martes, 21 de abril de 2015

Pemex otorga multimillonario contrato a empresa propiedad de un diputado priista y denunciada por contaminar

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Jiquilpan, 19 de abril.- No obstante el amplio historial de contaminación en municipios veracruzanos considerados de alta marginación, Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgó con un multimillonario contrato a la empresa michoacana Alcoholera de Zapopan, propiedad del diputado priista por el cuarto distrito con cabecera en Jiquilpan, Salvador Romero Valencia.
De acuerdo con información proporcionada por Pemex, el pasado miércoles 8 de abril firmó un convenio para adquirir 123 millones de litros de etanol anhidro con seis empresas entre las que destaca la del diputado priist.
Lo anterior, pese a que apenas el pasado 23 de marzo campesinos del municipio veracruzano de Yanga volvieron a denunciar a la empresa de Salvador Romero por contaminar el pozo del que se abastece de agua la comunidad de La Concha.
La denuncia no es nueva, data desde el 2007 cuando los municipios de Atoyac, Carrillo Puerto, Cuitláhuac, Cotaxtla y Yanga acudieron a la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (Profepa) y ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a denunciar a la empresa de Salvador Romero Valencia.
Sin embargo, lejos de atender las denuncias de los habitantes de los municipios afectados por Alcoholera Zapopan en Veracruz, los afectados acusan que el diputado priista ha utilizado su influencia para detener las acciones de las autoridades en contra de su empresa y promover una extraña relación con Pemex, que se intensificó con la reforma energética.
Fruto de esa relación es el reciente contrato que la primera empresa productiva del Estado concedió a la firma del legislador priista, cuyo valor estima Pemex entre 8 mil millones y 11 mil 457 millones de pesos.
La situación generada por la empresa del diputado priista a la que Pemex concedió el contrato multimillonario es de tales proporciones que el caso ha ameritado la intervención del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
Desde octubre de 2013 el tribunal ha hecho suya la demanda de los ejidatarios veracruzanos afectados por la Alcoholera Zapopan y denuncia lo que denomina “Devastación Ambiental y Defensa Integral de la Cuenca del Río Atoyac en Veracruz” en un extenso documento.
El origen de la contaminación que ha generado Alcoholera Zapopan en Veracruz tiene que ver con el derrame en los cuerpos de agua de la región de la vinaza, subproducto residual altamente contaminante que se produce en los procesos que realiza Alcoholera Zapopan en la zona.
De acuerdo con los campesinos afectados el diputado, y director general de la empresa, sólo da largas al asunto y no resuelve, mientras que un gran número de ranas, sapos y otros animales están muriendo de manera sospechosa.
Lo más grave es que se están contaminado los canales de riego y arroyos que pasan por municipios como Yanga, Cuitláhuac, Atoyac y Paso del Toro.
“En nuestros manantiales y arroyos hay gente que se mete a nadar como atractivo turístico y hoy hasta en eso nos afecta la alcoholera, y súmenle lo afectado de algunos caminos a los cuales les iban a dar mantenimiento”, señalaron os afectados a la prensa local.
(Quadratín)

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Admite una juez acción colectiva contra Grupo México en Sonora

Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de abril de 2015, p. 12 

Este lunes, la juez federal Emma Gaspar Santana admitió a trámite una acción colectiva presentada por una asociación civil contra Grupo México, empresa a la que se atribuyen daños ambientales a los ríos Bacanuchi y Sonora, con el fin de que repare el daño ambiental causado en la región.
Hasta el momento, Grupo México ha pagado una multa de 40 millones de pesos impuesta por el gobierno federal y un depósito de 2 mil millones para un fideicomiso creado para reparar los daños.
Sin embargo, de prosperar este recurso de acciones colectivas el monto por reparación del daño se podría multiplicar considerablemente; más aún, si la juez Gaspar toma en cuenta que Grupo México tiene ventas anuales por más de 140 mil millones de pesos.
Los daños ambientales que se imputan a la empresa se ocasionaron luego del derrame de 40 millones de litros de ácido sulfúrico a los ríos Bacanuchi y Sonora.
En entrevista, el abogado Luis Manuel Pérez de Acha, quien junto con su colega David Álvarez redactó la demanda de acción colectiva, dijo que si materialmente fuera imposible reparar el daño ocasionado, al no poder dejar el medio ambiente sin contaminación tal como estaba ante de los derrames, Grupo México será condenado a pagar una indemnización millonaria destinada a un fondo administrado por el Consejo de la Judicatura Federal, cuyo monto seguramente rebasará el del fideicomiso de 2 mil millones de pesos.
El cálculo del monto será efectuado por la juez, quien podrá apoyarse con la opinión de expertos en temas ambientes y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El dinero sería repartido con base en lo que dispone el Código Federal de Procedimientos Civiles, que incluye desde 2012 las acciones colectivas.
El abogado David Álvarez, presidente de Acciones Colectivas de Sinaloa AC, indicó que la certificación de la demanda como acción colectiva es un paso decisivo porque, de dictarse sentencia a nuestro favor, Grupo México será condenado a reparar el daño ambiental causado, mediante las acciones que ordene el juez, cuesten lo que cuesten, y también lo obligará a implementar controles para que no se vuelva a repetir el daño ambiental.
Ambos abogados reconocieron que los obstáculos técnicos para la certificación de las demandas han sido una de las principales razones del poco éxito que han tenido las acciones colectivas.

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Juez ordena reunión MVS-Aristegui para este viernes


21 de abril de 2015
Destacado
Carmen Aristegui afuera de las oficinas de MVS Radio. Foto: Virgilio Passoti
Carmen Aristegui afuera de las oficinas de MVS Radio.
Foto: Virgilio Passoti
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El juez federal Fernando Silva ordenó a la empresa MVS y a la periodista Carmen Aristegui reunirse el próximo viernes 24 de abril a las 12 horas “a fin de que las partes lleguen a un acuerdo respecto a las diferencias suscitadas”.
De acuerdo con Silva, uno de los actuarios del juzgado deberá estar presente en la cita “a fin de que se constituya en el citado inmueble en la hora y fecha señaladas y de fe del acceso al inmueble a la quejosa y el mediador, así como de la celebración de la reunión correspondiente, debiendo levantar el acta”.
La reunión será mediada por el expresidente del extinto Instituto Federal Electoral José Woldenberg.
No obstante, la empresa MVS impugnó la suspensión dictada por el juez, de la que derivó la orden de celebrar dicho reunión.
Un tribunal colegiado de circuito integrado por tres magistrados resolverá dicha queja antes de las próximas 48 horas.

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Deja 2 muertos y más de 40 heridos desalojo de mineros en Michoacán

Dirigente gremial muestra videos en los que un jefe de la Policía Ministerial ordena disparar
Fox, culpable, por imponer a Elías Morales como líder del sindicato nacional: Maya Bucio
CARLOS TORRES, DANIELA MORALES, ANTONIO AGUILERA Y E. MARTINEZ
 

Apoyados por compañeros de otras plantas, los mineros en huelga lograron recuperar las instalaciones de Sicartsa Foto: Alfredo Domínguez

LA JORNADA

Lázaro Cardenas, Mich., 20 de abril. Dos mineros muertos y 41 lesionados, dos de ellos de gravedad, fue el saldo que dejó el desalojo efectuado hoy por 800 policías federales y estatales contra aproximadamente 500 trabajadores que se mantienen en huelga desde el 2 de abril en la empresa Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (Sicartsa), misma que fue recuperada más tarde por los obreros.
Durante la trifulca fueron incendiados el edificio Monarca, donde se archivaba la información administrativam y unos 30 vehículos de la empresa, así como algunos particulares, además de maquinaria pesada que utilizaron los trabajadores para replegar a los policías.
Eran aproximadamente las 7 de la mañana cuando los agentes de las policías Federal Preventiva (PFP) y Judicial del estado, además del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), ingresaron a la factoría con gases lacrimógenos y armas de fuego.
La presencia de los agentes, quienes entraron por la puerta trasera de la planta acerera, tomó por sorpresa a los obreros, quienes se encontraban atrincherados frente al acceso principal. La policía logró inicialmente que los inconformes se dispersaran.
Sin embargo, dos horas después arribaron más obreros, y con palos, piedras y varillas replegaron a los policías hacia el interior de la planta, por el mismo lugar donde llegaron.
En la refriega perecieron José Luis Castillo Zúñiga, trabajador de Sicartsa, y Héctor Alvarez Gómez, representante sindical en la comisión mixta de la empresa Mittal Steel; asimismo, resultaron gravemente heridos Luis Alberto Zárate, quien recibió un impacto de bala que le perforó el pulmón, y Cirilo Quiñones, con una lesión en el tórax por impacto de arma de fuego.
Este hecho ocasionó el cierre del comercio del primer cuadro de la ciudad. Las oficinas de la Administración Portuaria Integral, ubicadas a un costado de Sicartsa, fueron desalojadas desde las 10 horas. También fueron desocupados tres estibadores.
Mittal Steel, donde también laboran afiliados a la sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) pararon actividades en respaldo a sus compañeros agredidos y posteriormente apoyaron la recuperación de las instalaciones y el repliegue de los elementos de seguridad.
En la entrada de la empresa, que se encuentra bloqueada, todo el día se vivieron momentos de tensión ante el temor de una segunda agresión, al tiempo que vehículos y parte de las oficinas eran consumidas por el fuego.
Elementos del Ejército Mexicano y de la Armada de México mantienen bajo resguardo las áreas de alto riesgo, como Altos Hornos, Planta de Fuerza y Coquizadotra, según dijeron los propios trabajadores.
Felipe Manuel Maya Bucio, secretario de seguridad e higiene de la sección 271 del SNTMMSRM, informó de cinco mineros desaparecidos, pero al parecer fueron ingresados al Hospital Civil de Morelia, debido a que resultaron heridos; los otros 36 fueron llevados al hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro Social de Lázaro Cárdenas.
Maya Bucio señaló que el movimiento comenzó por la intromisión del gobierno federal en el sindicato minero, al desconocer a su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia. Nuestra petición a los Villarreal Guajardo (propietarios de la empresa) fue que se dieran las mismas condiciones en que se levantó la huelga en Mitta Steel: el pago total de los salarios caídos, que se retire cualquier demanda judicial contra los dirigentes del movimiento, la reinstalación de los trabajadores despedidos y que se reconozca a Gómez Urrutia.
La huelga empezó el 2 de abril en Sicartsa y sus filiales, además de Mittal Steel, donde hubo un arreglo el día 11, tras reconocer las negociaciones con la dirigencia gremial encabezada por Gómez Urrutia y el pago de los salarios caídos.
Bucio presentó videos que demuestran que el director de la Policía Ministerial, Jaime Liera Alvarez, "fue quien dio la orden de disparar a los pies y al aire", y hay trabajadores que cuentan con imágenes donde incluso se ve cómo disparan desde un helicóptero, comentó.
Recordó que el lunes pasado, durante una gira por Uruapan, Vicente Fox le aseguró personalmente que no habría ninguna agresión a los trabajadores, "pero 48 horas después vemos cómo el Presidente incumple su palabra: la respuesta desde Los Pinos fueron las balas", dijo.
En entrevista con La Jornada Michoacán, el dirigente afirmó que personalmente entregó a Fox el documento en que se señalaba las peticiones para destrabar el conflicto en la siderúrgica.
Marcha de mujeres familiares de los mineros
Aproximadamente a las 18 horas, más de mil mujeres, entre esposas, madres e hijas de los trabajadores, marcharon del Monumento al minero hasta la puerta dos de Sicartsa, donde se encuentran los huelguistas, para manifestarse en rechazo a la agresión.
Coreando consignas contra el Grupo Villacero, César Reyes (supuesto esquirol), el presidente Vicente Fox y la Secretaría del Trabajo, las manifestantes efectuaron un mitin donde aseguraron que saldrán de la empresa hasta que haya una negociación justa.
Agentes locales, codyuvantes de la PFP, asegura el gobierno del estado
El gobierno de Michoacán, encabezado por el perredista Lázaro Cárdenas Batel, se deslindó del homicidio de los trabajadores y del desalojo mismo. Los agentes del GOE -de la Secretaría de Seguridad Pública estatal-, dijo Enrique Bautista Villegas, secretario de Gobierno, iban "desarmados" y únicamente como "coadyuvantes" de la PFP, "a solicitud de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje", aseguró.
En un escueto comunicado, el gobierno local indicó que la intervención del GOE fue "para desbloquear la planta industrial", pero que al empezar el operativo los agentes fueron recibidos violentamente por los trabajadores en paro, lo que derivó en "un enfrentamiento que ocasionó daños en instalaciones, quema de vehículos y personas heridas de ambos grupos", además de la muerte de dos trabajadores.
El texto añade que el gobernador instruyó a la Procuraduría General de Justicia del estado a iniciar la averiguación previa "para el total esclarecimiento y deslindar las respectivas responsabilidades". Destacó que el Ejecutivo estatal solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que investigue el caso.
Por la noche arribaron visitadores de las comisiones de derechos humanos del Distrito Federal y de Morelia para fungir como mediadores entre el sindicato y el gobierno, e incluso tuvieron un acercamiento con los mineros para formalizar la propuesta.
En entrevistas concedidas a noticiarios radiofónicos locales y de la ciudad de México, Bautista Villegas señaló insistentemente que "fue la instancia federal la que solicitó al gobierno del estado que ayudara a las fuerzas federales a recuperar las instalaciones de Sicartsa y de las empresas subsidiarias Atibsa y Assa, tomadas desde el pasado 2 de abril".
Indicó que el paro de los mineros "no se originó en Michoacán" y es resultado "de un conflicto interno entre grupos del SNTMMSRP y, en todo caso, entre ese sindicato y las decisiones de la Secretaría del Trabajo", por el reconocimiento que otorgó a Elías Morales como dirigente de los mineros, en detrimento de Napoleón Gómez Urrutia.
Se aplicó la ley: IP y PAN
Ricardo Rubí Bustamante, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, comentó que el sector "está de acuerdo con la aplicación de la ley; para eso es la fuerza pública: para someter a los ciudadanos que violan la legislación", dijo el mismo que a lo largo de los 20 días de paro ha insistido en que el movimiento obrero obedece a intereses ajenos al sindicato y es totalmente ilegal, y que Michoacán "no puede seguir ofreciendo una imagen de ingobernabilidad". Calificó la actuación de los mineros como "violenta y sin razón".
Eduardo Sánchez Martínez, dirigente estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, aseveró que la situación en el puerto es resultado "de la especulación de los partidos políticos, la falta de transparencia de los sindicatos y la inmovilidad del Congreso de la Unión para sacar adelante las reformas que el país reclama".
No se puede calificar como represiva la incursión policiaca en Sicartsa, aseveró Sánchez Martínez, puesto que la PFP y el GOE actuaron con estricto "apego a la ley y al estado de derecho", en cumplimiento tanto de las exigencias de la mayoría de la sociedad como de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que en la víspera declaró ilegal la huelga.
El dirigente estatal panista, Francisco Morelos Borja, señaló que si bien los gobiernos federal y estatal deben promover el diálogo, están obligados a velar porque prevalezca la ley, y así se hizo, pues "la huelga había sido declarada ilegal".
Por la noche, agentes de las corporaciones policiacas que participaron en el desalojo y cinco mineros, en calidad de presentados, declaraban ante el Ministerio Público sobre su participación en el enfrentamiento, informó Juan Antonio Magaña de la Mora, procurador de Justicia del estado.

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Castillo niega ejecuciones en Apatzingán; los muertos “por fuego cruzado”, insiste

El excomisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo. Foto: Octavio Gómez
El excomisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El excomisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, negó que la policía federal haya matado a 16 personas en Apatzingán, defendió la versión oficial de “fuego cruzado” y aseguró que en los hechos violentos del 6 de enero pasado sólo fallecieron 10 civiles.
En entrevista con W Radio el ahora director de la Conade, acusó a la periodista Laura Castellanos, autora del reportaje Las ejecuciones de Apatzingán, que se publicó en la revista Proceso, edición 2007, y los portales del semanario, de Aristegui Noticias y Univisión, de distorsionar los hechos.
Según el funcionario, “Lo que haya dicho esta periodista es muy irresponsable, es muy irresponsable, porque se está haciendo un acto tendencioso”, sostuvo.
Castillo comentó estar ”muy tranquilo”, “perfectamente tranquilo” de la investigación que anunció el lunes el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la cual haría la propia Policía Federal -involucrada en los hechos- y la PGR.
“Lo que yo puedo decir es está muy bien para que se valide jurídicamente, no periodísticamente, jurídicamente, que las trayectorias, las pruebas de balística, las pruebas de levantamiento, las propias necropsias, las testimoniales dentro de la averiguación previa, porque es muy fácil taparle el rostro a la gente, y ni siquiera tiene la posibilidad el Ministerio Público de que lo interrogue y le diga: ‘¿usted qué hacía ahí?’, ‘¿usted por qué se encontraba a las 3 de la mañana, o a las 7 de la mañana?’, o ‘¿por qué no se verificó si ustedes dicen que hubo gente masacrada -por poner un dato- la sangre que puede quedarse en el pavimento?’, ‘¿por qué no se levantó una denuncia en los primeros 24 horas sobre lo que había sucedido?. Prácticamente, hoy en este país, y como fluye la información, pensar que en las primeras 2, 3, 4 horas, no tengas a los padres de familia buscando a sus hijos que han sido desaparecidos, pues es un tema que ya no se puede dar”, declaró.
De acuerdo con la versión de Castillo no se operó un desalojo en la presidencia municipal de Apatzingán. “La zona militar nos avisa y nos dice que las personas que se encuentren armadas ahí, van a ser desarmadas y puestas a disposición. No es un desalojo, van a ser detenidas las gentes que están armadas, porque no pueden estar armadas 40, 50 personas”.
Y continuó con su relato: “Nos avisan de ese operativo que se iba a hacer entre la madrugada. La madruga puede ser a las 2, 3, 4 de la mañana, etc. De esta situación es cuando se dan los 43 detenidos, 44 pero uno era menor de edad, entonces eran 43 personas”.
Cuenta que en una entrevista radial de esa mañana, le preguntan qué sabe de 9 muertos en Apatzingán y contesta que pedirá un reporte. “Cuando yo pido la información me hablan de que cuando los vehículos asegurados con reporte de robo, en el primer evento de la madrugada de ese día, iban a ser llevados al corralón, ahí un número importante de camionetas, aproximadamente 20, intentan dar alcance o dan alcance a las fuerzas federales para recuperar, porque alguien les había dicho que ahí iban los detenidos. Entonces, cuando se da eso, los últimos federales… cuando ven venir a este número, se repliegan, ellos tienen la capacitación, ellos se van a puntos donde pueden defenderse y ellos empiezan a defenderse, en este caso de los disparos que empiezan a realizar estas personas.
“¿Qué es lo que sucede? Que Policía Federal está capacitada para resguardarse, para hacer una posición en donde no caigan en fuego cruzado, pero la propia adrenalina de las otras personas, cuando se van metiendo, termina que hay tres camionetas, yo recuerdo, había una roja, una blanca y otra que no recuerdo el color, que ante los disparos y ante la presión, en las propias trayectorias se ve que los vehículos de ellos tienen disparos del lado del conductor, y del lado del copiloto, y no hay una sola evidencia física en donde pudiera estar gente de Policía Federal del otro lado, porque lo taparía la pared.
En el espacio de W Radio le preguntan a Castillo que el reportaje de Castellanos señala tres cosas: que los testigos, los sobrevivientes, los detenidos, los heridos e incluso personal del hospital, incriminaron a la Policía Federal; dos, que estas personas estaban desarmadas; y tres, que se habrían usado balas expansivas, ¿qué podría usted decir a esto?
Responde Castillo: “Que son mentiras, así, enfáticamente, porque primero, el director del hospital, dentro de la averiguación previa, está declarado (ante la MP) y el propio director del hospital ha dicho que han sacado de contexto su declaración.
“En segundo lugar, yo creo que la periodista -y lo digo con mucho respeto-, no es perito en la materia para hacer pruebas de balística, ni de trayectoria ni de distancia, para poder decirte desde qué lugar se fueron a realizar los disparos.
“En tercer lugar, no podemos nosotros tomar testimonios de gente que, tapada el rostro que, primero, no dice su nombre, su apellido, su ubicación, que dice qué estaba haciendo ahí, y que tenga testigos que validen que se encontraba ahí en el lugar de los hechos, en horas totalmente inapropiadas (3 de la mañana del 6 de enero) como para poder tener ese número tan importante”.
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Debe crearse un modelo de prosperidad que sustituya al capitalista: Gómez Urrutia

De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de abril de 2015, p. 12
El capitalismo salvaje concentra la riqueza en pocas manos y acentúa las desigualdades sociales, lo cual significa que ese modelo económico ya no funciona y debe haber un cambio radical hacia uno de prosperidad compartida, señaló el secretario general del Sindicato Nacional de Mineros, Napoleón Gómez Urrutia.
El líder dio un mensaje a la sección 271 de Michoacán, mediante una videoconferencia desde Vancouver, Canadá, en un acto donde se recordó la resistencia de los trabajadores en el 2006, cuando se enfrentaron con fuerzas federales y estatales, que buscaban desalojarlos de una huelga legal. En la gresca perdieron la vida dos personas y 100 resultaron heridas.
Regreso a corto plazo
Al señalar que cada día se acerca más el momento de su retorno a México y que es seguro que a corto plazo se vuelva a encontrar con los trabajadores del gremio, expuso que hoy en día se viven tiempos difíciles y violentos de la globalización económica mundial, en la que hay una gran competencia por los recursos naturales de los países productores de materias primas industriales.
Indicó que empresas como Arcelor Mittal y Fertinal han pedido apoyo y flexibilidad a los trabajadores sindicalizados, porque los precios de los metales se han reducido, y el gobierno de México, agregó, debe afrontar la competencia desleal que practican los importadores de Rusia, China, Corea del Sur, Ucrania y otros países en perjuicio de los industriales mexicanos.
Ante ello, el Sindicato Nacional de Mineros está de acuerdo en mejorar la productividad y la eficiencia de las empresas y trabajar con ellas para defender los centros de trabajo y las fuentes de empleo, pero que no sea a costa y sacrificio únicamente de los trabajadores, ni de sus salarios y su bienestar, sostuvo Gómez Urrutia.
Expuso que el gremio está dispuesto a colaborar con las empresas, pero con respeto y dignidad para los trabajadores.
En el acto estuvieron presentes representantes de agrupaciones internacionales de trabajadores como Leo W. Gerard, presidente internacional de United Steelworkers de Estados Unidos y Canadá; Debi Bell, de UNITE, de Gran Bretaña e Irlanda, así como dirigentes de la IndustriALL Global Union, que agrupa a 50 millones de afiliados en el mundo.
También se refirió a que en diversos países, incluido México, habrá elecciones este año y los trabajadores deberán expresar en su voto la defensa de sus intereses; por ello los llamó a no permanecer indiferentes ni pasivos ante estos procesos electorales.

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Piden expertos abrir nuevas líneas de investigación sobre Ayotzinapa

Mirna Servín Vega
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de abril de 2015, p. 3 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la de-saparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir nuevas líneas de investigación sobre estas ‘‘de-sapariciones forzadas’’ ocurridas en septiembre pasado.
‘‘El GIEI suministró información para abrir nueva líneas de investigación y ampliar las ya existentes; asimismo, solicitó tomar declaraciones, analizar pruebas fotográficas y documentales y de video, entre otras’’, dio a conocer Carlos Beristain, especialista de este grupo.
Sin embargo, dijo, no son líneas que en este momento puedan ser públicas, ya que perjudicarían las investigaciones.
En conferencia de prensa realizada en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Beristain y Francisco Cox dieron a conocer que ya se entregó a la Policía Federal (PF) información sobre dos nuevos lugares que deben ser inspeccionados, de acuerdo con datos proporcionados por los familiares de las víctimas.
Además, con el mapa de fosas en Iguala, obtenido a través de las autoridades federales, el GIEI evalúa la relación de algunos de esos entierros con ‘‘la intervención de agentes de la policía municipal en la desaparición de los 43 normalistas’’.
Durante su segundo informe de actividades en México, los expertos subrayaron la necesidad de fortalecer la búsqueda de fosas utilizando tecnología láser para identificar perturbaciones en el terreno de los lugares cercanos a Pueblo Viejo, La Parota y alrededores.
En esta visita de trabajo los especialistas detallaron que también se llevó a cabo la reconstrucción de hechos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, con el apoyo de normalistas testigos de los hechos, lo que les ha ayudado a entender el impacto no sólo de las desapariciones forzadas, sino de los familiares y estudiantes del lugar.
Sin embargo, los expertos dijeron que presentarán las conclusiones de la investigación hasta que concluyan los seis meses estipulados para la indagatoria que se inició el 2 de marzo.
Asimismo, dieron a conocer que se reunieron con 16 detenidos por este caso en el Cefereso 4 de Nayarit y se envió una solicitud al Senado para aprobar la reforma constitucional necesaria para posteriormente elaborar una ley sobre desaparición forzada.
Sobre el trabajo realizado hasta ahora, Cox explicó que el GIEI ya cuenta con el expediente digital completo y próximamente realizará entrevistas con miembros del 27 batallón de infantería, además de acordar un mecanismo de atención médica para los familiares de los 43 jóvenes y para elaborar un segundo diagnóstico para el estudiante Aldo Gutiérrez, quien se encuentra en estado muy grave.
El grupo de trabajo de la CIDH, cuya tercera visita está programada para el próximo primero de mayo, está integrado por Beristain, quien se desempeña como médico y psicólogo; Francisco Cox Vial, abogado chileno; la colombiana Ángela Buitrago, quien es abogada y socióloga, y el también jurista colombiano Alejandro Valencia Villa.

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México ocupa el segundo sitio en el índice global de impunidad

Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de abril de 2015, p. 7 

El índice global de impunidad (IGI) ubica a México en el segundo lugar en la lista de países con mayor nivel de ese flagelo, según indica el reporte del mismo que fue presentado este lunes por el rector de la Universidad de Las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez.
La calificación de México fue de 75.7 y se ubicó sólo por debajo de Filipinas, que tuvo un porcentaje de 80, mientras Colombia ocupó el tercer lugar con 75.6.
En conferencia de prensa, Derbez refirió que América Latina presenta los más altos índices de impunidad a escala mundial y México, Colombia, Nicaragua, Honduras y El Salvador ocupan los más altos en la región. Los menores los tienen Panamá y Costa Rica, de acuerdo con los resultados del IGI.
Andrea Ambrogi Domínguez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJP), también presente en la rueda de medios, señaló que el índice tardó un año en construirse y se ocuparon datos estadísticos duros, no encuestas de percepción ni entrevistas a expertos.
Añadió que en el estudio, además de la UDLAP y el CCSJP, también participaron la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Ambos explicaron que la ONU tiene registrados 193 países, pero hay 134 que no le reportan información suficiente para entrar en la comparación, por lo que sólo se hizo con 59 países.
A decir del rector de la UDLAP, detrás de la impunidad en México hay problemas de estructura y funcionamiento en seguridad pública e impartición de justicia.
Añadió que los altos niveles de impunidad agudizan la inseguridad, la violencia y la corrupción.
De su lado, Antonio Le Clerq, Jefe de departamento de Políticas de la UDLAP, dijo que el reporte evidencia una correlación con la corrupción, ya que a mayor corrupción, mayor impunidad; y con el índice de desarrollo humano, mayor desarrollo, menor corrupción.
El índice estima un promedio de 17 jueces por cada 100 mil habitantes. México tiene sólo cuatro jueces por cada 100 mil habitantes. Y en cuanto a policías, el país tiene 355 por cada 100 mil, cuando la media es de 322.

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