martes, 31 de marzo de 2015

Ocupan instalaciones de la CFE en Juárez

Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 28 de marzo de 2015, p. 25
Ciudad Juárez, Chih.
Cientos de habitantes tomaron las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio de Cuauhtémoc para protestar por los altos cobros en el servicio. Denunciaron que en algunos casos el monto bimestral se elevó de 250 a 4 mil pesos y exigieron que el gobernador César Duarte Jáquez cumpla con lo prometido de negociar con la paraestatal para bajar las tarifas en temporadas de calor.
Encabezados por agrupaciones urbanas y agrícolas como El Barzón, Frente Libertad y Justicia Social y la Unión Campesina Democrática (UCD), los inconformes se quejaron por la falta de atención de funcionarios de la paraestatal.
Al enterarse de que el superintendente Sergio del Río Ceniceros no estaba en las oficinas, amenazaron con sacar a los empleados e incluso desnudarlos, para ser atendidos por algún funcionario. Para evitar que la multitud cumpliera su amenaza, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal envió a la policía antimotines del Grupo Especial de Seguridad Pública.
Bajar costos
El subsecretario de Gobierno en Ciudad Juárez, Guillermo Dowell Delgado, declaró que el gobernador firmó un convenio con la CFE para aplicar la tarifa 1D en la entidad (que es la más baja del país) en temporada de calor, beneficiando a más de un millón de usuarios. Los quejosos explicaron que el costo es de los más altos y si se cumple con el convenio, bajaría el monto de mayo a octubre.
Con los recibos de luz en las manos, líderes sociales comprobaron los abusos. El dirigente de El Barzón en la zona, Jorge Luis Domínguez Olivas, lamentó que se llegue a las movilizaciones para presionar a los funcionarios de la CFE, ante la falta de respuesta. Se quejó de que la única opción que otorga la paraestatal es dar más tiempo a los usuarios para liquidar adeudos.
Exhortó a personas que tengan conocimiento técnico sobre el temas a unirse al movimiento y con ello contar con elementos de prueba que pudieran debatirse ante funcionarios de la CFE, pues al ser la paraestatal la encargada de la toma de lectura en los medidores, no existe la información precisa del consumo real.
El acuerdo, firmado por el director general de la CFE, Enrique Ochoa Reza, y el gobernador César Duarte, surgió ante la necesidad de apoyar a los usuarios del norte del país, donde por las altas temperaturas el consumo y costo de luz son elevados.
Fuente

Exigen jornaleros de San Quintín diálogo directo con Osorio Chong y la OIT

Foto
Jornaleros marcharon al Centro Cívico de Mexicali en demanda de ser escuchadosFoto Antonio Heras
Antonio Heras
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 31 de marzo de 2015, p. 5
Mexicali, BC.
Jornaleros emplazaron al gobierno a que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y un representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se presenten en esta capital a más tardar a las 19 horas del martes para llegar acuerdos que saquen a los labriegos que laboran en San Quintín del rezago social y laboral que padecen.
Este lunes, la delegación de la Secretaría de Gobernación (SG) en Baja California y la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social instalaron una mesa de negociación en Mexicali ‘‘con el propósito de buscar soluciones a las demandas sociales y laborales de los jornaleros’’, dijo el subdelegado Juan Ignacio Monge.
Los aliancistas Fidel Sánchez y Juan Hernández se levantaron de la mesa ante el ‘‘bajo perfil’’ de sus interlocutores. ‘‘Les haremos respetar al pueblo’’, dijo Sánchez antes de salir del restaurante donde se reunió con Monge durante dos horas. En tanto, un contingente de 400 jornaleros inició un plantón en la explanada del Centro Cívico de Mexicali. El clima superó los 30 grados centígrados, lo que propició al menos 50 casos de deshidratación entre los inconformes, que fueron atendidos por paramédicos.
Con su movilización, los jornaleros de San Quintín exigen diálogo directo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pues a su ver el gobernador Francisco Vega (PAN) no resolvió la demanda salarial de 200 pesos diarios ni otros puntos del conflicto con empresas agrícolas, a las que acusaron de violar sus derechos laborales y humanos.
Fidel Sánchez arremetió contra Vega, a quien acusó de ponerse de acuerdo con empresarios para limitar la negociación salarial, sobre todo con la empresa Los Pinos, propiedad de Antonio Rodríguez, ex secretario de Fomento Agropecuario y ex diputado local panista.
Otro dirigente, Fermín Salazar, aseguró que los jornaleros siguen en pie de lucha y desmintió al gobernador Vega, quien sostuvo que el conflicto está arreglado. Dijo que los jornaleros que regresaron a los campos lo hicieron bajo protesta y amedrentados por los patrones, además de que recibieron amenazas de las que tiene conocimiento la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California.
Les niegan usar el baño
Antes de iniciar el plantón, los campesinos marcharon al Centro Cívico, que aloja dependencias estatales y municipales. Al llegar el contingente, las autoridades panistas estatales y municipales ordenaron cerrar las oficinas para evitar que los jornaleros se guarecieran en las instalaciones o usaran los servicios sanitarios. 

Pide la AFL-CIO a Navarrete Prida mantener pláticas con los aliancistas


César Arellano García
 
Periódico La Jornada
Martes 31 de marzo de 2015, p. 5 

La oficina en México de la AFL-CIO –la central sindical más influyente de Estados Unidos, que agrupa a 12.5 millones de trabajadores– envió una carta al secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, para pedirle que continúe el diálogo con la Alianza de Organizaciones Nacionales, Estatales y Municipales por la Justicia Social del Valle de San Quintín (La Alianza), que representa a 80 mil trabajadores agrícolas, y garantice que los derechos de éstos estén protegidos de acuerdo con la legislación mexicana y los convenios internacionales.
Repudio a la CTM
El documento, firmado por Cathy Feingold, directora del departamento internacional de AFL-CIO, señala que miembros de la alianza, trabajando en conjunto con el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (Fiob), está demandando un incremento en los salarios y la terminación de los contratos de protección en poder de las confederaciones de Trabajadores de México (CTM) y Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), ‘‘que han llevado a violaciones graves sus derechos’’.
Añade que ‘‘la práctica de los contratos de protección es la muestra más grave de amenaza a la libertad de asociación y a la negociación colectiva democrática en México. Es un tema que se ha planteado ante la Confederación Sindical Internacional y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)’’.
Feingold dice en la carta que las violaciones a los derechos de los trabajadores documenatdos en San Quintín incluye la negativa a pagar tiempo extra y beneficios de protección social, acoso sexual, falta de permisos de maternidad y paternidad, trabajo infantil, exposición a pesticidas, discriminación y violaciones a la libertad de asociación y negociación colectiva. Estas violaciones han dado por resultado la organización de trabajadores para proteger sus derechos y mejorar sus condiciones de vida y trabajo.
‘‘Le solicito que proteja los derechos de estos trabajadores y garantice la efectiva implementación de las leyes laborales mexicanas y de los derechos laborales fundamentales de la OIT. Los trabajadores detenidos por ejercer su derecho a protestar deben ser liberados. Espero que usted apoye la creación de un equipo para enviar una comisión externa para documentar la situación y asegurar que las negociaciones den por resultado un salario decente y mejores condiciones de trabajo para los trabajadores’’.
Desde hace días, el poblado de San Quintín, al sur de Ensenada, Baja California, se mantiene en paro laboral por la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social, en demanda de seguridad social de todos los jornaleros, la revocación de contratos de trabajo de sus supuestos representantes (CTM y CROC) con las empresas agrícolas, y el incremento salarial de 200 pesos por jornada.

Fuente

Y los ingresos petroleros se desploman 49% en febrero

La torre de Pemex en la Ciudad de México. Foto: Eduardo Miranda
La torre de Pemex en la Ciudad de México.
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (apro).- Los ingresos petroleros en febrero pasado fueron apenas la mitad de los obtenidos en el mismo mes de 2014; en el primer bimestre de 2015 el déficit público se triplicó respecto del mismo periodo del año pasado; cayeron las participaciones federales a los estados, y se elevaron sustancialmente el monto total y el costo financiero de la deuda pública.
Todo ello se desprende del informe sobre las finanzas y la deuda públicas a febrero de 2015, que este lunes dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En el detalle, el documento revela que, en términos agregados, los ingresos presupuestarios totales del sector público (petroleros y no petroleros) en el primer bimestre del año fueron menores en 1.9% real a los registrados en el mismo periodo de 2014.
Nominalmente, dichos ingresos pasaron de casi 648 mil millones de pesos en los dos primeros meses de 2014 a cerca de 655 mil millones en el mismo lapso de este año. Ya descontada la inflación, la reducción fue de -1.9% real.
Sin embargo, si se toman en cuenta los dos grandes componentes de los ingresos, petroleros y no petroleros, el informe de Hacienda da cuenta que en el primer bimestre los ingresos petroleros del sector público se desplomaron en -46.3%.
Y tan sólo en el mes de febrero la caída fue de -49.3% real, al pasar de 94 mil 652 millones de pesos en febrero del año pasado, a 49 mil 407 millones en febrero de este año. En el bimestre, los ingresos petroleros ascendieron a 106 mil 557 millones de pesos, contra los 192 mil 555 millones del mismo periodo del año pasado.
La Secretaría de Hacienda explicó que el desplome de los ingresos petroleros “se explica por el menor precio promedio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo, de 46.5 dólares por barril, en los dos primeros meses de 2015, comparado con los 91.2 dólares por barril durante el mismo periodo de 2014”.
También, “por la menor producción de petróleo, en 8.3% respecto al año anterior, así como por el menor precio del gas natural, en 8.7% respecto a enero-febrero de 2014.”
Aunque, subraya, “estos efectos se compensaron parcialmente con la mayor producción de gas natural, en 16.1%, y la depreciación del tipo de cambio”.
En la otra gran fuente de los ingresos presupuestarios del sector público, los ingresos no petroleros –que concentraron entre enero y febrero el 83.7% de los ingresos totales, contra el 16.3% que significaron los petroleros–, la historia es otra.
Si los ingresos petroleros se desplomaron -46.3% en el primer bimestre, los no petroleros aumentaron en ese lapso en 16.8%. En particular, los ingresos tributarios se incrementaron en 20.1% real respecto de enero-febrero de 2014, al pasar de 335 mil 168 millones de pesos en el primer año a 414 mil 627 millones este año.
Sin embargo, dentro del conjunto de esos ingresos tributarios, el desempeño de cada impuesto fue muy distinto. El Impuesto sobre la Renta (ISR), que es la principal fuente de recaudación, aumentó 5.9%; el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 5.5%; el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)… 272.7%.
Este impuesto, que fue ampliado a un mayor número de productos y servicios en la reforma fiscal que entró en vigor en enero del año pasado, recaudó en enero-febrero de 2014 cerca de 17 mil 556 millones de pesos; un año después dicha recaudación fue de 67 mil 416.4 millones.
Aunque en número absolutos esta recaudación si bien creció exponencialmente, es –por la naturaleza y los objetivos del impuesto– muy menor a los 414 mil 627 millones de pesos que se recaudaron por ISR o los casi 202 mil millones de pesos que dejó el IVA en el primer bimestre de este año.
Dato relevante también del informe de finanzas públicas a febrero es el incremento fuerte en el déficit público. En enero-febrero de 2014, la diferencia negativa entre ingresos y gastos  –el déficit, pues– ascendió a casi 45 mil 728 millones de pesos; un año después, en el mismo periodo, fue de 150 mil 745 millones, casi 3.3 veces que el déficit de 2014 en esos dos meses.
Más preocupante es aún el tamaño que ha adquirido la deuda pública en este sexenio.
Según el informe de Hacienda, la deuda pública en su concepción más amplia, lo que se conoce como “saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público” (shrfsp), ascendió a 7 billones 662 mil 266 millones de pesos.
Respecto de enero-febrero de 2014 el aumento fue de 215 mil 337 millones de pesos. Pero respecto del primer mes de la actual administración ha crecido en casi 1.8 billones de pesos.
En diciembre de 2012, la deuda pública total neta (o shrfsp) era de 5 billones 890 846.1 millones de pesos. A febrero de este año, según el informe de Hacienda, es ya de 7 billones 662 mil 266 millones de pesos.
“Nada más” 1 billón 771 mil 420 millones más en… 26 meses de gobierno de Peña Nieto.
Fuente

Apunta hacia la privatización la ley general de aguas: especialista

Alejandro Cruz Flores
 
Periódico La Jornada
Martes 31 de marzo de 2015, p. 28
La eventual aprobación de la iniciativa de ley general de aguas que se discute en la Cámara de Diputados afectaría el derecho humano de acceso al líquido y profundizaría un modelo de gestión que apunta a la privatización de este recurso natural, advirtió Claudia Campero Arena, integrante de la Coalición Mexicana por el Derecho al Agua.
En entrevista, señaló que además la norma deslinda a las autoridades de su responsabilidad de garantizar el suministro de agua potable a la población, con base en un modelo que busca solucionar el problema del abasto con la participación de la inversión privada, lo cual no solamente generará incremento en las tarifas, sino que las empresas que participen no invertirían en llevar agua a las zonas más alejadas y pobres, pues sus habitantes no podrían pagarla.
La también consultora de la organización civil global Blue Planet Project señaló que el problema de abasto que tiene la ciudad de México continuaría, porque se estaría confiando en que la solución sería una nueva etapa del Cutzamala y la extracción a mayor profundidad, cuando lo que se tiene que atender es la red de abastecimiento, principalmente lo relacionado con fugas, y promover una mayor participación de la ciudadanía en el cuidado del liquido, en vez de buscar más soluciones más descentralizadas para gestionar el agua, indicó.
Campero Arenas explicó que con esta iniciativa de ley lo que se pretende es profundizar el modelo de gestión que se maneja en la actualidad, que incluye la privatización y que ha provocado una crisis del agua que se vive tanto en el Distrito Federal como en el resto del país.
Es un modelo que se basa en la creación de infraestructura que traslada grandes volúmenes de agua, lo cual es una visión equivocada, porque siempre estás buscando aumentar la oferta, manifestó la especialista.
En cuanto a la participación de la iniciativa privada en el proceso de abasto de agua, dijo que está demostrado, no sólo en México sino en todo el mundo, que ha traído sólo problemas, como el incremento de las tarifas, además de falta de inversiones para llevar el líquido en las zonas donde no lo tienen.
En México la privatización del agua la venimos viviendo desde hace años, pero además buscando eximir de las responsabilidades de las autoridades de surtir agua a las poblaciones dispersas y asentamientos irregulares.
Además, el artículo 49 de esa iniciativa sólo reconoce el derecho al líquido para los asentamientos legalmente constituidos, y los conceptos que establece en torno a calidad del agua se alejan de los estándares internacionales.
Aunado a ello, establece el transvase como de utilidad pública, es decir, llevar grandes volúmenes de agua de una cuenca a otra y darle uso distinto, como la extracción de hidrocarburos, pasando sobre los derechos de las personas a contar con agua.
Por todo lo anterior, afirmó, diversas agrupaciones sociales se han manifestado a escala nacional y se están organizando para evitar la aprobación de esa iniciativa de ley, manifestó la activista.

Fuente

Protestan contra la privatización de agua

Rubicela Morelos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 31 de marzo de 2015, p. 12
Cuernavaca, Mor., Integrantes de la Central Campesina Cardenista (CCC) de esta entidad, tomaron de manera simbólica la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para exigir que se retire la ley Korenfeld, mediante la cual se pretende privatizar el agua. Esa ley la presentó el gobierno federal ante el Congreso sin el consenso de las comunidades, sostuvo la CCC. Los campesinos se concentraron primero en la glorieta del general Emiliano Zapata, en el norte de la ciudad, y marcharon a la delegación de la Conagua, donde durante más de una hora tomaron las instalaciones. Más tarde fueron recibidos en audiencia, pero a los medios de difusión se les impidió el paso. Humberto Zamara, representante de la CCC, advirtió que este es el inicio de una lucha social en defensa del agua

Acusan a minera de Peñoles de contaminar arroyo en Sonora

Una de las minas de Grupo Peñoles. Foto: Peñoles
Una de las minas de Grupo Peñoles.
Foto: Peñoles
SANTA CRUZ, Son. (apro).- Desde hace dos años la minera La Parreña S.A. de C.V., propiedad de grupo Peñoles S.A., descarga los excedentes de sulfato de cobre sobre el arroyo Milpillas, afluente de la presa del Comaquito, donde abrevan 35 mil cabezas de ganado y del cual sale el agua para distribuirla a lo largo y ancho de mil 900 hectáreas de producción agrícola.
Los desechos mineros tornan de color turquesa el arroyo Milpillas a lo largo de 8.5 kilómetros sobre el ejido Miguel Hidalgo, municipio de Santa Cruz; deja a su paso un bosque de árboles secos y caudales que llevan el mensaje de muerte.
El ejido Miguel Hidalgo, de una extensión superior a las 43 mil hectáreas, se encuentra a 279 kilómetros al noreste de la capital del estado; a unos 37 kilómetros al suroeste de Cananea y a 47.8 kilómetros de Santa Cruz, la cabecera municipal.
Guadalupe Rivera, ejidatario de Milpillas, denuncia que desde hace 24 meses la mina inició la contaminación del arroyo con pequeñas descargas sin que hasta ahora se detenga.
“Antes anidaba el guajolote silvestre y ahora ya no lo vemos; el pescadito de río hace mucho que desapareció, y el mapache se ve cada vez menos”, lamenta.
El afectado relata que al principio de la contaminación colectó una docena de peces muertos y los llevó hasta las instalaciones para advertir de las descargas y sólo enviaron a un “encargado” de ecología para que tomara algunas muestras al cauce.
“Uno nota que el ganado no desarrolla y la siembra tampoco; este año decidí no sembrar porque voy a echar a perder la tierra al regarlas con el agua que tiene altas concentraciones de cobre; si sigo sembrando las echo a perder en dos o tres años”, advierte.
Prosigue:
“No vamos a producir el dinero que ellos tienen para sus transas. No vamos a generar lo que genera una mina en sí, pero el agua hace falta para la zona; ellos sacan tantísimo dinero para que la controlen, la neutralicen y la manden otra vez a su cauce”.
El arroyo Milpillas baja hasta el municipio de Ímuris donde se convierte en afluente del Arivavi que ingresa a la presa del Comaquito, con una capacidad de almacenamiento de 31.2 millones de metros cúbicos.
De allí fluye por los ríos Bambuto y Magdalena, una zona de alta actividad agropecuaria en la región centro y norte de Sonora donde se siembra sorgo, maíz, frijol y hortaliza, rye grass, cebada, alfalfa y frutales.
De los ríos antes mencionados, el agua se precipita hacia el noroeste a una comunidad llamada Desemboque, donde la cuenca se convierte en delta con el Mar de Cortés, perteneciente al Océano Pacífico.
El investigador de la Universidad de Sonora, Jaime Varela Salazar, explica que una continua exposición al sulfato de cobre “desnaturaliza” las enzimas, cambiando “las formas y los centros activos” del metabolismo de las personas, de las plantas y los animales.
“Las industrias mineras deben funcionar con el mínimo riesgo posible para proteger el medio ambiente, pero más que nada proteger a las personas, debe hacerse una revisión integral tanto normativa y en el campo de trabajo”, explica.
El también catedrático de Ingeniería Química y Metalurgia sugiere que para evitar la contaminación minera en Sonora dicha industria debe auxiliarse  de la toxicología ambiental o de las estrategias de desarrollo sustentable, a fin de que la extracción de minerales  se convierta en una  actividad productiva dentro de un riesgo manejable.
La minera Parreña S.A. de C.V., Unidad Milpillas, propiedad de Peñoles S.A., se ubica en un predio de 800 hectáreas y emplea a más de mil trabajadores. Produce unas 25 mil toneladas de láminas de cobre catódico por el método de lixiviación de montones con ácido sulfúrico.
Peñoles S.A. es el corporativo del magnate Alberto Bailléres, quien opera en cuatro divisiones de negocio: agropecuaria, comercial, industrial y financiera, con presencia en México, Estados Unidos y América Latina.
El llamado “Rey Midas” Bailléres se convirtió el pasado 25 de febrero en el primer propietario de un pozo petrolero, como parte de una de las tantas bondades empresariales de la reforma energética, en donde se tiene estimada una inversión inicial de 12.6 mil millones de dólares y hacia 2018, la proyección es de 50.5 mil millones de dólares.
Ignorancia institucional
Con respecto a la contaminación sistemática del arroyo Milpillas, el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Jorge Carlos Flores Monge, dijo desconocer esta irregularidad y prometió enviar inspectores a la zona.
“No hay un reporte sobre esto, de todas maneras voy a checar cuándo fue la última vez que estuvimos ahí; ahorita con lo que se me informe ya vería y mandaría a inspeccionar”, concluye.
Fuente

El sindicato minero demanda detener la competencia desleal en el mercado del acero


César Arellano García
 
Periódico La Jornada
Martes 31 de marzo de 2015, p. 6
El presidente y secretario general del sindicato de trabajadores mineros, Napoléon Gómez Urrutia, pidió al presidente Enrique Peña Nieto que proteja a la industria mexicana del acero y las fuentes de empleo.
“La preocupación fundamental en lo personal y del sindicato es que ante la oleada de importaciones de acero con precios castigados, o dumping, el gobierno actual debe actuar de tal manera que no se afecten los derechos de los trabajadores ni las fuentes de empleo, al mismo tiempo que se proteja a la industria nacional”.
Lo anterior lo dijo en relación con la competencia desleal que contra la producción de acero de México están ejerciendo empresas de Corea del Sur, China, Rusia, Ucrania, India y Japón, entre otras, lo cual pone en desventaja a las que en el país producen el mineral de hierro y su transformación en acero.
En un comunicado, Gómez Urrutia, dijo que al parecer nadie está defendiendo en México a la industria acerera ni a los trabajadores del sector, por lo cual estamos demandando que el gobierno cierre las importaciones de acero a precios subsidiados, para proteger la producción nacional, aunque sea de manera temporal, y los empleos que genera esta industria.
El gobierno federal, señaló, a través de las secretarías de Hacienda, Economía y Relaciones Exteriores, debe identificar a los empresarios mexicanos y a los políticos que han estado medrando con las importaciones de acero, para detenerlas y proteger tanto a las empresas como a los trabajadores que laboran para ellas.
Aseguró que hay una competencia desleal de los acereros extranjeros, que saca del mercado a los productores que en en el país se ocupan de elaborar este metal.
“Cuando las empresas enfrentan esta competencia desleal, el sindicato minero se suma a la búsqueda de soluciones a esta crisis.
Las empresas del sector deben ser protegidas por el gobierno, el cual debe trascender las posturas de absoluto respeto al libre mercado que ha venido ejerciendo permanentemente. Se trata de salvar a esta industria y de proteger los empleos, insistió.
Al respecto, informó que los trabajadores agrupados en la sección 271 del organismo sindical, del puerto industrial Lázaro Cárdenas, Michoacán, se reunieron el sábado 28 de marzo en su local gremial y tomaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
“Cerrar filas y ratificar el apoyo y respaldo total al presidente y secretario general, Napoleón Gómez Urrutia, en los proyectos de productividad, eficacia y generación de empleos.
Apoyo total a todas las acciones y medidas que emprenda y determine para impulsar la sustentabilidad y la competitividad de nuestra fuente de empleo. Que los comités ejecutivos local y nacional publiquen un desplegado en el que demandan al Presidente que aplique las medidas pertinentes para fortalecer la economía de nuestra fuente laboral, y exhortar al gobierno federal a que otorgue las garantías políticas necesarias a Gómez Urrutia, para su pronto regreso al país.
El dirigente del sindicato minero añadió que urge que el gobierno atienda este problema, ya que empresas tan poderosas como Arcelor Mittal se están viendo en la necesidad de proceder a un paro técnico, que podría afectar la estabilidad laboral de muchos trabajadores.
Urge, en este sentido, que el gobierno se ponga del lado de las fuentes de empleo y evite las enormes ganancias especulativas que los productores extranjeros están obteniendo a costa de la industria nacional, por lo cual es muy importante que identifique a empresarios mexicanos que se benefician de este tráfico desleal y a políticos y funcionarios que también lo hacen.
Es necesario, agregó Gómez Urrutia, tener una nueva política económica y comercial que defienda la economía y la soberanía nacionales, “porque ya basta de la explotación irracional de los recursos materiales y de la mano de obra que realizan algunos empresarios, que ahora se ve agravada por el dumping acerero.
Por otra parte, hay empresas y empresarios que con miopía ya están planteando cómo se aprovechan de esta situación para inducir o ejecutar paros técnicos en el futuro que reduzcan los empleos de sus trabajadores, lo cual debe ser detenido por el gobierno con una política de protección adecuada tanto de las industrias como de los puestos de trabajo.
Ese es el caso, añadió, del empresario Alonso Ancira Elizondo, de Altos Hornos de México, quien ya está divulgando en los medios locales de Coahuila que podría asumir acciones similares a la que se ha visto obligado Arcelor Mittal en Michoacán y efectuar reajustes drásticos de personal, sin importarle las condiciones de vida de sus trabajadores.

Fuente

En 2014 los retiros por desempleo de Afores sumaron casi $10 mil millones


Víctor Cardoso
 
Periódico La Jornada
Martes 31 de marzo de 2015, p. 23 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó que durante el año pasado se registraron retiros parciales por desempleo de las cuentas de ahorro para la jubilación, que sumaron 9 mil 863.6 millones de pesos. Los recursos destinados a la pensión fueron utilizados por un millón 203 mil 753 trabajadores, dijo el organismo.
No obstante que los retiros parciales fueron bajo el concepto de desempleo, la Consar advirtió que ese beneficio es utilizado como gancho por agentes promotores para atraer cuentas a ciertas administradoras de fondos para el retiro (Afores) y alertó que hacer uso de esos recursos puede llegar a tener un alto costo futuro para la pensión.
El organismo regulador señaló como ejemplo que si un trabajador retira un monto de 10 mil 500 pesos de su cuenta Afore, se le estarían descontando 60 semanas de cotización, lo que equivale a 10 por ciento del tiempo que lleva cotizado al momento del retiro.
En un gráfico, la Consar señaló que en 2014 la Afore Coppel registró la mayor cantidad de retiros por desempleo de 279 mil 400 cuentas, lo que significó un incremento de 23.57 por ciento respecto de 2013. Le siguieron Afore Banorte XXI, con un registro de 258 mil 800 cuentas individuales con retiros, equivalente a 4.69 por ciento más; Banamex presentó un crecimiento de 2.83 por ciento por el mismo concepto, es decir, 5 mil 600 cuentas con retiros de un total de 203 mil 100, y Sura, que registró un aumento de 10 mil 100 cuentas con retiros parciales por desempleo, eso significó 11.56 por ciento más de las 97 mil 400 cuentas que maneja. Un caso que llama la atención es el de Afore Azteca, que presentó 83 mil 200 cuentas en las que se hizo uso del retiro parcial por desempleo, pero significó un crecimiento de casi 94 por ciento comparado con 2013.
La situación que presentan los retiros parciales por desempleo y su uso por las Afores como gancho para captar clientela llevaron a la Consar a aplicar un nuevo formato de retiro por desempleo que las administradoras deberán entregar al ahorrador al momento de tramitarlo, y que contiene un gráfico ilustrativo que muestra cómo disminuye una cuenta promedio y cómo se reducen también las semanas cotizadas.

Fuente

Miles de jóvenes, sin universidad por "indolencia" del gobierno federal

Foto
El domingo pasado, la UNAM dio a conocer que de 128 mil 519 jóvenes que presentaron el examen de admisión en febrero pasado, sólo fueron aceptados 11 mil 490Foto Notimex
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Martes 31 de marzo de 2015, p. 32
La indolencia del Estado mexicano es la génesis de que año con año decenas de miles de jóvenes no puedan ingresar a instituciones públicas de educación superior en el Distrito Federal y su área conurbada.
Desde hace más de 40 años ninguna administración federal ha creado una nueva universidad de calidad en el área metropolitana de la ciudad de México. Por lo contrario, se ha favorecido la aparición de instituciones privadas en teoría baratas, pero de muy mala calidad, que significan un gran negocio, señalaron especialistas en temas de educación superior.
Entrevistados luego de que el domingo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer los resultados de su primer examen de ingreso a licenciatura, donde de 128 mil 519 aspirantes sólo fueron aceptados 11 mil 490 y 117 mil 29 quedaron fuera, Humberto Muñoz García, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la máxima casa de estudios, y Manuel Gil Antón, académico de El Colegio de México, coincidieron en la necesidad de que el Estado mexicano ponga en marcha más opciones públicas de calidad para este nivel educativo.
No es un tema de reprobados
El problema de los rechazados –subrayaron– no es responsabilidad de la UNAM ni del resto de las universidades. Tampoco se trata de un tema de reprobados; es un conflicto por falta de cupo, y aun cuando las instituciones han hecho esfuerzos adicionales para incrementar su matrícula, les es imposible dar cabida a todos los que desean ingresar.
Muñoz García indicó que es fundamental crear más instituciones de educación superior públicas de la calidad de la UNAM, y esos nuevos espacios deberían contar también con el apoyo de los gobiernos de los estados que forman parte del área conurbada, debido a que mucha de la matrícula universitaria proviene de esas zonas.
Para el investigador, el problema de los rechazados no es responsabilidad de las casas de estudio. Si la UNAM rechaza a 100 mil jóvenes no es porque así lo quiera, sino porque no puede tenerlos. En años recientes ha elevado en más de 20 mil estudiantes su matrícula, pues supera los 430 mil alumnos en todos sus niveles. Ya no pueden entrar más.
Gil Antón destacó el esfuerzo que las instituciones públicas federales de educación superior han realizado para aumentar su capacidad. Tan sólo la UNAM, dijo, en 10 años ha abierto alrededor de 60 mil espacios (en todos sus grados), lo que en términos de cantidad es equivalente a abrir una Universidad Autónoma Metropolitana.
En la ciudad de México y su área metropolitana, expresó, se requieren nuevas instituciones públicas de alta calidad, pues los estudiantes que no obtienen un lugar en las universidades existentes, particularmente los que provienen de familias con bajos recursos, tienen dos opciones: dejar los estudios o elegir instituciones privadas de mala calidad.
En lugar de generar nuevas opciones públicas de educación superior, al Estado mexicano le ha convenido dar reconocimientos de validez oficial a changarritos (escuelas privadas) donde los muchachos continúan sus estudios. Se trata de una política donde el Estado transfiere su responsabilidad (de brindar educación) a las familias y genera un mercado con gran margen de ganancia para los negociantes de la educación, pues estas escuelas captan gran parte de la demanda de quienes han sido rechazados.
Señaló que la UNAM y el resto de las instituciones deberían reconsiderar su política de admisión, por ejemplo: abrir espacios, independientemente del examen, para los estudiantes con mejores promedios de subsistemas ajenos, como el Colegio de Bachilleres o el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Fuente

El despido de Aristegui, una decisión político-empresarial: radioescuchas

PROCESO


30 de marzo de 2015
Destacado
Simpatizantes de Aristegui protestan por su despido en Veracruz. Foto: Yahir Ceballos
Simpatizantes de Aristegui protestan por su despido en Veracruz.
Foto: Yahir Ceballos
MÉXICO, D.F. (apro).- Los radioescuchas de Noticias MVS “no consideran que la salida de Carmen Aristegui sea por un conflicto entre particulares, como han reiterado la empresa y el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación”, sino una decisión “político-empresarial que daña la libertad de expresión”, destacó el ombudsman de la empresa, Gabriel Sosa Plata.
En su informe con fecha 30 de marzo, Sosa Plata hace un recuento de los mensajes telefónicos, quejas y firmas de ciudadanos que le hicieron llegar, destacando que hasta el 28 de marzo, 217 mil personas firmaron la petición #CarmenSeQueda, en la plataforma Change.org, al tiempo que en la defensoría se recibieron, del 16 al 24 de marzo, 380 mensajes directos vía correo electrónico y redes sociales, de los cuales 184 fueron quejas por la salida de Aristegui y “una cantidad importante de opiniones sobre lo ocurrido y lo que está en juego en materia de libertad de expresión”.
Las telefonistas de la primera emisión de Noticias MVS recibieron 121 llamadas telefónicas, “de las cuales prácticamente la totalidad fueron para manifestar su rechazo por la salida de la periodista Carmen Aristegui”.
La valoración del defensor de las audiencias destacó que hasta el 26 de marzo todas las llamadas se refirieron a la salida de Aristegui. “Hay una crítica de la audiencia por la decisión de MVS Radio; no hay una sola felicitación”.
En su reporte de nueve cuartillas, Sosa Plata también incorporó la opinión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). En su comunicado, este organismo afirmó que la conclusión de las transmisiones del noticiario de Aristegui “redunda en una limitación al derecho a la información de toda la sociedad”.
La CDHDF sugirió que los medios electrónicos “tienen que actuar atendiendo a lo que sus audiencias y su público demandan” y que “MVS tiene una oportunidad para rectificar su decisión unilateral y reintegrar a Carmen Aristegui y a su equipo de nueva cuenta”.
También incorporó las posiciones del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Ciencias de la Comunicación (Coneic), la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC) y del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM-Xochimilco. En todos los casos se expresa preocupación y condena por la salida del equipo de Aristegui.
El ombudsman de Noticias MVS le recomendó a la empresa que responda formalmente a la petición #CarmenSeQueda apoyada por más de 217 mil personas; responder a la audiencias “las razones por las que hasta ahora no ha sido posible reintegrar a la periodista Carmen Aristegui y su equipo”; responder sobre las quejas que son, a su parecer, “actos de censura o censura indirecta”.
Sosa Plata también incorporó en sus recomendaciones que la empresa explique “por qué se despidió a los periodistas Daniel Lizárraga e Irving Huerta y a todo el equipo (incluidos Daniel Cabrera, Kirén Miret, Olga Carranco, etc) que colaboraba en la primera emisión de Noticias MVS, así como a Adriana Buentello, coordinadora de redes sociales, y Ameyalli Motta, administradora web de Noticias MVS”.
Fuente

La UAM también rechaza otorgar espacio radiofónico a Aristegui

Carmen Aristegui durante su mensaje en streaming. Foto: Tomada de YouTube
Carmen Aristegui durante su mensaje en streaming.
Foto: Tomada de YouTube
MÉXICO, D.F. (apro).- La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) rechazó la petición de su comunidad de otorgar un espacio radiofónico a la periodista Carmen Aristegui.
En un comunicado, la institución argumentó que carece de las condiciones tecnológicas y económicas para producir el noticiario de Aristegui.
“En primer lugar, porque se carece de los recursos económicos que garanticen la continuidad de la operación cotidiana del noticiario de Carmen Aristegui, en segundo término, porque la Universidad no tiene mecanismos de publicidad para obtener ingresos adicionales que permitan financiar parcialmente este proyecto radiofónico, y en tercer lugar porque el noticiario de Carmen Aristegui está concebido como un informativo de alcance nacional y la cobertura de UAM Radio 94.1 FM es de baja potencia, lo que impide a la fecha que la señal sea escuchada en todo el Valle de México”, explica la UAM en el boletín.
Por medio de las redes sociales y de manera directa, profesores, investigadores, estudiantes y trabajadores de todos los planteles de la UAM recogieron 26 mil 779 firmas para pedir un espacio para Aristegui.
Esta es la segunda institución universitaria que rechaza otorgar un espacio a Aristegui tras su despido de la cadena MVS. Antes, la UNAM también argumentó dificultades económicas para producir el noticiero.
“Estamos concluyendo este periodo, ahorita no podríamos hacer una propuesta de esa naturaleza y el asunto está a lo que se determine en las vías jurídicas de las dos partes, la empresa y Carmen”, justificó el rector de la UNAM, José Narro.
Fuente