lunes, 16 de febrero de 2015

De portafolios y mochilas 2015-02-15

El terrorismo laboral aguarda a los electricistas del SUTERM

CONTRALÍNEA 

15. febrero, 2015 Opinión


La debacle laboral para los agremiados al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) inició ya con las modificaciones a su contrato colectivo de trabajo (CCT), aceptadas servilmente por la dirigencia charra de Víctor Fuentes del Villar, para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), transformada luego de la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética en empresa productiva del Estado, disponga a su libre albedrío de los cambios necesarios a su actual plantilla, colocando en la antesala de los despidos a miles de sindicalizados.
El desventajoso convenio, pactado hace unos días entre los funcionarios de la CFE y los líderes del SUTERM, modificó cláusulas como la 24, facultando a que un comité mixto de productividad, integrado por el director general, Enrique Ochoa, y el secretario general, Víctor Fuentes, así como los directores de finanzas, operación y proyectos de inversión financiada, entre otros, apruebe las modificaciones de estructuras organizacionales y plantillas de personal, mismas que podrán ejecutarse “por supresión o instalación de maquinaria o aparatos que alteren o supriman el desarrollo de determinadas labores”.
Como anticipamos, la cara oculta de la reforma energética se mostraría en toda su dimensión anticipando la insalvable pérdida de derechos laborales para aquellos que, en su momento, sirvieron de esquiroles a la legítima lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Carentes de la mínima conciencia sindical y de clase, ingenuamente pensaron que los embates de la privatización al sector energético, iniciados con la agresión al SME, nunca los alcanzarían; pero ahora la guillotina de los recortes pende sobre sus cuellos, situándolos en una absoluta indefensión legal por los acuerdos leoninos de sus dirigentes, quienes les hicieron creer que bajo la férula cetemista estarían a salvo.
Los electricistas del SUTERM empezarán a sentir en carne propia los rigores de una auténtica represión laboral que los condenará a una abyección en aras de no perder su empleo, pues mientras en su nuevo CCT se contempla que el citado comité, a la par de autorizar la transferencia de plazas de la bolsa de trabajo que se constituya a nivel nacional, también determinará el sistema de promociones de personal, con base en “criterios de productividad y eficiencia de los trabajadores”, dejando fuera de la instauración de estos parámetros a los directamente interesados, pudiendo manipularlos con base en un sistema de estímulos que serán otorgados, en el contrasentido, por demostraciones de “fidelidad” y no de eficiencia.
Tocante al asunto de las “separaciones”, por ejemplo, la cláusula 46 determina que los trabajadores podrán ser separados, además de las causas previstas en la Ley y en los acuerdos ya pactados, por “no acatar los estatutos” de su sindicato, por voluntad propia, “por determinación de la CFE”, por modificaciones, aditamentos o “nuevos sistemas de trabajo”. El inciso IV de la castrante cláusula deja bien claro que la adopción de nuevos esquemas de trabajo, o la instalación de maquinaria o aparatos que alteren o supriman el desarrollo de determinadas labores, podrán ser causa de que se despida a trabajadores, previo acuerdo entre autoridades y el Sindicato. Si no hay acuerdo, reza el ordenamiento, la CFE podrá liquidar personal si la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se lo autoriza. Es decir, que ante el terrorismo laboral que les aguarda, los agremiados estarán atados de pies y manos.
Y como acontecerá también con el contrato colectivo del sindicato petrolero, uno de los cambios de fondo en sus antes logros sindicales será el radical ajuste a su sistema de pensiones y jubilaciones, con lo que los trabajadores de nuevo ingreso ya no contarán con una pensión por parte de las nuevas empresas productivas del Estado, pues se regirán por el mecanismo de las administradoras de fondos para el retiro.
A finales de la pasada LXI Legislatura, se tocó en el Congreso de la Unión la desaparición del Fondo Mutualista de 96 mil trabajadores del SUTERM, estimado a agosto de 2012 y de acuerdo con los rendimientos actualizados por el Banco de México, en 638 mil millones de pesos, producto de 40 años de ahorro, razón por la que tras largos juicios en los tribunales colegiados en materia laboral, 8 mil 600 jubilados obtuvieron en 2007 un laudo a su favor emitido por la Junta Especial 5 de la JFCA.
En lo que puede calificarse como uno de los más grandes robos y atropellos a los derechos jubilatorios, los entonces funcionarios calderonistas Jaime González Aguadé, director de la CFE, Jordi Herrera, secretario de Energía, y Rosalinda Vélez, secretaria del Trabajo, desacataron el punto de acuerdo para presentar ante el Congreso un informe detallado, “en un plazo no mayor a 10 días”, sobre el destino de los multimillonarios recursos. La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado indicó entonces que tanto la dirigencia del SUTERM como la CFE “mantienen una importante deuda con los 96 mil trabajadores electricistas que aportaron al Fondo Mutualista 638 mil millones de pesos durante su vida laboral en el periodo comprendido de 1950 a 1990”.
Los legisladores denunciaron en su análisis el papel que jugó en su momento el entonces líder del SUTERM y dirigente cetemista, Leonardo Rodríguez Alcaine, la Güera, para consumar el gigantesco fraude. “El 25 de abril de 1990, la CFE y el SUTERM pactaron la sustitución de este Fondo Mutualista por un seguro colectivo obrero en la cláusula 26 del Convenio que celebraron por la firma del contrato colectivo, correspondiente al bienio 1990-1992. Las cantidades aportadas por los cefeístas, durante 40 años, se actualizaron a través del histórico de las tasas de interés, emitidas por el Banco de México tal y como lo dispusieron los tribunales colegiados que instruyeron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que condenara al SUTERM y a la CFE al pago y cumplimiento de las prestaciones ejercidas por 8 mil 600 reclamantes ante la Junta Especial 5 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje”.
Ahora que la nube artificial en que reposaban los electricistas del SUTERM se viene a pique, con toda seguridad que el inconcluso tema del multimillonario robo a sus jubilados retornará con más fuerza, recordando a los omisos integrantes de la LXII Legislatura que entre otros pendientes de la reforma energética, está dar con el paradero de los 638 mil millones de pesos que se esfumaron de la noche a la mañana en la más absoluta de las impunidades y de los cuales el charro cetemista, Víctor Fuentes del Villar, se abstiene de comentar a sus agremiados y al país.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

Nulo respeto a los derechos humanos

Sección:Articulistas Fecha:14 febrero, 2015
MArtin-Esparza

La cadena de atropellos es extensa
Martín Esparza Flores
Como resultante de la falta de autonomía en los órganos de impartición de justicia en México que se han convertido en abiertos defensores de la clase empresarial y los políticos en turno, al alentar la impunidad y pulverizar los derechos humanos, los integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada, dependiente de la ONU, lanzaron en Ginebra, su lapidaria opinión al informe rendido por el Estado mexicano, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, calificándolo de insustancial al no aclarar un sinfín de dudas en torno a los hechos suscitados en Iguala, el 26 de septiembre del pasado año.
Mal paradas quedaron las autoridades mexicanas ante la opinión pública internacional por la demanda de justicia que debieron hacer los padres de los estudiantes desaparecidos, allende nuestras fronteras, que sumaron su reclamo al de otras muchas injusticias que han sido socavadas por el corrupto sistema de impartición de justicia al dejar sin castigo a los responsables de más de 22 mil desapariciones forzadas del pasado gobierno —más las que se han sumado en el actual—-, permitiendo a los responsables de crímenes como los sucedidos en la mina Pasta de Conchos, o en la Guardería ABC de Hermosillo, burlar la acción de la justicia.
También en el foro internacional quedaron al descubierto los magros logros que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene en el terreno de los hechos en la defensa de los derechos elementales de millones de mexicanos.
El doble lenguaje manejado por el Estado mexicano sobre el aparente respeto a los derechos humanos no logró sorprender a los integrantes del comité internacional que pudieron enterarse del caso omiso que altos funcionarios hicieron, además, a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, sobre el caso Ayotzinapa.
Debemos recordar que además de permitir que la violencia, la inseguridad y los abusos de poder sean los detonantes cotidianos de la muerte y desaparición de miles de mexicanos, el gobierno mexicano ha consentido otro tipo de abusos a los derechos laborales que también son considerados como derechos humanos en los tratados internacionales firmados por nuestro país y en nuestra propia Constitución.
En el sexenio pasado se cometieron toda una cadena de atropellos e ilegalidades en contra de miles de trabajadores mineros a los que les negaron su derecho a huelga en Cananea y en los complejos mineros de Sombrerete, Zacatecas y Taxco, sin pasar por alto el despido con lujo de violencia, en un clima de abierto golpe de Estado, en contra de los 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, y las artimañas empleadas para alentar la quiebra de Mexicana de Aviación, lanzando al desempleo a otros ocho mil trabajadores.
La cadena de atropellos es extensa y en los momentos de crisis que vive el país ahora se suma la crisis que enfrenta el Estado de derecho, donde la impunidad a todos los niveles es el común denominador de una clase política y empresarial acostumbradas a torcer la ley y pisotear los derechos humanos para mantener intocables sus privilegios. Ahora, la cancillería anuncia que en junio estará lista una ley que sancione la desaparición forzada, como si esto bastara para corregir de fondo el problema. 

Plantea el gobierno no difundir datos de la reforma energética


Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Sábado 14 de febrero de 2015, p. 10
Una de las propuestas de modificación a la Ley General de Transparencia que formuló el gobierno federal va en el sentido de evitar que se haga pública la información relacionada con la reforma energética.
De acuerdo con el escrito que PRI y PVEM presentaron ante las comisiones dictaminadoras –y que incluye 82 cambios elaborados por el consejero jurídico de la Presidencia de la República– se propone eliminar la obligación de dar a conocer contratos, permisos, alianzas y sociedades que el Estado suscriba con empresas nacionales y extranjeras en materia de explotación de petróleo.
Los senadores Dolores Padierna y Alejandro Encinas, del grupo parlamentario del PRD, advirtieron que es imprescindible que esa información sea pública, ya que los mexicanos tienen derecho a saber lo que ocurrirá con los hidrocarburos, luego de la reforma que permite el regreso de petroleras extranjeras al país y el riesgo de que las ganancias se las lleven las trasnacionales.
Padierna recalcó que el sector energético debe ser un ente obligado a abrir y proporcionar la información sobre su operación y actividad, ya que nada justifica que las operaciones y decisiones que se tomen durante el proceso de apertura y privatización sean omitidas de la ley de transparencia.
La información que existe en materia de exploración, extracción, producción y refinación del petróleo deber ser pública; también la relativa a los contratos que se firmen en este sector. La ciudadanía tiene todo el derecho a saber los ingresos, costos, contribuciones, prestaciones, contraprestaciones que deriven del sector energético.
Recalcó que el PRD llevará a la mesa de negociación una propuesta de redacción al artículo 83 de esa ley, que no deja lugar a dudas en el tema: ya que adicionalmente a la información señalada en el artículo 70, la ley federal y demás normatividad aplicable, se establecerán obligaciones de transparencia de datos relacionados con los contratos, las asignaciones, licencias, permisos, alianzas y sociedades para la explotación de los hidrocarburos.
Se precisa que las bases, reglas, ingresos, costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos previstos en los contratos y de los procedimientos que se instauren al efecto, serán debidamente difundidas.
Encinas comentó que la ley debió aprobarse el pasado día 7 pero los acuerdos se frenaron debido a las modificaciones propuestas al final por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Fuente

El Director del ISSSTE Gana 3 Millones 177 mil Pesos al Año Pero... a Jubilados del ISSSTE niegan pago de 500 pesos

FRECUENCIA LABORAL 

*Con el Salario del Titular del ISSSTE Pagaría la Nivelaciónde de Prestaciones a los más de 895 mil Jubilados.
*Los Pensionados y Jubilados no Están Pidiendo Aumento, sino Pago de Aumentos que Otorgaron y no se los Dieron.

El director del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Sebastián Lerdo de Tejada, ex diputado del PRI gana 3 millones 117 mil 121 pesos al año. De acuerdo al presupuesto de egresos de la federación que se aprobó para el 2015 y que publicó la Cámara de Diputados, eso equivale a 293 mil pesos al mes y en su salarario mensual se incluyen 64 mil pesos de prestación social...sin embargo se niega a pagarle a los jubilados y pensionados una nivelación por 500 pesos mensuales.
El Vocal ejecutivo Pensión ISSSTE Y el Vocal Ejecutivo Fovissste ganan 295 mil 399, que suman al año 3 millones 097 mil 99 pesos al año. Además hay otros 400 cargos ejecutivos del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado cuyos salariazos van de casi un millón de pesos hasta 2 millones774 mil 557 pesos, incluyendo a los delegados regionales, subdelegados y al titular de las farmacias.
Los funcionarios que tienen el escalafón más alto en el ISSSTE ganan 64 mil pesos solamente para seguridad social, pero el representante jurídico del organismo que brinda la atención médica y se encarga de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de las distintas dependencias públicas, argumenta que no hay recursos para darles los 500 pesos mensuales que debieron pagarles al autorizar un aumento a los empleados activos, explicó en entrevista con Frecuencia Laboral, el profesor Vicencio Chávez, presidente Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados del ISSSTE.
Comentó que por esa razón mantendrán un ayuno escalonado, que iniciaron desde el 29 de enero del 2015 en las cercanías de la Secretaría de Gobernación.
"Tenemos un problema los 895 mil jubilados por el ISSSTE a nivel nacional. Hay una irregularidad en nuestro pago de bono de despensa, concepto 02 y en el 03, previsión social. Desde 2008 a la fecha ha habido incrementos para los trabajadores activos y a nosotros no se nos ha entregado. A un año de estar insistiendo que nos den el pago correspondiente por esas diferencias y al ver que no ha habido una respuesta favorable nos vimos en la necesidad de iniciar un ayuno escalonado".
El 29 de enero del 2015 comenzaron su ayuno los jubilados y pensionados del estado de Morelos, siguió la representación del estado de Hidalgo y el 13 de febrero llegaron a realizar su ayuno los representantes de Veracruz. La idea es que lleguen representaciones de las 32 entidades de México, pero no lo están haciendo diario debido a que se trata de personas de la tercera edad, cuyo salud de por sí está mermada, al punto en que la representación de San Luis Potosí canceló su asistencia, debido a que el organizador sufrió una embolia. Y el martes 17 de febrero está previsto que lleguen trabajadores en retiro de Oaxaca. "Tenemos implementado hasta el 12 de marzo del 2015", agregó.
Cabe hacer mención que con el salario de un año del director del ISSSTE o de los vocales de Pensión ISSSTE y FOVISSSTE, se le pagaría su nivelaciónde prestaciones a los más de 800 mil jubilados y pensionados del organismo.
"El representante jurídico nos está dando una respuesta equivocada, están dando una respuesta como si nosotros estuvieramos solicitando un aumento en nuestras prestaciones. No es eso lo que solicitamos, lo que estamos pidiendo es un pago de diferencias". 

Evidenciada, la PGR se lanza contra los forenses argentinos

PROCESO 


14 de febrero de 2015
Destacado
Peritos argentinos en el basurero de Cocula. Foto: Germán Canseco
Peritos argentinos en el basurero de Cocula.
Foto: Germán Canseco
Si no lo hace con las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, o con las familias de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, o con la indignada opinión pública extranjera y mexicana, o con organismos mundiales como la ONU, el gobierno de Enrique Peña Nieto arremete entonces contra los expertos que invitó para que auxiliaran en el esclarecimiento de los hechos de Iguala; es el caso del Equipo Argentino de Antropología Forense. Un especialista de la ONU afirma que en sus 20 años de trabajo en derechos humanos nunca escuchó cuestionamientos de gobiernos hacia la integridad científica y profesional del EAAF como ahora los hace México.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Durante más de una década de trabajo en México, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se ha convertido en un testigo incómodo para las autoridades mexicanas. Desde que participó en las investigaciones de los llamados feminicidios en Ciudad Juárez, pasando por las masacres de migrantes en Tamaulipas o en el caso Ayotzinapa, ha señalado el desaseo de la justicia mexicana en la búsqueda, exhumación e identificación de restos.
Su crítica sobre los procedimientos forenses ha sido lanzada en cortes internacionales o quedó plasmada en informes finales de las misiones a las que ha sido invitado. La última exhibida públicamente fue el informe final que presentó a los padres de los normalistas de Ayotzinapa, del que se desprende que “la verdad histórica” planteada el 27 de enero por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para cerrar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, es insostenible pues le falta rigor científico.
El informe deja entrever que, con tal de hacer cuadrar la versión oficial de que los estudiantes fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, la PGR forzó resultados, ocultó información y apresuró conclusiones, además de cometer errores que pusieron en riesgo la identificación de los restos recogidos en el Río San Juan y enviados a Austria para su análisis.
El informe de la EAAF insistió también en que no le consta de dónde salió el hueso del estudiante Alexander Mora Venancio, el único identificado con pruebas genéticas, ya que el equipo no estuvo presente al momento en que unos buzos de la Marina supuestamente lo rescató del Río San Juan. Refierió que tampoco le ha sido mostrada la cadena de custodia de esa diligencia con el reporte exacto de los hechos.
“Simplificaron enormemente la evidencia y sólo vieron una posibilidad que tiende a coincidir con la historia que presentaron. Usan la ciencia para justificar los testimonios (aportados por los sicarios) en vez de usarlos para contrastar”, declaró ese día un integrante del equipo consultado por la reportera.
“La evidencia física debe ser interpretada en todas sus posibilidades, sin dar preferencia a aquellas interpretaciones que sólo incluyen una posible coincidencia con los testimonios de los imputados”, indicaba su explosivo informe dado a conocer el sábado 7.
Ese día el equipo hizo público que la PGR erró en 20 de 134 perfiles genéticos de los familiares enviados a Austria; omitió decir que el basurero –donde supuestamente fueron calcinados los 43 estudiantes– ha sido un lugar de quema desde hace cuatro años y que al menos contenía el cadáver de una persona que no es ninguna de los estudiantes (por lo que las evidencias presentadas por la dependencia pueden corresponder a otros eventos o personas); recolectó evidencias balísticas y tierra a espaldas del EAAF, y dejó sin vigilancia el basurero, a pesar de ser un “sitio clave” para la investigación, “entre otras serias dificultades”.
En el comentario que ese miembro del equipo hizo a la reportera (el EAAF no acostumbra dar entrevistas) señaló: “No íbamos a hacer esto público. Lo normal hubiera sido que los dos equipos hubiéramos presentado nuestras conclusiones al mismo tiempo, al final de la investigación, pero con lo dicho en la conferencia no nos dejaron otra opción”. Se refería a las declaraciones de Murillo señalando que el equipo sí estuvo presente durante todo el proceso y que más de 100 peritos mexicanos avalan su dicho.
La respuesta de la PGR fue a través de un comunicado difundido el lunes 9; en éste criticó al prestigiado equipo forense, al que, en pocas palabras, le contestó que no debía entrometerse, que carecía de expertos como los de PGR y que extralimitaba sus facultades al querer estar en todo el proceso.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1998, ya en circulación)

Fuente

Autopista del Sol: repliegan boteo de padres

Foto
Aspecto de un bloqueo efectuado el mes pasado en la caseta de La Venta, en la Autopista del Sol, en favor de los normalistas de AyotzinapaFoto Javier Verdín
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 14 de febrero de 2015, p. 7
Chilpancingo, Gro.
Al menos 30 patrullas del sector Caminos de la Policía Federal (PF) replegaron en dos ocasiones a unos 25 padres de familia que participaban en brigadas informativas y boteo para recabar recursos económicos en la Autopista del Sol México-Acapulco a la altura de Palo Blanco y en ­Chilpancingo.
Antes del mediodía, los padres de familia, encabezados por Melitón Ortega, se trasladaron a la caseta de cobro de Palo Blanco de esa autopista, donde policías los intimidaron e impidieron que efectuaran la colecta entre los automovilistas.
Posteriormente los padres se trasladaron al norte de Chilpancingo, a la altura de Tierras Prietas, también en la Autopista del Sol, donde efectuaron la colecta, desde casi el mediodía. Estuvieron durante más de dos horas difundiendo la información, que en esta ocasión fue sin el apoyo de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ni de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero.

Fuente

Familias de Iguala se deslindan de UPOEG y de Ciencia Forense Ciudadana

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El Comité de Familias de Víctimas de Desaparición Forzada “Los Otros Desaparecidos,” de Iguala, Guerrero, se deslindó ayer del representante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en esa ciudad, Miguel Ángel Jiménez Blanco; de la activista Julia Alonso, representante de Ciencia Forense Ciudadana (CFC), y del líder de ambulantes que acompaña a ambos, Jorge Popoca.
Los coordinadores de la organización explicaron que su deslinde es hacia esas personas y no a las organizaciones que representan. Según una discusión en su página de Facebook, el enojo es porque Jiménez Blanco –que al inicio acompañaba a los padres y madres en la búsqueda de fosas– dio a conocer que la joven Norma Angélica Bruno Román, asesinada en Iguala, formaba parte integrante de la organización y que fue asesinada por su activismo, información que niega este comité.
“Norma Angélica tenía un familiar desaparecido y ocasionalmente participaba en las actividades que realizamos, como muchas otras personas que se solidarizan con nuestra causa y dolor sin tener familiares desaparecidos. Puntualizamos que no formaba parte de la coordinación de nuestro comité ‘Los Otros Desaparecidos’”, indican en un comunicado.
“Consideramos que el asesinato de Norma Angélica no estaba relacionado con las actividades de búsqueda de los familiares”.
“Se hace un llamado a todos los integrantes a mantenernos unidos y a continuar nuestras actividades sin temor”, indicó el comunicado presentado ayer en la iglesia de San Gerardo, la sede de operación del grupo.
Cuestionados por Proceso.com, los coordinadores no quisieron detallar la causa de la ruptura con el representante de la UPOEG aunque se sabe que causaron molestia sus declaraciones a la prensa indicando que Norma había sido asesinada por su búsqueda en los cerros y que había recibido llamadas intimidantes para que abandonara la búsqueda.
Llama la atención que Jiménez dio mal el nombre de la organización de víctimas que acompañó desde noviembre del año pasado a buscar fosas en los cerros, a raíz de que se supo que además de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, al menos otras 300 personas habían sido desaparecidas en esa ciudad o municipios aledaños.
Los miembros del Comité también habían tenido discusiones con la activista Julia Alonso, madre guerrerense con un hijo desaparecido en Nuevo León y representante de CFC, la publicitada organización ciudadana de reciente creación que desde noviembre prometió tomar muestras 500 genéticas gratuitas a familias con personas desaparecidas, y que hasta el momento no ha cumplido.
Las familias se quejaban que desde mediados de diciembre y durante un mes perdieron contacto con Alonso.
El 17 de enero pasado representantes de Ciencia Forense Ciudadana acudieron a la iglesia de San Gerardo, donde se reúne el comité, y se comprometieron a comenzar las tomas de muestras genéticas a finales de este mes, y que una computadora en Durkham, Inglaterra, sería la que seleccionaría el turno que correspondería a cada familia; la primeras serían los casos que tuvieran listos los familiares más directos de la persona desaparecida.
Hasta hace un mes la organización aún no contaba con permiso del gobierno para cotejar los restos de las familias con los de los restos encontrados en fosas o de sacar las muestras genéticas fuera del país, según informaron los dos representantes en entrevista.
Ver reportaje: Los desenterradores anónimos http://hemeroteca.proceso.com.mx/?p=394468
Ese día Alonso se quejó de que “los egos” no la dejaban avanzar, en referencia a los coordinadores del comité. También propuso una búsqueda de fosas ese domingo, sin embargo la gente no la respaldó.
En tanto, según una investigación de varios reporteros de prensa nacional e internacional, Jorge Popoca, quien acompaña a Alonso y a Jiménez, es el hombre que soltó a France24 la falsa información sobre los 30 estudiantes que presuntamente habían sido secuestrados al salir de una secundaria de Cocula dos meses antes de los 43 de Ayotzinapa, y quien le presentó a la presunta testigo que posteriormente no quiso declarar ante la PGR.
El hombre ofreció la misma entrevista a varios reporteros, entre ellos a Proceso. Posteriormente ofreció otra entrevista a un medio estadunidense que también resultó falsa.
En la PGR se investigaba también si la historia de este hombre, que decía que su esposa y sus tres hijos habían sido secuestrados, era verídica.
Aunque el representante de la UPOEG supo que la noticia de los estudiantes de secundaria era falsa, como lo sabían y lo dijeron los periodistas locales, él no salió a desmentirla; tampoco se deslindó de Popoca.
El comunicado difundido por el grupo agradeció la participación de Alonso, Jiménez y Popoca en la causa de los desaparecidos, y señaló: “Reconocemos y agradecemos su participación en el nacimiento de este grupo”.
Proceso está buscando la versión de las personas señaladas. Por el momento, Julia Alonso dijo: “Yo nunca he pertenecido ni pertenecí al comité, y tampoco he utilizado a nadie mi desgracia de buscar a mi hijo, nunca he buscado nada más que apoyar. Se me hace extraño, independientemente de eso también deslindan a  (Norma) la jovencita que les ayudaba a documentar en las fosas”.
Señaló que tres personas de la parroquia de San Gerardo no pueden hablar por las familias –en alusión a los coordinadores del comité, entre ellos el párroco de la iglesia–, “yo sé lo que es vivir eso, que alguien opine por ti, las familias tienen voz y aunque tienen dolor ellas saben lo que quieren”.
Anunció también que el 5 de marzo será la fecha de toma de muestras genéticas entre las familias.
“De lo que se prometió la primera vez por fin están aquí los kit de la prueba de ADN pero se tienen que calificar a las familias para ver quien cumple los requisitos (familias completas, los parientes más cercano a la persona desaparecida y cuántas muestras se van a tomar para q salga completa)”.
Dijo que va a estar grabada cada muestra que sea tomada, a manera de cadena de custodia.
Sobre la participación de Popoca dijo que él, que tiene a su familia desaparecida y ha servido de apoyo para su labor: “Apoya en actividades, sólo eso. No está dentro de la estructura de Ciencia Forense sino que apoya a lo que se haga y a las familias en llevarlas a alguna dependencia. Al fin de cuentas es un señor que no tiene a su esposa y se han dedicado a desprestigiarlo”.
Dijo que aunque la PGR le informó a esta persona que ya había localizado a su familia no ha podido comprobárselo (“¿qué tal si aparece en una fosa?, sería muy grave”). Lo demás, dijo, ‘son chismes’.
Fuente

La IP no permitirá que padres de los 43 entren en sedes del Ejército


Juan Carlos Miranda
 
Periódico La Jornada
Sábado 14 de febrero de 2015, p. 7
La cúpula empresarial del país cerró filas en torno al Ejército frente al caso Ayotzinapa.
Por ningún motivo permitiremos que se metan en los cuarteles, sostuvo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Enrique Solana Sentíes, luego de la firma de un convenio entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y las secretarías de Marina y Defensa, con la presencia de los titulares de ambas dependencias.
Acerca de la demanda de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, de acceder a cuarteles militares en busca de sus hijos, el dirigente empresarial señaló: Tengo mucha pena por lo que les pasó, pero no vamos a abrir todos los cuarteles del país porque quieren ver si están ahí o no los muchachos. Es meterse a las entrañas de la sociedad mexicana, la parte más íntima de nuestro ser y dijimos que no aceptamos que se abran los cuarteles a nadie que no sea el Ejército.
El dirigente dijo no tener el menor indicio de que el Ejército pudiera haber participado en la desaparición de los estudiantes: Yo, en lo personal, no lo tengo. Señaló que ellos hoy declararon tajantemente que no tienen la menor responsabilidad en el tema, ninguna.
Solana Sentíes consideró que el marco jurídico actual deja desprotegidos a los soldados en su combate contra el crimen organizado.
Es muy difícil, cuando se está librando una verdadera guerra con personas que tienen lanzagranadas, metralletas y todas las armas del mundo, pues esperar un comportamiento de dama. Es un tema muy complicado, por eso insisto en que hay que revisar el marco jurídico para dar la cobertura a las fuerzas armadas para que se puedan mover y defender, no dejarlas indefensas, opinó.
Tanto Solana como el presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, hicieron un reconocimiento la responsabilidad, el valor y el patriotismo con que asumen los riesgos y dificultades inherentes al compromiso para restablecer la seguridad, la ley y el orden público y aseguraron que las fuerzas armadas son el bastión más firme que tiene el Estado mexicano.
En especial, nuestro agradecimiento profundo a los soldados y marinos que exponen su vida en estos frentes y a quienes han caído en esta lucha por la nación, dijo Gutiérrez Candiani.
Al encuentro privado, celebrado en el Club de Industriales, en Polanco, asistieron los secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, y de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz (quienes salieron por una puerta lateral y no emitieron declaraciones a la prensa), y empresarios afiliados al organismo, como Claudio X. González.
Gutiérrez Candiani detalló que en la reunión se signó un apéndice del convenio firmado el 6 de septiembre de 2013 entre las dos instituciones y el organismo empresarial con miras a establecer mecanismos conjuntos para el fomento de la cultura de la protección civil, una bolsa de trabajo para el personal militar en retiro y detección de focos rojos en temas de seguridad, entre otras metas.
Dijo que los derechos humanos son fundamentales, pero lo que sí es muy importante es que no nada más se tiene que defender el de los delincuentes; muchas veces pareciera que se está defendiendo no a la gente que trabaja día a día. A veces tenemos muy pocos mensajes en favor de las víctimas y sí en favor de los victimarios.

Fuente

Nestora: Rechazo de Estado

Foto
Nestora Salgado con Gonzalo Molina, Cristóbal Rendón y Miguel Vitrago, también jefes de la policía comunitaria, en Tixtla, GuerreroFoto Notimex
Foto
Campaña #Nestoralibre, emprendida por activistas, periodistas, feministas y académicasFoto La Jornada
Foto
Alejandro Martí, líder de México SOS; Isabel Miranda de Wallace, activista de Alto al Secuestro, y Dulce RubíFoto Luis Humberto González
Blanche Petrich
 
Periódico La Jornada
Lunes 16 de febrero de 2015, p. 2
La semana pasada la embajada de Estados Unidos citó al abogado Leonel Rivero, director del despacho Defensa Estratégica de Derechos Humanos y nuevo representante jurídico de Nestora Salgado García, a una reunión. Funcionarios consulares y políticos de la misión querían entender qué obstaculiza la liberación de la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, quien sigue presa en la cárcel de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, a pesar de que desde marzo del año pasado un juzgado federal desechó las causas penales que la acusan y ordenó su excarcelación.
Escucharon su punto de vista. Les expliqué que el de Nestora es un típico caso de prisión política y persecución de la lucha social. Su situación condensa el rechazo del Estado a proyectos autónomos de seguridad pública que, como las policías comunitarias y las autodefensas, evidenciaron la incapacidad de las autoridades de proteger a las poblaciones indígenas y rurales de la acción del crimen organizado, por omisión o complicidad.
Rivero agrega que al desconocer que las actividades de Nestora Salgado se produjeron en el contexto de sus funciones como comandante de un cuerpo de policías comunitarias de Guerrero, reconocidos por la ley estatal, los procesos judiciales en su contra tienen una innegable carga política. Y recordó que desde hace años los gobiernos utilizan las figuras penales de secuestro y secuestro agravado para reprimir a dirigentes del movimiento popular, como en su momento fueron los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, sentenciados a hasta 60 años de cárcel y finalmente liberados. O el caso del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras de La Parota, Marco Suástegui.
La acusación
En junio de 2013, Nestora Salgado García recibió en su casa a un grupo de mujeres de su comunidad, Olinalá. La casa servía a la vez como oficina de la comandancia de la policía comunitaria y Nestora, madre de tres jóvenes, había sido nombrada en asamblea popular comandante de ese cuerpo policiaco, adscrito a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), al amparo de la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero, promulgada a mediados de 2009.
La CRAC, como proyecto autónomo de seguridad, nació en 1995 en San Luis Acatlán, en la región mixteca. Inició su expansión en 2008. Cruzada por divisiones internas e interétnicas, a la fecha tiene cerca de 40 asambleas y sistemas de seguridad en decenas de pueblos de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero, contando con cerca de mil 800 efectivos que dan servicio a 20 mil guerrerenses aproximadamente.
Las señoras iban preocupadas a su encuentro con la comandante Nestora. Sus hijas –entre ellas Dulce Rubí Burgos y Yesenia Castillo Mesa– habían salido de sus casas días antes y no habían vuelto. Las madres sabían que las muchachas andaban en malos pasos y reconocieron que ya no podían controlarlas. Ambas chicas tenían, en ese entonces, 17 años.
La comandante movilizó a sus unidades y pronto localizaron a las adolescentes. Según consta en oficios firmados por Dulce y Yesenia, con el sello del Consejo Ciudadano Olinalteco y las rúbricas de la propia Salgado, confesaron que habían ido a pasear varios días, a tomar micheladas y a pernoctar en casas de distintos amigos en Huamuxtitlán y hasta Tulcingo.
A diferencia de otras casas de justicia del sistema CRAC-PC, en la de El Paraíso –a la que pertenecen Olinalá, Tixtla (cuya policía hoy día es responsable de la seguridad de la normal rural de Ayotzinapa) y Huamuxtitlán– se propuso un programa que fuera más allá de la seguridad y abarcara la reintegración y reducación de jóvenes delincuentes e infractores. Normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos son los encargados de esos proyectos educativos.
Las madres de las jóvenes convinieron con la CRAC y el consejo olinalteco que sus hijas pasarían un tiempo de reducación en cualquiera de las cuatro casas de justicia que tenía la policía comunitaria como parte de su sistema de reinserción. Hay actas firmadas. Con el rubro Reeducación, con fecha del 10 de junio de 2013, consta el acuerdo. Es para beneficio personal, familia y sociedad, se subraya. Cuatro chicas, con la autorización expresa de sus madres, se acogieron a ese sistema.
Meses después, las señoras que pidieron ayuda a Nestora se volvieron en su contra, cambiaron las versiones que ofrecieron ante el Ministerio Público (MP) y hoy la acusan de secuestro. En los tres procesos penales que enfrenta en una cárcel de máxima seguridad (48/2014, 196/2013 y 05/2014, abiertos en un juzgado de Tlapa y radicados en Tepic), los señalamientos de Dulce Rubí y Yesenia de haber sido víctimas, agravado por el hecho de ser menores, son los que más pesan en las circunstancias que tienen presa a la comandante de Olinalá desde hace ya año y medio.
Aguirre y la CRAC-PC
El 21 de agosto de 2013, en un operativo conjunto, elementos del Ejército, la Marina y las policías Federal y estatal irrumpieron simultáneamente en varias localidades de La Montaña. En Quiahuitepec, zona serrana a donde por falta de caminos sólo se llega a pie o en cuatrimoto, los soldados se lanzaron a rapel desde los cerros.
Las fuerzas federales aprehendieron ahí a 18 policías comunitarios y rescataron a las personas que tenían bajo arresto conforme al sistema de seguridad de la CRAC, entre ellos a Armando Patrón, quien entonces era síndico procurador de Olinalá, detenido y juzgado por estar relacionado con dos homicidios y por abigeato (en esas zonas rurales el robo de vacas es un delito común y muy sensible para la población). También liberaron a un taxista conocido como El Mapa, a quien se acusó de desaparecer y descuartizar personas por encargo del crimen organizado. En la zona actúa impunemente el cártel de Los Rojos. También estaban retenidos un presunto violador y cuatro mujeres, entre ellas las dos menores de edad. Los militares y marinos detuvieron en la sede de la policía comunitaria de El Paraíso a otros siete de sus integrantes y en Olinalá fue arrestada Nestora Salgado.
Al final del operativo, que marcó la ruptura del ex gobernador Ángel Aguirre con el sistema de policías autónomos que él mismo había impulsado, había más de 40 presos, entre ellos varios dirigentes comunitarios, como Gonzalo Molina, de Tixtla; Arturo Campos, de Ayutla, y Bernardino García, de El Paraíso. Están presos en Tepic, Miahuatlán o Acapulco y tienen cargos por secuestro agravado y delincuencia organizada. Doce siguen encarcelados. Todos son casos de persecución política.
Miranda de Wallace, a escena
Dulce Rubí, quien iba a ser reducada por la policía comunitaria, es la joven que ha aparecido recientemente en las conferencias de prensa de Isabel Miranda de Wallace, la poderosa activista de Alto al Secuestro. Ella no habla mucho, sólo se dice víctima y llora. Teatralmente, Wallace la abraza.
El activismo de Wallace y el líder de la organización México SOS, Alejandro Martí, se hizo visible la primera semana de enero, cuando estaba por vencer el plazo para que el fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, respondiera a la petición del gobernador Rogelio Ortega de desistirse de las causas contra Nestora para liberarla.
La presión tuvo el efecto deseado. El 30 de enero Godínez rechazó el desistimiento y determinó que el proceso penal siguiera su curso. Este jurista acapulqueño fue sugerencia de la Procuraduría General de la República para integrar el gabinete de Ortega, a la caída de Aguirre. Asumió el cargo el 19 de diciembre pasado.
Para Wallace fue un éxito. Para Nestora y sus hijas Sayra, Judith y Grissel, el endurecimiento de la fiscalía significa tener que retomar el proceso de la defensa casi desde cero.
Para el abogado Leonel Rivero, responsable del nuevo equipo de legistas que hace apenas un mes asumió la defensa legal de Nestora, quedan dos vías.
La primera pasa por agotar los recursos de incidencia para hacer cumplir una sentencia emitida en marzo del año pasado por el juez federal del Tribunal Unitario de Acapulco José Luis Arroyo, quien determinó que las acusaciones del MP federal por secuestro y delincuencia organizada no proceden, ya que Salgado actuó en función de su responsabilidad como autoridad de la CRAC, reconocida por la ley estatal 701. Es decir, que los presuntos actos de secuestro y privación de la libertad fueron en realidad detenciones derivadas de un acto de autoridad. El mismo juez descarta calificar los actos de extorsión que denuncian los quejosos. Tanto los familiares de Patrón Jiménez como de las muchachas aseguran que Nestora Salgado les pidió desde 20 mil hasta 300 mil pesos a cambio de su liberación. En sus acusaciones hay contradicciones y no hay consistencia en cuanto a fechas y montos. Pero además, el Tribunal Unitario determinó que las cantidades solicitadas por la policía comunitaria eran fianzas, no sobornos.
Por lo anterior, el juez ordenó, ya desde entonces, el no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, la diligencia quedó trunca y no se concluyeron las incidencias y la presentación de pruebas de cargo y descargo, porque varios de los denunciantes ni siquiera fueron notificados de que debían presentar sus recursos.
A estas fechas varios de los acusadores se han desistido de continuar la denuncia –como el síndico procurador de Olinalá Armando Patrón– y sólo han persistido las madres de las dos jóvenes que eran menores en 2013 (17 años), Dulce Rubí Burgos y Yesenia Castillo Mesa, que acusan a Nestora del secuestro de sus hijas.
Yo no me mando sola
Rivero considera que los argumentos de Wallace y Martí para exigir al fiscal que no se desista de las acusaciones desvirtuaron el debate jurídico y pasan por alto que las víctimas que dicen representar ya habían agotado sus argumentos ante el Ministerio Público. El juzgado unitario analizó sus pruebas y las desechó.
La otra vía obligaría a Nestora a hacer frente a los tres procesos abiertos en su contra en el fuero estatal, lo que implica un retroceso de año y medio en su lucha por ser liberada.
Su defensa presentará las pruebas de descargo correspondientes para ilustrar las inconsistencias en las declaraciones de los acusadores, demostrará que las menores fueron entregadas a la policía comunitaria a petición de sus madres y sostendrá sus dichos con las actas de las sesiones y asambleas de las autoridades regionales, que avalaron siempre las acciones de Nestora.
Ella ha dicho desde el principio: yo no me mando sola. Y es verdad: ella fue el brazo ejecutor de todo un sistema de seguridad pública que, además, es legal, amparado por la ley estatal 701 y por el derecho internacional, la ley de la Organización Internacional del Trabajo, señala Leonel Rivero. Añade que además presentará una pericial en antropología para demostrar la legitimidad de la visión de los pueblos indígenas sobre estos temas.
La ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero reconoce los sistemas de justicia y seguridad pública, incluidos los organismos de policía comunitaria organizados bajo la estructura de la CRAC. Olinalá, cabecera del municipio del mismo nombre, se ubica en la región de La Montaña, región nahua-tlapaneca y está dentro de esa jurisdicción.
Migrante, activista y presa política
Nestora se casó a los 17 años, cuenta su hermana Cleotilde Salgado. Su madre y su abuela, originarias de Chiapetlán, una pequeña comunidad cercana, no hablaban español, sólo náhuatl. Cuando cumplió los 20 ya tenía tres hijas y un marido con papeles para trabajar en Estados Unidos. Cuando decidió migrar para mejorar las condiciones de vida de su famila dejó a Sayra y Judith, las niñas mayores, a cargo de su suegra, y a Grissel, la más pequeña, con su hermana Cleotilde. El cruce de la frontera no fue fácil. La migra la detuvo y pasó un tiempo presa. Finalmente logró llegar a Bellville, en Washington y al año finalmente contó con recursos para mandar traer a sus tres pequeñas.
No volvió a Guerrero hasta que obtuvo la documentación migratoria que le permitía entrar y salir de Estados Unidos sin riesgos, al cabo de 10 años. Entonces empezó a frecuentar su pueblo, cada vez cargada de regalos y ayuda para sus hermanas y su madre. Así pudo terminar de construir su casa. Finalmente pudo regularizar su doble nacionalidad. Aunque no le iba mal en Estados Unidos, volvió a Olinalá por una temporada más o menos larga con las niñas.
Pero eso fue en 2012. Al poco tiempo de llegar Nestora a Olinalá, se supo del secuestro de un muchacho amigo de la familia que vendía celulares. Desapareció. Encontraron su cuerpo descuartizado. Luego fue un taxista. Después un chofer del transporte que va y viene de Chilapa. Cuenta Cleotilde: Llegó ese presidente municipal priísta Eusebio González y con él los que venden la droga. Todo se descompuso.
Dejo el pueblo en sus manos
El día del tercer sepelio la comunidad se levantó. Las campanadas de la iglesia convocaron asamblea en la plaza y Nestora escuchó por primera vez de la existencia de policías comunitarias que tomaban la seguridad de los pueblos en sus manos ante la incompetencia de los policías locales. Se fue metiendo, metiendo y quedó de jefa. No se autonombró. La gente la escogió a ella. Recuerda Cleotilde que el propio gobernador Ángel Aguirre llegó a Olinalá y sugirió que buscaran integrarse a la CRAC-PC. Dejo el pueblo en sus manos, le dijo a Nestora cuando se despidió.
Pero sus ganas de servir al pueblo de Olinalá terminaron mal.
Leonel Rivero explica el entorno político y social: Como en otras latitudes, la irrupción de una policía comunitaria con arraigo entre la gente provocó una ruptura en un sistema de poderes locales que amenazó el clima de impunidad con el que actúa el crimen organizado. Pero no sólo eso, son procesos organizativos y autogestivos que también amenazan a los cacicazgos políticos tradicionales. De ahí el afán de imponerle a Nestora un castigo ejemplar.


Fuente

Desapariciones forzadas, generalizadas e impunes

Foto
Varias protestas se han realizado frente a Palacio Nacional, en algunas colocando cartas, flores y fotografias de los estudiantes de la Normal Rural de AyotzinapaFoto Alfredo Domínguez
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Sábado 14 de febrero de 2015, p. 2
En México la desaparición de personas es un fenómeno generalizado, que ocurre en gran parte del territorio y en muchos de estos delitos hay participación de servidores públicos, por lo que es urgente que las autoridades lleven a cabo acciones para resolver dicho problema, entre ellas crear una unidad especial de búsqueda y un registro único de víctimas a escala nacional.
Así lo afirmó el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), organismo que ayer dio a conocer sus recomendaciones al gobierno mexicano luego de que el pasado 2 y 3 de febrero evaluó en Ginebra, Suiza, su grado de cumplimiento de los tratados internacionales en la materia.
La información recibida por el comite ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio, muchas de las cuales podrían calificarse como forzadas, debido a la participación de servidores públicos en los hechos, subrayó el CED.
De igual manera, destacó que el grave caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, agredidos y presuntamente asesinados hace más de cuatro meses, ilustra los serios desafíos que enfrenta México en materia de desapariciones forzadas y búsqueda de las víctimas.
El comité saludó avances del Estado mexicano, entre ellos la ratificación de todos los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, la reforma constitucional en la materia de junio de 2011 y la adopción de la Ley General de Víctimas, pero también hizo un amplio listado de sus preocupaciones.
Entre ellas figura que México no ha reconocido todavía la competencia del CED para recibir quejas individuales e interestatales, por lo que llamó enérgicamente al gobierno a hacerlo, como ordenan los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
De igual manera, el organismo lamentó que en el país hay niveles de cumplimiento desiguales de las normas en contra de la desaparición forzada, y en ese sentido pidió a México que expida una ley general en la materia, en la cual se tomen en cuenta las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El CED también manifestó su preocupación por la falta de información estadística precisa sobre el número de víctimas de desaparición forzada, lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo. Por ello, recomendó que el Estado cree un registro único a escala nacional.
Asimismo, indicó que algunas legislaciones no incluyen el delito de desaparición forzada o establecen penas disímiles, por lo que apremió a México a tipificarlo a escala federal y estatal de acuerdo con los estándares de Naciones Unidas y fijar penas en función a su extrema gravedad.
En las observaciones finales también se destaca que hay numerosos casos de desaparición forzada contra migrantes, y por tanto convoca a las autoridades a redoblar sus esfuerzos para prevenir e investigar estos casos.
Por otro lado, el CED lamentó la impunidad de los casos denunciados, la falta de investigaciones eficaces e inmediatas tras recibir una denuncia y la reclasificación de los delitos. Por ello, pidió a México que realice indagatorias exahustivas e imparciales, castigue a los responsables con penas adecuadas y facilite la participación de los familiares de las víctimas.
Para tales efectos, consideró que la Procuraduría General de la República debe crear una unidad fiscal especializada en la investigación de las desapariciones forzadas que cuente con recursos adecuados y trabaje de manera coordinada con otras agencias, en particular la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Por otra parte, el CED convocó a las autoridades nacionales a proteger a testigos y denunciantes para evitar que sean intimidados o atacados; investigar todos los casos de desaparición forzada cometidos durante la llamada guerra sucia y castigar a los responsables, y garantizar el derecho a la reparación integral del daño.
Por último, el Comité de Naciones Unidas recomendó al Estado mexicano que redoble sus esfuerzos en la búsqueda de personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la restitución de los restos a la familia de la víctima, así como crear un proceso para obtener una declaración de ausencia con el fin de regular de manera apropiada la situación legal de las personas desaparecidas y la de sus seres queridos.

Fuente

Se disculpa HSBC por acusaciones sobre evasión fiscal

PROCESO 


15 de febrero de 2015
Internacional
Una sucursal de HSBC en Londres. Foto: AP
Una sucursal de HSBC en Londres.
Foto: AP
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El banco HSBC publicó este domingo una carta en diarios británicos para ofrecer sus “más sinceras disculpas” por las prácticas pasadas de su banco privado en Suiza, acusado de ayudar a sus clientes a evadir impuestos.
La carta del banco del tamaño de una plana completa y firmada por el presidente ejecutivo Stuart Gulliver, fue publicada en varios diarios.
Manifiesta que los reportes publicados son una “experiencia dolorosa” para sus clientes, accionistas y empleados.
Gulliver firmó un desplegado publicado en varios periódicos, en el que alegó que la controversia es sobre prácticas “históricas” que no reflejan las normas actuales del banco.
HSBC “no tiene deseo alguno” de ayudar a sus clientes a burlar al fisco, apunta el presidente ejecutivo.
“Debemos mostrar que entendemos que las sociedades a las que servimos esperan más de nosotros”, escribió Gulliver. “Nosotros, por lo tanto, ofrecemos nuestras más sinceras disculpas”, agregó.
Indicó que la amplia mayoría de las 140 personas nombradas en los reportes como clientes de su banco en Suiza habían cerrado sus cuentas y que desde entonces ha establecido controles mucho más rigurosos sobre a quién acepta como cliente.
“No tenemos absolutamente ningún deseo de hacer negocios con clientes que están evadiendo sus impuestos o que no cumplieron con nuestras normas contra crímenes financieros”, sostuvo.
El banco más grande de Europa admitió errores de fiscalización y control en su operación en Suiza después de reportes de prensa que dijeron que había ayudado a sus clientes ricos a ocultar millones de dólares en activos hasta el 2007.
Fuente