jueves, 26 de marzo de 2015

La Revolución de las Canas 2015-03-26

10a Acción Global por Ayotzinapa 2015 03 26

Buscan facultar a empresas extranjeras para echar abajo decisiones de gobiernos

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El nuevo mundo del ATP. Cartón proporcionado por Wikileaks a La Jornada
Pedro Miguel y Tania Molina
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de marzo de 2015, p. 15
El Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP) de libre comercio que negocian en secreto los gobiernos de 12 países, entre ellos el de México, otorgará a los inversionistas extranjeros privilegios y derechos por encima de los nacionales y establecerá normas y mecanismos supranacionales de resolución de conflictos que dejarán a los estados firmantes en desventaja jurídica ante los empresarios foráneos. Lo anterior se desprende del capítulo segundo del texto del acuerdo en su fase actual de negociación, documento secreto que Wikileaks proporcionó a este diario en exclusiva para nuestro país, y cuyo texto completo puede consultarse en el vínculo al final de esta nota.
La más reciente versión del acuerdo, fechada el 20 de enero de 2015, y cuya autenticidad fue verificada por la organización no gubernamental Public Citizen, revela que los negociadores del ATP ya se han puesto de acuerdo para otorgar a las empresas extranjeras “mayores poderes para demandar directamente a los gobiernos firmantes en tribunales extrajudiciales (investor state dispute settlement, ISDS), conformados de manera discrecional y sin mecanismos de control, los cuales se encargarán de resolver disputas entre inversionistas y estados por políticas nacionales. Las empresas extranjeras podrán exigir compensaciones, pagadas por los contribuyentes, ante acciones gubernamentales financieras, de salud, ambientales, de uso de suelo y otras, cuando consideren que no han sido respetados los privilegios que habrá de otorgarles el propio ATP frente a compañías locales, señala un análisis a cargo de Lori Wallach y Ben Beachy, expertos de Public Citizen que exploraron las implicaciones del documento filtrado.
El ATP define como inversión cualquier activo que un inversionista posea o controle, de manera directa o indirecta, que tenga las características de una inversión, incluyendo compromisos de capital u otras fuentes, la expectativa de ganancia o beneficio o la asunción de riesgo; las formas que puede adquirir tal inversión incluyen empresas, acciones, bonos y otras formas de participación en una empresa, instrumentos de deuda, valores a futuro, opciones y derivados financieros (artículo II-1).
De aprobarse los términos del documento, los ISDS tendrían la facultad de exigir pagos gubernamentales prácticamente ilimitados a inversionistas extranjeros, calculados con base en las ganancias futuras esperadas que los demandantes habrían obtenido, a juicio del tribunal supranacional, debido a la adopción u omisión de determinadas estrategias oficiales por el país receptor de la inversión. Asimismo, tales organismos tendrían jurisdicción para resolver litigios entre gobiernos y consorcios foráneos por concesiones de tierras nacionales y por proyectos de construcción e infraestructura.
El borrador, incluso, concede a los empresarios extranjeros el derecho a impugnar acciones de gobierno que reduzcan el valor de la inversión de una empresa extranjera (artículo II-7 y anexo II-B), en lo que el texto llama expropiación indirecta, o que cambien, a juicio del demandante, el nivel de escrutinio regulatorio que un inversionista podría haber tenido con un gobierno previo (artículo II-6), sobre el estándar mínimo de trato.
En la versión más actual del documento se ha eliminado la propuesta contenida en el borrador filtrado en 2012, que estipulaba la obligatoriedad, para un inversionista extranjero, de agotar las vías legales locales antes de llevar una querella a un ISDS.
En su más reciente redacción, el texto del ATP abre la posibilidad de que, en circunstancias excepcionales, se denuncien como expropiaciones indirectas las regulaciones de interés público no discriminatorias en materia de salud, seguridad, medio ambiente y otras.
Por otra parte, el documento obliga a los gobiernos a permitir que todas las transferencias relacionadas con una inversión se realicen libremente y sin demora, dentro y fuera de su territorio (artículo II-8), lo que contradice los consensos internacionales en materia de regulaciones financieras adoptados tras la crisis de 2008-2009 y que fueron asimilados hasta por el Fondo Monetario Internacional, como manera de prevenir o mitigar crisis financieras.
De acuerdo con los lineamientos de la sección B del ATP en su versión actual, los tribunales supranacionales previstos no cumplirían con los estándares de transparencia, consistencia y debido proceso comunes a los sistemas legales de los países firmantes ni ofrecerían resultados justos, independientes y balanceados a las disputas que en ellos se presenten, comenta el análisis de Public Citizen.
Con semejante marco regulatorio supranacional, que para México sería vinculante y de cumplimiento obligatorio, en caso de que la adhesión a él fuera aprobada por el Senado, las privatizaciones y concesiones ya realizadas, en curso o por realizar podrían volverse acciones irreversibles. El ATP otorgaría un blindaje jurídico adicional a las corporaciones extranjeras que, al amparo de las reformas energética y de telecomunicaciones ya aprobadas, y de la ley general de aguas, que pondría en manos de particulares el manejo, la distribución y la comercialización del líquido, obtuvieran concesiones, explotaciones y contratos en el país, y reduciría al mínimo el margen de control gubernamental en las industrias minera, petrolera, eléctrica e hídrica, así como en la ejecución de contratos de obra pública.
En concreto, las concesiones energéticas y acuíferas otorgadas a consorcios transnacionales se volverían virtualmente irreversibles, por cuanto una acción como la emprendida por Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938 sería jurídicamente inviable, a menos que el país denunciara el ATP y abandonara ese acuerdo internacional.
El margen de acción de las autoridades nacionales se encuentra de suyo mermado por la pertenencia al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En las instancias de resolución de controversias establecidas en ese instrumento, el gobierno mexicano ha debido pagar más de 200 millones de dólares por reclamos de corporaciones extranjeras, y están pendientes litigios por otros 210 millones de dólares.
En repetidas ocasiones se ha señalado que el gobierno estadunidense intenta, con la adopción de este instrumento internacional, imponer en su propio territorio y en los de otros países condiciones favorables a las empresas en materias como la propiedad intelectual, las finanzas y las inversiones que socavan la soberanía y las atribuciones de los estados y que no han logrado la aprobación del Poder Legislativo en Washington.
Public Citizen señala que el ATP otorgaría poderes extraordinarios frente al gobierno estadunidense a unas 9 mil firmas extranjeras que operan en el país vecino. En contraparte, cerca de 8 mil empresas de Estados Unidos obtendrían esos mismos poderes en otros países.
La filtración se da a pocos días de que se ponga a votación en el Capitolio un mecanismo que permita aprobar por fast track acuerdos comerciales. Algunos congresistas calculan que la votación podría llevarse a cabo en la tercera semana de abril. El proceso de fast track permitiría que los legisladores voten o no al acuerdo completo, sin poder hacer modificaciones.
Los gobiernos involucrados en la negociación del ATP son: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam, y las negociaciones respectivas se han prolongado más de cinco años. La representación mexicana en el proceso está a cargo del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.
En el encabezado del documento filtrado por Wikileaks se especifica que debe permanecer clasificado por cuatro años después de la entrada en vigor del ATP, o bien por cuatro años después del cierre de las negociaciones, en caso de que éstas no tuvieran éxito.
Documento completo en: https://wikileaks.org/tpp-investment/ 

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Padres de los 43 protestarán ante el INE para exigir que no haya elección en Guerrero

PROCESO 


25 de marzo de 2015
Destacado
Familiares de los normalistas desaparecidos durante una protesta en Guerrero. Foto: Miguel Dimayuga
Familiares de los normalistas desaparecidos durante una protesta en Guerrero.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- Familiares de los 43 normalistas desaparecidos convocaron para mañana a la décima jornada de Acción Global por Ayotzinapa.
A seis meses de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, los padres prevén realizar un mitin frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Distrito Federal, a las 12:00 horas, para exigir que el próximo 7 de junio no se realicen elecciones en el estado de Guerrero.
Luego de esa concentración, los manifestantes planean reunirse a las 16:00 horas en el Ángel de la Independencia para marchar hacia el Monumento a la Revolución.
De acuerdo con los familiares de los normalistas, no hay condiciones para que se lleve a cabo un proceso electoral, porque el gobierno federal aún no ha dado indicios claros sobre el paradero de los jóvenes, además de que el crimen organizado, subrayaron, sigue coludido con el poder político en la entidad.
Melitón Ortega, vocero del Comité de padres de los jóvenes desaparecidos, recordó que en seis meses han caminado junto a miles de personas que se han sensibilizado e indignado por la desaparición forzada de los normalistas y por la situación de seguridad en el país.
“Estos seis meses representan una lucha incansable de padres y estudiantes que hemos gritado al Estado mexicano que regrese a los normalistas. Necesitamos continuar la lucha. Por ello, a seis meses queremos invitar a la sociedad a que se sume a nosotros”, dijo.
Añadió: “Es medio año y aún no hay una respuesta contundente a la pregunta de dónde están los estudiantes”.
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Rechazan jornaleros de San Quintín aumento de 10 pesos

Olga Aragón
La Jornada Baja California
Periódico La Jornada
Jueves 26 de marzo de 2015, p. 11
San Quintín, BC.
Jornaleros de San Quintín rechazaron la oferta de aumento salarial de 6 por ciento que presentaron empresarios agrícolas; ellos exigían fijar el sueldo diario en 300 pesos. En la mesa de diálogo en la que se analizan ingresos y mejoras laborales, agricultores y autoridades se negaron a aceptar la demanda de los trabajadores, que redujeron su propuesta a 280 pesos.
¡Es una burla a los trabajadores!, dijo Justino Herrera, dirigente de los jornaleros. Explicó que el incremento que ofrecen es con base en el salario mínimo de 70.10 pesos, lo que significa un aumento menor a 10 pesos. Actualmente perciben entre 110 y 130 pesos. Indicó que la demanda es de 300 pesos, que equivale a 4.4 salarios mínimos.
La oferta de aumento salarial la hizo Alberto Muñoz, representante del Consejo Agrícola de Baja California, en nombre de los empresarios de San Quintín.
¿A qué estamos jugando? ¿Quieren desgastar a la gente más de lo que ya está? ¿Quieren que griten desde sus tumbas los que murieron luchando por un salario justo?, agregó Bonifacio Martínez Cruz, otro dirigente, quien invitó a los empresarios a que intenten vivir en sus condiciones y con ese sueldo.
Fermín Salazar, dirigente de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, argumentó que presentaron la demanda de 4.4 salarios mínimos con base en el costo de la canasta básica en tiendas de la región.
Aquí el sueldo promedio de un jornalero es de 110 pesos diarios y muchos se ven obligados a trabajar más de ocho horas sin recibir pagos extra. Ustedes no saben lo que eso significa porque nunca han vivido en nuestra situación; ustedes nunca han talachado ni han sufrido el dolor de trabajar en el campo, dijo Salazar a funcionarios de gobierno y representantes empresariales.
Fidel Sánchez Gabriel, líder aliancista, recordó que a petición de los representantes de los horticultores se declaró un receso en el diálogo desde el viernes para recibir una respuesta clara de los patrones, y ahora vienen con una propuesta inaceptable.
En entrevista telefónica con un noticiario de televisión, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid afirmó que la petición de los jornaleros es inviable. En tanto, el subsecretario de Gobierno en Ensenada, Pablo Alejo López Núñez, pidió a los jornaleros flexibilizar sus demandas.
Afirmó que se está perdiendo el cultivo de fresa por el paro de labores y dijo que los empresarios realizan un esfuerzo importante, considerando que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó homologarlos en el país, lo que significa que los trabajadores de la zona B tendrán en abril próximo un aumento de 3 por ciento para igualarse al salario de 70.10 pesos de los trabajadores de la zona A.
Y como Baja California pertenece a la zona A, aquí el incremento es de cero por ciento, dijo López Núñez al destacar la buena voluntad de los horticultores de aumentar 6 por ciento el salario sin estar obligados a hacerlo.
Los jornaleros insistieron que que el incremento llegue a 280 pesos diarios.

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Policías golpean a mujeres chontales que se manifestaban en Tabasco

Un policía agrede a una mujer en Tabasco. Foto: Tomada de YouTube
Un policía agrede a una mujer en Tabasco.
Foto: Tomada de YouTube
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Mujeres indígenas chontales que exigen apoyos del gobierno para la instalación de una maquiladora de ropa fueron golpeadas por policías estatales cuando se manifestaban y pretendían acercarse al gobernador Arturo Núñez, durante un acto de entrega de maquinaria agrícola a campesinos tabasqueños.
Las indígenas, integrantes de la agrupación México Despierta, iniciaron desde ayer una huelga de hambre a las puertas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (Sedet), ubicada en el Centro Administrativo del gobierno del estado, frente al ayuntamiento de Centro (Villahermosa) y la Plaza de la Revolución, donde se realizó el evento de entrega de maquinaria agrícola.
Lideradas por el exdiputado local del PRD, Julio César Álvarez de los Santos, las mujeres exigen el cumplimiento de la promesas de apoyo que, aseguran, les ofrecieron el gobierno del estado y el ayuntamiento de Macuspana (ambos perredistas) para la instalación de una maquiladora de ropa en ese municipio.
Durante el evento, las indígenas intentaron subir al estrado para entregar un escrito al gobernador Arturo Núñez, pero personal de logística se los impidió. En ese momento se armó una acalorada discusión verbal.
Las mujeres se replegaron hacia el Centro Administrativo y de nuevo intentaron abordar al mandatario cuando realizaba un recorrido de supervisión de la maquinaria agrícola que entregó a productores tabasqueños, en compañía de funcionarios de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa).
De inmediato las indígenas, alrededor de 20, algunas de ellas ancianas, fueron cercadas por policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que empezaron a jalonearlas, golpearlas y lanzarles patadas, como quedó registrado en videos que circulan en las redes sociales.
Posteriormente los uniformados detuvieron a su dirigente, Julio César Álvarez de los Santos, quien fue trasladado a los separos policiacos, pero se ignora bajo qué cargos.
Luego de la refriega, las mujeres se dirigieron a la delegación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para denunciar “la represión policiaca que sufrimos”.

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Ceteg y taxistas marchan en Chilpancingo

Sergio Ocampo y Héctor Briseño
Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 26 de marzo de 2015, p. 9
Unos 250 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) y taxistas de la organización Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes (Cetieg) marcharon este miércoles en Chilpancingo para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Los inconformes partieron del poblado Petaquillas y un grupo de manifestantes encapuchados se introdujo al corralón vehicular de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de donde sustrajeron dos camionetas oficiales.
Cuando los manifestantes arribaron a la Autopista del Sol bloquearon durante más de 30 minutos el carril sur-norte de la vía. Entonces concluyó la movilización. En tanto, dirigentes de la Ceteg anunciaron que organizaciones sociales y estudiantiles se movilizarán este jueves en diversas partes de Guerrero, para recordar que se cumplen seis meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Indicaron que por mandato de la Asamblea Nacional Popular se llevarán a cabo protestas en las instalaciones de los órganos electorales federales y estatales. ‘‘Y es que, aunado a la presentación con vida de los normalistas, la demanda del movimiento y de los padres de familia es que en Guerrero no haya elecciones el próximo 7 de junio’’.
Mientras, el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, afirmó ayer en Acapulco que su administración mantendrá la postura de diálogo y apertura con las organizaciones sociales.
Entrevistado durante el Tianguis Turístico, el mandatario estatal insistió en que su gobierno se mantendrá en la ruta del diálogo y del acuerdo institucional, así como de acompañamiento a los familiares de los estudiantes no localizados. ‘‘A los padres y madres de los jóvenes normalistas no se les puede negar su derecho de reclamo de justicia’’.

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El despido de Aristegui se operó desde Los Pinos: Gutiérrez Vivó

PROCESO 


25 de marzo de 2015
Nacional
José Gutiérrez Vivó, el exconductor del noticiero Monitor. Foto: Octavio Gómez
José Gutiérrez Vivó, el exconductor del noticiero Monitor.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- Durante tres décadas fue el pilar de los noticiarios radiofónicos hasta que los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón literalmente le quitaron su espacio y, peor aún, lo desterraron.
Es José Gutiérrez Vivó, el exconductor del noticiero Monitor que ahora habla del caso Aristegui y afirma sin titubear que su despido se operó desde la Presidencia de México.
En entrevista con el diario El País, dice que “no tengo ninguna duda. Nadie se atreve a hacer semejante cosa si no tiene luz verde de Los Pinos”.
La relación laboral de Gutiérrez Vivó con Grupo Radio Centro llegó a su fin el 3 de marzo de 2004, con la salida del espectro radiofónico de Monitor. El hecho ocurrió después de que la Corte Internacional de Comercio emitiera un laudo que obligaba a pagar a Radio Centro 21.3 millones de dólares a Gutiérrez Vivó por una demanda de 2002.
“Con todos los presidentes me tocaron batallas”, recuerda Gutiérrez Vivó. Sin embargo, afirma que la llegada del PAN a Los Pinos fue lo que cambió todo.
“A mí me sacó del aire Felipe Calderón. Fox dio el golpe, pero fue Calderón el que desmanteló todo operativamente. La Junta de Conciliación y Arbitraje nos sacó con un fallo hecho expresamente contra nosotros. Inventaron una huelga y se fueron en mi contra, a pesar de que el patrón de los trabajadores era Francisco Aguirre, de Grupo Radio Centro“, comenta.
El origen de todo fue la entrevista que le hizo en 2004 a Andrés Manuel López Obrador, quien en aquel entonces era jefe de Gobierno del Distrito Federal. Durante la entrevista, refiere Gutiérrez Vivó, el tabasqueño anunció su disposición a contender por la presidencia en los comicios del 2006 y entonces “vino la tradicional máquina de las presidencias de hacer creer a la gente que había invitado a López Obrador para que se destapara”.
Gutiérrez Vivó cuenta también que le hizo llegar una carta al presidente Enrique Peña Nieto recién llegado a Los Pinos en la que le pedía que intercediera con el dueño de Radio Centro, Francisco Aguirre, para que les pagara lo que les adeuda y a él y a otras personas –35 millones de dólares– y que el gobierno asumiera la deuda de lo que destruyó por órdenes de dos presidentes de la República.
“Sé por alguno de sus ayudantes que leyó la carta, que estuvo sobre su escritorio tres días. Al cuarto día desapareció. Lamentablemente creo que también es coautor de este hecho. Y para rematar ahí está el caso de Carmen Aristegui”, cuenta.
Sobre el conflicto que atraviesa Aristegui con MVS Noticias, Gutiérrez Vivó comenta que no tiene ninguna duda de que todo se operó desde Los Pinos. “Nadie se atreve a hacer semejante cosa si no tiene luz verde de Los Pinos”.
No le sorprende porque asegura que los políticos mexicanos “son gente común y corriente que pierden el piso cuando llegan a la cúspide. Al hacerlo comienza a pisotear lo que no deben de pisotear. Lo que está ocurriendo ahora es un asunto muy añejo”.
En la entrevista, el periodista habla también de la concesión de uno de los dos canales abiertos que se llevó el propietario de Grupo Radio Centro y sostiene que no se explica de dónde va a sacar tanto dinero.
“Estoy al tanto de sus estados fiscales y las presentaciones que hacen cada tres meses sobre las finanzas de la empresa. O se sacó la lotería y no nos lo ha dicho o hay alguien atrás que está poniendo el dinero mientras él pone la cara”, dice.

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Explica Narro por qué no pide abrir Radio UNAM a Carmen Aristegui


Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de marzo de 2015, p. 12 

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, explicó las razones por las que se dificulta el ingreso de la periodista Carmen Aristegui a Radio UNAM, tras ser despedida de MVS Radio. Una de ellas es que su gestión al frente de la máxima casa de estudios está por concluir, por lo cual ahorita no podríamos hacer una propuesta de esa naturaleza.
Hace casi siete años hubo un acercamiento entre Aristegui y autoridades de la UNAM para analizar la posibilidad de incorporar a la periodista al equipo de informadores de la radio universitaria. Eso ocurrió meses después de que Grupo Prisa decidió no renovar el contrato a la comunicadora en W Radio (enero de 2008). El proyecto no se concretó porque las necesidades financieras de la producción eran superiores a lo que podía ofrecer la UNAM.
Así recordó el hecho Narro Robles durante la discusión de asuntos generales en la sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU) celebrada el martes.
El rector señaló lo anterior después de que un consejero estudiantil por el Colegio de Ciencias y Humanidades solicitó un posicionamiento del CU contra el despido de Aristegui de MVS Radio y que le abrieran las puertas de Radio UNAM para que continuara con su labor informativa.
En breve respuesta, Narro aseguró que en su momento, cuando la relación entre W Radio y la periodista se rompió, estuvimos en comunicación con ella, intentábamos incorporarla a Radio UNAM, pero tengo que decir que las necesidades financieras de la producción eran muy superiores a lo que nosotros podríamos hacer, y Carmen optó por otra salida, que fue incorporarse a MVS.
Además dio otras dos razones que dificultan la incorporación de Aristegui a Radio UNAM y realizar un pronunciamiento. Dijo que su administración al frente de la casa de estudios está por concluir en noviembre próximo, y habría que esperar a que termine el diferendo legal entre MVS y Aristegui ante los tribunales. Hacer un pronunciamiento anticipado sería eso, anticipar las cosas y no adoptar una determinación con base en la información completa.

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Escolta Policía a camiones de Sabritas, Bimbo, Pepsi y Coca Cola en la Tarahumara

PROCESO 


25 de marzo de 2015
Estados
CHIHUAHUA, Chih. (apro).-  A pesar de que el gobernador César Horacio Duarte Jáquez y la Fiscalía General del estado han negado que la violencia en la Sierra Tarahumara es un “foco rojo”, la Fiscalía Zona Sur implementó operativos especiales para que las empresas repartidoras viajen en aquella región en convoy, resguardado por la Policía Estatal Única (PEU).
La PEU coordina en la región serrana y norte de Durango las rutas de las empresas, entre las que se encuentran Sabritas, Sigma Alimentos, Bimbo, Pepsi y Coca Cola.
En un comunicado de prensa, la dependencia explica que el objeto de la medida es apoyar a las empresas que reparten artículos y productos en las comunidades más apartadas de la Sierra Tarahumara y al norte de Durango, porque los repartidores transportan valores.
El fiscal de la Zona Sur, Octavo Ledezma Porras, se reunió en días pasados en privado con los comerciantes de las empresas mencionadas para coordinar las rutas calendarizadas a partir de esta semana. Establecieron horarios para viajar en convoy y dar seguridad a las unidades de las empresas y sus empleados.
“Este operativo es permanente y tiene el firme objetivo de evitar que las empresas y sobre todo los empleados se conviertan en víctimas de algún tipo de delito; asimismo con la vigilancia de los elementos policiacos se evitarán también los auto robos”, señala la Fiscalía en el comunicado.
A partir de las 5:30 horas, los agentes de la PEU División Prevención organizan a los repartidores de las camionetas de las diferentes empresas para salir juntos y para escoltarlos. De la misma manera, regresan en la tarde.
En los destacamentos de la región, los agentes de la Policía Ministerial también brindan apoyo a las empresas para los recorridos en las brechas, ya que son sinuosas y las comunidades están apartadas una de otra.
Las autoridades de la Fiscalía de la Zona Sur realizarán reuniones de manera periódica para evaluar los resultados y hacer los ajustes necesarios para cumplir con su objetivo.
Ese operativo lo implementó entre 2011 y 2012 la Fiscalía General del Estado, cuando la violencia se visibilizó, luego disminuyó pero los asaltos no han cesado.
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Ordena el Ifai a la SG cancelar datos biométricos de dos niños

Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de marzo de 2015, p. 16
Por primera vez, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai) ordenó a la Secretaría de Gobernación (SG) cancelar los datos biométricos de dos niños, a instancias de su madre, mismos que fueron recabados entre octubre y noviembre de 2012 para la elaboración de la cédula de identidad de menores.
La petición sólo abarca fotografía, las huellas dactilares y el iris, lo cual le fue conferido en función del derecho de cancelación del ciudadano, a pesar de que previamente haya autorizado su uso.
El comisionado Francisco Javier Acuña explicó que la peticionaria argumentó que dos años después de haber sido recabada la información dicho programa no está consolidado, por lo que no existe finalidad que permita a la dependencia conservar los datos personales de mis hijos.
El programa para otorgar cédula de identidad a los menores se impulsó aceleradamente a finales del sexenio pasado, con una inversión de 3 mil millones de pesos, pero en la actualidad se encuentra suspendido.
Acuña explicó que es improcedente el argumento de Gobernación de que la Ley Federal de Transparencia no incluye mandato alguno para tal efecto, a partir de cambios constitucionales que confieren mayor protección a datos personales. La petición se circunscribe a anular la información de biométricos de los menores.
Si bien es cierto que previo a la obtención de información por parte de la Secretaría de Gobernación medió el consentimiento de los padres o tutores, lo cual no está a discusión, también lo es que a la luz del ejercicio de los Derechos Arco (acceso, rectificación, cancelación y oposición) en cualquier momento se puede solicitar la cancelación de los mismos, previa acreditación de la patria potestad o tutoría, explicó.
Quien ya consintió la entrega de datos personales, dijo, puede perfectamente, por circunstancias diversas, modificar ese consentimiento. Asimismo, mencionó que anteriormente ya se habían presentado 12 solicitudes para cancelar datos biométricos de menores, pero en ningún caso se recurrió la respuesta de Gobernación ante el Ifai.
La propia dependencia ha reconocido que la expedición de la cédula de identidad se encuentra suspendida por falta de equipo, sin que tenga certidumbre de cuándo se reanudaría. La última cifra divulgada sobre el programa reportaba que se habían recabado datos de 6.6 millones de menores de entre cuatro y 17 años, pero se habían entregado 3.4 millones de micas.
La comisionada Patricia Kurczyn abundó sobre el fundamento legal de la resolución, la cual se aprobó por unanimidad. Explicó que con el artículo primero constitucional, todas las autoridades están obligadas a privilegiar la protección más amplia de las personas. Esto es, a favorecer la aplicación del beneficio legal cuando haya un conflicto normativo, cuando esté en duda la interpretación o cuando la ley sea omisa en el tema.
En este caso, si bien la ley de transparencia no señala el procedimiento, es aplicable la protección de datos personales a partir de la disposición constitucional y otros convenios firmados por México en cuanto a derechos humanos.

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Se hunde imagen de Peña Nieto; 57% de la ciudadanía reprueba su gestión

Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo. Foto: Tomada de YouTube
Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo.
Foto: Tomada de YouTube
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- En una escala del uno al diez, la ciudadanía evalúa el desempeño del presidente Enrique Peña Nieto con un cinco de calificación.
Esta es la peor evaluación para el mandatario desde que inició el actual sexenio.
En abril de 2013, Peña Nieto registró la mejor calificación de su administración, con 6.3; no obstante, a partir de esa fecha su imagen ha ido en declive.
Sólo el 39 por ciento de la población aprueba el desempeño de Peña Nieto, mientras que el 57 por ciento reprueba su gestión.
De acuerdo con la encuesta cuatrimestral publicada por el periódico Reforma, para la ciudadanía el principal problema del país es el crimen, seguido de la economía y la corrupción.
Los rubros donde peor calificada está la administración de Peña Nieto son: seguridad pública, corrupción, empleo y economía.
En tanto, el 53 por ciento de los encuestados considera que en la actual administración es poca o nula la libertad de expresión.
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Despresurización en la cabina desmayó a los pilotos, publica The New York Times

De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de marzo de 2015, p. 3
Una despresurización que dejó inconscientes al piloto y copiloto del vuelo 4U 9525 de Germanwings pudo provocar la caída de la nave sobre los Alpes franceses el martes pasado, dijeron fuentes francesas que requirieron el anonimato al diario The New York Times.
El avión experimentó un descenso durante unos diez minutos sin que hubiera ninguna comunicación desde la cabina de control del avión, lo que apunta a que los pilotos se vieron incapacitados, agregaron.
La rotura de una ventanilla, la falla en el sellado de una escotilla o un incendio repentino pudieron causar dicha despresurización inesperada, indicaron las fuentes.
El rotativo estadunidense afirma también que según una grabación de voz hallada en una de las cajas negras del avión, uno de los pilotos quedó fuera de la cabina justo antes de que la nave cayera. El que quedó fuera golpea suavemente la puerta y no hay respuesta, según un investigador anónimo. Entonces golpea más fuerte y no hay respuesta. La fuente señala que entonces el piloto que estaba afuera de la cabina intentó derribar la puerta.
Según el diario The Independent, un participante en un foro de aviación dijo que aunque los aviadores están entrenados para reaccionar ante eventos inesperados, los efectos de un incidente así harían sumamente difícil (para los pilotos) reconocer el problema, hacer uso de las máscaras de oxígeno y activar los controles de piloto automático.
El estrés, o tratar de alcanzar y colocarse las máscaras de oxígeno, haría que se les terminara el tiempo antes de caer inconscientes, afirmó.
Esto podría explicar por qué cuando comenzó el descenso del avión los pilotos aparentemente no hicieron nada más, cuando pudieron dar una vuelta de 180 grados para evitar chocar contra los Alpes y llevar al avión en dirección al aeropuerto de Marsella. La ausencia de una llamada de auxilio también es un misterio.
La Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad en la Aviación civil en Francia indicó que investigará la posibilidad de que en la cabina de pasajeros o en la de equipaje pudiera haber algo que contribuyera al desastre, si bien se ha descartado la posibilidad de una explosión o atentado.

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