martes, 13 de enero de 2015

Celebramos 100 años

SME 100 Años Entrevista Cesar Torroela

Pedirá el SME reinsertar a 16 mil trabajadores no liquidados

Foto
Asamblea magna por el centenario del Sindicato Mexicano de Electricistas, en la Arena de la ciudad de México, en diciembre pasado. El gremio anunció que buscará que en el primer trimestre de este año se concrete la recuperación de la fuente de trabajo para miles que no aceptaron liquidaciónFoto Foto Francisco Olvera
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Martes 13 de enero de 2015, p. 17
Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) marcharán el próximo jueves de la sede de este gremio a la Secretaría de Gobernación, donde su comité ejecutivo entregará a las autoridades de la dependencia, una propuesta para que se reinserte laboralmente a 16 mil trabajadores que no recibieron liquidación, y se les dé empleo en las fábricas, talleres y plantas de generación, que Luz y Fuerza del Centro dejó en desuso y se encuentran en el abandono.
En entrevista, luego de una reunión que Humberto Montes de Oca, secretario del exterior del sindicato, tuvo ayer la dirigencia central del SME con el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, explicó que la propuesta contempla la recuperación de dichas plantas y centros fabriles.
También se buscará que parte de los trabajadores en resistencia se empleen en actividades de generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica y la forma como esto se llevaría a cabo se está discutiendo con diferentes niveles de gobierno, según informó.
El sindicalista expuso que la intención es que en el primer trimestre de 2015 se concrete la recuperación de la fuente de trabajo para estos electricistas que llevan más de cinco años sin laborar y sin tener ingresos.
Montes de Oca también señaló que hay acuerdo entre el SME y Gobernación respecto de que se debe poner punto final al conflicto: se debe reinsertar laboralmente a los trabajadores no liquidados; que los empleos deben ser en el sector de la electricidad; y que la opción son las fábricas, talleres y plantas generadoras de electricidad, que actualmente están abandonadas.
Falta definir los esquemas de empleo, es decir, la inversión que se requiere y la forma como operarían estos centros, pues la propuesta del gobierno federal es que los trabajadores del SME se integren en cooperativas, por ejemplo, dijo.
Por ello el gremio sigue en la negociación, y se está marcando la ruta para concretar la propuesta y que los trabajadores recuperen su empleo. La marcha que se realizará al mediodía de jueves, sólo es para acompañar la entrega del planteamietno del SME.
El secretario de exterior de este gremio expuso que también se buscará insertar a los trabajadores en áreas en las que son expertos, como transmisión, distribución y comercialización de electricidad y se revisan esquema y parámetros para aterrizar este planteamiento.
Sobre la reunión de los integrantes del comité ejecutivo del sindicato, con el secretario del Trabajo, Navarrete Prida, sostuvo que fue en buenos términos y se manifestó la voluntad del gobierno federal para terminar de resolver la situación del sindicato de electricistas.
  

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Incendian cinco unidades de petrolera trasnacional en Tabasco

El incencio sobre la carretera Villahermosa-Cárdenas. Foto: Tabasco Hoy
El incencio sobre la carretera Villahermosa-Cárdenas.
Foto: Tabasco Hoy
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Un grupo de sujetos incendió cuatro tráileres y una camioneta de la empresa petrolera Global Water, que se suma a la quema de otro tracto camión con gasolina robada en noviembre pasado.
El incendio de los cinco vehículos ocurrió la madrugada de ayer sobre la carretera Villahermosa-Cárdenas, donde se encuentran las instalaciones de la compañía petrolera.
De acuerdo con las primeras investigaciones, un grupo de hombres inmovilizó a los guardias de seguridad e ingresó a las instalaciones de Global Water, donde roció de gasolina las unidades y les prendió fuego. Tras el hecho, los agresores huyeron con rumbo desconocido.
Autoridades policiacas revelaron que la venganza es una de las líneas de investigación, porque la empresa supuestamente se ha negado a pagar “cuotas” al crimen organizado.
De acuerdo con empresarios de transporte, cada tractocamión cuesta alrededor de 2.5 millones de pesos, por lo que las pérdidas se estiman en 10 millones de pesos, más el valor de la camioneta Pick Up calcinada.
En noviembre pasado otro tractocamión cargado con 10 mil litros de gasolina robada fue quemado en una carretera vecinal del municipio de Huimanguillo, a escasos metros de un poliducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) que recién había sido “ordeñado”.
Pescadores bloquean accesos a Campo Sen
Alrededor de 800 pescadores de cinco comunidades chontales del municipio de Nacajuca bloquearon este lunes los accesos al Campo Sen para exigir a Pemex el pago de afectaciones por un derrame de hidrocarburos sobre la laguna de Oxiacaque, ocurrido el pasado 22 de diciembre.
Los inconformes también demandan programas productivos y de empleo temporal para ganar el sustento diario.
Desde la mañana impiden el acceso a vehículos y maquinaria, así como a trabajadores de Pemex y de compañías contratistas que laboran en varios pozos del Campo Sen, uno de los más productivos de la entidad.
Los indígenas chontales de la zona viven de la pesca, tanto para la venta como para el autoconsumo, y lamentan que Pemex no haya pagado los daños ocasionados por la explosión del pozo Terra 123 en la comunidad de Oxiacaque, ocurrido en octubre de 2013.

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Protestas por Ayotzinapa cimbran cuarteles en Guerrero, Chiapas, Oaxaca y DF


12 de enero de 2015
Destacado
Normalistas irrumpen en zonas militares de Iguala y Chilpancingo. Foto: Germán Canseco
Normalistas irrumpen en zonas militares de Iguala y Chilpancingo.
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- Padres de normalistas desaparecidos, integrantes del magisterio disidentes y miembros de organizaciones sociales protestaron este lunes en diferentes sedes castrenses de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y el Distrito Federal para exigir que se investigue al Ejército sobre su presunta participación en el caso Ayotzinapa.
El movimiento social sacudió la estructura castrense en Guerrero y desencadenó las manifestaciones en otros puntos del país.
La protesta más relevante se dio precisamente en suelo guerrerense. En la ciudad de Iguala, los manifestantes se enfrentaron a pedradas con soldados que resguardaban con equipo antimotín el cuartel del 27 batallón de Infantería. La gresca dejó un saldo de varios golpeados con lesiones sin gravedad.
Incluso, los inconformes lanzaron petardos y bombas molotov contra las instalaciones militares y derribaron una barricada con un trailer de la empresa cervecera Corona, retenido previamente.
En su retirada a Chilpancingo, los normalistas y cetegistas incendiaron dos unidades de empresas particulares a la altura del crucero que conduce al municipio de Huitzuco, conocido como Rancho del Cura y que se ubica sobre la carretera federal Iguala-Chilpancingo.
Luego, quemaron otra unidad frente a la entrada principal de la 35 Zona Militar, ubicada sobre el bulevar Vicente Guerrero en la capital guerrerense.
La primera manifestación contra instalaciones castrenses se realizó cerca de las 11:30 horas, en la sede de la Octava Zona Regional Naval Militar, ubicada sobre la principal vía turística de Acapulco, la avenida costera Miguel Alemán, a la altura de la colonia Icacos, al oriente del puerto.
En el lugar se concentró un centenar de manifestantes, quienes portaron pancartas y lanzaron consignas que también plasmaron con aerosol en las paredes del cuartel y en unidades de la Marina.
La sede de la Armada de México estuvo resguardada por unos 50 policías estatales con equipo antimotín y más de 100 infantes de Marina, quienes portaron toletes.
No obstante, el hecho no pasó a mayores y, una hora después, los manifestares se retiraron del lugar a bordo de vehículos particulares.
De forma paralela, campesinos y docentes de la región de la Costa Chica protestaron frente al 48 Batallón de Infantería en el municipio de Florencio Villarreal.
Las protestas sociales frente a los cuarteles forman parte de la estrategia del movimiento popular para proseguir con el reclamo de la presentación con vida de los normalistas desaparecidos de Ayotzinpa.
Maestros de Chiapas en la 31 Zona Militar
Alrededor de mil maestros protestaron esta tarde frente a las instalaciones de la Guarnición de la 31 Zona Militar, en San Cristóbal de las Casas, para repudiar la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida el pasado 26 de septiembre.
Los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en su mayoría de la región indígena de los Altos de Chiapas, a quienes se unieron estudiantes de diversas escuelas normales, realizaron un mitin en ese lugar y reclamaron: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Desde el otro lado de los muros de concreto y trincheras verde olivo, los militares sacaron cámaras fotográficas y de video para documentar la protesta. En respuesta, los manifestantes realizaron pintas con aerosol en las paredes.
El mitin concluyó sin incidentes poco después de las seis de la tarde.
Manuel Mendoza, maestro de la CNTE y orador del mitin, señaló que las acciones continuarán hasta que aparezcan con vida los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y adelantó que la próxima manifestación se realizará el próximo lunes 26.
Oaxaca: protestas en Sedena, PGR y Marina
Docentes de la sección 22, normalistas y colectivos realizaron hoy mítines en instalaciones de la Sedena, Marina y PGR en la capital de Oaxaca, la Mixteca e Istmo de Tehuantepec en protesta por los 42 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Los inconformes realizaron mítines frente a las sedes militares ante el impedimento de inspeccionar las instalaciones castrenses en búsqueda de los 42 normalistas de Ayotzinapa, quienes fueron desaparecidos desde el 26 de septiembre anterior.
Alrededor de las 17:00 horas, maestros de la región de Valles Centrales se apostaron frente al cuartel de la 28 Zona Militar, donde realizaron pintas como: “26 de Sept 2014 Ayotzi, Ejército Mexicano cómplice”, “Faltan 43”, “¡Fuera Peña!”, “¡Asesinos!” y “Ayotzi vive”.
Los profesores también realizaron pintas en el piso con el mensaje: “¡Ejército, asesino!”, y colocaron lonas con mensajes de apoyo a los normalistas desaparecidos, en contra de las reformas estructurales, así como reclamos para poner un alto al “terrorismo de Estado” y la criminalización de la protesta social.
En el Istmo de Tehuantepec, el comité de solidaridad con Ayotzinapa acudió a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), localizadas en el puerto de Salina Cruz, en donde se les permitió inspeccionar sus instalaciones.
Posteriormente, con una lona donde aparecen los rostros de los normalistas de Ayotzinapa, el contingente se dirigió a las instalaciones de la Marina Armada de México, en donde entregaron un documento sin que se les permitiera ingresar al cuartel.
Oscar de Lima Santiago, quien encabeza esta jornada de búsqueda y también lidera el colectivo Vientos de Cambio, manifestó que “la situación de los normalistas es considerada tragedia social.
“Lo que hacemos es lo menos que deberíamos hacer como mexicanos, los padres de ellos ahora sufren en demasía, porque han salido a relucir muchos atropellos que han encabezado la policía y el Ejército, entonces ahora ya no se sabe en quién confiar”.
De igual forma, integrantes de la sección 22 del SNTE-CNTE y alumnos de la Escuela Normal Experimental de Huajuapan (ENEH) se plantaron a las afueras de la 23ª Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE) en la agencia municipal de Acatlima, en reclamo de la presentación con vida de los normalistas.
El vocero magisterial Mohamed Otaqui Toledo adelantó que para el lunes 26 se realizará una “acción global” por Ayotzinapa, al cumplirse cuatro meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
DF: van al cuartel de Guardias Presidenciales
La búsqueda de los normalistas desaparecidos en cuarteles militares de todo el país llegó hoy al Distrito Federal.
Decenas de personas Integrantes del Congreso Popular, Social y Ciudadano del Distrito Federal, se apersonaron durante más de una hora frente al cuartel de Guardias Presidenciales, ubicado en la calzada de Tlalpan donde entregaron una carta dirigida al general de Brigada de Arma, Inocente Prado López.
En ella solicitaron que se permitiera a una comisión acceder a las instalaciones para continuar con la búsqueda de los normalistas “secuestrados por las autoridades estatales y municipales”.
L










La misiva explica que los padres de los normalistas desaparecidos desde el 26 septiembre del año pasado, solicitaron al Estado mexicano entrar a los cuarteles e instalaciones militares de todo país a fin de comprobar que sus hijos no se encuentran en esos lugares pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El escrito lo recibió Ignacio Martínez, comandante en turno, sin embargo no hubo respuesta.
Los manifestantes exigieron la presentación con vida de los 42 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa que continúan desaparecidos, lanzaron consignas contra el presidente Enrique Peña Nieto y desplegaron mantas con distintos mensajes.
En algunas de ellas podía leerse: “¡Ya basta de encubrir a funcionarios Asesinos!”, “¡Peña, dónde está la justicia!”, “¡Queremos justicia!”, “¡Todos somos Ayotzinapa!”, “Ya todo el mundo sabe que fue el Estado. ¡Ya renuncien!” y “¡Fuera Peña!”.
Después de más de una hora y sin una respuesta los manifestantes se retiraron no sin antes anunciar que el próximo 26 de enero realizarán una jornada de movilizaciones pacíficas por Ayotzinapa, en esta ciudad. (Con información de Ezequiel Flores, Isaín Mandujano, Pedro Matías y la redacción) 

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En apoyo a normalistas, profesores se manifiestan frente a sedes castrenses

En apoyo a normalistas, profesores se manifiestan frente a sedes castrenses
De los corresponsales
 
Periódico La Jornada
Martes 13 de enero de 2015, p. 5
Maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestaron ayer frente a campos militares ubicados en Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Veracruz y Morelos para exigir la presentación con vida de los 42 normalistas desaparecidos en Guerrero.
En cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea Nacional Popular (ANP), profesores de la sección 22 de la CNTE se apostaron en la sede de la 28 Zona Militar, ubicada en el municipio de Santa Lucía del Camino, conurbado a la ciudad de Oaxaca, mientras docentes de la región de la Mixteca y alumnos de la Normal Experimental de Huajuapan de León realizaron la toma simbólica de la 23 Compañía de Infantería.
En la región del Istmo de Tehuantepec, miembros del Comité de Solidaridad con Ayotzinapa visitaron las oficinas de la Procuraduria General de la República en el puerto de Salina Cruz, donde se les permitió el acceso a cuarteles y archivos de la dependencia.
Luego se trasladaron a las instalaciones de la Marina, donde no se les permitió ingresar, por lo que sólo entregaron un documento.
En Xalapa, Veracruz, integrantes de la CNTE protestaron afuera del campo militar 26 El Lencero. En Morelia, Michoacán, docentes se manifestaron frente a la 21 Zona Militar.
Asimismo, cientos de profesores y activistas efectuaron movilizaciones semejantes en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en Cuernavaca, Morelos.
(Jorge A. Pérez Alfonso, Diana Manzo, Elio Henríquez, Eirinet Gómez, Alfredo Valadez, Rubicela Morelos y La Jornada Michoacán) 

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Buscarán a desaparecidos en penales de Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León

PROCESO 


12 de enero de 2015
Nacional
Familiares de desaparecidos en Nuevo León. Foto: Víctor Hugo Valdivia
Familiares de desaparecidos en Nuevo León.
Foto: Víctor Hugo Valdivia
MONTERREY, N.L. (apro).- Familiares buscarán a sus desaparecidos en el interior de los penales de Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, debido a que tienen información de en estos lugares se encuentran personas que son obligadas a purgar condenas de delincuentes sentenciados que están libres, señaló Irma Alma Hidalgo, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl).
También anunció que entregará información a las autoridades penitenciarias en esas entidades para precisar dónde creen que se encuentran las personas que suponen secuestradas o muertas, para que aquéllas las busquen, pues no hay forma de que sus familiares accedan directamente a las víctimas.
“Es muy difícil el acceso a ellos, por ello se estarán solicitando los registros fotográficos y dactilográficos, porque hay confirmación, por declaraciones, de que algunos desaparecidos pueden estar purgando condenas que no les corresponden. Es un tema muy delicado y que tenemos que irnos con mucho cuidado, tanto en Nuevo León como en Tamaulipas y Veracruz”, dijo.
La activista comentó que ya se entrevistaron con algunos subprocuradores, quienes les pidieron que aportaran información, pero dejándoles a ellos la tarea de hacer la investigación.
“En esa posición nos ponen y así la vamos a tomar. Lo que queremos es encontrar a los desaparecidos. Ya no queremos siquiera justicia, buscar a los perpetradores. Lo que hacemos únicamente es buscar a nuestros desaparecidos”, acotó.
También dijo que tienen informes de que algunos ausentes pueden estar encerrados, por lo menos, en alguno de los tres centros penitenciarios de Nuevo León: Topo Chico, Cadereyta y Apodaca.
Luego comentó que el colectivo que integra tiene información de que en algunos penales del país ya han sido localizadas personas que suponían muertas o plagiadas, lo que les hace suponer que existe la posibilidad de encontrar a sus parientes en los centros de readaptación social, donde estarían incomunicados y sin posibilidad de exponer su situación al exterior.
“No puedo dar los datos exactos, ya que no estamos autorizados, pero con base en lo que conocemos, estamos decididos a emprender esa búsqueda. No son leyendas urbanas, como algunas veces nos hacen ver funcionarios públicos, como si pidiéramos locuras. Tenemos datos exactos de gente encontrada así.
“Contacto con el exterior no tienen. Lo que se ha conocido es que están purgando condenas que no les corresponden, de gente que está fuera. Esas son las historias que nos están comentando, de los casos que se han sabido y de gente que puede ser rescatada y que estaba considerada desaparecida”, mencionó.
La posible suplantación de identidades confirmaría el descontrol en el que se encuentra el sistema penitenciario mexicano, y haría evidente el infierno en el que se vive en el interior de las prisiones, denunció.
También las fosas
La activista dijo que además de buscar a sus ausentes en las penitenciarías, los familiares emprenderán una búsqueda personal en lugares donde sospechan que hay fosas clandestinas, debido a que aceptaron como un hecho que el gobierno del priista Rodrigo Medina optó por ignorar su demanda de justicia.
Para esta investigación particular han pedido respaldo a la organización nacional Ciencia Forense Ciudadana, de reciente creación, que ha comenzado a registrar los casos de desaparecidos en todo el país y que ha contribuido a la búsqueda de restos humanos en Guerrero.
“Tenemos algunos puntos donde la gente ha comentado que posiblemente haya concentración de restos humanos en algunas partes de Nuevo León. Hemos pedido asesoría a Ciencia Forense Ciudadana, a la que pertenecemos, que ha apoyado a Iguala en la búsqueda ciudadana en cuanto a las cuestiones legales, para no entorpecer y no invalidar alguna prueba en caso de que la encontremos”, señaló.
Fundenl envió el 1 de diciembre al gobierno de Medina de la Cruz un emplazamiento para que diera muestras genuinas de interés en buscar a los desaparecidos en la entidad.
Irma Alma Hidalgo comentó que indicaron a los investigadores sitios precisos en la entidad donde sospechan que hay restos óseos humanos, en puntos que aún no puede revelar, sin embargo, la PGJE no ha dado indicios de querer acompañarlos a la pesquisa en esos sitios.
“Como siempre nos ignoran olímpicamente. Estamos agotando todas las situaciones para que ellos tomen acciones y, al no haber respuesta, hemos decidido llevar las acciones como regularmente lo hacemos las familias de los desaparecidos, que hacemos nuestras propias investigaciones”, dijo.
Fundenl ha tomado como ejemplo a los padres de los normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, quienes decidieron emprender su propia búsqueda ante la indiferencia de las autoridades, y en esa tarea encontraron en fosas clandestinas restos humanos que han ayudado a resolver casos de homicidios.
“En diferentes ocasiones estuvimos con el procurador (Adrián de la Garza), donde nomás nos escucha y no vemos ninguna acción, ningún resultado o avance. Y el gobernador Rodrigo Medina jamás nos recibió, aunque constantemente solicitamos audiencia”, señaló.
Antes de hacer públicos los sitios de la búsqueda, los activistas aguardarán a que la PGJE integre esa información a las averiguaciones previas que se llevan en los casos de los desaparecidos, como una forma de agotar, primero, las líneas legales.
Si no hay respuesta, advirtieron, entonces harán público el plan de búsqueda, aunque no acuda con ellos el MP, como es su propósito, reveló Hidalgo.
Fundenl se integró en 2012 y actualmente la integran unas 20 familias que buscan a un centenar de desaparecidos en Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco.

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Siguen atorados los trámites para la excarcelación de Nestora Salgado

Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Martes 13 de enero de 2015, p. 9
La liberación de Nestora Salgado deberá esperar, debido a que el gobierno de Guerrero, a cargo de Rogelio Ortega Martínez, presentó la solicitud de desistimiento de los cargos al fiscal del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, quien a su vez deberá evaluar su procedencia.
La noche del domingo, el secretario de Gobierno de la entidad, David Cienfuegos Salgado, informó a un grupo de diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que la solicitud se envió la semana pasada al fiscal. En diciembre, la administración estatal se comprometió a que Salgado saldría del penal de máxima seguridad de Nayarit el último día de 2014.
Ante esa aclaración, los legisladores requirieron a la administración estatal una entrevista con Godínez Muñoz lo más pronto posible para preguntarle el estado que guarda la petición del gobierno estatal, sobre todo a partir de que el gobierno federal retiró los cargos contra la ex coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá.
En entrevista, el diputado Roberto López Suárez (PRD) sostuvo que si bien los legisladores son respetuosos de la división de poderes, y que el Congreso del estado aprobó el nombramiento de Godínez Muñoz, éste surgió de una terna propuesta por Ortega Martínez y la solicitud formal para que Salgado pueda salir libre fue hecha por el gobernador.
Nuestra exigencia se sustenta en tres irregularidades: fue detenida sin orden de aprehensión; su trabajo al frente de la policía de Olinalá estaba amparada bajo la ley 701, y cuando fue detenida no se notificó a la embajada de Estados Unidos, de donde es ciudadana, señaló.
López Suárez refirió que durante la reunión, celebrada en Acapulco, también estuvieron presentes los abogados que llevaron el caso del profesor Alberto Patishtán, que se incorporan al trabajo de defensa de la luchadora social.
El legislador perredista afirmó que uno de los elementos que ha entorpecido la liberación de Salgado es la oposición del ex procurador Iñaki Blanco y del ex subprocurador de Atención a Víctimas Ricardo Martínez Chávez.
Este último, dijo, filtró a Isabel Miranda de Wallace la grabación de la primera reunión de una decena de diputados de distintos partidos con el gobernador, para iniciar las negociaciones hacia la excarcelación de Salgado. La reunión fue grabada y la señora Miranda ahora utiliza un fragmento con el que pretende evitar la salida de una persona de la cárcel, gracias a un audio que le facilitó Ricardo Martínez Chávez, quien además es su abogado, sostuvo.
Señaló que Martínez Chávez e Iñaki Blanco saben que tienen responsabilidad en la fabricación de cargos contra Nestora Salgado y ahora utilizan a la señora Miranda.

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Juez abre vía para que Gordillo cumpla proceso en prisión domiciliaria

Gordillo tras la rejilla en el reclusorio Oriente. Foto: Especial
Gordillo tras la rejilla en el reclusorio Oriente.
Foto: Especial
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El juez sexto de distrito en procesos penales federales del Distrito Federal, Alejandro Caballero Vértiz, estimó que la profesora Elba Esther Gordillo debe ser considerada legalmente adulto mayor, condición que le permitirá cumplir el resto de su juicio en su casa.
El abogado de la exdirigente del SNTE, Marco Antonio del Toro, aseveró que el juez basa su determinación en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Ayer, el diario Reporte Índigo publicó una entrevista con Marco Antonio del Toro Carazo en la que recordó que la maestra sólo tiene un riñón y corre el riesgo de sufrir una infección que obligaría a someterla a una diálisis.
“Está pasando el peor de los mundos: no está en un área de un reclusorio ni en una prisión domiciliaria, está en un cuarto de un hospital”, manifestó.
La exlideresa del SNTE está acusada de haber defraudado al fisco con 2 millones 199 mil pesos.

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Condena Las Abejas desalojo de ejidatarios

Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 13 de enero de 2015, p. 12
San Cristóbal de Las Casas, Chis., La organización de la sociedad civil Las Abejas condenó enérgicamente el desalojo violento de que fueron objeto ejidatarios de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, por policías estatales. La agrupación exigió a las autoridades federales y estatales que devuelvan a los ejidatarios la caseta de cobro y las tierras en que se ubican las Cascadas de Agua Azul, porque son los verdaderos dueños de éstas. Demandaron que “se respete la autonomía y la libre determinación de los pueblos originarios de México, respaldados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en los acuerdos de San Andrés Sacamch’én de los Pobres”. Los indígenas tzeltales retomaron el 21 de diciembre pasado la caseta de cobro ubicada en Agua Azul, operada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), pero el 9 de enero fueron desalojados por la policía estatal, con el argumento de que las tierras son de su propiedad. La agrupación, a la que pertenecían los 45 indígenas asesinados en Acteal el 22 de diciembre de 1997, manifestó que “lo que está pasando en territorio tzeltal, el despojo y desalojo que sufren nuestros hermanos y hermanas ejidatarios de San Sebastián Bachajón, es la continuidad de la guerra de contrainsurgencia diseñada desde el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México, y Julio César Ruiz Ferro, ex gobernador de Chiapas; de la campaña Plan Chiapas 94’, plan de exterminio contra los pueblos organizados, que culminó con la masacre de Acteal”. 

En “contrainforme”, organizaciones sociales reprueban a Moreno Valle

Habitantes de Cholula protestan contra Moreno Valle en Puebla. Foto: Víctor Hugo Rojas
Habitantes de Cholula protestan contra Moreno Valle en Puebla.
Foto: Víctor Hugo Rojas
PUEBLA, Pue. (apro).- A tres días del cuarto informe de gobierno de Rafael Moreno Valle, organizaciones políticas, sindicales, sociales y académicos cuestionaron que el mandatario poblano pretenda llegar a la Presidencia de la República, cuando tiene a la entidad sumida en la pobreza, el atraso, el endeudamiento y bajo políticas “depredadoras, privatizadoras y represivas”.
Integrantes del Consejo Magisterial Poblano, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, la 28 de Octubre, la Asamblea Social del Agua, el Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP), el Movimiento en Defensa de Cholula, académicos y sindicalistas, entre otros, realizaron esta tarde una concentración en el Zócalo poblano.
Ahí, la abogada Miriam Pascual dijo que el gobierno de Moreno Valle es el más represor del país, por encima de Oaxaca y Veracruz, luego de que en los cuatro años que lleva su administración, más de 200 personas han sido encarceladas por participar en luchas sociales.
El dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Alberto Lozano Ortega, acusó al mandatario estatal de violar reiteradamente las garantías constitucionales de los poblanos, especialmente de los pueblos indígenas.
La administración morenovallista, aseguró, ha afectado el derecho humano al agua al decretar la privatización del servicio; el derecho de audiencia con la ley de Expropiación; así como el de manifestación y protesta, con la llamada “Ley Bala”.
Además, dijo que el gobierno ha causado un daño económico y patrimonial al retirar concesiones a los propietarios de verificentros. También ha afectado el derecho al trabajo de los transportistas y mototaxistas y ha perjudicado la posibilidad de transporte para los pobladores al imponer el deficiente servicio del metrobús.
Lozano Ortega denunció que los más afectados por las políticas de Moreno Valle han sido las poblaciones indígenas que resultaron afectadas por las modificaciones a las leyes Orgánica Municipal y del Registro Civil, pues les retiraron servicios y derechos que tenían desde hace décadas.
El gobierno, continuó, ha recurrido al uso de la fuerza y de balas de goma para reprimir a habitantes de comunidades originarias, como ocurrió en Chalchihuapan, donde las balas lanzadas por la policía causaron la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo. También ha violentado derechos de pobladores como lo hizo con Delfino Flores Melga, luchador social que murió en la prisión pues aunque tenía 90 años de edad, el gobierno se negó a otorgarle la prisión domiciliaria.
El economista Alejandro Chávez Palma dijo que en los cuatro años de su gobierno, Moreno Valle ha ejercido un presupuesto de más de 278 mil millones de pesos. Sin embargo, Puebla se mantiene como la tercera entidad del país con mayor población en condiciones de pobreza.
La administración estatal, agregó, ha concentrado su gasto en obras “faraónicas”, en mantener la burocracia estatal y en publicitar su imagen.
El maestro Miguel Guerra, del Consejo Magisterial Poblano, cuestionó las cifras que Moreno Valle publicita en los spots sobre sus logros de gobierno. Y es que, criticó, en los mensajes asegura que ha repartido 2 millones 189 mil becas, cuando la cobertura de educación básica de Puebla es de un millón y medio de alumnos.
“¿A quién le ha entregado esos más de 2 millones de becas?”, cuestionó, “¿a la educación privada, a los empresarios de la educación, a la población abierta? Yo desmiento esas cifras, nos quieren obligar a creer en cosas que no podemos aceptar de ninguna manera”, reclamó.
En representación del MIOCUP, una habitante de Cuetzalan denunció que el gobierno poblano ha impulsado proyectos de minería, hidroeléctricas y gasoductos que afectan el medio ambiente, las actividades productivas y la forma de vida de los pueblos.
Mireya León, representante de la Asamblea Social del Agua, acusó al gobierno de Rafael Moreno Valle de afectar a toda la población de la zona conurbada del estado al entregar a una empresa privada la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado, lo que ha encarecido las tarifas.
El dirigente del Sindicato Unitario de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (Suntuap), Guillermo López Mayo, dijo que el mandatario estatal ha combatido a los movimientos sindicales independientes a los que ha negado la toma de nota, mientras impulsa la creación de otras representaciones “a las que puede manipular”.
“La política del gobierno neoliberal de Moreno Valle ha sido depredadora, sólo ha beneficiado a los grandes consorcios empresariales extranjeros, en perjuicio de los locales, pero sobre todo arrasando con los derechos e intereses de los sectores populares”, acusó.
“¿Cómo es posible entender que el gobernador Rafael Moreno Valle piensa proyectarse hacia la Presidencia de la República si lo ha hecho sobre la base de atropellar, asesinar y meter a la cárcel a muchos luchadores sociales?”.
López Mayo mencionó los casos de Chalchihuapan, el parque en Cholula, el Gasoducto Morelos, las juntas Auxiliares de la Resurrección y de Canoa. Sin embargo, enfatizó en la detención del dirigente de la organización de vendedores ambulante “28 de Octubre”, Rubén Sarabia, conocido como Simitrio, y su hijo.
“El compañero Simitrio no está en la cárcel por cometer algún delito, está en la cárcel en represalia por su capacidad como dirigente social”, expresó.
“No puede haber en Puebla presos políticos para favorecer una carrera política de alguien que no ha demostrado el menor conocimiento y sensibilidad a las necesidades de la población de esta entidad”, finalizó.

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Víctimas de fuego amigo, 7 de los 9 muertos en Apatzingán: Castillo

La Jornada Michoacán
 
Periódico La Jornada
Martes 13 de enero de 2015, p. 5
Morelia, Mich.
El comisionado federal para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, reiteró que al menos siete de las nueve personas fallecidas en el enfrentamiento entre civiles y la Policía Federal (PF), el 6 de enero en Apatzigán, fueron abatidas por sus propios compañeros en un fuego cruzado.
Confirmó que El Chuchín, hijo de José Jesús Méndez Vargas, El Chango Méndez, se encuentra entre los 44 detenidos por esos hechos.
De las personas aprehendidas, 43 se encuentran bajo proceso penal, mientras una de ellas es menor de edad.
En rueda de prensa efectuada en la casa de gobierno, el comisionado indicó que prácticamente todas las personas fallecidas pudieron ser ultimadas por sus propios compañeros, y hay dos personas que recibieron impacto de arma de fuego tanto de la PF (como) del grupo civil, y que también son heridas mortales, por lo que es imposible determinar cuál de los balazos provocó la muerte.
Alfredo Castillo enfatizó que no estamos frente a hechos de homicidio por parte de autoridades, ni el Ejército (cometió) abuso de autoridad, sino fue legítima defensa.
El comisionado y el subprocurador Victorino Porcayo Domínguez presentaron un análisis de balística, en el cual describieron, víctima por víctima, la trayectoria de la balas y los calibres que presentaban los cuerpos de los fallecidos. Incluyeron los videos oficiales recuperados en el lugar del enfrentamiento, así como los estudios de los peritos forenses.
Castillo aseguró que los cuerpos tienen orificios tanto atrás como adelante, mas no hay evidencia de que la PF les disparase por la espalda; además de que presentan impactos de calibres que no corresponden al arsenal que usa la Policía Federal, inclusive de escopetas.
En la presentación fue entregada la relación de siete de las nueve personas caídas en el lugar, sin contar a otro que estaba entre los cuatro heridos y que murió después de ser trasladado a un hospital, además de un ex guardia rural que fue atropellado antes del enfrentamiento.
(Con información de Ernesto Martínez Elorriaga, corresponsal)

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Se favoreció a Higa con 125 mdp en adjudicaciones directas: diputado de Morena

PROCESO 


12 de enero de 2015
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La página web de Grupo Higa.
La página web de Grupo Higa.
MÉXICO, D.F. (apro).- Grupo Higa, el consorcio del empresario tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú, proveedor predilecto del gobierno del Estado de México, no sólo transportó en sus aviones a Enrique Peña Nieto durante la campaña electoral de 2012 y logró colocar a una de sus empresas en la licitación del tren rápido a Querétaro; logró, además, otros contratos en cinco secretarías de Estado y seis organismos descentralizados.
Aunque el monto es relativamente pequeño –unos 125 millones de pesos— si se compara con los contratos logrados con el gobierno federal, la suma es considerable si se toma en cuenta que se trató de “adjudicaciones directas”.
El diputado del partido Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo hoy en rueda de prensa que además de la ampliación del hangar presidencial, que tendrá un costo de por lo menos mil millones de pesos, diversas dependencias federales han firmado contratos con ese consorcio que alcanzan los 124 millones 965 mil 725 pesos.
Entre las que favorecieron a HIGA destacan la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) –la misma dependencia que adjudicó a ese consorcio, junto con una empresa china, la fallida concesión del tren rápido a Querétaro–, con tres contratos por un monto de 86 millones 799 mil 183 pesos.
Le sigue el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, con un contrato por 10 millones 700 mil pesos. Tanto SCT como Banobras estuvieron encabezadas por dos mexiquenses cercanos a Peña Nieto. El primero es Gerardo Ruiz Esparza, quien fue titular de la SCT en el Estado de México, y el segundo Alfredo del Mazo, quien la semana pasada dejó la dirección de Banobras para contender por una diputación federal.
Además, cuando Peña Nieto gobernaba el Estado de México, Del Mazo se desempeñaba como alcalde de Huixquilucan.
Le siguen nueve contratos de Pemex Exploración y Producción por 15 millones 959 mil 198 pesos; un contrato de Sociedad Hipotecaria Nacional (SHN) por 6 millones; un contrato con Banco Nacional de Comercio Exterior por 4 millones 50 mil pesos, y dos con Nacional Financiera por 2 millones 633 mil 369 pesos.
El diputado federal de la nueva fracción de Morena, Manuel Huerta, presentó un documento en donde se detallan cada uno de los contratos.
En el reporte aparecen otros contratos por montos menores, como los de Pemex Refinación por 476 mil 809 pesos; dos de la Secretaría de Economía por 153 mil 120 pesos; dos más de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Seduvi) por 189 mil 612 pesos, y siete contratos con Sagarpa por 404 mil 434 pesos.
Al presentar la denuncia, Manuel Huerta recordó que falta sumar los contratos realizados con los gobiernos de Nuevo León y Puebla.
El legislador informó que este martes 13, durante la sesión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), exigirá la creación de la comisión especial de Higa, ya que es un derecho que la Constitución otorga a las minorías, las cuales desde el 10 de diciembre pasado juntaron 190 firmas para constituir esa instancia investigadora.

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Grupo Higa, sin impedimento para participar en licitaciones: SFP

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12 de enero de 2015
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Videgaray, Peña y Oliva en Palacio Nacional. Foto: Miguel Dimayuga
Videgaray, Peña y Oliva en Palacio Nacional.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- La revelación de que la contratista gubernamental Grupo Higa proporcionó servicios de construcción y financiamiento para residencias millonarias de la primera dama, Angélica Rivera, y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, respectivamente, quedó en mera referencia periodística.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció hoy que dicha empresa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, no está impedida para participar en ningún proceso licitatorio o de contratación, por lo que incluso podría hacerlo en el relanzamiento de la convocatoria para la construcción del tren México-Querétaro, que se anunciará en los próximos días.
En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que Grupo Higa no participaría en el relanzamiento de la licitación, pero esta mañana el encargado de despacho de la SFP, Julián Alfonso Oliva, no descartó la posible apuesta de dicho grupo empresarial.
En conferencia de prensa conjunta, Julián Alfonso Oliva y el vocero presidencial, Eduardo Sánchez Hernández, manifestaron que el nuevo proceso licitatorio del proyecto ferroviario, así como el que compete al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), serán “transparentes”.
La cancelación de la licitación del tren México-Querétaro ocurrió dos días antes de que el equipo de investigación de Carmen Aristegui –en publicación simultánea con el semanario Proceso– diera a conocer que Ingeniería Inmobiliaria del Centro, propiedad de Juan Armando Hinojosa, tenía a su nombre la residencia de Angélica Rivera en la colonia Lomas de Chapultepec, lo que detonó el escándalo conocido como “Casa Blanca”.
En su edición 1985 del pasado 15 de noviembre, Proceso dio a conocer que los contratos obtenidos por Grupo Higa y otras firmas de Hinojosa Cantú alcanzaron los 35 mil millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y que, aun sin la licitación del tren México-Querétaro, superaba ya los 24 mil millones de pesos en lo que iba de la administración federal.
En las semanas siguientes, las diferentes posiciones sobre un conflicto de intereses se agravaron, luego de que el mismo equipo de Aristegui Noticias diera a conocer que otra casa, propiedad de Hinojosa Cantú, fue usufructuada por el hoy presidente Enrique Peña Nieto, presuntamente rentada por el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes.
Luego, The Wall Street Journal informó que Hinojosa Cantú había financiado la residencia del titular de Hacienda en un exclusivo fraccionamiento en Malinalco, estado de México.
De acuerdo con las declaraciones de Julián Alfonso Oliva, no hay sanción ni impedimento para que Grupo Higa participe no sólo en lo relacionado con la mencionada obra ferroviaria, sino en otros procesos licitatorios, pues hasta ahora no se ha publicado una sola sanción contra dicha empresa en el Diario Oficial de la Federación.
Eduardo Sánchez insistió que los procesos de licitación serán acompañados por la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE), y la SFP aseguró que la información relativa a las diferentes obras estará disponible en Internet.
Sobre el nuevo AICM, Sánchez Hernández añadió: “Será una caja de cristal a la vista de todos y al servicio de México”.

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Hackers atacan sitios del Comando Central del ejército estadunidense

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Por unos minutos, la página de Twitter del Comando Central del ejército de Estados Unidos mostró la leyenda: I love Isis (te amo Isis), en referencia a las siglas como se conoce también al Estado Islámico, que tiene bajo control amplias zonas en Irak y Siria. La página fue dada de baja minutos despuésFoto Reuters
Ap, Notimex, Reuters y Dpa
 
Periódico La Jornada
Martes 13 de enero de 2015, p. 20
Washington.
Hackers que dijeron actuar en nombre de la organización político-religiosa Estado Islámico (EI) atacaron este lunes los sitios en Twitter y YouTube del Comando Central del ejército de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés), lo que obligó al Pentágono a suspender rápidamente esos servicios. El Centcom desestimó el impacto de la intervención cibernética, dado que, subrayó, no fue robado ningún documento secreto o confidencial.
Por unos minutos la página en Twitter se presentó con el nombre Cybercaliphate y mostró la leyenda I love ISIS (te amo ISIS), que refiere a las siglas en inglés del nombre original del EI, conocido como Estado Islámico y que tiene bajo control amplias zonas en Irak y Siria.
También fue escrita la leyenda Soldados de Estados Unidos, estamos llegando, cuiden su espalda, así como presuntos nombres de militares y sus respectivos números telefónicos y correos electrónicos. Los hackers subieron además a la red diapositivas de PowerPoint y mapas.
La cuenta fue hackeada poco después de que el Comando Central de Estados Unidos publicó mensajes oficiales sobre los ataques más recientes de Estados Unidos y sus aliados contra el EI en Irak y Siria, incluido un reporte sobre el anuncio del despliegue de un portaviones francés, que se sumará al contingente de la coalición.
La mayoría del material estaba marcado con las siglas FOUO, que significan For Official Use Only (Sólo para Uso Oficial), pero nada de eso parecía estar clasificado o ser información delicada, lo que pareció indicar que los hackers no robaron material secreto.
Uno de los conjuntos de diapositivas de PowerPoint corresponde al Laboratorio Lincoln, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, centro de investigación y desarrollo financiado por el gobierno federal, enfocado a asuntos de seguridad nacional. Las imágenes mostraron supuestos escenarios de conflicto con Corea del Norte y China.
Nos metimos en sus redes y dispositivos personales y sabemos todo acerca de ustedes. Verán que no hay misericordia, infieles. ISIS ya está aquí, estamos en sus PC, en cada base militar. Soldados de Estados Unidos, ¡los estamos observando!, advirtieron los hackers en otro de los mensajes.
Los piratas también publicaron algunos videos de los extremistas del Estado Islámico en el sitio de YouTube, que mostraban operaciones militares y explosiones.
El Centcom aseguró que ninguna información clasificada fue publicada en Internet.
Estos sitios están en servidores comerciales, y no en servidores del Departamento de Defensa, y ambos fueron brevemente dados de baja mientras estudiábamos el incidente, indicó el Centcom.
En este ambiente, el Departamento de Seguridad Nacional informó haber adoptado medidas adicionales precautorias de seguridad en torno a edificios públicos y terminales aéreas.
La dependencia aclaró que hasta este lunes no tenemos información de inteligencia específica creíble de que se planee un ataque como el de París en terrritorio estadunidense.
En la capital, un incidente aparentemente menor provocó la evacuación de una estación del tren subterráneo en pleno centro de la ciudad, donde surgió repentinamente una emanación de humo, de origen desconocido. Al cierre de esta edición se reportaron dos muertos por inhalación de humo y más de 80 personas hospitalizadas.
En la Casa Blanca, el presidente Barack Obama firmó una ley que renueva un programa federal que revive el mercado de seguros contra ataques terroristas, que se colapsó después de los ataques del 11-S.

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