miércoles, 4 de marzo de 2015

La Terca Memoria 2015-03-04

Juntos y en las Revueltas 2015-03-04

PROYECTO 16599 TRANSMEDIA

Reunión Informativa de Jubilados 2015-03-04

Pendientes de resolver, quejas contra la CFE; ministros desechan proyecto

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En imagen de archivo, integrantes del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública de Guerrero muestran sus recibos de luz. Los cobros, afirman, son desmesuradosFoto Pedro Pardo
Jesús Aranda
 
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de marzo de 2015, p. 23
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó en el aire la forma en que particulares puedan impugnar los cobros excesivos de energía eléctrica o la devolución de cobros indebidos por concepto de demanda facturable por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En votación dividida, seis sufragios a cuatro, los ministros desecharon ayer el proyecto elaborado por Fernando Franco González Salas, quien planteaba que la CFE es autoridad, toda vez que presta el servicio eléctrico de manera exclusiva, firma contratos con particulares de manera unilateral y corta el servicio 15 días después de que el usuario no cumple con el pago respectivo, independientemente si el cobro es excesivo o no.
El asunto fue turnado a otro ministro para que elabore el proyecto correspondiente, por lo cual los reclamos o juicios interpuestos por particulares contra la CFE por cobros excesivos, cortes de energía injustificados y devolución de pagos indebidos, etcétera, quedarán pendientes hasta que la Corte emita su fallo.
Al analizar una contradicción de tesis entre las salas de la Corte, Franco González Salas propuso que la vía para impugnar los abusos de la CFE sea el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA). Explicó que a partir de la entrada en vigor de la nueva ley de amparo se generó polémica entre los ministros sobre la vía para impugnar los actos de autoridad (cobros excesivos, cortes de energía, devolución de pagos, etcétera).
La segunda sala resolvió en su momento que la CFE incurre en actos de autoridad para efectos de amparo de acuerdo con la nueva Ley de Amparo, y dio competencia al TFJFA; sin embargo, la primera sala consideró que la impugnación del contrato administrativo entre el organismo y los particulares puede hacerse por diferentes vías, no necesariamente mediante el juicio de amparo. Por otra parte, la decisión que adopte el máximo tribunal será transitoria hasta en tanto no entre en vigor la reforma energética, la cual cambió la naturaleza de la comisión, que pasó organismo descentralizado a empresa productiva del Estado, regida por una ley distinta.

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Fondos de retiro de trabajadores financian deuda del gobierno

Víctor Cardoso
 
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de marzo de 2015, p. 31
Pese a una mayor diversificación de las carteras de inversión de los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores) mantienen concentrados 2 billones 114 mil 87.9 millones de pesos en instrumentos de deuda del gobierno federal, deuda privada nacional y acciones de empresas extranjeras.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), poco más de la mitad, 50.3 por ciento de los 2 billones 410 mil 210 millones de pesos acumulados para las pensiones de los trabajadores mexicanos, se han utilizado para financiar deuda del gobierno federal. Los valores públicos adquiridos por las Siefores llegaron en enero pasado a un billón 227 mil 928.6 millones de pesos, lo que representa 28 por ciento de la deuda interna del gobierno federal.
En general, la cartera de las Siefores ha mostrado una tendencia hacia una mayor diversificación. Destaca por su peso relativo el caso de los valores gubernamentales: mientras en 2008 el 68.3 por ciento de los recursos del SAR se invertían en este tipo de instrumentos, el porcentaje comparable a enero de 2015 fue de 50.3 por ciento, indicó la Consar.
Adicionalmente, 478 mil 477.16 millones de pesos de los fondos para las pensiones de los trabajadores mexicanos han sido utilizados en bonos de deuda emitidos por empresas que operan en el país y representan 19.6 por ciento del saldo total de los recursos manejados por las 11 Siefores que operan en el mercado.
En tercer sitio se encuentra la adquisición de acciones (renta variable) de empresas en el extranjero, para lo cual se utilizaron poco más de 407 mil 682 millones de pesos. Este tipo de inversiones de los fondos de jubilación representa 16.7 por ciento del total.
Bajo el marco actual del régimen de inversión vigente existe todavía espacio para mantener una tendencia de mayor diversificación en los próximos años. No obstante, es importante reconocer que para algunas Afores, que presentan mayores grados de diversificación, los límites actuales de inversión en valores extranjeros (que requiere cambio de ley) y en renta variable (cambio regulatorio) podrían resultar más adelante en un impedimento hacia una mayor diversificación, advirtió la Consar.
Aunque en menor medida, hay otro tipo de sectores en los que el dinero de las pensiones acumulado en el SAR es colocado como financiamiento: por ejemplo, el segmento de renta variable nacional ocupa 7.1 por ciento de los recursos, porcentaje que equivale a 173 mil 332.59 millones de pesos. Le siguen, en orden de importancia, las inversiones en los llamados instrumentos estructurados, es decir, fideicomisos que respaldan la construcción de proyectos de infraestructura, con 5.2 por ciento del total y que equivalen a casi 126 mil 943 millones. En menor medida, los fondos para el retiro también han sido utilizados en la adquisición de bonos de deuda emitidos por empresas extranjeras en mercados internacionales, con 26 mil 853.3 millones de pesos, así como uno de los segmentos de diversificación de inversiones más recientes: los productos primarios (conocidos en los mercados financieros como commodities), en los que han invertido 0.1 por ciento del total, es decir, 2 mil 441.2 millones de pesos.

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Realizará la CNTE paro de labores el próximo día 18

Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de marzo de 2015, p. 22
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó un nuevo paro de labores de 24 horas para el próximo día 18, con el fin de exigir respeto a la soberanía nacional y llamar nuevamente a todos los contingentes magisteriales a sumarse a una huelga nacional en rechazo a las reformas estructurales.
Los acuerdos aprobados en su asamblea nacional representativa del domingo pasado, en la que condenaron el asesinato –el pasado 24 de febrero– del profesor Claudio Castillo Peña, en Acapulco, Guerrero, tras un desalojo por fuerzas federales, incluyen la convocatoria a actos de protesta en todo el país y el bloqueo y cierre de instalaciones de Petróleos Mexicanos.
También se convocó a una nueva movilización en Acapulco para el próximo día 13, mientras para el viernes 20 se efectuará una jornada de protestas en diversas embajadas y consulados para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.
En su pronunciamiento, la CNTE reiteró que se construye una nueva etapa de unidad, activismo político y búsqueda de un proceso organizativo que permita pasar a la ofensiva contra las agresiones del régimen.
Los maestros disidentes anunciaron que los primeros meses de 2015 se dedicarán a la organización y consulta de sus bases para crear un frente único de lucha que permita realizar una huelga nacional general, en la que no sólo participen docentes.
Por ello, se aprobó su participación en la movilización campesina del 10 de abril. Se llamó a que, mediante acciones coordinadas, profesores de todo el país se sumen a los actos de protesta que convoquen organizaciones sociales y agrarias.
La CNTE también analiza llamar a un encuentro nacional contra la evaluación punitiva, por lo que se convocará a acciones de protesta en mayo para demandar que no se aplique.

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Familia de normalista torturado y asesinado rechaza conclusiones de la PGR

PROCESO 


4 de marzo de 2015
Destacado
Familiares de Julio César Mondragón, normalista asesinado, realizaron una misa en el DF en su honor. Foto: Alejandro Ayala/Xinhua
Familiares de Julio César Mondragón, normalista asesinado, realizaron una misa en el DF en su honor.
Foto: Alejandro Ayala/Xinhua
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- La familia de Julio César Mondragón Fontes, el normalista de Ayotzinapa desaparecido junto con 43 compañeros y encontrado asesinado y sin rostro en Iguala rechazó las nuevas conclusiones de la PGR que señalan al policía municipal Luis Francisco Martínez Díaz, como el responsable del asesinato de su familiar.
Además, rechazó que la investigación se realice por el delito de homicidio calificado, cuando se trató de un acto de tortura y ejecución extrajudicial.
En un comunicado, la familia señaló que el expediente judicial de Julio César siempre ha estado incompleto y las averiguaciones previas mal integradas; el caso había sido olvidado, la investigación global ha estado plagada “de inconsistencias, omisiones y una total ausencia de investigación científica imparcial”, por lo que considera que al intentar esclarecer el asesinato de Julio César y completar el eslabón que falta a las investigaciones de la tragedia ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre la PGR pretenda dar por cerrado el caso Ayotzinapa.
“Luego de 5 meses sin prestar la menor atención al esclarecimiento de la tortura y ejecución de Julio César Mondragón Fontes, ahora la PGR pretende dar por resuelto el crimen con una acción sumaria, efectista y de impacto mediático y, por tanto, dejar sin sustento una de las ‘Razones por las que no se puede cerrar el caso Ayotzinapa’. Sin embargo, esta pretensión es débil por cuanto las técnicas de tortura que fueron utilizadas para despojar a Julio de su rostro son enseñadas, mecanizadas y planificadas. Hay un entrenamiento en ello. La agresión que padeció el normalista no es producto del impulso individual ni pudo haber sido realizada por una sola persona”, indicó la familia.
En la carta difundida por el centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, que lleva el acompañamiento a los parientes del joven mexiquense que fue desollado, la familia criticó que la Procuraduría rompiera el acuerdo que suscribió con las familias de los normalistas de informarles primero de los acontecimientos antes de divulgarlos en la prensa.
“Repudiamos la forma en que la Procuraduría General de la República ha manejado las investigaciones en torno al homicidio de nuestro familiar. La PGR detuvo el 26 de febrero del 2015 al policía municipal de Iguala Luis Francisco Martínez Díaz, a quien le atribuye la responsabilidad directa y absoluta de la tortura y homicidio de Julio César. Esta versión ha sido ya difundida por medios de comunicación, que han tomado los dichos de la PGR como ciertos e incontrovertibles, a pesar de desconocer el cauce legal que sigue el caso”, indicó.
La familia (esposa, tíos, hermano y amigos de Julio César) indicó que en Guerrero sólo existen dos averiguaciones previas, una por homicidio calificado y otra por delincuencia organizada, “que no corresponden a la naturaleza de los sucesos”, y que esas averiguaciones previas, “para colmo, no tienen investigación ni seguimiento jurídico ético, serio y científico por parte del Estado”.
La familia acusó a la PGR de “cortar todo contacto” con ellos, de negarles información y de preferir a medios masivos de comunicación para anunciar los resultados de sus investigaciones, a pesar de que habían pactado que respetaría a las víctimas.
Señaló que de pronto, sin haber aclarado en ninguna conferencia o comunicado el cruento homicidio de Julio César, la dependencia presentó a una persona como un asesino solitario.
“La PGR, con toda intención, nos ha hecho a un lado y ha dado un sesgo político al caso de Julio César para conseguir que sea cerrado lo más pronto posible. El modelo de actuación elegido por las autoridades está plagado de inconsistencias y sólo se alcanza a vislumbrar una respuesta al vapor vertida a la opinión pública aprovechando, incluso, el cambio de Jesús Murillo Karam al frente de la PGR”, señaló.
Luego de señalar las inconsistencias, el entorpecimiento de las investigaciones, y el maltrato de las autoridades, señaló al gobierno de Enrique Peña Nieto como “corresponsable por participación u omisión en el homicidio”.
Exigieron al presidente y a la nueva procuradora, Arely Gómez, que respete los acuerdos de informar primero a la familia, que realice correctamente la investigación, que acepte las observaciones de expertos internacionales, que repare el daño a la familia y que en las leyes mexicanas sean revisadas los conceptos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y torturas.
“(Exigimos) que la PGR retome el caso de nuestro querido Julio César, pero esta vez lo haga con la técnica y la ciencia que hasta la fecha no ha querido o no ha podido aplicar en este desarrollo. La detención de Luis Francisco Martínez Díaz, quien se desempeñaba como policía municipal de Iguala no resuelve el crimen cometido contra Julio César Mondragón. Es la investigación seria y profunda así como el enjuiciamiento y la aportación de pruebas en el proceso penal, lo que llevará al esclarecimiento de los hechos y del grado de responsabilidad y participación que esta persona tiene en ellos”, indicó.
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Afecta a tribu yaqui construcción del acueducto Independencia

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El pasado 11 de febrero la Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui presentó a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe Una sentencia fallida: actualización del proceso de consulta yaqui sobre el acueducto IndependenciaFoto Roberto García Ortiz
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de marzo de 2015, p. 42
La construcción y operación del acueducto Independencia ha provocado graves daños a los derechos fundamentales de la tribu yaqui, aseguraron académicos universitarios y defensores de garantías fundamentales.
Aunado a ello, enfatizaron, existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con fecha de 8 de mayo de 2013 y que fue ratificada el 21 de enero de 2015, que acredita algunas de esas violaciones, pero ni el Ejecutivo federal ni el local la han cumplido, pues la obra sigue operando.
Durante el foro el Poder Judicial frente a los derechos de la tribu yaqui, que se realizó ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rodrigo Gutiérrez, investigador de esa dependencia universitaria, dijo que el incumplimiento de la sentencia pone en entredicho la división de poderes, pues el máximo órgano de protección de justicia es incapaz de someter a un Poder Ejecutivo, en este caso local, a cumplir la resolución.
Indicó que las actuales políticas del llamado desarrollo representan un ciclo del capitalismo del desastre, debido a que pretende convertir los recursos naturales en fuente de beneficios excluyentes, lo que representa una grave violación a los derechos de las mayorías.
Reconoció la sentencia de la SCJN; sin embargo, criticó que el máximo tribunal sea incapaz de obligar a que se ejecute la resolución. Otra es que si bien el fallo garantizó a los yaquis el derecho a la consulta, evitó que la posible negativa sea vinculante para detener el acueducto.
Un elemento más, destacó, es que el proyecto no cuenta con una manifestación de impacto ambiental, tal como lo marca la ley, además que tratados internacionales asientan que la consulta a los pueblos originarios debe ser previa, libre e informada, garantías incumplidas, porque el proyecto ya está construido, dos voceros están presos y el Ejecutivo no ha entregado la información necesaria para la toma de la decisión.
Para el académico, la resolución del caso yaqui será el precedente para el resto de los conflictos presentes y futuros entre megaproyectos y la defensa de los derechos de las comunidades originarias y sus territorios, particularmente porque con las reformas estructurales éstos se incrementarán.
Úrsula Garzón, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y quien ha acompañado jurídicamente a los yaquis, hizo una síntesis del proceso legal, las resoluciones favorables y el incumplimiento de las mismas. Enfatizó en la necesidad de que la sentencia de la SCJN se cumpla para detener la operación del acueducto.
Pablo Reyna, director del Programa de Incidencia de la Universidad Iberoamericana, indicó que en diversas ocasiones gobernantes, empresarios y el propio Poder Judicial se han encargado de hostigar a quienes defienden sus territorios ante la construcción de megaproyectos.
Tan sólo este fin de semana, dijo, se dieron tres casos de comunidades que se oponen a la construcción de un gasoducto, en la región tarahumara; un proyecto de fractura hidráulica, en la Huasteca, y el caso en el que 60 pueblos de Morelos se alzaron contra varios proyectos de los gobiernos federal y municipal.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz, manifestó su preocupación por que en el país el derecho penal se use para criminalizar a los opositores a estos proyectos, como el caso de los yaquis, cuyos voceros, Mario Luna y Fernando Jiménez, son acusados de privación ilegal de la libertad, robo y otros ilícitos.
Se debe tener claro cuál es el rol que los jueces deben jugar ante estos conflictos sociales, porque no son aislados, y cada vez se dará mayor tensión entre la defensa de los pueblos indígenas y los promotores de los megaproyectos, por lo que correspoderá a los juzgadores hacer el balance, explicó.
Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó que el caso de la tribu yaqui no ha sido objeto de atención plena ni se ha dado una solución en la que se ponga en el centro de la atención a los protagonistas, es decir, a los pobladores de esa comunidad.

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Gran Bretaña: La guerra contra el narco, “fracaso miserable” de México

Cameron y Peña en el 10 de Downing Street. Foto: AP
Cameron y Peña en el 10 de Downing Street.
Foto: AP
LONDRES.- Marcada por la crisis de credibilidad y desconfianza que enfrenta su gobierno, la gira del presidente Enrique Peña Nieto sufrió hoy en territorio londinense un nuevo descalabro.
Desde el gobierno de Gran Bretaña y el sector empresarial, la guerra contra las drogas declarada por el gobierno de Felipe Calderón y continuada por la administración peñista fue calificada de “un fracaso miserable”.
Así lo expresaron en un artículo publicado en The Guardian a propósito de la visita de Peña Nieto, Nick Clegg, viceprimer ministro de Gran Bretaña y Richard Branson, uno de los hombres más ricos del mundo (el 255 en la lista de Forbes) y dueño de Virgin Group, quienes además pidieron una reforma a las leyes contra el tráfico de estupefacientes.
En el marco de la gira presidencial, ambos personajes consideraron que “la violencia a partir de las drogas se ha vuelto algo endémico” en muchas partes del mundo, incluido en México, país del que citaron las más de 100 mil muertes ocurridas desde 2006 cuando Calderón, vestido de militar, declaró la guerra al narcotráfico.
“El status quo es una farsa colosal”, agregaron, al pedir de forma conjunta despenalizar la posesión de drogas para uso personal, y que se someta a tratamientos, clases educativas o penas civiles a aquellos atrapados con estupefacientes.
Branson y Clegg hicieron el pedido durante una ponencia en el Chatham House, un conocido “think-tank” de Londres.
“Medido por cualquier estándar, la guerra global contra las drogas ha sido un fracaso miserable. El mercado criminal sigue creciendo, generando niveles inimaginables de ganancias para el crimen organizado”, agregaron.
Tanto Branson como Clegg destacaron que los esfuerzos para reducir la demanda “no han dado frutos”, en tanto que las bandas criminales “están haciendo negocios fenomenales”.
“El problema no va a desaparecer”, destacaron el empresario y el viceprimer ministro, al indicar que Gran Bretaña debería seguir el ejemplo de Portugal, que despenalizó el consumo de drogas en 2001, llevando a un declive los casos de adicción a los narcóticos.
“Los portugueses han permitido que los recursos sean desviados a los sistemas de tratamiento, con dramáticas reducciones en las adicciones, infecciones de VIH y muertes vinculadas a sobredosis”, afirmaron Clegg y Branson.
El jefe de los liberales democráticos fue incluso más lejos al indicar que si su partido gana por mayoría las elecciones generales de Gran Bretaña, previstas para el 7 de mayo, impulsará un plan similar al de Portugal, poniendo más énfasis en el sector de salud en lugar del judicial o penal.
Las declaraciones de ambos se conocieron poco antes que el primer ministro británico, David Cameron, reclamara al presidente Peña Nieto por la situación de derechos humanos y el sistema judicial en México, tras un almuerzo de trabajo en la residencia oficial de Downing Street, en la que el mandatario inglés afirmó de todos modos que la relación entre ambos países “es fuerte y se fortalece aún más”.
Luego de la tradicional foto protocolar fuera de la residencia londinense, Cameron dio la bienvenida a Peña Nieto a Londres, en el segundo día de la visita oficial de este último al Reino Unido.
“La relación entre Gran Bretaña y México es fuerte y se está fortaleciendo aún más”, declaró el mandatario británico.
“Vemos esto en nuestro comercio, en el número de estudiantes que vienen a estudiar, pero cada vez más en la cooperación entre el Reino Unido y México por temas como el cambio climático y la seguridad”, agregó.
Ambos gobernantes dialogaron además sobre una mayor cooperación en las áreas de petróleo y gas, sobre comercio, educación y seguridad. Se habló también sobre un planeado reemplazo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, una mayor cooperación en Defensa y planeadas visitas a ambos países de militares de alto rango.
Por su parte, Peña Nieto dijo que espera que su visita al Reino Unido “de aún más fuerza” al fortalecimiento de una relación “muy productiva” entre ambos países.
Antes del almuerzo de trabajo, los dos gobernantes estuvieron presentes en la firma de una declaración conjunta de cooperación bilateral, a cargo del canciller británico, Philip Hammond, y de su colega mexicano, José Antonio Meade.
Durante la visita de tres días al Reino Unido, se firmaron una serie de acuerdos, incluyendo uno por 400 millones de dólares de inversión en México por parte del gigante de bebidas Diageo, que adquirió la semana pasada al grupo Tequila Don Julio.
Peña Nieto asistió en la noche del martes a un banquete de gala en el Palacio de Buckingham, residencia donde se hospeda desde el lunes junto a su esposa, la exactriz Angélica Rivera.
Durante la cena donde se sirvió cordero británico y que fue oficiada por la reina Isabel II de Inglaterra, hubo unos 170 invitados especiales, incluidos actores, empresarios, políticos, diplomáticos y miembros de la Familia Real británica. Una de las invitadas fue la actriz mexicana Salma Hayek, quien asistió junto a su esposo, el multimillonario empresario francés Francois-Henri Pinault.
Isabel II rindió homenaje a los “vínculos estrechos” entre el Reino Unido y México.
“Sentimos mucho orgullo de haber sido el primer país europeo en reconocer la independencia de México, país con el que nos unen vínculos de familia, amistad, comercio y cooperación internacional”, afirmó la monarca.
La Reina dijo además que ambas naciones “son socios naturales en muchos temas importantes de la agenda internacional actual”.
“Señor Presidente, su visita en este año importante es muy bienvenida. Estoy confiada que reforzará la cálida amistad entre nuestros dos países”, agregó.
En respuesta, Peña Nieto respondió que Isabel II “es fuente de identidad y unidad” para los británicos, como también “una figura clave para hacer que Gran Bretaña sea un protagonista global”.
Esta mañana, Peña Nieto participó de un desayuno de negocios en el Palacio de Buckingham junto al viceprimer ministro británico, Nick Clegg, antes de entrevistarse con el jefe de la oposición, Ed Miliband.
La visita presidencial al Reino Unido estuvo marcada por protestas y manifestaciones de activistas que repudiaron la llegada de Peña Nieto al país, y que reclaman por justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre pasado.
Cientos de personas se congregaron el martes frente a Downing Street para reclamar más justicia y esclarecimiento en el creciente número de casos de torturas en México.
Según Amnistía Internacional, la campaña del gobierno mexicano contra las drogas, que comenzó hace nueve años, ha dejado un saldo de al menos 100 MIL muertos y más de 22 mil desaparecidos.
En tanto, este miércoles se organizó un seminario sobre violaciones de derechos humanos y represión política en México, con especial énfasis en el caso Ayotzinapa.
La cita se realizó en el Centro SOAS de la Universidad de Londres, e incluyó a panelistas y expertos, entre ellos al parlamentario británico Jeremy Corbyn, que analizaron las causas por la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala.
La visita de Peña Nieto al Reino Unido tuvo mucha cobertura mediática en la prensa británica, donde se hizo mucho hincapié en la grave situación de derechos humanos que atraviesa ese país.
El Daily Telegraph publicó este miércoles un artículo titulado “¿Qué ocurrió con los estudiantes mexicanos desaparecidos y por qué esto importa? (What has happened to the missing Mexican students, and why does it matter?), una nota en la que afirmó que Peña Nieto “está en Londres para una visita de Estado de tres días, la cual podría ensombrecerse por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos”.
La visita presidencial de tres días culminará mañana jueves, e incluirá un viaje a la ciudad escocesa de Aberdeen, donde Peña Nieto tiene planeado reunirse con empresarios y expertos del sector petrolero.
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Televisa y Tv Azteca se blindaron legalmente ante eventuales sanciones

Claudia Herrera Beltrán
 
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de marzo de 2015, p. 14
Televisa y Televisión Azteca buscaron asegurarse de no ser sancionados por los contratos firmados con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para la transmisión de su impugnada campaña propagandística, ya que ambas empresas incluyeron cláusulas que comprometen a su cliente a asumir cualquier responsabilidad legal.
Copias de los contratos que posee este diario indican que éstos fueron suscritos cuando ya varios partidos políticos habían impugnado la campaña del Verde ante el Instituto Nacional Electoral (INE), la primera interpuesta el 24 de octubre de 2014.
Después de ello, dicho partido firmó los convenios y luego los presentó al instituto para comprobar los pagos que hizo ante el requerimiento de información de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE.
El contrato número 140951, firmado el 11 de noviembre de 2014 por 329 mil pesos por difusión de publicidad del senador del PVEM Pablo Escudero indica que Televisa no se hará responsable frente a terceros, incluyendo autoridades gubernamentales de México o del extranjero, del contenido de los materiales proporcionados por el cliente.
También se obliga al cliente a sacar en paz y a salvo (a Televisa) o a quien ésta designe de cualquier reclamación relacionada con el material y se compromete a cubrir todas las cantidades que resulten”.
El de Televisión Azteca, signado con los senadores del PVEM, señala en su cláusula cuarta: El cliente se obliga a asumir unilateralmente cualquier responsabilidad que pudiera derivarse con terceros por la ejecución de este contrato respecto del contenido del material que contenga la publicidad, así como a indemnizar y sacar en paz y a salvo a TV Azteca por cualquier daño o perjuicio que cause a terceras personas con motivo de su publicidad. Derivado de lo anterior el cliente deberá cumplir con todas las disposiciones legales que resulten aplicables.
Horacio Duarte, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que dichos contratos son contrarios a la ley, pero las televisoras los pueden aprovechar para evitar ser multadas por el evidente fraude electoral que está haciendo dicho partido.
Falta que el INE defina lo relacionado con las televisoras, ya que el Verde recibirá la primera sanción por la serie de denuncias hechas en su contra y podría pagar una multa de 37.5 millones de pesos mientras Cinemex y Cinépolis, siete millones de pesos cada una, por haber desacatado la orden de suspender la difusión de los cineminutos, resuelta el 31 de diciembre de 2014.
Los siete partidos que se inconformaron con las decisiones tomadas por el INE se quejaron de la impunidad de la que goza el Partido Verde, por la adquisición de tiempos en radio y televisión disfrazados de informes legislativos sin que la autoridad electoral actuara para evitarlo.

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Rechazan deudos de Pasta de Conchos candidatura de Medina Mora a la SCJN

Conmemoración de la tragedia en Pasta de Conchos en 2012. Foto: Hugo Cruz
Conmemoración de la tragedia en Pasta de Conchos en 2012.
Foto: Hugo Cruz
MÉXICO, D.F. (apro).- Los familiares de los mineros de Pasta de Conchos sepultados en una explosión el 19 de febrero de 2006, se sumaron este miércoles a los cuestionamientos por la candidatura de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A unos días de que el pleno del Senado vote el nombramiento de quien ocupará el lugar del fallecido ministro Sergio Valls, familiares de las víctimas acusaron a Medina Mora de obstruir la justicia en el caso de Pasta de Conchos, cuando fungió como titular de la PGR, de ahí que los deudos se vieron obligados a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un comunicado firmado en la Región Carbonífera de Coahuila, la Organización Familia Pasta de Conchos descalificó al actual embajador de México en Estados Unidos para ser miembro de la SCJN, “pues carece de la autoridad moral para la defensa y promoción de los derechos humanos”.
Al anunciar que sus consideraciones las harán del conocimiento del panista Roberto Gil Zuarth, que preside la Comisión de Justicia, y al resto de los senadores, la organización recordó que en 2008, siendo titular de la PGR, Medina Mora rechazó la recomendación 64/2008 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “en la que se concluyó el ejercicio indebido de la función pública y la existencia de violaciones a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, atribuibles a servidores públicos de la PGR, en perjuicio de los mineros del carbón fallecidos en la mina Pasta de Conchos y de sus familias”.
También señala que de acuerdo con la investigación realizada por el organismo público, entonces presidido por José Luis Soberanes, “la CNDH demostró que el Ministerio Público de la Federación, responsable de la averiguación previa 20/UEIDCSPCAJ/2007, no actuó con diligencia para la pronta, completa y debida procuración de justicia”, lo que permitió llevar el caso ante la CIDH.
Los deudos de Pasta de Conchos acusan que Peña Nieto no atendió la recomendación de la CNDH de saca de la reserva la averiguación previa, “ni agotó las diligencias de investigación pendientes que estaban a su alcance (planteadas por su propios peritos en materia de incendios y explosivos), ni mucho menos investigó las irregularidades y omisiones en la práctica de los trámites necesarios para esclarecer los hechos”.
Para la organización de familiares, la omisión de Medina Mora evitó “llegar a la verdad de lo acontecido “y el rescate de las víctimas, amén de que “la dilación de la justicia abrió un compás para que la empresa Industrial Minera México, de manera unilateral, y cuando ya se habían recuperado dos cuerpos, cancelara las labores de rehabilitación de la mina y el rescate emprendido de los cuerpos de los mineros”.
El rechazo a la recomendación de la CNDH, recuerdan los familiares, derivó en la prolongación del sufrimiento de los deudos “al no poder enterrar a nuestros muertos luego de 108 meses de la tragedia”; así como la “increíble e infundada tolerancia hacia la empresa responsable de la mayor tragedia minera de los tiempos recientes”, en tanto que su inacción propició “la impunidad, hasta hoy, de los probables responsables”.
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No milito, pero soy panista por convicción, dice Medina Mora

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de marzo de 2015, p. 13
Durante una reunión privada con senadores de Partido Acción Nacional (PAN), el embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, quien aspira a convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por los próximos 15 años, les dijo que no milita en ningún partido político, pero sus convicciones están con el blanquiazul.
Agregó que no tiene partido, pero filosóficamente está más cerca del PAN.
De acuerdo con versiones de varios legisladores que participaron en ese encuentro a puerta cerrada realizado ayer en las oficinas panistas en el Senado, Medina Mora rechazó las críticas y cuestionamientos que han surgido a la posibilidad de que se convierta en ministro de la Corte y dijo que se trata de una campaña orquestada por algunos medios, debido a su postura contra el aborto.
Pagaré el costo por defender la vida
Definió: Ha habido una andanada en algunos medios por el tema del aborto, pero si tengo que pagar un costo por defender el derecho a la vida, lo pagaré.
Pese a esa postura, el PAN frenó ayer la posibilidad de que este jueves se votara ante el pleno el nombramiento del nuevo ministro, como pretendía el tricolor, y el tema quedó pendiente para el martes próximo. Luego del encuentro con Medina Mora, sólo los diez senadores que encabeza José María Martínez insistieron en que debían votar ya a Medina Mora.
Los panistas prefieren negociar la aprobación a cambio de que se apruebe la Ley General de Transparencia sin los cambios que pretende el gobierno federal.
El PRI, sus aliados verdes y la senadora de Nueva Alianza suman 62 votos, pero se requieren de dos terceras partes, es decir 85 sufragios, por lo que al coordinador Emilio Gamboa le faltan 23 votos, que deben salir del PAN, ya que el PRD y PT rechazan a Medina Mora.
Al actual embajador en Washington no le fue del todo bien en la reunión con los panistas, a la que asistieron también los otros dos integrantes de la terna, los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Horacio Armando Hernández Orozco, ya que recibió críticas y cuestionamientos de varios senadores, entre ellos Javier Corral y Marcela Torres Peimbert, quienes le preguntaron por su relación personal y política con el presidente Enrique Peña Nieto y el hecho de no cumplir con el requisito constitucional de dos años de residencia en el país.

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