viernes, 16 de enero de 2015

ACLARACIÓN PERTINENTE

1. En distintos medios de comunicación circuló la nota de que la SEGOB y el SME había acordado la creación de una “nueva empresa” que suministraría energía eléctrica en todo el país en forma paralela a la Comisión Federal de Electricidad, lo cual es totalmente falso.

2. Aclaramos que la creación de una “nueva empresa suministradora” independiente de CFE, no es parte de la negociación entre el SME y la SEGOB.

3. El desmentido del Secretario de Gobernación es atinado en tanto no existe en la Mesa de Negociación el "acuerdo" entre el SME y la SEGOB para la creación de una “nueva empresa”. Es parcial, en tanto no precisa las formas en como se alcanzará el objetivo de regresar al trabajo a los compañeros en resistencia.

4. La propuesta de reinserción laboral que estamos procesando en la Mesa de Negociación (plantas de generación de LyF y cooperativa), que nada tienen que ver con la creación de una “Nueva Empresa” suministradora de energía ni con la Comisión Federal de Electricidad, es absolutamente viable en el nuevo marco jurídico sectorial derivado de la recién aprobada reforma energética.

5. El esquema de la propuesta de reinserción laboral que presentó la Secretaria de Gobernación a través del Subsecretario de Gobierno Luis Enrique Miranda Nava obra en nuestro poder y ha sido consensado por nuestra Asamblea General.

6. De ahí que seguiremos el curso de la ruta acordada entre las partes para la solución del conflicto haciendo de lado las interpretaciones y confusiones que no contribuyan al logro de nuestros propósitos.


Fraternalmente

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

José Humberto Montes de Oca Luna.
Secretario del Exterior.

15 de Enero del 2015.

Posible, creación de una empresa generadora de electricidad: el SME

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Ex trabajadores electricistas se manifiestan frente a la Secretaría de Gobernación en demanda de soluciones al conflicto derivado de la extinción de Luz y Fuerza del CentroFoto Víctor Camacho
Fabiola Martínez y Patricia Muñoz
 
Periódico La Jornada
Viernes 16 de enero de 2015, p. 14
El conflicto por la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) podría concluir el 31 de marzo próximo, plazo fijado en la Secretaría de Gobernación (SG) para la creación de una empresa operada por los ex empleados del organismo desaparecido.
Durante una reunión en la SG, representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda, acordaron instalar la semana próxima nuevas mesas de negociación con las secretarías del Trabajo y Energía.
La conclusión del conflicto en la zona central del país conllevaría además la liquidación de unos 15 mil electricistas, quienes desde hace cinco años luchan por la recuperación de su fuente de empleo. El fin es dar paso a un esquema, de acuerdo con la figura de cooperativa, para operar de nueva cuenta plantas generadoras, fábricas y talleres de la empresa extinta.
En la nueva instancia productiva se descarta la participación de capital público y privado.
“El 16 de diciembre pasado, el subsecretario de Gobierno nos entregó un documento firmado por él, a nombre de la Presidencia de la República, en el que todos los secretarios de Estado tienen conocimiento del esquema de reinserción de los trabajadores.
Se está procesando en la secretarías de Energía y del Trabajo. El esquema plantea que el 31 de marzo deben tener resuelto (el proyecto), las distintas dependencias y nosotros, para empezar a operar las plantas de generación, las fábricas y los talleres, dijo Martín Esparza, dirigente del SME.
Una vez rescatadas las instalaciones de LFC, los integrantes del SME competirían por un sector del mercado eléctrico nacional, lo mismo que hace ahora, en el nuevo marco legal, la Comisión Federal de Electricidad.
Con este acuerdo, los integrantes del SME operarían 34 plantas de generación de electricidad, entre éstas la hidroeléctrica Necaxa, así como 11 fábricas y talleres.
En las próximas semanas pactarán lo relacionado con las concesiones en el sector eléctrico (plantas y precio de la energía), además de los términos de la liquidación de las relaciones laborales individuales y colectivas, comentó Esparza en entrevista.
El documento indica que el 31 de marzo debe estar todo resuelto. Nosotros ya estamos en condiciones de operar las plantas. Llamaríamos a la nueva empresa Luz y Fuerza del Pueblo, dijo.
El nuevo patrón de los electricistas será una empresa con aportación de empresas públicas, privadas y social, esta última sería el del SME, agregó Esparza.
Antes de la reunión, cientos de integrantes del SME realizaron una marcha de su sede central a Gobernación, en demanda de la solución final y del cumplimiento de los acuerdos pactados en la mesa de negociación.

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Aduce Hacienda “razones técnicas” en compra de crudo a EU

Fernando Aportela, Miguel Messmacher y Javier Laynez en San Lázaro. Foto: Benjamin Flores
Fernando Aportela, Miguel Messmacher y Javier Laynez en San Lázaro.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (apro).- La diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, sembró la suspicacia. Palabras más, palabras menos, preguntó:
“¿Cómo es que después de que (el presidente Enrique) Peña Nieto se entrevistó con el presidente (Barack) Obama, México va a comprarle petróleo a Estados Unidos, cuando nosotros hemos sido, por excelencia, un vendedor de crudo a ese país?”.
No hubo respuesta inmediata de los subsecretarios de Hacienda y de Ingresos, Fernando Aportela y Miguel Messmacher, que este jueves comparecieron ante la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para explicar los efectos de la caída de los precios internacionales del petróleo en la economía mexicana.
Y no lo hicieron porque el formato no lo permitió. Era la etapa de los posicionamientos de cada partido, y luego vendrían las rondas de preguntas y respuestas.
Sin embargo, más adelante, ante la insistencia de otros legisladores sobre el tema de la antes impensable importación de crudo desde Estados Unidos, el subsecretario de Ingresos, Messmacher, dijo que “por razones técnicas” se le comprará petróleo de ese país y “de otras partes” del mundo.
El funcionario federal explicó que las refinerías en México están diseñadas para procesar crudos con cierta especificidad –densidad, nivel de azufre, entre otros–, como los que se producen fundamentalmente en los yacimientos de Cantarell, en la Sonda de Campeche.
Pero como éste ha estado declinando desde hace varios años, “ha cambiado por necesidad la composición y la calidad y el tipo de gasolina y crudo que se obtienen de los yacimientos mexicanos”.
Es decir, dijo el subsecretario Messmacher, “se ha vuelto necesario analizar la posibilidad de que se complete el crudo producido aquí con crudo comprado en algunas otras fuentes para que se puedan utilizar las instalaciones de refinación, dadas las condiciones técnicas iniciales para las cuales fueron diseñadas.
“Es un tema realmente técnico por la especificación que tenemos en las refinerías mexicanas. México en su conjunto sigue siendo un exportador neto de petróleo y va a seguir siendo un exportador neto de petróleo a nivel agregado”, concluyó.
Pero el funcionario no convenció a la diputada Aguilar, del PT, quien en su réplica, repreguntó:
“Si el tipo de crudo que estamos extrayendo en México no es el adecuado para nuestras refinerías, ¿qué no se dieron cuenta de eso en la reforma energética? ¿Entonces quiere decir que no tenemos seguridad de que lo que vamos a seguir explotando en este país va a ser adecuado para las refinerías?
Pero ya no hubo respuesta, porque según el formato a la réplica no seguía una contrarréplica de los funcionarios, sino la pregunta de otro legislador.
Otra pregunta de la diputada Aguilar fue en el sentido de que si los precios del crudo están muy bajos, por qué en México no se reduce el precio de las gasolinas, como en los demás países. Y que, además, ya hubo un “primer gasolinazo” y Hacienda no descarta que haya más.
Y, otra vez, Messmacher llevó a los legisladores a su laberinto.
Primero aclaró que, en definitiva, no habrá en el año otro aumento a las gasolinas, por más que Hacienda tenga, por ley, facultad para hacerlo.
Y luego, el guión:
“Estamos cambiando de un modelo de precio único en el país a un modelo de precio máximo, donde la lógica es que a través de un proceso de apertura gradual que se vaya dando en el sector de combustibles, nosotros vayamos observando una competencia a la baja en precios”.
Explicó así el proceso que llevará a las gasolinas de precios bajos… hasta 2018:
“A partir del primero de enero de 2015 desaparece la figura de un precio único a nivel nacional y se sustituye por un precio máximo, y se abre la posibilidad de que empecemos a observar ya durante este 2015 una competencia a la baja entre estaciones de servicios, que todavía serán franquiciatarias de Pemex.
“A partir del primero de enero de 2016 ya se abrirán las estaciones de servicios para que podamos tener estaciones de servicios, sean o no franquiciatarias de Pemex.
“A partir del primero de enero de 2017 se abrirá a las importaciones (de gasolina), y el primero de enero de 2018 se liberaliza el precio (de las mismas)”.
Y, otra vez, la puntillosa diputada no le creyó a Messmacher.
La petista dijo en su réplica a la respuesta del subsecretario: “Eso quiere decir que si los precios actuales de la gasolina están dados por un precio del barril de exportación más o menos entre 40 y 50 dólares, (pues) una vez liberado (el precio) y que se inicie la competencia entre las estaciones de servicio, podemos esperar alzas en el precio de la gasolina, no bajas, por los propios datos que ha dado el subsecretario (de Hacienda) Aportela”, en el sentido de que los precios internacionales del petróleo se recuperarán hasta los 72 dólares hacia el 2017.
“Es una pregunta”, acotó, que tampoco tuvo respuesta.
“Ni yendo a bailar a Chalma”
La senadora perredista Dolores Padierna –que, con Aguilar del PT fueron las únicas con posiciones críticas— también le tundió a los funcionarios de Hacienda.
Padierna criticó que el gobierno de Peña Nieto “lamentablemente siga esperanzado en la recuperación de la economía de Estados Unidos” cómo la única opción para sacar adelante al país.
Hizo toda una explicación de cómo el modelo exportador no ha sido capaz de jalar a la economía interna, y de cómo ésta es tan vulnerable a los vaivenes del exterior.
Peor, dijo, “las reformas estructurales no están funcionando. Ustedes dijeron que si se aprobaban todas las reformas, en 2015 tendríamos un crecimiento de 4.7%, y ahora nos salen que va a ser de 3%, y les aseguro que no va a ser ni de 3%.
Y agregó la senadora Padierna, con la vehemencia que le caracteriza:
“Y digo que no va a ser ni de 3%, no porque sea profeta o porque sea divina, sino simplemente porque hay una ciencia que se llama prospectiva, que si uno hace algunos cálculos, se puede determinar que ni yendo a bailar a Chalma pueden entregar, en este escenario internacional, un 3% de crecimiento del producto interno bruto en 2015”.
 
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Inicia limpia en el IPN; dimiten 24 directores

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15 de enero de 2015
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Enrique Fernández Fassnatch, director del IPN. Foto: Benjamin Flores
Enrique Fernández Fassnatch, director del IPN.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (apro).- En cumplimiento de los acuerdos con la asamblea estudiantil y a una semana del regreso a clases después del paro, el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Fernández Fassnacht, anunció la renuncia de 24 directores de bachillerato y educación superior.
La información fue publicada este jueves en la página de internet oficial del IPN. Ahí, la dirección general anunció la salida de los titulares de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15 y 16.
También dijo que aceptó la renuncia de los directores de las unidades académicas de educación superior ESIME Zacatenco y Culhuacán, ESIA Zacatenco y Ticomán, UPIITA, UPIIZ, ENCB, ENMH, CICS y ESCA unidad Santo Tomás, ESE y EST.
Se designó también a directores interinos y se marcó el inicio de un proceso para determinar una terna de la que saldrán los próximos directores de 15 escuelas.
Para los casos de ESIA Zacatenco, la Escuela Superior de Turismo y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnología Avanzada, se informó que está en proceso el nombramiento de director interino.
El director general del IPN, Enrique Fernández Fassnacht, aseguró que “en los casos restantes procederé conforme a los compromisos asumidos, en apego a las normas del Instituto y estaré atento al cumplimiento de los plazos para informar puntualmente a la comunidad”.
Según la información disponible en la página web, faltan cinco directores para completar la exigencia de la Asamblea General Politécnica durante las mesas de diálogo para resolver el conflicto que mantuvo en paro durante 75 días al IPN.
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Aprehenden a “El Cepillo”, involucrado en desaparición de normalistas

Estudiantes protestan por Ayotzinapa en la embajada de México en Chile. Foto: Xinhua / Jorge Villegas
Estudiantes protestan por Ayotzinapa en la embajada de México en Chile.
Foto: Xinhua / Jorge Villegas
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, presunto sicario del cartel Guerreros Unidos acusado de participar directamente en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue detenido por fuerzas federales en el municipio de Jiutepec, Morelos.
En la aprehensión del delincuente participaron elementos de la Policía Federal y el Ejército.
El operativo se realizó la noche de ayer jueves en el poblado de Telapa.
Vecinos de la zona informaron que la detención de El Cepillo ocurrió pasadas las 22 horas en la calle México 68 de la Colonia Deportiva, donde se escucharon por lo menos seis detonaciones de arma de fuego.
De acuerdo con la PGR, “El Cepillo” es un cercano colaborador de Gildardo López Astudillo, “El Gil”, operador de Guerreros Unidos en Iguala y señalado de recibir a los estudiantes de manos de policías municipales y luego asesinarlos e incinerarlos.
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Maestros y normalistas irrumpen en informe de gobierno de Guerrero

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15 de enero de 2015
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Maestros destruyen patrulla en el Congreso de Guerrero. Foto: José Luis de la Cruz
Maestros destruyen patrulla en el Congreso de Guerrero.
Foto: José Luis de la Cruz
MÉXICO, D.F. (apro).- Maestros de la Ceteg irrumpieron en el Congreso de Guerrero, desalojaron a empresarios del auditorio e incendiaron dos patrullas durante las movilizaciones de este jueves en la ciudad de Chilpancingo.
Las manifestaciones en Guerrero comenzaron desde la mañana cuando integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) y normalistas irrumpieron en el Congreso local cuando el mandatario Rogelio Ortega entregaba el cuarto informe de Gobierno.
Los disidentes quemaron una patrulla de la Policía de Tránsito Estatal en la calle y una más al interior del estacionamiento del auditorio “Sentimientos de la Nación”. Una persona que se inconformó con la actitud de los manifestantes fue agredida.
Policías antimotines evitaron el avance de los maestros al interior del Congreso y estos respondieron lanzándoles piedras y palos. Los inconformes desalojaron de las instalaciones a miembros de la Coparmex que tenían un acto oficial; les reprocharon las declaraciones que su dirigencia ha hecho contra el movimiento magisterial.
También acusaron que en el lugar estaba el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña, aspirante a gobernar la entidad.
Más tarde fueron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para exigir a su titular, Miguel Ángel Godínez, la liberación de su compañero Jesús Fernando Ortiz, detenido esta madrugada en Acapulco al trasladarse en una patrulla de tránsito estatal decomisada por el movimiento.
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Gobernación teme que Moreno Valle se enoje si se le pide escuchar a ciudadanos

Matilde Pérez U.
 
Periódico La Jornada
Viernes 16 de enero de 2015, p. 9
Esperen hasta el martes, pues no podemos obligar al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, a que acuda a la ciudad de México a dialogar con ustedes, fue la respuesta del subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda, a la comisión del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), durante la hora y media que duró la reunión.
Francisco Jiménez Pablo, dirigente de la CNPA-MN, y Rita Amador López, del Movimiento 18 de Octubre, comentaron: se corre el riesgo de que no se cumpla la promesa.
Aclaró que la movilización de 6 mil personas –quienes llegaron la tarde del miércoles a la ciudad de México a bordo de 130 autobuses– es para exigir un alto a las detenciones arbitrarias y las represiones en contra de los luchadores sociales y de la gente que exige la derogación de las reformas a las leyes estatales que violan los derechos humanos, como la ley bala, ley de expropiaciones inmediatas, reforma orgánica municipal. No pretendemos desestabilizar al gobierno de Puebla ni sitiar esa ciudad; queremos la liberación de los 20 detenidos injustamente y la derogación de 25 órdenes de aprehensión en contra de otros compañeros.
Jiménez Pablo expuso que la reunión con el subsecretario de Gobernación fue de jaloneos. La exigencia es que Gobernación ejerza su función de operador político para que el gobernador deje de reprimir a los pobladores y se modifiquen las leyes que atentan contra los derechos humanos.
El senador Luis Sánchez Jiménez, quien también fue parte de la comisión de ambas agrupaciones, se mostró igualmente insatisfecho con la respuesta del subsecretario Miranda, por lo que, dijo, buscará reunirse con la bancada de su partido (PRD) en la Cámara de Diputados para demandar juicio político contra el gobernador de Puebla, pues tanto en el Senado como en San Lázaro los legisladores perredistas han presentado puntos de acuerdo solicitando que se actúe para detener las acciones represivas del gobernador.
Amador López y Jiménez Pablo asentaron que la situación en Puebla es grave, pero la respuesta del gobierno federal es que no pueden obligar al gobernador a dialogar con las agrupaciones sociales. El subsecretario nos pidió un tiempo de espera para llevar a cabo una operación política con el gobernador Moreno Valle, pues en caso de obligarlo a presentarse en la ciudad de México, se enojará.
Trascendió que la respuesta indignó a la mayoría de los dirigentes de las nueve agrupaciones sociales que integran el frente y de la CNPA-MN, quienes consideraron que hay una falta de voluntad política del gobierno federal para atender las demandas de los poblanos. Las autoridades de Puebla forman parte de una Federación, no son autónomas, asentaron.
Por la tarde las agrupaciones levantaron el plantón que mantuvieron en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.

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Caída de petroprecios ensombrece finanzas de 2015, alerta Banamex

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15 de enero de 2015
Destacado
La caída de los precios del petróleo en Japón. Foto: AP
La caída de los precios del petróleo en Japón.
Foto: AP
MÉXICO, D.F. (apro).- La caída de los precios del petróleo dibuja un panorama gris e incierto en las finanzas públicas del país para los siguientes dos años.
En el mejor de los escenarios, de acuerdo con los especialistas del Grupo Financiero Banamex, de cotizarse la mezcla mexicana en 53 dólares por barril en promedio durante el presente año, dejarían de ingresar a las arcas públicas unos 1.7 mil millones de dólares.
Según una nota especial titulada “México y los Precios del Petróleo: Impactos y Coberturas”, Banamex explicó que “el precio de la mezcla mexicana de petróleo promediará 53 dólares por barril en 2015 y 60 en 2016. Estos valores son inferiores al precio considerado en el presupuesto 2015 de 79 dólares por barril y también inferior al precio de ejercicio de las coberturas adquiridas por el gobierno mexicano de 76.4”.
Pero la mala noticia es que lo anterior supone que los ingresos que dejarán de recaudarse en el 2015 acumularán 1.7 mil millones de dólares (mmd) o 0.13% del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, los analistas de Banamex acotaron que el gobierno puede obtener estos recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros. Mientras que para 2016, los cálculos sugieren que será necesario recortar el gasto en 0.3% del PIB.
El segundo escenario es peor.
Los economistas evaluaron el impacto de un escenario negativo, asumiendo un precio promedio de la mezcla mexicana de 38 y 53 dólares por barril en 2015 y 2016, respectivamente.
“La caída en los ingresos fiscales sería substancial, agotando prácticamente los recursos del Fondo de Estabilización en el 2015. Aún más, bajo este escenario, la incertidumbre sobre la reforma energética aumentaría. Así, consideramos que las cuentas fiscales se mantendrían balanceadas en el 2015, pero en 2016 una caída en los ingresos de 7.5 mmd, implicaría un recorte en el gasto de 0.6% del PIB”, advirtió Banamex.
Para este año, agregó, los efectos fiscales serán limitados gracias a la estrategia de coberturas del gobierno, que garantiza los ingresos del 57% de las exportaciones de crudo.
Adicionalmente, Banamex consideró la existencia de otras dos coberturas que ayudarán a mitigar el impacto negativo sobre las cuentas fiscales:
La primera por el “arbitraje” entre los precios internacionales y locales de la gasolina; y la otra, una cobertura indirecta, llamada “económica” relacionada con las mejores expectativas de crecimiento en Estados Unidos, ambas relacionadas inversamente con el precio del petróleo.
Advierte Videgaray recorte en gasto en 2016
El gobierno federal también ya tiene sus previsiones ante el desplome de los precios del petróleo.
En entrevista con Radio Fórmula, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, soltó: “Tenemos que ir preparándonos para el ajuste y tenemos algo de tiempo para hacerlo… será muy difícil en el futuro próximo ver precios de 90 o 100 dólares por barril (dpb)”.
Y precisó las formas. “No vamos a hacer el ajuste ni por la vía de mayor déficit, es decir endeudando más al gobierno mexicano, ni tampoco incrementando los impuestos. Eso nos deja solamente una opción, que es reducir el gasto público”.
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Consulados de México ya emiten actas de nacimiento

De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Viernes 16 de enero de 2015, p. 9
Este jueves se llevó a cabo, en todos los consulados de México en Estados Unidos, un acto simultáneo en el que se anunciaron facilidades en la emisión de actas de nacimiento. Con ello, más de 12 millones de connacionales que residen en el extranjero se verán beneficiados con la medida impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto para que todo mexicano pueda tener acceso a su acta de nacimiento, informó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), José Antonio Meade Kuribreña, en una gira de trabajo a la ciudad de Santa Ana, California, Estados Unidos.
El titular de la SRE recordó que esta dependencia ha trabajado de cerca con Gobernación y con el Registro Nacional de Población e Identificación Personal para lograr la obtención de actas de nacimiento en cada una de las representaciones consulares de México.

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Ecuador se negó a pagar la deuda y prosperó


Como España hoy, hace unos años, Ecuador era el país sudamericano que más parte de su presupuesto consagraba al pago de su deuda soberana.
En 2005, Quito atribuyó el 40% del presupuesto público al pago de los intereses de la deuda mientras los gastos de sanidad y educación se reducían al 15%. Se satisfacía primero a los acreedores extranjeros, en detrimento de las necesidades fundamentales de la población. Un endeudamiento ilegítimo, una dependencia económica y financiera y un aumento de las desigualdades constituían las principales características de aquel Ecuador. Ante ese estado de hechos, en noviembre de 2006, a través de la vía electoral, los ecuatorianos llevaron a Rafael Correa a la presidencia de la República. Y con él todo cambió.
Al asumir el cargo en enero de 2007, Rafael Correa preconizó una “Revolución Ciudadana”, no violenta y democrática, que favoreciera la integración, la solidaridad y la equidad. Para alcanzar tales objetivos, era necesario asumir el poder a fin de transformarlo en poder popular, para provocar cambios en las estructuras desiguales existentes, puesto que el verdadero de­sarrollo sólo es posible a través de la modificación de las relaciones en el seno de la sociedad.
Correa decidió optar por la vía alternativa de dedicar los fondos estatales al gasto social y productivo, reduciendo de forma significativa la proporción del presupuesto asignada al pago de la deuda externa, y aumentando considerablemente la inversión humana. La realización de esta política fue posible gracias, en gran medida, a los resultados de la auditoría de la deuda externa y al rechazo de las deudas consideradas ilegítimas. Para lograrlo, Ecuador tuvo que atravesar un camino plagado de obstáculos.
En el periodo de 1982 a 2006, la deuda externa en su totalidad (privada y pública) no hizo más que aumentar. Las ligeras “correcciones” derivadas de las diferentes condonaciones y renegociaciones nunca llegaron a frenar su vertiginoso ascenso, que pasó de 241 millones de dólares en 1970 a 17.000 millones de dólares en 2006. Representó como media, en el conjunto del mismo periodo, casi el 61% del producto interior bruto (PIB). Ecuador padecía entonces una verdadera hemorragia: si se calcula la diferencia entre las sumas recibidas de los prestamistas extranjeros y las sumas reembolsadas, se constata que la transferencia neta respecto a la deuda era negativa.
En ese periodo, más de 13.500 millones de dólares salieron de Ecuador para reflotar a los diferentes acreedores extranjeros. Así pues, esa lacra se fue transformando en un instrumento de dominación y de expolio de los países deudores, concebido por y para los países acreedores y las instituciones financieras internacionales. Además, Quito transfirió más de mil millones de dólares a los organismos multilaterales –Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de desarrollo de América Latina, Fondo Monetario Internacional– y, sin embargo, su deuda aumentó.
Los intereses de la deuda representaban, en 2004, el 145% de los ingresos fiscales petroleros y, en 2006, el 200%… Si esta tendencia se hubiera mantenido, Ecuador hubiera agotado sus reservas petroleras en 25 años sin haber invertido esa riqueza en apoyar su desarrollo. Por otra parte, sólo el 14% de las sumas prestadas entre 1989 y 2006 se utilizaron para proyectos de desarrollo (agua potable, energía, irrigación, transportes, telecomunicaciones, infraestructura social y apoyo a las empresas). El 86% restante sirvió para devolver el capital y los intereses de la deuda externa.
El presidente Rafael Correa se comprometió a poner fin a semejante círculo vicioso del pago de la deuda y de acuerdos para la refinanciación de todo tipo. Para ello, creó la “Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público” (CAIC) el 7 de julio del año siguiente. El Gobierno pretendía de ese modo impulsar la identificación de las deudas ilegítimas, tanto con los acreedores multilaterales (BM, FMI, BID) como con los acreedores bilaterales. En base a los resultados de la auditoría, Ecuador renegociaría entonces el pago de la deuda externa. Decidió no pagar las deudas que no hubieran beneficiado a la población o que se hubieran contraído de forma fraudulenta, y emprender acciones jurídicas contra los responsables de la situación de endeudamiento.
La posición de Correa fue clara: la deuda externa se pagará en la medida en que no afecte a las prioridades del desarrollo nacional. Posición que no excluye la opción de una moratoria si la situación económica lo exige. El Gobierno se posicionó así como “país acreedor” frente a una deuda ya ampliamente pagada y de la cual una buena parte era ilegítima, lo que justificaba su no devolución.
Un ejemplo de deuda ilegítima fue la decisión del Gobierno noruego de anular la deuda ecuatoriana. A finales de los años 1970, la industria noruega de construcción naval se encontraba en mala situación. Oslo decidió poner en marcha una “Campaña de exportación de navíos” y se aprobaron numerosos préstamos sin considerar la realización efectiva de los proyectos previstos ni la capacidad de reembolso de los países deudores. De los 36 proyectos concluidos con 21 países, sólo dos consiguieron satisfacer su deuda. Ecuador fue uno de los países que no llegó a hacerlo. Gracias a la presión de activistas por la anulación de la deuda tanto en Noruega como en Ecuador, el Parlamento y el Gobierno noruegos terminaron por tomar conciencia de que tales actuaciones eran inadmisibles. El 2 de octubre de 2006, el ministro noruego de Desarrollo Internacional anunció la anulación de la deuda para los países que, como Ecuador, aún debían entonces 36 millones de dólares.
Las renegociaciones con los acreedores internacionales habían empezado en 1983 cuando la deuda comercial de las empresas privadas ecuatorianas pasó a ser responsabilidad del Estado, ya que éstas no tenían recursos para cumplir con sus obligaciones económicas (como pasa hoy en España con los bancos). El proceso de renegociación conoció diversas peripecias, pero las cosas no cambiaron realmente hasta que, en 2007, siete meses después de su elección, el presidente Correa decidió crear la CAIC. Las conclusiones mostraron que numerosos préstamos habían sido concedidos violando reglas elementales del derecho internacional.
Como ocurre hoy en Grecia, en Portugal o en España, esas condiciones de crédito aceptadas obligaron a Ecuador a iniciar reformas estructurales que garantizaran modelos de pago de la deuda, en detrimento del crecimiento económico y de los derechos sociales de la población.
Se llegó así a la sexta renegociación, en noviembre de 2008. Quito decidió suspender el pago de títulos de deuda con fecha de vencimiento, algunos para 2012, y otros para 2030. Rafael Correa propuso una reestructuración de la deuda, no por falta de dinero, sino porque existían indicios de ilegitimidad y de ilegalidad de la deuda. El Presidente Correa señaló que la renegociación debía tener en cuenta, no sólo las exigencias de los acreedores, sino también las demandas del Gobierno, tomando ante todo en consideración las posibilidades de pago del país, únicamente después de haber satisfecho las necesidades sociales del pueblo.
En junio de 2009, Ecuador consiguió readquirir títulos de deuda por valor de 3.200 millones de dólares por sólo 900 millones de dólares, es decir, con una reducción de entre un 65% y un 70% de su valor. Si tenemos en cuenta los intereses que Ecuador ya no tendrá que pagar, puesto que ha comprado títulos que vencen en 2012 y en 2030, el Tesoro Público ahorró en torno a 7 280 millones de dólares para los próximos 21 años. Esto ha permitido encontrar nuevos medios financieros y aumentar el gasto social en la sanidad, la educación, la ayuda social y el desarrollo de infraestructuras de la comunicación.
Como consecuencia, la deuda de Ecuador descendió de 17.475 millones de dólares en 2008 a 13.686 millones en mayo de 2011, lo que representa una reducción de 3.789 millones de dólares. El saldo de la deuda externa pública fue restablecido a 8.705 millones, mientras que el de la deuda privada quedó en 4.981 millones.
Esta actitud original y soberana del Gobierno responde a preceptos precisos inscritos en la nueva Constitución ecuatoriana aprobada por sufragio universal en septiembre de 2008. En especial, el artículo 290 somete todo endeudamiento futuro a las siguientes reglas:
1. Se recurrirá al endeudamiento público sólo cuando los ingresos fiscales y los recursos provenientes de la cooperación internacional sean insuficientes.
2. Se velará para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza.
3. Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructuras, o que tengan capacidad financiera de pago. Sólo se podrá refinanciar deuda pública externa, siempre que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para Ecuador.
La no devolución de la deuda decidida por Rafael Correa, le ha permitido a Ecuador ahorrar casi 7.000 millones de dólares (intereses incluidos), que se han reinvertido en el ámbito social.
Por otra parte, entre 2006 y 2011, el porcentaje del presupuesto estatal dedicado a la devolución de la deuda pasó del 24 al 7%, mientras que el relativo a los gastos sociales aumentó del 12 al 25%. Además, el crecimiento del PIB alcanzó una media del 4% desde 2006 y de un 7,8% en 2011, lo que permitió financiar el aumento de los salarios, las pensiones y la mejora general de las condiciones de vida.
En mayo de 2010, a raíz de un encuentro con el ex primer ministro griego Yorgos Papandreu, Rafael Correa le aconsejó, pero en vano, que Atenas dejase de pagar su deuda. Le explicó en términos simples pero significativos: “Es la lógica financiera: te caíste, me pagas más y más caro. Cuando la lógica del desarrollo tendría que ser: te caíste, pues te levanto y después ya veremos cómo nos arreglamos”. Reiteró este consejo el 8 de octubre de 2011 a los países europeos afectados por la “crisis de la deuda”, que no es más que un pretexto para la implementación de políticas austeritarias.
Si analizamos las medidas regionales, coherentes con las políticas mencionadas, se puede destacar que en marzo de 2007, siete países de UNASUR (Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Brasil y Uruguay) decidieron restablecer márgenes de maniobra creando el Banco del Sur, una institución financiera que dispondrá de una parte de las inmensas reservas –entre 7.000 y 20.000 millones de dólares– para el desarrollo del continente.
Y Ecuador añadió otros dos pilares a la nueva arquitectura financiera regional con la Declaración de Quito de mayo de 2007. Propone la creación de un fondo de estabilidad regional, el Fondo del Sur, y una unidad de cuenta común que abra el camino a la futura unión monetaria sudamericana. De ahí el SUCRE, o Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, boceto de una moneda común.
Tras cinco años de Revolución Ciudadana, Ecuador ha logrado encontrarse por primera vez en una situación que le permite realizar una distribución adecuada de la renta y la riqueza, promover la producción nacional, la integración regional, el respeto a los derechos de los trabajadores y la estabilidad económica.
Aunque todavía quedan objetivos por alcanzar, las cifras de la revolución productiva y económica son reveladoras de un cierto optimismo. El paro y los contratos precarios se han reducido, la pobreza ha disminuido. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Ecuador es el segundo país de la región que más ha reducido su índice de pobreza, que ha caído 9 puntos situándose en un 28,6%. En 2011, 650.000 personas salieron de la pobreza.
Gracias al crecimiento económico y a la gestión responsable de las finanzas, la deuda pública en relación al PIB ha descendido a su nivel más bajo en la historia. En octubre de 2011, se situaba en un nivel del 22% (14% de deuda externa y 8% de deuda interna). Ecuador ha conseguido imponerse a la deudocracia. Y ya no está en venta.
Carlos Játiva, Embajador de Ecuador en Francia 

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Reprimen en España a trabajadores de Coca Cola que denuncian ilegalidades



El secretario de Política Sindical y Negociación Colectiva de CC.OO. de Madrid, Francisco José López, ha denunciado este jueves que la policía ha reprimido a un grupo de trabajadores de que se encontraban a las afueras de la planta de Coca-Cola Iberian Partners en Fuenlabrada, para exigir el reitengro a sus puestos de trabajo.
López explicó que la policía ha trancado las calles cerca de la entrada de la fábrica para que no se pudieran acercar los empleados y sólo en la puerta del edificio hay carros del cuerpo seguridad para amedrentar a los trabajadores.”Hay varios heridos tras la arremetida policial”, expreso.
Los ex empleados de la empresa denuncian que se trata de una estrategia de Coca-Cola para desmantelar la fábrica y evitar así la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) que le obliga a readmitirles en sus puestos de trabajo, una práctica que sería ilegal.
“La empresa lo que quiere es desmantelar sus instalaciones para que no tengamos salida y no puedan reincorporarnos”, dijo uno de los empleados de la empresa a un medio internacional.
Tras casi un año de conflicto laboral, el pasado viernes, los empleados madrileños debieron volver a sus puestos de trabajo, pero la empresa, cuya intención es cerrar la planta de Fuenlabrada, quiere reubicarles en centros de otras localidades españolas.
La negativa de Coca-Cola a readmitir a los trabajadores madrileños es el último capítulo de un conflicto que está a punto de cumplir un año. Los empleados, que llevan desde octubre sin cobrar ni salario ni seguro de desempleo, exigen una solución inmediata.
La planta de Fuenlabrada en Madrid es la más afectada con 236 empleados. Los empleados llevan desde octubre sin cobrar, y han pasado las Navidades en un campamento a las puertas de la fábrica.

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