martes, 10 de marzo de 2015

La Pro Secretaría de Cultura y Recreación invita:


Atraería la ronda uno 62 mil 500 mdd con 212 mil empleos: Sener


Para el primero de enero de 2016 debe entrar en vigor el Mercado Eléctrico Mayorista
Atraería la ronda uno 62 mil 500 mdd con 212 mil empleos: Sener
Se esperan inversiones por 23 mil 790 mdd para la instalación de nuevas centrales eléctricas
Con alianzas, prevé Pemex elevar a 76 mil mdd la inversión en exploración y producción
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El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, ayer en la presentación del informe sobre la reforma energéticaFoto Cristina Rodríguez
Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Martes 10 de marzo de 2015, p. 22
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, afirmó que la reforma energética detonará inversiones por 62 mil 500 millones de dólares entre 2015 y 2018, con la creación de 212 mil empleos directos e indirectos en la ronda uno, que permite a las empresas la exploración y exploración de hidrocarburos en aguas territoriales del Golfo de México.
En la presentación de avances de la reforma energética, el titular de la Secretaría de Energía (Sener) aseguró que a poco más de seis meses de su arranque, la reforma avanza con eficiencia y agilidad. Subrayó que la medida es la primera en su tipo, debido a que es de carácter integral, pues abarca el sector de hidrocarburos y de electricidad.
En el encuentro, en el que estuvo acompañado del director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, y del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa, el funcionario detalló que el primero de enero de 2016 deberá entrar en vigor el Mercado Eléctrico Mayorista, además de que se espera la inversión de 4 mil 450 millones de dólares en la modernización en la red de transmisión eléctrica.
Adicionalmente se esperan inversiones por 23 mil 790 millones de dólares en instalación de nuevas centrales de generación eléctrica.
Para las primeras fases de la ronda uno, que permitirá la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras del Golfo de México, se espera atraer capitales por 16 mil 700 millones de dólares. Sobre la segunda convocatoria de la ronda uno se prevé captar inversión por 4 mil 480 millones de dólares, entre otros flujos.
En su oportunidad, el director general de Pemex, Emilio Lozoya, destacó que México es un destino óptimo de oportunidades de inversión para el sector energético. Resaltó que este gran cambio constitucional ha puesto en marcha la transformación de Pemex en una empresa altamente competitiva, que ya goza de autonomía de gestión, nuevo régimen fiscal, nuevo gobierno y estructura corporativa, además de un nuevo régimen de control interno.
Lozoya puntualizó que con la posibilidad de hacer alianzas estratégicas, Pemex incrementará la inversión en exploración y producción, así como su capacidad de ejecución, para alcanzar un estimado de 76 mil millones de dólares en el lapso de desarrollo de dichos proyectos.
Indicó que se buscarán alianzas en materia de transformación industrial, así como para construir infraestructura como gasoductos, reconfiguración de refinerías, terminales marítimas y plataformas.
El director general de la CFE, Enrique Ochoa Reza, informó que, en comparación con las tarifas eléctricas de marzo de 2014, en marzo de 2015 se registraron reducciones de precios. En el sector industrial disminuyeron entre 18 y 26 por ciento; para el sector comercial la rebaja fue de 7.5 y 16 por ciento; para el sector doméstico de alto consumo (DAC) han disminuido en 7.5 por ciento, mientras que el sector doméstico de bajo consumo, que cada año subía 4, en 2015 la tarifa no subirá y de hecho ya bajó 2 por ciento.
También apuntó que entre 2014 y 2015 la comisión hará las licitaciones de 11 proyectos de transporte de gas natural, que contarán con una inversión de 5 mil 200 millones de dólares.
Ochoa Reza señaló que la CFE convierte siete centrales de generación que utilizan combustóleo, para que también puedan usar gas natural. Estos proyectos representan cerca de 4 mil 600 megavatios (MV) de capacidad instalada y una inversión de 200 millones de dólares. Además, se construirán seis plantas generadoras a partir de gas natural, con una inversión de 5 mil 750 millones de dólares.
La CFE, dijo, tiene un firme compromiso con la energía renovable y por ello impulsa la ejecución de 15 proyectos renovables con una capacidad instalada de más de 2 mil 700 MV y una inversión aproximada de 4 mil 800 millones de dólares. Agregó que con el fin de reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, la CFE anunció entre 2014 y 2015 las licitaciones de siete líneas de transmisión y nueve proyectos de distribución, con inversiones por mil millones de dólares.
Pablo Peralta García, director de operaciones de Grupo IUSA, anunció inversiones por 900 millones de dólares en los próximos cuatro años para el desarrollo de infraestructura de generación eléctrica renovable. En la reunión también estuvieron presentes Fernando Calvillo Álvarez, presidente de Grupo Fermaca, y David Arelle Sergent, director general de Ilioss.

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Hasta 2016 llegarán inversiones por reformas: Sener

PROCESO 


9 de marzo de 2015
Economía
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. Foto: Octavio Gómez
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- Pedro Joaquín Coldwell, titular de Energía (Sener), aseguró que a fines de este año o principios de 2016 comenzarán a llegar a México las inversiones al sector, resultado de las licitaciones de la primera y segunda ronda.
El secretario de Energía consideró, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que la inversión por ambas licitaciones alcanzaría los 21 mil millones de dólares.
También dijo que ya existe “mucha inversión” que fluye a México a través del Sistema Nacional de Gasoductos, pues se construye una red de 6 mil kilómetros.
Sobre los recortes de personal en la CFE y Pemex, el titular de la Sener precisó que en la primera no será así, y que más bien se pondrá en marcha un ajuste presupuestal.
Mientras en Pemex, la administración ha anunciado que cancelará puestos que están vacantes, realizará prejubilaciones y cancelará estas plazas, lo que significará un ahorro significativo y solamente quedaría como última instancia el reajuste del personal.
En todo caso, confió, las plazas suprimidas se van a recuperar con la llegada de inversión privada que se espera a fines de este año o a principios de 2016.
También destacó que a la fecha 46 compañías declararon interés por explorar aguas someras, 31 pagaron por acceder a la información técnica y geológica, y 23 ya se han inscrito a la licitación.
Hace unos días, resaltó, se dio a conocer la segunda convocatoria para la licitación de campos para la extracción de hidrocarburos en aguas someras, y “como resultado de las primeras dos convocatorias se espera traer en el mediano plazo inversiones de por lo menos 21 mil millones de dólares y generar más de 211 mil empleos directos”.
En el caso de generación eléctrica también existen importantes anuncios en este sentido, abundó, de nuevas plantas de generación tanto de ciclo combinado de gas como de eólicas; por ejemplo, la Asociación de Empresarios Eólicos del país anunció 14 mil millones de dólares de inversión para los próximos tres años.
De esta forma, agregó, en el caso de las dos primeras convocatorias de la ronda uno los primeros contratos se empezarán a adjudicar a partir de julio próximo.
“A partir de la segunda quincena de junio vamos a estar ya recibiendo las ofertas económicas en subasta pública ante el órgano regulador de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y se van a otorgar los ganadores, en consecuencia estaremos firmando los contratos hacia agosto, septiembre a más tardar, y las inversiones estarán llegando el cuarto trimestre de este año.
En tanto, el director general de Pemex, Emilio Lozoya, estimó que la inversión esperada en asociaciones y migración de contratos en su fase productiva por toda la vigencia de los acuerdos será de unos 76 mil millones de dólares.
Finalmente, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, argumentó que la meta que Pemex se planteó en 2014 de elevar la inversión en la industria petrolera, en exploración y producción, de 2 a 4% del PIB “es realista”, pues “el costo de extraer hidrocarburos en el país sigue siendo muy atractivo, y la demanda por infraestructura que se tiene que llevar todavía a cabo es importante y representa una oportunidad interesante para inversionistas nacionales e internacionales”.
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Posponen la Ley General de Aguas

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‘‘Con la simple lectura (del dictamen) le quedaría claro, a cualquiera que no tenga lento aprendizaje, que no hay intención privatizadora’’, dijo ayer el coordinador priísta en San Lázaro, Manlio Fabio BeltronesFoto La Jornada
Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Martes 10 de marzo de 2015, p. 3
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados decidió, por unanimidad de sus ocho partidos integrantes, posponer ‘‘el tiempo que sea necesario’’ la discusión en el pleno del dictamen de la Ley General de Aguas, que se pretendía aprobar en la sesión de hoy.
Las bancadas opositoras opinaron que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tenía los votos necesarios, pero no el respaldo social, debido a que el documento abre la puerta a la iniciativa privada a prestar el servicio público de agua potable, facturar y cobrar al usuario final.
La junta autorizó foros de discusión, pero legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Morena plantearon que ello debe ser para modificar el dictamen y quitar los puntos que llevan a la privatización del agua, e incluso a presentar un documento distinto basado en la propuesta de la sociedad civil.
Manlio Fabio Beltrones (PRI), presidente de la Junta de Coordinación, cuestionó que con ‘‘la simple lectura (del dictamen) le quedaría claro, a cualquiera que no tenga lento aprendizaje, que no hay intención privatizadora, como ciertos políticos demagógicos lo han expresado’’.
Beltrones explicó que los partidos en ese órgano de dirección de la cámara optaron por abrir un espacio de participación ciudadana y de expertos ‘‘para que se aclaren dudas y se deje atrás la desinformación de algunos políticos en campaña, que quieren tomarlo como bandera para confundir’’.
El coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, resaltó que la apertura a las opiniones de la sociedad y los propios legisladores conducirá a cambios en el contenido del dictamen promovido por el gobierno federal por medio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
‘‘No tendría ningún sentido escuchar a las asociaciones y a los investigadores que han expresado dudas, si no hay intención de modificar el dictamen. Las reuniones de trabajo son para escuchar y ajustarlo’’, declaró el legislador.
Manuel Huerta (Morena) deseó que al posponer la discusión del dictamen no se abra un espacio sólo ‘‘para aplazar la sentencia de muerte; esto es, que la ley Korenfeld (por el director de la Conagua, David Korenfeld) la aprueben mañana, pasado mañana o dentro de un año, sino que se abra una discusión seria y se invite a quienes se excluyeron, entre éstos al movimiento Agua para Todos’’.
También la diputada Lilia Aguilar (PT) consideró que este plazo no debe ser sólo para diferir por unos días las críticas de la sociedad civil y de los investigadores o para evitar las manifestaciones en la calle y en la tribuna.
Antes de que el PRI aceptara posponer el debate de la Ley General de Aguas, diputados y senadores de ese partido defendieron el dictamen e incluso invitaron a empresarios que ya operan el servicio de agua potable en los municipios, así como al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Jesús Reyes Heroles, a quien diputados del PRD señalaron de ser el principal cabildero de la iniciativa a nombre del capital privado.
Kamel Athie (PRI), presidente de la Comisión de Agua Potable y uno de los principales impulsores del proyecto oficial, afirmó que ‘‘no hay privatización encubierta’’ del agua, pero enseguida justificó la apertura que conlleva el dictamen a que, por ejemplo, durante su administración en el gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador permitió la operación de empresas privadas en el Sistema de Aguas de la ciudad.
Se trata, leyó en una tarjeta, de las empresas Proactiva, Medio Ambiente, Sacsa, Industrias del Agua de la Ciudad de México, Tecnología y Servicios del Agua y Agua de México. ‘‘Creo que vio que con esto el Sistema de Aguas podría ser mucho más eficiente’’ y ya prestan el servicio de agua potable, dijo.

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Ley de Aguas de Peña confirma el rostro autoritario del PRI: Aleida Alavez

La diputada federal perredista Aleida Alavez Ruiz. Foto: Eduardo Miranda
La diputada federal perredista Aleida Alavez Ruiz.
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (apro).-  México enfrenta una grave crisis gubernamental, un Estado fallido, pero si el gobierno impone la Ley General de Aguas, se confirmará el regreso del Estado autoritario, el verdadero rostro del PRI, afirmó la diputada federal perredista Aleida Alavez Ruiz.
La vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados consideró que se equivocaron quienes pensaban que “la joya de la corona” era la reforma energética pues ahora van por el agua aunque con ello violen un derecho humano.
Tras su participación en una mesa denominada: En defensa del agua convocada por el pintor Francisco Toledo, el Patronato Pro Defensa y Protección del Patrimonio Natural y Cultural de Oaxaca (ProOax) y autoridades comunales, Alavez añadió que con esta ley que se pretende imponer “nos encaminamos a una total omisión del Estado, de atropellar una garantía fundamental”.
“Creo que hay otros derechos de los cuales hemos prescindido, pero éste no, este es un derecho imprescindible (y) que el Estado se haga a un lado y no determine en esta ley cómo va a garantizar el acceso al agua es algo que nos preocupa porque se está dejando a los concesionarios que hagan de la política hídrica lo que más les convenga bajo tutela o anuencia de la Conagua”, puntualizó.
La diputada federal consideró que hay una actitud muy “tramposa” por parte del gobierno porque hay un apartado sobre el sistema de tarifas con el que pretenden que los municipios o los organismos operadores estatales se sujeten a un convenio de adhesión para que puedan ser acreedores de recursos públicos.
Sin embargo, explicó, si los municipios u organismos operadores de cada entidad firman un convenio con Conagua, ellos les dirán qué tienen que hacer para que tengan acceso a recursos federales. “Esa es la parte más tramposa de una redacción desafortunada que nos imponen en un dictamen pasado de noche”, abundó.
Además, dijo, se está criminalizando la investigación porque quienes la llevan a cabo deben pedir una autorización o de lo contrario los multan con hasta 50 mil salarios mínimos.
Los académicos han mostrado su desacuerdo con los trasvases (desviaciones) para la expoliación (sustracción) del agua y para llevarla de una cuenca a otra con megaproyectos de acueductos que nada tiene que ver con un ciclo natural.
Hay experiencias mundiales, afirman, donde hay más desplazados por trasvases que por guerras.
“Estamos en una condición de imposición de política hídrica que nos llevará a toda una confrontación de la zona rural y urbana hasta estos megaproyectos que Conagua intenta autorizar para las inversiones”, vaticinó la diputada perredista.
Según Alavez Ruiz, desde que la gestión del agua está en manos privadas, en Puebla las tarifas han aumentado hasta 400%.
En Aguascalientes, manifestó, todo el proceso está en manos de la empresa española Aguas de Barcelona, asociada con firmas mexicanas. En el Distrito Federal “partes del proceso” las tiene la empresa Suez.
“La tendencia en México es entregar todo a los privados mientras en el mundo se va a la inversa, pues este modelo no funcionó”, puntualizó la legisladora que utilizó como ejemplo Berlín y París, donde luego de 25 años regresó el servicio a los ayuntamientos, pues las empresas no cumplieron con invertir en infraestructura pero sí aumentaron las tarifas.
Hay desinformación, no privatización: Anaya
En contraparte el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, afirmó que “no hay privatización y sí desinformación” sobre la iniciativa de Ley General de Aguas Nacionales promovida por el presidente Enrique Peña Nieto.
“El Partido Acción Nacional bajo ninguna circunstancia se prestaría a una iniciativa privatizadora y sí observamos una campaña de desinformación”, señaló.
De visita en Sonora para presenciar el arranque de campaña a la gubernatura de Javier Gándara, el líder panista en San Lázaro dijo que con la llamada “Ley Korenfeld” el artículo 27 constitucional se conserva intacto.
“El agua sigue siendo de la nación, el Estado mexicano el que otorga concesiones y esto, se conservará así”, subrayó.
Sin embargo, en los análisis practicados a esta iniciativa se prevé “suspender o restringir la prestación de los servicios púbicos de agua potable”.
Contrario a lo que establece el artículo 4 de la Constitución, publicado el 8 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho”.
No sólo eso: Legisladores federales y especialistas coinciden en que esta iniciativa, cuya última versión llegó a la Cámara de Diputados el pasado 11 de febrero, tiene un tufo “privatizador” porque de aprobarse dejaría en desventaja al Estado ante posibles demandas futuras de empresas extranjeras ante tribunales internacionales.
Los especialistas advierten un aumento en las tarifas de agua para uso doméstico debido a que en la “Ley Korenfeld” se promueve aún más la participación de la iniciativa privada, misma que “cobraría sus costos de extracción y traslado”.
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Condenan grupos ambientalistas que se quiera mercantilizar el uso del agua

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En el caso del agua ‘‘se trata de privilegiar a empresarios’’, consideraron opositores a la nueva ley, la cual fue pospuesta ayer en la Cámara de Diputados. En la imagen, parte del Sistema CutzamalaFoto José Carlo González /Archivo
José Antonio Román y César Arellano
 
Periódico La Jornada
Martes 10 de marzo de 2015, p. 4
Si llegara a aprobarse posteriormente la Ley General de Aguas se condenaría a México a un uso ‘‘mercantilista’’ del líquido, donde se privilegiaría el interés empresarial y de ganancia sobre el derecho humano de acceso a ese recurso. Esta situación, sumada al crecimiento y concentración de la población, podría generar conflictos sociales de diferente escala e intensidad.
Con 9 millones de personas que actualmente no tienen acceso a agua potable, y 23 millones más sin alcantarillado, la legislación que ayer fue pospuesta indefinidamente en la Cámara de Diputados haría sumamente difícil alcanzar una cobertura universal, como ha planteado el gobierno federal.
Desde la perspectiva de diversos colectivos ambientalistas y de derechos humanos, la iniciativa no sólo viola el derecho humano de acceso al agua, sino agravará estructuralmente los graves problemas que enfrenta el manejo del líquido en el país.
Así, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (Comda), la Coordinadora Nacional Agua para Todos, el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental y el Centro de Análisis e Investigación para la Capacitación, Difusión y Acción en torno a la Democracia en México (Fundar) expresaron su enorme preocupación por el panorama desalentador que se presenta al país en los próximos años y décadas con una legislación que, de aprobarse, no reconocería el derecho humano al agua.
En sus posicionamientos, estas organizaciones han denunciado infructuosamente que la iniciativa de ley no garantiza, conforme a las normas internacionales, el derecho humano al agua y al saneamiento para los grupos más vulnerables, pues carece de mecanismos de garantía para los grupos étnicos, comunidades equiparables y personas en condiciones de pobreza.
Prueba de ello es lo que actualmente ocurre con el Acueducto Independencia, en Sonora, y la pretensión de despojar de agua a la tribu yaqui, en una lucha que lleva ya varios años y que actualmente se da en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), todavía con un futuro incierto para esta comunidad indígena.
Además, en abono a posibles conflictos sociales está el incremento y concentración de la población, que ocasionará una disminución del agua renovable per cápita a escala nacional, poniéndola conforme a esta ley a disposición del mejor postor. Al año 2030 en algunas de las regiones hidrológicas del país el agua renovable per cápita alcanzará niveles cercanos o incluso inferiores a los mil metros cúbicos por habitante al año, condición que se califica de escasez grave.
En ese sentido, el grupo de ambientalistas anunciaron que realizarán hoy martes una manifestación masiva frente a las instalaciones de la Cámara de Diputados para demandar a los legisladores desechar y no sólo posponer la iniciativa de Ley General de Aguas.
Nathalie Seguin, coordinadora de Comda –que agrupa a medio centenar de ambientalistas, defensores de derechos humanos, campesinos e indígenas–, señaló que la propuesta actual profundiza un modelo de gestión que ha demostrado ser insustentable, inequitativo y discriminatorio, y que además facilita la privatización del suministro e infraestructura en todo el país.
En conferencia de prensa en las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) indicaron que más de 5 mil personas y alrededor de mil científicos reprobaron dicha ley. Silvia Manueli manifestó que ‘‘ya se privatizó el subsuelo, ahora van por los ríos. Esto es el mensaje, es una ley privatizadora, mercantilizadora, nada tiene que ver con el derecho humano al agua y llamamos a una movilización social fuerte para que no pase una ley que va en beneficio de los que ya conocemos, de los pocos sobre las mayorías’’.
Agregó que los casos de privatización del agua han dejado como resultado precios elevados por parte de las empresas privatizadoras, como sucede en Saltillo, Coahuila. ‘‘Tenemos estudios muy concluyentes de que no han funcionado estas fórmulas; por ejemplo, han aumentado las tarifas hasta en 800 por ciento, no se respeta por tanto el concepto de asequibilidad, las cuotas no han sido adecuadas al nivel de ingreso de cada persona y ha habido falta de transparencia en las empresas que se han beneficiado con la privatización’’.

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Anuncia la CNPA jornadas de protesta

Matilde Pérez U.
 
Periódico La Jornada
Martes 10 de marzo de 2015, p. 4
La Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) iniciará una jornada nacional de movilizaciones en defensa del agua para exigir la entrega de los recursos de diversos programas productivos y cumplimiento al plan de vivienda rural.
Este miércoles y jueves, campesinos procedentes de 15 estados se manifestarán en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pues con la Ley General de Aguas –que se aprobó en comisiones de la Cámara de Diputados– el Estado abdica de su obligación de administrar, distribuir y manejar el recurso y cede el derecho humano al agua a la iniciativa privada, dijo José Narro Céspedes, de la dirección colectiva de la CNPA.
Ante lo que calificó de ‘‘tentativa de albazo legislativo contra la nación’’, Narro Céspedes destacó que hay un repudio campesino contra esa ley y contra la reforma energética, pues se ha pasado por encima de su derecho a la consulta. Además, manejar el agua como mercancía en un entorno de negocios tendrá como inmediata repercusión el alza de las tarifas.
Desmintió que con dicha ley se busque dar un manejo sustentable al líquido: ‘‘En el fondo se está legalizando el uso del agua para el fracking para la extracción de gas, lo que significa la contaminación de grandes volúmenes del líquido’’.
Además, en dicha ley se eliminan los comités de cuenca, es decir, desaparece la participación ciudadana en todo el proceso de administración y manejo del agua; trasladar dichas funciones a la iniciativa privada implica ‘‘dañar los pulmones del país y extraer el agua de Tabasco, Chiapas y otros estados del sureste para llevarla al norte, como ya sucede con el caso del Acueducto Monterrey, obra con la que se llevará el agua del río Pánuco hasta la ciudad capital de Nuevo León’’.
Este es el banderazo de la privatización de un recurso fundamental para la vida, acotó.

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Golpeadores de la CTM agredieron a trabajador: mineros

De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Martes 10 de marzo de 2015, p. 13
El sindicato nacional de mineros señaló que golpeadores de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) agredieron a un empleado de la compañía Gunderson, ubicada en Monclova, Coahuila, y sostuvo que se trata de una acción desesperada de los charros, quienes buscan imponer en esa sección un gremio que se doblegue a las órdenes del empresario Alonso Ancira Elizondo.
La organización sidical, encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, indicó que el agredido es Jesús Antonio Campos Valle y la acción tuvo lugar cuando éste repartía volantes en favor del sindicato minero, debido a que se va llevar a cabo un recuento para ver qué gremio se queda con el contrato de trabajo.
Explicó que cometió la agresión un grupo de pandilleros y hampones organizado por representantes de la CTM local, Jorge Carlos Mata López y una persona de apellido Galindo, liderados por un individuo al que apodan El Grande. Además de esa acción han acudido a casas de los mineros para amedrentar a sus familias.
Según el gremio, en la disputa por la titularidad del contrato el empresario Ancira está tratando de sacar adelante su pretensión de crear un sindicato de protección, que esté bajo sus órdenes, para desmantelar el contrato que el gremio nacional ha conquistado durante seis décadas de lucha.
No obstante, la mayoría de los trabajadores de Gunderson se han manifestado en favor de seguir perteneciendo a la organización que encabeza Gómez Urrutia, expuso.
Al respecto, planteó que los años de lucha en favor de contratos que beneficiaran a los trabajadores no se pueden echar por la borda. Los empleados lo saben, apuntó, y no están dispuestos a perder sus derechos.
Manifestó que este es el momento de endurecerse y sacar la casta. Los trabajadores saben que cuentan con el respaldo de Gómez Urrutia y del comité ejecutivo nacional, que cuenta con el apoyo internacional de diversas organizaciones.
El gremio detalló que el trabajador agredido ya interpuso una denuncia ante el Ministerio Público local.

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Suman 30 mil firmas en contra de la llegada de Medina Mora a la Corte

Las firmas contra la postulación de Medina Mora a la Corte. Foto: Octavio Gómez
Las firmas contra la postulación de Medina Mora a la Corte.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Hasta este lunes, organizaciones sociales y activistas habían sumado 30 mil firmas en repudio al nombramiento de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Además de la entrega de firmas a la Cámara de Senadores, que en principio tiene programado designar mañana al sucesor del fallecido ministro Sergio Valls, los grupos sociales que rechazan el nombramiento de Medina Mora, promueven el envío masivo de mensajes vía las redes sociales a senadores del PRI y el PAN que consideran votarán a favor del exprocurador General de la República.
El rechazo a Medina Mora se da “por la incompetencia y parcialidad” mostrada en sus anteriores responsabilidades, de manera destacada, el papel jugado en el capítulo Rápido y Furioso, operativo estadunidense que permitió sembrar armas en México que acabaron en manos de narcotraficantes.
Además, como titular de la PGR fue responsable de la violación de los derechos humanos de Jacinta, Teresa y Alberta, tres mujeres otomíes encarceladas por supuestamente haber secuestrado a seis agentes de la AFI.
También fue responsable del episodio calderonista conocido como el “michoacanazo”, operativo por el que fueron detenidos 38 funcionarios públicos, la mayoría priistas y perredistas, aunque luego todos fueron liberados por falta de pruebas.
Los activistas en contra de Medina Mora recuerdan igualmente que Medina Mora impugnó la legal interrupción del embarazo en el Distrito Federal en las primeras 12 semanas.
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Denuncian “terna a modo” a favor de Medina Mora en el Senado

PROCESO 


9 de marzo de 2015
Destacado
Eduardo Medina Mora, embajador de México en Washington. Foto: Xinhua / Pedro Mera
Eduardo Medina Mora, embajador de México en Washington.
Foto: Xinhua / Pedro Mera
MÉXICO, D.F. (apro).- El Ejecutivo federal mandó una “terna a modo” para favorecer la elección de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte, denunció la senadora Dolores Padierna, al encabezar una conferencia con varias organizaciones civiles que expresaron su preocupación por la ausencia de mujeres en las propuestas, la escasa experiencia del extitular de la PGR y la falta de verificación y certificación de los dichos de quien también dirigió la Secretaría de Seguridad Pública.
En vísperas de la sesión de este martes, en la que se prevé la elección del nuevo ministro por parte del pleno del Senado, organizaciones como Fundar, GIRE, Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Artículo 19, Observatorio de Designaciones Públicas e Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia acudieron a la Cámara Alta para expresar la preocupación ciudadana por esta designación.
“Desde GIRE hemos visto que en los perfiles de los candidatos hay una ausencia de mujeres, lo que es preocupante porque no hay perspectiva de género de entrada”, afirmó Alma Beltrán y Puga.
Iván García Zárate, del Observatorio de Designaciones Públicas, afirmó que “en este proceso la mayoría de las opiniones están decantando a favor del candidato Eduardo Medina Mora y esto, en términos de independencia y autonomía judicial, es bastante peligroso”.
Samuel Kerry, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, criticó la ausencia de datos disponibles para verificar los antecedentes de los candidatos a ministros.
Sin mencionarlo por su nombre, Kerry hizo alusión a Medina Mora y su posible participación en operativos encubiertos de ingreso de armas a México.
“No se puede verificar si dijo toda la verdad, si todas sus declaraciones están respaldadas, por dar un ejemplo”, abundó.
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Revocan prisión a Hipólito Mora, ex líder de autodefensas

Ernesto Martínez Elorriaga
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 10 de marzo de 2015, p. 12
Morelia, Mich.
El fundador de los grupos de autodefensa, Hipólito Mora Chávez, recuperó anoche su libertad, luego de que el juez Víctor Barragán, magistrado de la séptima sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado, revocó a él y 26 seguidores suyos el auto de formal prisión. Como se recordará, fueron puestos a disposición de las autoridades después de un enfrentamiento contra integrantes del grupo liderado por Luis Antonio Torres, El Americano, el pasado 16 de diciembre, el cual dejó un saldo de 11 muertos.
Alrededor de las 21:55 horas, el líder de los comunitarios en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán, en la región de Tierra Caliente, abandonó el penal David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres, ubicado en el municipio de Charo, conurbado a esta ciudad, donde estuvo recluido desde el 28 de diciembre pasado.
De acuerdo con información proporcionada por el Poder Judicial del estado, el juez Barragán revocó el auto luego de la apelación interpuesta por la defensa de Mora Chávez y sus 26 seguidores, con base en tres puntos:
“El marco referencial de carácter sociológico. El contexto social. Se tomó en consideración que los grupos de autodefensa se legitimaron (reconocimiento institucional y posteriormente se convirtieron en la Policía Fuerza Rural).
“Se priorizó el respeto a los derechos humanos, antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha dado tratamiento a los grupos de autodefensa.
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Hipólito Mora, durante una entrevista el 22 de enero de 2014Foto Víctor Camacho
Se acreditó la legítima defensa de los imputados (Hipólito Mora y sus 26 seguidores) en los hechos ocurridos el 16 de diciembre en La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán.
Mora Chávez, productor de limón, se entregó a las autoridades, junto con sus compañeros, el 27 de diciembre. Un día después ingresaron al penal de Mil Cumbres acusados de homicidio calificado, luego del enfrentamiento con la gente de El Americano, que dejó un saldo de 11 muertos, entre ellos Manuel Mora, hijo de Hipólito.
Al momento de su detención, Mora Chávez era integrante de la Policía Fuerza Rural, aunque ya había declarado que saldría de sus filas. El Americano, por su parte, se entregó a las autoridades el 30 de diciembre, junto con nueve simpatizantes. Se encuentran presos también en el penal Mil Cumbres, y en los próximos días se definirá su situación jurídica.
Eduardo Quintero, abogado de Hipólito Mora, dijo en reiteradas ocasiones que su cliente era inocente, ya que él y sus compañeros lo único que hicieron fue defenderse del ataque del grupo liderado por El Americano, además de que eran policías rurales, mientras Luis Antonio Torres ya no era comandante de dicha corporación.

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Dólar se dispara a $15.83

PROCESO 


10 de marzo de 2015
Destacado
El precio del dólar en una sucursal bancaria del DF. Foto: Xinhua / Pedro Mera
El precio del dólar en una sucursal bancaria del DF.
Foto: Xinhua / Pedro Mera
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El dólar se vende en $15.38, cinco centavos arriba del cierre de ayer lunes.
A la compra, el dólar se paga en $15.23.
En tanto, el euro se vende en $16.85 y se compra en $16.46.
La Bolsa Mexicana de Valores también registra una tendencia a la baja; el Índice de Precios y Cotizaciones se ubica en 4,878.2, el equivalente a una pérdida de 01.30 puntos.
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Preocupa a AI rechazo del gobierno de Peña a observaciones sobre tortura

El cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Villa de Miltla, Oaxaca. Foto: Taurino López
El cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Villa de Miltla, Oaxaca.
Foto: Taurino López
MÉXICO, D.F. (apro).- Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación por el rechazo de México a las observaciones del relator especial contra la tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez.
Eso, apuntó, responde a un “patrón” desarrollado por el gobierno de Enrique Peña Nieto frente a organismos internacionales.
Desde Ginebra, Suiza, donde se dio a conocer el informe de Méndez respecto de la visita que realizó el año pasado al país, la directora para las Américas de AI, Ericka Guevara Rosas, recordó que hace unas semanas el gobierno de Peña Nieto reaccionó de manera similar cuando el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU dio a conocer el informe sobre México.
“Para nosotros es de gran preocupación, (porque) por lo menos en las últimas semanas vemos el patrón de no aceptación a algunas de las precisiones de los mecanismos de Naciones Unidas para la protección y defensa de derechos humanos sobre la situación de México (…) Nuevamente el gobierno de Peña Nieto asume un papel defensivo frente al no reconocimiento de la grave crisis de derechos humanos”, comentó Guevara Rosas.
A través de una videoconferencia la defensora lamentó que “el discurso oficial no está reflejado en la realidad”, y durante años el Estado mexicano, agregó, ha sostenido internacionalmente una “retórica de respeto y defensa de derechos humanos, pero hasta el día de hoy no se ha convertido en una realidad”.
Al señalar que AI coincide con las apreciaciones de Juan Méndez, en el sentido de que la tortura es “generalizada”, toda vez que se han documentado varios casos de tortura, consideró poco serio el argumento del gobierno federal cuando consideró que 14 casos analizados por el relator especial no reflejarían la generalización del problema.
“La generalización que se da no es por los números de casos que hasta hoy son denunciados, porque hay muchos que no se denuncian, dado los niveles de impunidad. Hoy en día no se tienen estadísticas y ese es uno de los problemas principales”, apuntó Guevara Rosas.
Luego de invitar al gobierno de Peña a que acepte las recomendaciones del relator para generar condiciones de respeto a los derechos humanos, la defensora recordó que el año pasado Amnistía Internacional hizo una encuesta en México en la que se observó que “un gran porcentaje (de la población) siente temor de ser detenida, precisamente por el miedo a ser torturado o recibir malos tratos durante la detención (por parte) de aquellas fuerzas de seguridad”.
Por su parte, Perseo Quiroz, director de AI para México, destacó que de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “la cifra negra del delito en México es de 93.8%,  por lo que hay un universo de casos de tortura que no están denunciados, evidentemente, por el temor de las víctimas a interponer esas denuncias y también porque muchas no confían en las autoridades para poder formular las denuncias”.
Madeleine Penman, investigadora de la organización internacional para México, puntualizó que el hecho de que el relator hiciera referencia a 14 casos “no quiere decir que no tenga información de muchísimos más. No quiere decir que no fue testigo de muchísimos relatos de tortura en ese contexto de su visita y que pudo apreciar que la tortura es generalizada en México”, agregó.
Según la investigadora, es innegable que en el país persiste la “tendencia de detener para investigar, en lugar de investigar para detener. De lo que hemos visto, la tortura toma lugar en el momento de la detención y hay una serie de demoras, (de manera) que la persona y la víctima no es llevada ante una autoridad judicial inmediatamente,  lo cual hace más tardío detectar la tortura con médicos forenses imparciales e independientes”.
Para Liliana Souza, especialista independiente en la detección de la tortura a través del Protocolo de Estambul, sostuvo que siendo la Procuraduría General de la República (PGR) la dependencia responsable de sancionar este tipo de casos, “no inicia procedimientos por ese delito, y cuando los peritos de la PGR hacen los exámenes, criminaliza a las víctimas y orienta el análisis a desmentirlas”.
Lamentó que en materia de procesamiento de perpetradores, “la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tampoco está documentando de manera adecuada los hechos de tortura”.
En septiembre de 2014, la organización presentó el informe “Fuera de Control: La tortura y malos tratos en México”, y recientemente acompañó los casos del migrante hondureño Ángel Colón Quevedo y la veracruzana Claudia Medina Tamariz, ambos torturados por integrantes de fuerzas armadas para declararse culpables de delitos contra la salud y portación de armas.
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Obama ordena más sanciones contra funcionarios de Venezuela

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El presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó las sanciones del gobierno estadunidense de paso injusto, agresivo y nefasto contra su país, en un mensaje transmitido ayer en cadena nacional, acompañado de su gabinete, desde el Palacio de MirafloresFoto Xinhua/Presidencia de Venezuela
Afp, Dpa, Ap, Xinhua y Reuters
 
Periódico La Jornada
Martes 10 de marzo de 2015, p. 19
Washington.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió este lunes una orden ejecutiva en la que declara la situación en Venezuela como amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política exterior estadunidenses, y ordenó la suspensión de visas y la congelación de bienes en su territorio de siete funcionarios militares, judiciales, policiales y de inteligencia venezolanos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Obama de buscar derrocarlo a través de sanciones. En representación de la élite imperialista, Obama ha decidido cumplir personalmente la tarea de derrocar a mi gobierno... Por eso han dado este paso el día de hoy, dijo Maduro este lunes por la noche en cadena de radio y televisión.
Maduro calificó la decisión de Obama de paso injusto, agresivo y nefasto contra Venezuela.
Venezuela llamó a consulta a su principal representante en Wa-shington, el encargado de negocios Maximilien Arveláiz, indicó la canciller Delcy Rodríguez.
En una rueda de prensa, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró: debe acabar la injerencia de Estados Unidos en la vida de las naciones, y aprovechó para hacer un recuento de las ofensivas del imperio contra la nación bolivariana.
El decreto del mandatario estadunidense afirma que ante tal situación declara emergencia nacional para enfrentar esta amenaza, e insiste en acusar a Caracas de violar los derechos humanos, de restringir la libertad de prensa y de exacerbar la corrupción política. La Casa Blanca agregó que esta acción ejecutiva tiene mayor alcance que la ley de sanciones que emitió Obama en diciembre.
Los funcionarios venezolanos sancionados son: el comandante de la región estratégica de Defensa, Antonio José Benavides Torres; el director general de la inteligencia, Gustavo Enrique González López; el ex comandante de la Guardia Nacional Justo José Noguera Pietri y la fiscal Katherine Nayarith Haringhton Padron.
Asimismo, el director de la Policía Nacional Bolivariana, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta; el comandante de la 31 brigada armada del ejército, Manuel Gregorio Bernal Martínez, y el inspector general de las fuerzas armadas, Miguel Alcides Vivas Landino.
Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno de Venezuela de intensificar la intimidación contra sus opositores, señaló la Casa Blanca. El vocero presidencial, Josh Earnest, dijo que los problemas de Venezuela no pueden resolverse criminalizando el disentimiento.
Pidió la liberación de todos los presos políticos, entre los que mencionó a los opositores Leopoldo López y el alcalde caraqueño Antonio Ledezma, acusados por el gobierno venezolano de alentar la violencia y conspirar para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Así, la Casa Blanca responde a la reciente decisión del gobierno de Maduro de dar a Estados Unidos dos semanas para reducir su representación diplomática a 20 por ciento de su tamaño actual.
Las medidas se inscriben en el rápido deterioro de las relaciones entre Washington y Caracas, que carecen de embajadores desde 2010 y han protagonizado sonados enfrentamientos diplomáticos desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999. En la actualidad, Maduro acusa a Washington de estar detrás de opositores en planes de desestabilización.
Los senadores estadunidenses de origen cubano Robert Menéndez y Marco Rubio pidieron a Obama que imponga también sanciones contra el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, por autorizar el uso de fuerza letal contra manifestantes pacíficos.

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Arranca el proyecto Méxicoleaks

MéxicoLeaks, la nueva plataforma digital para filtrar información.
MéxicoLeaks, la nueva plataforma digital para filtrar información.
MÉXICO, D.F. (apro).- Este martes 10 de marzo arranca la operación de la plataforma electrónica Méxicoleaks, una herramienta inédita en México, a través de la cual el semanario Proceso y otras ocho organizaciones periodísticas ofrecerán a cualquier ciudadano la posibilidad de filtrar por Internet documentos e información de interés público de manera segura, simple y anónima.
La nueva herramienta será presentada a las 10 de la mañana en el Centro de Cultura Digital –ubicado en Paseo de la Reforma y Lieja–, con la participación de periodistas de Proceso, MVS/Aristegui, Animal Político, Periodistas de A Pie, Emeequis, Másde131, la Red de Derechos Digitales (R3D) y PODER, medios de comunicación que forman parte del proyecto.
La plataforma Méxicoleaks funcionará como un buzón de envío y recepción encriptado de archivos electrónicos. El informante accederá a ella con el navegador Tor, un programa que codifica los datos del usuario y los envía por Internet a través de una red aleatoria de nodos, la cual desaparecerá cuando se termina la conexión.
Al llegar a la página de Méxicoleaks, el ciudadano podrá subir archivos con documentos a la plataforma y decidir a qué destinatario enviarlos, ya sea a un sólo medio de comunicación u organización, a varios o a los ocho participantes.
La plataforma le asignará un código asociado con los documentos que envió, con el cual podrá conectarse a la red y comunicarse con los periodistas de investigación si así lo desea.
En el proceso de envío, los archivos subidos a la plataforma se almacenarán durante un tiempo limitado en unos servidores ubicados en el extranjero, en un país cuya legislación garantiza los derechos digitales y el anonimato.
Al recibir la notificación de que recibió un archivo, el equipo de Proceso o del destinatario al que se envió la información se conectará a la plataforma a través de Tor, descargará los archivos, los desencriptará a través de Méxicoleaks y, en caso de que los considere relevantes y de interés periodístico, los investigará para su futura publicación.
El proyecto Méxicoleaks fue diseñado desde un principio con el enfoque de garantizar y proteger el anonimato de las fuentes. Así, al recibir un archivo, las organizaciones no tienen forma de conocer la identidad de la fuente, excepto si ella decide comunicarse con el equipo de periodistas a través de su código.
Dado el carácter anónimo de las fuentes y el posible uso de la plataforma por personas mal intencionadas, las organizaciones y medios verificarán la autenticidad de los documentos filtrados antes de proceder a publicarlos como textos periodísticos.

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