miércoles, 4 de febrero de 2015

La Terca Memoria 2015-02-04

Asamblea del Grupo de Jubilados,

La Secretaría de Economía y Estadística informa:


Asamblea General de Jubilados. Convocatoria


Hay "pruebas" de la injerencia sindical de México en Canadá

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de febrero de 2015, p. 15
El Sindicato de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio de Canadá (UFCW, por sus siglas en inglés) emitió un informe en el que señala que hay evidencia de que el gobierno de México “creó listas negras de trabajadores migrantes sospechosos de participar en movimientos sindicales”.
Afirma que el Tribunal Laboral de Columbia Británica determinó que hay pruebas de que el gobierno conformó listas negras de trabajadores mexicanos, para impedir regresar a Canadá a aquellos que han estado activos en movimientos obreros.
En tanto, el gobierno de México solicitó al referido tribunal inmunidad diplomática y que deseche dichas pruebas.
Al respecto, Ivan Limpright, presidente de la sección local 1518 de UFCW Canadá, expuso que el mensaje para México es claro: la inmunidad diplomática no es un permiso para violar los derechos de los trabajadores.
Según refirió la organización sindical, la evidencia fue presentada originalmente en 2012 ante el tribunal por la sección local 1518. El caso giraba en torno a una empresa agrícola de esa zona de Canadá, donde campesinos migrantes lograron formar una unidad de negociación y denunciaron estos hechos.
El pasado 30 de enero, el referido tribunal ratificó el fallo de la Suprema Corte de Columbia Británica sobre este tema, en el que se admitió el testimonio de ex funcionarios consulares, así como documentos filtrados que apuntan invariablemente a la existencia de dichas listas negras.
Señala que en última instancia, el tribunal laboral había determinado que México falsificó documentos con la intención de encubrir sus actividades antisindicales, y que ahora le da 60 días para decidir si solicita el derecho de apelar ante la Corte Suprema de Canadá.
Violación de fronteras
Asimismo, indica que dichas listas son una violación de nuestra frontera y de las personas que aquí trabajan. Los derechos laborales son derechos humanos que se aplican a todos los empleados en Canadá, sin importar su origen, declaró el presidente de UFCW Canadá, Paul Meinema, quien dijo que el gobierno mexicano tiene que respetar la verdad y la ley.
Cabe referir que UFCW Canadá tiene más de 250 mil afiliados en todo el país y durante más de dos décadas ha sido líder de la campaña por los derechos laborales y humanos de los trabajadores agrícolas domésticos y migrantes en esa nación.

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“Ambivalente, el informe de México en Ginebra”: Amnistía Internacional

PROCESO 


3 de febrero de 2015
Destacado
Familiares de los normalistas desaparecidos en conferencia de prensa. Foto: Xinhua / Alejandro Ayala
Familiares de los normalistas desaparecidos en conferencia de prensa.
Foto: Xinhua / Alejandro Ayala
MÉXICO, D.F. (apro).- El informe que presentó el gobierno de México ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, dejó en claro la “ambivalencia y el doble discurso del Estado mexicano”, aseguró Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México.
“Por una parte, en el país se llama a que ya olvidemos, a que demos por cerrado el caso de Ayotzinapa y en el extranjero manifiesta su profunda preocupación”, explicó.
En entrevista, luego de participar en la presentación de la campaña “Ya me cansé por eso propongo”, el representante de AI consideró las respuestas del Estado mexicano fueron “deficientes, quedan de manifiesto las negligencias que han tenido, la falta de acciones respecto al tema”, acusó.
Quedó de manifiesto, dijo, “que hay un sinnúmero de aspectos en los cuales el Estado mexicano está incumpliendo con la convención” contra Desapariciones Forzadas de la ONU.
Detalló que estos aspectos están relacionados con cuestiones legislativas, como la no tipificación adecuada del tipo penal, no tener una ley general de Desaparición forzada; así como por asuntos de políticas públicas, por ejemplo, al no tener un protocolo de búsqueda de personas con vida.
Quiroz Rendón aseguró que AI México esperaría que, luego de la deliberación del Comité de la ONU a finales de febrero, éste emita una “fuerte recomendación” que lleve como puntos principales los siguientes:
La “negligencia que ha tenido el Estado mexicano en hacerse cargo de este tema pues no lleva un par de meses o semanas, es un tema que lleva muchos años en el tintero”.
El segundo, añadió, deben ser recomendaciones al marco normativo, sobre todo la modificación de políticas públicas para crear estas bases de datos en la que los números sean unánimes y realistas.
El tercer punto, agregó, debería ser la exigencia de tener protocolos de búsqueda con vida y el cuarto, “que México acepte la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas para conocer casos contenciosos”.
El representante de AI México, consideró que de tener este tipo de recomendación, habría efectos políticos para el gobierno mexicano, en el sentido de que éste “ha firmado una Convención que lo vincula y lo compromete ante la comunidad internacional y ante los otros estados, pero también genera derechos frente a los ciudadanos”.
Además, los ciudadanos podrán empezar a reclamar el cumplimiento de esa Convención en tribunales locales y “que la comunidad vea que México no es ese país que hace unos meses se pensaba que era, que tenemos una seria crisis de derechos humanos y que ha habido una negligencia muy importante para hacerle frente”.
Sobre la recepción de los padres de los normalistas desaparecidos por parte del Comité de la ONU, Perseo Quiroz dijo que los familiares “ven al Comité como una de las opciones viables para que pueda haber una investigación adecuada, porque las instancias nacionales como la PGR ya han demostrado su falta de voluntad para ayudar a entender lo que sucedió esa noche en Iguala”.
“No hay verdad histórica”
Sobre el reportaje que circula esta semana en el semanario Proceso (1996) relacionado con las denuncias de tortura de testigos en el caso Ayotzinapa, el director ejecutivo de Amnistía Internacional México consideró que “se pone en evidencia que la verdad histórica del procurador (Jesús Murillo Karam) quizá no sea verdad histórica sino solamente es una verdad jurídica que está contenida en el expediente, pero que está muy distante de reflejar lo que verdaderamente pasó esta noche con todos los hoyos que tiene la investigación”.
–¿Es necesaria la renuncia del procurador?, se le preguntó.
–El tema va más allá de si abandona o no el cargo. Tiene que ver con la voluntad política de quien esté en ese puesto, de que de verdad hacer investigaciones que valgan la pena. En Guerrero cambió el gobernador y no ha pasado mucho.
Por lo tanto, concluyó:
“No hay una verdad que esté plenamente y científicamente comprobada, que no tenga ninguna duda. Y si no hay verdad, no puede haber justicia ni reparación del daño”.
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Exigen ONG en Ginebra un relator especial para el caso Ayotzinapa

Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales de la SRE. Foto: AP
Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales de la SRE.
Foto: AP
MÉXICO, D.F. (apro).- Al término de dos jornadas de evaluación a México, organizaciones de derechos humanos pidieron hoy en Ginebra, Suiza, que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU designe a un relator especial para dar seguimiento al caso Ayotzinapa.
En rueda de prensa, representantes de ONG, padres de los 43 normalistas y de desaparecidos en los estados de Chihuahua y Coahuila señalaron que Ayotzinapa representa un desafío para el Estado mexicano, pero también es muestra de una problemática más amplia y estructural que se ha mantenido debido a la impunidad.
También cuestionaron fuertemente las razones del cierre hace un año de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), instancia encargada de la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la “guerra sucia”.
Este lunes y martes el Comité de ONU evaluó por primera vez el cumplimiento de México respecto de sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, por lo que el viernes 13 emitirá sus conclusiones al respecto.
Stephanie Brewer, integrante del Centro Miguel Agustín Pro que acompañó a una delegación de familiares de las víctimas, resaltó que las ONG han solicitado que haya “una estrategia de seguimiento por parte del comité”.
Es por ello que la designación de un relator “no tendría que ser un nombramiento muy formal”, pero sí servir para garantizar que se cumplan las recomendaciones, aclaró Brewer.
El examen de la ONU a México estuvo enmarcado por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, aunque el Comité abordó el tema de las desapariciones en nuestro país en general.
Cabe destacar que los integrantes del CED hicieron numerosas preguntas a México sobre la manera en que aborda y sanciona el problema de las desapariciones.
Sin embargo, una de las preguntas que quedó sin respuestas fue el número de víctimas de desapariciones forzadas que hay en México.
Es más, la delegación del gobierno mexicano admitió que carece de información específica, debido a que su base de datos es un instrumento que “todavía debe ser perfeccionado” y requiere de actualización.
“En el estado actual de nuestros registros no podemos decir que hay un registro exclusivo de desapariciones forzadas. No lo hay”, reconoció Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales de la SRE.
“Hay un registro que mezcla personas no localizadas y, eventualmente, personas desaparecidas forzadamente”, acotó. “Es algo que hay que corregir sin duda alguna”, concedió.
Vidulfo Rosales, asesor legal de los padres de familia de Ayotzinapa, sostuvo desde la Ciudad de México, durante la rueda de prensa en la que se hizo un enlace telefónico con Ginebra, que el Estado mexicano “se niega de manera reiterada a aceptar la desaparición forzada”.
Las autoridades mexicanas, acusó, están “diluyendo su responsabilidad”. Las desapariciones forzadas, agregó, son una “situación estructural”, debido a que se mantiene el “ciclo de impunidad”.
Hilda Legideño –madre de Jorge Tipaza, uno de los desaparecidos de Ayotzinapa–, quien viajó a Ginebra junto con Bernabé Abraham en representación de los padres de familia, dijo que tiene “la esperanza de que el Comité de Desapariciones Forzadas esté de observador a distancia”.
En la sesión del Comité de la ONU, el relator Luciano Hazan señaló que es necesario identificar modalidades para garantizar un futuro sin desapariciones forzadas en México y agradeció a las familias y a las ONG por la valiosa información proporcionada al CED.
El encuentro generó un interés sin precedente, destacó por su parte el relator Rainer Huhle en sus declaraciones de cierre, para luego exteriorizar su esperanza de que el interés en este “grave problema” en México persista.
En las sesiones, el gobierno de México reconoció la necesidad de superar retos en materia de desapariciones forzadas, pero aseguró que está trabajando en ese sentido.
Asimismo, anunció que para junio espera lograr la aprobación de una ley general de desaparición forzada con vigencia para todo el país.
En rueda de prensa al cierre de las sesiones, el embajador Gómez Robledo subrayó que “México se toma muy en serio estos ejercicios” de evaluación de la ONU. Para México, acotó, fue “una muy buena sesión en un contexto especialmente doloroso del acontecer nacional”.
También indicó que en unas dos semanas el comité enviará a México su informe de recomendaciones, “y evidentemente habrá luego que dar seguimiento y cumplimiento” a lo que emita el Comité de ONU.
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México SA: Ladrones investigadores

Ladrones investigadores
Corrupción institucional
EPN: vueltas a la noria
Carlos Fernández-Vega
Opinión
Periódico La Jornada 
 
¡Felicidades!, mexicanos crédulos, que tras sesudas investigaciones y consultas con su gabinetazo el inquilino de Los Pinos descubrió que la mejor fórmula para combatir la corrupción y los conflictos de interés en los altos mandos del sector público es la siguiente: que sean los propios altos mandos del sector público los que se autoinvestiguen, se autocalifiquen y, eventualmente, se autosancionen por los robos por ellos cometidos, es decir, que sea el mismo ladrón quien decida si lo es o no, algo que, por lo demás, 33 años atrás institucionalizó Miguel de la Madrid con la creación de la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación, hoy Secretaría de la Función Pública.
Y para poner en práctica su fórmula mágica, a Enrique Peña Nieto se le ocurrió otra brillante idea: designar al priísta y oscuro ex consejero electoral (ahora abiertamente al servicio de EPN) Virgilio Andrade Martínez como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (dependencia del Ejecutivo federal en proceso de desaparición, según la versión oficial), quien, para estrenar el cargo, será quien decida si el inquilino de Los Pinos y la señora de su casa (blanca) violaron o no la ley al presuntamente adquirir (con los ahorros de toda mi vida, según dicho de ella misma) la más famosa de las viviendas populares en Las Lomas de Chapultepec.
También será Virgilio Andrade quien determine si Luis Videgaray violó la ley y, en abierto conflicto de interés, presuntamente compró la casita de Malinalco al mecenas más querido del Grupo Atlacomulco, el mismísimo Juan Armando Hinojosa. Ello en el entendido de que el patrón inmediato del flamante titular de la Secretaría de la Función Pública no es otro que el propio secretario de Hacienda, es decir, el personaje que ahora Andrade investigará por conflicto de interés y presuntas violaciones a la ley.
Lo anterior, con base en el decreto presidencial (“se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expedido por Enrique Peña Nieto el 26 de diciembre de 2012), por medio del cual (artículo quinto transitorio) se establece que respecto de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (en vías de desaparición, pues sería sustituida por la Comisión Nacional Anticorrupción, que permanece en la congeladora del Legislativo por decisión gubernamental y priísta), será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que determine, en su caso, si las mismas corresponden a esta última dependencia o a las unidades de auditoría preventiva.
Según esta avanzada fórmula del inquilino de Los Pinos, Virgilio Andrade encabezará las pesquisas para decidir si su jefe inmediato, Luis Videgaray, es o no delincuente y, una vez resuelto el entuerto (por la negativa, desde luego) el ministro del año tranquilamente conservará su jacal en Malinalco. Acto seguido, ambos personajes investigarán a Enrique Peña Nieto por las mismas razones. Obvio es que llegarán a idéntica conclusión: no hay delito que perseguir, mucho menos conflicto de interés, por lo que la señora de su casa no tiene por qué deshacerse de ella, como tampoco su marido en el caso de Ixtapan de la Sal. Y colorín colorado, la corrupción se ha acabado.
Así, los funcionarios señalados por corrupción, violaciones a la ley, abuso de poder, tráfico de influencias y conflicto de interés serán los encargados de investigarse a sí mismos para saber sin son corruptos, violan la ley, abusan del poder, trafican con sus influencias y tienen conflictos de interés. No cabe duda que la de EPN es una gran idea que confirma, por si hubiera duda, que en Los Pinos siguen sin enterarse de que no se han enterado. Y, en medio de una profunda crisis de credibilidad, todavía se queja porque ya sé que no aplauden.
Ante las reiteradas acusaciones por conflicto de interés, el inquilino de Los Pinos aseguró que el Presidente no otorga contratos, no adjudica compras, ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios, y que no obstante estas aclaraciones, soy consciente de que los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que, en realidad, no ocurrió, ergo, no se comió nada, según él. Pero olvidó mencionar que todos aquellos funcionarios que sí los otorgan y los adjudican reciben órdenes precisas e incuestionables sobre cómo, cuándo, en qué condiciones y a quién. Y si no que reclame Juan Armando Hinojosa.
Peña Nieto también se quejó, al estilo calderonista, porque no ha mejorado la percepción sobre el creciente grado de corrupción que registra México. Pues bien, cómo estará el asunto que hasta los amigos del régimen, que no son otros que las cúpulas empresariales, estiman que esa percepción le cuesta anualmente al país entre 5 y 10 por ciento del producto interno bruto, de tal forma que el único que se niega a saber de qué tamaño es el tigre es el inquilino de Los Pinos.
En fin, con sus acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés el inquilino de Los Pinos no deja de dar vueltas a la noria, con la corrupción a galope, el Sistema Nacional Anticorrupción en el éter y reciclando productos nocivos para la salud pública, como el nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública, uno de los operadores del fraude de 2006 y de la des ciudadanización del Instituto Federal Electoral.
En el archivo de La Jornada, correspondiente a 2003, se documenta lo siguiente: “Virgilio Andrade Martínez… consejero electoral propuesto por el PRI… (con una trayectoria) al amparo de ese partido desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Trabajó en la Secretaría de Gobernación a las órdenes de Patrocinio González (1993) y de Emilio Chuayffet (1996). En ambos periodos formó parte de los equipos gubernamentales para la reforma electoral. Es hijo de Virgilio Andrade Palacios, miembro del equipo de abogados defensores del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, uno de los artífices del escándalo Pemexgate. Entre 1989 y 1990 fue asesor de Ana Paula Gerard, secretaria técnica del gabinete económico de Carlos Salinas de Gortari”.
Lo mejor del caso es que en una de sus primeras declaraciones Virgilio Andrade aclaró: la Secretaría de la Función Pública no es competente para investigar la compraventa de las casas (Malinalco, Ixtapan de la Sal y, desde luego, la blanca).
Las rebanadas del pastel
Y con eso el inquilino de Los Pinos pretende combatir decididamente a la corrupción y modificar la percepción ciudadana. No, po’ sí.
Twitter: @cafe-vega

Tres meses después, Peña pide que lo investiguen por “Casa Blanca”

PROCESO 


3 de febrero de 2015
Nacional
La 'casa blanca' de la pareja presidencial. Foto: Especial
La 'casa blanca' de la pareja presidencial.
Foto: Especial
MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto anunció hoy que instruyó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) el inicio de una investigación sobre los contratos obtenidos durante la actual administración por Grupo Higa, así como la forma en que adquirieron sus residencias la primera dama Angélica Rivera y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Tres meses después de haberse dado a conocer la información sobre la “Casa Blanca” de Rivera Hurtado, construida y financiada por el contratista gubernamental Juan Armando Hinojosa Cantú –propietario de Grupo Higa–, y semanas después de que se documentara una operación similar de Videgaray Caso, la medida fue anunciada por el mandatario en un mensaje a medios de comunicación pronunciado en la residencia oficial de Los Pinos.
A 26 meses de iniciada su administración, Peña Nieto también designó como primer titular de la SFP a Virgilio Andrade Martínez, a quien instruyó la mencionada indagatoria junto con otras siete “acciones ejecutivas” relacionadas con contrataciones, transparencia y nuevas reglas en lo tocante a los “conflictos de interés”.
En su mensaje, Peña Nieto informó de la celebración de un convenio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a fin de que acompañe la instrumentación de las mencionadas siete acciones, cuyo propósito será armonizar el marco reglamentario mexicano con prácticas internacionales.
La primera quincena de noviembre, Aristegui Noticias difundió una investigación –publicada de manera simultánea con Proceso— acerca de que la primera dama había adquirido una residencia en el exclusivo sector de Lomas de Chapultepec.
Días después se difundió que otra residencia cercana, también propiedad de Hinojosa Cantú, era rentada por el consejero jurídico Humberto Castillejos y había sido utilizada por Peña Nieto.
El escándalo surgió luego de que el empresario acumuló contratos por 35 mil millones de pesos durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, y en lo que va de la administración federal suma más de 25 mil mdp, sin que hasta el momento alguna instancia de auditoría hubiera abierto alguna indagatoria.
Durante su mensaje, el mandatario fue reiterativo en que, pese a la percepción, no existe “conflicto de intereses” en las operaciones particulares ni gubernamentales. También insistió en que, como presidente de la República, no suscribe contratos ni otorga adjudicaciones o participa en procesos licitatorios.
Como parte de la investigación anunciada, expuso que el nuevo titular de la SFP convocará a expertos externos en materia de transparencia para garantizar la confiabilidad del procedimiento.
“Resucitan” a la SFP
Con dos años de retraso, el presidente Peña Nieto finalmente designó al último integrante del gabinete legal, pues desde que arrancó su gobierno había postergado el nombramiento en la SFP.
Hasta el día de hoy, Julián Olivas había fungido como encargado del despacho de la dependencia que, por otra parte, quedó en el limbo jurídico y prácticamente se volvió inoperante, como documentó la revista Proceso en su edición 1975.
Desde noviembre de 2012, semanas antes de tomar posesión del cargo, Peña Nieto anunció la desaparición de la SFP a fin de crear una nueva instancia anticorrupción que, finalmente, no se ha concretado.
Aunque en su mensaje el titular del Ejecutivo mencionó la iniciativa de Ley Anticorrupción y se dijo esperanzado en que ésta se apruebe en el actual periodo de sesiones, a lo largo de los 26 meses que lleva en el cargo su gobierno cabildeó numerosas reformas y evitó precisamente aquélla.
Al iniciar el gobierno de Peña Nieto, Andrade Martínez fue designado titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, su cargo inmediato más reciente, luego de haber transitado por múltiples instancias gubernamentales; inclusive, fue consejero ciudadano del extinto IFE.
El vocero presidencial Eduardo Sánchez hizo un breve recuento del perfil profesional del nuevo secretario: nacido en 1967, egresado de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y con posgrado en Políticas Públicas por la Universidad de Columbia, en Nueva York.
Desde los años ochenta, Andrade se ha desempeñado en numerosos cargos en la administración pública, por ejemplo, en Pemex, Hacienda, Presidencia de la República y Congreso de la Unión, entre otros.
Durante su mensaje de hoy, Andrade Martínez se comprometió a actuar en favor de la transparencia y la rendición de cuentas.

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Enfermera que salvó vida a bebé, cuarto deceso por explosión en Cuajimalpa

La pipa de gas que explotó en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa. Foto: David Deolarte
La pipa de gas que explotó en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.
Foto: David Deolarte
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- La enfermera Mónica Orta Ramírez, quien salvó la vida a un bebé en Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, murió como consecuencia de sus lesiones.
Con su fallecimiento, suman cuatro muertos por la explosión de una pipa de gas ocurrida la semana pasada en dicho nosocomio.
Permanecen hospitalizadas 19 personas, nueve de ellas en estado grave. El resto, de acuerdo con el secretario de Salud del Distrito Federal, Armando Ahued, podría recibir alta médica en las próximas 48 horas.
Entre los lesionados graves se encuentra un bebé que sufrió fractura de cráneo con hemorragia.
El sábado pasado, el conductor de la pipa que explotó en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, Carlos Chávez Hernández, fue puesto a disposición de un juez como responsable de los delitos de homicidio culposo y lesiones.
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Dolo de autoridades en la línea 12: comisión legislativa; linchan a Ebrard: la oposición

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El ex jefe de Gobierno capitalino Marcelo Ebrard asegura que interpondrá hoy una queja ante la CNDH, porque no se respetaron sus derechos en la Cámara de DiputadosFoto José Antonio López
Enrique Méndez y Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de febrero de 2015, p. 11
La comisión especial para dar seguimiento a las investigaciones sobre la línea 12 del Metro, encabezada por el PRI, concluyó que del análisis del proceso de construcción se descubrieron elementos suficientes para presumir dolo de las autoridades encabezadas por el ex jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubon.
El presidente de ese grupo de trabajo, Marco Antonio Calzada (legislador del PRI por el estado de México), sostuvo en tribuna que es inconcebible se dejaran pasar irregularidades sin el conocimiento de Marcelo Ebrard, de Mario Delgado y de Enrique Horcasitas.
Tanto PT como Movimiento Ciudadano, Morena y PRD defendieron al ex jefe de Gobierno, al indicar que dichos señalamientos forman parte “de una venganza urdida en Los Pinos, porque se le acusa de filtrar el tema de la llamada Casa Blanca” de Las Lomas. En respuesta, priístas y legisladores del Partido Verde Ecologista consideraron los señalamientos de los cuatro partidos de izquierda como una nueva teoría del complot.
Para el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, el informe aprobado en la comisión especial y presentado ayer ante el pleno resume el daño a la población: están afectados 500 mil habitantes del Distrito Federal. Indicó que el texto se elaboró sustantivamente “con la información que nos dieron los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal; el objetivo es descubrir quién miente sobre su versión de por qué no funciona la línea 12… el gobierno federal no ha dictado línea del informe que se hizo en la Cámara de Diputados con la información de los funcionarios y empresarios que estuvieron presentes en las comparecencias”.
El coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, señaló que dicho documento –cuya autoría es de Marco Antonio Calzada– atropelló el procedimiento y la normativa del proceso legislativo, y exigió otorgar el derecho de audiencia a Ebrard.
Al concluir la ronda de posicionamientos, el propio diputado Calzada solicitó la palabra al presidente de la mesa directiva para informar que citará a reunión el viernes próximo al ex jefe de Gobierno para que exprese lo que a su interés convenga. Ese encuentro se contempla a las 17 horas de pasado mañana.
Ante tribuna, el priísta Marco Antonio Calzada, afirmó que la información sobre las irregularidades se cruzó con diversas autoridades, y aseguró que las recomendaciones se sustentan en documentos y testimonios. Hubo un desastre financiero en la línea 12, pues se otorgaron ventajas al consorcio constructor, lo que incrementó el costo al entregarse anticipos, argumentó.
Para Alberto Benavides, legislador del PT, con el informe persiste una clara intención de daño político. No pretendemos encubrir a nada ni a nadie, pero la comisión se extralimita en su objetivo. Sus conclusiones son superficiales y no ha citado a todos los actores involucrados. Queremos que investigue con seriedad.
Con una postura aún más crítica Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, dijo que a la investigación de la Cámara se le dio un trato partidista, y acusó que el informe fue redactado por “Aurelio Nuño desde Los Pinos. Todo lo que ha hecho la comisión especial es por consigna política. Es una venganza urdida en Los Pinos porque se le acusa a Ebrard de filtrar el tema de la Casa Blanca. Lo acusan de haber difundido la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto”.
Para el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, la Cámara de Diputados ha emprendido un linchamiento político en contra de Ebrard Casaubon.
En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por los integrantes de su bancada, señaló que la fracción del PRI en San Lázaro pasó por encima del derecho de audiencia de Ebrard Casaubon. Es una embestida, insistió, con tintes electorales, ya que la celeridad con la que ha actuado la comisión especial del caso en la Cámara de Diputados sólo se explica con que hay una instrucción desde Los Pinos.
Por separado, la senadora panista Mariana Gómez del Campo comentó que la forma en que actuó el diputado del PRI que preside esa comisión legislativa –Marco Antonio Calzada– parece una revancha político-electoral.
En tanto, el senador Mario Delgado adelantó que no se escudará en el fuero constitucional y va a dar la cara en torno al caso de la línea 12, ya que no cometió ninguna irregularidad, pues su responsabilidad como secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal fue conseguir el financiamiento, los 2 millones de dólares que costó esa obra, y no se encargó de la compra de trenes ni de ningún aspecto técnico.
(Con información de Andrea Becerril y Víctor Ballinas)

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Ebrard: no respetaron mis derechos

Enrique Méndez y Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de febrero de 2015, p. 11
Al conocer los resultados del informe de la Cámara de Diputados sobre la línea 12 del Metro, en el que se presume dolo de la pasada administración del Gobierno del Distrito Federal, el ex jefe de Gobierno Marcelo Ebrard –quien permaneció durante más de cuatro horas en la oficina de la diputada Malu Mícher en San Lázaro– expuso ante los medios de comunicación que su derecho a audiencia no fue respetado.
“El día de hoy aquí estuve para escuchar todo lo que se dice; había yo pedido que se me diera uso de la palabra antes de que me acusen o se manejen graves calumnias en mi contra, y pues no se quiso hacer, no se me quiso dar derecho de audiencia, ni el domingo ni hoy.
Nos estamos enterando que el PRI decidió de manera unilateral, porque tampoco hubo reunión de la mesa directiva, de que el viernes asista por la tarde; pero en caso de que se confirme esta decisión, me parece que hay una intención y una instrucción política; incluso se manda una diputada (María Gutiérrez Manrique) que hace muy poco fue muy cercana colaboradora del actual secretario de Gobernación, a responder e incluso a acusarme, señaló.
–¿Vendrá el viernes?
–Pues voy a ver si me llega un citatorio por parte de la comisión, porque lo acaba de anunciar el PRI de manera unilateral en tribuna, y no sé si la mesa directiva o la comisión lo hayan aprobado, pero ese no es el tema, sino que no me dieron audiencia; ese es un objetivo político.
El ex funcionario colocó en su cuenta de Twitter que acudirá este miércoles a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a interponer una queja para protección de derechos, frente a la campaña orquestada por el PRI.
En un segundo mensaje, Ebrard reprochó al coordinador de la bancada del PRI: dice (Manlio Fabio) Beltrones que no hay línea de Los Pinos contra mí, ¿será por eso que primero saca el informe de infamias y luego me cita? 

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Aguerrida lideresa panista de Puebla será candidata a diputada… por el PRI

Ana Teresa Aranda, líder del PAN en Puebla. Foto: Miguel Dimayuga
Ana Teresa Aranda, líder del PAN en Puebla.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- La más aguerrida lideresa del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla contra el autoritarismo priista, Ana Teresa Aranda, será ahora candidata a diputada federal, pero del PRI.
La decisión de Aranda, quien en los hechos dejará de militar en el PAN –del que fue diputada federal, senadora, candidata al gobierno estatal y secretaria de Desarrollo Social–, obedece a su enfrentamiento permanente con el gobernador Rafael Moreno Valle, de quien asegura es peor que Manuel Bartlett y Mario Marín.
En un caso semejante al del también expanista José Ángel Córdova Villalobos, exsecretario de Salud y Educación con Felipe Calderón, quien ya es candidato a alcalde de León, Guanajuato, Aranda será primero aspirante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y luego lo será del PRI.
Tras días de especulaciones, este mediodía se materializó la candidatura a diputada federal de Aranda con el anuncio que hizo Juan Pablo Natale, presidente estatal del Partido Verde en Puebla.
“Me confirman de mi dirigencia nacional que Ana Teresa Aranda será la candidata a diputada federal por el distrito XI”, escribió en su cuenta de Twitter el diputado federal hacia el mediodía.
La exfuncionaria calificó la información como “un rumor”, sin embargo, columnistas locales señalaron que la panista se reuniría este mismo martes con el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz.
En breve entrevista telefónica con medios locales, Aranda Orozco, consejera nacional del PAN, a quien se le identifica con el grupo de derecha denominado El Yunque, rechazó que dicho encuentro se hubiera realizado.
Lo que sí hizo Aranda fue retuitear el anuncio de Natale, quien sostuvo un diálogo con el senador Javier Lozano, quien no dio crédito a la versión.
“No lo creo, paisano. Anatere es de principios y una panista de pedigrí que jamás nos traicionaría”, le dijo el expriista al legislador verde, quien le respondió: “Podemos tener principios y pedigrí cambiándonos de partido. ¿O se pierden cuando pasa eso?”.
En entrevista, Natale insistió en la designación de la extitular de Sedesol y subrayó que para su partido y el PRI es “una buena señal” que una persona con una ideología tan diferente acepte postularse para la diputación federal.
“Cuando alguien tan diferente a tu ideología jala contigo, quiere decir que vas mucho mejor que antes como partido
político, que estás cumpliendo los compromisos que haces y, por consecuencia, gente hasta del Partido Acción Nacional se fija en tu opción como partido político. Es buena señal para el Partido Verde y para el PRI”, dijo.
Aranda, quien nació en Guanajuato y desarrolló toda su carrera política en Puebla, enfrentará en la elección a Angélica Ramírez Luna, hija de unos de los jefes de la organización de El Yunque, de la facción que se alió a Moreno Valle, y es cuñada del magistrado Roberto Grajales Espina, allegado también al gobernador.
Vetada para ocupar posiciones por Moreno Valle, quien controla el PAN estatal, como lo ha declarado en varias ocasiones al semanario Proceso, Aranda se juega todo su capital político en la elección y se prevé que el centro de su campaña sea el propio gobernador expriista, a quien define como un “megalómano”.
Desde 2012, tras dos años de gobierno, Aranda advirtió que Moreno Valle sólo usó al PAN “como franquicia” y que los panistas se darían cuenta en la elección de 2012, cuando Josefina Vázquez Mota no recibió su apoyo, pero eso no sucedió, declaró a Proceso en septiembre de ese año.
“Pensé que después de la elección el PAN iba a abrir los ojos y terminar la luna de miel con Moreno Valle, porque no se camina seguro con él, pero veo que se regresa a la negociación con ese señor que impone sus exigencias. Es como el Síndrome de Estocolmo”, lamenta Aranda, quien presidió el PAN cuando Bartlett gobernó Puebla.
Aranda aseguró, en entrevista, que en Puebla hay miedo y ella misma ha sido amenazada de muerte, es vigilada siempre y uno de sus mejores amigos, el exalcalde Pedro Barojas, fue detenido violentamente cuando iba con ella en un vehículo a la sesión del Consejo Estatal del PAN, en octubre de 2011.
“Esa persecución le ha servido para mandar una enseñanza: a cualquiera que se quiera sublevar le va a pasar lo que a Pedro, que está en el bote, sea culpable o no. Bartlett se queda pequeño junto a Moreno Valle.”
–¿A ese nivel?
–Sí, de plano. Nada más comparemos los medios. En los tiempos de Bartlett podías ir a los medios, hablabas en la televisión y la radio, le pegabas al gobernador y ni modo. Ahora, salvo tres o cuatro excepciones, los medios mueren de miedo. ¡Es increíble la sumisión!
La última aparición de Aranda Orozco se dio el 5 de noviembre, día en el que el regidor del ayuntamiento de Puebla, Juan Carlos Espina von Roehrich, demandó al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN rechazar la afiliación masiva de 22 mil ciudadanos.
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Maduro busca reunión con Peña Nieto, ante la caída de los precios del petróleo

Carolina Gómez Mena
 
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de febrero de 2015, p. 19
El embajador de Venezuela en México, Hugo José García Hernández, aseguró que, ante el desplome de los precios internacionales del petróleo y el interés por fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, existe interés en que los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Venezuela, Nicolás Maduro, realicen visitas oficiales.
En conferencia de prensa con motivo del 16 aniversario de la revolución bolivariana y del Día de la Dignidad Nacional, afirmó que desde el comienzo del gobierno de Peña Nieto ha habido una apertura de relaciones de México con Venezuela, a diferencia de lo ocurrido en las dos administraciones anteriores, en las cuales los vínculos fueron nefastos.
Expresó que es aspiración de la representación diplomática venezolana en México que ambos mandatarios puedan hacer un intercambio de visitas. Agregó que en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada la semana pasada, hubo una solicitud de Venezuela para un encuentro.
El presidente Nicolás Maduro estaba muy interesado en hablar con Peña Nieto, dada la coyuntura de la caída de los precios del petróleo. Estando en Medio Oriente se habían hecho contactos para una posible visita de Maduro a México para tratar ese asunto, entre otros. De igual forma, la mejora de las relaciones. Se hizo una solicitud formal para una conferencia bilateral entre los dos gobernantes en la Celac, pero lamentablemente cada presidente tiene sus agendas. Peña Nieto no asistió a la cumbre, y no se pudo dar. No obstante, en la reunión, los dos cancilleres, José Antonio Meade (México) y Delcy Rodríguez Gómez (Venezuela), tuvieron un encuentro bilateral, y esta misión diplomática está haciendo el esfuerzo por que en el momento más oportuno el presidente Maduro pueda visitar México y Peña Nieto retribuya esa cortesía. Pero no se está preparando, no se ha determinado la fecha. La aspiración es que haya un intercambio de visitas, puede ser este año.
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Hugo José García Hernández, embajador venezolano, durante la entrevista con este diarioFoto Jesús Villaseca
Tras señalar que las relaciones entre México y Venezuela han mejorado este sexenio, García Hernández aseguró que hasta ahora no hay una invitación formal a Peña Nieto para ir a Venezuela, pero resaltó que los cancilleres de ambos países han dejado abiertas las posibilidades de intercambiar visitas.
Sobre el combate al narcotráfico, aseguró que la lucha contra las drogas debe ser en todos los sentidos. Añadió que Venezuela seguirá inmovilizando aeronaves que crucen su espacio aéreo cargando droga o dinero del narcotráfico.
En 2014 su país inmovilizó 14 aeronaves del narco provenientes de Estados Unidos, Centroamérica y México.
Añadió: México tiene medidas excelentes, es difícil el lavado de capitales provenientes de esa actividad ilícita.
Sobre la caída de los precios internacionales del petróleo y los efectos que produce en las finanzas de los países exportadores, como Venezuela y México, dijo que el presidente Nicolás Maduro podría hacer cambios presupuestales, pero no va a haber disminución en el gasto social. A toda costa vamos a mantenerlo.

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