viernes, 6 de marzo de 2015

Invitación a Evento, Mujeres Socialistas.


Presentación Plataforma WEB www.16599transmedia.org.mx

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Nueva Central de Trabajadores.

Entrevista a Eduardo Bobadilla 6 marzo2015

Invitación a la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.


Avalan diputados dictamen que facilita la privatización del agua

Foto
Mientras en comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron que el mínimo vital para consumo diario por persona es de 50 litros, no existe límite definido para el uso industrial o el fracking Foto Francisco Olvera
Roberto Garduño y Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Jueves 5 de marzo de 2015, p. 41
La mayoría de PRI, PAN y PVEM en la Cámara de Diputados aprobó ayer en comisiones el dictamen de la Ley General de Aguas, que facilita la privatización del suministro e infraestructura en todo el país y que incluso declara de interés público la participación de concesionarios y organismos privados que prestarán el servicio público.
La legislación, que esos partidos pretenden votar en la sesión de hoy, también considera de utilidad pública la infiltración artificial o la disposición de aguas al suelo o subsuelo, así como su uso industrial, definiciones que, en opinión de PRD y Morena, abren el uso del líquido para la extracción de gas mediante la fractura hidráulica o fracking.
Con esa ley, el capital privado podrá participar en extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas del líquido. También avala la figura de trasvase de una cuenca, como ya ocurre con el proyecto Monterrey VI para llevar agua de Veracruz a la capital de Nuevo León, entregado a Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa, aun cuando la Ley de Aguas Nacionales prohíbe la disposición de obras.
Diputados de PRD y Morena objetaron la premura con la que las comisiones de Agua Potable y de Recursos Hidráulicos aprobaron una iniciativa firmada por PRI, PAN y el perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa, nieto del ex gobernador de Tabasco Leandro Rovirosa Wade.
La propuesta, que fue negociada con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la participación del presidente de la Comisión de Energía, Marco Antonio Bernal (PRI), incluye todo un capítulo para la intervención de empresas a las que esa dependencia otorgará las concesiones.
Avala, por ejemplo, que la Conagua celebre contratos de obra pública y de servicios a particulares para el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal, mediante la modalidad de inversión recuperable.
Este modelo incluye otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica construida por el gobierno federal y la prestación de los servicios asociados a ésta. Además, entregará contratos para proyectar, construir, equipar, operar y mantener dicha infraestructura y coordinar el otorgamiento de las concesiones con los gobiernos de los estados.
Mientras las comisiones aprobaron que el mínimo vital para consumo diario por persona es de sólo 50 litros, no existe un límite definido para el uso industrial o el fracking.
Manuel Huerta y Gerardo Villanueva, de Morena, y Víctor Manuel Bautista y Javier Orihuela, de PRD, cuestionaron que el presidente de la Comisión de Agua Potable, Kamel Athie (PRI), envió la propuesta de dictamen durante la madrugada y le pidieron, al igual que a Gaudiano Rovirosa, excusarse de la aprobación del documento ante el probable conflicto de intereses personales que podrían enfrentar.
Ninguno de los dos aceptó la petición, pero más tarde el perredista aprovechó que sus compañeros abandonaron la reunión para eludir la votación posterior. Incluso argumentó que no se prestaría a una reforma como ésa, a pesar de que suscribió la iniciativa impulsada por el gobierno federal y participó en las negociaciones con la Conagua.
Manuel Huerta sostuvo que la prisa por avalar la iniciativa fue para buscar legalizar el trasvase del proyecto Monterrey VI, donde Grupo Higa participa con casi 60 por ciento del contrato para un acueducto en el que, por primera vez, un grupo de empresas privadas participa de manera directa en el uso de una cuenca para el suministro de agua potable, cuyo costo es superior a 45 mil millones de pesos.

Fuente

Agrupaciones sociales y campesinas se movilizarán contra la ley de aguas


Matilde Pérez U.
 
Periódico La Jornada
Viernes 6 de marzo de 2015, p. 43
La Ley General de Aguas, aprobada el miércoles en comisiones de la Cámara de Diputados, es subastar la vida y dejar al mejor postor el vital líquido; los legisladores y el gobierno sólo están provocando al avispero, asentaron agrupaciones campesinas y sociales.
Agregaron que recurrirán a movilizaciones, a amparos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a organismos internaciones defensores de derechos humanos para protestar por esta privatización que elimina del derecho al agua y a la vida.
La Convención Nacional Indígena expuso: es un acto irracional de los diputados y su determinación afectará en el futuro inmediato en el costo de los alimentos. Es la gota que derramará el vaso, pues es un recurso fundamental para la vida y la producción agropecuaria. Es una situación que debe interesar a toda la sociedad.
Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista e integrante de la citada convención, hizo un llamado a las agrupaciones sociales y campesinas, a la población para unirse en contra de dicha ley, ya que se entrega a empresas privadas el recurso vital para la producción de alimentos y de diversas actividades. Los legisladores están provocando un problema social muy serio, acotó.
La Asamblea Regional de Afectados Ambientales de Jalisco advirtió que dicha ley es “retroceder a la época de Porfirio Díaz, cuando se entregaron también ríos, recursos naturales a empresas privadas. Aquí en Salto Huaxtla se entregó en 1853 el agua del río a Manuel Cuesta Gallardo para hacer la presa Corona; con esa obra manejó el recurso y se hizo millonario.
Dicha ley, abundaron integrantes de la agrupación, es una trampa, ya que entregan a la iniciativa privada la potabilización del agua, lo cual en esta región de Jalisco ya sucede debido a que las industrias al verter sus desechos al río lo contaminaron y la gente tiene que comprar agua para beber y cubrir sus necesidades más elementales. Los legisladores van en contra de las políticas universales del derecho humano al agua.
Marco Antonio Ortiz, de la Coordinadora de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, advirtió que los ejidatarios y campesinos no se quedarán con los brazos cruzados; saldremos a las carreteras, las ciudades, las calles, recurriremos a foros internacionales, adonde sea necesario hasta que el gobierno entienda que ¡basta de despojos! 

Fuente

Académicos de UNAM rechazan la Ley que privatiza el agua; dañará a ciudadanos, alertan

Académicos rechazan iniciativa de la nueva Ley General de Aguas. Foto: Cuartoscuro
Académicos rechazan iniciativa de la nueva Ley General de Aguas. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).– Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y grupos civiles rechazaron la iniciativa de la Ley General de Aguas, aprobada el día de ayer en comisiones de la Cámara de Diputados, por considerar que se viola el derecho humano al agua.
La iniciativa fue pasada por diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Verde Ecologista (PVEM) y Acción Nacional (PAN). Los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) abandonaron la sesión en protesta, pero no un Diputado: Gerardo Gaudiano Rovirosa, perredista y presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos
La legislación ha sido calificada por organizaciones civiles como un intento gubernamental para privatizar el recurso y favorecer el uso de agua en la técnica del fracking para extracción de gas shale, y por beneficiar a empresas comercializadoras y hasta constructoras.
Legisladores de oposición dijeron que la Ley favorece a empresas particulares en detrimento del derecho humano al agua potable, plasmado en la reforma constitucional del 2012, entre ellas a Grupo Higa, la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, la misma que se ha visto beneficiada en múltiples ocasiones con contratos para construir obra del Gobierno federal.
Los académicos de la Máxima Casa de Estudios denunciaron que la Ley General de Aguas “criminaliza la investigación científica, legaliza la contaminación del agua, intensifica conflictos ambientales y elimina la participación ciudadana”.
Los académicos señalaron en que la iniciativa propuesta por los diputados Kamel Athié Flores (PRI), presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento; José Antonio Rojo García de Alba (PRI), presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego; Sergio Augusto Chan Lugo (PAN), secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos; y Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD), presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, carece del total respaldo científico.
“Es una iniciativa que como académicos no reconocemos. Nos solidarizamos con las demandas de la sociedad civil organizada que han sido presentadas en distintas formas, como la Iniciativa Ciudadana”, indicaron.
De acuerdo con los investigadores, la propuesta de Ley busca eliminar todo cuestionamiento y crítica que la sociedad civil organizada o de forma individual ha realizado con base en la investigación científica y otras formas de estudio.
La actual definición, indica el comunicado, refiere que si naturalmente el agua presenta una concentración de “x” elemento menor a lo señalado en las normas relativas, entonces se puede incorporar, situación que alerta a los académicos.
“Esto es grave en el contexto de que las actuales normas no incorporan la totalidad de los elementos o sustancias para evaluar correctamente los impactos ambientales. Además de que para asegurar los ecosistemas se requiere proteger la calidad natural del agua a lo largo de todo el ciclo hidrológico”, refieren.
La iniciativa, que señala 50 Litros diarios por persona, “pone en riesgo la salud de las personas”.
De acuerdo con un análisis jurídico realizado por el Centro Mexicano del Derecho Ambiental (CEMDA A.C), la Organización Mundial de Salud (OMS) señala que el acceso óptimo que representa el riesgo más bajo para la salud de las personas es de mínimo 100 litros diarios por persona.
Otro elemento insconstitucional del artículo propuesto que denuncian los académicos es que se limita el Derecho Humano al Agua a sólo aquellas personas que viven en asentamientos humanos, “esto significa que muchas localidades rurales e indígenas quedan fuera de tal definición”, advierten.
Con ello, añaden, se viola el sentido de la reforma constitucional del artículo 1 y del artículo 4 que señala que ”toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
Los académicos de la UNAM revelaron que con la iniciativa se intensifica los conflictos ambientales con los trasvases. –el trasvase es tomar agua de una cuenca incluyendo acuífero a otra cuenca o acuífero–, y ponen de ejemplo el Acueducto VI, del cual Grupo Higa tiene el 50 por ciento de la construcción y operación de este proyecto rechazado por la sociedad.
Finalmente, acusaron que la nueva Ley General de Aguas elimina la participación ciudadana.
“La iniciativa presenta un capítulo de participación ciudadana escrito de tal forma que la real participación ciudadana, es decir, todas aquellas personas que trabajan por el Derecho Humano al Agua y el desarrollo sustentable, no están representadas justamente en los Consejos de Cuenca”, dice el comunicado.
En dichos Consejos de Cuenca, señalan, se propone que el 60 por ciento serán representantes de concesionarios en diferentes usos y organizaciones ciudadanas o no gubernamentales. “Sin embargo, queda aun menos claro cuando en el artículo Artículo 61 se menciona sin definición al Consejo Consultivo del Agua”.
Ayer, los diputados de oposición acusaron que el dictamen por el cual se crea la nueva Ley General de Aguas favorece a empresas particulares en detrimento del derecho humano al agua potable, plasmado en la reforma constitucional del 2012, entre ellas a Grupo Higa, la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, la misma que se ha visto beneficiada en múltiples ocasiones con contratos para construir obra del Gobierno federal.
Y es que la ley cambia el panorama de negocios y además maximiza beneficios para constructoras como Grupo Higa, explicó a SinEmbargo el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, vicecoordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro.
Por ejemplo, mencionó el caso del Acueducto Monterrey VI, en donde las empresas que conforman el Grupo Higa participan con aproximadamente el 60 por ciento del contrato para la construcción y operación del acueducto.
A principios de febrero, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), integrada por más de 20 organizaciones de la sociedad civil, solicitó que no se apruebe en el Congreso la iniciativa de la Ley General de Aguas por considerar que no garantizar el derecho al líquido a los grupos más vulnerables del país.
Las organizaciones defensoras señalaron que el derecho humano al agua está consagrado en el artículo 40 constitucional, y sostuvieron que aunque la exposición de motivos del anteproyecto de ley menciona que se encuentra fundamentada en normativas del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la práctico lo propuesto “omite respetar y garantizar el cumplimiento de diversas obligaciones que en él [iniciativa] se señalan”.
En México casi 9 millones de personas carecen de acceso al agua potable (5 millones de ellas en zonas rurales), y la iniciativa que propone el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las organizaciones, “carece de mecanismos de garantía para los grupos étnicos, comunidades equiparables y personas en condiciones de pobreza, por lo que no debe ser aprobada en esos términos por el Congreso”.
¿SE PRIVATIZA EL AGUA?
Aunque en el texto aprobado nunca se menciona la frase “privatización del agua” y sus defensores argumentan que no se toca el artículo 27 constitucional por lo que es imposible hablar de privatización de este bien nacional, lo cierto es que la nueva ley permite la participación de la iniciativa privada mediante concesiones “para la explotación, uso o aprovechamiento de zonas federales y demás bienes públicos inherentes”, según el artículo 88 fracción tercera.
La concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales tendrá una vigencia mínima de cinco años y máxima de treinta años, según estipula el artículo 94. Este tiempo podrá ser prorrogable hasta por otros 30 años.
Una de las novedades de la Iniciativa es la regulación del “trasvase”, definido como la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta con la que no haya conexión natural, lo cual implica que la autorización a la que se sujeta tal actividad tiene por objeto permitir el traslado de las aguas nacionales y no la construcción de la obra.
La Ley especifica que en ningún caso el concesionario puede disponer del agua en volúmenes mayores a los autorizados por la Comisión, en caso de que se explote más agua, se deberá tramitar una nueva concesión. Sin embargo, también entrega la obligación a los propios concesionarios de instalar medidores para medir la cantidad de agua descargada.
Respecto a la creación de infraestructura hidráulica, la nueva ley plantea que la federación, las entidades federativas y el Distrito federal deberán fomentar el desarrollo de este tipo de infraestructura para garantizar el derecho humano al agua.
Posteriormente señala que para alcanzar este objetivo, el Gobierno podrá celebrar con particulares contratos de obra pública y servicios con la modalidad de inversión recuperable.
Asimismo, podrá “Otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica construida por el Gobierno Federal”; así como para “construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica federal y para prestar los servicios asociados a ésta”.

Fuente

Denuncian empleados despidos ilegales y "sorpresivos" de Iberia en México

Foto
Flota de Iberia en el aeropuerto Madrid-BarajasFoto Reuters
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Viernes 6 de marzo de 2015, p. 23
Empleados de Iberia denunciaron que a espaldas de los trabajadores, la aerolínea y su sindicato pactaron un convenio para liquidar al personal de mayor antigüedad, en áreas como las de reservaciones y boletos.
El esquema seguido por la empresa es citar, de manera individual y sorpresivamente, a los trabajadores que despedirá en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde simplemente les presentan su liquidación, argumentando que esto se convino con el sindicato y que cumplen con la Ley Federal del Trabajo (LFT) y prestaciones complementarias.
Los afectados afirman que el convenio referido se firmó a espaldas de los trabajadores, y se está liquidando precisamente a quienes tienen mayor antigüedad, no a los de reciente ingreso, violando la ley del trabajo, que en su artículo 437 señala que en caso de recortes se debe mantener a los empleados que llevan más años laborando. Además de que los afectados son sorprendidos, y con desconocimiento de las circunstancias legales aceptan su liquidación.
Para los empleados, la actitud de la empresa, en connivencia del sindicato, viola los derechos individuales de todos los afectados, es ilegal y violatoria de la Constitución y la LFT, y se dan el lujo de ratificarlo sin mayor trámite ante las autoridades laborales.
Trabajadoras como Sara Navarro Hernández, María del Amparo Ramírez Flor y Claudia Rivera Villagrán, afectadas por estas acciones, reclaman al presidente de Iberia Líneas Aéreas de España que ha despedido a los que tienen más años laborando y se reubica al personal de menos antigüedad, y que el convenio exhibido ante las autoridades no coincide con el que suscribió inicialmente con el sindicato, por lo que demandan que representantes de la empresa se reúnan con los empleados para resolver el problema.
En tanto, Iberia respondió que está aplicando un proceso de restructuración económica para volver a la rentabilidad, y que como parte de ello se ha cambiado el modelo comercial de toda la red, incluido México. Se agrupó en un único centro las tareas de “help desk, call center y grupos para dar servicio a todos los países de América Latina”, y esto incluye la recolocación del personal afectado y la liquidación de los que no entran en este esquema.

Fuente

Se cotiza el dólar hasta en 15.72 pesos; Banxico entra al rescate

PROCESO 


6 de marzo de 2015
Destacado
El dólar llegó a su nivel más alto este año. Foto: Miguel Dimayuga
El dólar llegó a su nivel más alto este año.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).—Ante la creciente depreciación del peso, el Banco de México (Banxico) activó su mecanismo de subastas, inyectando 200 millones de dólares a un tipo de cambio ponderado de 15.41 pesos, para darle liquidez al mercado.
La volatilidad en el tipo de cambio sigue golpeando al peso, que esta vez se vio afectado por el dato positivo del empleo en Estados Unidos, lo cual podría acelerar el alza de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).
Al iniciar la jornada de este día, el dólar se cotiza hasta en 15.72 a la venta en ventanillas bancarias, el máximo nivel en lo que va del año.
Es la segunda ocasión que el banco central utiliza el instrumento de subasta para atenuar la depreciación de la moneda nacional en episodios de volatilidad y que puede afectar la inflación. La primera vez fue el pasado 11 de diciembre.
Fuente

Barzonistas afirman que los amenazan por pedir que bajen gasolina, luz y fertilizantes

Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 5 de marzo de 2015, p. 34
Ciudad Juárez, Chih.
El dirigente estatal de El Barzón, Heraclio Rodríguez Gómez, denunció que 10 dirigentes campesinos fueron amenazados de muerte por participar en movilizaciones para exigir, en nombre de 5 mil productores, que bajen los precios de las gasolinas y los fertilizantes, así como las tarifas eléctricas.
Recordó que en los dos años recientes fueron asesinados tres de sus compañeros. La semana pasada fue ultimado Alberto Almeyda, ex edil de Villa Ahumada, quien encabezó la ocupación de casetas, carreteras y vías de ferrocarril para exigir que la comunidad menonita deje de perforar pozos de manera ilegal.
En 2010, agregó, fueron asesinados el dirigente barzonista Ismael Solorio y su esposa, Manuela Solís.
Martín Solís, también líder de la organización, huyó de Chihuahua tras recibir amenazas de muerte en octubre de 2014. Autoridades federales le asignaron un escolta en diciembre de ese año.
Las amenazas, sostuvo, incluyen a campesinos de varios municipios y a él mismo, por lo que representantes nacionales exigirán garantías a la Secretaría de Gobernación (SG). En la reunión también expondrán la desaparición de líderes sociales en Michoacán.
Mientras, miembros del grupo ciudadano llamado Bajemos el precio de la gasolina, que tiene 34 mil seguidores en las redes sociales, acudieron ayer a los juzgados federales con sede en esta localidad fronteriza para promover amparos ante el Poder Judicial y exigir que en al menos siete municipios se homologuen los precios de los combustibles con los de la zona fronteriza.
Los amparos fueron presentados en nombre de miles de pobladores de Chihuahua, Janos, Parral, Camargo, Janos y Villa Ahumada.
En Juárez y Ojinaga, municipios fronterizos con Estados Unidos, el litro de gasolina Magna se vende a 8.60 pesos (en el resto del país cuesta 13.57 pesos) y la Premium a 9.97 pesos (su precio normal es de 14.53 pesos por litro). Aún así, en El Paso, Texas, los carburantes son más baratos que en Juárez.

Fuente

Gritan “asesino” a Peña durante su visita a Inglaterra

Foto: YouTube

Foto: YouTube
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Las protestas por la situación que priva en México, siguieron al presidente Enrique Peña Nieto, en distintos puntos de su gira por el Reino Unido.
Un video que circula en redes sociales desde el miércoles pasado muestra el momento en que el primer mandatario mexicano sale de una reunión en el Parlamento Británico mientras un grupo de activistas protestaba por la visita.
“¡La lucha seguirá!”, coreaban los activistas cuando se abrieron las puertas del Parlamento y comenzaron a salir los lujosos automóviles que transportaban a la comitiva del presidente. El grito cambio a “¡Asesino!, ¡asesino!”.
Una valla custodiada por guardias de seguridad se mantenía atenta pero respetuosa de la protesta hasta que uno de los manifestantes echó a correr para alcanzar el vehículo en el que iba Peña Nieto para lanzarle directamente improperios.
El activista de cabello castaño claro, largo y con rastas, ataviado con pantalón de mezclilla y chamarra verde y quien llevaba una mochila al hombro fue alcanzado y derribado de inmediato por dos policías que lo arrastraron hasta la acera del parque ubicado frente al Parlamento.
Luego lo pusieron en pie, lo sacudieron un poco y esposado lo escoltaron hasta uno de los tres vehículos policiales que estaban dispuestos sobre la avenida.
Cuando se percataron de la detención los activistas siguieron al detenido que era custodiado por dos policías y empezaron a corear: “¡El pueblo unido, jamás será vencido!”.
Desde su llegada al reino Unido, el jefe del ejecutivo ha enfrentado protestas.
El martes pasado, con globos, banderas, bombos y al grito de “Peña Nieto no es bienvenido” más de un centenar de manifestantes se congregó afuera de la residencia oficial del primer ministro británico David Cameron, ubicada en el número 10 de Downing Street, para repudiar la llegada del presidente.
Los manifestantes que se acercaron a Downing Street entregaron una misiva a la residencia oficial de Cameron, en la que afirmaron que la agenda de viaje de Peña Nieto “ignora en gran medida la situación de derechos humanos en México, ejemplificada por la desaparición masiva de 43 estudiantes en Iguala”.
Las protestas son organizadas por varios grupos, incluyendo a los colectivos YoSoy132Londres London Mexico Solidarity y Justice Mexico Now, forma parte de una serie de eventos y actividades bajo la consigna “EPNnotWelcome” (Enrique Peña Nieto no es bienvenido).
Fuente

Cerraron 30 mil misceláneas por la caída del mercado interno

mar, 03 mar 2015 14:42
México, DF. Unas 30 mil misceláneas bajaron la cortina definitivamente y provocaron la pérdida de 56 mil autoempleos durante el último año, debido a la imposibilidad de cubrir las exigencias impuestas por el nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (Rif) y al aumento de la base gravable del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ieps), que aumentó los precios de “productos base” para la operatividad de las “tienditas de la esquina”, informó Cuauhtémoc Rivera Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
Respaldado por los resultados de un estudio realizado por Nielsen México, el dirigente de la Anpec apuntó que el cierre de las tiendas de abarrotes responde a una tendencia que tiende agravarse también por la ausencia de gobernabilidad en amplias regiones que abarcan a por lo menos 11 entidades del país. Entre ellas Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, algunas partes del Estado de México, Zacatecas y Tamaulipas, entre otras, donde es habital el pago “por derechos de piso” la delincuencia, dijo.
En conferencia de prensa, Cuauhtémoc Rivera explicó que la caída anual de 4.6 por ciento en la recaudación del Ieps a productos distintos a las gasolinas y el díesel en enero de este año, tiene como causa principal “una estrechez muy fuerte del consumo interno”, cuyo hueco no puede ser resarcido por las familias de menores ingresos, que constituyen la clientela habitual de las tienditas, quienes han absorbido el aumento de precios de productos con alto contenido calórico.
Las medidas fiscales no han arrojado los resultados positivos para la salud de las personas en el combate a la obesidad por el consumo de alimentos chatarra. En apariencia estos productos se han consumido menos pero no es porque las personas busquen mejorar su salud, “la baja en las ventas es el reflejo de la inflación y la disminución del salario real de los trabajadores”, afirmó.
Según el estudio hecho por Nielsen México, la base de ventas del pequeño comercio establecido son: refresco, 88 por ciento; frituras o botanas, 50 por ciento; latería y abarrotes, 39 por ciento; lácteos y derivados, 48 por ciento; cigarros, 82 por ciento y cerveza, 66 por ciento.
Lo que ha ocurrido, explicó, es que la elevación de precios de éstos productos por efecto del Ieps ha provocado una migración en el consumo de estos productos, que están sujetos a la supervisión fiscal y de salud, a otros “artesanales”, o de elaboración fuera de todas las normas como “papas fritas, chicharrones preparados, postres, pan y otros productos de alto contenido calórico y elevados niveles de grasa que son expedidos en la vía pública por el comercio informal sin control sanitario alguno”.
Los pequeñas tiendas de abarrotes, unas 908 mil en todo el país, tienen que enfrentar costos relativamente mayores para enfrentar las obligaciones a que están sujetas por el nuevo régimen de incorporación fiscal como llevar una facturación electrónica de los proveedores y contratar los servicios de un contador para llevar sus cuentas, algo que está totalmente fuera de sus posibilidades económicas.
Por lo mismo, el dirigente de la Ampec consideró indispensable que las autoridades responsables de la política económica del país se sensibilicen de la necesidad de cambios en el régimen de tributación de los pequeños comerciantes, que permitan devolver la confianza al pequeño contribuyente y a la equidad tributaria, ahora que “el abatimiento del mercado ha dejado de ser una posibilidad para convertirse en una condición real que hay que solucionar”. 

Fuente

Repudia comunidad artística el cierre de teatros en el DF

PROCESO 


5 de marzo de 2015
Cultura y Espectáculos
MÉXICO D.F. (apro).- En una carta abierta entregada al Conaculta, INBA, la Universidad Autónoma Metropolitana, el gobierno del Distrito Federal, el IMSS y el ISSSTE, miembros destacados de la comunidad teatral, integrada por dramaturgos, críticos y primeros actores expresan preocupación y hasta indignación, y a su vez solicitan una solución ante el cierre del Teatro Julio Jiménez Rueda, así como del estado en que se encuentran otros como Casa de la Paz, Lírico y Vizcaínas.
La carta, entregada a este medio para su difusión, está fechada el 25 de febrero del presente año y no ha recibido respuesta aún de las autoridades; en el caso de las peticiones a la UAM datan desde septiembre y tampoco se ha satisfecho la solicitud de audiencia con el rector. Los siguientes nombres aparecen como firmantes responsables:
Luz Emilia Aguilar Zinzer, Héctor Bonilla, Julieta Egurrola, Mario Espinosa Ricalde, Flavio González Mello, Luisa Huertas, David Olguín, Gabriel Pascal, Angelina Peláez, Enrique Singer y Marta Verduzco.
Y firman también en adhesión:
Laura Almela, Margie Bermejo, Diana Bracho, José Caballero, Benjamín Cann, Gloria, Carrasco, Juan Carlos Colombo, Joaquín Cosío, Jaime Chabaud, Dimitri Dudin, Lucio Espíndola, Daniel Giménez Cacho, Dolores Heredia, Leticia Huijara, Jesús Jiménez, Alicia Lagunas, Estela Leñero, Amaranta Leyva, Alberto Lomnitz, Cutberto López, Luis Mario Moncada, Gerardo Moscoso, Rodrigo Murray, Leopoldo Novoa, Lourdes Pérez Gay, Marco Petriz, Arturo Ríos, Eduardo Ruíz Saviñón, Marco Antonio Silva, José Sefami, José Solé, Claudio Valdéz Kuri, Jorge Vargas, Juan Villoro, Richard Viqueira y Antonio Zúñiga.
A continuación se transcribe la carta en su totalidad:
“Los abajo firmantes, miembros de la comunidad teatral, expresamos a ustedes nuestra indignación por el cierre, abandono y pérdida de diversos espacios teatrales de la ciudad de México, en momentos en que la educación, el arte y la cultura debieran ser tareas prioritarias ante la descomposición social que sufre nuestro país.
Vemos con absoluta preocupación la coincidencia de un sistemático descuido de la infraestructura teatral de la ciudad y la falta de una política cultural y financiera acorde con el estado de emergencia que nos aqueja. Más allá de la obligación de cumplir con las leyes orgánicas que dan razón de ser a nuestras instituciones y con el rango constitucional del derecho al arte y la cultura, la negligencia de nuestras autoridades sorprende, en mayor medida, porque viene de instituciones que tienen la responsabilidad de sostener, en tiempos de crisis, principios humanistas que den fortaleza a nuestro sentido de comunidad y civilidad.
El Teatro Casa de la Paz, espacio emblemático no sólo de la Universidad Autónoma Metropolitana, sino de la cultura de nuestra ciudad, está cerrado desde hace más de dos años debido a daños estructurales. Su arreglo tiene un costo alto, pero las autoridades de la UAM –institución que lo tiene bajo su custodia desde hace más de 30 años–, en su indiferencia hacia el problema, dejaron que se perdieran 5 millones de pesos, aportación que para tal efecto provenía de los presupuestos etiquetados de la Cámara de Diputados en 2014; esa cantidad tampoco pudo ser utilizada para otros proyectos culturales, lo cual implica una irresponsabilidad mayor. No es únicamente dicho espacio teatral, protagonista en el devenir del teatro mexicano del siglo XX, lo que está en peligro de desaparecer: en los hechos, el cierre de Casa de la Paz ha traído aparejada una evidente ausencia de políticas culturales en dicha institución educativa y la renuncia de la UAM a seguir participando en la vida teatral del país.
“Un grupo de creadores de teatro pedimos audiencia desde septiembre de 2014 al Rector General de la UAM, Dr. Salvador Vega y León, quien hasta el momento no se ha manifestado ni aclarado el destino que la Universidad dará al Teatro Casa de la Paz. Exigimos, por tanto, una respuesta pronta y clara en la que se asuman compromisos y se definan plazos concretos para la rehabilitación de tan importante espacio universitario que es propiedad de todos los mexicanos.
“A la cadena de descuidos se suma que el teatro Julio Jiménez Rueda será demolido y las autoridades del CNCA y del INBAL ofrecen, a cambio, ocuparse de la programación de tres ‘nuevos’ espacios teatrales: el Julio Prieto, el Legaria y el Isabela Corona. El ISSSTE, por su parte, informa que se venderá el predio en donde está ubicado actualmente el Jiménez Rueda, pero nadie especifica montos ni plazos; tampoco se conocen las condiciones del acuerdo entre las partes para retribuir al INBAL el costo del teatro. Hasta el momento, ninguna de las instituciones mencionadas se ha manifestado públicamente sobre la ubicación del nuevo predio para construir un espacio de difusión cultural que sustituya al que se perderá, pues a partir del 29 de marzo de este año el Jiménez Rueda cierra sus puertas. Tres teatros ya existentes no reemplazan la desaparición de otro. Recuperar la programación de tres teatros es una obligación de nuestras instituciones de cultura y con ello no restituyen la pérdida del Jiménez Rueda ni su significado para la vida cultural del país. Pedimos que si se tira un teatro, se levante –al menos– otro teatro.
“Los teatros bajo la responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal no son la excepción, sino la regla que confirma a un gobierno sin programa en el terreno del arte y la cultura. El Lírico es apenas una fachada y el Vizcaínas se perdió como espacio teatral para albergar la exhibición de una maqueta, en un acto que privilegia los intereses turísticos sobre la posibilidad de construir una cultura viva que genere sentido de comunidad. La reglamentación de permisos de operación y cualquier trámite relacionado con el funcionamiento de espacios culturales independientes, como parte de una tramitología propia del teatro del absurdo, es pasto de ‘coyotes’ que nutren actos de corrupción, a falta de una política que fomente la apertura y sustento de espacios culturales emergentes. Los teatros de las delegaciones, por último, son lo más ajeno al espíritu de una izquierda interesada en fomentar desarrollo educativo, colectividad y pensamiento crítico.
“Por último, y más grave aún pues se traduce en la radiografía de una grave crisis que parte del centro hacia el resto del país, hay que señalar el estado de deterioro de la amplia red nacional de teatros del Seguro Social, lo que demuestra que el IMSS abandonó, desde hace años y de manera definitiva, la posibilidad de contribuir a curar el tejido social a través de esos espacios teatrales que nacieron bajo un admirable proyecto de país.
“En estos tiempos de precariedad económica y de profunda crisis en la conciencia nacional, pedimos a nuestras autoridades abrir las puertas al diálogo con la comunidad teatral y cumplir cabalmente con sus responsabilidades, brindando respuestas expeditas y concretas a este estado de deterioro general de la infraestructura escénica de la ciudad de México.”

Fuente