viernes, 20 de febrero de 2015

Entrevista al Secretario General, Martín Esparza Flores 2015-02-20

Tejiendo Redes 2015-02-20

CFE criminaliza protestas por los cobros indebidos


Diana Manzo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 20 de febrero de 2015, p. 34
Juchitán, Oax.
Integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) exigieron al Estado mexicano y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un alto a la criminalización de líderes sociales que han encabezado protestas por los cobros excesivos de energía eléctrica y por la imposición de megaproyectos en sus comunidades.
Manifestaron que el pasado 17 de febrero, durante una audiencia en el juicio de amparo a favor de su compañero Andrés Pérez Hernández, les informaron que existe una causa penal con número de oficio 160/2014 del juzgado sexto del distrito contra los líderes sociales Teófilo Virgilio García Sarabia y Carlos Beas Torres, por el delito de privación ilegal de la libertad.
La Ucizoni informó que la denuncia penal fue presentada por Irma Maldonado, apoderada legal de la CFE, derivada de una manifestación que efectuó esa organización en julio de 2014 para exigir la liberación de dos de sus compañeros presos en Puebla.
Mediante un comunicado, los integrantes de la Ucizoni señalaron que, efectivamente, la organización se manifestó en dos oficinas de la CFE, en las estaciones Sarabia y Matías Romero, pero que en ningún momento fueron cerradas o bloqueadas.

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Crea Cemex una división para desarrollar proyectos eléctricos

Afp y Reuters
 
Periódico La Jornada
Viernes 20 de febrero de 2015, p. 27
Cementos Mexicanos (Cemex) anunció el jueves la creación de una división enfocada al sector eléctrico, con la intención de conquistar en un lustro hasta 5 por ciento de ese mercado en México. La cementera anunció desde el año pasado la creación de la nueva subsidiaria, que busca alcanzar una capacidad de generación de 3 mil 500 megavatios a mediano plazo.
La compañía, que arrastra una pesada deuda desde que adquirió la australiana Rinker, en 2007, señaló en un comunicado que espera contribuir con 30 millones de dólares en Cemex Energía en los próximos cinco años.
Estamos muy entusiasmados acerca del futuro del sector energía y nos apoyaremos en nuestra experiencia en desarrollar proyectos en beneficio de nuestro país, declaró Fernando González, director general de la empresa.
Cemex Energía busca aprovechar la apertura del sector energético que México puso en marcha recientemente y con la que abre a la inversión privada la producción de hidrocarburos y la industria eléctrica.
La cementera, que cuenta con cuatro permisos de generación de autoabastecimiento otorgados bajo la antigua ley, ha dicho que los proyectos a desarrollar por la nueva división serán a través de asociaciones, donde Cemex tendrá una participación minoritaria.
Según el texto, Cemex Energía prevé desarrollar proyectos eléctricos sin compromisos significativos de capital y espera construir un portafolio que tendrá como objetivo suministrar aproximadamente 3 a 5 por ciento de las necesidades de electricidad de México en los próximos cinco años, tiempo en el que recibirá 30 millones de dólares de la matriz.
La nueva división ha firmado ya un contrato con la estadunidense Pattern Development (desarrolladora y financiadora de equipo para producción de energía renovable) para generar mil megavatios de energía renovable en los próximos cinco años, añadió Cemex.
La cementera señaló que las deudas contraídas por su nueva división no tendrán repercusión en el resto de la firma, que opera en más de 50 países.
La forma en que hemos conceptualizado nuestra participación en este negocio es como desarrolladores de los proyectos (...) atraer a los inversionistas y a los constructores, dijo González en entrevista con Reuters.
Las acciones de Cemex ganaron 0.68 por ciento en el mercado bursátil mexicano y cerraron en 14.80 pesos por acción.

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Conmemoran 9 años de lucha por el rescate en Pasta de Conchos

PROCESO 


19 de febrero de 2015
Destacado
Mineros en Pasta de Conchos, Coahuila. Foto: Eduardo Miranda
Mineros en Pasta de Conchos, Coahuila.
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (apro).- Piedras de carbón y 65 cruces blancas con los nombres de los mineros víctimas de la explosión de Pasta de Conchos, ocurrida el 19 de febrero del 2006, decoraban hoy la entrada de las oficinas de Grupo México en la zona de Polanco.
A nueve años de la tragedia, las familias siguen sin poder enterrar a sus deudos, las autoridades continúan bloqueando el rescate de los restos y Germán Larrea, el director ejecutivo de Grupo México, goza de impunidad.
Eso denunciaron los miembros de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) que viajaron a la Ciudad de México para exigir justicia y recordar a sus parientes con una misa.
Después de cinco años de haber interpuesto una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que su petición, la P-178-10, sea admitida, solicitaron que su caso sea votado en el próximo periodo ordinario de sesiones del 13 al 27 de marzo.
Un niño con el rostro tiznado por el carbón y casco azul, nieto de uno de los fallecidos en el accidente, tomó una cruz blanca con el nombre de su abuelo Julián Martínez, trepó al pequeño escenario que se encontraba adornado con bordados que relataban las historias de muerte de los trabajadores de las minas carboníferas.
Mientras, su madre denunciaba en el micrófono: “Las familias viven el calvario de que se les arrebaten a sus seres queridos… el pasado nos alcanza en cada minero muerto porque no se hace nada para que no se repita la tragedia.”
Este año a la misa concelebrada por media docena de sacerdotes acudieron algunos padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, para dar un mensaje de solidaridad a las familias.
Miembros de la OFPC dijeron a los parientes de los estudiantes: “Nosotros escuchamos las cosas que les dicen (desde el gobierno), la manera en que los tratan y escuchamos de nuevo nuestra historia”.
Durante el mitin, una docena de familiares dio su testimonio de nueve años de lucha y todos los asistentes rezaron para que haya pronta justicia.
“Tres presidentes, dos administraciones, dos partidos y nadie nos hizo caso”, dijo Juanita Álvarez, mamá de uno de los mineros, “estamos igual o peor de muertos que ellos”.
La defensora de derechos humanos, Cristina Auerbach, quien acompaña a las familias, mencionó en entrevista que a pesar de la nula respuesta del Estado por intentar rescatar los restos de los mineros y darle seguimiento cabal al caso, ONG trabajan e impulsan a los mineros a denunciar anónimamente para que se cumplan las medidas de seguridad que deben tener las mineras carboníferas y para que accidentes como el de Pasta de Conchos no se repitan.
Desde hace dos años, organizaciones de derechos humanos como la OFPC se han coordinado para hacer campañas de denuncia sobre las irregularidades y peligros que se viven en centros de trabajo, lo que ha traído mejorías.
“De tener de 32 a 34 mineros muertos por año, pasamos a tres, redujimos la mortalidad a 90% en toda la zona carbonífera. Es un trabajo titánico y esta es la prueba de que si el Estado tuviera una política en la materia, las cosas cambiarían, y de que la participación de las familias y de los trabajadores hace la diferencia”, dijo.
Las familias convertidas en defensoras de derechos humanos denuncian día a día ante empresarios y la Secretaría del Trabajo las deplorables condiciones de trabajo que sufren los mineros, no sólo en cuestión de seguridad, sino de salud y de derechos laborales.
“La idea es llegar antes de que pase algo, nos la pasamos levantando muertos, es estar una semana sí y una no en funerales. Hay que llegar antes”. Por eso, dijo Auerbach, “ahora ellos denuncian cuando ven que las cosas están mal”.
Por su labor Auerbach ha sufrido hostigamiento, persecución y agresiones.
La organización espera la respuesta de la CIDH para saber si, a casi una década de ocurrida la tragedia, se admitirá su caso, una ventana de esperanza para la recuperación de los restos de sus familiares.

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La CIDH votará en marzo si acepta la queja sobre la tragedia de Pasta de Conchos


Patricia Muñoz y Leopoldo Ramos
Reportera y corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 20 de febrero de 2015, p. 22
La Familia Pasta de Conchos está a la espera de que sea admitida una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el gobierno del país, por el caso del homicidio industrial de los 65 mineros fallecidos hace 9 años en Pasta de Conchos, para poner al Estado mexicano ante el escrutinio internacional por su omisión y negligencia en este asunto.
El sacerdote jesuita Carlos Rodríguez, director del Centro de Reflexión y Acción Laboral, señaló ayer lo anterior en el contexto de la misa que celebró la Familia Pasta de Conchos frente a las oficinas de Grupo México, por el aniversario luctuoso de la tragedia.
En el acto, en el que estuvieron presentes padres de los normalistas de Ayotzipana, pastores, sacerdotes católicos, familiares de los fallecidos y mineros de diversos municipios de Coahuila, como Nava, Abarroteran y Sabinas, Rodríguez indicó que se lleva a cabo la antesala de las audiencias de la CIDH y que será en marzo cuando este organismo votará si acepta o no la queja por el caso de Pasta de Conchos.
Terminó proceso de entrega de pruebas
Se agotó el proceso de entrega de pruebas e información tanto de la parte quejosa, como del gobierno mexicano, los comisionados del organismo están deliberando y creemos que el gobierno de México será llevado de nuevo a una instancia internacional para demostrar su omisión e ineficiencia en un caso que costo la vida de mineros.
Foto
Durante la manifestación efectuada de la sede del corporativo Grupo México al Ángel de la IndependenciaFoto Carlos Ramos Mamahua
Hay confianza en que tarde o temprano se hará justicia, aunque los gobiernos están supeditados al poder empresarial de Germán Larrea, en eso no hay diferencia entre PRI y PAN, dijo en este acto, en el que la Familia Pasta de Conchos cumplió 108 misas celebradas a las afueras de Grupo México.
Por otra parte, en Sabinas familiares y amigos de los mineros siniestrados participaron en una ceremonia religiosa y en manifestaciones de protesta por calles de este municipio, para recordar la tragedia que ocurrió hace nueve años en la carbonera, concesionada por el gobierno federal a Grupo México e Industrial Minera México Sociedad Anónima (IMMSA).
La movilización se concentró dentro de la planta, en el ejido Santa María, donde se realizó una misa que encabezaron sacerdotes de la diócesis de Piedras Negras. Los deudos colocaron flores en un altar que desde el día de la tragedia se instaló, a un lado del lugar por donde los obreros ingresaban a la mina. En el sitio también hay fotografías de los trabajadores caídos y mensajes de sus hijos, madres, hermanos y esposas.
Otro grupo de familiares marchó por calles de Sabinas y de Juan de Sabinas hasta llegar frente a las instalaciones de Industrial Minera México en este último municipio, acompañados de integrantes del Partido de los Comunistas y estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayoztinapa, Guerrero.

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Normalistas protestan violentamente frente al cuartel de la 35 Zona Militar

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Diversos colectivos se manifestaron en Chilpancingo contra la Policía Federal y la GendarmeríaFoto Cuartoscuro
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 20 de febrero de 2015, p. 5
Chilpancingo, Gro.
Unos 200 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa se manifestaron de forma violenta frente a las instalaciones de la 35 Zona Militar y se enfrentaron con policías militares del 41 batallón de infantería, en el contexto del 102 aniversario de la creación del Ejército Mexicano.
Los alumnos llegaron en autobuses después del mediodía a las instalaciones castrenses e impidieron el paso a los vehículos que se dirigían a Iguala y la ciudad de México por la Autopista del Sol México-Acapulco.
Con el rostro cubierto, los estudiantes bajaron de los camiones y lanzaron piedras, petardos y bombas caseras al cuartel. Desde el interior, policías militares antimotines regresaban los proyectiles que caían en el inmueble y respondían con gases lacrimógenos y piedras.
Al menos 15 cohetones y petardos hicieron blanco en el edificio y aunque se escucharon gritos se desconoce si alguno de los antimotines resultó herido, pues no hubo reporte oficial.
Al percatarse de la acción de los estudiantes, los policías militares que se encontraban en las instalaciones del 41 Batallón de Infantería, ubicado frente a la 35 Zona Militar, lanzaron piedras hacia la Autopista del Sol contra los manifestantes.
La confrontación duró más de media hora, hasta que los dirigentes de los normalistas pidieron a sus compañeros que abordaran los autobuses, porque ‘‘la actividad terminó’’, y regresaron a la Normal de Ayotzinapa.
En el trayecto a Tixtla, donde se ubica el plantel educativo, los normalistas rompieron los cristales de una patrulla de la policía estatal y de una camioneta de la empresa Sabritas.
Alumnos y familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre han exigido que se les permita el acceso a los cuarteles ubicados en Guerrero.

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Familiares piden dar facilidades a la CIDH

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Protesta de varias organizaciones en favor de los normalistas, frente a la Procuraduría General de la RepúblicaFoto Marco Peláez
Carolina Gómez Mena
 
Periódico La Jornada
Viernes 20 de febrero de 2015, p. 4
En un foro organizado por la Red de Académicos por Ayotzinapa, padres y madres de los normalistas desaparecidos, defensores de los derechos humanos, académicos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exigieron al gobierno federal proporcionar al grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –que llegará al país el primero de marzo– las condiciones necesarias para efectuar su trabajo.
Posteriomente, en un mitin organizado por la Asamblea Interuniversitaria frente a la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, el abogado Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y Melitón Ortega, padre de Mauricio, uno de los 43 desaparecidos, señalaron que el martes 24 de febrero los padres y madres de los estudiantes ausentes se reunirán con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, para analizar no sólo la entrada al cuartel de Iguala, sino que la gendarmería reinicie la búsqueda de los nornalistas.
En entrevista, Rosales, representante legal de los paterfamilias, dijo que el encuentro se realizará en Acapulco y acotó que los familiares continúan la búsqueda, pero en condiciones riesgosas, por lo cual es necesario el apoyo de autoridades federales.
Por su parte, Melitón Ortega demandó que en la reunión también participen los titulares de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y Jesús Murillo Karam, de la Procuraduría General de la República (PGR).
Antes, en el foro, el sacerdote Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, insistió en que el grupo de expertos de la CIDH ‘‘debe tener todas las condiciones necesarias para poder llevar a cabo su trabajo sobre los esfuerzos de búsqueda, no sólo del gobierno federal, sino también de la sociedad, y para verificar la labor que ha hecho la PGR, todo esto para que haya verdad y justicia’’.
Subrayó que el caso ha estado plagado de ‘‘inconsistencias científicas, jurídicas y de procuración de justicia’’, por lo cual ‘‘no debe cerrarse el expediente y no quitar esta tragedia de la atención de la sociedad; tenemos que seguir pugnando por que aparezcan con vida’’.
Rosales coincidió en que el ‘‘Estado mexicano debe otorgar a los especialistas de la CIDH las mejores condiciones, porque si hay limitaciones, si se oculta información, van a limitar su misión’’. Confió en que las indagatorias de la comisión ‘‘abran la posibilidad de redireccionar la indagatoria, que se abran nuevas líneas de investigación y tener un ente confiable y objetivo que al interior esté monitoreando el curso del expediente’’.
Dolores González, de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), resaltó que en este caso la realidad es que ‘‘no conocemos la verdad histórica, sino la verdad oficial que se construyó conforme a los tiempos políticos y a lo que es útil al Estado mexicano’’, y lamentó, al igual que Rosales y el sacerdote Miguel Concha, que ‘‘a nadie se ha consignado por desaparición forzada’’.
También subrayaron que no han sido detenidas tres personas que han sido consideradas claves en esta desaparición: ‘‘Felipe Flores, quien fue secretario de seguridad pública de Iguala; Francisco Salgado Valladares, ex director de seguridad pública, así como el llamado Cabo Gil, operador del grupo delincuencial Guerreros Unidos’’.
Jorge Antonio Montemayor Aldrete, del Instituto de Física de la UNAM, dijo que las pruebas del gobierno no confirman que los normalistas fueran incinerados, y criticó que no se haya tomado en cuenta la posible presencia de ADN en las camionetas en que fueron trasladados los normalistas, ya sea en sangre, sudor, cabellos o incluso piel.

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Padres de normalistas hacen mitin en la UNAM; “no le creemos a Peña”, insisten

PROCESO 


19 de febrero de 2015
Destacado
Padres de normalistas desaparecidos se reúnen con estudiantes en la UNAM. Foto: Hugo Cruz
Padres de normalistas desaparecidos se reúnen con estudiantes en la UNAM.
Foto: Hugo Cruz
MÉXICO, D.F. (apro).- A casi cinco meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, los padres de familia advirtieron que seguirán firmes en su búsqueda por encontrar con vida a sus hijos.
Luego de acusar al presidente Enrique Peña Nieto de mentirles sobre el paradero de los estudiantes, a quienes el gobierno federal da por muertos, dijeron que ellos confían en el diagnóstico de los peritos argentinos, porque los restos hallados en el basurero de Cocula no pertenecen a ninguno de los muchachos.
En un mitin frente a la Biblioteca Central, en Ciudad Universitaria, los padres de los normalistas lloraron por la desaparición de sus hijos y, una vez más, exigieron justicia a las autoridades de los tres niveles de gobierno.
En medio de consignas, subrayaron que no le creen al gobierno de Peña y que su lucha no cesará hasta que sus hijos regresen con vida, porque no están muertos.
“Es impresionante el dolor que se siente al perder un hijo”, soltó uno de los padres en el mitin organizado por la Asamblea Interuniversitaria de la UNAM, con el apoyo de diversas organizaciones, entre ellas la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco.
“Nuestra lucha es por la presentación con vida de los 43 y castigo a los responsables. Luchamos juntos por la liberación de los presos políticos de este país y por la cancelación de las reformas estructurales”, dijo Melitón, padre de Mauricio.
A su vez, el padre de Miguel Ángel, Pablo Hernández, acusó al gobierno “maldito” de la desaparición de sus hijos y llamó a la población a no votar el próximo 7 de junio.
Entre sollozos, las madres de los estudiantes recordaron el último día que los escucharon con vida y por qué decidieron estudiar en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Lo hicieron “para ayudarnos a salir de la pobreza”, subrayaron.
Luego uno de los padres cantó la canción que le dedicó a su hijo desaparecido, y la Asamblea Interuniversitaria les entregó un cheque para apoyar su lucha.
En representación de la sección 9 de la CNTE, Rodolfo Bernal señaló que el gobierno, a través de testaferros, ha estado matándole los sueños a los jóvenes, “y no contentos con ello se llevan a nuestros hijos”.
Carlos Ramírez, del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, exigió la aparición con vida de los normalistas y castigo para los responsables “de este hecho tan repudiado por la mayoría de los mexicanos”, porque, agregó, “están pavimentando el terror para justificar una represión”.
Machete en mano, Ignacio del Valle, representante de los atenquenses, lanzó: ” La dignidad de un pueblo jamás la podrán privatizar”.
Jorge Montemayor, científico de la UNAM, resaltó que no creen en las investigaciones gubernamentales sobre lo sucedido con los normalistas de Ayotzinapa. No es casual, dijo, que hubieran desaparecido a los estudiantes a 50 kilómetros de un yacimiento de oro en Iguala.
El mitin concluyó con la consigna: “Peña Nieto, delincuente, la cuenta esta pendiente”. Después empezó el concierto de El Mastuerzo, Salario Mínimo y EUMAR.
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Eurodiputados difieren de la verdad histórica sobre los 43

Víctor Ballinas y Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Viernes 20 de febrero de 2015, p. 4
Parlamentarios de la Unión Europea (UE) exigieron a diputados y senadores mexicanos ponerse del lado de las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, cuestionaron la versión oficial –que defendieron los legisladores del PRI– y advirtieron que están ‘‘conmocionados’’ con el elevado número de desapariciones forzadas que ocurren en México cada día, ‘‘toda vez que ello no es propio de un país democrático, sino de una dictadura’’.
Durante la discusión del tema de derechos humanos, dentro de los trabajos de la comisión interparlamentaria mixta Unión Europea-México, que ayer se inauguró en el Senado, los siete eurodiputados que intervinieron refutaron los argumentos de los senadores priístas Omar Fayad y Blanca Alcalá, quienes insistieron en que el gobierno mexicano ha actuado ‘‘con celeridad’’ en este ‘‘lamentable y vergonzoso caso’’ .
Fayad, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Pública, insistió ante los legisladores europeos en que es ‘‘una de las investigaciones más rápidas y exhaustivas de las que se han hecho en el mundo sobre desapariciones forzadas. En México, el caso está prácticamente resuelto’’, dijo, e insistió en que se trata de ‘‘hechos aislados’’.
Sostuvo también que los familiares no aceptan las conclusiones a que llegó la Procuraduría General de la república (PGR) porque ‘‘están manipulados’’. Los eurodiputados que intervinieron rechazaron esa versión.
La italiana Pina Picieno respondió que los eurodiputados se reunieron ayer con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, quien les dijo que la investigación sigue abierta. Agregó que quieren saber por qué el gobierno rechazó la tesis de los peritos argentinos. Refutó que el caso Iguala sea hecho aislado y señaló que tienen información de que en México ocurren 13 desapariciones forzadas al día, una cada hora con 13 minutos. ‘‘Al año, 15 mil 722; esto no se compara con la dictadura militar argentina, en la que se registraron 30 mil desaparecidos, y México es un país democrático, no una dictadura’’.
Agregó: ‘‘Hay 120 mil muertes relacionadas con el crimen organizado, decenas de miles de migrantes muertos; todo esto ha quedado en la impunidad’’.
Durante la inauguración del encuentro, la presidenta de la delegación europea, Teresa Jiménez Becerril, mencionó el tema Ayotzinapa y advirtió: ‘‘Tenemos que actuar y hacer lo que nos exigen nuestros ciudadanos, los cuales están hartos de leyes y de palabras y nos piden hechos palpables’’.
Resaltó que ‘‘en la mente y el corazón de los eurodiputados están presentes los padres de los muchachos desaparecidos, quienes se dirigen a nosotros y también al pueblo y a los gobernantes exigiendo la justicia que se merecen’’.
La senadora del Partido Revolucionario Institucional Blanca Alcalá resaltó en la sesión vespertina las leyes que se han aprobado en el Congreso para resolver el problema de la violencia en el país. En respuesta, el alemán Thomás Mann expuso que se reunieron ya con los familiares de los estudiantes, quienes piden justicia. ‘‘No quieren excusas, quieren saber la verdad. Quieren que participen expertos extranjeros, porque no creen que los restos calcinados en el basurero de Cocula sean de sus hijos’’.
La italiana Giulia Moi dijo que reconocen que al Senado le animan buenos propósitos, ‘‘pero la realidad en las calles es otra y los ciudadanos nos dijeron que desconfían de la política del gobierno y sobre todo de la policía. La vida real es lo contrario a lo que nos han dicho ustedes’’.
A su vez, la eurodiputada Danuta Jazlowieck, de Polonia, prácticamente llamó insensibles a los legisladores mexicanos por el distanciamiento que mantienen con los padres de familia y familiares de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre del año pasado
‘‘Me pregunto entonces, ¿cómo se comunican ustedes con la sociedad?, ¿cómo se organizan, si es que se organizan?, ¿a través de qué consultas sociales? ¿Cómo se comunican ustedes con las familias del caso Iguala, porque precisamente los más importante es exponer una comunicación mutua.’’
Entonces el legislador priísta Imar Fayad pidió que se exhibiera el video que la PGR ya dio a conocer con las conclusiones de la investigación sobre el caso Ayotzinapa, pero los euroeurodiputados no cambiaron de opinión.

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Intercambian a tres maestros por dos trabajadores de Coca-Cola

Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 20 de febrero de 2015, p. 5
Chilpancingo, Gro.
La madrugada de ayer se realizó el intercambio de los tres profesores –integrantes del Frente Único de Normales Públicas del Estado de Guerrero (Funpeg)– detenidos por la policía estatal, a cambio de los dos empleados de la empresa refresquera Coca-Cola, retenidos por los docentes, informó Antonia Morales Vélez, vocera de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg).
Explicó que desde la tarde del pasado miércoles buscaron el diálogo con los gobiernos federal y estatal ‘‘y como respuesta nos enviaron a la policía antimotines para reprimirnos’’ y tratar de desalojarlos del plantón que mantienen en el zócalo de la ciudad de Chilpancingo para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La dirigente de la Ceteg reprobó la actitud de ambos gobiernos y dijo que ‘‘al no encontrar eco en el gobierno estatal decidimos pedir a los directivos de la empresa refresquera que nos acompañaran (al plantón), y así se hizo, hasta lograr el intercambio de los detenidos’’.
En el canje estuvo presente el ombudsman guerrerense, Ramón Navarrete Magdaleno, quien sostuvo que ‘‘la empresa refresquera aceptó desistirse de la demanda penal por el robo de un camión repartidor, lo que derivó en la detención de los normalistas Francisco Guerrero Hernández, José Morales Honorato y José Armando Vázquez García’’.
Por su parte, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón condenó ‘‘la represión ejercida’’ y manifestó que ‘‘es evidente que el gobierno ha optado por una estrategia donde el uso de la fuerza se utilizará para acallar las voces, como si el dolor y la indignación del pueblo se fueran a borrar a través del miedo y el terror’’.
Agregó: ‘‘Reprobamos también la falta de sensibilidad humana y compromiso por parte del gobernador Rogelio Ortega Martínez, ante una exigencia justa; recordamos que al inicio de su gobierno se comprometió a no reprimir y a ser instrumento de diálogo entre familiares de desaparecidos y el gobierno, lo cual no ha cumplido’’, señaló el organismo.
En tanto, la Asamblea Regional Zona Centro de la Ceteg, realizada esta mañana en Chilpancingo, desconoció a Ramos Reyes Guerrero como secretario general de este gremio, y a José Angel Barón, como vocero del magisterio guerrerense.
Acusaron a Ramos Reyes de ‘‘traidor’’, al negociar por separado con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, a cambio de no realizar manifestaciones, y de entregar los vehículos oficiales retenidos por la Ceteg desde hace más de cuatro meses.
Ratificaron que continuarán con el apoyo a los padres de familia, y estudiantes de Ayotzinapa, en su exigencia de presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el pasado 26 de septiembre.

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Otra de Liverpool: empleada pierde a su bebé en sanitarios de la tienda

PROCESO 


19 de febrero de 2015
Destacado
La sucursal de Liverpool en San Juan del Río, Querétaro. Foto: Google Maps
La sucursal de Liverpool en San Juan del Río, Querétaro.
Foto: Google Maps
SAN JUAN DEL RÍO, Qro. (apro).- Una empleada de Liverpool, que tenía entre 8 y 9 meses de embarazo, entró en labores de parto en los sanitarios de la tienda donde trabajaba el martes pasado, sin ningún tipo de ayuda médica, lo que derivó en la muerte de su bebé.
El director de la Unidad de Protección Civil Municipal de San Juan del Río, Luis Enrique López Anaya, informó a Apro que el personal médico de la tienda no le brindó ningún tipo de ayuda a esta mujer de 26 años, durante cerca de una hora en que ingresó a los sanitarios.
“Se da cuenta al personal de la tienda y acude inmediatamente una enfermera, bueno, dice que es enfermera, de ahí del servicio médico de la tienda. Consta que esta señorita no hizo nada, no supo qué hacer ante esta situación.
Ingresaron más personas, pero todos desconocían qué hacer en ese momento. Esto dicen que fue desde las seis de la tarde y ellos hablaron a la ambulancia hasta las siete de la noche”, lamentó.
No fue lo peor.
Después de la llamada del personal de Liverpool al 066, recibida hasta las siete de la noche, López Anaya dijo que una ambulancia de la Cruz Roja fue enviada a la tienda, pero el personal de seguridad de la tienda no le permitió ingresar ni siquiera al estacionamiento.
Luego, los elementos de la seguridad privada accedieron a que personal de Protección Civil y de la Policía Municipal ingresaran al estacionamiento de Liverpool, pero les impidieron continuar al interior de la tienda departamental.
“Dentro de la plaza (personal de seguridad privada) ya no les permiten el acceso a la tienda departamental de Liverpool argumentando que eran las ordenes por parte del gerente, como tal”, afirmó el funcionario municipal.
En lugar de facilitar el ingreso a las autoridades, los directivos de Liverpool solicitaron el servicio de ambulancia de una empresa privada, cuyo personal reportó que supuestamente la mujer de 26 años no permitía que le brindaran auxilio, al aparentemente encerrarse en el baño.
El director de Protección Civil informó que la versión de una de las paramédicos contratadas por Liverpool, señala que la mujer no quería ser atendida, que sólo les pedía un cambio de ropa y que no le dijeran a su mamá.
“A parte de que ella se negaba a ser atendida –según la versión de la paramédico contratada por Liverpool— las personas nunca hicieron algo más para brindar la atención. ¿Te imaginas una hora perdiendo el tiempo?”, cuestionó el Director de Protección Civil Municipal.
El funcionario informó que la paramédico –de quien no reveló el nombre— también le expuso que la mujer supuestamente decía que no sabía que estaba embarazada y que tuvo que aplicar su protocolo de primeros auxilios psicológicos y tratar de convencerla que necesitaba ayuda.
Personal de la ambulancia privada contratada por Liverpool trasladó a la mujer al Seguro Social donde se está recuperando.
También reportaron a Protección Civil que trataron de reanimar el cuerpo de la menor que fue hallado en una de las tazas del baño.
El mismo personal reportó que resguardó el cuerpo de la bebé, mientras acudían las autoridades ministeriales a tomar conocimiento de los hechos.
El director de la Unidad de Protección Civil Municipal de San Juan del Río, Luis Enrique López Anaya agregó que por lo pronto la dependencia que encabeza le impuso una multa que oscila entre los 30 y 35 mil pesos a la tienda, por impedir el ingreso del personal de la Cruz Roja y de Protección Civil.
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El 60% de la población considera que la corrupción aumentó con el gobierno de EPN

El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. Foto: Eduardo Miranda
El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El 60 por ciento de los mexicanos considera que la corrupción aumentó durante los últimos dos años, desde que inició el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Para el 36 por ciento de la población, el principal problema del país es la corrupción. El segundo lugar lo ocupa la inseguridad, con el 28 por ciento, y el tercer lugar el desempleo, con el 13 por ciento.
El periódico Reforma publicó este viernes una encuesta sobre la percepción de la corrupción en México.
El 92 por ciento de los consultados respondió que las propiedades que han comprado gobernantes y exgobernantes tanto en el país como en el extranjero son resultado de malversación de fondos.
Según el estudio, los partidos políticos son percibidos como las instituciones más corruptas, seguida de altos funcionarios públicos, el sistema judicial y los gobiernos estatal y federal.
El 39 por ciento de los encuestados sostiene que la principal causa de la corrupción es la cultura y la educación de los mexicanos.
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Ejército mexicano, víctima de su estratega

PROCESO 


19 de febrero de 2015
Análisis
Cienfuegos y Peña celebran el Día del Ejército. Foto: Eduardo Miranda
Cienfuegos y Peña celebran el Día del Ejército.
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (apro).- El general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ha equivocado la estrategia. Su decisión de hacer del Ejército una víctima ha resultado contraproducente para esa fuerza armada, para él como jefe militar y para el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Las celebraciones del Ejército por los 102 años de su creación eran una oportunidad para que su Alto Mando tomara la iniciativa y pusiera el ejemplo a sus hombres en momentos en que están perdiendo la batalla en amplios sectores de la opinión pública nacional.
En lugar de convencer con la verdad y la transparencia para posibilitar la justicia, el general se ha empeñado en hacer del Ejército una víctima, colocándolo en una aparente debilidad.
Cuando habló por la conmemoración de la Marcha de la Lealtad, el 13 de este mes, se refirió a una acción concertada en contra de sus hombres. Dijo que había “quienes quieren separar al Ejército del pueblo”. Pero aclaró que eso era imposible porque bastaba fijarse en la piel de los soldados mexicanos para darse cuenta que son del mismo pueblo.
El color de la piel no dice nada de la cercanía o lejanía de los militares con la gente. Todos aquellos que han sido víctimas de militares desde hace décadas saben que ese argumento es, por lo menos, retórico.
En la lógica de la discordia, el general no dio nombres o perfiló siquiera quienes están detrás de esa supuesta inquina.
Una semana después, este jueves 19, en la conmemoración del Día del Ejército, abundó en la lógica de la victimización. Dijo que se acusa al Ejército sin pruebas serias o sin que se hayan acabado los procesos judiciales, “para tratar de desprestigiarnos y con ello dañar la confianza en nosotros depositada”.
Cienfuegos sabe que se engaña a sí mismo. México es un país en el que los jueces no se han atrevido a investigar la línea de mando para sancionar a los militares culpables de graves violaciones a los derechos humanos.
Y con esa línea discursiva, el secretario quiere dar la vuelta a la batalla por la verdad y el establecimiento de responsabilidades. Es una batalla para la que esta generación de militares no está preparada y mucho menos dispuesta a dar, como ocurrió con los mandos militares que estuvieron al frente de la guerra sucia, en los años 60 y 70 del siglo pasado.
En esa época de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otras violaciones graves de derechos humanos, los militares hablaron de “enemigos de la patria”. Ninguno de los responsables fue castigado, haciendo de la impunidad su principal herencia.
Más de tres décadas después, ante la masacre cometida por militares de presuntos delincuentes civiles en Tlatlaya o las dudas por la actuación del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el general secretario optó por el discurso de la victimización, luego de un fallido intento de encubrir a sus hombres en el caso de la matanza ocurrida en el Estado de México, en junio del año pasado.
Dice que los militares no han sido ajenos “a las reflexiones” de la sociedad sobre hechos como Tlatlaya y Ayotzinapa. Más que reflexiones son exigencias de que se esclarezca la verdad y se sancione a todos los responsables, no sólo a los militares de más bajo rango.
La victimización sólo exacerba. La respuesta inmediata de quienes apoyan a los familiares de los normalistas fue lanzar piedras y bombas caseras al cuartel de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, tal y como ocurrió en diciembre pasado contra las instalaciones del 41 Batallón de Infantería en Iguala.
La radicalización en Guerrero es un pulso para el Ejército. No es con discurso de víctima como debe responder. Mucho menos la puerta falsa de la represión. Para no dejarse entrampar, el Ejército no tiene más que esclarecer y sancionar donde tenga que sancionar; dar el paso histórico de dejar de encubrir.
A la luz de esas actuaciones, el discurso de la victimización como estrategia afecta más la imagen del Ejército, mina la credibilidad de Alto Mando y ahonda la molestia en contra del gobierno de Peña Nieto, sobre todo cuando éste se empeña en defender lo indefendible al asegurar, como lo dijo este 19 de febrero, que el Ejército mexicano “está por encima de cualquier sospecha o duda”.
Twitter: @jorgecarrascoa

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Hay quienes buscan desprestigiar al Ejército, advierte Cienfuegos

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El presidente Enrique Peña Nieto, flanqueado por el diputado Silvano Aureoles, el general Salvador Cienfuegos, el almirante Vidal Francisco Soberón y el senador Miguel Barbosa, durante la participación de Vicente Fernández en el Día del Ejército, en el Campo MarteFoto Marco Peláez
Jesús Aranda y Rosa Elvira Vargas
 
Periódico La Jornada
Viernes 20 de febrero de 2015, p. 3
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda, salió en defensa de los soldados acusados de violar derechos humanos, al señalar que ‘‘en ocasiones se nos ha señalado, sin agotar los cauces legales o sin pruebas serias, para tratar de desprestigiarnos y con ello dañar la confianza en nosotros depositada’’.
Al hablar ayer en la ceremonia por el Día del Ejército, en el Campo Marte, el general Cienfuegos reconoció que ‘‘existen situaciones sensibles que han despertado el pensar y sentir de la sociedad’’, como la exigencia de todos, sin excepción, de respetar la ley y las decisiones judiciales.
Meses después de que soldados participaron en la matanza de 22 presuntos secuestradores en Tla-tlaya, estado de México, y de que militares fueran acusados de estar vinculados con la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Norrmal de Ayotzinapa, el divisionario aseguró: ‘‘Siempre seremos nosotros los más interesados en que cualquier incidente que involucre la participación de personal militar sea investigado a fondo y se esclarezca plenamente.
‘‘Pongamos las cosas en claro’’, aseveró ante el presidente Enrique Peña Nieto, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, integrantes del gabinete y cientos de soldados y marinos de todos los rangos. ‘‘deben ser las autoridades judiciales competentes las que determinen las responsabilidades que conforme a derecho procedan.
‘‘Por nuestra parte –subrayó– la Secretaría de la Defensa Nacional velará para que los integrantes de la institución reciban un juicio justo cuando, en cumplimiento de sus misiones, se vean sujetos a un proceso legal.
‘‘En el gen institucional de las fuerzas armadas, en la conciencia de cada soldado o marino, no existe el afán de violentar los derechos de las personas, de violentar el estado de derecho.’’
Cienfuegos dijo: ‘‘Con respeto nos adherimos al sentir de toda familia que ha sufrido la pérdida de algún ser querido, sentimiento que se suma a la pérdida de cada mexicano, que incluye a nuestros compañeros de armas’’, quienes murieron o resultaron con lesiones incapacitantes en cumplimiento de su deber ‘‘y en defensa de la sociedad. Mantenemos el compromiso irrenunciable de actuar con transparencia, respetamos las determinaciones legislativas judiciales y promovemos el respeto a los derechos humanos’’, sostuvo.
‘‘Somos un ejército surgido del pueblo, para el pueblo y con el pueblo’’, dijo. Añadió que es un ‘‘Ejército de instituciones; del deber, no del querer; de la nación, no de facción; de la soberanía, no de la ideología’’.
En la ceremonia por el 102 aniversario del Ejército, la Sedena y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano firmaron un convenio para otorgar créditos de vivienda –el monto destinado aumentó de 50 millones a 578 millones de pesos en 2015, para beneficiar a 26 mil soldados–, así como un acuerdo para subsidiar a los soldados que arriendan vivienda hasta por mil 406 pesos y apoyo para el mejoramiento de vivienda con tasas máximas de 8 por ciento de interés.
El presidente Peña encabezó la inauguración del monumento por el Centenario del Ejército Mexicano, en el Campo Marte.
Son garantes ‘‘de la paz y seguridad interior’’
Rosa Elvira Vargas y Jesús Aranda
En una nueva reivindicación pública de las fuerzas armadas mexicanas, el presidente Enrique Peña Nieto colocó la honorabilidad del Ejército y de la Marina ‘‘por encima de cualquier sospecha o duda’’.
En la cuarta fecha de febrero para las efemérides castrenses, el mandatario, su gabinete y los titulares de los poderes Legislativo y Judicial asistieron a la conmemoración del Día del Ejército, en el Campo Marte.
Los soldados de México, ‘‘comprometidos y valerosos’’, han pasado ‘‘lista de presentes’’ en la lucha contra el crimen organizado y encuentran como mayor recompensa y máxima aspiración garantizar la soberanía nacional, la integridad del territorio, la vigencia de las instituciones y la protección del pueblo, dijo Peña Nieto.
‘‘No han dudado –añadió– en contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad interior’’, ni escatimado esfuerzos para proteger los recursos ‘‘naturales y forestales’’ o para salvaguardar a la población en casos de desastres o accidentes de gran magnitud.
Y todos en México han constatado ‘‘su respaldo a las mejores causas de nuestra sociedad y sus invaluables contribuciones a la construcción del país’’.
Fue un festejo que pasó de lo solemne a lo vernáculo. De la inauguración de un ‘‘monumento magno’’ conmemorativo del Centenario del Ejército Mexicano –cumplido hace dos años–, obra del arquitecto Agustín Hernández Navarro y de ingenieros militares, a las canciones de Vicente Fernández.
El presidente Peña hizo un panegírico de los soldados del país, a quienes caracterizó como ‘‘personas de carne y hueso, con alma, mente y corazón; con sueños y esperanzas, que ponen lo mejor de sí para cumplir con las misiones que tienen encomendadas’’.
A diario, ‘‘salen sin temor a enfrentar aquello que amenace a nuestra gente, ya sea la violencia del crimen organizado o la misma fuerza de la naturaleza’’.
Para dar el contexto histórico del Ejército Mexicano, al inaugurarse el monumento, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, aseguró: la vocación militar es tan grande ‘‘que está en su esencia la búsqueda de la paz y la cristalización de la libertad y la justicia social’’.
Peña Nieto, quien también había puntualizado que ‘‘portar el uniforme de la patria es un privilegio reservado para sus mejores hijos’’, habló de la retribución del gobierno –‘‘por gratitud y recompensa’’– a los soldados con subsidios para la renta de casas y créditos a tasas preferenciales para construir o remodelar sus viviendas.
Vicente Fernández, con 75 años a cuestas recién cumplidos, fue el plato fuerte para solaz de los presentes. Se le programaron cinco canciones iniciales frente a la concurrencia de unas 3 mil personas. Entre las primeras interpretaciones dedicó al presidente Coincidir, de Alberto Escobar, porque alguna vez el mandatario se la pidió y entonces no figuraba en su repertorio.
De pronto, al concluir la cuarta melodía, el cantante pidió al jefe del Ejecutivo que se acercara hasta donde él cantaba para despedirse de los presentes, lo cual rompía todo el programa, porque Peña Nieto... aún no dirigía su discurso.
Habló el mandatario y, una vez concluida la ceremonia formal, los militares convidados –desde tropa hasta generales– escucharon un concierto completo de Fernández. La Sedena no quiso testimonios periodísticos de este hecho y echó a los reporteros de la gran carpa cuando ya el mariachi y la voz del cantante entonaban la canción más pegadora para estos uniformados: El adiós del soldado.

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Repudian organizaciones sociales eventual llegada de Medina Mora a la SCJN

Eduardo Medina Mora, embajador de México en Washington. Foto: Germán Canseco
Eduardo Medina Mora, embajador de México en Washington.
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones sociales consideraron que la postulación del aún embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, como aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), refleja “un profundo desprecio a los derechos humanos” por parte del presidente Enrique Peña Nieto.
Ante la integración de Medina Mora en la terna propuesta por el mandatario federal al Senado de la República para designar al nuevo ministro, decenas de agrupaciones civiles de derechos humanos consideraron que de los candidatos Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Medina Mora, éste último “tiene una trayectoria política que imposibilita que sea un ministro independiente del Poder Ejecutivo y está implicado en diversos casos graves de violaciones a derechos humanos”.
Tras criticar que Peña Nieto no integró a ninguna mujer en su terna, las organizaciones consideraron preocupante que “la lógica detrás de la terna actual deje ver la intencionalidad no de consolidar la independencia de la SCJN sino de avanzar intereses del Poder Ejecutivo dentro de ese órgano garante de la Constitución”, aún cuando se avecinan otros dos procesos de relevo en el máximo tribunal de justicia del país.
En un comunicado, la organizaciones hicieron un breve recuento del pasado de Medina Mora en el ejercicio de cargos públicos durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón.
Con Salinas, recordaron, formó parte del equipo de asesores en la negociación de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en los temas de agricultura, normas, prácticas desleales de comercio, inversión y reglas de origen.
“Fue partícipe en la estructuración de este instrumento internacional que ha sido sistemáticamente denunciado por organizaciones campesinas por generar condiciones de pobreza e inequidad en el campo mexicano”, acusaron.
Ese antecedente es grave para las organizaciones, toda vez que en tribunales federales se litigan casos “que confrontan la visión privatizadora del campo respaldada por el TLCAN con el derecho a construir un proyecto de desarrollo que sean sustentable y respetuoso de la cultura y los pueblos originarios”, así como temas relacionados con la siembra de transgénicos y las violaciones a derechos humanos cometidas por la minería.
En su paso como secretario de Seguridad Pública del gobierno de Vicente Fox, Eduardo Medina Mora fue señalado por violaciones a derechos humanos por casos como el del operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, donde participaron 2 mil 500 elementos de la policía estatal y de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP).
De ese operativo, el saldo fue de dos jóvenes asesinados, 207 detenidos, entre ellos 47 mujeres, de las cuales 26 denunciaron tortura sexual y 11 litigan su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Otro momento de infausta memoria, según los denunciantes, fue el de la represión a los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en noviembre de 2006, a cargo de la PFP de Medina Mora.
En el sexenio de Felipe Calderón, como procurador general de la República, Medina Mora se declaró incompetente para conocer las denuncias de las mujeres de Atenco, a pesar del señalamiento a agentes federales.
Las organizaciones recordaron que al frente de la PGR, el funcionario interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Peor aún, de acuerdo con los registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), su gestión fue la que “más recomendaciones recibió por parte de dicho organismo público de derechos humanos, en comparación con sus antecesores”.
Tras señalar que “Medina Mora dejó la PGR en medio del caos desatado por la llamada guerra contra la delincuencia impulsada en el sexenio de Felipe Calderón”, los activistas de derechos humanos retomaron también su pasado ligado “al sector empresarial y corporativo”, como director adjunto y corporativo de Planeación Estratégica de Grupo Desc SA de CV –hoy grupo Kuo–, dedicada a la industria farmacéutica, petroquímica y química.
“En el contexto de la puesta en marcha de la reforma energética y frente al creciente descontento de un amplio sector de la población que ve en los tribunales federales un medio para impugnar la reforma y sus consecuencias, resulta preocupante que sea postulado como ministro alguien que en algún momento ha tenido intereses en el ramo de la industria petroquímica, siendo que al máximo tribunal le corresponderá, con toda seguridad la resolución de casos que tienen que ver con la aplicación de dicha reforma”, advirtieron las organizaciones en su comunicado.
Y no fue todo, en su opinión el exprocurador no cumple con uno de los requisitos para ser ministro de la SCJN, marcados por el artículo 95 fracción V de la Constitución federal: la obligatoriedad de haber vivido en el territorio nacional los últimos dos años.
Es una “situación que incumple el hoy candidato Medina Mora al residir en el extranjero desde noviembre de 2009, fecha en que fue nombrado como embajador de México en el Reino Unido y posteriormente en los Estados Unidos”, alertaron.
Según su consideración, “la postulación de Medina Mora en la terna de candidatos a ocupar la plaza del ministro de la SCJN evidencia un profundo desprecio a los derechos humanos por parte de la Presidencia de la República, quien parecería impulsar un perfil policiaco y protector de los intereses corporativos al interior del máximo tribunal”.
Al puntualizar que la trayectoria del embajador es “incompatible con los derechos humanos”, las organizaciones civiles llamaron a los integrantes del Senado de la República a utilizar “como criterio de selección los estándares más altos en materia de derechos humanos”.
El documento lo firmaron Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Asociadas por lo Justo, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Justicia, Género y Derechos Humanos; así como los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, de la Montaña Tlachinollan, Fray Francisco de Vitoria, de las Mujeres, Agustín Pro Juárez, Fray Juan de Larios y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.
También se sumaron al llamado el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Fundación para el Estado de Derecho, Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, Casa del Migrante de Saltillo, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Documenta y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”.
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Manuel Medina Mora renuncia a la copresidencia de Citigroup

PROCESO 


20 de febrero de 2015
Destacado
Peña, Medina Mora y Videgaray durante una reunión de Banamex. Foto: Eduardo Miranda
Peña, Medina Mora y Videgaray durante una reunión de Banamex.
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Manuel Medina Mora renunció a la copresidencia de Citigroup y a la dirección general de la banca de consumo global.
Medina Mora envió una carta a sus colaboradores en las que les informa que decidió renunciar a dichos cargos después de “una cuidadosa consideración, acompañada de una profunda emoción”.
Medina Mora no ofrece explicaciones por su salida, que ocurre un año después de que Banamex, la filial mexicana de Citigroup, estuviera envuelta en el escándalo del fraude de Oceanografía.
“Durante los últimos 43 años, he tenido el privilegio de trabajar con estimados colegas, a través de tres etapas distintas durante mi carrera. La primera en Banamex, como institución independiente y como grupo integrado a Citi; la segunda, encabezando los negocios en la región de México y América Latina, y la tercera, como Director General de la Banca de Consumo Global (GCB) y Co-Presidente de Citi”, añade Medina Mora.
En enero de 2913 Manuel Medina Mora asumió el cargo de copresidente de Citigroup. Comenzó su carrera en 1971 en el Banco Nacional de México y fue director de Banamex-Accival en 1996.
Es hermano de Eduardo Medina Mora, procurador General de la República entre 2006 y 2009 y quien fue propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto como sustituto del fallecido ministro Sergio Valls Hernández en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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