Dirigente gremial muestra videos en los que un jefe de la Policía Ministerial ordena disparar
Fox, culpable, por imponer a Elías Morales como líder del sindicato nacional: Maya Bucio
CARLOS TORRES, DANIELA MORALES, ANTONIO AGUILERA Y E. MARTINEZ
Apoyados por compañeros de otras plantas, los
mineros en huelga lograron recuperar las instalaciones de Sicartsa
Foto: Alfredo Domínguez
LA JORNADA
Lázaro Cardenas, Mich., 20 de abril. Dos mineros
muertos y 41 lesionados, dos de ellos de gravedad, fue el saldo que dejó
el desalojo efectuado hoy por 800 policías federales y estatales contra
aproximadamente 500 trabajadores que se mantienen en huelga desde el 2
de abril en la empresa Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas
(Sicartsa), misma que fue recuperada más tarde por los obreros.
Durante
la trifulca fueron incendiados el edificio Monarca, donde se archivaba
la información administrativam y unos 30 vehículos de la empresa, así
como algunos particulares, además de maquinaria pesada que utilizaron
los trabajadores para replegar a los policías.
Eran
aproximadamente las 7 de la mañana cuando los agentes de las policías
Federal Preventiva (PFP) y Judicial del estado, además del Grupo de
Operaciones Especiales (GOE), ingresaron a la factoría con gases
lacrimógenos y armas de fuego.
La presencia de los agentes,
quienes entraron por la puerta trasera de la planta acerera, tomó por
sorpresa a los obreros, quienes se encontraban atrincherados frente al
acceso principal. La policía logró inicialmente que los inconformes se
dispersaran.
Sin embargo, dos horas después arribaron más obreros,
y con palos, piedras y varillas replegaron a los policías hacia el
interior de la planta, por el mismo lugar donde llegaron.
En la
refriega perecieron José Luis Castillo Zúñiga, trabajador de Sicartsa, y
Héctor Alvarez Gómez, representante sindical en la comisión mixta de la
empresa Mittal Steel; asimismo, resultaron gravemente heridos Luis
Alberto Zárate, quien recibió un impacto de bala que le perforó el
pulmón, y Cirilo Quiñones, con una lesión en el tórax por impacto de
arma de fuego.
Este hecho ocasionó el cierre del comercio del
primer cuadro de la ciudad. Las oficinas de la Administración Portuaria
Integral, ubicadas a un costado de Sicartsa, fueron desalojadas desde
las 10 horas. También fueron desocupados tres estibadores.
Mittal
Steel, donde también laboran afiliados a la sección 271 del Sindicato
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la
República Mexicana (SNTMMSRM) pararon actividades en respaldo a sus
compañeros agredidos y posteriormente apoyaron la recuperación de las
instalaciones y el repliegue de los elementos de seguridad.
En la
entrada de la empresa, que se encuentra bloqueada, todo el día se
vivieron momentos de tensión ante el temor de una segunda agresión, al
tiempo que vehículos y parte de las oficinas eran consumidas por el
fuego.
Elementos del Ejército Mexicano y de la Armada de México
mantienen bajo resguardo las áreas de alto riesgo, como Altos Hornos,
Planta de Fuerza y Coquizadotra, según dijeron los propios trabajadores.
Felipe
Manuel Maya Bucio, secretario de seguridad e higiene de la sección 271
del SNTMMSRM, informó de cinco mineros desaparecidos, pero al parecer
fueron ingresados al Hospital Civil de Morelia, debido a que resultaron
heridos; los otros 36 fueron llevados al hospital regional del Instituto
Mexicano del Seguro Social de Lázaro Cárdenas.
Maya Bucio señaló
que el movimiento comenzó por la intromisión del gobierno federal en el
sindicato minero, al desconocer a su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia.
Nuestra petición a los Villarreal Guajardo (propietarios de la empresa)
fue que se dieran las mismas condiciones en que se levantó la huelga en
Mitta Steel: el pago total de los salarios caídos, que se retire
cualquier demanda judicial contra los dirigentes del movimiento, la
reinstalación de los trabajadores despedidos y que se reconozca a Gómez
Urrutia.
La huelga empezó el 2 de abril en Sicartsa y sus
filiales, además de Mittal Steel, donde hubo un arreglo el día 11, tras
reconocer las negociaciones con la dirigencia gremial encabezada por
Gómez Urrutia y el pago de los salarios caídos.
Bucio presentó
videos que demuestran que el director de la Policía Ministerial, Jaime
Liera Alvarez, "fue quien dio la orden de disparar a los pies y al
aire", y hay trabajadores que cuentan con imágenes donde incluso se ve
cómo disparan desde un helicóptero, comentó.
Recordó que el lunes
pasado, durante una gira por Uruapan, Vicente Fox le aseguró
personalmente que no habría ninguna agresión a los trabajadores, "pero
48 horas después vemos cómo el Presidente incumple su palabra: la
respuesta desde Los Pinos fueron las balas", dijo.
En entrevista con
La Jornada Michoacán,
el dirigente afirmó que personalmente entregó a Fox el documento en que
se señalaba las peticiones para destrabar el conflicto en la
siderúrgica.
Marcha de mujeres familiares de los mineros
Aproximadamente
a las 18 horas, más de mil mujeres, entre esposas, madres e hijas de
los trabajadores, marcharon del Monumento al minero hasta la puerta dos
de Sicartsa, donde se encuentran los huelguistas, para manifestarse en
rechazo a la agresión.
Coreando consignas contra el Grupo
Villacero, César Reyes (supuesto esquirol), el presidente Vicente Fox y
la Secretaría del Trabajo, las manifestantes efectuaron un mitin donde
aseguraron que saldrán de la empresa hasta que haya una negociación
justa.
Agentes locales, codyuvantes de la PFP, asegura el gobierno del estado
El
gobierno de Michoacán, encabezado por el perredista Lázaro Cárdenas
Batel, se deslindó del homicidio de los trabajadores y del desalojo
mismo. Los agentes del GOE -de la Secretaría de Seguridad Pública
estatal-, dijo Enrique Bautista Villegas, secretario de Gobierno, iban
"desarmados" y únicamente como "coadyuvantes" de la PFP, "a solicitud de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje", aseguró.
En un
escueto comunicado, el gobierno local indicó que la intervención del GOE
fue "para desbloquear la planta industrial", pero que al empezar el
operativo
los agentes fueron recibidos violentamente por los trabajadores en
paro, lo que derivó en "un enfrentamiento que ocasionó daños en
instalaciones, quema de vehículos y personas heridas de ambos grupos",
además de la muerte de dos trabajadores.
El texto añade que el
gobernador instruyó a la Procuraduría General de Justicia del estado a
iniciar la averiguación previa "para el total esclarecimiento y
deslindar las respectivas responsabilidades". Destacó que el Ejecutivo
estatal solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos para que investigue el caso.
Por la noche arribaron
visitadores de las comisiones de derechos humanos del Distrito Federal y
de Morelia para fungir como mediadores entre el sindicato y el
gobierno, e incluso tuvieron un acercamiento con los mineros para
formalizar la propuesta.
En entrevistas concedidas a noticiarios
radiofónicos locales y de la ciudad de México, Bautista Villegas señaló
insistentemente que "fue la instancia federal la que solicitó al
gobierno del estado que ayudara a las fuerzas federales a recuperar las
instalaciones de Sicartsa y de las empresas subsidiarias Atibsa y Assa,
tomadas desde el pasado 2 de abril".
Indicó
que el paro de los mineros "no se originó en Michoacán" y es resultado
"de un conflicto interno entre grupos del SNTMMSRP y, en todo caso,
entre ese sindicato y las decisiones de la Secretaría del Trabajo", por
el reconocimiento que otorgó a Elías Morales como dirigente de los
mineros, en detrimento de Napoleón Gómez Urrutia.
Se aplicó la ley: IP y PAN
Ricardo
Rubí Bustamante, presidente del Consejo Coordinador Empresarial,
comentó que el sector "está de acuerdo con la aplicación de la ley; para
eso es la fuerza pública: para someter a los ciudadanos que violan la
legislación", dijo el mismo que a lo largo de los 20 días de paro ha
insistido en que el movimiento obrero obedece a intereses ajenos al
sindicato y es totalmente ilegal, y que Michoacán "no puede seguir
ofreciendo una imagen de ingobernabilidad". Calificó la actuación de los
mineros como "violenta y sin razón".
Eduardo Sánchez Martínez,
dirigente estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana,
aseveró que la situación en el puerto es resultado "de la especulación
de los partidos políticos, la falta de transparencia de los sindicatos y
la inmovilidad del Congreso de la Unión para sacar adelante las
reformas que el país reclama".
No se puede calificar como
represiva la incursión policiaca en Sicartsa, aseveró Sánchez Martínez,
puesto que la PFP y el GOE actuaron con estricto "apego a la ley y al
estado de derecho", en cumplimiento tanto de las exigencias de la
mayoría de la sociedad como de la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje, que en la víspera declaró ilegal la huelga.
El
dirigente estatal panista, Francisco Morelos Borja, señaló que si bien
los gobiernos federal y estatal deben promover el diálogo, están
obligados a velar porque prevalezca la ley, y así se hizo, pues "la
huelga había sido declarada ilegal".
Por la noche, agentes de las
corporaciones policiacas que participaron en el desalojo y cinco
mineros, en calidad de presentados, declaraban ante el Ministerio
Público sobre su participación en el enfrentamiento, informó Juan
Antonio Magaña de la Mora, procurador de Justicia del estado.
Fuente
