jueves, 5 de febrero de 2015

La Revolución de las Canas 2015-02-05

Constituyente Ciudadano Popular

La reforma energética excluyó las energías renovables

CONTRALÍNEA
1. febrero, 2015   
 

Atareados en dar celeridad a la aprobación de la reforma energética y sus leyes secundarias, los diputados y senadores olvidaron poner en la mesa de las discusiones y análisis el tema de las energías renovables, sobre el cual nuestro país ha firmado acuerdos internacionales tendientes a aminorar los efectos del cambio climático por el creciente uso de hidrocarburos.
El asunto, que forma parte de la agenda global acordada por naciones del primer mundo y países pobres fue soslayado por los integrantes del Congreso de la Unión, pese a que desde hace años el gobierno mexicano ha pretendido llevar a cabo políticas encaminadas a alentar fuentes alternas de energías limpias que incluyen programas piloto para fabricar biodiesel y bioturbosina, en sustitución, a futuro, de las energías fósiles.
Apenas en diciembre pasado, en San Lázaro, legisladoras del Partido Acción Nacional y del Partido Verde Ecologista de México subieron a la tribuna propuestas tendientes a operar cambios en el marco jurídico de las leyes secundarias para garantizar el impulso de las energías renovables, ausentes en los debates de la reforma energética.
Una de esas iniciativas establece la creación de la Ley de Transición Energética, que reglamentaría el Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el transitorio 17 del Decreto de Reforma Energética, que mandatan velar por la sustentabilidad, las energías limpias y el control de emisiones contaminantes en actividades industriales y de otras ramas económicas. La nueva ley implicaría la derogación de dos leyes: la de Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y la de Aprovechamiento Sustentable de Energía. Luego del descuido de los legisladores ahora se dan cuenta que en el marco de la reforma energética se quedan cortas y dictan de manera tímida y abstracta medidas a favor del medio ambiente. Es decir, lo mismo que advirtieron expertos en la materia hace más de 1 año cuando los integrantes del Congreso decidieron hacer oídos sordos a sus recomendaciones.
A toro pasado, quienes aprobaron fast track la reforma y sus leyes secundarias buscan ahora cubrir las deficiencias en un área establecida como prioritaria desde el anuncio del Pacto por México y de la que existen abundantes antecedentes, investigaciones y estudios por parte de diversas comisiones intersecretariales, entre cuyos planes, como los establecidos en la Ley de Cambio Climático, se fijaron metas para que en 2030 el 35 por ciento de la energía eléctrica que se consuma en el país proceda de fuentes naturales como la tierra, el sol o el viento. Sobre este ordenamiento, la secretaria técnica de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado, Jatziri Pando Medina, también corrigió la plana al señalar la ineludible necesidad de dar seguimiento a esta ley para verificar que se aplique y respete por todas las instancias de gobierno, de tal forma que “no sólo quede en la aprobación de la ley, sino se cumplan los objetivos y metas contempladas”.
Sin rubor alguno, los legisladores buscan ahora que la reforma “esté completita, sea de largo plazo y permita aprovechar el potencial de estas alternativas”, poniendo en evidencia que no sólo la aprobaron a la ligera, sino que además pasaron por alto la diversificación del sector energético a través del reforzamiento y cabal cumplimiento de los proyectos en materia de energía renovable, como los que ya venían funcionando con la puesta en marcha de mecanismos como el Fondo Sectorial de Sustentabilidad Energética, en el que participan además de la Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, asociaciones público-privadas que han contribuido a la creación de los tres Centros Mexicanos de Innovación de Energía Renovable.
Ahora, en las ambiciosas correcciones se plantea que mediante la Ley de Transición Energética se establezcan metas concretas en la aplicación de energías renovables, como la instalación de 500 mil techos solares en hogares y pequeños negocios, para 2024, solventados por la ciudadanía a través de estímulos fiscales de bajo costo al erario. En los foros de discusión de la reforma no fueron pocas las voces de expertos que pidieron analizar la energía solar como alternativa real para dotar de electricidad a cientos de comunidades en las zonas más aisladas del país. Nadie en el Congreso los quiso escuchar y ahora los legisladores no sólo desempolvan sus consejos, sino que además buscan involucrar en la promoción de las energías renovables a los gobiernos estatales y municipales, a los cuales tampoco se les tomó parecer a la hora de aprobar las leyes secundarias.
La omisión legislativa sobre el aprovechamiento de energías renovables en el nuevo marco jurídico fue de tal magnitud que pasó por alto lo contenido y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2014, cuando el gobierno federal dio a conocer el Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energías Renovables donde refería los trabajos que debería desempeñar para su buen funcionamiento el Consejo Consultivo, mismo que aseguraría la participación del sector privado, social, académico y la representación de miembros de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El ambicioso proyecto oficial que fue borrado de la discusión de la reforma en el Congreso de la Unión involucraba a dependencias como las secretarías de Energía; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Salud; de Economía; de Hacienda y Crédito Público; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y la Comisión Federal de Electricidad, y a los representantes de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, Asociación Nacional de Energía Solar, a la Iniciativa Mexicana de Energías Renovables, el Consejo Mundial de Energía-Capítulo México, la Red Mexicana de Bioenergía y de igual forma al Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Un espectro muy amplio de participantes que sencillamente fue ignorado en la aprobación de la trascendental reforma.
No es aventurado suponer, por ello, que los representantes populares ni siquiera revisaron el Inventario Nacional de Energías Renovables, divulgado en 2013 por la propia Secretaría de Energía y que contiene todo el sistema de información geográfica para conocer el Atlas de los recursos renovables que pueden ser aprovechados en México.
Ahora, en la pasarela legislativa de las enmiendas es válido cuestionar a los diputados y senadores por no haber dejado en claro, en el marco de la aprobación de la reforma energética, el tema de las energías renovables. Una más de sus marcadas irresponsabilidades contra el país.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas 

Padres de normalistas respaldan a pobladores de Petaquillas

Familiares de los normalistas desaparecidos marchan en Petaquillas, Guerrero. Foto: Miguel Dimayuga
Familiares de los normalistas desaparecidos marchan en Petaquillas, Guerrero.
Foto: Miguel Dimayuga
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Padres de normalistas desaparecidos y estudiantes de Ayotzinapa expresaron su respaldo a los pobladores de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, quienes tomaron la decisión de confrontar directamente a la delincuencia ante la indolencia gubernamental.
Familiares y normalistas visitaron esta tarde el poblado donde desde hace cinco días la policía comunitaria del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo de Guerrero (Fusdeg) asumió el control de la seguridad y desmanteló una célula criminal.
Después de marchar por las principales calles de la comunidad ubicada a 10 kilómetros de la capital de la entidad, los inconformes realizaron un mitin en la plaza principal, donde los dirigentes del movimiento de Petaquillas expresaron su apoyo a los padres que siguen exigiendo justicia y la presentación de sus hijos.
El hecho se registró luego de que el comisario municipal Arquímides Vargas Encarnación acudió junto a un grupo de representantes del poblado a la sede del Ejecutivo estatal para entregar un documento firmado por autoridades comunitarias de Petaquillas y las comunidades que conforman el valle de El Ocotito, donde demandan el retiro del Ejército y corporaciones policiacas de esta franja del municipio de Chilpancingo y los municipios de Acapulco y Juan R. Escudero.
Lo anterior, debido a que los habitantes de estos poblados que se encuentran asentados sobre la carretera federal México-Acapulco decidieron conformar grupos de policías comunitarios ante la presunta complicidad de militares y autoridades con el narco.
También exigieron que se garantice el libre tránsito de los guardias comunitarios y la entrega de recursos etiquetados para el rubro de seguridad pública, debido a que los civiles armados están haciendo el trabajo que corresponde al gobierno.
El documento fue recibido por el subsecretario para Asuntos Políticos del gobierno estatal, Saúl Barrios Sagal, durante una reunión privada donde el funcionario estatal planteó la necesidad de entablar un diálogo para destrabar el conflicto generado desde el sábado pasado.
No obstante, Barrios Sagal rechazó la propuesta de acudir al poblado de Petaquillas y sugirió que las reuniones se realicen en un “lugar neutral”.
En respuesta, el comisario municipal de Petaquillas insistió en señalar que las autoridades estatales deben acudir a este poblado para escuchar directamente los testimonios de los ciudadanos que, cansados de la narcoviolencia y la presunta complicidad del Ejército y las corporaciones policiacas, decidieron enfrentar directamente a la delincuencia.
El encuentro terminó sin acuerdos para establecer un diálogo entre los pobladores de Petaquillas y el gobierno estatal, que no ha emitido una postura oficial a cinco días de que la policía comunitaria tomó el control de la seguridad en esta franja colindante con la capital de la entidad.
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Gasoducto Morelos: acusan a CFE y empresas de intimidar a comunidades

La construcción del gasoducto Morelos en Puebla. Foto: Víctor Hugo Rojas
La construcción del gasoducto Morelos en Puebla.
Foto: Víctor Hugo Rojas
PUEBLA, Pue. (apro).- Habitantes de la región de volcán Popocatépetl de Puebla y Tlaxcala son amenazados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las empresas españolas para otorgar los permisos para el paso del Gasoducto Morelos, denunciaron organizaciones defensoras de derechos humanos.
Los habitantes son advertidos de que si no conceden los permisos, serán el Ejército y la Policía Federal quienes impondrán la obra.
Así declararon representantes del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos “Joel Arriaga” y el Centro de Derechos Humanos “Fray Julián Garcés”.
Por ello, adelantaron que este jueves acudirán a la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para pedir medidas cautelares hacia las poblaciones afectadas.
Jimena Ugarte, del Centro Fray Julián Garcés, dijo que esperan que la denuncia ante la CNDH avance, luego de que con estudios de la UNAM y del Centro Universitario de Prevención de Desastres Regionales (Cupreder), está acreditado el peligro que representa el gasoducto para la vida y las formas de producción de los pueblos por donde atravesaría.
Además, denunció que las autoridades federales, estatales y municipales violan la libre determinación de los pueblos que en asambleas han decidido negar las servidumbres de paso para la instalación del gasoducto.
La activista aseguró que personal de la CFE y de empresas privadas contratadas por las constructoras españolas llegan a las casas con una carta de anuencia en las que recurren a una serie de mentiras para tratar de convencer a los afectados.
Entre los engaños dicen a los comuneros que la servidumbre de paso ocupará sólo 10 metros, no les afectará en nada y podrán usar sus terrenos como hasta ahora.
“Esto es totalmente falso porque con el gasoducto va a ser zona federal y de peligro y no van a poder hacer ninguna actividad de las que hacen ahora”, explicó.
Cuando los pobladores se han negado a firmar, continuó, les dicen “bueno este es un proyecto estratégico nacional y si tú no quieres firmar, vamos a venir con el Ejército, con la policía federal y de todas maneras vamos a tomar tu territorio y no te vamos a pagar nada”.
Ugarte agregó que esa tónica se ha aplicado en comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala para presionar a los pobladores y consideren el gasoducto –que abarca alrededor de 160 kilómetros–, como un hecho inminente.
Fernando Cuéllar, del Centro Joel Arriaga, aseguró que la CFE ha llegado a las comunidades para ofrecer proyectos de obra como arreglos de calles, canchas, alumbrado y la entrega de beneficios como ambulancias, con tal de que desistan de su postura contra la obra federal que es parte del Proyecto Integral Morelos.
La ilegalidad a la que han recurrido las autoridades para imponer esta obra, dijo, llega al grado de que en la actualidad se desconoce el trazo final, pues ha sido cambiado de manera arbitraria según encuentran la negativa de los permisos.
“El trazo del gasoducto es incierto, lo han cambiado mil veces y además dicen que tienen un kilómetro de chance para cambiarlo. ¿En qué ley está eso? ¿Dónde están los permisos para cambiar el trazo? No se puede cambiar arbitrariamente el trazo de una obra así”, reclamó Cuéllar.
La CFE y las empresas constructoras también han cometido delitos, aseguró, porque ingresan sin con maquinaria a los terrenos sin permiso y aún con la suspensión provisional por amparos federales que existe. Peor áun, cuando los pobladores piden apoyo de la policía para detenerlos, los uniformados se niegan a actuar.
El activista recordó que existe una denuncia ante la PGR por la violación a la suspensión provisional cometida el pasado 3 de junio, cuando máquinas de la empresa italiana Bonatti entraron a terrenos y dañaron cultivos.
“Quien está violando el Estado de Derecho es la autoridad de los tres niveles de gobierno”, detalló. Pese a ello, añadió, ocho personas están en prisión por participar en las protestas.
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La SFP ya no existe; es necesario regularizarla: Marván Laborde

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María Marván Laborde, en imagen captada el pasado 9 de diciembreFoto Luis Humberto González
Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Jueves 5 de febrero de 2015, p. 3
La decisión presidencial de encomendar al nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, la investigación sobre el posible conflicto de intereses en la adquisición de casas –de Enrique Peña Nieto, su esposa y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray– enfrenta de entrada un problema legal: en la Ley de Administración Pública Federal esa secretaría ya no existe como parte del Ejecutivo Federal, señala María Marván Laborde, ex presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).
‘‘Supongo (que la medida anunciada el pasado martes en Los Pinos) se ampara en un transitorio que nunca terminó de transitar en la reforma’’, apunta.
En entrevista, Marván Laborde sostuvo que es necesario regularizar la existencia de la SFP para conferirle plena validez legal, pues sería lamentable que no pudiera actuar. Sin embargo, destacó la importancia de revivir esa dependencia, si bien será necesario, como proponen algunos especialistas, acompañarla con el fortalecimiento de sus facultades, dotar de autonomía operativa a la ampliación del papel de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), crear la fiscalía y el sistema nacional anticorrupción.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente ya no considera a la Secretaría de la Función Pública como parte de las dependencias del Ejecutivo Federal, producto de la reforma de Peña Nieto en los albores del gobierno para crear la instancia anticorrupción. Sólo en los transitrorios se establece:
‘‘Por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la SFP, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica.’’
Al referirse a las expectativas reales de esclarecer el posible conflicto de intereses en el vínculo entre Peña Nieto y el Grupo Higa, relacionado con las casas y los contratos que le fueron otorgados a él, a su esposa Angélica Rivera y al titular de Hacienda, Marván advirtió que existen dos problemas que inhiben el alcance de la SFP: el evidente conflicto de intereses del secretario (Virgilio Andrade), que deberá investigar a quien lo designó, y el débil marco legal que existe en torno al conflicto de intereses.
El marco legal se reduce a dos líneas en la Constitución, ‘‘no más de 30 palabras’’. Por eso, aunque se anuncie que las investigaciones serán validadas por expertos internacionales (de la OCDE), el problema persiste por el débil marco legal.
Para la ex presidenta del Ifai, si realmente hay voluntad de enfrentar la corrupción las acciones anunciadas deberían ser el detonante de un proceso legislativo que corrija las insuficiencias. Esto implicaría que la instrucción a sus subalternos de reportar el posible conflicto de intereses no fuera un acto de voluntad, sino una obligación legal.
En otro orden, en relación con la respuesta que dio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) al Ifai en torno a la suspensión indefinida de la licitación del tren rápido México-Querétaro, Marván sostuvo que, con independencia de que la instrucción presidencial haya sido verbal y por tanto no se podía entregar la documentación, ‘‘el área jurídica debió trasladarla a un documento que acreditara esa cancelación, entre otras cosas para notificar a las empresas involucradas’’.
La SCT está obligada a entregar la documentación pública que acredite dicha decisión, porque ‘‘no se está cancelando una licitación de 15 pesos, sino de miles de millones’’, concluyó.
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#YaSéQueNoApaluden ahonda crisis de credibilidad de Peña: The Guardian

PROCESO 


4 de febrero de 2015
Destacado
El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. Foto: Benjamin Flores
El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La expresión “Ya sé que no aplauden” lanzada ayer por el presidente Enrique Peña Nieto al término del anuncio de sus medidas anticorrupción “ahonda en la crisis de credibilidad” que enfrenta el exgobernador del Estado de México, consideró el diario The Guardian.
La publicación británica armó una colección de memes –imágenes burlonas subidas a las redes sociales– que se generaron durante el martes y hoy a partir de que aquella frase se convirtiera inmediatamente en el hashtag #YaSeQueNoAplauden.
“La reacción se hace eco a la frase del Procurador Jesús Murillo Karam, su ‘Ya me canse’ utilizado para acortar una conferencia de prensa de noviembre sobre la investigación del gobierno en el caso de los 43 estudiantes desaparecido por la policía en septiembre”, agrega el diario. #YaMeCanse no sólo fue un exitoso trending topic, sino que se convirtió en un lema común en las pancartas de las manifestaciones masivas que exigen que el gobierno haga más por encontrar a los estudiantes.
The Guardian agrega:
“La aparición de #YaSeQueNoAplauden ha aprovechado de manera similar la sensación generalizada de que el gobierno de Peña Nieto no está tomando en serio la crisis de credibilidad que enfrenta”.
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Sin acceso a la banca, más de la mitad de mexicanos

Víctor Cardoso
Periódico La Jornada
Jueves 5 de febrero de 2015, p. 26
Pese al número de instituciones financieras que operan en el país, poco menos de la mitad de la población tiene acceso a sus servicios, tales como un crédito formal, un seguro o instrumentos formales de ahorro, reconoció el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
Al dar posesión a Alejandra del Moral como nueva directora general del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), el funcionario manifestó que es decisión del gobierno federal convertir a esa institución en el mayor instrumento de inclusión financiera, partiendo de la base de que es por su intermediación como se distribuyen los recursos económicos del programa Prospera.
Si queremos un país incluyente en el que se democraticen las oportunidades y la productividad, tenemos que democratizar el acceso a los servicios financieros y en ese sentido se trata, dijo, de que cada vez un mayor número de personas tengan acceso a un seguro, a un crédito, o a instrumentos formales de ahorro.
Afirmó que Bansefi es el banco social de México porque es mediante esa institución como se distribuyen los recursos del programa Prospera, además de que 80 por ciento de sus clientes son mujeres y tiene posibilidades de llegar donde no ha llegado la banca comercial.
La inclusión financiera, explicó Videgaray Caso, aunque parece un término técnico, es en realidad un proceso social; significa generar oportunidades, modificar oportunidades para que las personas con menores recursos puedan construir un patrimonio, una empresa que genere empleos.
Ex alcaldesa de Cuautitlán Izcalli
Paulina Alejandra del Moral Vela, quien por designación del presidente Enrique Peña Nieto es la nueva directora de Bansefi, sustituye en el cargo a Jorge Estefan Chidiac. Hasta hace poco era diputada federal por el distrito 7 del estado de México, que corresponde a Cuautitlán Izcalli, durante la actual LXII Legislatura y donde también fue presidenta municipal.
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Se redujo la cifra de accidentes y muertes relacionadas con el trabajo en el país: STPS

Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 5 de febrero de 2015, p. 17
En México se han reducido 11 por ciento los accidentes laborales y 35 por ciento los fallecimiento relacionados con la actividad productiva, afirma el subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo (STPS), Ignacio Rubí Salazar.
El funcionario clausuró ayer los Foros de Difusión y Consulta en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, acto en el que el director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, Thomas Wissing, indicó que a escala mundial los accidentes laborales representan un problema importante, con consecuencias económicas, sociales y familiares para empleados y empresas.
Asimismo, destacó que en todo el mundo urgen medidas para frenar esta problemática, tanto a nivel de legislaciones como de acciones concretas de empresas y trabajadores; sostuvo que en el caso de México es adecuado el camino que el gobierno federal ha empezado con miras a lograr cero accidentes en las empresas.
A su vez, Rubí Salazar indicó que precisamente los foros referidos tienen como finalidad promover entre los sectores privado, social, laboral y académico del país las medidas definidas en el nuevo Reglamento Federal de Seguridad y Salud para prevenir accidentes y enfermedades en los centros de trabajo.
Indicó que la STPS promueve más la prevención de accidentes en los centros laborales que el enfoque punitivo de la ley, ya que busca reducir al mínimo la siniestralidad y que se logre garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, con el propósito de elevar la productividad del país, en lugar de aplicar multas y sanciones a las compañías.
Explicó que dichos foros se realizaron en diversos estados, como Tabasco, Sonora, Jalisco y Nuevo León, donde se difundieron los lineamientos del nuevo reglamento, “el cual señala la obligación de los patrones de contar con un programa de seguridad y salud en sus empresas, así como con manuales que orienten la realización de las actividades laborales bajo condiciones seguras y de emergencia, además de constituir una comisión de seguridad e higiene, informar a los trabajadores sobre los riesgos de su actividad, dar capacitación sobre emergencias y proporcionar equipo necesario de protección personal.
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Pierde amparo Televisa; deberá pagar multa por 53.8 mdp

PROCESO 


4 de febrero de 2015
Destacado
Las instalaciones de Televisa Chapultepec. Foto: Alejandro Saldívar
Las instalaciones de Televisa Chapultepec.
Foto: Alejandro Saldívar
MÉXICO, D.F. (apro).- Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en materia de telecomunicaciones ratificaron la multa impuesta por la extinta Comisión Federal de Competencia (CFC) por 53.8 millones de pesos contra Grupo Televisa por haber incumplido una de las condiciones que el organismo antimonopolio le impuso en la adquisición de 49% de Cablemás, empresa de televisión por cable que la compañía de Emilio Azcárraga Jean adquirió en 2007.
La multa de 53.8 millones de pesos fue impuesta por la CFC en enero de 2013 debido a que Televisa realizó cruce de directivos entre Cablemás y la empresa Total Play, perteneciente a Grupo Iusacell, en ese entonces compañía en la que participaba al 50% con Grupo Salinas.
Televisa se amparó frente a la resolución de la CFC al argumentar que ese organismo no determinó cómo el nombramiento de dos directivos en Total Play dañó al mercado de televisión restringida, e incluso negó ser reincidente.
Sin embargo, dos de los tres magistrados desecharon la argumentación de Televisa al señalar que, en el incumplimiento de una condición antimonopolio, el organismo no requiere realizar estudio sobre impacto de daño al mercado.
También relacionaron esta multa con otra del mismo monto contra Televisa por incumplir con las condiciones que le impuso la CFC para autorizar la adquisición de TVI, mejor conocido como Cablevisión Monterrey.
Tanto la compra de TVI como la de Cablemás marcaron el inicio del proceso de concentración de Televisa en el mercado de la televisión por cable, que ahora domina en más de 60% con las recientes adquisiciones de Cablecom y Telecable, en 2014 y 2015, respectivamente.
En su momento, la CFC condicionó la compra de TVI y de Cablemás a la prohibición de que Televisa contara con algún directivo dentro de un consejo de administración de una firma competidora en el sector de las telecomunicaciones.
Esta condición se incumplió cuando Televisa incursionó de manera anticipada en la estructura directiva de Grupo Iusacell, desde 2011, antes de avisarle a la CFC su intención de adquirir 50% de esta compañía de telefonía móvil.

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El bufete jurídico de la UAM cumple 34 años de brindar asesorías gratuitas

César Arellano García
Periódico La Jornada
Jueves 5 de febrero de 2015, p. 12
El bufete jurídico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) cumplió 34 años de brindar asesoría jurídica gratuita. José Guadalupe Zúñiga, profesor-investigador del Departamento de Derecho y coordinador de dicho bufete de la unidad Azcapotzalco, señaló que el despacho ha adquirido un prestigio entre la comunidad en general y en el contexto de las organizaciones e instituciones que tienen que ver con la administración y procuración de justicia.
Dijo que al despacho acuden todo el año numerosas personas por su cuenta o que son canalizadas por organizaciones y comisiones de derechos humanos, gubernamentales y no gubernamentales. Recibimos también a gente que es enviada por las defensorías de oficio, tanto del orden federal como regionales, así como del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), entre otros.
En 2014 el buró jurídico proporcionó un total de mil 119 consultorías jurídicas, de las cuales 463 correspondieron a lo familiar (pensiones alimenticias, guardia y custodia, divorcios, juicios de interdicción, etcétera); 415 en materia de la propiedad (arrendamientos inmobiliarios, desalojo de inquilinos, contratos de compra-venta e hipotecas, entre otros); 134 en lo penal (gente que es acusada de manera injusta, sea de lesiones, robo u homicidio) y 107 asesorías en lo laboral (despidos injustificados y jubilaciones, entre otros).
Además el año pasado tramitó un total de 68 juicios, de los cuales 80 por ciento resultó favorable para las personas solicitantes.
El despacho jurídico brinda asesoría de manera gratuita al público en general y especialmente a las personas de menores recursos económicos que solicitan apoyo legal en cuatro rubros: derecho penal, familiar, patrimonial y laboral para ser atendidos por profesores, ayudantes de profesor y alrededor de 29 alumnos que realizan su servicio social y 13 sus prácticas profesionales, todos ellos de la licenciatura en derecho.
El académico consideró exitosa la experiencia de la UAM al contar con este espacio. Muy bien podría la universidad repetir este proyecto y establecer más bufetes jurídicos en algunos otros lugares de la ciudad para proporcionar este tipo se servicios gratuitos y enfocados a las personas con menores recursos económicos.
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Ebrard se registrará para obtener diputación plurinominal por el PRD

PROCESO 


5 de febrero de 2015
Destacado
Marcelo Ebrard en San Lázaro. Foto: Eduardo Miranda
Marcelo Ebrard en San Lázaro.
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El exjefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard anunció que se inscribirá para obtener una diputación plurinominal por el PRD.
Ebrard confirmó esta mañana a la producción de Grupo Fórmula: “Sí me voy a registrar”.
Aparte, Jesús Ortega, uno de los principales líderes de la corriente perredista Nueva Izquierda, manifestó que el PRD aún no decide si Ebrard será candidato a diputado por la vía plurinominal.
A pesar de lo anterior, Ortega respaldó las aspiraciones de su correligionario: “Yo pensaría que Marcelo (Ebrard) y otro compañeros trabajarían bien por el país dentro del PRD”.
En las últimas semanas Ebrard ha denunciado que es víctima de una campaña del gobierno federal para desprestigiarlo mediante la investigación que emprendió la Cámara de Diputados por las irregularidades en la línea 12 del Metro.
Apenas la semana pasada Ebrard manifestó a la periodista Carmen Aristegui que meditaría su permanencia en el PRD y adelantó que analiza sumarse a las filas del Movimiento de Regeneración Nacional que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
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El diálogo entre Grecia y la UE va en la dirección correcta, asegura Tsipras

Reuters y Afp
Periódico La Jornada
Jueves 5 de febrero de 2015, p. 29
Bruselas.
Grecia respeta las normas de la Unión Europea (UE) y encontrará una solución a sus problemas económicos en el contexto de la legislación del bloque, declaró este miércoles el primer ministro Alexis Tsipras al continuar su gira por Europa. Añadió que aún no se ha alcanzado un acuerdo, pero confió en que las conversaciones van en la dirección correcta.
Soy muy optimista en cuanto a que vamos a hacer todo lo posible por encontrar una solución común, viable y mutuamente aceptable para nuestro futuro común, dijo Tsipras en su primera visita a Bruselas tras conversar con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz.
Puntualizó que su objetivo es respetar la soberanía del pueblo griego y su claro mandato, luego de que con su Coalición de Izquierda Radical (Syriza por su acrónimo en griego) ganó las elecciones el mes pasado con la promesa de renegociar las políticas económicas de austeridad y pesada deuda con sus socios europeos. Subrayó que lo hacen respetando las normas de la UE y buscando redirigir esas políticas.
En esta línea, Grecia propuso a la UE un plan de reformas y financiamiento de cuatro años (2015-2018), que incluye un programa radical en la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal, acompañado de un requilibrio financiero del país, que pasaría por abandonar la exigencia de conseguir un excedente primario monstruoso de 4.5 por ciento del PIB.
Una fuente en Atenas indicó que en su propuesta a Juncker, el primer ministro griego evocó la posibilidad de un acuerdo transitorio que dé a Grecia margen financiero para preparar, de común acuerdo con la UE, este plan. La Comisión Europea no hizo ningún comentario, pero trascendió que habría escepticismo y resistencia a los planes del nuevo gobierno de Grecia, según una fuente en Bruselas.
Grecia no es una amenaza para Europa, dijo Tsipras más tarde en París al término de un encuentro con el presidente francés, François Hollande, al que pidió que sea garante del crecimiento en la UE. Necesitamos hoy un acuerdo para Europa, un acuerdo para el regreso al crecimiento, el refuerzo del empleo y de la cohesión social, instó Tsipras.
En paralelo, después de Roma, el ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, viajó a Fráncfort, a la sede del Banco Central Europeo (BCE) para reunirse con el presidente de la entidad, Mario Draghi. Al término del encuentro Varoufakis, que se dice marxista ocasional y reconoce ser ministro de Finanzas de un Estado en quiebra, se declaró optimista ante el futuro.
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