lunes, 29 de diciembre de 2014

Cambio legal: en obra pública, manos libres

PROCESO 

27 de diciembre de 2014
Destacado
Sesión en la Cámara de DIputados. Foto: Miguel Dimayuga
Sesión en la Cámara de DIputados.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En una acción sin precedente, la Cámara de Diputados le dejó las manos libres al gobierno federal para que contrate la mayor parte de obra pública sin pasar por la regulación de la ley correspondiente, con lo cual se abre la puerta a más escándalos de opacidad y conflicto de interés, como los de la Casa Blanca y la cancelación del tren rápido México-Querétaro.
El martes 9 los cambios a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas fueron aprobados con los votos a favor de 377 legisladores; 26 votaron en contra y otros 90, de todos los partidos, se ausentaron.
Así se cierra la pinza de las reformas constitucionales en materia energética y de telecomunicaciones, que en opinión de los diputados Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo (PT), y Ricardo Mejía Berdeja, del Movimiento Ciudadano, permiten que en la práctica no sean regulados los contratos para construir hospitales, escuelas, transporte ferroviario, autopistas concesionadas o distribuidores viales.
De acuerdo con Mejía Berdeja, al no estar sujetas dichas obras públicas a una ley que presuntamente debería evitar los conflictos de interés, se alienta la posibilidad de que “amigos” del poder en turno, como los Hank, HIGA de Armando Hinojosa Cantú, OHL, Vázquez Raña u otros, “se queden con los contratos sin que uno se entere. Es dejarlos sin fiscalización”.
A su vez, Manuel Huerta, entrevistado la tarde del 24 de diciembre, confirma que todos los contratos que deriven de la reforma energética, por ejemplo los que se firmen para explotar petróleo o generar electricidad, quedan fuera de esta supervisión.
Para él, con esta ley de obra pública que se aprobó sin discusión, los diputados fueron más allá de los contratos que vendrán con la reforma energética o de telecomunicaciones, pues también dejan fuera de la regulación las obras para escuelas, hospitales, seguridad pública y caminos rurales. En síntesis, alerta, ofrece manos libres para el robo y adjudicaciones sin auditoría.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1991, ya en circulación) 

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“Gobierno y mineras canadienses, responsables de daños ambientales y de violar derechos: TPP

Angélica Enciso L.
 
Periódico La Jornada
Lunes 29 de diciembre de 2014, p. 16 

El veredicto de la primera audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre la industria minera canadiense realizada en Montreal, determinó responsabilidad del gobierno de Canadá y de empresas mineras.
Integrantes de las comunidades afectadas en América Latina y expertos en minería y derechos humanos informaron en mayo al jurado del tribunal sobre el impacto de esa actividad en la región, y hace unos días se emitió el veredicto, reportó en un comunicado la organización canadiense L’Entraide Missionnaire.
Las responsabilidades que determinó el jurado se sustentan en los múltiples casos de destrucción del medio ambiente, violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, de asesinatos, de criminalización a los opositores y de transgresiones a las libertades sindicales.
Las evidencias que fueron presentadas muestran la complicidad y la responsabilidad de distintos organismos del gobierno federal, en particular de su red diplomática y de sus instituciones de cooperación internacional, deploró Nicole Kirouac, abogada e integrante del jurado de la sesión de mayo.
Óscar Morales, afectado por el proyecto Escobal, en Guatemala, y testigo en la audiencia de Montreal, señaló que la criminalización y represión de la protesta social, que se vive tanto en Guatemala como en otros países de América Latina, se han agudizado con la renovación de los marcos legales, contribuyendo a perpetuar la impunidad de los actos de represión.
Se debe dar un proceso de reparación que implica varios pasos, incluido el cese inmediato de las actividades que causan o aumentan los perjuicios, el reconocimiento de los daños y el establecimiento de leyes y mecanismos para evitar que vuelvan a ocurrir, sostuvo Gianni Tognoni, secretario general del TPP Italia.
Los testigos que comparecieron mostraron claramente que los sucesos presentados no son casos aislados, sino que representan una situación generalizada de impacto grave sobre la salud, la vida, el medio ambiente y la participación ciudadana de las poblaciones afectadas, especialmente para las mujeres indígenas, asentó por su parte Viviane Michel, presidenta de Femmes Autochtones de Québec (Mujeres indígenas de Québec) y juez durante la audiencia.
El veredicto será canalizado al conjunto de partidos políticos y diputados canadienses, al igual que a los órganos pertinentes de la Organización de Naciones Unidas, informó la agrupación.

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Cae el interés por los proyectos petroleros y la explotación de gas


Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Lunes 29 de diciembre de 2014, p. 20
El desplome de los precios internacionales del petróleo, que ha llevado a la mezcla mexicana por abajo de los 50 dólares por barril, reduce el atractivo de los proyectos para aguas profundas y explotación de gas de lutitas (o shale) a corto y mediano plazos, advirtió la Casa de Bolsa Banorte-Ixe.
El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación cerró el pasado 24 de diciembre (último dato publicado) en 48.40 dólares por barril, lo cual representó una baja de 2.91 por ciento, equivalente a una reducción de 1.45 dólares respecto de la semana anterior.
Con ello, en lo que va del año el precio por barril de la mezcla mexicana registra una pérdida acumulada de 47.68 por ciento, es decir, un desplome de 44.11 dólares por tonel y un nivel promedio de 88.20 dólares, 3.20 más a lo previsto en la Ley de Ingresos de 2014, fijado en 85 dólares.
En un análisis reciente, Banorte-Ixe señala que adicionalmente el gobierno mexicano enfrenta una grave situación de inseguridad que genera riesgos importantes.
En opinión de los especialistas, el gobierno tiene una oportunidad de oro para llevar a cabo una reforma al sistema judicial mexicano e instaurar un estado de derecho. Desafortundamente, de no lograrse, el impacto de las reformas (estructurales aprobadas) puede verse reducido significativamente, advirtió.
Según los expertos, la reciente publicación de los lineamientos de la ronda uno es un paso más en la instrumentación de la reforma energética.
Pero uno de los retos más importantes de la economía mexicana es la eficiente instrumentación de las reformas estructurales, de tal forma que efectivamente se libere el potencial de crecimiento.
Los analistas esperan gran interés de los inversionistas en proyectos para aguas someras y campos terrestres, como los que se anunciaron recientemente. El pasado 11 de diciembre la Comisión Nacional de Hidrocarburos dio a conocer los lineamientos para las licitaciones del primer paquete de proyectos a licitarse bajo la llamada ronda uno. Cabe recordar que ésta representa el primer esfuerzo del gobierno para asignar proyectos con la participación de la iniciativa privada en el sector energético.
El primer paquete de proyectos de la ronda uno incluye 14 bloques, equivalentes a 1.1 mil millones de barriles de crudo. Dichos bloques comprenden 4 mil 222 kilómetros cuadrados de aguas someras localizados en la región del Golfo de México.
Según la Secretaría de Energía (Sener), se espera que en estas regiones se encuentre crudo ligero y tenga bajos costos de producción.
Éstos serán contratos de producción compartida y durarán entre tres y cinco años. La licitación se podrá llevar a cabo tanto por empresas internacionales como nacionales. Adicionalmente, Petróleos Mexicanos podrá participar ya sea sola o en convenio con otras empresas.

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Hipólito Mora dejará las armas e irá por una diputación, afirma su abogado

Algunos de los detenidos ayer en La Ruana. Foto: Tomada de Twitter
Algunos de los detenidos ayer en La Ruana.
Foto: Tomada de Twitter
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El abogado de Hipólito Mora, Eduardo Quintero Madrigal, dijo que una vez que el fundador de las autodefensas de Michoacán quede en libertad, éste dejará las armas y buscará una diputación.
“Hipólito Mora va a dejar las armas y buscará la diputación federal, seguramente será por algún partido político, aunque todavía no puedo decir por cuál”, explicó el litigante ante diversos medios de comunicación.
El abogado confía en que su cliente, quien está preso en el penal “David Franco Rodríguez” también conocido como Mil Cumbres, salga libre en las próximas 144 horas.
Quintero Madrigal señaló que Mora pretende tender un puente entre el pueblo y la política, para así denunciar a los “delincuentes enmascarados”.
Mora rinde este domingo su declaración preparatoria en el penal de Mil Cumbres acusado por el delito de homicidio calificado, luego del enfrentamiento suscitado el pasado martes 16 contra un grupo de seguidores de Luis Antonio Torres El Americano y que dejó 11 muertos.
Por estos hechos se giraron más de 50 órdenes de aprehensión, 27 de las cuales fueron cumplimentadas ayer.
Mora y 26 de sus hombres se entregaron en La Ruana, un día después de que venciera el plazo que el comisionado Alfredo Castillo les había dado para acudir voluntariamente ante la justicia.
Este domingo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) verificó en dicha prisión las condiciones en que están los 27 detenidos ayer por la balacera en La Ruana.
El comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó que personal de la CEDH revisa las condiciones en que se encuentra Hipólito Mora y las 26 personas detenidas.
A través de su cuenta oficial de Twitter, el funcionario federal garantizó que se respetarán los derechos humanos de los detenidos.
En otro mensaje a través de esa misma red social aseguró que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) “garantiza respeto absoluto a los derechos humanos de quienes se encuentran al interior de sus penales”.

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Investigará CNDH la actuación del Ejército en hechos de Iguala


Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 29 de diciembre de 2014, p. 9
Tixtla, Gro. 


Luis Raúl González, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), confirmó que el organismo integra dos expedientes: uno relacionado con una recomendación al presidente Enrique Peña Nieto por los hechos del 26 de septiembre en Iguala, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y fueron asesinados tres alumnos de esa casa de estudios y tres personas más, y el otro para indagar posibles actos de violación a los derechos humanos cometidos por elementos del 27 batallón de infantería del Ejército mexicano.
Legítima exigencia
Entrevistado en las instalaciones de la normal de Ayotzinapa en el municipio de Tixtla –adonde llegó con su equipo de trabajo para reunirse con los padres de los 43 desaparecidos–, detalló que se está integrando el expediente. Es legítima la exigencia de los padres, ellos están sintiendo el dolor. Cualquier ser humano que no se indigne ante esta barbarie no tiene sentimientos. Y el dolor que vi reflejado hace ver que todos tenemos que pronunciarnos por que se esclarezca este lamentable suceso.
Respecto de que si el organismo que dirige investigará la actuación del Ejército mexicano en el caso, manifestó que la CNDH va a investigar toda línea por violación de derechos humanos. Distingamos que no le toca a la CNDH indagar los delitos, pero sí la violación a los derechos humanos, y no dejará de integrar al expediente cualquier circunstancia que ayude a esclarecer este asunto.
Solicitó información a la Sedena
Hemos solicitado información a la Secretaría de la Defensa Nacional. Estamos integrando el expediente para conocer todo lo que se desprenda por acción u omisión, y en su momento haremos los pronunciamientos que proceda, afirmó.
Añadió que emitimos medidas cautelares en favor de los defensores y de las organizaciones que representan a los padres de familia, porque ha habido expresiones públicas que los han estigmatizado. Desde que asumí el cargo nos hemos reunido ya con los padres de familia.
Señaló que la responsabilidad de las autoridades de investigación no se agota con procesar y sancionar, pues es necesario que no quede impune esta desaparición, sino que también se conozca la verdad.
Expresó que la protesta social, legítima, realizada sin violencia y sin armas, debe respetarse porque es una expresión de libertad de expresión. Y la legítima defensa que han venido haciendo los padres de familia, exigiendo el esclarecimiento y conocer el paradero de sus hijos, se inscribe en una protesta legal y legítima, y se tiene que respetar.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, señaló que pidieron al titular de la CNDH que investigue a los elementos del 27 batallón de infantería por la desaparición de los 43 estudiantes porque nosotros estamos seguros de que participaron, y hay testimonios de que sí lo hicieron, y tienen que ser castigados.
Padres piden que militares salgan de Guerrero
Se le pidió que interceda ante el gobierno federal para solicitar la salida del Ejército mexicano de la entidad y la desmilitarización de Guerrero.
Destacó que el ombusdman se comprometió a pedir al gobierno federal que se abra una línea de investigación a efectivos del Ejército y retirar los retenes militares en Guerrero, porque están violentando los derechos humanos.
Más tarde, la CNDH informó en un comunicado que los padres y familires de los normalistas de Ayotzinapa que se reunieron ayer con González Pérez aceptaron el acompañamiento y colaboración del organismo nacional a fin de conocer la verdad de los hechos de los días 26 y 27 de septiembre, buscar que se haga justicia por los asesinatos y desapariciones, pugnar por el castigo a los responsables, conocer el paradero de los normalistas que siguen desaparecidos y evitar que haya represalias por el legítimo derecho a la protesta social.

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Ceteg toma caseta de La Venta

Héctor Briseño
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 29 de diciembre de 2014, p. 5
Acapulco, Gro.
Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) tomaron ayer la caseta de peaje de La Venta –de las siete a las 10 de la mañana– para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los manifestantes pidieron cooperación voluntaria e informaron sobre el movimiento a los ocupantes de los automóviles y camiones que viajaban hacia la ciudad de México y los que ingresaban por Chilpancingo a Acapulco.
Por separado, comerciantes del sector turismo de Acapulco advirtieron que el martes tomarán la caseta de La Venta, en protesta porque los apoyos prometidos por el gobierno federal a pequeños empresarios afectados por la crisis económica a raíz de los hechos violentos en Iguala, no han sido entregados.
En conferencia de prensa, la presidenta de la asociación de comerciantes establecidos de la costera Miguel Alemán, Laura Caballero Rodríguez, dijo que todos fuimos afectados; esta crisis fue provocada por el gobierno, no por nosotros. Hacemos un llamado a que también vendedores informales sean beneficiados.

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Tomadas, 28 alcaldías por el caso Ayotzinapa

Foto
Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se reunió con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y dijo que se están integrando dos expedientes: uno relacionado con una recomendación al presidente Peña Nieto por los hechos del 26 de septiembre en Iguala y otro para indagar la posible violación de derechos humanos por elementos del Ejército MexicanoFoto Reuters
Sergio Ocampo y Héctor Briseño
Corresponsales
Periódico La Jornada
Lunes 29 de diciembre de 2014, p. 5
Chilpancingo, Gro.
Al menos 28 de los 81 ayuntamientos de Guerrero permanecen tomados por miembros de distintas organizaciones sociales, aglutinadas en la Asamblea Nacional Popular (ANP), para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El 24 de octubre pasado, la ANP –integrada por organizaciones no gubernamentales, así como agrupaciones sociales y estudiantiles, para exigir justicia en el caso Ayotzinapa– acordó la toma de las 81 alcaldías, previa creación de los concejos municipales populares, que en la práctica se instalaron en Tlapa, Tecoanapa, Ayutla de los Libres, y San Luis Acatlán.
Desde entonces, más de una veintena de ayuntamientos de distintas regiones del estado fueron ocupados por organizaciones agrupadas en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), en solidaridad con los familiares de los normalistas ausentes, para exigir castigo a los responsables de los hechos violentos ocurridos en Iguala y pronunciarse contra la realización de comicios en Guerrero, en 2015.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, Marco Antonio Adame Bello, representante del sector Acapulco del MPG, informó que en 10 de las 28 cabeceras municipales las actividades se encuentran paralizadas, entre ellas Acapulco, Iguala, Chilpancingo, Tlapa, Chilapa y Ayutla de los Libres.
Recordó que el 23 de octubre integrantes del MPG, con apoyo de organizaciones como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), ejidatarios del poblado de Icacos, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, entre otras, se apoderaron del ayuntamiento de Acapulco, y desde entonces el alcalde Luis Walton Aburto despacha en oficinas alternas.
Explicó que en Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Azoyú y Cuautepec (Costa Chica) Zihuatanejo, San Jerónimo, Atoyac y Tecpan de Galeana (Costa Grande) Tlapa (La Montaña), así como Acapulco, la integración de concejos municipales ha tomado mayor definición.
Consideró que la lucha se ha dado en formas distintas: existe presencia variada en muchos más municipios, la respuesta no se ha dado de forma homogénea.
Señaló que en la zona rural se ha advertido mayor empatía con la idea de un cambio en el régimen político, mientras que en el sector urbano ha sido más complicado, pues hay mayor presencia de partidos políticos, y es ahí donde debemos luchar contra el clientelismo.
Uno de los casos emblemáticos es el del municipio de Tecoanapa, cuya alcaldía fue tomada el 30 de noviembre por comisarios municipales, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), y de la Ceteg, quienes declararon la desaparición de poderes e instalaron una asamblea municipal popular.
Ese día, en la sede del ayuntamiento, los manifestantes instalaron el concejo municipal popular de Tecoanapa.
Félix José Rosas, vocero del movimiento magisterial en Tecoanapa, dijo que 33 comisarios municipales y otros tantos comisariados ejidales de pueblos como El Pericón, Xalpatláhuac, El Charco, Las Ánimas, Parota Seca, Tecuantepec, El Carrizo y Mecatepec respaldaron la desaparición de poderes y la instalación de un concejo municipal, no sólo en apoyo a Ayotzinapa, sino porque en los recientes dos años ninguna autoridad combatió la inseguridad.
Tuvieron que intervenir los policías comunitarios para acabar con la extorsión, y el cobro de cuotas a comerciantes y ganaderos de la región; por eso vamos a llegar hasta donde quieran los ciudadanos, reprochó.
El 30 de noviembre, en Ayutla de los Libres ciudadanos sin partido, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Ciudadana (CRAC-PC) y de la Upoeg, conformaron el concejo municipal, luego de acusar a las autoridades locales de estar coludidas con el crimen organizado.
En ese acto, el secretario técnico de la de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos (Redgro), Manuel Olivares Hernández, manifestó: “el narco ha dejado decenas de fosas. Guerrero es un gran cementerio clandestino; por eso con los concejos municipales se va a remplazar a las autoridades que no garantizan el derecho a la vida y a nuestro patrimonio”.
El primero de diciembre en Tlapa la asamblea popular acordó integrar el concejo municipal, retomando en su proyecto los usos y costumbres que rigen a los pueblos originarios, para luchar por la aparición de los 43 normalistas.
Esa vez, Vidulfo Rosales Sierra, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, justificó la instalación del concejo municipal popular de Tlapa y acusó también a las autoridades municipales de trabajar en contubernio con la delincuencia.
Desde que se iniciaron las tomas de los ayuntamientos en la zona de la Montaña hubo denuncias de integrantes del MPG y Ceteg, como ocurrió el 16 de noviembre.
También informaron que los curas de la diócesis de Tlapa que apoyan la demanda de Ayotzinapa, fueron amenazados de muerte a través de llamadas telefónicas anónimas.
(Con información de La Jornada Guerrero) 

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La crisis electoral no es nueva

Maestros toman sede del Instituto Electoral en Guerrero. Foto: Germán Canseco
Maestros toman sede del Instituto Electoral en Guerrero.
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El desplegado de los siete integrantes del Consejo del Instituto Nacional Electoral del Distrito Federal 7 de Guerrero en relación a que “no existen las condiciones para llevar a buen fin” el proceso electoral en esa circunscripción volvió a desatar el debate en torno a la centralidad de los comicios para la existencia o no de la democracia. Y hay que decirlo con claridad: las elecciones son un elemento indispensable, pero no suficiente, para su existencia; así que el hecho de que no se celebren sí evidenciaría su ausencia, aunque su realización no significa su vigencia.
Primero, hay que reconocer que en estos momentos (tal como afirman los consejeros distritales) no existen las condiciones para efectuar elecciones democráticas en varias entidades de la República Mexicana, entre las que se encuentran destacadamente Michoacán y Guerrero, donde se elegirá gobernador, Congreso estatal y ayuntamientos.
Segundo, si bien los profesores de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y los miembros del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) declaran abiertamente que implementan un plan para impedir la realización de elecciones el próximo 7 de junio en dicha entidad, ellos no son los únicos responsables de que no existan las condiciones para llevarlas a cabo, pues aun cuando abandonaran su plan y regresaran las instalaciones de los organismos electorales que hoy tienen tomadas, persistiría la falta de condiciones objetivas para celebrar elecciones democráticas.
Tercero, la no realización de elecciones no sería la causa del fracaso de la democracia ni del estado de derecho en México o en aquellas entidades, sino simplemente su expresión más acabada y contundente. El fin de los periodos constitucionales de las autoridades de Guerrero y Michoacán (gobernadores, Congresos y ayuntamientos), y la falta de relevos constitucionalmente electos, por la ausencia de elecciones, no es lo que provoca la desaparición de poderes, pues, aunque el Senado se niegue a reconocerlo, éstos ya no existen desde hace muchos años en los referidos estados.
Cuarto, la celebración de elecciones no significa la vigencia de la democracia y el estado de derecho en dichas entidades, pues al menos en Michoacán –según declaró Felipe Calderón cuando era presidente– los comicios de noviembre de 2011 ya fueron dominados por el crimen organizado.
El 6 de diciembre del mismo año, en la sede nacional del PAN, Calderón develó: “Aquí sí está pasando algo muy grave, señores, que es la presencia del crimen organizado en las elecciones. Y nos dicen ‘¡pruebas!’. Allí está la prueba: allí está el desplegado publicado a plana entera circulando a plena luz del día en el periódico de mayor circulación. ¿Alguien quiere otra prueba más palmaria y más fehaciente?”.
Y al día siguiente, en Monterrey, precisó: “En Michoacán, el crimen amenazó y bajó de la candidatura a 50 candidatos, de todos, PRI, PAN y PRD, porque les dijeron: O te alineas con nosotros o te desaparezco. Renunciaron. Es un problema grave y no es una cosa ni personal ni partidista. Es un asunto que debe verse con esa mira de Estado”.
En esas condiciones es imposible sostener que existe democracia y estado de derecho. Ni siquiera se puede decir que haya elecciones, pues aun cuando formalmente las autoridades instalen las casillas y cuenten los votos, y los ciudadanos acudan a depositar su sufragio, no son ellos los que están eligiendo a sus gobernantes, toda vez que el crimen organizado ya lo hizo previamente. La jornada electoral es un ritual vacío de contenido.
Lamentablemente en los últimos años éste ha sido el común denominador, sobre todo en entidades dominadas por el crimen organizado, como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, donde hay evidencias irrefutables de que la designación de candidatos se celebra bajo presión de los cárteles, los cuales amenazan y atacan a aspirantes que consideran enemigos. Ahí, los candidatos no pueden desplegar libremente sus campañas, pues hay amplios territorios que son dominados por la delincuencia organizada; así que en el mejor de los casos únicamente pueden llegar con una fuerte protección policiaca o militar, lo cual limita en buena medida el contacto con la ciudadanía.
Más aún, en distintos momentos del proceso electoral se han perpetrado homicidios contra miembros prominentes de la clase política local, en algunos casos candidatos; en otros, integrantes de los equipos de campaña de alguno de éstos o dirigentes partidistas, e inclusive autoridades electas o designadas. Por lo demás, los electores no pueden ejercer el voto libre y secreto, porque temen ser víctimas de la violencia que permea en todas sus entidades o no tienen opciones reales ante las imposiciones de candidaturas.
Empeñarse en celebrar elecciones en las condiciones actuales en Guerrero y Michoacán es mantener una farsa que impide visibilizar la inexistencia de democracia y estado de derecho al menos en esos estados donde la desaparición de 42 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de cuatro de ellos ya evidenciaron la absoluta ausencia de garantías constitucionales.
Por todo lo anterior es digna de reconocimiento la valentía de los siete integrantes del Consejo Distrital que, sin ambages ni ambigüedades, se atrevieron a reconocer la imposibilidad de realizar elecciones en Guerrero, además de llamar la atención sobre la responsabilidad de la autoridad electoral para contribuir “al desarrollo democrático, reivindicando los principios y valores en todo momento y ante cualquier instancia…”.
Preocupa la reacción del gobernador de ese estado, Rogelio Ortega Martínez, y de los dirigentes del PRD y del PRI, cuyo único argumento fue solicitar la renuncia de los servidores públicos: seguramente sus representantes ante el órgano electoral interpondrán una queja administrativa en contra de los consejeros y buscarán removerlos de sus cargos. El Consejo General del INE debe tomar las provisiones pertinentes para evitar que el contralor vaya a suspenderlos de manera temporal, y eventualmente hasta destituirlos e inhabilitarlos.
La viabilidad de la democracia y el estado de derecho los cancelaron las dirigencias de los partidos políticos y las mismas autoridades constitucionalmente (que no necesariamente democráticamente) electas, no quienes hoy convocan a reflexionar al respecto y, en consecuencia, a terminar con la farsa y transparentar la realidad. En efecto, la ausencia de elecciones en estas dos entidades provocaría un cisma e incrementaría el caos, pero puede ser el revulsivo que requiere la vida política nacional para reencauzar el rumbo.

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En Guerrero, la pobreza se exacerba

PROCESO 


27 de diciembre de 2014
Destacado
Pobreza extrema en Cochoapa, Guerrero. Foto: Miguel Dimayuga
Pobreza extrema en Cochoapa, Guerrero.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, además del incremento de las manifestaciones de indignación por la violencia exacerbada, la falta de seguridad y la inacción de las autoridades de los tres órdenes desde hace varios años, mantiene a la economía estatal al borde del colapso.
De 2010 a 2012 la pobreza se incrementó de 67.6% a 69.7% en la entidad; es decir, siete de cada 10 guerrerenses son pobres, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Aún más, mientras en el país la tasa promedio de pobreza extrema es de 9.8%, en la entidad gobernada por Rogelio Ortega Martínez es de 31.7%, casi el triple. Es la segunda más alta en el ámbito nacional, sólo inferior a la de Chiapas, donde 32.2% de su población dispone de ingresos muy bajos.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, Guerrero presenta un grado de marginación “muy alto”, ya que ocupa el lugar 32 entre las entidades federativas.
La desaparición de los normalistas en Iguala, aún sin resolver, incrementó las protestas sociales y causó una parálisis económica.
Zacarías Rodríguez Cabrera, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Iguala (Canaco-Servytur), comenta a Proceso: “Iguala vive principalmente del comercio, algo de agricultura y ganadería, y paisanos que reciben remesas de sus familiares de Estados Unidos. Hoy estamos en una situación bastante difícil; estamos ahogándonos; estamos desesperados”.
El líder empresarial detalla que a raíz de la inseguridad, la embotelladora Coca-Cola cerró su planta y dejó en la calle a más de 400 trabajadores. Productos Mexicanos de Canteras hizo lo mismo y dejó sin empleo a otras 400 personas. “Podemos hacer una lista interminable de empresas, pequeños, medianos y micronegocios que han ido cerrando”, comenta.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1991, ya en circulación) 

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México, en estado similar al que provocó crisis de 1994


Juan Carlos Miranda
 
Periódico La Jornada
Lunes 29 de diciembre de 2014, p. 21
La caída del peso, el alza a las tasas en Estados Unidos y las constantes protestas sociales colocan a la economía mexicana en condiciones similares a las que provocaron la crisis de 1994, advirtió el economista en jefe para México de Bank of America, Carlos Capistrán, quien dijo, sin embargo, que esta vez el país está bien preparado.
En una opinión retomada en el reporte semanal del vocero de la Secretaría de Hacienda, el especialista señaló que México cuenta con una armadura para protegerse contra la volatilidad internacional, pues en la actualidad el tipo de cambio obedece de forma libre a las condiciones del mercado, las reservas internacionales son cercanas a 200 mil millones de dólares, hay una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y una deuda relativamente pequeña.
Recordó que en 1994 el peso operaba en una banda de flotación, las reservas internacionales eran muy bajas y la mayor parte de la deuda del país estaba en dólares, y con la devaluación ésta aumentó de forma importante.
Además, señaló que el traspaso de los movimientos cambiarios a la inflación era muy alto. Agregó que en 1994 el alza en las tasas de interés en Estados Unidos fue importante, mientras en la actualidad se espera que la Reserva Federal comience un ciclo de incrementos suaves.
Repunte de algunos países
En el mismo reporte de la Secretaría de Hacienda, el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Olivier Blanchard, y el jefe del equipo de investigación de materias primas del organismo, Rabah Arezki, dijeron que el aumento del precio internacional del petróleo ayudará al repunte de economía global.
Ambos economistas expresaron que el precio del crudo no refleja el estado de la economía en 2015. Al contrario, estimaron que podría ayudar a un crecimiento del producto interno bruto (PIB) mundial de entre 0.3 y 0.7 puntos porcentuales.
Sostuvieron que la caída en los precios del crudo permitirá a muchos países mejorar sus economías, aunque admitieron que no hay dos naciones que vayan a experimentar de la misma manera la caída del costo del petróleo.
En el caso de los países importadores, sostuvieron, ya sean economías avanzadas o mercados emergentes, se beneficiarán con un mayor ingreso de los hogares, menores costos de los insumos y una mejor posición externa.

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