lunes, 2 de febrero de 2015

A un siglo de la huelga histórica... la explotación laboral persiste.

Recibe el SME Placa Conmemorativa

A UN SIGLO DE LA HUELGA HISTÓRICA...LA EXPLOTACIÓN LABORAL PERSISTE

 

*Jubilados Telefonistas Entregan Reconocimiento a Martín Esparza por Mantener la Resistencia Electricista.
*En Enero del 2015 Logra Interponer el SME Incidencia de Liquidación...Contra Viento y Marea
Por María de Lourdes Martínez González

 

El día 19 de enero de 1915, hace 100 años, estalló la huelga en las empresas transnacionales “Mexican Telegraph and Telephone” y “Mexican Light and Power”, que declaró el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con las demandas de jornada laboral de 8 horas, aumento salarial, pago de horas extras y desaparición de los cuerpos de seguridad de dichas empresas. El SME se había constituido 35 días antes y, en aquel entonces,  aglutinaba a trabajadores electricistas , telefonistas y tranviarios.
Integrantes de la Asociación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores 22 de Abril, A.C., telefonistas del Estado de Sonora, llegaron al estudio de transmisión de Frecuencia Laboral, el 31 de enero del 2014, para entregarle a Martín Esparza Flores, en su calidad de secretario general del SME, una placa conmemorativa del centenario de aquella huelga histórica, que fue exitosa y logró sus demandas.
Estuvieron presentes en ese acto, que se difundió durante la transmisión en vivo de Frecuencia Laboral: El Espacio donde los Trabajadores son la Noticia, Melesio Avalos, presidente de la Asociación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores 22 de Abril, A.C., y sus integrantes Arturo Figueroa, Leonor Encinas, Jorge Zambrano, así como Edgar Eras, como invitado.
Entre los puntos que resaltaron los participantes se destacó que las condiciones de sobre explotación laboral en 2015 tienen muchas semejanzas con las que había en 1915 y que dieron origen a esas huelgas históricas. Hoy, igual que hace cien años los trabajadores laboran entre 12 y 14 horas diarias, por lo cual la demanda de jornada laboral de 8 horas se volvió vigente, tanto como la del salario digno.
Melesio Avalos, ex trabajador telefonista, presidente de la Asociación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores 22 de Abril, A.C., leyó el contenido de la placa conmemorativa y afirmó que la lucha actual del Sindicato Mexicano de Electricistas por el rescate de su fuente de empleo, que les fue arrebatada con un decreto ilegal que emitió el ex presidente Felipe Calderón, es un ejemplo para todos los mexicanos en la defensa de sus derechos humanos laborales.
La placa conmemorativa de la huelga histórica en la “Mexican Telegraph and Telephone” - la primera de tres que en 1915 declaró el SME, la segunda fue en la “Mexican Light and Power”- dice:
"A 100 años de estallada la primera huelga del SME.
El 14 de diciembre del 2014 los electricistas y telefonistas cumplimos 100 años de existencia como organización, al agruparnos en un solo sindicato: el Sindicato Mexicano de Electricistas.
A escasos días de la fundación del SME se impuso el espíritu de lucha que caracteriza al SME, estallando la primera huelga, siendo contra la compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, el 21 de enero de 1915.
Sirva este presente reconocimiento como una muestra de su perseverancia en la lucha que ha mantenido al SME, en forma excepcional ante la embestina neoliberal, manteniendo el espíritu solidario de la clase trabajadora y del pueblo. ¡Viva el SME por su capacidad de resitencia!..ustedes son imprescindibles compañeros".
Martín Esparza comentó que está muy presente la política para acabar conl os sindicatos, un ejemplo de ello es la reforma a la Ley Federal del Trabajo que entró en vigor en 2012, con la cual se avalaron las outsourcing en donde se imponen condiciones de sobre explotación con jornadas de 12 horas, sin derecho a descanso ni a prestaciones sociales. Además de que se le otorgan privilegios a los patrones, para despedir sin indemnizar a sus trabajadores.
Un ejemplo de ello es lo que ocurre en Comisión Federal de Electricidad en donde prolifera la ocupación de electricistas, a través de outsourcing que administra el propio sindicato oficial SUTERM. Por lo cual la lucha de los trabajadores debe ser por la reconquista de sus derechos humanos laborales.
En su turno, Arturo Figueroa integrante de la Asociación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores 22 de Abril, A.C. y ex trabajador telefonista, recordó que el gobierno del presidente Venustiano Carranza requisó la huelga “Mexican Telegraph and Telephone”, pero los trabajadores telefonistas de aquel entonces sostuvieron su administración desde el 21 de enero del 2015 hasta el mes de marzo de aquel año.
"Pero hubo huelgas en solidaridad de “Mexican Light and Power” y de la Ericson, que era otra compañía telefónica. Aunque hay que remarcar que unos años antes los mineros en Cananea le dieron la batalla al gobierno de Carranza. Siendo los mineros, los telefonistas y los electricistas del SME los que mantuvieron la lucha de los trabajadores".
LOGRA INTERPONER EL SME INCIDENCIA DE LIQUIDACIÓN
Martín Esparza, líder del SME explicó que el jueves 29 de enero del 2015 llegaron los electricista a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para entregar el incidente de liquidación -que no es para su liquidación sino para interrumpir la fecha de término de ese proceso- derivado del juicio que interpuso el gobierno de Calderón en contra del Sindicato para dar por terminadas las relaciones individuales y colectivas.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en una maniobra para no recibir el documento estaba cerrada, supuestamente por una manifestación de trabajadores petroleros, pero no tenía personal ni en oficialía de partes, por lo que se trataba de una "chicana legal", pero lograron reabrirla e interponer el documento.
"Hemos dado una pelea importante porque se reestablezcan los derechos laborales de los trabajadores para evitar que pasara al término que, según la ley, son dos años para el cumplimiento de laudos. Lo que hicimos en este documento es interrumpir la ejecución de ese laudo y nos permita entonces que la sociedad se entere también de todos los montos de recursos económicos a los cuales tiene derecho un trabajador.
Porque en todo este proceso muchos se liquidaron, los indemnizaron conforme a la Ley Federal del Trabajo no conforme al Contrato Colectivo.Hay una discusión que se tendrá que hacer en la propia junta sobre lo que le corresponde a cada trabajador de manera individual y a cuánto haciende sus fondos colectivos. Es otra discusión importante porque los panistas pensaron que nos íbamos a ir todos a liquidarnos y nadie entonces iba a reclamar lo que por derecho nos corresponde.
Lo que nosotros estamos planteando es el derecho al trabajo, la materia de trabajo existe y el sindicato tiene un registro nacional de industria. Entonces, estuvimos ahí, la Junta estaba cerrada, no había personal, como que tal vez fue planeado para que se pasara los términos de este incidente de liquidación. Afortunadamente con la presencia de miles de trabajadores logramos que se abriera la Junta y nos recibieron, ya te tenemos el acuse de recibido incluso ahí le hicieron tiempo para recibir. Estaban contando una a una de las hojas del incidente, son más de cinco mil hojas de este documento.
Para tranquilidad de los trabajadores ya se entregó el incidente vamos a esperar qué acuerda la junta, que le dé el trámite. Estaremos dando también ahí la pelea por defender los derechos adquiridos de los trabajadores en resistencia”.
*Transcripción realizada por Andrea Luna Hernández, en Colaboración Voluntaria.

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Acepta el Suterm el reajuste de trabajadores en la CFE

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Si hay maquinaría o equipo que suprima la actividad de los trabajadores, la CFE podrá despedirlos, marca el nuevo contrato colectivo avalado por el SutermFoto María Luisa Severiano
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 2 de febrero de 2015, p. 15
Fue modificado el contrato colectivo de trabajo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según convinieron la dirección de la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), para facilitar cambios en las plantillas de trabajadores, así como para realizar despidos, pues se estableció, por ejemplo, que las bajas de personal se podrán llevar a cabo por supresión o instalación de maquinaria o aparatos que alteren o supriman el desarrollo de determinadas labores.
Conforme a los objetivos de la reforma energética, ya se aplicaron cambios al contrato colectivo de la empresa, que estará vigente hasta el 2016, y habrá más modificaciones en las negociaciones que se llevarán a cabo en 2015.
Una copia del contrato colectivo modificado de este sindicato, que posee de La Jornada, establece en su cláusula 24 que un comité mixto de productividad, integrado por el director general de la CFE, Enrique Ochoa, y el secretario general del Suterm, Víctor Fuentes, así como los directores de finanzas, operación y proyectos de inversión financiada, entre otros, aprobará las modificaciones de estructuras organizacionales y plantillas de personal.
Además, se identificarán las necesidades o excedentes de personal en cada centro de trabajo, para adecuarlas en cantidad y calidad a las que se requiera en atención de las actividades encomendadas, conforme a los procesos productivos, según señala este ordenamiento.
Indica que dicho comité también aprobará la transferencia de plazas de la bolsa de trabajo que se constituya a nivel nacional, y determinarán el sistema de promociones de personal, sustentado en criterios de productividad y eficiencia de los trabajadores. En tanto, se crea en la cláusula 81 una nueva prestación, que es compensación por fidelidad.
A su vez, la cláusula 46 del contrato colectivo, referente a separaciones, señala que los trabajadores podrán ser separados –además de las causas previstas en la ley– por no acatar los estatutos del Suterm, por voluntad propia, por determinación de la CFE, por modificaciones, aditamentos o nuevos sistemas de trabajo.
Al respecto, el inciso IV del referido artículo señala que la adopción de nuevos esquemas de trabajo, o la instalación de maquinaria o aparatos que alteren o supriman el desarrollo de determinadas labores podrán ser causa de que se despida a trabajadores, previo acuerdo entre autoridades y el sindicato. Si no hay acuerdo, la CFE podrá liquidar personal si la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se lo autoriza.
Permanecerán en servicio los trabajadores más antiguos del centro o zona de trabajo donde se lleve a cabo el recorte, excepto si voluntariamente aceptan el reajuste mediante la indemnización, o bien serán reajustados los trabajadores de más reciente ingreso al trabajo.
Según indica el documento, los trabajadores reajustados recibirán como compensación el equivalente de 120 días de salario, más 35 días de salario por años de servicio. En caso de reajuste de trabajadores miembros del Suterm, se procederá proporcionalmente a reajustar trabajadores de confianza de la zona de trabajo correspondiente, sin que se afecte su manejo.
En cuanto a las jubilaciones, se ratifica que sólo tendrán este derecho los trabajadores que sean titulares de una plaza con anterioridad al 18 de agosto del 2008. Los que entraron después de esa fecha se acogerán al sistema de Afores. Estas no son todas las modificaciones al contrato; este año habrá más.

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Gobierno mexicano, incapaz de erradicar desapariciones forzadas: ONGs

Familiares de los normalistas desaparecidos en conferencia de prensa. Foto: Octavio Gómez
Familiares de los normalistas desaparecidos en conferencia de prensa.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El gobierno mexicano “no es capaz de erradicar la desaparición forzada” advierten organizaciones de derechos humanos al Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“El país enfrenta hoy una grave crisis en esta materia”, apuntan el Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan, el Miguel Agustín Pro Juárez AC, y Amnistía Internacional.
En el documento llevado ante el comité de la ONU se denuncia que el gobierno federal comenzó a investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocho días después de que se reportó el caso; además, señalan que la indagatoria se trató el caso como delincuencia organizada y no como desaparición forzada.
“Ninguna de las instancias que el informe estatal presenta como estructuras competentes y funcionales para investigar las desapariciones”, señala el documento.
Las organizaciones reprueban que el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, haya concluido que los 43 estudiantes fueron asesinados sin reportes académicos ni periciales que avalen su versión.
Por lo anterior, las organizaciones solicitaron que la ONU exhorte al gobierno mexicano a reabrir el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.
Esta mañana se celebra una reunión privada entre expertos del citado comité, miembros de organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil que analizarán el caso de los normalistas de Ayotzinapa. En la cita también están presentes los padres de los normalistas.
Al inicio de la sesión, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos del gobierno mexicano, Juan Manuel Gómez, reconoció que el país enfrenta “retos que debemos superar” en materia de respeto a las garantías individuales.
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Desapariciones y Ayotzinapa, temas que González Pérez lleva hoy a Ginebra

Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Lunes 2 de febrero de 2015, p. 3
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentará este lunes ante el Comité contra la Desaparición Forzada –dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU)– en Ginebra, Suiza, el posicionamiento y la visión del organismo que encabeza sobre este fenómeno en el país.
‘‘En reunión privada con el comité, el ombudsman nacional presentará un informe y diagnóstico sobre la desaparición forzada de personas en el país y las acciones que ha realizado la CNDH en relación con los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.’’
En el resumen ejecutivo del diagnóstico, se destaca que los derechos humanos ‘‘enfrentan actualmente en México una de sus etapas más críticas y desafiantes. La impunidad, que la sociedad advierte, y los altos niveles de violencia e inseguridad que se viven, ocasionan que los derechos humanos sean vistos más como una situación discursiva o teórica que como un aspecto práctico y real, cuestionando la validez y vigencia de las instituciones, así como los innegables avances que en materia de derechos humanos se han presentado en las últimas décadas’’.
La CNDH sostiene en el documento que en México ‘‘existe un serio problema en materia de desapariciones, que constituye una violación grave de derechos humanos’’. Se resalta que el antecedente de las desapariciones forzadas durante las décadas de los 70 y principios de los 80 –en la denominada guerra sucia–, acreditadas por este órgano en la recomendación 26/2001, ‘‘demuestran que la impunidad en estos casos ha generado condiciones para que delitos tan graves como el que nos ocupa se sigan cometiendo y que no haya operado la garantía de no repetición, como se demuestra en el caso de los hechos acontecidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero’’.
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El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, en imagen del pasado 28 de eneroFoto José Antonio López
Insiste en que el registro de personas extraviadas, ‘‘anunciado por el gobierno federal, hasta esta fecha no se ha publicado. El Estado mexicano no cuenta con un registro nacional eficaz, exhaustivo y transparente que permita conocer con alto grado de certeza el número real de personas desaparecidas en el país’’.
En el informe ejecutivo de siete cuartillas –enviado a la ONU–, la CNDH apunta que el contexto de inseguridad en el país ha revelado una problemática de grandes dimensiones que tiene que ver con la localización de un número importante de fosas clandestinas en distintos estados, razón por la cual es necesario continuar con la búsqueda y registro (...) y desde luego con la identificación de las personas.
El ombudsman nacional sostendrá hoy ante el comité de la ONU que en el país no se cuenta con una ley sobre desaparición forzada de personas, y resaltará que es importante que el Estado mexicano cumpla plenamente con la resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en particular el caso Rosendo Radilla, en el que se ordenó reformar el Código Penal Federal para que la tipificación del delito de desaparición forzada se adecúe a los estándares internacionales, sin que hasta la fecha se haya cumplido.
Asimismo, la CNDH presentará ante el organismo internacional 15 medidas que, sugiere, sean consideradas en las propuestas que hará el comité al gobierno mexicano para que atienda de manera integral el problema de las desapariciones forzadas.
Entre ellas, refiere la necesidad de contar con un eficaz y exhaustivo registro nacional de datos de personas extraviadas o desaparecidas; la necesaria publicación del reglamento de ley del registro nacional en esta materia; la expedición de una ley general en este rubro, así como la necesidad de continuar con la búsqueda y el registro de fosas clandestinas y la identificación de las víctimas.

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Convocan a marcha nacional para el jueves en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa

Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 2 de febrero de 2015, p. 5
Chilpancingo, Gro.
La Asamblea Nacional Popular (ANP) –integrada por organizaciones sociales y estudiantiles que exigen justicia en el caso Iguala– acordó la realización de una marcha nacional a realizarse el próximo 5 de febrero en esta ciudad.
Asimismo, se pronunció contra la militarización en Guerrero y por el retorno de los elementos del Ejército Mexicano a sus cuarteles, informó Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Entrevistado por teléfono, dijo que la ANP sesionó el sábado durante más de ocho horas en las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa, donde se condenó la militarización, con el argumento de que constituye una forma de represión hacia el movimiento que exige la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala.
Agregó que la ANP se pronunció también en contra del cierre del caso Ayotzinapa, como lo prevé el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, por no haber evidencias científicas en su planteamiento, y por no tener pruebas e indicios del paradero de los normalistas.
Rosales Sierra mencionó que otro acuerdo que se tomó es rechazar el despliegue de más efectivos de la Policía Federal en Guerrero, en detrimento de su lucha en el combate en contra de la delincuencia organizada.
La marcha nacional del próximo jueves se realizará en el contexto de la instalación de la Convención Nacional Popular, que tendrá lugar al término de la movilización en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa.
A la asamblea asistieron representantes de 122 organizaciones no gubernamentales, adherentes a la ANP.
Por otro lado, policías comunitarios del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo de Guerrero (Fusdeg) que permanecen en la comunidad de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, decomisaron ayer por la mañana al menos 40 kilogramos de mariguana.
La droga era transportada en un autobús que cubre la ruta Colotlipa-Chilpancingo. En el operativo fue detenida una persona.
En tanto, después de las 13 horas se suscitó una persecución en uno de los cerros aledaños a Petaquillas, donde los comunitarios detuvieron a una pareja, presuntamente ligada con la delincuencia.
Luego de la incursión de integrantes de la Fusdeg el sábado pasado en las inmediaciones de Chilpancingo, para brindar seguridad a la población, prevalece un clima de tensión, debido a que ciudadanos y comunitarios impiden el ingreso del Ejército Petaquillas.
Aproximadamente 300 policías comunitarios mantienen un retén afuera del poblado, en tanto que los soldados están apostados a unos 500 metros de distancia, en otro retén instalado el sábado.
Jesús Plancarte, uno de los coordinadores del Fusdeg, dijo en entrevista que propondrán un trabajo de coordinación con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria y con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, para darle protección a la ciudadanía.

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Calderón también va al Super Bowl… “invitado” por Pepsi

Calderón también va al Super Bowl… “invitado” por Pepsi
Calderón también va al Super Bowl… “invitado” por Pepsi
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El expresidente Felipe Calderón también acudió a la 49 edición del Super Bowl, “invitado” por la compañía refresquera Pepsi.
“Agradezco a @PepsiCo y a su CEO, la destacada Indra Nooyi, por su invitación al #SuperBowlXLIX”, escribió el panista en su cuenta de Twitter.
Acompañó la publicación con una fotografía en la que también aparece su esposa, Margarita Zavala.
El senador Ernesto Cordero, del grupo de Felipe Calderón, también acudió a la competencia deportiva, junto a Juan Ignacio Zavala, cuñado del expresidente de México.
Cordero fue criticado en redes sociales por no asistir al inicio del segundo periodo ordinario de la 62 legislatura del Congreso.
Esta mañana, tras los cuestionamientos, Cordero defendió que pagó su viaje con su dinero y justificó que dicha sesión no era importante.
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Cordero defiende su asistencia al Super Bowl y arremete: “Me tratan como si fuera de lo peor”

El senador Ernesto Cordero y su "asesor" Juan Ignacio Zavala en el Super Bowl. Foto tomada de Fox Sports
El senador Ernesto Cordero y su "asesor" Juan Ignacio Zavala en el Super Bowl. Foto tomada de Fox Sports
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El senador panista Ernesto Cordero consideró “¡una barbaridad!” las críticas por su asistencia a la edición 49 del Super Bowl.
“Tú vas al Super Bowl, te pagas tu boleto, pues como muchos mexicanos que estuvimos ayer en el estadio ¿no?, ya parece que tienes una casa escondida, ¿no?, que tienes conflicto de interés, te tratan como si fueras de lo peor mano, ¡qué cosa!” (sic) se intentó defender.
En entrevista con Grupo Fórmula, Cordero justificó su inasistencia al inicio del segundo periodo ordinario y último del tercer año de la 62 legislatura del Congreso General: “Mira, la sesión de apertura del Congreso, a la cual claramente no asistí, a la cual pedí que se me descontara el día, es una sesión que dura diez minutos y donde desde el orden del día es claro que no se va a discutir nada”.
El senador rechazó dar detalles del costo de su viaje. Cuando el periodista Ciro Gómez Leyva le preguntó a cuánto había ascendido el precio de su hotel, boleto de viaje y la entrada al estadio, respondió que dar esa información le resulta “un poco excesivo”.
Cordero, quien cuando fungió como secretario de Hacienda aseveró que una familia mexicana puede pagar sus cuentas con 6 mil pesos al mes, criticó que a la clase política no se le permita tener una vida como cualquier mexicano.
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