martes, 3 de febrero de 2015

La Pro Secretaría de Cultura y Recreación Invita



Sindicato del Issste negocia evitar cancelación de plazas en supermercados


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Martes 3 de febrero de 2015, p. 14
Frente al riesgo de que el Issste cierre varias de sus tiendas de autoservicio en el país, el sindicato de trabajadores de este instituto negocia con autoridades que detenga esta acción, y anunció que no permitirá que se ponga en riesgo la estabilidad laboral, que no habrá cancelación de plazas y que, en última instancia, sólo se permitirá la reubicación de los agremiados.
El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste, Luis Miguel Victoria Ranfla, señaló que las autoridades plantearon al gremio que analizan el cierre de algunas tiendas de autoservicio, argumentado causas como la terminación de los contratos de arrendamiento, mala ubicación y resultados financieros negativos.
En las reuniones con los sindicalizados, el instituto ha señalado pérdidas cercanas a 2 mil millones de pesos en los llamados SuperIssste, y que es necesario disminuir esa carga financiera.
Ante ello, el sindicato señala que es necesario replantear los esquemas de operación y comercialización de las tiendas. De igual manera, éstas deben someterse a una modernización de sus administraciones y remontar ciertas prácticas, como la venta de mercancía de baja calidad, así como mejorar los esquemas de venta de medicamentos. Incluso, plantean que se reubiquen algunas sucursales.
Es decir, hay oposición de la base trabajadora a la posible desaparición de las tiendas, ya que afectaría tanto a los trabajadores que laboran en las ellas como a quienes las utilizan y sirven de respaldo económico ante la gravísima carestía que padece el país.
El proyecto, alertó el dirigente sindical, es que de los casi 250 establecimientos que hay en el país, se cierre una centena, lo cual aún se analiza, y se tratará de frenar. En tanto, se ha determinado con la dirección del instituto que no se cancelará ni una sola plaza y que en todo caso se reubicaría a mil 200 trabajadores, de los cuales la mayoría son de confianza.
Los empleados de base que laboran en dichos centros suman cerca de 350, pero está garantizado que no habrá ninguna liquidación, debido a que falta mucho personal administrativo en diversas unidades y serán reubicados, aseguró Victoria Ranfla.
Es un problema con diversas aristas la que enfrentan las tiendas, dijo, ya que la gran mayoría está en locales arrendados y se quiere aprovechar que el vencimiento de contrato o argumentar que no están muy bien ubicadas, para desaparecerlas. Pero incluso, agregó, las ubicadas tanto en Tres Guerras como en Doctor Vértiz –que tienen altas ventas– se someterán a un proceso de reingeniería comercial.
Se estima que en el Distrito Federal no cierre ningún establecimiento, pero sí se someterán a modificación en sus esquemas de operación, advirtió el dirigente.

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A dos años de la reforma laboral, menor poder adquisitivo del salario: economistas

Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Martes 3 de febrero de 2015, p. 14
Investigadores de la Facultad de Economía de la UNAM señalaron que a poco más de dos años de su aprobación, la reforma laboral ha disminuido los ingresos de los trabajadores, alargado las jornadas de trabajo y provocado crecimiento del desempleo.
En su más reciente reporte de investigación, el Centro de Análisis Multidisciplinario de esta entidad universitaria afirma que del cuarto trimestre de 2012 al tercero del 2014, el número de personas que trabajan más de 35 horas a la semana creció en 983 mil, al pasar de 35 millones 500 mil 740 a 36 millones 484 mil 111.
Agregaron que aun cuando en este periodo los trabajadores ocupados aumentaron en 626 mil (para alcanzar 49 millones 702 mil 475), disminuyó el número de empleados que laboran menos de 35 horas a la semana, al pasar de 12 millones 378 mil 265 a 11 millones 578 mil 305, es decir, 800 mil menos que en 2012.
En el reporte Desempleo y menos paga por jornadas laborales más largas: resultados a dos años de la reforma laboral, agregan que el nivel de ingresos en ese periodo cayó, pues al cierre de su análisis había 818 mil trabajadores más, cuyos ingresos son de cero a tres salarios mínimos, mientras que el número de quienes ganan más de tres minisalarios se redujo en 773 mil personas.
Esta reducción de los ingresos es en términos nominales (dinero recibido por la venta de su fuerza de trabajo), así que los empleados están destinando más horas de su vida al trabajo y el aumento de la jornada laboral no se traduce en mayores ingresos y también disminuyen los ingresos nominales por más horas de trabajo.
Al aplicar la metodología para la medición del desempleo de la OIT –que incluye a todos los desocupados en edad de trabajar y no sólo a los que han buscado empleo durante el último mes–, los universitarios concluyen que el número real de personas desempleadas en México es de 8 millones 735 mil 356 (una tasa nacional de 14.9 por ciento), y no los 2 millones 746 mil 235 que dio a conocer el Inegi para el tercer trimestre de 2014.
No obstante, hay 17 entidades del país (más de la mitad) que presentan tasas de desempleo por arriba de la nacional: Durango con 23.3 por ciento; Zacatecas, 20.3; Sinaloa, 19.7; Nayarit, 19.3; Tlaxcala, 18.7; Morelos, 18.4; Veracruz, 17.5; Querétaro y Sonora, con 17.3 cada uno; Michoacán, 17.2; Puebla, 17.1; Guanajuato, 16.4; Distrito Federal, 16.1; Tabasco con 15.7; Tamaulipas, 15.6, Baja California, 15.3, y Nuevo León, con 15 por ciento.
A más de dos años de la reforma laboral, es indudable que ésta no ha traído beneficios para los trabajadores, concluyen.

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“No existe documento” sobre cancelación del tren México-Querétaro: SCT

Uno de los trenes de la empresa ferroviaria China Railway Construction Corporation. Foto: Xinhua
Uno de los trenes de la empresa ferroviaria China Railway Construction Corporation.
Foto: Xinhua
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que no existe un documento que detalle los motivos de la cancelación del tren México-Querétaro.
En un comunicado emitido esta mañana, la dependencia argumenta que su titular, Gerardo Ruiz Mateos, en acuerdo con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, propuso dejar sin efecto dicha licitación el pasado 6 de noviembre.
Según el boletín, Peña Nieto expresó su conformidad con la decisión: “En virtud de que lo anterior se llevó a cabo en forma presencial, no existe documento en el que se haya hecho constar lo anteriormente referido”.
Ayer, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la presidencia hacer público el documento de la cancelación del proyecto.
“El asunto es de gran interés, tanto por los recursos que implica el desarrollo de este proyecto, como por el impacto que generará en materia de infraestructura y comunicaciones para nuestro país. Por lo tanto, es importante que este proceso se conduzca de manera transparente”, argumentó el organismo.
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Tras la suspensión del tren rápido China pide garantizar sus intereses

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Imagen del proyecto del tren de alta velocidad México-Querétaro. Tomada de la cuenta de Twitter @SCT_mxFoto Cortesía de la SCT
Reuters y Xinhua
 
Periódico La Jornada
Martes 3 de febrero de 2015, p. 20
Pekín.
China dijo que lamenta la decisión de México de suspender el proyecto del tren de alta velocidad que costaría 3 mil 750 millones de dólares, y llamó a que se tomen en cuenta los intereses de las firmas chinas que participaron en la licitación.
La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, la principal agencia de planificación económica de China, expuso que la decisión de cancelar la línea ferroviaria México-Querétaro es lamentable, e instó a México a lidiar de manera adecuada con la enorme mano de obra y dinero que las empresas chinas invirtieron en la licitación del proyecto.
México anunció el viernes que suspendería la licitación, por ahora, en medio de recortes a su presupuesto 2015.
El gobierno relanzó la licitación el mes pasado, después de que desechó su primer contrato con el único postor –un consorcio liderado por China Railway Construction Corp– debido a preocupaciones de un conflicto de intereses sobre una de las firmas mexicanas participantes.
China instó a México a que garantice los derechos e intereses legales de las empresas de su país. Hemos tomado nota de la decisión del gobierno mexicano. China espera que gestione apropiadamente los asuntos subsiguientes y garantice los derechos e intereses legales de las empresas chinas con medidas concretas, añadió el portavoz de la cancillería china, Hong Lei.
Un vocero de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma sostuvo horas antes que China lamenta la decisión de México. Indicó que las empresas chinas han invertido gran cantidad de mano de obra y dinero en la licitación del proyecto y que China espera que el gobierno mexicano pueda abordar apropiadamente las consecuencias de la suspensión.
Un grupo integrado por China Railway Construction Corporation y varias firmas mexicanas ganó la licitación el pasado noviembre, que fue cancelada por el gobierno mexicano por razones internas. El mes pasado se reabrió la licitación para el proyecto de vía férrera de alta velocidad.
El secretario de Hacienda Luis Videgaray, anunció el viernes 30 de enero la suspensión indefinida del proyecto, así como la cancelación definitiva del Tren Transpeninsular Quintana Roo-Yucatán, tras los recortes presupuestales para este año.
Hong Lei expresó que las empresas chinas son competitivas a nivel global en tecnologías y operatividad de ferrocarriles de alta velocidad y que se están internacionalizando cada vez más.
El gobierno chino continuará animando y apoyando a sus empresas a llevar a cabo la cooperación internacional en este sector, acotó Hong en una rueda de prensa celebrada en Pekín.
El portavoz indicó que la cooperación entre China y México es benéfica para los intereses de ambos países y pueblos, y expresó su deseo de que las dos partes fortalezcan la cooperación a futuro.

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Pobladores bloquean carretera federal y retienen a cien militares en Guerrero

Habitantes de Petaquillas, Guerrero, retienen a militares. Foto: Miguel Dimayuga
Habitantes de Petaquillas, Guerrero, retienen a militares.
Foto: Miguel Dimayuga
PETAQUILLAS, Gro. (apro).- Habitantes de esta comunidad bloquearon la carretera federal México-Acapulco y retuvieron a un centenar de soldados, pertenecientes a la tercera brigada de fusileros paracaidistas, quienes pretendieron instalar un retén en este lugar donde la policía comunitaria asumió el control de la seguridad desde hace tres días.
Los inconformes reprocharon la actitud de las autoridades castrenses que decidieron sitiar el poblado vecino de la capital de la entidad, en lugar de realizar un operativo en los municipios vecinos de Mochitlán y Quechultenango para desmantelar la estructura del grupo criminal de Los Ardillos, que dirige la familia del presidente del Congreso local, el diputado local perredista y candidato a legislador federal, Bernardo Ortega Jiménez.
“El problema no es en el corredor Petaquillas-El Ocotito donde opera la policía comunitaria, sino en la ruta que lleva al municipio de Quechultenango, donde la delincuencia se pasea impunemente; ahí es donde se requiere la presencia militar”, expresó uno de los líderes de este movimiento social.
Cerca de las 16:00 horas, los vecinos del lugar reportaron que un convoy de patrullas militares, donde se desplazaba un grupo de fuerzas especiales del Ejército, transitaba sobre el carril sur-norte de la vía federal con dirección a este poblado vecino a la capital de la entidad.
Enseguida, repiquetearon las campanas de la iglesia y los pobladores respondieron al llamado bloqueando el paso a los militares, pues suponen que el despliegue castrense es para desarmar a la policía comunitaria que desde el sábado 31 de enero asumió el control de la seguridad en Petaquillas.
Esta situación provocó minutos de tensión, debido a que los inconformes replegaron al grupo de élite castrense en medio de gritos e insultos en contra del Ejército.
“Así hubieran respondido cuando les llamaban para combatir a los delincuentes”, increpó un grupo de mujeres a los militares.
Los habitantes reprocharon la reacción del Ejército ante el surgimiento de la policía comunitaria en este lugar y lamentaron que las autoridades, en lugar de combatir la delincuencia, pretendan desarmar y confrontar a la población que se organiza para defender su vida, patrimonio y pueblo.
Luego los dirigentes del movimiento social de Petaquillas entablaron comunicación vía telefónica con el comandante de la 35 Zona Militar, Raúl Gámez Segovia, y le plantearon el retiro de las tropas militares de este poblado y el cese del hostigamiento en contra de la policía comunitaria, pues ya no confían en el Ejército y las corporaciones policiacas porque fueron señalados de estar coludidos con el narco.
Además, exigieron que el Ejército se enfoque en atacar la estructura de la banda de Los Ardillos, señalados como los responsables de la ola de violencia que se vive en este corredor de la región Centro, considerado como estratégico en la geografía del narco en la entidad.
También dijeron a Gámez Segovia que la policía comunitaria, en menos de 36 horas, desmanteló una célula delincuencial que operaba en Petaquillas y decomisó más de 39 kilogramos de mariguana que transportaban en un autobús de transporte público procedente del poblado de Colotlipa, municipio de Quechultenango, y considerado como bastión de la banda de Los Ardillos.
En respuesta, el general de división rechazó la postura de los pobladores y sostuvo que la presencia militar en la zona tiene como objetivo desplegar un operativo de seguridad y evitar la expansión de “gente armada”, en referencia a la guardia comunitaria que opera desde el valle de El Ocotito a la capital de la entidad.
La actitud del jefe militar provocó la molestia de los pobladores, quienes decidieron mantener el bloqueo a la vía federal y retener al grupo de fuerzas especiales del Ejército que, desde las 16:30 horas, se mantiene a la altura del puente vehicular que cruza el río Huacapa, ubicado a 300 metros al sur de la comunidad de Petaquillas.
Los coordinadores de la policía comunitaria del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (Fusdeg) también informaron que en apoyo a la acción de los pobladores de Petaquillas, habitantes de otras comunidades salieron a bloquear la misma vía federal a la altura los de los poblados de Mazatlán, El Ocotito y Tierra Colorada.
El bloqueo de la vía federal que conecta el centro del país con el puerto de Acapulco mantiene varados a cientos de automovilistas, mientras que otros ciudadanos han optado por caminar cargando maletas por el sinuoso camino de asfalto.
Hasta las 20:00 horas, los pobladores mantenían la obstrucción de la carretera y exigían la presencia de autoridades estatales para dialogar y destrabar el conflicto que tiene su origen en la decisión de los habitantes de Petaquillas de confrontar directamente a la delincuencia ante la omisión de las autoridades.
No obstante, los inconformes se mantienen flexibles y permiten el paso de personas de edad avanzada y enfermas para evitar una confrontación con los afectados por el bloqueo.
Paradójicamente, el priista Mario Moreno Arcos, señalado por sus presuntos nexos con el narco y permitir que las bandas delincuenciales operen impunemente, solicitó licencia al cargo de alcalde de Chilpancingo para buscar la candidatura de su partido al gobierno estatal.
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Sin regulación, gasta el gobierno federal $5 mil millones en propaganda: expertos

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Pese a los intentos de regular la propaganda oficial en la reforma electoral de 2008, a la fecha no se cumple con las restricciones a la difusión de información personal o con fines políticos que hacen los gobernantesFoto Víctor Camacho
Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Martes 3 de febrero de 2015, p. 7
Con un crecimiento exponencial en las tres administraciones recientes, el gasto en propaganda gubernamental se ejerce prácticamente de forma discrecional, sin una legislación específica, lo que favorece prácticas de censura sutil a la libertad de expresión y alienta la concentración en los medios de comunicación. Es una práctica que a escala federal no ha tenido distingo entre las administraciones panistas y la actual de extracción priísta, pero que se reproduce en el ámbito estatal.
“Estamos hablando de una bolsa de recursos de 5 mil millones de pesos en el más reciente año reportado, tan sólo del gobierno federal, pero que alcanza hasta 12 mil millones de pesos con los gastos de los gobernadores. Es una bolsa de dinero importante y no existe ninguna regulación que explique bajo qué criterios –que deberían ser técnicos– se distribuye”, sostuvo Justine Dupuy, responsable del área de transparencia del Centro de Análisis e Investigación Fundar.
Julio Juárez, integrante del Centro de Investigaciones Interdiscplinarias de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que la propaganda gubernametal es un tema prácticamente ausente de la regulación, y eso favorece el ejercicio discrecional en la relación entre el poder público y los medios de comunicación. En el país no se ha disociado la función social de informar y la práctica política, como se ha hecho, por ejemplo, en España, donde está claramente definido el interés público y social de una campaña institiucional.
“La comunicación social –sostuvo– debe entenderse como una vertiente de la rendición de cuental, porque cumple la función social del gobierno de informar sobre su desempeño. No es un acción puramente promocional o propagandística, sino que tiene un interés en función del derecho ciudadano a informarse, no sólo a recibir propaganda”, agregó.
La evolución del gasto en propaganda gubernamental ha pasado de mil 934 millones de pesos en 2001 –primer año de la administración de Vicente Fox– a 8 mil 429 millones de pesos en 2012, –el final de la gestión de los gobiernos panistas–, coincidente con el año electoral, según reporte de la Presidencia de la República. En el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto el gasto reportado es de 4 mil 195 millones de pesos, según se recoge en el estudio Comprando complacencias. Publicidad oficial y censura indirecta en México, de la Asociación de Periodicos y Editores de Noticias.
Según el reporte de la Secretaría de la Función Pública, al mes de octubre tenían programado un gasto de 5 mil 258 millones 441 de pesos, aunque en el rubro de ejercicio del gasto indica mil 521 millones de pesos a esa fecha.
En el ejercicio del gasto en comunicación durante el mandato de Felipe Calderón hay una agravante, según se desprende del documento de la asociación: sólo 34 por ciento de los recursos para ese rubro estaban originalmente presupuestados; el 66 por ciento restante se ejerció discrecionalmente.
Es en esa administración cuando la Relatoría Especial para la Libertad de Expresion, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizó un informe sobre el país: en México el gasto en publicidad es alto y tiende a aumentar (...) Un monto tan significativo en publicidad oficial hace aún más importante la existencia de reglas claras.
Aunque aludió a la existencia de los Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal –que anualmente emite la Secretaría de Gobernación–, consideró que éstos no definen suficientes procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios para la contratación de publicidad oficial.
La relatoría es más clara en sus definiciones sobre la importancia de la regulación, en consonancia con principios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concención de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar, o premiar y privilegiar a comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben ser expresamente prohibidos por la ley.
El reporte señala que el débil marco legal con que se rige esta propaganda es un problema a escala regional, lo cual favorece prácticas indebidas: los mecanismos de censura indirecta suelen esconderse detrás del ejercicio legítimo de facultades estatales, muchas de las cuales se ejercen por los funcionarios de manera discrecional (...) En el caso de la distribución de la publicidad oficial se configura un caso de censura indirecta cuando la misma se realiza con fines discriminatorios de acuerdo con la posición editorial.
En México hay al menos 13 iniciativas congeladas en el Congreso de la Unión, amén de que la oferta del presidente Enrique Peña Nieto de regular el gasto gubernamental en propaganda ha sido una promesa incumplida y el desaparecido Pacto por México lo tenía como una de sus prioridades en el compromiso 95, recordó Dupuy, quien alertó sobre la indiferencia real que tienen los partidos por regular este renglón, lo que alienta la discrecionalidad en su ejercicio.
–¿Los gobiernos se benefician de esta ambigüedad legal?
–Medios y gobierno se benefician de cierta manera de esta discrecionalidad, porque al final es una forma de avasallar a la prensa, de tratar de controlarla. Esto limita el contrapeso del famoso cuarto poder y se convierte en una herramienta de control y chantaje, aunque en ocasiones ese chantaje es de ambos lados, o sea que los medios utilizan el poder político que tienen para golpear fuerte a la hora de negociar y es una forma de aumentar su contrato. A veces el chantaje no va en una sola dirección y se torna en una relación perversa que debería ser regulada por la ley.
Dupuy añadió que esta transferencia de recursos está regulada en otros países mediante subvenciones claramente establecidas, sin motivaciones de controlar la línea editorial y a partir del reconocimiento de la importancia de los medios de comunicación en un sistema democrático.
En México, advirtió Juárez, la propaganda gubernamental es uno de los temas ausentes de la regulación. Se intentó regular parcialmente dentro de la reforma electoral de 2007-2008, pero en los hechos nunca se han concluido las leyes secundarias que se desprenden del articulo 134 constitucional, que restringe la difusión personalizada de los gobernantes en la publicidad oficial.
Incluso ni siquiera existe una definición de lo que debe ser la propaganda gubernamental, que bajo esta óptica debería contar con criterios definidos para determinar el tipo de campaña gubernamental, el objetivo y el público al que va dirigido. Nunca sabemos por qué la importancia de realizar una campaña en favor de una reforma energética o algún otro tema, que debería conocerse porque se financia con recursos públicos y, por tanto, los ciudadanos tendrían que estar enterados de las motivaciones del gasto publicitario.
Se debe transparentar su uso desde la planeación, las motivaciones del gasto en comunicación social e incluso la formación de un comité ciudadano que se involucrara. No soy de los que piensan que el gobierno se debería tapar la boca, pero realmente que se diseñen campañas informativas con un sentido de rendición de cuentas, sobre lo cual estamos muy lejos.

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Admite Cancillería “desaparición forzada” de los 43 normalistas

Familiares de los normalistas desaparecidos protestan en la PGR. Foto: Xinhua / Alejandro Ayala
Familiares de los normalistas desaparecidos protestan en la PGR.
Foto: Xinhua / Alejandro Ayala
MÉXICO, D.F. (apro).- Al presentar hoy un informe ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Juan Manuel Gómez Robledo, admitió que la tragedia de Iguala representó un caso de “desaparición forzada” –es decir, crimen en que estuvieron implicados agentes del Estado mexicano–, pero urgió al comité a “ir más allá de la crítica” al poner en contexto la situación de los derechos humanos en México.
“Vale la pena recordar de dónde venimos y, sin triunfalismos, apreciar lo que la sociedad y las instituciones públicas en México hemos avanzado a lo largo de poco más de tres décadas”, declaró el embajador en Ginebra, Suiza, al urgir a “cualquier organización internacional de derechos humanos” a privilegiar el diálogo y “evitar incurrir sólo en la descalificación”.
En tono defensivo, culminó su discurso al llamar al comité a “actuar con sentido de responsabilidad, de diálogo y cooperación con aquellos Estados que voluntariamente decidimos asumir las obligaciones derivadas de la Convención (para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada)”.
Visiones antagónicas
A través del informe que entregó hoy la representación de México en Ginebra, el gobierno de Enrique Peña Nieto respondió a cada una de las 25 preguntas que emitió el comité el 20 de octubre pasado para que el Estado precisara sus formas de luchar contra la desaparición forzada.
En contraste, organizaciones de la sociedad civil proporcionaron sus propias respuestas a algunas observaciones del comité para exponerle su visión sobre las medidas implementadas por el gobierno mexicano.
El “informe alternativo” subraya ciertos huecos en la lucha contra la desaparición forzada desplegada por la gestión de Peña Nieto y concluye sobre “la emergencia para que el Estado mexicano deje de minimizar la crisis de las desapariciones de personas que atraviesa México y dé muestras contundentes de voluntad política, a través de medidas para superar las deficiencias técnicas en materia de investigación y búsqueda”.
Así, cuando el gobierno dijo al comité que existen desde abril pasado varias iniciativas legislativas y el exhorto del propio Peña Nieto para la creación de una Ley General contra la Desaparición Forzada, un conjunto de 13 ONG precisó que “no se ha adoptado ninguna iniciativa” y además denunció que la sociedad civil no ha participado en la redacción de ninguna de esas propuestas.
En su intervención, el embajador Robledo recordó las 10 medidas para “mejorar la seguridad, la justicia y el estado de derecho en México” que anunció Peña Nieto a finales de noviembre.
En su informe alternativo, las ONG calificaron estas medidas de “preocupantes”, ya que “tienen que ver nuevamente con la militarización y la seguridad de todo el país mediante la creación de un mando único, más que con el tema principal de realizar la búsqueda de los miles de desaparecidos”.
Y concluyeron que el decálogo peñista deja fuera “aspectos fundamentales” en materia de derechos humanos, como un plan nacional de búsqueda en vida, el fortalecimiento de las labores periciales, la transparencia en la información o el fortalecimiento de las autoridades responsables de las investigaciones.
Falles del Renped
En algunos casos concretos, las interpretaciones del gobierno y las de las ONG son muy diferentes. Por ello, el comité considerará las distintas versiones de una misma realidad en el momento de emitir sus observaciones al gobierno mexicano para que éste cumpla con todas las disposiciones de la Convención.
En su informe, por ejemplo, el gobierno asegura que mantiene actualizado, con una “depuración permanente y activa”, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Renped), el cual puede consultarse en línea.
No obstante, las ONG plantearon que “en diversas ocasiones y después de varios intentos desde diversas computadoras, en la mayoría de las veces no fue posible acceder al Renped”, mientras que cuando lograron ingresar al portal, “más de la mitad de sus casos no se encuentran registrados”.
También aseveraron que la definición de “personas no localizadas” vigente en la ley es vaga y “excluye los casos de secuestro, a pesar de que muchos casos de personas desaparecidas son clasificados de esta manera y por lo tanto no están reflejados en las cifras de personas no localizadas”.
Asimismo, las ONG señalaron que la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Extraviadas “no ha tenido los resultados esperados”, ya que según ellas únicamente localizó a 86 personas –102, según el gobierno–, y denunciaron que el gobierno recortó el presupuesto de la unidad “en al menos 63%”.
En su informe, la administración peñista planteó que desde la reforma al Código de Reforma Militar, en junio pasado, el fuero castrense ha dejado de tener competencia para investigar presuntos hechos cometidos por militares, e informó que entre 2012 y 2014 se turnaron mil 211 averiguaciones previas de la justicia militar a tribunales civiles.
Si bien las organizaciones reconocieron y saludaron la reforma, advirtieron al Comité de la ONU que la masacre de Tlatlaya y su encubrimiento por parte de la institución militar revelaron la ausencia de “controles civiles efectivos” en el seno del Ejército.
En el olvido, la “guerra sucia”
El Comité de ONU pidió en octubre al gobierno mexicano que desglosara las acciones que emprendió en búsqueda de las personas desaparecidas durante la “guerra sucia”.
La administración de Peña Nieto dijo que contaba con 252 averiguaciones previas abiertas, a raíz de las cuales realizó entrevistas a militares de alto rango, escaneos de subsuelo en distintos lugares, labores de excavación y elaboración de perfiles genéticos. Al final, admitió, sólo “se localizó a dos personas gracias a estas acciones”.
Las organizaciones lo resumieron de otra forma: “Los avances en las investigaciones siguen siendo nulos”.
Y recordaron que la administración de Peña Nieto sigue sin reconocer la competencia del comité para recibir casos de integrantes de la sociedad civil víctimas de desaparición forzada, a pesar de que este reconocimiento queda plasmado en la Convención, la cual entró en vigor en México en diciembre de 2010.
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El sector agropecuario, "uno de los más afectados por el recorte presupuestal"

Matilde Pérez U.
 
Periódico La Jornada
Martes 3 de febrero de 2015, p. 6
Agrupaciones campesinas demandaron al gobierno decir la verdad sobre la situación económica del país y detallar cómo aplicará el recorte de 124 mil 300 millones de pesos al presupuesto. En particular, que señale cuáles serán los programas del campo afectados, pues el anuncio provocó incertidumbre entre los agricultores, ya que temen alzas en los precios de los insumos para la producción y aumentos en los costos de los servicios.
Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón, demandó que la Secretaría de Hacienda detalle en qué rubros aplicará el ajuste de 7 mil millones de pesos para el sector agropecuario. “Los funcionarios han dicho que no se afectarán programas sustanciales del sector, como el de ingreso objetivo –con el cual equilibran los ingresos de los agricultores de los alimentos básicos ante la caída internacional de los granos–, pero de los 12 mil millones de pesos para este año, se estima que siete mil millones serán para compensar a los productores de maíz y trigo del ciclo otoño invierno. Es evidente que el dinero es insuficiente”.
Agregó que por el recorte al gasto público se perderán 250 mil empleos, la mayoría en el sector agropecuario, y previó que habrá un incremento en los precios de los alimentos al consumidor, en tanto los precios al productor seguirán debilitados. Propuso un cambio en la estrategia del gasto; que haya un fomento a la producción nacional, que se cierre la puerta a la fuga de capitales y se recorten gastos suntuarios, salarios y prestaciones excesivas a los altos funcionarios.
Rolando Benítez, de Unorca estado de México, demandó que las autoridades transparenten la información, pues hace algunas semanas aseguraban que no habría recortes, y ahora dicen lo contrario. Para el campo sólo se conoce el monto del recorte, pero se ignora cómo y dónde se aplicará.
Los campesinos, dijo, están preocupados porque el recorte al presupuesto puede utilizarse como un pretexto para que no se entreguen a tiempo los recursos de los diversos programas para el sector rural.
El dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Manuel Cota Jiménez, aseguró que el campo no será afectado por el recorte al presupuesto. El sector está resguardado de la acción preventiva del gobierno federal. Hay garantías a los precios de los granos básicos, indicó.

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Durarán varios años los efectos en el gasto público por la caída petrolera: Carstens

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El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, flanqueado por los diputados panistas Jesús Torres Cofino y Ricardo AnayaFoto Cristina Rodríguez
Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Martes 3 de febrero de 2015, p. 5
El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, pidió ‘‘ver hacia delante’’ porque los efectos en el gasto público por la caída de los precios del petróleo no serán exclusivos de 2015 ni de 2016, y consideró que el entorno adverso sólo podrá ser superado con resultados de las reformas.
‘‘El ajuste fiscal se explica de manera sencilla: la realidad es que México y el gobierno estábamos acostumbrados a gastar con ingresos provenientes de un precio del petróleo entre 80 y 100 dólares por barril. Ya no los tenemos, sobre todo cuando parece que esta caída es bastante durable. Será cuestión de años, no de meses, regresar a los niveles anteriores’’, dijo.
En conferencia de prensa posterior a una reunión privada con diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), Carstens consideró ‘‘razonable’’ el ajuste anunciado la semana pasada por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, porque busca ‘‘suavizar’’ el impacto de menores recursos por exportación de petróleo.
La otra alternativa, afirmó, habría sido contratar mayor deuda, dado que el gobierno federal ha comprometido que no habrá nuevos impuestos ni aumentará las tasas de los vigentes.
‘‘Mayor deuda es más impuestos en el futuro. La deuda no es una salida’’, resaltó.
Según Carstens, es posible revertir la disminución de ingresos si se acelera la aplicación de la reforma en materia energética.
‘‘Por ejemplo, en el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), que empiece a tener resultados la ronda cero y la ronda uno, aumentar la producción para compensar parte del efecto (en el) ingreso por menores precios’’ del crudo. ‘‘Tenemos reformas de gran envergadura ya aprobadas y sería muy oportuno que pudieran mostrar su bondad lo antes posible’’, expuso.
Consideró que el impacto del recorte presupuestal en la perspectiva de crecimiento del producto interno bruto (PIB) ‘‘no será tan importante, en la medida que se enfoque en reducir el gasto corriente’’.
‘‘Un buen propósito’’ de SHCP
El gobernador del banco central afirmó que el ajuste fiscal anunciado por Videgaray constituye ‘‘un buen propósito’’, sobre todo por la oferta de que se evitará al máximo reducir el presupuesto para los programas sociales y en ese caso el impacto a las familias de menores ingresos ‘‘será limitado’’.
Asimismo, Carstens rechazó anticipar el impacto que tendrá en el crecimiento económico para 2015, porque dijo que el informe trimestral será presentado en dos o tres semanas.
Por otra parte, planteó que sólo si es necesario el Banco de México apretará la política monetaria si el tipo de cambio del peso frente al dólar representa un problema financiero.

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Renuncia presidente del PRI en Monterrey; acusa al gobernador Medina de imponer candidatos

El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Foto: Miguel Dimayuga
El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.
Foto: Miguel Dimayuga
MONTERREY, N.L., (proceso.com.mx).- Aldo Fasci Zuazua, quien se desempeñaba como dirigente del PRI en esta capital, renunció ayer al partido tras 24 años de militancia.
Argumentó que su renuncia se debe a que el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz se adueñó del instituto político al imponer a los candidatos para la próxima elección.
El periódico El Norte informa que Fasci envió una carta a la dirigencia estatal tricolor en la que expresa:
“Me duele y mucho el trato político que se le ha dado a miles de compañeros que han trabajado por el partido, que se han roto el lomo por él y que ni siquiera son tomados en cuenta en el proyecto electoral del PRI. Duele escuchar la molestia de cuadros distinguidos, sectores y organizaciones que han sido maltratados políticamente con poses autoritarias y soberbias por parte del partido”.
Para este proceso electoral, a Fasci Zuazua se le mencionaba como posible candidato a la alcaldía de Monterrey, posición que fue otorgada al exprocurador estatal Adrián de la Garza Santos, quien es uno de los hombres más cercanos a Medina.
En su renuncia, Fasci expresó su inconformidad con la forma en que se le ha permitido al gobernador designar prácticamente todas las posiciones importantes del partido, pues incluso Ivonne Álvarez, la abanderada para la gubernatura, fue impulsada por él.
“No estoy de acuerdo, ni lo estaré con el hecho de que una sola persona, Rodrigo Medina, esté imponiendo a todos los candidatos del partido y menos que esté jugando en ese ejercicio con la equidad de género, otorgándoles a las mujeres distritos históricamente perdidos. Rodrigo Medina será el primer priista en el Estado, pero no es el dueño del partido, ni tiene derecho a imponer su voluntad sobre los demás”, expresó.
Cuestiona la manera en que Medina de la Cruz colocó en las posiciones importantes en funcionarios afines, con lo que tuvo que renovar prácticamente todo su gabinete.
“¿Con qué cara podemos criticar el chapulineo? ¿Con qué argumentos podemos exigir que no se use el aparato de gobierno en favor de los candidatos? Ni la soberbia, la opacidad, la incongruencia, como tampoco las decisiones autoritarias y cupulares ayudan al partido, ni al gobierno y mucho menos a Ivonne Álvarez”, remata.

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Echan a Javier Aguirre de la selección de Japón

Javier Aguirre, exDT de la selección de Japón. Foto: AP
Javier Aguirre, exDT de la selección de Japón.
Foto: AP
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- La Asociación de Futbol de Japón (JFA) anunció la destitución del mexicano Javier Aguirre como seleccionador nacional.
“Lamentamos que esto tenga que acabar así, pero tenemos que dar prioridad al equipo. El principal objetivo de Japón es llegar al Mundial de Rusia de 2018, y no queremos correr el riesgo de que esta situación afecte al equipo durante la fase de clasificación”, dijo en conferencia de prensa el presidente de la JFA, Kuniya Daini.
Aguirre es uno de los 42 imputados en un tribunal español, luego de que la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación por el presunto amaño del partido Zaragoza-Levante, disputado el 21 de junio de 2011.
De acuerdo con las evidencias presentadas por la Fiscalía, el Zaragoza, que en ese año dirigía Javier Aguirre, pagó a los jugadores del Levante por dejarse ganar y así ambos clubes evitarían descender a la Segunda División.
El equipo afectado por el resultado 2-1 a favor de Zaragoza fue el Deportivo La Coruña, que descendió a Segunda División.
“Ha sido un placer haber podido trabajar en Japón, y agradezco el apoyo de todos los aficionados nipones. Deseo la mejor suerte para el equipo en el futuro”, declaró Aguirre en un comunicado difundió por la JFA.
Hace unos días, Japón fue eliminado por Emiratos Árabes en los cuartos de final de la Copa Asia, en la que los nipones pretendían refrendar el título.
Este resultado es el peor que una Selección de Japón ha cosechado en esta competencia continental en casi 20 años.
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