lunes, 6 de abril de 2015

De portafolios y mochilas 2015-04-06

En Construcción 2015-04-06

Urge rescatar el Sistema de Ahorro para el Retiro

*El Sistema Privatizado Será Incapaz de Brindar una Pensión Digna a los Trabajadores
*Ex Funcionarios Defienden la Privatización del SAR Porque son Empleados de la Banca
*La Banca Sólo Ha Especulado y Ha Perdido los Fondos de los Trabajadores.

 

Si no se toman medidas para quitar a la banca privada especuladora del manejo de los Fondos de Ahorros para el Retiro, en 18 años podría haber desolación para el conjunto de trabajadores en México, pues no alcanzarían el pago de una pensión mínima ni el derecho a la atención médica, advirtió el doctor Gustavo Leal, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco.
El estudioso de temas de salud y seguridad social de México y el mundo, dijo que en el informe que entregó en 2015 la Auditoría Superior de la Federación, advierte sobre el riesgo que hay en el incumplimiento de las obligaciones del gobierno si no setoma medidas, para garantizar el pago de las pensiones y jubilaciones. Pero eso se está utilizando como parte de una campaña mediática, para tratar de hacer creer que la alternativa son las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (AFORES), propiedad de los bancos privados.
Pero la realidad ha demostrado lo contrario, porque con las Afores el ahorro para el retiro de los trabajadores se pierde en operaciones especulativas de la bolsa de valores, mientras que los banqueros se enriquecen con el cobro de altas comisiones por manejo de cuentas de fondos de retiro.
"En la agenda de corto plazo hay una campaña mediática intensa donde se contrata a comentaristas y periodistas, donde se trata de hacer creer que la cuenta individual es la opción... También promueve que la banca privada maneje los fondos de retiro el ex titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) que es ahora empleado de un banco", se trata del ex funcionario público que fue el fundador del organismo cuando se cobraron dos comisiones altas por manejo de saldo y flujo, Fernando Solís Soberón". (Leer Noticia Relacionada: EX FUNCIONARIOS...SOCIOS DE AFORES link: http://www.frecuencialaboral.com/aforesexfuncionarioscomplicesdespojo2013.html)
Dijo que lo que se debe abrir a debate es la estructura privatizada del Sistema de Ahorro para el Retiro, porque desde 1997, cuando se impulsó y después de 17 años de que empezó a operar, esos fondos se han usado más para especular y cobrar cuotas a trabajadores, que para garantizar pensiones dignas.
"Si se tuviera que rescatar el sistema a la mejor es el momento de que se rescate desde estructuras públicas, como pensión ISSSTE y no desde la banca que privada".
Por lo que respecta a los traajadores que se pueden pensionar con anterior sistema, consideró que los recortes presupuestales que se han anunciado frente a la caída en los precios del petróleo no parece que ponga en riesgo el pago de la pensiones que todavía están a cargo del Estado.
Lo que sí es preocupante es que los congresos locales han hecho modificaciones al régimen de pensiones de Zacatecas y Veracruz, "en el caso de Veracruz, se incorporó algo que critican los trabajadores, que ya están demandando la declaratoria de inconstitucionalidad de esta reforma, porque se les exigió una cuota pensión .Y se les exige que para tener derecho a servicios médicos paguen una cuota, cuando ya cotizaron toda su vida laboral para tener garantizado ese servicio".
Hay otros casos como el de los estados mexicanos de la Universidad de Colima Colima y del Estado de Nayarit en donde las autoridades se robaron las cuotas de pensiones de los trabajadores
"Eso pasó también en Zacatecas, lo que tenemos es faltante de recursos, ahí lo que sigue es la movilización social para que la presión corrija esos procesos. Esos son asuntos penales que corresponden pagar a autoridades que debieron colocar esos fondos y que tienen que colocar", agregó.
Lo que sí amenaza al derecho constitucional adquirido de la pensión y jubilación digna son las modificaciones que se hicieron a la ley de pensiones con el gobierno de Enrique Peña Nieto que aumenta el número de semanas que se necesitan laborar a lo largo de 35 años para tener ese derecho. Dijo que el impacto de esta reforma es lesivo para la seguridad social, porque el desempleo y la crisis económica en México obliga a que los jóvenes entren y salgan del trabajo frecuentemente. Lo cual conlleva a que no puedan acumular el tiempo computado para recibir los beneficios y no tendrán derecho ni a la pensión mínima garantizada.
Con la reforma del presidente Peña Nieto para crear la pensión universal se activo un sistema en el que la pensión en realidad no es universal, dado que no tiene validez para todos. Y es una pensión mínima de mil 26 pesos al mes, lo cual es insuficiente.
Esta iniciativa que está congelada en la Cámara de Senadores y fue votada también por el partido que se dice de izquierda, PRD, con el argumento de que era un avance, lo cual fue desmentido de inmediato por algunos investigadores del tema, que señalaron que la pensión universal porque margina a todos los que reciban algún otro apoyo para viejitos o pensión por haber tenido derecho al Seguro Social o a la seguridad social de los trabajadores del Estado. (Leer Noticia Relacionada: SEGURO DE DESEMPLEO Y PENSIÓN UNIVERSAL UN ATRACO link: http://www.frecuencialaboral.com/segurodesempleoypensionuniversalatraco2014.html)
grupo d agrupaciones están defendiendo esta pensión, que resulta insultante para la generación joven, todo esto que también fue firmado por un segmento de la OIT, que apoyó también el falso seguro de desempleo, es un gran pendiente que tienen los movimientos sindicales . Y algunas organizaciones sindicales la presentan dentro de su agenda que afecta la aportación de vivienda.

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En San Quintín niegan trabajo digno a Jornaleros

*Después de Una Semana de Negociaciones Ningún Ranchero ni Autoridad Imparcial se Presentó a las Negociaciones.
*70% de los Dueños de Ranchos de San Quintín no Han Afiliado a sus Trabajadores al Seguro Social y no los Castigan.
*Sigue el Paro de Labores, Sólo 30% de los Jornaleros están Trabajando, de los Contrario no Tendrían Vivienda.

 

Después de una semana de negociaciones tras su paro de labores, los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, se dieron cuenta que en la mesa de discusión no había ninguna autoridad ni representante patronal con capacidad de solucionar su pliego petitorio, que consiste en la firma de un contrato de trabajo, pago de 300 pesos por día laborado, reducción de su jornada laboral de 16 a 8 horas y afiliación en el Instituto Mexicano del Seguro Social y libertad de los 22 trabajadores que encarcelados por ejercer su derecho a la protesta pública.
El viernes 27 de marzo del 2015 la parte patronal anunció un incremento salarial del 15 por ciento, con lo cual los jornaleros aumentarán su ingreso de 100 a 115 pesos diarios por 16 horas de trabajo. Sin embargo se suspendió la negociación porqueel representante patronal de la Secretaría del Trabajo, se levantó y se fue indignado luego de que le preguntaron a qué ranchero o dueño de los ranchos representaba.
Respondió que era representante patronal de la Secretaría del Trabajo no de los rancheros, por lo cual los jornaleros demandaron que se presenten a negociar los dueños de los ranchos, por lo cual se levantó de la negociación, comentó en entrevista con Frecuencia Laboral: El Espacio donde los Trabajadores son la Noticia, Marisol Pérez, abogada integrante de una célula de “yosoy132” de Ensenada, voluntaria en la defensa de los trabajadores agrícolas en conflicto.
"Los agricultores obtuvieron 15 por ciento de incremento salarial, pero ya se va a levantar la mesa, ya no habrá más diálogo, vinieron representantes de la Organización Internacional del Trabajo y los empresarios no se presentaron a negociar. Los jornaleros dijeron que no van a romper el diálogo, pero los empresarios no quieren dar ninguna respuesta. Todo el tiempo el señor de apellido Muñoz, estuvo presente como parte de los empresarios en la Secretaría del Trabajo, pero no de los rancheros y no hubo nadie imparcial de las autoridades laborales".
También se logró que los representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social hicieran inspecciones en los ranchos en donde constataron que 70 por ciento de los empresarios no tienen a los jornaleros afiliados en la seguridad social. Pero no hablaron de multas ni de obligarlos a afiliar a sus trabajadores.
Explicó que sigue el paro de labores que convocó la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social desde el 17 de marzo del 2015, aunque "Hay gente trabajando, pero es 30 por ciento del total y eso porque son trabajadores temporales a quienes los patrones les otorgan vivienda mientras están laborando en sus tierras, si dejan de trabajar no tendrían en donde vivir".(Leer Noticia Relacionada: REPRIMEN A JORNALEROS POR DEMANDAR MÁS SALARIO link: http://www.frecuencialaboral.com/jornalerosanquintinreprimidos2015.html)
Las autoridades del trabajo no han querido participar y el gobernador le comunicó a los representantes de los jornaleros agrícolas que no pueden autorizarles un contrato colectivo de trabajo porque requieren formar sindicato que va a dar la titularidad para que se den de alta como sindicato. Pero tampoco les ofreció que firmarían un contrato individual de trabajo por escrito, pese a que ante la Ley Federal del Trabajo establece que la ausencia de este documento, luego de tres meses de trabajo continuo se dará por entendido que el empleo es fijo, de base y permanente, con derecho a seguridad social y reconocimiento de su antigüedad laboral.
La región del valle de San Quintín, tiene una superficie cultivada cercana a las 8 mil 500 hectáreas, destacando los cultivos de tomate, fresa, pepino, arándano, frambuesa, mora y cebolla, en donde trabajan alrededor de 35 jornaleros de los cuales el 75 por ciento tienen ocupación temporal.
Aún hay 22 jornaleros agrícolas detenidos entre ellos 9 menores de edad. "a estas personas se les incrimina de robo, allanamiento, motín. Pero hay certeza de que cuando se determinó su situación jurídica, ni siquiera estaban sus nombresen los partes informativos de los cuerpos policíacos, a pesar de que dicen que los detuvieron en flagrancia. Ni siquiera son de la zona donde dicen que esta ubicada la tienda. Ellos son de la delegación de San Quintin que se ubica a 25 minutos de Camalú y te tardas en camión una hora en trasladarte a la tienda “El reloj”, que fue saqueada. Por lo que voy a promover un amparo porque a todas luces se les está reprimiendo por hacer uso de su derecho a la manifestación y la protesta pública. El miércoles 25 de marzo del 2015 se les determinó esa situación jurídica. Falta confirmar un desaparecido, que era de una familia que no tenía mucho tiempo en San Quintín. El último dato es que estaba en el Cerezo de Ensenada. Pero yo nunca pude constatar que él estuviera ahí".
En relación a las protestas de los jornaleros agrícolas por la sobre explotación que padecen en San Quintín, Baja California, la Cámara de Diputados hizo un exhorto el jueves 26 de marzo del 2015 a las autoridades de la Secretaría del Trabajo y del Instituto del Seguro Social, para que se incrementen las medidas de control y de supervisión de las condiciones laborales y servicios bajo las cuales viven y son contratados los jornaleros, a fin de que se les brinden condiciones dignas de trabajo, salud, educación y vivienda. 

Cuatro presidentes concesionaron 97.8 millones de hectáreas a mineras



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Alberto Bailleres, propietario de Peñoles; Germán Larrea, de Grupo México, y Carlos Slim, principal accionista de Minera FriscoFoto Cuartoscuro, Reuters y Marco Peláez /Archivo
Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Lunes 6 de abril de 2015, p. 5
En 20 años, los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa otorgaron en concesión 97 millones 800 mil hectáreas a empresas mineras nacionales y extranjeras.
La información, obtenida de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Servicio Geológico Mexicano, describe el incremento del fenómeno, que registró su auge en la administración de Ernesto Zedillo, seguido de Felipe Calderón, Vicente Fox y Carlos Salinas.
También, con la información de la Secretaría de Energía –por medio de su Sistema de Administración Minera– se documenta que los principales beneficiarios de la concesión de terrenos en el sector minero nacional son las empresas Peñoles, Grupo México y Frisco.
Así, en los dos últimos años del gobierno de Carlos Salinas éste concesiono un millón 745 mil 700 hectáreas, a través de 2 mil 760 títulos en 1993, y 2 millones 81 mil 400 hectáreas a través de 2 mil 360 títulos de propiedad en 1994.
Amplio reparto zedillista
En el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León se observa un repunte en la entrega de hectáreas concesionadas. Para 1995, por medio de mil 510 títulos de propiedad, concesionó 2 millones 191 mil 900 hectáreas.
Al año siguiente (1996) entregó 3 millones 185 mil 800 hectáreas, también en mil 510 títulos. En 1997, a través de 2 mil 80 títulos, concedió 9 millones 525 mil 100 hectáreas.
Para 1998, por medio de 500 títulos el número de hectáreas sumó 7 millones 732 mil 100; un año después, con una cantidad cerrada en 2 mil títulos, las hectáreas entregadas fueron 7 millones 347 mil, y en el año 2000, por medio de mil 900 títulos, la concesión sumó 4 millones 939 mil 500 hectáreas.
Con Vicente Fox Quesada en la Presidencia, la tendencia concesionaria de tierras nacionales se mantuvo al nivel de lo vivido en el periodo de Ernesto Zedillo.
En 2001 (primer año del panista), los títulos entregados sumaron 2 mil 170 y las hectáreas que éstos supusieron fueron 2 millones 559 mil 500. Un año después crecieron hasta alcanzar 5 millones 643 mil 600 hectáreas en 3 mil 761 títulos. Y para 2003, con 2 mil 560 títulos, la concesión sumó 2 millones 378 mil hectáreas.
En el cuarto año de gobierno foxista los títulos entregados fueron 2 mil 195, que acreditaban la entrega de 3 millones 140 mil hectáreas. Al siguiente año, con 2 mil 904 títulos de propiedad se concesionaron 6 millones 634 mil 600 hectáreas, y en 2006 se deslindaron 4 millones 773 mil 800 hectáreas a través de 2 mil 284 títulos.
Su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa, en 2007 mantuvo la entrega de tierras a privados para la explotación minera. Ese año 2 mil 423 títulos acreditaron 8 millones 377 mil 900 hectáreas. Al siguiente año, con 2 mil 152 títulos se entregaron 6 millones 147 mil hectáreas, y para 2009, 2 mil 327 títulos acreditaron la concesión de 7 millones 411 mil hectáreas.
En 2010, con 2007 títulos, el calderonismo concedió 4 millones 11 mil 300 hectáreas. Al año siguiente (2011), también en una proporción similar, con 2 mil 022 se entregaron 4 millones 429 mil hectáreas. Y en el último año de ese sexenio (2012) la iniciativa privada nacional y extranjera se benefició con mil 343 títulos y 4 millones 3 mil 300 hectáreas.
Los títulos entregados desde 1993 hasta 2012 suman 42 mil 768. Y el número de hectáreas concedidas en el periodo mencionado fueron 97 millones 868 mil 100.
La información obtenida en el Sistema de Administración Minera de la Secretaría de Energía revela que a lo largo del siglo pasado y el presente, tres poderosas empresas mineras mexicanas han recibido la mayoría de las concesiones.
Se trata de Peñoles, Grupo México y Frisco. La más beneficiada ha sido Peñoles, propiedad de la familia Bailleres, seguida de Frisco, cuyo principal accionista es Carlos Slim, y Grupo México, de Germán Larrea.
Peñoles tuvo su época de oro en los sexenios de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Mientras Grupo México, de la familia Larrea, y Frisco recibieron en concesión una proporción menor a la primera.
Así, la familia Bailleres se hizo de concesiones mineras desde el sexenio del presidente Adolfo López Mateos (1958-1964). Entonces obtuvo un título de propiedad con 12.81 hectáreas. Con Gustavo Días Ordaz (1964-1970) también fue beneficiaria de otro título, con 28 hectáreas. Posteriormente, en el mandato de Luis Echeverría (1970-1976) se hizo de seis títulos y 344 hectáreas. Y con José López Portillo (1976-1982) incrementó su número de títulos con 28, y 3 mil 441.84 hectáreas.
En la administración de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), Peñoles también recibió 29 títulos y dos mil 39.59 hectáreas. Con Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) los títulos otorgados a la familia Bailleres fueron 30 y 3 mil 818.74 hectáreas. Y fue con Ernesto Zedillo (1994-2000), con quien se incrementó exponencialmente el beneficio de la concesión de tierras, al recibir 89 títulos que acreditaban 38 mil 533.05 hectáreas.
No obstante, con Vicente Fox (2000-2006) los títulos otorgados a los Bailleres sumaron 756 y las hectáreas que se acreditaron sumaron 911 mil 366.01. También con el panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) el número de títulos disminuyó, pero las hectáreas sumaron un millón 239 mil 273.042. Y con Enrique Peña Nieto, se han otorgado 21 títulos y 62 mil 339.47 hectáreas.
Desde Porfirio Díaz
La familia Larrea, propietaria de Grupo México, se benefició de la concesión de tierras desde el inicio del siglo XX. En el régimen de Porfirio Díaz les fue otorgado un paquete de cinco títulos y 185.31 hectáreas. En la administración del general Lázaro Cárdenas (1934-1940), cuatro títulos de propiedad les ampararon 531.43 hectáreas.
Adolfo López Mateos les entregó siete títulos y 58.79 hectáreas. Gustavo Díaz Ordaz, cuatro títulos y 14.89 hectáreas. En el gobierno de Luis Echeverría se les entregaron 11 concesiones y 381 hectáreas. Con José López Portillo obtuvieron 45 títulos, lo que les garantizó la explotación minera de 5 mil 304.89 hectáreas. En la administración de Miguel de la Madrid los títulos que sumaron los Larrea fueron 39 y mil 106. 22 hectáreas.
Con Carlos Salinas recibieron 65 títulos y 16 mil 171.05 hectáreas. Ernesto Zedillo les concedió 60 titulos y 10 mil 583.66 hectáreas. Vicente Fox les autorizó 293 títulos y 143 mil 240.45 hectáreas. Felipe Calderón concedió 118 títulos y 271 mil 499.70 hectáreas. Mientras que la administración de Enrique Peña Nieto les ha entregado 9 títulos de propiedad y 54 mil 921.57 hectáreas.

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En Cananea la Sociedad Civil toma los pozos de agua


Por María de Lourdes Martínez González
Mientras que los diputados federales decidieron desaparecer a las comisiones especiales que investigan la contaminación de ríos en México, los habitantes de Cananea y Hermosillo, Sonora, tomaron el caudal de agua limpia conocido como Los Patos, para evitar que la Minera Grupo México siga intoxicando a la sociedad con los desechos que deposita en el vital líquido.
Antonio Navarrete Aguirre, comisionado de Difusión de la sección 65 del Sindicato Minero, explicó que el viernes 27 de marzo del 2015 se cumplieron 8 días que la sociedad civil de la región tomó el centro de rebombeo "Los Patos" a donde confluye el agua de 89 pozos que suministras de agua a la empresa Buenavista del Cobre, antes Cananea, propiedad de uno de los emporios mineros más ricos del mundo "Grupo México", que al soltarla a los ríos tras usarla para procesar químicamente al metal sale completamente contaminada con metales pesados, cianuro y otros químicos tóxicos que provocan cáncer entre los habitantes de la zona.
"Los trabajadores mineros junto con los pobladores decidimos hacer un frente único denominado Todos Unidos Contra Grupo México, dado que fueron abandonados a su suerte los habitantes y mineros de Cananea por el empresario Germán Larrea, quien no solamente les ha mentido, sino que sigue contaminando las fuentes del río Sonora, lo cual daña a todos los habitantes de los poblados ribereños, que van de Cananea hasta la presa El Molinito".
Todos Unidos Contra Grupo México está conformado por cientos de familias que instalaron un campamento en el centro de rebombeo de los patos en protesta porque las autoridades federales que deberían cuidar el medio ambiente, determinaron levantar la contingencia que provocó el derrame de químicos cancerígenos a los ríos de Sonora, por la mina Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México.
Cabe recordar que el pasado 06 de agosto del 2014 el complejo minero de Cananea, ahora denominado Buenavista del Cobre perteneciente al Grupo México, derramó 4 mil metros cúbicos lo equivalente a 16 albercas olímpicas, extendiéndose al río Sonora. La empresa ocultó deliberadamente la falla, lo cual ocasionó daños irreversibles al agua, al medio ambiente, a la salud, entre otros. La empresa sólo será fue multada con 20 mil salarios mínimos lo equivalente a 100 mil dólares y se espera otra sanción, que no será superior a 3 millones de pesos. (Leer Noticia Relacionada: GRUPO MÉXICO OLA DE CÁNCER Y MUERTE link: http://www.frecuencialaboral.com/cananeaygrupomexicoesteladecancerymuerte2014.html)
La procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente se negó a cerrar las operaciones de la mina de Cananea, el miércoles 20 de agosto del 2014, por lo cual la sección 65 del Sindicato de Trabajadores Mineros de la República Mexicana tomó tres de los cuatro accesos al complejo.
La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que entró en vigor en agosto del 2014, obliga a quien contamine ríos, mar, tierra y aire a reparar el daño, pero las autoridades la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente afirmaron que los ríos de Sonora ya estaban libres del daño, a pesar que Cananea es la localidad donde mayor número de personas sufre de cáncer por los tóxicos que hay en el agua, afirmó Antonio Navarrete.
El viernes 27 de marzo del 2014 se llevó a cabo un foro donde secciones del Sindicato Minero de los 24 estados del país, de otros sindicatos y los Steel Workers de Canadá manifestaron su apoyo. También realizaron una marcha de protesta. 

Servicios médicos privados, gran negocio sin regulación

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Hospitales privados: grandes instalaciones al alcance de pocos, reconoce la Fundación Mexicana para la SaludFoto Carlos Ramos Mamahua
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La atención médica en los consultorios adyacentes a las farmacias es de bajo costo, pero insuficiente para garantizar el debido cuidado de la saludFoto Carlos Ramos Mamahua
Ángeles Cruz Martínez
 
Periódico La Jornada
Lunes 6 de abril de 2015, p. 2
Un mundo complejo en el que participan el dinero, la tecnología, las empresas hospitalarias, las aseguradoras y los médicos, cada uno con sus propios intereses y necesidades, ese es el sector privado de la medicina. Un buen negocio que opera en el país sin ninguna regulación que evite los abusos en el cobro de los servicios.
En México el sector médico privado debería ser un coadyuvante del sistema nacional de salud, y en los hechos lo es, aunque sólo está al alcance de un grupo de élite, aquel que cuenta con los recursos económicos para hacer frente a los costos de los hospitales privados.
No tendría que ser así, advierte José Campillo García, presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud). El acceso a los mejores servicios médicos debería estar garantizado para todos: ricos y pobres, y el gobierno tendría que ver en la salud la palanca para el desarrollo nacional.
Sin embargo, esa visión no se ha hecho patente hasta ahora. El especialista recordó que está pendiente el proyecto de una reforma integral del sistema de salud para crear el seguro universal con base en los lineamientos diseñados por Funsalud y retomados al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Entre otros puntos, el organismo plantea la creación de un fondo único de financiamiento, donde se colocaría el dinero recaudado mediante un impuesto general para la población, con independencia de su condición laboral. Implica, por tanto, la desaparición o transformación de las cuotas obrero-patronales de la seguridad social.
Aunque el proyecto se detuvo porque la Secretaría de Hacienda lo consideró inviable financieramente, porque lo rechazó el Instituto Mexicano del Seguro (IMSS) y porque la secretaria de Salud, Mercedes Juan, dijo que no habrá, al menos este año, ninguna gran reforma, Campillo destacó que el sector privado se mantiene a la expectativa de un cambio legal en el país que favorezca su incursión en la prestación de servicios. Y eso, aclaró, no conlleva a la privatización del sector.
Esta es una falsa creencia, dijo, y abogó por que se emprenda un esfuerzo por desatanizar la participación del sector privado en la prestación de los servicios públicos.
Actualmente, indicó, el gran problema del país es que la medicina privada es un servicio residual de aquello que no puede atender de manera eficiente el servicio público.
Aunque en teoría hay una cobertura universal de salud, está el indicador de que casi la mitad del gasto en el sector lo hacen las familias para el pago de médicos y medicinas (gasto de bolsillo). En otros países, como Colombia, este gasto representa 15 por ciento. Significa, explicó Campillo, que las instituciones públicas no satisfacen las necesidades de la población.
Por eso, para quienes tienen capacidad de pago están las clínicas privadas, y detrás de éstas, sobre todo de los grandes hospitales, existen cuantiosas inversiones económicas que les permite ofrecer una atención de calidad. Eso cuesta.
Al respecto, Rodolfo Ondarza, neurocirujano y presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), opinó que esta situación ocurre por el incumplimiento del Estado en su responsabilidad de garantizar el acceso a la salud y el abandono durante décadas de la infraestructura pública.
Respecto de los precios que se pagan por servicios médicos privados, señaló que si bien son elevados los costos de instalaciones lujosas y de calidad, equipos médicos de última generación y servicios disponibles las 24 horas, también es cierto que las empresas hospitalarias incurren en abusos, como el cobro de medicamentos tres o cuatro veces más caro que en cualquier farmacia.
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Esto es algo que el gobierno federal debería regular, para evitar los abusos que se cometen en contra de los enfermos y sus familias.
Mario Mendoza, asesor en la ALDF, señaló que por la carencia de regulación los hospitales pueden incluir en las cuentas de los pacientes, dentro de los servicios de quirófano para una cirugía, la luz de la lámpara que se empleó durante el procedimiento.
Claramente, señalaron, estos son aspectos que deberían ser del interés de las autoridades federales y no tiene nada que ver con un control de precios que los empresarios rechazan. Es sólo cuestión de ética, resaltaron los especialistas consultados.
Y eso sólo del lado de las clínicas y hospitales. Aparte están los médicos que trabajan por su cuenta, generalmente con grado de especialistas, cuyos honorarios también son elevados.
A pesar del alto costo de las consultas, eso no significa que seamos ricos, sino que debemos cubrir una diversidad de necesidades y obligaciones, generalmente desconocidas para la población en general, aseguró Manuel Gallo Reynoso, cirujano gastroenterólogo, académico de la Universidad La Salle y director médico de la Clínica Londres, del Grupo Ángeles.
En el escenario de la medicina privada también están las compañías aseguradoras como una de las vías principales de acceso de las personas a los servicios clínicos particulares. Aunque, de acuerdo con especialistas, su penetración es limitada, pues sólo 6 por ciento de la población cuenta con una póliza.
Las personas piensan que los médicos son ricos y que el dinero es lo único o lo primero que tienen en la mente, pero no es así. “Vivimos bien, con algunas comodidades, un automóvil, viajes al extranjero, pero también debemos pagar impuestos, salarios de secretaria, enfermera o asistente, además de los servicios (agua, luz, teléfono) y la renta del consultorio, que puede ir –dependiendo de donde se ubique– de 5 mil hasta 20 mil pesos al mes”. Todo eso es caro, apuntó Gallo Reynoso.
Añadió que los médicos también tienen la obligación de contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil, la cual representa otro gasto para los profesionales de la salud. Hoy la relación médico-paciente es más fría y exigente. Las demandas están a la orden del día, cuando antes ni se pensaban o eran muy pocas.
Reconoce que esos costos del hospital y de los médicos privados son pagados por los pacientes que solicitan el servicio porque la calidad y eficiencia de la atención en las instituciones públicas deja mucho que desear.
A las clínicas privadas llegan quienes tienen la capacidad económica, es cierto, reconoció Campillo, pero también lo es que hay precios para todos los segmentos de la población. Es igual que al salir de vacaciones y elegir un hotel de tres o cinco estrellas.
El también ex secretario de Salud resaltó algunas ventajas de pagar costos elevados por la atención médica. Los usuarios pueden confiar en que los hospitales privados atienden y cumplen con la regulación sanitaria porque ponen en juego su capital.
Con él coincidió Gallo Reynoso, y agregó que los médicos deben estar certificados por el consejo médico de su especialidad, aunque matiza: eso en los hospitales grandes e importantes ciudades, porque en provincia las condiciones de médicos y clínicas particulares son distintas.

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Seguros de gastos médicos, fuente de conflictos para los usuarios

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Credenciales de pólizas de gastos médicos con coberturas variadas
Ángeles Cruz Martínez
 
Periódico La Jornada
Lunes 6 de abril de 2015, p. 4
Una de las principales vías de acceso a los servicios clínicos privados son los seguros de gastos médicos. Alrededor de 9 millones de personas en México tienen una póliza de este tipo, de las cuales cerca de 5 millones contrataron gastos médicos mayores, útiles para cubrir los costos de los servicios de hospitales privados.
De estos seguros de gastos médicos mayores, aproximadamente 1.5 millones son pólizas individuales, es decir, pagadas con recursos de los asegurados, y más de 3 millones provienen de alguna prestación laboral en los sectores público y privado.
El monto que se paga por este servicio es equivalente a 7 por ciento del llamado gasto de bolsillo, es decir, el desembolso de dinero que realizan las familias de sus propios recursos para el pago de servicios médicos, estudios de laboratorio y medicamentos, lo cual representa casi la mitad de la inversión que realiza el país en salud.
Sin embargo, los seguros de gastos médicos también son fuente constante de conflicto.
Los asegurados se quejan por el cúmulo de restricciones que aparecen de pronto, con base en las cuales se justifican las negativas de rembolso, limitaciones o cobertura de algunos servicios.
Generalmente los problemas se originan por falta de información sobre la cobertura de las pólizas y ocurre, por ejemplo, que para hacer uso del seguro los usuarios deben acudir sólo a algunos hospitales, pero si en esos sitios no hay el especialista que requieren, tampoco tienen la libertad de buscar otra alternativa.
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Al aplicar la póliza de gastos médicos en centros de salud privados, los usuarios siempre se encuentran con sorpresasFoto Alfredo Domínguez
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En otros casos, y de acuerdo con la enfermedad de que se trate, es posible que se niegue el pago de los servicios médicos si la aseguradora considera que el cliente ya tenía la enfermedad antes de contratar el seguro. Las compañías no pagan las llamadas preexistencias. Demostrar lo contrario es prácticamente imposible.
Los médicos, a su vez, se quejan por las bajas tarifas que imponen las compañías aseguradoras a sus honorarios, las cuales no reconocen la formación profesional de los galenos.
Además, están los retrasos en los pagos, señaló Manuel Gallo Reynoso, académico de la Universidad La Salle y director médico de la Clínica Londres, del Grupo Ángeles.
De su lado, las empresas de seguros, a través de sus agentes, cuestionan las decisiones de los médicos y éstos, en ocasiones, si quieren formar parte de la red de prestadores de servicios, para realizar cirugías, por ejemplo, deben aceptar algunas condiciones, como trasladarse de un hospital a otro donde la aseguradora tenga convenio o adonde elija el paciente, de acuerdo con el tipo y alcance financiero de su póliza. No siempre están cerca y tampoco se toma en cuenta lo que eso significa para los doctores, comentó.
Los seguros también encarecen el costo de la medicina privada, por la existencia de un gran aparato administrativo entre los hospitales y las aseguradoras. Todo forma parte del escenario de la medicina privada, indicó.

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La SRE da por terminado el diferendo sobre tortura con el relator de la ONU


Ciro Pérez
 
Periódico La Jornada
Lunes 6 de abril de 2015, p. 14 

El Estado mexicano tiene un compromiso ineludible con la protección y la promoción de los derechos humanos, aseguró la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al hacer una serie de aclaraciones en torno al informe de Juan Méndez, relator sobre el tema del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –quien aseguró que la tortura en México es generalizada– en ocasión de la visita que realizó en 2014, y con las cuales da por terminado el diferendo.
En un extenso comunicado, destaca que esta disposición se acredita con el trabajo de todos los órdenes de gobierno de los años recientes enfocado a fortalecer el marco jurídico e institucional que le da respaldo y lo garantiza.
Al mismo tiempo, México reconoce, sin la menor ambigüedad, que existen retos significativos para lograr, en los hechos, una mejor y más amplia protección de los derechos humanos en el país. En particular, se reconoce que la tortura constituye una práctica a la que todavía se recurre en distintas formas y que no ha sido del todo erradicada.
Destaca que la SRE valora positivamente la visita y las recomendaciones del relator y por lo mismo interesa que sus diagnósticos sean objetivos. Sobre el particular la dependencia subrayó lo siguiente:
• La plena cooperación [del gobierno] durante la visita está reconocida por el relator en su informe.
• El Código de Conducta al que están sujetos los relatores requiere de ellos que “al expresar sus opiniones… [deben] indicar también con imparcialidad las respuestas proporcionadas por el Estado de que se trate. Catalogar la posición de la SRE como presión va contra el espíritu y la letra de este código”.
• Existen discrepancias con algunas de las valoraciones vertidas por el relator, tanto en el informe como en las declaraciones que le han seguido.
• Una de ellas es la valoración de que en México existe una práctica generalizada de la tortura, en un contexto de impunidad, que involucra a todas las fuerzas del orden. Esta valoración no corresponde a la realidad.
• El relator define el término generalizado como actos que no son aislados. Esto contrasta con la definición ordinaria del término y con su acepción jurídica internacional.
• El relator realizó visitas a centros penitenciarios, de arraigo, de readaptación para menores y estaciones migratorias. Muchas de ellas se realizaron sin previa cita.
• El relator asegura categóricamente que no recibió en ningún momento denuncias de tortura.
• Indica que, cuando se lleva a cabo, la tortura se realiza entre el momento de la detención y la puesta a disposición de la persona ante el juez. Nuevamente, todo esto no es congruente con la afirmación de que la tortura se practica en forma generalizada.
• El señor Méndez transmitió los datos sobre 14 casos de tortura. Se ha proporcionado información sobre el estado que guarda la investigación correspondiente en 12 de ellos.
• Esto último reduce innegable y significativamente el universo de casos donde se alega esa práctica.
• Otra inconsistencia radica en una de sus declaraciones, según la cual el relator recogió cientos de testimonios, incluidos niños y niñas, que dijeron haber sufrido actos de brutalidad durante su detención.
• Ante esta grave afirmación, la SRE transmitió al relator la preocupación de esta dependencia de que mencione tortura hacia niños sin compartir la información que lo lleva a esta conclusión.
• Esta afirmación no se sostiene en lo descrito por el relator en su informe, en el cual hace referencia únicamente a pobres condiciones de infraestructura y malos tratos, pero en ningún momento se refiere a tortura.
• El relator es inconsistente entre lo que afirma de manera pública, en los medios de comunicación y lo que refiere en su informe final.

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Bolivia: revés electoral a Evo

Evo Morales, presidente de Bolivia. Foto: AP
Evo Morales, presidente de Bolivia.
Foto: AP
LA PAZ (apro).- De la satisfacción nacida en la victoria a la decepción gestada por la derrota: el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha cambiado de un ánimo a otro en apenas 168 días, los que separaron las elecciones generales del 12 de octubre de 2014 y las elecciones para alcaldes y gobernadores del pasado 29 de marzo, que reconfiguraron el poder político del país.
“Nos hemos ganado la confianza de todos los bolivianos”, dijo Morales el año pasado, exultante, al celebrar su triunfo con 61.3% de los votos, lo que además permitió a su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), contar con una mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa y la libertad de aprobar cualquier norma sin el concurso de la oposición.
“Lamento mucho que en La Paz hayamos perdido las elecciones”, afirmó con un gesto de pesadumbre Morales el pasado 30 de marzo, un día después de las elecciones, aludiendo a la derrota más significativa de su partido, la que se registró en el departamento de La Paz, que, sin embargo, no fue la única.
Bolivia está divida en nueve departamentos (La Paz, Santa Cruz, Oruro, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Potosí, Beni y Pando), en los que el domingo 29 de marzo se votó para elegir gobernadores y también alcaldes de las capitales departamentales, así como de El Alto (la segunda ciudad más poblada del país después de Santa Cruz) y otros 329 municipios.
Los resultados explicaron la pesadumbre de Morales: la oposición triunfó en las alcaldías de siete de las nueve capitales departamentales (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Oruro y Trinidad y Cobija), además de El Alto, y ganó en tres gobernaciones: La Paz (sede de gobierno), Santa Cruz (el motor económico de Bolivia) y Tarija (generadora del principal producto de exportación del país, el gas natural).
Cuatro gobernaciones se quedaron para el MAS (Cochabamba, Oruro, Potosí y Pando), mientras en la de Chuquisaca, donde también ganó el oficialismo, deberá recurrirse a una segunda vuelta electoral porque la victoria no fue superiores al 50% más uno de los votos o con una diferencia de 10% del primero al segundo lugar, como determina la norma electoral. Se estimaba que ello también podría ocurrir en El Beni. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición (jueves 2) aún no concluía el cómputo de los votos en ese departamento.
En comparación a las anteriores elecciones de gobernadores y alcaldes, realizadas en el 2010 –llamadas también subnacionales–, el MAS bajó además su número de votos en 8 gobernaciones (sólo mejoró en Pando) y en ocho de las 10 alcaldías más importantes del país (subió el apoyo mínimamente en La Paz y significativamente en Trinidad, capital de Beni).
“El MAS otra vez se ha ratificado como el partido más grande de la historia en las elecciones”, aseguró Morales, aunque para los analistas este diagnóstico se trata de una verdad a medias: evidentemente el MAS ganó en la mayoría de las 339 alcaldías del país, pero en las que perdió habitan más de la mitad de los 10 millones de habitantes de Bolivia.
“Por supuesto que perdió”, dijo el experto en temas electorales Armando Ortuño, para quien “el único consuelo es que (Evo) seguirá siendo el más grande del barrio en medio de una heteróclita colección de opositores”.
Triunfador en las elecciones de 2005 (53.7%), 2009 (64.2%) y 2014 (61%), Morales no tiene aún rivales de peso que puedan disputarle la presidencia del Estado, y al concluir su actual gestión, el 2020, se habrá convertido en el mandatario que por más tiempo ha gobernado Bolivia a lo largo de su historia, con 14 años de gestión ininterrumpidos (2006-2020).
Morales, según sus declaraciones, tenía la confianza de ampliar esa hegemonía en las gobernaciones y alcaldías, pero el resultado de las recientes elecciones marcó nuevas fronteras políticas. Éstas aún no ponen en riesgo el liderazgo nacional del MAS y de su líder, pero obligan a oficialistas y opositores a entender el mensaje de los electores.
El intento de desentrañar las causas de la reciente derrota política del MAS en varias regiones de Bolivia encuentra respuestas en tres variables, según los analistas: el rechazo del elector al poder total, la confianza en nuevos liderazgos y la crítica a la ausencia de independencia en los poderes del Estado, visualizada en la que se considera como una “parcializada” conducta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el organismo responsable de organizar los procesos electorales.
El mensaje de las urnas
“Está claro que las elecciones subnacionales no son iguales ni tienen las mismas valencias de las elecciones generales, pero algo dicen del pensamiento de la gente. Y lo que dicen es que no se mira bien el exceso de concentración del poder, ni se acatan de buen agrado los mensajes centralistas del gobierno”, explica el analista político Carlos Toranzo.
La pérdida de la gobernación de La Paz y de la alcaldía de El Alto para el MAS parecerían dar la razón a Toranzo. Ambas estuvieron siempre bajo el control del oficialismo desde que el 2006 se inauguró el gobierno de Morales y eran consideradas sus “plazas fuertes”.
El Alto fue el estandarte más simbólico de Morales, ya que en esa ciudad germinó el movimiento político que logró echar del poder al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y abrió el camino para que dos años después el MAS triunfara en las elecciones e inaugurara un nuevo ciclo que, mediante una Asamblea Constituyente, transformó la Constitución y fundó el Estado Plurinacional de Bolivia.
En esa ciudad el gobierno construyó un teleférico que la vincula con La Paz, a un costo de 234 millones de dólares, inaugurado a mediados de 2014. Con esta mega-obra como telón de fondo, el MAS postuló sin éxito al alcalde de El Alto, Edgar Patana, a la reelección. Soledad Chapetón, candidata de Unidad Nacional (UN) ganó con 55%, mientras Patana obtuvo 31%.
Para la gobernación de La Paz, en tanto, el MAS seleccionó como candidato a una mujer indígena, Felipa Huanca, que obtuvo apenas 18% de los votos frente a 52% logrado por Félix Patzi, candidato de la agrupación Solidaridad y Libertad (SOL.bo). La alcaldía de La Paz también fue ganada por un candidato de SOL.bo, Luis Revilla, con 59% frente a 38% del candidato del MAS, Guillermo Mendoza, lo que le permitió al primero asegurarse la reelección.
Antes de las elecciones, como una forma de presión al electorado, Morales había advertido que no trabajaría con los candidatos opositores que resulten electos. “¿Cómo voy a poder trabajar por la ciudad de El Alto con la gente de la derecha? Si quieren más obras, acá está Edgar Patana; si quieren más obras, acá está Felipa Huanca”, señaló.
A la pérdida de La Paz y El Alto se sumó la ratificación del predominio opositor en las gobernaciones y alcaldías de Santa Cruz y Tarija.
“Los resultados de las urnas muestran cómo buena parte de la población apostó porque no haya un poder absoluto –el del MAS- sino que advirtió la necesidad de generar pesos y contrapesos en los niveles departamental y municipal. La Paz y Santa Cruz, los dos centros neurálgicos del país, poseen ahora gobernadores y alcaldes de ciudad capital de la oposición. Eso no es poca cosa, es un trauma para el poder central”, evalúa Toranzo.
El papel del árbitro
Otro de los elementos que impactó el proceso electoral fue la inhabilitación de la opositora Unidad Demócrata (UD) y sus 228 candidatos en el departamento del Beni, apenas nueve días antes de las elecciones subnacionales, sacando de carrera al opositor Ernesto Suárez, candidato a gobernador, quién según las encuestas se perfilaba como ganador de los comicios.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) retiró la personería jurídica a UD, inhabilitando a todos sus candidatos, debido a que esa fuerza política difundió el 2 de marzo resultados de una encuesta no autorizada, que le otorgaba la victoria.
El organismo electoral respaldó su decisión en el artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral que señala: “Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”.
La normativa y la sanción fueron consideradas como “excesivas” por la oposición e incluso por el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, mientras el MAS sostuvo que el TSE únicamente se limitó a aprobar la norma.
La inhabilitación de UD generó una situación inédita para un proceso electoral: la papeleta electoral para la gobernación de Beni ya se encontraba impresa y, según el TSE, era imposible reimprimirla 9 días antes de las elecciones, retirando el nombre y la fotografía de Suárez.
Entonces, Suárez, el candidato inhabilitado, acordó con otro candidato a gobernador por la agrupación NACER, Willy Mae, que este renunciara a su postulación, para inscribir como nuevo candidato por esa sigla (NACER) a otro postulante, Carlos Dellien.
Con estos cambios, el elector de Beni votó en una papeleta electoral en la que dos de los candidatos que allí figuraban (Suárez y Mae) no participaban (uno por inhabilitación y otro por renuncia), mientras otro, Dellien, ni siquiera aparecía, aunque quienes querían votar por él debían marcar la casilla de la agrupación NACER (donde estaba la foto de Mae).
Con este enredado panorama para el elector, la victoria en la gobernación del Beni correspondió al MAS y a su candidato, Alex Ferrier, aunque con una diferencia menor a 10 puntos respecto a Dellien, por lo que ambos deberán enfrentarse en una segunda vuelta electoral, esta vez con una papeleta que sí incluirá el nombre y fotografía de candidatos reales.
La confusión generada por este caso no se quedó en la simple anécdota, ya que la decisión del TSE fue interpretada como una grave anomalía, salpicada de intereses políticos, pese a estar justificada legalmente.
La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante un informe oficial, lamentó la inhabilitación de los 228 candidatos de UD.
“La misión lamenta la cancelación de la personería jurídica de una alianza política en el departamento del Beni. La misión considera importante que se promueva un debate político y legislativo, a fin de salvaguardar las prerrogativas cívicas establecidas en los tratados internacionales y la Constitución”, expresó en un comunicado.
A estas observaciones se sumó el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Denis Racicot, quién declaró a la Agencia de Noticias Fides (ANF) que trabajó en numerosos procesos electorales de varios países, “pero nunca he visto semejantes situaciones”, en alusión a la inhabilitación de UD.
“En los países con mayor seguridad jurídica no se permite que a último minuto se saque del proceso (a candidaturas), y la situación en Bolivia es que en muchos casos una persona puede votar por una foto y un nombre, y en realidad se está votando por otro candidato, y es una situación bastante inédita”, expresó Racicot.
Y mientras las protestas de Suárez por su inhabilitación fueron consideradas como “lloriqueos” por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, algunos analistas vislumbraron consecuencias más complejas.
“Después de usurpar funciones legislativas, al excluir a candidatos opositores que fueron legisladores, el TSE aplicó ciega y unilateralmente la cancelación de personería a quienes publicaron una encuesta, cerrando los ojos ante la misma infracción cometida por el MAS y calló en todos los idiomas ante un delito electoral y democrático mayúsculo, cual es la intimidación de millones de electores, amenazados con el corte de recursos públicos si apoyaban a opositores”, expresó Roger Cortes Hurtado, Director e Investigador del Instituto Alternativo.
Un enfoque similar tiene el analista Iván Arias Durán, para el que “el TSE ha llegado al tope de su incompetencia y credibilidad. Urge cambiar la ley electoral, cambiar a los miembros de este órgano y buscar su autonomía e independencia de las injerencias políticas, que han terminado de minar en su confiabilidad y respetabilidad.
Hoy la ciudadanía ha visto estupefacta cómo las inhabilitaciones e impugnaciones se han convertido en una herramienta para destruir a siglas y candidatos.
“Nunca antes en la historia electoral, de hace más de 30 años, habíamos tenido algo parecido a lo que ocurrió con Beni. Las inhabilitaciones se han convertido en chacota electoral”, expresa Durán.
Luces de alarma
La victoria de la oposición en las ciudades y regiones más importantes del país ha encendido luces de alarma en el gobierno de Evo Morales, aunque varios de sus representantes creen que con las próximas elecciones aún distantes (deberán cumplirse el 2019), no hay motivos de inquietud.
El fuerte liderazgo de Morales, la inexistencia de un opositor que hoy sea capaz de hacerle frente, el control del poder legislativo y la condescendencia del poder judicial, más una economía en crecimiento que proporciona una sensación de bienestar, hacen difícil pensar en que un jaque al MAS esté cerca.
“La suma de victorias regionales no configura, ni augura –por sí y automáticamente– una victoria nacional del mosaico opositor. Después de estas elecciones todavía existe un solo partido de alcance nacional (el MAS)”, sostiene Cortes.
Su comentario está respaldado por el hecho de que fueron 11 distintos partidos opositores los que triunfaron en las principales alcaldías y gobernaciones, incapaces de aglutinarse en un solo frente político.
Pero existen señales importantes que modifican el panorama político: ahí está, por ejemplo, el surgimiento de jóvenes liderazgos opositores en La Paz, El Alto, Cochabamba y Tarija con posibilidades de fuerte proyección; el estupor nacional e internacional ante un Tribunal Electoral que se percibe como parcializado, y la evidencia de que el MAS es vulnerable y perecedero, como lo demuestran sus derrotas en La Paz y El Alto.
“Desde hoy empieza la carrera al 2019. El régimen, bajo el pretexto de cambiar la justicia, buscará cambiar la Constitución para que se abra la reelección indefinida. La oposición, por su parte, tendrá que buscar su rearticulación en función de un pro Bolivia en base a los nuevos liderazgos, tarea que fue muy difícil hasta ahora”, dice el analista Iván Arias.
Las nuevas autoridades electas (gobernadores y alcaldes) asumirán funciones el próximo mes de junio. A partir de entonces, se inaugurará también un renovado tiempo político en Bolivia.
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