viernes, 6 de febrero de 2015

Presentan activistas el “Primer Constituyente Ciudadano Popular”

PROCESO 


5 de febrero de 2015
Destacado
Raúl Vera durante la presentación de la iniciativa. Foto: Eduardo Miranda
Raúl Vera durante la presentación de la iniciativa.
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (apro).- En el marco del aniversario de la promulgación de la Carta Magna, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, junto con Raúl Vera, obispo de Saltillo, Coahuila; el sacerdote Alejandro Solalinde, el poeta Javier Sicilia y el artista Francisco Toledo participaron en la presentación de la Constituyente Ciudadana Popular, una propuesta para refundar la nación.
La iniciativa, presentada este jueves en el Centro Cultural Universitario, fue convocada por monseñor Raúl Vera ante las constantes violaciones a los derechos humanos y busca elaborar una nueva Constitución para afrontar la crisis que enfrenta México.
Así, con el objetivo de refundar al país se presentaron 20 puntos, entre los que destacan se garanticen los derechos humanos y la libertad sindical, además de la implementación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer.
Luego de una serie de sesiones a lo largo del país, los promotores de la Constituyente Ciudadana convocarán a un encuentro el próximo 21 de marzo para discutir la realidad política del país de cara a las elecciones de este año.
Además, el 2 de mayo realizarán la Primera Asamblea Nacional del Comité para la Refundación Nacional.
Los activistas señalaron que a lo largo de once meses han mantenido contacto con ciudadanos en 28 estados del país y con diversas organizaciones de migrantes y mexicanos residentes en el extranjero para impulsar este proyecto.
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Marchan en Chilpancingo más de 15 mil personas en favor de Ayotzinapa

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Aspecto de la llamada megamarcha, realizada ayer en la capital guerrerenseFoto Javier Verdín
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 6 de febrero de 2015, p. 5
Chilpancingo, Gro.
Más de 15 mil maestros, campesinos y estudiantes, encabezados por los padres de familia de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, marcharon por esta capital y bloquearon la Autopista del Sol México-Acapulco para exigir la presentación con vida de los jóvenes y el retiro de la entidad de elementos del Ejército y la Policía Federal; reiteraron asimismo su rechazo a la realización de elecciones el próximo 7 de junio.
Participan maestros y familiares de los estudiantes desaparecidos
A las 11 horas, contingentes de campesinos, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, así como miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, partieron de la zona norte de la ciudad de Chilpancingo rumbo a la Autopista del Sol.
En el trayecto realizaron dos mítines. En el primero, ante la sede de la 35 Zona Militar, Felipe Flores, vocero de los paterfamilias, acusó a los soldados de haberse coludido con los delincuentes para desaparecer a sus hijos.
El otro acto lo efectuaron frente al Congreso de Guerrero, donde el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, advirtió que si no aparecen los 43 normalistas de Ayotzinapa ‘‘no habrá elecciones el 7 de junio en Guerrero. No hay duda de que los candidatos de todos los partidos políticos están vinculados con la delincuencia organizada y el pueblo no puede votar por delincuentes’’, aseveró.
De ahí los manifestantes se trasladaron a la Autopista del Sol y en el punto conocido como Parador del Marqués bloquearon ambos carriles de la vialidad durante una hora. A las 16 horas, los inconformes realizaron un mitin más en el punto conocido como Las Banderas y posteriormente partieron a la Normal de Ayotzinapa, donde más tarde se iniciaría la Convención Nacional Popular.
Por otra parte, en Chiapas, maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tomaron ayer el Congreso local para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
(Con información de Elio Henríquez, corresponsal)

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Maestros de la CNTE claman justicia por Ayotzinapa y repudian comicios

PROCESO 


5 de febrero de 2015
Destacado
Maestros protestan en Michoacán. Foto: Enrique Castro
Maestros protestan en Michoacán.
Foto: Enrique Castro
MEXICO, D.F. (apro).- Como parte de la jornada de protestas convocada a nivel nacional, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educción (CNTE) clamaron en Chiapas, Oaxaca y Michoacán por justicia en el caso Ayotzinapa, Guerrero, y denunciaron la “farsa electoral”, aparte de que bloquearon o tomaron sedes legislativas.
En Chiapas, unos 5 mil maestros de la sección 6 salieron a las calles y culminaron su movilización con la toma del Congreso estatal.
Alberto Mirón, uno de los líderes de la CNTE en la entidad, dio a conocer que la toma del Congreso sólo duró ocho horas, según lo acordado, y que la protesta se hizo coincidir con el aniversario de la promulgación de la Constitución con el fin de exigir al gobierno federal cumpla las leyes y deje de violentarla con sus “reformas estructurales”.
También indicó que los docentes empezaron el año con una serie de movilizaciones que se prolongarán todo el 2015, sobre todo coordinados con los padres y alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa para seguir exigiendo la aparición con vida de los 42 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado.
Hustein Ramos, de la sección 7, expuso que mantienen el plan de boicotear las próximas elecciones, tantos las federales para elegir 12 diputados en Chiapas como las locales para definir 122 alcaldes y 41 legisladores locales.
Luego señaló que la “farsa electoral” no ha servido para poner a buenos servidores públicos y representantes populares al servicio del pueblo; por el contrario, la clase política mexicana –y en particular la chiapaneca– está pervertida y corrupta, pues en nada responde a los intereses de los mexicanos, a quienes manipulan y engañan con programas sociales.
Bloquean sede legislativa en Oaxaca
Maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educción (CNTE) bloquearon este jueves los accesos del Congreso local.
Como lo acordaron en asamblea, a partir de las 8 de la mañana profesores de la región de los Valles Centrales acordonaron el recinto legislativo, situado en el municipio de San Raymundo Jalpan, y resaltaron que esa acción tiene como objetivo exigir respuesta a sus demandas.
Entre ellas destaca la aprobación de la Ley Estatal de Educación, de acuerdo con los resultados obtenidos en los 37 foros realizados en la entidad, así como la libertad de presos políticos, el pago inmediato de salarios atrasados y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
El vocero de la Sección 22, Mohamed Otaqui Toledo, precisó que en el marco del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, los maestros acordaron realizar protestas en todos los congresos estatales.
Ante la advertencia de los mentores, los diputados decidieron suspender la sesión y desalojar al personal de intendencia y seguridad.
Movilización en Michoacán
Integrantes de la CNTE en Michoacán salieron de nuevo a las calles de Morelia para protestar por el caso Ayotzinapa y exigir “juicio político y cárcel” contra el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, y Juan Díaz, líder nacional del SNTE.
El contingente realizó una marcha de las instalaciones de la Secretaría de Educación en Michoacán hacia el centro de Morelia.
Durante la protesta, los inconformes exigieron claridad en las investigaciones del caso Ayotzinapa y pidieron “juicio político y cárcel” contra Peña Nieto, Chuayffet y Juan Díaz por “traición de la patria, corruptos y asesinos”, se advertía en algunas de las mantas de los profesores.
Luego, la columna de maestros se detuvo frente a la sede del Congreso local, donde realizaron un mitin, y sobre la fachada del inmueble pegaron cartulinas en las que escribieron consignas contra el gobierno y para exigir solución a diferentes demandas.
Entre ellas destaca la intervención del gobierno estatal para que la organización priista Antorcha Campesina “saque las manos” de las escuelas que controla la CNTE.
Por su lado, la sección 18 reportó que al menos cuatro escuelas en Morelia están tomadas por antorchistas que exigen
la destitución de maestros o modificaciones en el plan de estudios.
Más tarde, la CNTE resaltó que en la jornada de protesta de este jueves en Morelia participan docentes de 15 municipios de la entidad. (Con información de Isaín Mandujano y Pedro Matías)
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Verdad oficial sobre Ayotzinapa no convence al Parlamento Europeo

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Padres y madres de familia de los normalistas desaparecidos, durante un acto ayer en ChilpancingoFoto Reuters
Ciro Pérez Silva
 
Periódico La Jornada
Viernes 6 de febrero de 2015, p. 3
Bruselas.
La ‘‘verdad histórica’’ del gobierno federal sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa no convenció a la totalidad de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que no sólo condenó la tardía intervención oficial en Iguala y cuestionó la veracidad de las investigaciones, sino exigió a las autoridades mexicanas ‘‘no dar por concluidas’’ las pesquisas y propuso que parte de los recursos que la Unión Europea destina a México se utilicen en una investigación independiente, así como para la protección y apoyo a los familiares de los normalistas y a sus abogados.
La mañana de este jueves, en medio de una ligera nevada, Hilda Legideño y Bernabé Abraján, madre y padre de dos de los estudiantes desaparecidos, llegaron hasta la sede del Parlamento Europeo tras reunirse esta misma semana con el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas en Ginebra. Fue la primera vez que los parlamentarios escucharon una voz y versión distinta sobre Ayotzinapa a la de los funcionarios del gobierno mexicano.
‘‘El gobierno nos ha mentido’’
Lejos de las cifras, datos, propósitos y compromisos oficiales, Hilda y Bernabé, como lo han hecho desde hace casi cuatro meses en muchos foros, compartieron con los eurodiputados el dolor por los hijos desaparecidos, la rabia ‘‘por las mentiras’’ de un gobierno ‘‘que nos sigue reprimiendo, mientras les dice a todos que nos apoya’’ y la permanente esperanza ‘‘de encontrarlos vivos’’, en un salón de sesiones que, como comentó Ulrik Lunacek, vicepresidenta del Parlamento Europeo, estaba ‘‘inusualmente’’ concurrido.
La ‘‘terrible historia de la barbarie de Iguala’’ hizo que más de uno de los parlamentarios bajara la mirada. El relato, que ‘‘sigue siendo incomprensible, inexplicable en ésta, como en cualquier parte del mundo’’, hizo que otros, como Javier Couso, de Izquierda Unida, contuvieran el llanto: ‘‘Mi familia también fue víctima y además muchos de los diputados que están aquí les mintieron, mostraron entonces la misma doble moral que el Parlamento Europeo mostró ahora con México’’, explicó más tarde.
Hilda y Bernabé rechazaron el informe sobre las investigaciones presentado por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; subrayaron ante los eurodiputados que el gobierno mexicano ‘‘nos han mentido desde el principio y lo sigue haciendo’’; dijeron que se debe investigar al Ejército Mexicano, a sus integrantes, ‘‘a quienes los estudiantes les fueron a pedir ayuda, pues la zona militar se encuentra a 300 metros del lugar de los hechos y en lugar de auxiliarlos los soldados los amenazaron con desaparecerlos’’.
También cuestionaron que ‘‘no hayan investigado al ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, que algo debe de saber, pues con anterioridad hubo ya asesinatos y desapariciones de otros estudiantes y ahora, como si no hubiera pasado nada, quiere poner a su hijo como alcalde (de Acapulco)’’. Destacaron que en su búsqueda por encontrar a sus hijos, ‘‘hemos sido reprimidos por el mismo gobierno que les dice a ustedes que nos apoya, pero que en realidad nos agrede mandándonos a sus granaderos. ¿O qué tienen que hacer los granaderos en la Montaña, cuando vamos nosotros a informar a las comunidades?’’
Una y otra vez aclararon que desconfían de las investigaciones del gobierno, ‘‘no creemos en este gobierno’’, y pidieron apoyo a los parlamentarios ‘‘para que presionen al gobierno y nos entregue a nuestros hijos vivos. Hoy nos tocó a nosotros, pero mañana les puede pasar a ustedes. Los invitamos, si son valientes, a visitar México, a que se den cuenta de que la realidad es muy distinta a la que les vienen a contar aquí. Vayan si son valientes, porque en México nos están matando. Lo de nuestros hijos no es un hecho aislado; hay 23 mil desaparecidos, cientos de fosas clandestinas, eso no puede ser un hecho aislado’’, insistió Hilda.
Tras la intervención de los padres, la división entre quienes conceden la razón al gobierno mexicano y los que ponen en duda la eficacia y credibilidad del mismo quedó clara. Barbara Lochbihler, de los eurodiputados verdes, acusó las ‘‘graves carencias’’ de la investigación oficial, ‘‘que se basa casi exclusivamente en testimonios que no han sido contrastados más que con versiones de los propios delincuentes’’.
Pier Antonio Panzeri, de la Alianza Progresista, subrayó la responsabilidad de los gobiernos local y federal en los hechos, ‘‘por acción u omisión’’, mientras que Javier Couso los responsabilizó directamente de la ‘‘desaparición forzada’’ de los estudiantes y acusó ‘‘la doble moral del Parlamento Europeo, que cuando se trata de desestabilizar a un gobierno o cuestionarlo por la violación a los derechos humanos actúa inmediatamente, pero en el caso de sus niños consentidos, como Colombia, Israel o México, es menos exigente’’.
La respuesta a estas aseveraciones vino de los eurodiputados españoles socialistas. Ramón Jáuregui y José Blanco defendieron la ‘‘decisión’’ del gobierno mexicano de llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias, ‘‘en la ruta que este Parlamento ha planteado’’, y el ‘‘compromiso con la verdad’’ mostrado en la serie de comparecencias de funcionarios mexicanos para ‘‘informarnos’’ de los avances de las investigaciones.
Jáuregui sólo concedió ‘‘solicitar al gobierno mexicano que las investigaciones no se cierren hasta que los padres de los estudiantes desaparecidos tengan la respuesta que están en absoluto derecho de exigir’’, propuesta que fue secundada por el pleno, aunque Thomas Mann, del Partido Popular Europeo, adelantó que el Parlamento deberá discutir los alcances de la relación con México y enfatizar la protección plena de los derechos humanos en la revisión del tratado comercial que México y Europa llevan a cabo.
Siguieron Ignazio Corrado, Beatriz Becerra y Petras Austrevicius, quienes cuestionaron la actuación de la autoridad en éste y otros hechos violentos en México.
El embajador de México en Bruselas, Juan José Gómez Camacho, reiteró ‘‘el compromiso’’ gubernamental por esclarecer los hechos y castigar a los culpables, y recordó que hasta el momento hay 99 detenidos y 487 dictámenes periciales.

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Caso Guardería ABC cumple 68 meses de “luto, impunidad y burla”: Padres de víctimas

Familiares de los niños muertos en la guardería ABC exigen justicia. Foto: AP / Darío López-Mills
Familiares de los niños muertos en la guardería ABC exigen justicia.
Foto: AP / Darío López-Mills
HERMOSILLO, Son. (apro).- En el 98 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 se cumplen 68 meses de “luto, impunidad y burla”, denunciaron padres y familiares de los 49 niños fallecidos y los más de 70 lesionados durante el incendio de la guardería ABC.
La agrupación Movimiento 5 de Junio señaló en un comunicado que en estos casi seis años han recorrido diversas instancias nacionales e internacionales para reclamar castigo contra los responsables, entre los que se encuentran exfuncionarios de los tres niveles de gobierno, así como para promover la no repetición de un accidente como el ocurrido en 2009.
“Se cumplen 68 meses de impunidad en este aniversario de la Constitución, la cual fue reformada por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de 2012 a la fecha, en complicidad partidista del Pacto por México”, expone el pronunciamiento.
“Estas reformas son letra muerta para la gran mayoría de nuestro país y representan la permanencia de un grupo de grandes empresarios coludidos con la clase política en el poder, empleados de una burguesía financiera internacional que marca las reglas del juego político económico”, advierten los padres de las víctimas.
Es una “burla” que el PRI en Sonora haya postulado a la gubernatura a Claudia Pavlovich, añade el texto, porque en 2009, cuando se desempeñaba como diputada local, emitió cartas de recomendación en favor de los propietarios de la guardería ABC, entre ellos Sandra Lucía Téllez Nieves y Gildardo Urquídez Serrano.
“Estas cartas junto a las redactadas por los arzobispos de Hermosillo obran en el expediente del caso como pruebas con las que se pretendió influir en la decisión del juez, además de ser una muestra clara de que no les importó el hecho de que murieran 49 niños”, acusó el Movimiento 5 de Junio.
Los afectados también se solidarizaron con los familiares de las víctimas de la explosión del Hospital Infantil Materno de Cuajimalpa, ocurrida el 30 de enero anterior.
Además, reiteraron su apoyo a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, y recomendaron “no dejarse encandilar” por las declaraciones del presidente Peña Nieto; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
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Maquiladora coreana explotaba sexual y laboralmente a cientos de mexicanos

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Algunos de los trabajadores de la maquiladora demandan investigar varios ataques sexuales y embarazos interrumpidosFoto Gobernación
Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Viernes 6 de febrero de 2015, p. 6
Autoridades federales y estatales rescataron a 129 mexicanos (la mayoría mujeres) víctimas de trata (explotación sexual y laboral) en una maquiladora de ropa ubicada en Zapopan, Jalisco, propiedad de coreanos. Entre las víctimas hay seis menores de edad.
Los afectados aseguran recibir con frecuencia golpes e insultos, con más rudeza hacia los jóvenes, a fin de obtener de ellos mayor productividad.
Según los testimonios recogidos por instancias de Jalisco y federales, se deben investigar varios embarazos interrumpidos, así como lesiones graves presuntamente a causa de ataques sexuales.
Las condiciones de los trabajadores en la fábrica Yes International eran de esclavitud y violencia, tanto en condiciones laborales extremas –y, por tanto, ilegales– como en agresiones físicas.
El titular de la unidad de delegaciones federales del trabajo, Víctor Manuel Torres, enumeró las violaciones en esta materia con base en las cuales fueron declaradas 120 medidas de aplicación inmediata, además de la restricción al acceso laboral de la planta.
Describió la fragilidad y explotación del trabajo: sin contrato, seguridad social o prestaciones; jornadas extenuantes para los jóvenes de entre 16 y 17 años de edad, y lapso de 15 minutos para la comida.
Además, condiciones insalubres e inseguras en toda la fábrica.
El operativo se realizó con base en una denuncia anónima recibida en el Instituto Nacional de Migración (INM).
Los coreanos no acreditaron al momento de los hechos su estancia legal en el país: cuatro de ellos, identificados por los trabajadores como los presuntos dueños o encargados de la empresa, se encuentran en calidad de presentados ante la fiscalía estatal de justicia. Son acusados de delitos como maltrato infantil y otros contra la integridad sexual.
La plantilla laboral estaba integrada por 121 mujeres y ocho hombres, quienes percibían menos del salario mínimo (unos 400 pesos a la semana), con horarios extenuantes y apenas 15 minutos para comer.
Las personas que laboraban en Yes Internacional aseguraron haber sido víctimas de abusos físicos y sexuales, amenazas y daños sicológicos.
El gobierno de la República refrenda su determinación de aplicar la ley y sancionar todo acto ilícito y reitera su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos, dijo el comisionado del INM, Ardelio Vargas, al dar a conocer la información ante los medios de comunicación.

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Inician huelga de hambre estudiantes de la BUAP

PUEBLA, Pue. (apro).- Cuatro estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) iniciaron hoy una huelga de hambre para exigir que se les permita el uso de aulas para dar cursos propedéuticos gratuitos a aspirantes a ingresar a la casa de estudios.
Integrantes del Colectivo Universitario para la Educación Popular (CUEP) explicaron que desde 2010 iniciaron la labor de preparar a jóvenes que no pueden pagar los seminarios oficiales que ofrece la rectoría de la BUAP para presentar el examen de admisión.
La huelga de hambre fue iniciada en un campamento que instalaron en el Zócalo de esta ciudad los estudiantes Francisco Ramos, de la Facultad de Derecho; Miguel Ángel García, de Economía; Gabriela Zambrano, de Ingeniería, y Juan Carlos Serrano, de Biotecnologías.
Ramos relató que este año tienen la solicitud de mil 800 jóvenes para tomar este curso que ofrecen estudiantes de licenciatura de la misma casa de estudios sin ningún costo, pero que la BUAP no les permite usar las instalaciones universitarias para impartirlos.
“Pedimos un respeto al derecho universitario a generar proyectos académicos en pro de la sociedad, nosotros creemos que no estamos fuera de la legalidad, que estamos en un proyecto que es en beneficio de las personas que no pueden pagar el seminario que ofrece la BUAP”, reclamó.
Luego señaló que en otros años han tenido que dar la preparación para el examen de admisión en los parques del Centro Universitario, pero que desde el 2014 ya no les permitieron siquiera el ingreso, por lo que tuvieron que buscar aulas alternas de otras escuelas.
El año pasado, aseguró, de mil 600 jóvenes que tomaron este curso alternativo un total de mil 532 lograron pasar el examen de admisión de la BUAP.
“La rectoría tiene como argumento central que el seminario ya existe y no tiene por qué haber otro, pero ese curso cuesta alrededor de 500 pesos, y hay jóvenes que no pueden pagar ese dinero y pueden tener la opción de prepararse con nosotros”, explicó.
También dijo que la rectoría de la BUAP les ha ofrecido instalar una mesa de diálogo, por lo que estaban en espera de que exista una respuesta positiva a su planteamiento, que aseguran se encuentra respaldado en los estatutos como un derecho de los estudiantes de usar las instalaciones para generar proyectos académicos.
Los jóvenes además advirtieron que temen ser desalojados del zócalo luego de que funcionarios del gobierno estatal acudieron para amenazarlos.
Hasta esta noche, la BUAP no había emitido postura alguna sobre este ayuno que iniciaron los activistas del CUEP.
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Fallece camillero del hospital de Cuajimalpa; suman cinco personas muertas tras la explosión

PROCESO 


6 de febrero de 2015
Destacado
La pipa de gas que explotó en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa. Foto: David Deolarte
La pipa de gas que explotó en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.
Foto: David Deolarte
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El gobierno de la Ciudad de México informó que el camillero del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa Jorge Luis Tinoco Muñoz falleció esta mañana.
Con la muerte de Tinoco Muñoz suman cinco personas fallecidas como consecuencia de la explosión registrada en dicho hospital el pasado 29 de enero.
El joven de 27 años de edad murió este viernes a las 05:45 horas, tras permanecer ocho días internado en el hospital Rubén Leñero.
Tinoco Muñoz participó en la evacuación de varios niños que estaban al interior del hospital, por lo que sufrió graves heridas y quemaduras.
Según el gobierno del Distrito Federal, “su condición no respondió a todos los tratamientos que ameritaba su caso. Las causas particulares están por determinarse”.
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La CNDH abandona a su suerte a extrabajadora enferma de cáncer

Las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al sur del DF. Foto: Eduardo Miranda
Las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al sur del DF.
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abandonó a su suerte a una investigadora adscrita a la Primera Visitaduría a quien, en mayo pasado, le detectaron tres tipos de cáncer: de endometrio (matriz), de mama y de páncreas.
Paloma Ruiz Rodríguez ingresó a laborar al organismo en mayo de 2013. Un año después, al hacerse un chequeo médico, le dieron la mala noticia de que tenía cáncer en tres distintos órganos, todos de alto riesgo.
En septiembre del año pasado, se vio forzada a solicitar a la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos que se le concediera una incapacidad mientras se sometía a 30 sesiones de quimioterapia y 30 de radioterapias para combatir sus padecimientos, las cuales se realizaban cinco días seguidos cada tres semanas.
Por si fuera poco, tuvo que someterse a cinco cirugías y sobrellevar otras complicaciones médicas, como neumonía.
Pese a contar con la incapacidad, Ruíz Rodríguez se presentó a laborar en reiteradas ocasiones con el propósito de que la CNDH le renovara su contrato laboral que tenía vigencia hasta el pasado 31 de diciembre.
Un mes antes del vencimiento, en noviembre, la investigadora acudió a la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos de la CNDH para confirmar su incapacidad, entregar informes médicos y confirmar su estatus laboral.
A partir de entonces, las cosas comenzaron a complicarse. Un personero del titular de Recursos Humanos, Alfonso Sáenz Michel, le notificó que “habría cambios” en el personal, que no se le renovaría el contrato y que, de estar inconforme, debía dirigirse a Luis Raúl González Pérez, el nuevo titular de la CNDH.
Pese a su estado de salud, Paloma acudió 20 veces a la oficina de González Pérez y envió oficios para tratar de exponerle personalmente al funcionario su situación, pero nunca obtuvo respuesta.
Debido a que la mujer debía continuar con las últimas sesiones de quimioterapias optó por ir a pagar por su cuenta a la aseguradora con la que la CNDH tiene convenio para otorgar seguro médico a su fuerza laboral.
Pero al querer hacer el pago, la aseguradora le notificó que la CNDH –sin explicación alguna– omitió su nombre de la Carta de Cobertura, documento que debe expedir cada año la Comisión para informar a la empresa de su personal en nómina, pero también de quienes ya no estarán laborando a fin de que puedan contratar sus servicios de manera independiente.
Y es que al no estar su nombre en esa carta, la aseguradora no pudo realizar el trámite de renovación de póliza y por tanto Paloma se quedó sin seguro médico desde el pasado 1 de enero.
Paloma cuestionó a Daniel Díaz Parra, director de la Administración de Riesgos y Seguros de la CNDH, por no haber puesto su nombre en el documento. El funcionario sólo respondió que la Carta de Cobertura no era indispensable para que se le brindara la atención.
La mujer insistió a la dependencia que le entregara una constancia para comprobar a la aseguradora que laboró durante 2014, la cual le dio Díaz Parra hasta el 20 de enero, luego de que Paloma amenazara con acampar afuera de la CNDH.
Por estas trabas burocráticas, Ruíz Rodríguez no ha podido retomar el tratamiento, que debió reanudarse el pasado 15 de enero; además, como la CNDH no quiso renovarle su contrato, tendrá que pagar su seguro médico a un costo cinco veces mayor.
Lo único que espera Paloma de la CNDH es que explique por qué omitió su nombre de la Carta de Cobertura –documento que emitió la dependencia a la aseguradora cuando su contrato laboral aún estaba vigente–, y que compruebe que no hubo elementos de discriminación por ser mujer o estar enferma que hayan motivado esta “omisión”.
Esta agencia buscó a los titulares de las áreas involucradas para conocer su opinión sobre el caso, pero hasta el cierre de esta edición Comunicación Social de la CNDH no respondió a la solicitud de información.
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Felipe Calderón cuesta al país 1 millón 21 mil 880 pesos mensuales; tiene 19 asesores

PROCESO 


4 de febrero de 2015
Nacional
Felipe Calderón, extitular del Ejecutivo, en su penúltimo día en Los Pinos. Foto: Miguel Dimayuga
Felipe Calderón, extitular del Ejecutivo, en su penúltimo día en Los Pinos.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El expresidente Felipe Calderón Hinojosa le cuesta mensualmente a los mexicanos un millón 21 mil 880 pesos, de acuerdo con información que publica este miércoles el periódico El Financiero bajo la firma de Yuridia Torres.
En información obtenida a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), proporcionada a su vez, por la Oficina de la Presidencia, El Financiero detalla que el panista, quien es repudiado por la actual dirigencia de su partido y que no aparece en espacios públicos en territorio mexicano por temor al desprecio ciudadano, no sólo recibe una pensión mensual de 205 mil 102 pesos; cuenta además con 19 colaboradores que en conjunto le significan cada 30 días al erario, bajo el concepto de salarios, la cifra de 816 mil 758 pesos.
Calderón, responsable de la guerra contra el narco que puso al país en una espiral de violencia que costó, sólo en su sexenio, la muerte de alrededor de 100 mil personas y la desaparición de aproximadamente otras 26 mil, tiene a su servicio a Tomislav Lendo Fuentes, a quien los mexicanos le pagamos 192 mil 530 pesos mensuales, mientras que a otros dos asesores, Gloria Escobar Garibay y Jairo Jiménez Santiago, se les entregan 95 mil 355 pesos a cada uno.
En la nómina calderonista, Juan Manuel Corona Pantoja, Benjamín Lucio López, Jerónimo Pastor De María Capos y Samuel Richard Estrada cobran mensualmente 47 mil 891 pesos.
Izamal Brena Robles, Luz del Carmen Brindis Rojas, Solange Madrona Masses Martí e Irvin Anibal Sánchez González, tienen un salario de 28 mil 790 pesos.
Ana Laura Martínez del Río Pardinas gana 17 mil 505 pesos y Rosa María Pérez Molina, 17 mil 119.
Alicia Colín Hernández, Elena Morales González y Roberto Valdon Aguilar reciben 16 mil 129 pesos; Alejandra Ruiz de Valasco Vélez 15 mil 189; María de los Ángeles Abud Reyes 14 mil 297 y Alejandro Ruiz Juárez, 14 mil 297 pesos.
La información de El Financiero también reporta que el expresidente Vicente Fox, además de su pensión de 205 mil 122 pesos, cuenta con 20 personas de apoyo que le cuestan al erario 472 mil 424 pesos mensuales, poco más de la mitad de lo que se eroga por los asesores de Calderón.
La nota del periódico especializado en información económica recuerda también que los expresidentes Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari renunciaron a su pensión y detalla que en el caso de Zedillo sólo cuenta con tres personas de apoyo que le cuestan al erario 51 mil 357 pesos mensuales, mientras que de Salinas no incluye reporte.

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