jueves, 9 de abril de 2015

Naciones árabes, interesadas en la reforma energética

A. Becerril y V. Ballinas
 
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de abril de 2015, p. 12
El embajador de Kuwait en México, Sameeh Essa Johar Hayat, dijo que las naciones árabes han abierto más embajadas en el país porque ya es tiempo de aprovechar las reformas estructurales recientemente aprobadas, entre ellas la energética. Destacó que, de entrada, la empresa kuwaití Foreign Petroleum Exploration Company firmó un acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex). Ello, agregó, es nada más el comienzo. Se trata, insistió, al hablar durante la inauguración de la Semana Arabe en el Senado, del primer acuerdo petrolero con Pemex, después de la reforma que abrió los hidrocarburos al capital privado. 

Aprueban en comisiones permisos para armar a agentes de EU en México

PROCESO 

8 de abril de 2015
Destacado
Un agente estadunidense en Huitzilac, Morelos, después de un ataque en agosto de 2012. Foto: Eduardo Miranda
Un agente estadunidense en Huitzilac, Morelos, después de un ataque en agosto de 2012.
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (apro).- Con sólo dos votos, la mayoría de los legisladores de PAN y PRI aprobó reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para permitir que agentes aduanales y migratorios de otros países, especialmente de Estados Unidos, puedan portar armas en territorio nacional.
Durante el breve debate en comisiones, los senadores Alejandro Encinas y Manuel Bartlett argumentaron en contra de estas modificaciones destacando la falta de reciprocidad en la legislación estadunidense y los riesgos para la soberanía nacional.
“Es un sometimiento a los intereses norteamericanos lo que están viendo aquí, y realmente es ridículo oír esos argumentos y ver esta iniciativa, que en realidad no tiene nada. No hay una sola justificación para las armas, una sola”, acusó Bartlett.
El legislador del PT insistió en que esta reforma es una exigencia de Estados Unidos “y es absurdo que no lo discutan abiertamente, sino que inventemos que el comercio y que el turismo y que va a llegar hasta sus últimas”.
A su vez, el senador Alejandro Encinas recordó que una reforma de esta naturaleza traerá problemas en su implementación con el ámbito y legislación locales. Mencionó el caso del alguacil de Maricopa, Estados Unidos, Joe Arpaio, o la existencia de la Patrulla Fronteriza abreindo uego contra mexicanos, o los grupos de “cazadores” de migrantes, entre otros.
“En lo personal, creo que en nada se modifica o beneficia al turismo o al comercio tener agentes migratorios aduanales de otro país operando en territorio nacional, independientemente de que las armas no salgan del recinto migratorio o aduanal en el que esté operando”, abundó Encinas.
En defensa de las reformas, el senador del PAN, Héctor Larios, señaló que no es sólo para Estados Unidos y, si en este país no hay reciprocidad, “entonces no podremos aplicarlo con ellos”. Insistió que en el artículo 28 está explícita la necesidad de reciprocidad.
Luego defendió las reformas al señalar que son “absolutamente pertinentes”, sobre todo en materia de inspección migratoria y aduanal. Las armas se portarán “exclusivamente en el lugar de trabajo y no es para revisar a los mexicanos; es para revisar a cualquier persona que aborde un avión en el caso de un aeropuerto, que vaya con destino a otro país, para que el trámite migratorio no lo haga llegando a ese país”, justificó Larios.
Según el legislador panista, esto beneficiará “de manera importante los flujos de pasajeros”.
La priista Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, citó a la Secretaría de la Defensa Nacional para insistir que será una “portación temporal de armas”, siempre y cuando haya principio de reciprocidad. Los permisos durarán seis meses y estos servidores extranjeros “sólo podrán portar las armas que utiliza en su país de origen”.
Díaz precisó que esta reforma es sólo para agentes aduanales y migratorios “debidamente acreditados”, y “no hace extensiva esta prerrogativa a agentes diplomáticos, por lo que no existe el riesgo de que se pueda tergiversar el sentido de la iniciativa”.
Fuente

Demandan garantías de seguridad para el regreso de Napoléon Gómez Urrutia

Foto
Kemal Ozkan, dirigente de IndustriALL Global Union, y Sergio Beltrán Reyes, del sindicato minero, durante la conferencia de prensa sobre referentes de la vida sindical en MéxicoFoto Cristina Rodríguez
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Jueves 9 de abril de 2015, p. 13
El gobierno federal debe otorgar garantías para el retorno seguro a México del dirigente del Sindicato Nacional de Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, demandaron ayer líderes de centrales obreras internacionales, y sostuvieron que incluso ya se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto y con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, para hacerles esta petición.
En conferencia de prensa, los secretarios generales adjuntos de la central obrera IndustriALL Global Union, que agrupa sindicatos de más de 140 países, Kemal Ozkan y Fernando Lopes, así como el secretario regional de la organización, Jorge Almeida, expusieron que en México se persigue y ataca a gremios y dirigentes de organizaciones democráticas y no se respeta la libertad sindical.
Indicaron que en la reunión con el mandatario y el encargado de la política laboral del país solicitaron se garantice que el líder minero pueda libremente y con seguridad regresar al país, pero no ha habido respuesta. Los representantes gremiales agregaron que ya no hay ningún proceso legal contra Gómez Urrutia; todos los litigios fueron resueltos en favor del dirigente, pero no se le ha dado la exoneración política.
Al respecto, el secretario del interior, exterior y actas del sindicato, Sergio Beltrán Reyes, expuso que hubo señales que propiciaron que se detuviera el regreso del dirigente minero a nuestro país, porque no había condiciones plenas de seguridad para ello. Pero, además, por ejemplo, la autoridad judicial mantiene su casa vigilada, y cuando se supo que probablemente estaría en el país, llegaron innumerables patrullas a apostarse afuera del sindicato.
De igual forma, el gobierno federal sigue dando apoyo irrestricto a Grupo México, por encima de los derechos de los trabajadores. No obstante todo ello, afirmó que este mismo año llegará Gómez Urrutia a México.
Expuso que había el propósito de que el minero estuviera presente en la segunda reunión regional de los gremios afiliados a IndustriALL Global Union en América Latina, que se lleva a cabo en la sede de esta organización, sin embargo, de último momento se tomó la decisión de frenar esto, por la inseguridad que priva en el país y porque cualquier persona puede atentar contra la vida de otra.
A su vez Kemal y Lopes, representantes de IndustriAll, que tiene afiliados a 50 millones de trabajadores, sostuvieron que también en la reunión con Peña Nieto se planteó que su gobierno ratifique el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, referente a la libertad sindical. Esto porque mientras se persigue, ataca y agrede a gremios y dirigentes democráticos, no han dejado de crecer y multiplicarse los sindicatos de protección.
En dicho foro, los 200 representantes sindicales asistentes, acordaron: mantener la demanda de que el gobierno federal ofrezca garantías para el retorno seguro a México de Gómez Urrutia, y que se atienda el problema de los jornaleros agrícolas de San Quintín.
Sergio Beltrán dijo que Gómez Urrutia ha sido respaldado por otros gobiernos y que incluso podría regresar acompañado del primer ministro o presidente de otro país. Agregó que no tiene ningún temor de nuevas demandas, y que no viene a pelear ni a venganzas, sino a trabajar por el sector minero.

Fuente

Apoya Mancera a jornaleros de BC… e ignora a bomberos del DF

PROCESO 


8 de abril de 2015
Destacado
Jornaleros de San Quintín protestan en el muro fronterizo. Foto: Xinhua / Guillermo Arias
Jornaleros de San Quintín protestan en el muro fronterizo.
Foto: Xinhua / Guillermo Arias
MÉXICO, D.F. (apro).- Tres semanas después de que jornaleros del Valle de San Quintín, en Baja California, iniciaron una huelga y movilizaciones en demanda de mejoras laborales, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, les envió una carta para ofrecerles “todo el apoyo para su negociación, siempre pacífica y por la vía legal”.
En una misiva fechada ayer y difundida por la Coordinación General de Comunicación Social del GDF, el mandatario local aprovechó las demandas de los jornaleros para recordar que él impulsa un “acuerdo nacional, más allá de los partidos, para establecer una política de trabajo digno y de recuperación salarial, en el norte lo mismo que en el sur de nuestro país”.
Y mientras se difundía esta postura, en la plancha del Zócalo el GDF ignoraba las demandas de un grupo de bomberos despedidos de manera injustificada –como aseguran–, por denunciar actos de corrupción dentro de la corporación dirigida por Raúl Esquivel.
A lo largo de dos cuartillas, Mancera Espinosa califica al movimiento de San Quintín como “legal y pacífico”. Dice que “ilustra muy bien la realidad laboral de los trabajadores mexicanos, es decir, la realidad de la jornadas completas, de sol a sol, con un pago muy precario y en condiciones muy desiguales –así sea mediante contrato individual o colectivo– frente a sus patrones”.
Redactada en tercera persona, les dice que “por fortuna” ellos no ganan el salario mínimo, pero que sabe que para lograr un incremento de 100 0 120 pesos diarios de pago, han tenido que “sacrificar” prestaciones como aguinaldo y vacaciones, bajo situaciones “absolutamente ajenas a un país que se dice democrático y se requiere moderno y solidario”.
Luego, de plano se lanza:
“Queremos decirles que su reivindicación es la nuestra, porqué (sic) desde hace un año, hemos insistido en todos los foros que el problema de la economía y del mercado laboral en México no radica sólo en los mercados informales, sino precisamente, en los mercados formales, de decir, allí y donde existe un contrato firmado, un vínculo jurídico, entre empresas y trabajadores”.
Mancera insiste en que las demandas de los jornaleros “son las nuestras, porque exhiben que el producto de su trabajo alcanza y sobra para mantener precios competitivos y ganancias suficientes a sus empresas. Por tanto, el problema no es la ‘productividad’ de la mano de obra, sino la redistribución del fruto del trabajo, ganado honestamente”.
Sus exigencias, agrega, confirman que el precio (sic) que cada año se decreta para el salario mínimo, “coloca a las negociaciones laborales en una desventaja inaceptable para los trabajadores de más bajos sueldos, de tal manera que para contar con dinero líquido –el día a día– están dispuestos a renunciar a otras tantas prestaciones constitucionales, elementales para una vida digna”.
Luego asegura que el movimiento jornalero “arroja luz a una situación que desde el Gobierno de la Ciudad de México hemos señalado insistentemente: el mercado laboral formal produce pobres, incluso pobres extremos. Y este es el mensaje que nuestra economía necesita erradicar”.
Por el contrario, asegura, lo que “la sociedad y el pacto social requieren con urgencia, es la certeza de que el trabajo duro, el trabajo honesto, el trabajo legal, sirve para salir de la pobreza, de la pobreza alimentaria, de la pobreza de hambre”.
Miguel Ángel Mancera finaliza la misiva al decir que “desde la capital del país, les ofrecemos todo el apoyo para su negociación, siempre pacífica y por la vía legal. Su empleo ha venido a demostrar que la situación social mexicana, la de sus trabajadores de más bajos salarios, es insostenible e inaceptable, y que requerimos con urgencia un cambio, un Acuerdo nacional, más allá de los partidos, para establecer una política de trabajo digno y de recuperación salarial, en el norte lo mismo que en el sur de nuestro país”.
Protesta en el Zócalo
Ayer por la tarde, mientras Mancera remitía esta misiva de apoyo a los jornaleros de Baja California, frente a su oficina del Antiguo Palacio del Ayuntamiento un grupo de bomberos despedidos injustificadamente, según su dicho, permaneció más de siete horas en espera de que representantes de su administración los recibieran para exponer su situación laboral.
En al menos seis mantas denunciaron “corrupción” al interior del Heroico Cuerpo de Bomberos:
“El director general Raúl Esquivel Carvajal y el secretario general del sindicato Ismael Figueroa premian a 50 representantes sindicales con un ‘tour por Europa’ por participar en el despido de 100 bomberos de experiencia, haciéndoles mobbing laboral y, a las bomberas, acoso sexual”.
Se trata de los mismos bomberos que el 18 de marzo fueron agredidos por sus “compañeros” de corporación, luego de atender una emergencia por un incendio en las inmediaciones de la Central de Abasto.
Como Apro lo documentó con videos y testimonios, los ‘tragahumo’ pertenecientes a la central de Iztapalapa agredieron con piedras y palos a sus compañeros que, para ese entonces, todavía estaban asignados a la Central de Abasto, pero que a raíz de ese incidente fueron retirados, según les argumentaron, “por su seguridad”.
Luego del incendio que el martes por la mañana consumió cuatro secciones de la nave de flores y hortalizas de la Ceda, los bomberos despedidos se plantaron frente a la oficina de Mancera para pedir una audiencia con el jefe de gobierno.
Según informaron a esta agencia, una mujer identificada como Nayeli Burgos, del área de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno del DF, les ofreció reunirse con el titular de la dependencia, Héctor Serrano.
No obstante, las horas pasaron y, a las 11 de la noche, decidieron retirar la manifestación, luego de ser agredidos por policías capitalinos.
Fuente

En 10 años, México tendrá déficit sobre la formación de profesores

Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Jueves 9 de abril de 2015, p. 30
México enfrentará en menos de una década un déficit en la formación de profesores de primaria y secundaria, debido al acelerado proceso de jubilación que incentivó la reforma educativa, mediante el Servicio Profesional Docente (SPF), advirtió el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
En su informe Los docentes en México, resaltó que en 2023 poco más de 220 mil docentes podrían haber optado por la jubilación. A ello se suma que no todos los egresados normalistas cumplirán con los criterios de idoneidad establecidos por el INEE para ingresar al servicio docente, debido a los bajos desempeños académicos.
Sylvia Schmelkes, presidenta del organismo autónomo, quien presentó el informe ante integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, reconoció que las vacantes que se generarán en primaria (48 mil 212) y en secundaria (33 mil 306) superarán por mucho a los egresados normalistas, que serían 9 mil y 8 mil, respectivamente.
Tenemos un riesgo alto, porque se supone que quienes están formando a los nuevos profesores son las normales, pero si hay muchas más vacantes que egresados de esas escuelas significa que quienes ingresen al servicio docente saldrán de las instituciones de educación superior, los cuales no tienen formación en pedagogía.
Reconoció que cada vez menos jóvenes se interesan por la carrera magisterial, debido, entre otros factores, a las características del mercado laboral, el sistema de ingreso al servicio docente –mediante pruebas estandarizadas–, los salarios y las expectativas de mejora a largo plazo, que han hecho de la docencia una profesión poco atractiva.
Schmelkes informó que se prevé una reducción cercana a 30 por ciento en el número de aspirantes a ingresar a la educación normal. A esto se suma, dijo, una disminución de la matrícula, pues sólo se ocuparon en los pasados dos ciclos escolares 72.6 por ciento de los lugares disponibles, muy probablemente a consecuencia de la nueva legislación en materia docente.
En el reporte, agregó la presidenta del INEE, se destaca que 59 por ciento de quienes asisten a las escuelas normales públicas –en su mayoría mujeres– provienen de familias pobres, cuyos ingresos se ubican por debajo de la línea de bienestar mínimo de la canasta alimentaria, situación que se agrava para quienes cursan una licenciatura de educación primaria intercultural, es decir, para los futuros profesores indígenas.
Está condición socioeconómica desfavorable, afirmó, incide en los bajos resultados académicos alcanzados por los estudiantes normalistas, ya que la formación que imparten las escuelas normales deja mucho que desear, pues más de la mitad de sus estudiantes alcanzan resultados insuficientes en los exámenes que se aplican a la mitad y término de la carrera.
Propuso transformar a mediano plazo las 484 normales del país –279 públicas– para convertirlas en instituciones de educación superior, pero también revisar a fondo el currículum de la educación normal y de los formadores de docentes en la manera en que se les selecciona, forma y contrata en las normales.
Por ello se deberá crear un esquema para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los formadores de docentes, y que las materias disciplinares de la carrera magisterial las impartan las universidades, mientras las pedagógicas y didácticas estén a cargo de profesionales de la educación.
En entrevista, Schmelkes también reconoció que evaluaciones como Planea, que sustituyeron a Enlace para alumnos de educación básica y media superior, no se aplicarán este año en entidades como Oaxaca, luego que las autoridades educativas estatales le informaran al INEE que no hay condiciones para llevarlas a cabo.
Momentos antes, reconoció ante legisladores que las protestas magisteriales sí afectan los procesos de evaluación, y recordó que en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos aplicado en 2013 no se obtuvo 100 por ciento de los datos en Oaxaca, Michoacán y Guerrero.

Fuente

Grupo Higa también le hace encuestas al gobierno de Peña

PROCESO 


9 de abril de 2015
Destacado
La página web de Grupo Higa.
La página web de Grupo Higa.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Más allá de la obra pública, la renta de aeronaves o la construcción y financiamiento de residencias para la familia del presidente Enrique Peña Nieto y su círculo cercano, las empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú, integrantes o no de Grupo Higa, se diversificaron y buena parte de ellas colabora con el gobierno federal.
La más antigua de las razones sociales registrada por Hinojosa Cantú, Publicidad y Artículos Creativos, S.A. de C.V. (Pacsa), una imprenta con domicilio en Toluca, Estado de México, se convirtió este sexenio en casa encuestadora o especialista en diagnósticos de opinión para el gobierno federal.
De acuerdo con el contrato CNA-GRM-032/2013, signado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pagó 1 millón 972 mil pesos a dicha empresa con el objeto de realizar “un diagnóstico de la opinión sobre el cumplimiento a los programas y compromisos gubernamentales de la Conagua”.
El contrato se rubricó el 26 de junio de 2013 y los servicios se realizarían el mes inmediato posterior a la firma.
La copia del documento fue obtenida mediante una solicitud de información (Folio 1610100250614) y en sus anexos se expone que la empresa se obliga a realizar “un sondeo de opinión” especializado. El registro de datos debía servir como base para elaborar un informe “sobre los rubros técnico y social de las obras y/o acciones que se lleven a cabo en la ejecución cotidiana de la Conagua”.
Además, el sondeo y su informe debían integrar el “catálogo de conceptos, ruta crítica y desglose de costos, ya sea para compromisos gubernamentales, estadísticas hidráulicas y/u opinión de servicio”.
La encuesta de Higa
Pacsa es una de las empresas que Grupo Higa, en su página de internet, reivindica como integrante de su corporativo. A diferencia de las numerosas razones sociales que posee Juan Armando Hinojosa Cantú, descubiertas en los últimos meses como beneficiarias de contratos de obra que no se incluyen en la presentación digital del corporativo, la imprenta conforma su división publicitaria.
Según los datos que la página de Grupo Higa despliega sobre Pacsa, nada tiene que ver con estudios de opinión: sólo es una imprenta que presume de tener capacidad para imprimir 5 mil metros cuadrados diarios.
No obstante, los servicios que le contrataron incluyen el diseño de los sondeos, el plan de estudio e investigación, la realización de una prueba piloto, y codificación y procesamiento de datos con su correspondiente análisis y procesamiento, para finalmente entregar un informe de resultados.
Entre los temas prioritarios que se le asignaron a Pacsa en el contrato destaca la medición del nivel de conocimiento y aceptación de los programas contra sequías e inundaciones; la Cruzada Nacional contra el Hambre, en lo que corresponde a cobertura de agua potable y drenaje; opinión sobre el Sistema Meteorológico Nacional y sobre los compromisos presidenciales.
La medición estaba dirigida a Tabasco, Guerrero, Coahuila y Michoacán, y por lo expuesto en el contrato los resultados servirían internamente a la Conagua, así que no se hicieron públicos.
Empresas sin publicidad
La búsqueda de información sobre las razones sociales de Juan Armando Hinojosa Cantú es compleja. Además de las numerosas empresas que tiene registradas y son poco conocidas, en las plataformas públicas para la transparencia –como el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) y Compranet– aparecen indistintamente con el nombre completo o con abreviaturas.
Es el caso de Autopistas de Vanguardia, que en ocasiones sólo se registra como Autovan, y también el de Publicidad y Artículos­ Creativos, que a veces aparece como Pacsa.
No obstante, los registros del POT sólo arrojan dos contratos con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que juntos apenas superan los 300 mil pesos.
Como la empresa de taxis aéreos de Grupo Higa, Eolo Plus, la mencionada Pacsa fue desde hace años proveedora del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En 2009, este partido le otorgó un contrato cercano al millón de pesos. De acuerdo con los registros públicos, en 2013 le pagó sólo 144 mil pesos, y en 2014, 92 mil pesos más.
En los diferentes contratos localizados, los servicios de Pacsa sólo corresponden a la proveeduría de artículos publicitarios, es decir, de impresión. Todo cambia con el contrato firmado con Conagua, en la que aparece como realizadora de estudios de opinión.
No obstante, en dicho documento se establece que cuenta con los recursos técnicos, materiales y humanos para realizar el sondeo que la dependencia, cuyo titular es David Korenfeld, le encargó.
Fuente

Robo perfecto en Sinaloa: sacan de una minera 8.4 mdd en oro

Foto
Vista panorámica de la mina El Gallo 1, en el municipio de Mocorito, Sinaloa, donde un comando armado hurtó 7 mil onzas de oroFoto Javier Valdez
Javier Valdez Cárdenas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 9 de abril de 2015, p. 24
Culiacán, Sin.
Un comando se llevó 900 kilogramos de concentrado aurífero, con un contenido de 7 mil onzas de oro –que alcanzaría en el mercado un valor de unos 8.4 millones de dólares– de la mina El Gallo 1, ubicada en la zona alteña del municipio de Mocorito, dio a conocer la empresa McEven Mining, de origen canadiense.
Es extremadamente decepcionante reportar que un robo a mano armada se produjo hoy en nuestra mina El Gallo 1, en Sinaloa, México, declaró la firma en un comunicado emitido el martes.
Fuentes de la empresa revelaron que un comando armado llegó hasta la bóveda, la cual se encontraba abierta, y sustrajo el mineral.
Llegó gente armada y se metió a la bóveda. No la forzaron, sino que estaba abierta; así la dejan a veces porque están trabajando; como hay seguridad, nunca pensaron que se iban a meter y a asaltarlos, señaló un empleado, quien solicitó el anonimato por temor a represalias.
En la zona, el grupo armado que realiza actividades ilícitas es comandado por Orso Iván Gastélum, conocido como El Cholo, quien es operador del cártel de Sinaloa en los municipios de Mocorito, Angostura y Salvador Alvarado.
Información de la empresa, cuyas operaciones se iniciaron en Sinaloa en 2013, indicó que las actividades se desarrollan normalmente y que no hubo trabajadores heridos.
Las autoridades judiciales, informó la firma canadiense, ya investigan el delito.
En Culiacán, Marco Antonio Higuera Gómez, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, informó que hay fuertes líneas de investigación para esclarecer este ilícito y dar con los responsables.
Manifestó que en Sinaloa hay certidumbre jurídica y de seguridad para las inversiones en diferentes giros de la economía.
La mina El Gallo 1 opera en las inmediaciones de la comunidad El Magistral, en la zona alteña del municipio de Mocorito. El general retirado Moisés García Melo, coordinador de Seguridad Estatal, aseguró que las diferentes corporaciones policiacas de la entidad implementaron un operativo para garantizar la seguridad de todas las mineras en Sinaloa, que suman 107 en los 18 municipios del estado, pero que se concentran sobre todo en los municipios de Mocorito, Concordia, Sinaloa, Cosalá y Choix.
En la capital sinaloense, Gerardo Vargas Landeros, secretario general de Gobierno, manifestó que el robo pudo perpetrarse con la participación de personas que conocían las operaciones de la mina, es decir, empleados o ex trabajadores de la misma.
Nadie puede sustraer una cantidad tan importante en oro; (el robo) fue premeditado, bien planeado y ordenado. Por esa posibilidad (de que hubo cómplices al interior de las instalaciones) existe la firme creencia de que podemos resolverlo, comentó Vargas, quien dijo confiar en que los responsables serán detenidos pronto por autoridades policiacas.
Alguien tiene que haber participado, alguien que conoce el movimiento de ahí adentro. Alguien que, si no está trabajando ahorita, lo hizo anteriormente. En este tema particular de la mina, alguien conocía perfectamente los movimientos de la empresa. Es algo muy fácil de deducir. Estoy seguro de que en la investigación deberá confirmarse esta hipótesis, comentó.
Versiones no oficiales indicaron que la empresa interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República por robo de minerales. En Mocorito, la firma McEven Mining desarrolla ocho proyectos de explotación, ubicados en los predios El Gallo, Magistral, Palmarito, Cobre Lomas, Revancha y Rocío, entre otros, dedicados a la explotación de oro y plata.
El robo, de acuerdo con fuentes de la minera, ocurrió alrededor de las 4 horas del martes, pero la empresa lo reportó a las 18 horas de ese día, mediante un boletín.
El alcalde de Mocorito, José Eleno Quiñónez López, comentó a reporteros que se enteró por los medios de comunicación, y aunque los directivos de la mina tienen forma de contactar directamente a jefes policiacos, no informaron del incidente.

Fuente

En 15 años se verán los daños del derrame petrolero de 2010 en el Golfo

PROCESO 


9 de abril de 2015
Nacional
MÉXICO, D.F., (apro).- El grupo interdisciplinario e interinstitucional que da seguimiento desde julio de 2010 al derrame provocado por la petrolera estadunidense British Petroleum (BP) en el Golfo de México prevé daños a largo plazo, en unos 10 ó 15 años, en aguas mexicanas.
En el primero y segundo año no se detectaron valores críticos de contaminación química, pero sí una tendencia a la alza de algunos metales pesados de crudo, lo que probablemente repercutirá, con mayor fuerza en 10 ó 15 años, en la cadena trófica, tanto de los organismos que habitan en la columna de agua, como los que se distribuyen sobre el fondo marino, así como de las especies migratorias como tortugas y delfines, advierten los especialistas.
El grupo de 45 investigadores, encabezado por Luis Soto González, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) de la UNAM, da seguimiento al derrame ocurrido en abril de 2010 en las costas del río Misisipi a mil 600 metros de profundidad al norte del Golfo, cuyas aguas y recursos son compartidos entre México, Estados Unidos y Cuba.
Y si bien el vertido de 4.5 millones de barriles sucedió en zona estadunidense, “no existen fronteras físicas que eviten que estos accidentes afecten a las costas nacionales”, afirma Soto González.
Por ello, desde julio de 2010 el grupo interinstitucional integrado por académicos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), de la UNAM, el Cinvestav del IPN, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), realizan un seguimiento “para evaluar el grado de afectación ambiental ocurrido a 800 kilómetros de distancia de los litorales mexicanos”.
El proyecto multidisciplinario incluye siete subprogramas de investigación oceanográfica tendientes a identificar el daño al ecosistema marino, mantener vigilancia de las condiciones oceanográficas e interpretar la información recabada para generar escenarios de cambio.
Para ello dividieron el Golfo en tres zonas: “la UNAM cubrió la parte norte-noroeste con los litorales de Tamaulipas y Veracruz; el CICESE la zona central y profunda, y el Cinvestav se responsabilizó de los efectos en la Península de Yucatán”, comenta Soto González.
Los estudios revelaron que el hidrocarburo salió “proporcionalmente a la superficie” pero el mayor volumen “sigue concentrado en el fondo del norte del Golfo” y puede ser dispersado por las corrientes hacia el sur, es decir, hacia aguas mexicanas.
“¿Cuánto duran las consecuencias de un derrame?, hemos proyectado que más de 25 años, porque el petróleo no se degrada con facilidad y los elementos tóxicos causan efectos severos a largo plazo en el ambiente marino”, alerta el especialista de la UNAM.
Uno de los problemas que enfrentan para saber con exactitud cómo afectará el derrame a aguas mexicanas es precisar qué patrones de dispersión y descomposición tiene el hidrocarburo a mil metros de profundidad.
“Ahí, la contaminación por petróleo es muy severa, hay mortalidad de peces, mamíferos y nuestro conocimiento es aún limitado. No tenemos muchas respuestas de cómo un sistema como el Golfo de México responde a un caso catastrófico; pero con optimismo esperamos que se pueda recuperar por sí solo”, confía el universitario.
Comenta que las instituciones académicas responsables de la investigación continúan el procesamiento de la información para dar respuesta y editar una publicación con un primer esquema de interpretación, “porque –advierte—los efectos del derrame se agravarán” en los próximos 10 ó 15 años.
Corren riesgo los organismos que habitan en la columna de agua, los que se distribuyen sobre el fondo marino, así como las especies migratorias como tortugas y delfines.
“Es un esquema integrativo que se contrapone a quienes dicen que el problema o consecuencias ambientales se restringen al norte del Golfo”, afirma.
Fuente