería.
El vicepresidente Álvaro García Linera ve con preocupación como México, con su reforma energética privatizadora, camina en sentido contrario, pese a ser potencia petrolera en el continente. Un país que entrega su patrimonio nacional a otras manos y que se llevan las ganancias, tarde o temprano va hacia un empobrecimiento de la sociedad. Ningún país debería dejar en manos de empresas extranjeras la riqueza fundamental de su país. Bolivia lo hizo durante 125 años y nos convertimos en el país más pobre del continente.
García Linera no dice que el proceso en su país sea un modelo a seguir, pero da cifras que pondrían verdes de envidia a los estrategas de la gestión económica mexicana. La política nacionalizadora de hidrocarburos y minas asustó en un principio a las inversiones extranjeras. Pero luego de un breve tiempo de sequía empezó el auge. En 2013 el promedio de inversión llegó a mil 100 millones de dólares. En 2014, son mil 700 millones de dólares, un nivel histórico. “Suena poco –advierte el vicepresidente–, pero hay que tener en cuenta que México tiene una economía 30 veces más grande que la nuestra”.
Otros indicadores: crecimiento, 5.5 por ciento para 2014; reducción de la pobreza, 20 puntos en seis años, lo que significa que 20 por ciento de los bolivianos han pasado de esa condición a la clase media; reservas internacionales, de 50 por ciento del producto interno bruto (PIB), una de las más grandes de América Latina; una dinámica del mercado interno que les permite soportar la caída de los precios del gas, que fue de 35 dólares en 2008 a 60 dólares en 2011, y ahora está en 55.
Bolivia no es una taza de leche
Pese a todo, reconoce García Linera, la nación pluriétnica de los Andes no es una taza de leche y su proceso revolucionario está cruzado de contradicciones, de tensiones creativas, como prefiere llamarlas. De eso habla con La Jornada. El matemático de formación pasó sus años de universitario en México y le preocupa nuestro país.
Por diplomacia prefiere no pronunciarse sobre la crisis de Ayotzinapa, sobre la penetración del crimen organizado y la inseguridad. Es él quien durante su estadía aquí, y a lo largo de sus encuentros con amistades y académicos, plantea muchas preguntas. Quiere entender.
–Bolivia se antojaría como un modelo a seguir por la forma como renegoció sus concesiones y contratos con las empresas trasnacionales en las minas y el gas.
–Aplicamos dos procedimientos. En términos de la propiedad del gas, y petróleo en menor medida, bajo tierra o en el ducto se nacionalizó todo. Ninguna empresa particular puede inscribir los recursos que encontró en nuestro subsuelo en la bolsa de valores como propios. Y los indemnizamos.
Para las instalaciones y la maquinaria se firmaron contratos de servicios. En exploración, las empresas buscan gas y petróleo. Si encuentran, la materia es del Estado. Nosotros decidimos a quién y en cuánto se vende. Por la maquinaria, la tecnología y la mano de obra, se paga lo invertido y remuneramos con un porcentaje de ganancia entre 10 y 15 por ciento de la renta. Se llama el government take. El gobierno se queda con el resto.
Además, está el régimen estatal. Hay tres tipos de government take: el petrolero, entre 85 y 95 por ciento; el minero, entre 55 y 65 por ciento, y el banquero, que es de 50 por ciento. Eso nos ha permitido financiar todos los programas sociales.
Antes la proporción era a la inversa. La renta por la riqueza nacional salía del país durante 125 años. Y éramos el país más pobre del continente; sus representantes iban cada fin de año a Estados Unidos a pedir préstamos para pagar salarios, porque en casa teníamos una burocracia que nos estaba haciendo marchas, pues no teníamos con qué pagar. Hoy día hasta pagaremos doble aguinaldo.
–Hay quienes consideran caducas estas ideas nacionalizadoras.
–La nuestra no es una mirada estatizante. Sabemos que en muchas cosas es mejor que el Estado no se meta porque es demasiado burocrático, a veces inoperante. Es bueno dar paso a la iniciativa individual y extranjera. Pero está claro que en cosas decisivas de la riqueza de un país, como son sus recursos naturales, tiene que ser el país el que agarre las riendas, porque si no se le escapa de las manos la conducción de su destino y el usufructo de unas riquezas que no son renovables.
–¿Preocupa que México vaya en sentido contrario, hacia la privatización y entrega a empresas extranjeras?
–Tengo que responder como vicepresidente. Respetamos lo que ha decidido el gobierno mexicano. Pero Bolivia muestra que hay otra manera de hacer las cosas. No tendríamos estas tasas de crecimiento, de superación de la extrema pobreza, de expansión, de bienestar colectivo de una sociedad secularmente llevada a la miseria, si no hubiéramos tomado esa decisión, que es, además, competitiva, eficiente y atrae inversión extranjera.
–¿Quiénes están invirtiendo en Bolivia?
–Total de Francia; Repsol, de Espana; Petrobras, de Brasil y, recientemente, han desembarcado Synopec, de China, y Gazprom, de Rusia. Son las cinco más grandes.
El segundo rubro de inversión es minería, estaño y cobre. En el estaño hay dos minas estatales, pero ahora vamos a pasar al área de fundición y darle valor agregado.
Tercer periodo
Evo Morales comenzó su primer periodo presidencial en 2006 y su segundo en 2011. En enero asume por tercera ocasión. Ha expulsado al embajador de Estados Unidos. Enfrentado intentos de golpe de Estado por conspiración de grupos conservadores. Pero también ha chocado con sus propias bases: hace dos años enfrentó levantamientos de los indígenas del Tipnis/Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure), en la Amazonía. Hace un año, a los mineros del estaño en Huanuni. Todo ello producto de las contradicciones naturales en un proceso que pretende ser revolucionario, que necesariamente tiene que dar uno o dos pasos atrás para avanzar de nuevo; resultado de tener una sociedad en movimiento donde la gente, además de sus preocupaciones cotidianas, tiene un poco de tiempo para dedicarle a la política. “De pronto tenemos que en Bolivia hay 10 millones de especialistas en gas. Luego esos mismos 10 millones –o sea, toda la población– son especialistas en fondos de pensiones. La gente se ha politizado y eso es una virtud”.
Marxista clásico y gramsciano, integrante del Ejército Guerrillero Tupaj Katari (EGTK) y preso político durante cinco años, el intelectual en la mancuerna que forma con el presidente Morales desde que se lanzaron a la lucha política a partir de las guerras del gas, el agua y la coca, en 2000, ahora que ejerce el poder se ha topado con situaciones que no encontró previstas en la literatura de Gramsci, Mao, Marx o Lenin.
Una de ellas es la que se expresó hace un año durante el enfrentamiento del gobierno con los mineros de Huanuni, gloriosos, proletariado de muchas luchas. Se nacionalizaron las minas de estaño, se controló la mina y se armó lo que llama “la autogestión más radical del continente. Los mineros deciden quién es el gerente, en qué se gasta la plata, cuánto es el salario, cuánto para máquinas, cuánto para ahorro. Excelente. Pero esos compañeros también decidían qué hacer con las ganancias y resolvieron que se vuelvan salario. Y resulta que las minas son de todos los bolivianos.
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Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, durante el acto en que se nominó a La Paz como Ciudad Maravilla del MundoFoto Xinhua
¿Cómo hacer que el control de lo comunitario siempre tome en cuenta al resto? Al Estado le toca tomar en cuenta a toda la comunidad. Y nos tuvimos que enfrentar. Ellos marcharon. Nosotros no hemos reprimido, pero los confrontamos con el resto de la sociedad. Ventilamos que los ingresos de la mina eran de 50 millones de dólares que se habían ido en puro salario. Preguntamos, ¿les parece justo? La gente ha protestado, les silbó, los derrotó. Ahora los mineros están nuevamente con nosotros. Evo ganó electoralmente en la mina y hay un minero en el Congreso. Esa es una contradicción de todo proceso revolucionario: cómo asumir los derechos universales de todos.
Además de tener una visión de nación, el boliviano tiene lo que García Linera llama la Agenda 2020-2025, que va mucho más allá de los plazos presidenciales previstos. Esa agenda incluye reducir la pobreza a cero, dotar de todos los servicios a toda la gente, esté donde esté, industrializar todas las materias primas, 12 temas que generan un horizonte de época.
–¿Qué es eso?
–En las elecciones pasadas ya no se discutió con la oposición qué proyecto de país elegir, sino quién puede realizar mejor nuestro proyecto de país. Por eso ganamos por primera vez en Santa Cruz, la región más pujante, más conservadora. Se rompió la polaridad que tensionaba la vida política del país. Se cohesionaron las alianzas sociales. La poderosa Central Obrera Boliviana anteriormente votaba por nosotros, pero no se adhería. Ahora sí: obreros industriales, constructores, mineros, fabriles, los sectores duros del viejo sindicalismo se involucraron en el movimiento.
Existe una coalición de movimientos populares flexible que se ha ampliado: campesinos, indígenas de tierras bajas y altas, transportistas, y ahora obreros. Y es la que ejerce el poder real. La Coordinadora Nacional por el Cambio está por encima de la estructura partidaria. Ahí se deciden aumentos salariales, relaciones sociales, pensiones, leyes de trabajo, de salud, de minería, de agua. Se construye en ese nivel antes de elevarla al Parlamento.
–¿Y cómo funciona el movimiento en las zonas indígenas?
–Tenemos cinco años de vigencia de la nueva Constitución de nación pluricultural. Antes, los cinco años anteriores fueron de aguantar, de resistir. A partir de 2009 nos colocamos a la ofensiva, construyendo este horizonte de época.
En el movimiento campesino indígena es lo mismo, aunque con diferencias, según sean las tierras, altas o las bajas. En las tierras altas los indígenas son mayoría. Mientras que en Beni, Pando, Santa Cruz los indígenas no son ni 2 por ciento de la población, mientras en los altos son 46 por ciento. Ahí sólo ganamos donde logramos cambiar las estructuras de poder. Hay lugares donde el terrateniente o el sistema gamonal (caciquil) todavía controla la tierra o el comercio, los sistemas de transporte y la estructura local, el comercio de materias primas. Ahí el Estado es paracaidista. No hemos logrado entrar para quedarnos. Es territorio de terratenientes, comerciantes e iglesias. Y de USAid.
–Antes de ser nación pluriétnica constitucionalmente tuvieron que enfrentar un sistema social y cultural racista. ¿Cómo lo lograron?
–Decimos mediante un proceso de indianización del Estado. En la Constitución, las naciones indígenas son sujetas de derecho colectivo: a sus sistemas políticos, de justicia, que es paralela a la ordinaria, distribución de tierras. Hasta 2000, 39 millones de hectáreas estaban en manos de empresarios, 13 millones de campesinos. De indígenas, cero. 2014: pueblos indígenas tienen 24 millones de hectáreas. Campesinos, 13 millones de hectáreas, empresarios, cinco. La estructura de tenencia de la tierra tiene predominancia indígena. También está el sistema de elección de autoridades, no sólo en las alcaldías, en el Parlamento, en las gobernaciones. En la elección pasada seguro que en la composición en la Cámara de Senadores vamos a bordear 60 o 65 por ciento de organizaciones sociales.
–Todo ello pasó por un choque cultural. La población no indígena criticó esto como exceso.
–O como retroceso. Aún hay racismo, pero hay que irlo trabajando una, dos generaciones más.
¿Hay relevo?
–Acerca del liderazgo del presidente Morales, ¿hay relevos para cuando termine su siguiente administración? ¿Hay otros liderazgos que tomen la estafeta?
–Recién vamos a empezar la gestión el 22 de enero. No hemos pensado en 2020. Pero tenemos mucha confianza en lo que hemos llamado la generación Evo, jóvenes profesionistas, campesinos, líderes sociales, indígenas, estudiantes que no se forjaron en las batallas contra el neoliberalismo. Y cuando Evo el presidente esté culminando su mandato, la mitad de su vida la habrá basado bajo este régimen.
–El tema de las relecciones ilimitadas siempre inquieta.
–Tal y como está la Constitución, Evo no se puede relegir.
–¿Están pensando en reformar la Constitución de nuevo para permitirlo? Se reconoce que la construcción de un cambio profundo no se logra de la noche a la mañana, en unos pocos años. Pero la eternización en el poder es una de las preocupaciones y debates sobre la calidad democrática.
–No lo hemos pensado.
–Los dos primeros periodos de Evo estuvieron jalonados por intentos golpistas. No se habla más de esa amenaza.
–Es algo que nunca va a desaparecer del todo, pero hoy por hoy está bastante neutralizado. Pero como buenos bolcheviques de línea jacobina siempre dormimos con un ojo despierto. La derrota que le infligimos a la Media Luna (zona no indígena al oriente del país) en 2008, política, ideológica y militarmente, dejó sentada por un buen tiempo el uso de la fuerza o cualquier tentación de golpismo militar. Pero ha ayudado mucho el fuerte liderazgo de Evo para conjurar este tipo de intentos.
–En el ámbito regional, desde Washington ya no se habla del eje del mal, pero sigue la hostilidad contra los regímenes bolivarianos.
–Durante la primera gestión hicimos todos los esfuerzos para construir una relación de amistad, tolerancia y no injerencia. He de haber estado en Estados Unidos unas seis veces, haciéndome agendar para hablar con los congresistas, platicarles de nuestro proceso, expresar nuestro respeto, pero pedir respeto. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos se involucró en el golpe de Estado civil en 2008. Fue cuando el presidente Evo expulsó al embajador estadunidense. Y quedó en pie el mecanismo de injerencia suave USAid.
–Luego sacamos a la DEA. Ellos usaban la información de la lucha contra el narcotráfico para imponer agendas políticas. Desde que se fue hemos asumido el costo de la lucha contra el narcotráfico, hemos erradicado más hectáreas de coca. Estamos mejor sin la DEA.
Pero sí planteamos una mejora de nuestras relaciones condicionada a que ellos no se metan en nada. El nivel de relaciones ahora es de consejeros. La semana pasada la cancillería propuso un encuentro entre el presidente Evo y el presidente Barack Obama. 

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Para los familiares de normalistas estos días son de lucha; nada de Navidad ni Año Nuevo

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En Montreal, Canadá, también hubo muestras de solidaridad con los normalistas de AyotzinapaFoto Xinhua
Javier Salinas Cesáreo y Elio Henríquez
Corresponsales
Periódico La Jornada
Lunes 22 de diciembre de 2014, p. 5
La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa siempre ha representado una piedra en el zapato para el gobierno, porque siempre hemos luchado por una mejor educación para los jóvenes, afirmó José Luis Méndez Pérez, sobreviviente del ataque en Iguala, al encabezar un mitin en la plaza principal de Ecatepec, estado de México, para exigir la presentación con vida de los 42 normalistas desaparecidos.
Ante más de 300 personas, Nardo Flores Vázquez, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, y Méndez Pérez hicieron un llamado a la población para que se sume a su lucha y ser parte de esta nueva revolución.
Los invito a convocar a toda la ciudadanía para que esto no sea irreversible. No le tengo miedo a ninguna represión por parte del gobierno; miedo le voy a tener a que la gente siga callada, pues estamos seguros que es un plan estructurado del gobierno federal, señaló Nardo Flores.
Narró que en los años setenta del siglo pasado fue testigo de que elementos del Ejército se llevaran a su padre y hermanos, y hoy tristemente la historia se repite.
El normalista José Luis Méndez contó cómo sobrevivió al ataque del que fueron objeto los estudiantes en Iguala el pasado 26 de septiembre, y cómo se llevaron a sus 43 compañeros.
Méndez Pérez y Flores Vázquez insistieron en la necesidad de que el gobierno federal abra nuevas líneas de investigación que incluya la actuación del Ejército y del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, y advirtieron que se ha iniciado una revolución de carácter irreversible, encaminada realmente a cambiar la situación en el país.
En Chiapas, una delegación integrada por 14 personas, entre normalistas y padres de los desaparecidos, arribó a Acteal para participar en las actividades conmemorativas del 17 aniversario del asesinato de 45 indígenas, ocurrido en esa comunidad tzotzil el 22 de diciembre de 1997.
Venimos para compartir nuestra situación e informar un poco lo que estamos viviendo como familiares, afirmó Melitón Ortega, padre de Mauricio, uno de los 42 estudiantes que continúan en calidad de desaparecidos.
Ortega lamentó que la tragedia de Acteal es parecida a la nuestra, no tiene diferencias porque es el mismo Estado mexicano el que cometió ese asesinato hace 17 años; por tanto vamos a decirle a la gente que exigimos también la justicia para nuestros familiares caídos más los que están desaparecidos al día de hoy.
Agregó que nuestra exigencia al Estado sigue siendo la presentación con vida de los desaparecidos, que haya justicia para los cuatro jóvenes asesinados, la reparación integral del daño, que se abra otra línea de investigación en contra del 27 batallón del Ejército Mexicano que está en Iguala y que se investigue al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y se le encarcele, porque también tiene responsabilidad.
Acompañado por integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Ortega manifestó que el gobierno ha pretendido que se enfríe el tema de Ayotzinapa y que pierda interés en estos días festivos; ha hecho una campaña para que los ánimos se vayan bajando, pero nuestro ánimo está vigente y seguimos insistiendo en que se haga justicia, que se esclarezcan los hechos. Para nosotros no hay vacaciones, no hay Navidad ni Año Nuevo, estos días son de lucha.

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La CNTE crea frente de lucha pro huelga nacional

Sergio Ocampo A
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 22 de diciembre de 2014, p. 6
Chilpancingo, Gro., Durante el 12 Congreso Ordinario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sus integrantes acordaron crear un Frente Único Nacional de Lucha, que organizará a la brevedad una huelga nacional, para exigir la presentación con vida de 42 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, informó Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la sección 18 de la CNTE.
En entrevista manifestó que los trabajos del congreso, que se desarrolla en el auditorio Sentimientos de la Nación en Chilpancingo, se prolongaron debido al gran número de propuestas que hicieron los trabajadores de la educación de 32 secciones provenientes de 28 entidades del país.
Dijo que tras un receso reanudaron trabajos alrededor de las 20 horas, y mencionó que uno de los puntos aprobados, es que se mantiene vigente la demanda de justicia y la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa.
Se acordó continuar la lucha por la abrogación de las reformas estructurales, haciendo énfasis en la reforma educativa, y vamos a la defensa del sindicalismo, promoviendo la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), mediante un congreso con el respeto a las determinaciones desde las bases.

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Las identificaciones de un mexicano


Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Lunes 22 de diciembre de 2014, p. 3
Un adulto puede tener, en principio, una credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, la cual contiene: folio, clave de elector y clave única del registro de población (CURP), datos biométricos, así como numeralia relacionada con el domicilio del ciudadano. En la parte posterior de la mica hay 13 dígitos, ampliamente aceptados para la realización de trámites e identificación oficial.
Cualquier mexicano puede obtener una CURP, expedida por la Secretaría de Gobernación, la cual se arma con base en los datos del acta de nacimiento. Es una mica sin datos biométricos, aunque en el documento aparecen tres claves, la propia CURP, otra denominada CRIP y un folio.
El acta de nacimiento, emitida por el Registro Civil, contiene otra clave única de registro de población, con su respectivo folio. Ahí se certifica la identidad tanto del interesado como de sus padres y del lugar de origen. En cuanto a base datos biométricos, sólo contiene la huella del dedo índice.
También hay otros mecanismos de identificación en el pasaporte, el cual también registra datos biométricos.
Por si fuera poco, hay más claves para los sistemas de salud (IMSS, Issste, por ejemplo), así como para el otorgamiento de apoyos sociales, cuyos padrones tiene la Secretaría de Desarrollo Social.
Otras claves de identificación están contenidas en la cédula profesional, en la licencia de manejo y, por supuesto, las de inscripción y vigencia de escuelas de todos los niveles, asociaciones privadas y tarjetas bancarias, entre otras.

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Por seguridad nacional, comienza el proceso para la clave de identidad

Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Lunes 22 de diciembre de 2014, p. 3 


El gobierno federal comenzó el proceso de expedición de la clave única de identidad para los 120 millones que se tiene previsto que habiten el país en 2015, más los connacionales que radican en el exterior.
El éxito del programa es de alta prioridad para la Secretaría de Gobernación (SG), porque el control y la homologación de los mecanismos de identidad son un asunto de seguridad nacional, se advierte en el plan gubernamental, al cual La Jornada tuvo acceso.
La instancia rectora para la generación de una clave de identidad es el Registro Nacional de Población (Renapo), de la SG, cuyo presupuesto para 2015 es de 700 millones de pesos, 500 millones más que lo autorizado los dos años recientes.
A diferencia de lo ocurrido durante el sexenio pasado, ahora el primer paso será el uso de un formato único en todo el país para el acta de nacimiento. Posteriormente, la SG habilitará un número telefónico gratuito para que todos los mexicanos soliciten su clave de identidad.
En una tercera etapa –la más costosa– se tomarán los datos biométricos y se preparará el terreno hacia la expedición de millones de cédulas (micas) de identidad, las cuales deberán contener, como eje, la citada clave y elementos que garanticen la seguridad e inviolabilidad de todo el proceso.
La clave de identidad está incluida en el decálogo en materia de seguridad, justicia y derechos humanos propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto el 27 de noviembre pasado.
En la administración pasada, en medio de una aguda crisis de violencia e inseguridad, se tomó el acuerdo, al más alto nivel, de expedir una cédula.
La ley obliga al Estado mexicano a generar los mecanismos pertinentes para ello y su cumplimiento no sólo es una cuestión política, sino un derecho humano (a la identidad).
Ante la inconformidad de diversos sectores, especialmente del entonces Instituto Federal Electoral, así como de críticas por la presunta debilidad en la protección de datos personales, el gobierno federal decidió limitar la expedición sólo a menores de entre 4 a 17 años de edad.
Sin embargo, de acuerdo con documentos de la SG, esta dependencia gastó más de 2 mil 300 millones de pesos y sólo entregó 1.4 millones de micas, esto es, 4.4 por ciento de la meta.
Los funcionarios actuales descubrieron también que los contratos para licitar servicios para la cédula tenían omisiones e irregularidades: por ejemplo, el gobierno no era dueño de la base de datos y los aparatos tampoco eran de propiedad de la administración federal.
Hoy día, se agrega en el plan rector de la SG, ya se recuperó la base de datos, durante un proceso sustentado en auditorías acompañadas por instituciones de educación superior.
Para el primer paso, relacionado con las actas de nacimiento, ya hay un avance, porque por efecto de una reciente reforma constitucional se expidió el formato único para la expedición de ese documento fundamental y así dar cumplimiento al derecho a la identidad, consagrado en la Carta Magna.
El lío, sin embargo, empieza ahí mismo, porque actualmente cada entidad tiene sus propios mecanismos de registro, e incluso la variación llega en algunos casos a esacala municipal.
El reto para la SG es depurar la base de datos de nacimientos, actualmente de más de 123 millones de expedientes en el Renapo. Para ello trabaja en una nube informática para que un ciudadano pueda obtener una copia de sus datos de nacimiento en Iztapalapa, por ejemplo, aunque sea originario de Guerrero.
De igual forma deberá echar a andar un mecanismo para homologar también los procedimientos con otras instituciones, como las del sector salud o las secretarías de Desarrollo Social y de Relaciones Exteriores, las cuales tienen otros bancos de datos.
Además, establecer una mesa técnica con el Instituto Nacional Electoral, cuyo registro tiene los datos de 80 millones de ciudadanos (para ejercer el derecho al voto). El INE expide actualmente una de las identificaciones oficiales de mayor aceptación, por la inclusión de domicilio y datos biométricos.
Sin embargo, indica la SG en su plan inicial, todos los registros y bases de datos en materia de identidad tienen un solo origen: el acta de nacimiento; de ahí la necesidad de homologar y otorgar un solo número a cada mexicano, incluidos los que viven fuera del país.
Tenemos la certeza de los pasos que estamos dando y los que daremos; hemos trabajado en el proyecto desde el inicio de esta administración. La clave única de identidad es un asunto de seguridad nacional y también un derecho de todos los mexicanos, comentó a La Jornada un alto funcionario de la SG.

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El despido masivo en el Ifai, por deficiencias en perfiles de los empleados: Ximena Puente

Ciro Pérez Silva
 
Periódico La Jornada
Lunes 22 de diciembre de 2014, p. 10
Los despidos de directivos en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) y las contrataciones al margen del servicio civil de carrera –en siete meses pasó de 442 plazas a 579– han sido necesarios para cumplir con los actuales requerimientos de la ley, explicó la consejera presidenta del instituto, Ximena Puente de la Mora, tras señalar deficiencias en los perfiles de los despedidos y la falta de lineamientos para las contrataciones por concurso.
En entrevista con La Jornada, Puente de la Mora defendió los procedimientos para renovar el personal del Ifai, así como la suspensión por 10 meses de la aplicación del servicio civil de carrera para los nuevos ingresos, a los que aludió el ex consejero Juan Pablo Guerrero Amparán, acusando al instituto de violar sus propias normas de transparencia.
La suspensión del servicio civil de carrera, expuso la consejera presidenta, se hizo en un acto público el 16 de octubre, donde se dejaron si efecto estas disposiciones porque no tenían reglas para operar. No las hay. Se dejaron sin efecto por 10 meses con el fin de elaborar unos que cumplan con estas nuevas necesidades y que, ahora sí, tengan lineamientos que le permitan operar.
Justificación de despidos
–Se cuestiona un despido masivo para que los nuevos comisionados contraten a su gente –se le pregunta.
–No es despido masivo. Se trata de la valoración de las personas que tengan un perfil adecuado para estas nuevas necesidades. Efectivamente hay ciertas personas que han tenido ese perfil y otras no, y que por eso tuvieron que salir.
Esa valoración se ha hecho en los pasados siete meses, es decir, se les dio oportunidad de ponerse al día para mostrar que podían cumplir con las nuevas responsabilidades. En muchos casos se trata de personal de confianza. De acuerdo con disposiciones de la Suprema Corte de Justicia dela Nación (SCJN), estos trabajadores tienen un trato distinto y muchas veces cumplen ciclos, derivados de las propias necesidades del instituto. Siempre hemos seguido en tiempo y forma las disposiciones al respecto.
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Ximena Puente de la Mora, presidenta del Ifai, dice que el instituto se ajusta a disposiciones de la SCJNFoto José Antonio López
–¿Rechaza entonces que haya despido masivo y que no se contrata nuevo personal con más salario, como se ha denunciado?
–Sí. Además, las percepciones se tienen aprobadas y como información pública en la página donde se pueden contrastar. Somos una institución que entendemos que los procesos de transparencia y sobre todo en un tema tan delicado como las percepciones en cada uno de los puestos es información pública, así como los perfiles de cada una de las personas que trabajamos aquí y que acreditan experiencia y capacidad, importante para hacer frente a estas nuevas necesidades que nos impone la reforma legal.
–¿En cuánto ha aumentado la plantilla de trabajadores en el Ifai en estos siete meses?
–Pasamos de 442 plazas a alrededor de 570, que son los ajustes que se han tenido que hacer, entre otros que se han tenido que restructurar, ya que se tuvieron que aumentar de cinco a siete las ponencias; además, tenemos que revisar las resoluciones de los órganos garantes, conocer de los asuntos relacionados con el acceso a información y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de la nueva esfera de sujetos obligados, como los poderes Legislativo y Judicial (con excepción de aquellos jurisdiccionales que corresponden a la SCJN); órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal.
Asimismo, el Ifai ejercerá su facultad de atracción respecto de asuntos del ámbito estatal, y conocerá de las impugnaciones contra resoluciones de organismos garantes de las entidades federativas y del DF, hasta en tanto se cuente con la legislación secundaria.

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La Asamblea Nacional Popular acuerda boicotear los comicios del año próximo


Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 22 de diciembre de 2014, p. 4
Chilpancingo, Gro.
La séptima Asamblea Nacional Popular (ANP), celebrada en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se pronunció por la anulación y boicot a las elecciones 2015. Para ello hacemos un llamado al pueblo mexicano a preparar las condiciones en cada municipio, en cada estado y a escala nacional, para hacerlo efectivo.
Con la presencia de representantes de más de 30 organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, se ratificó, como ejes principales del plan de acción, la presentación con vida de los 42 normalistas de Ayotzinapa, castigo a los responsables de su desaparición y de los asesinatos perpetrados contra nuestros compañeros.
También, la caída inmediata de Enrique Peña Nieto, porque no representa los intereses y las aspiraciones del pueblo mexicano, y la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos.
La ANP intensificará los bloqueos de puertos y aeropuertos, la liberación de casetas de peaje, el cierre de autopistas, la toma de gasolineras y distribución gratuita de combustible, la toma de medios de comunicación y el bloqueo total al Distrito Federal, acciones que deberán realizarse en el contexto de las Jornadas de Acción Global por Ayotzinapa, preparando las condiciones hacia la huelga política general.
Se acordó exigir la salida inmediata de Guerrero del Ejército, la Marina, la Gendarmería Nacional y todos los cuerpos policiacos, ya que su presencia ha generado mayor inseguridad y represión contra el pueblo guerrerense. Luchamos por la derogación de las reformas estructurales, por una nuevo Constituyente y una nueva Constitución, por el poder popular.
También se pactó convocar a todos a seguir con la construcción de asambleas populares en cada comunidad, ejido, barrio, colonia, fábrica, centro de trabajo y centro de estudio, de cada estado, creando las bases para construir una Gran Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México.
Otro acuerdo fue reforzar con guardias las instalaciones de la normal de Ayotzinapa, para garantizar su seguridad. Asimismo, se hizo un llamado a reforzar el plantón magisterial popular instalado en el zócalo de Chilpancingo.
Se convino impulsar un programa político que recupere las demandas y aspiraciones de todos los sectores del pueblo mexicano, en la perspectiva de la convocatoria a un nuevo Constituyente, que redacte la nueva Constitución, en la que se establezcan los principios de un nuevo país verdaderamente democrático, con justicia social.
Una resolución más fue convocar a un acto internacional de solidaridad con Ayotzinapa, para lo cual la ANP nombrará una comisión que elabore el aviso. Se impulsará una campaña nacional e internacional por la libertad de todos los presos políticos y por la presentación con vida de todos los desparecidos. Como parte del plan de acción se contempla para este lunes la instalación de un plantón indefinido en la Secretaría de Gobernación.
Finalmente, la ANP se pronunció por la libertad inmediata e incondicional de Rubén Sarabia Sánchez, dirigente de la Unión Popular de Vendedores 28 de Octubre, en Puebla, detenido el pasado viernes.

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Chomsky advierte sobre vigencia de racismo en sociedad estadounidense


A propósito de los recientes crímenes raciales ocurridos en Estados Unidos contra la comunidad afroamericana, el intelectual y lingüista estadounidense Noam Chomsky advierte que ello evidencia el racismo vigente dentro de esa sociedad.
“Esta es una sociedad muy racista. Es bastante impactante”, Chomsky, citado por RT.
El historiador y filósofo refirió que las manifestaciones de la comunidad afroamericana se han convertido en un movimiento antirracismo y de justicia social.
Chomsky señaló que hay algunos privilegios para las elites afroamericanas, pero no así para la población en general.
“Ellos han sido recriminalizados y convertidos en una fuerza de trabajo esclavo, que es el trabajo forzado”, puntualizó.
Los casos de violencia racial en Estados Unidos y la cuestionada justicia frente a estos hechos han provocado en los últimos meses cientos de manifestaciones en diversas ciudades del país.
El último caso fue el fallo del gran jurado de Nueva York sobre el asesinato del afroamericano Eric Garner, de 43 años de edad, y en rechazo a los actos de brutalidad policíaca ocurridos recientemente.
Garner fue estrangulado en julio pasado por el policía Daniel Pantaleo en una calle pública por presuntamente vender cigarros de forma ilegal.
También la decisión del jurado neoyorquino fue emitida luego que una instancia similar de Ferguson, estado de Missouri, acordara no levantar cargos contra el policía Darren Wilson, quien asesinó al joven afrodescendiente Michael Brown, de 18 años de edad.
Recientemente, el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein, expresó su preocupación por los crímenes raciales en Estados Unidos, el número desproporcionado de jóvenes afroamericanos que mueren en enfrentamientos con la policía, así como el número de afroamericanos en cárceles del país y los condenados a la muerte.
El diplomático advirtió sobre la existencia de una profunda desconfianza en la imparcialidad de los sistemas de justicia y aplicación de la ley en Estados Unidos, por lo que llamó a las autoridades de ese país a examinar a fondo cómo las cuestiones de carácter racial afectan el cumplimiento de la ley y la administración de justicia, tanto a nivel federal como estatal.
AVN 

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Corea del Norte pide a la ONU que investigue las brutales torturas de la CIA

Corea del Norte pide a la ONU que investigue las
Corea del Norte se ha dirigido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para exigir que se examinen las torturas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en lugar de las presuntas violaciones de los derechos humanos en el país asiático.
Piongyang afirma que las denuncias sobre violaciones de derechos humanos asociadas al Gobierno comunista tienen una motivación política, mientras que el verdadero problema para el mundo es la práctica de torturas de la CIA a sospechosos de terrorismo.
El embajador de Corea del Norte ante la ONU, Ja Song-nam, aseguró en una carta dirigida al presidente del Consejo de la ONU que los delitos cometidos por la CIA y las fuerzas militares estadounidenses en “lugares negros” de todo el mundo representan “las formas medievales más brutales” de tortura y “graves violaciones de los derechos humanos”.
Piongyang quiere que Washington sea juzgado por la Corte Penal Internacional, pero no verá cumplidas sus esperanzas ya que EE.UU. tiene capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
La solicitud de Corea del Norte se produce después de la publicación del informe del Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU. que detalla “las técnicas de interrogatorio mejoradas” del Gobierno de Bush y su “guerra contra el terror”.
RT 

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La hermana del rey de España será juzgada por delitos fiscales


El juez José Castro ha acordado sentar en el banquillo de los acusados a la infanta Cristina, hermana de Felipe VI, rey de España, como cooperadora de dos delitos fiscales, al considerar que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente ‘pantalla’ de la que ambos son propietarios.
Así lo ha decidido en el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos, que ha dictado este lunes y en el que finalmente ha resuelto no aplicar sobre la Duquesa de Palma la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para la hermana del Rey Felipe VI. En su auto, el juez impone a la infanta el pago de 2,6 millones de euros en concepto de responsabilidades civiles. Por su parte, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el perjudicado por los delitos presuntamente cometidos, la Agencia Tributaria, apuntan a la existencia de indicios criminales sobre Cristina de Borbón.
En su resolución judicial, Castro apunta que la Infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que Urdangarin facturase a través de esta sociedad, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta de 2007 y 2008.
Para justificar su petición de ocho años de cárcel —cuatro por cada uno de los dos delitos fiscales—, Manos Limpias considera que la duquesa incurrió en una agravante, y fue la de haber interpuesto una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios.
De hecho, Manos Limpias, al igual que la Fiscalía, considera que Aizoon era una de las mercantiles ficticias que integraban el entramado societario presuntamente urdido por Urdangarin y su exsocio Diego Torres con el objetivo de desviar los fondos obtenidos por el Instituto Nóos desde las Administraciones públicas. Mediante esta trama ambos se habrían apoderado de hasta 6,2 millones de euros de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.
Según el sindicato, la defraudación presuntamente efectuada por Urdangarin “nunca hubiera podido tener lugar” sin la “necesaria intervención” de Cristina de Borbón, de ahí que sea considerada cooperadora necesaria de los dos delitos contra la Hacienda pública en que incurrió su esposo.
EFE 

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