martes, 5 de mayo de 2015

Felicitaciones Secretario General, Martín Esparza Flores.


 5 DE MAYO DÍA HISTÓRICO PARA LOS MEXICANOS

En un día como hoy de 1862 se gana la Batalla de Puebla a la intervención Francesa en México, fue histórica al vencer a uno de los ejércitos más respetados y experimentados de aquella época, donde los mexicanos logran en 1867 la retirada total e incondicional del imperio francés de nuestro país. Si después de cinco años 

Hoy en el seno de nuestra lucha de resistencia del SME, felicitamos en su natalicio a nuestro compañero, líder y amigo Secretario General Martin Esparza Flores, deseando siempre que la salud, prosperidad, los logros y bendiciones estén en su entorno de vida.
¡¡ Hasta la Victoria Secretario General !!

La Batalla de Puebla por Paco Ignacio Taibo II

Pese a advertencias de daños por fracking, el gobierno mexicano se alista a dar contratos

Periódico La Jornada
Martes 5 de mayo de 2015, p. 31 

La Alianza Mexicana contra el Fracking, advirtió desde 2013 sobre las afectaciones asociadas a la explotación de hidrocarburos por fracking (fracturación del suelo para extraer gas); pero entre mayo y septiembre de este año el gobierno federal comenzará a entregar contratos.
En un comunicado informó que el proceso de licitaciones de la Ronda 1 fue abierto por la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos en febrero y concluyó el 30 de abril, por lo que en los próximos meses la dependencia decidirá las empresas a las que va a premiar con contratos para la explotación de hidrocarburos.
Esto es el principio de la privatización de la industria de los hidrocarburos, “lo que genera condiciones propicias para la proliferación de proyectos de fracking” y cuando se entreguen los contratos va a ser difícil dar marcha atrás, indicó Francisco Cravioto de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Hay evidencia sobre los daños por más de 10 años de los proyectos de fracking en Estados Unidos, pero el gobierno mexicano no ha prestado atención a los reclamos de la sociedad.
Los contratos permiten a las petroleras y gaseras acceder preferentemente a tierras privadas, ejidos o comunidades para fracturar el suelo, aun si los dueños de la tierra se oponen. La Ley de Hidrocarburos indica que debe consultarse a pueblos indígenas. Sin embargo, aunque 99 por ciento de los consultados se opongan, el proyecto procede, indicó.
Areli Sandoval, de Deca Equipo Pueblo, explicó que “las actuales normas e instituciones ambientales no pueden siquiera medir la toxicidad del líquido residual del fracking y menos impedir el daño irreversible en el entorno, el agua, la salud y los derechos humanos”.
El fracking implica inyectar de 9 a 29 millones de litros de agua al subsuelo, por pozo, mezclada con entre 650 y 990 sustancias químicas que pueden dañar la salud de las personas, explicaron.

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Nueve años después la PGJEM aún no da con los asesinos de Atenco

Ejidatarios de Atenco protestan en la Ciudad de México. Foto: Eduardo Miranda
Ejidatarios de Atenco protestan en la Ciudad de México.
Foto: Eduardo Miranda
TOLUCA, Edomex. (apro).- A nueve años de distancia, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) sigue sin identificar a los responsables de los homicidios de dos jóvenes durante los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.
A la fecha, la dependencia sólo ha consignado a tres comandantes y tiene pendiente por emitir la mayoría de las sentencias contra entonces servidores públicos acusados de tortura, tortura equiparada, encubrimiento y agresiones sexuales.
El procurador Alejandro Gómez reconoció que la resolución de los homicidios de Alexis Benhumea y Javier Cortés Santiago es “un asunto complejo”.
“No se trata de inventar culpables. Estos muchachos perdieron la vida aparentemente por gas lacrimógeno que les cayó al estar entre la multitud, no hemos podido identificar hasta este punto quién disparó el gas lacrimógeno y en qué circunstancias para determinar una probable responsabilidad y, en su caso, el ejercicio de la acción penal”, arguyó.
Gómez Sánchez precisó que en contraste existe un proceso penal abierto en contra de 22 exservidores públicos de la dependencia a su cargo, de Prevención y Readaptación Social, así como médicos legistas, quienes están siendo investigados por los delitos de tortura, encubrimiento, y/o tortura equiparada.
“De esos 22, 21 son médicos: 11 son de la Procuraduría, 10 de Prevención y Readaptación Social, y un agente del Ministerio Público que fue quien integró la averiguación previa correspondiente”, expuso.
También se indaga la responsabilidad de más de 20 policías, quienes se ocuparon del traslado de los detenidos, pero aún existen órdenes de aprehensión pendientes.
A la fecha, tres elementos de la extinta Agencia de Seguridad Estatal (ASE), comandantes de los vehículos en los que se transportó a las mujeres víctimas de abusos, ya han sido consignados.
Gómez Sánchez aseguró que la tardanza responde a que se procesan bajo el sistema de justicia anterior (el tradicional, de averiguación previa), y a que se han promovido recursos por parte de los inculpados, tanto apelaciones diversas como juicios de amparo, lo que ha retrasado que se concluyan los procedimientos y se emitan las sentencias definitivas.
“Hemos solicitado al Consejo de la Judicatura Federal la acumulación de los juicios de amparo, contra orden de aprehensión o contra formal prisión, para evitar que eventualmente pudiera haber sentencias contradictorias”, afirmó.
El proceso penal, consideró, avanza; “recientemente en una audiencia larga los testigos manifestaron su interés por presentar una denuncia, para lo que estamos abiertos”, ofreció.
Además, indicó, el gobierno mexiquense ha reconocido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad y voluntad de avanzar y resolver el caso.
Hace unos días, recordó, se publicaron en la Gaceta de Gobierno las reformas que harán posible indemnizar a las 11 mujeres víctimas del delito de tortura que han presentado su queja ante la CIDH, por lo que “hemos solicitado a la autoridad judicial, en un procedimiento no contencioso, notificar a estas mujeres para que se acerquen y se cuantifique su indemnización”.
El 3 de mayo de 2006, en Texcoco, y al día siguiente, en San Salvador Atenco, fueron detenidos líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que se oponían a la construcción del aeropuerto alterno al de la Ciudad de México en sus terrenos, en virtud de que pretendían ser adquiridos a costos irrisorios.
En junio de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de 12 líderes detenidos y determinó que durante los operativos de mayo de 2006 se cometieron abusos, se agredió a ciudadanos ajenos al conflicto, se realizaron allanamientos ilegales, se cometieron violaciones sexuales, se violaron derechos consulares de extranjeros, se hacinó a los detenidos y se les negó atención médica.
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No hay salida amistosa con el gobierno de Peña: víctimas de Atenco

"Tierra sí, aviones no", el reclamo de Atenco en el Tribunal Agrario. Foto: Miguel Dimayuga
"Tierra sí, aviones no", el reclamo de Atenco en el Tribunal Agrario.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- A nueve años de la represión en San Salvador Atenco, 11 mujeres que litigan el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto obstaculiza el proceso y trata de confundir a los integrantes del organismo.
En conferencia de prensa, tres de las víctimas y sus representantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informaron que en días pasados el gobierno del Estado de México notificó que había conformado un fideicomiso para sufragar las indemnizaciones de las 11 mujeres que denunciaron tortura sexual ante la CIDH.
Al respecto, Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh, y la abogada del caso, Stephanie Brewer, señalaron que el anuncio del gobierno de Eruviel Ávila tiene la intención de convencer a los comisionados de la CIDH sobre la supuesta disposición del Estado mexicano de llegar a una solución amistosa con las víctimas.
No sólo eso, también busca que no emitan un informe de fondo en el que se exhiba la cadena de mando del operativo donde podría salir a flote la responsabilidad de Peña Nieto.
Bárbara Italia Méndez, Edith Rosales Gutiérrez y Norma Jiménez Osorio, tres de las mujeres agredidas en mayo de 2006, recordaron que desde 2008, cuando ingresaron su queja ante la CIDH, hicieron pública su decisión de rechazar una salida negociada, posición que reiteraron ante el organismo en una audiencia pública en Washington, en marzo de 2013.
Brewer dijo que pese a esa posición, representantes del Estado mexicano continuaron acercándose a los abogados y enviaron escritos a la CIDH para insistir en la solución amistosa, y en “varias ocasiones pidieron que no emitiera el informe de fondo porque el Estado iba a solucionar el caso a nivel interno”.
La abogada resaltó que el gobierno estatal anunció la constitución de “un fondo  ad hoc de indemnización para las mujeres denunciantes del caso a través del Instituto de Atención a Víctimas del Estado de México, lo que consideramos un acto de presión y hostigamiento”.
En la página 21 de la Gaceta del gobierno del Estado de México, con fecha 19 de marzo, se publicó un Edicto por el que se notifica a las 11 mujeres y al Centro Prodh sobre la creación de un “fondo de atención que a su favor ha constituido el gobierno del Estado de México en su calidad de victimas de los hechos sucedidos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San salvador Atenco”.
El fondo, del que no se detallan montos, “se encuentra a su disposición (de las víctimas) en las oficinas que ocupa el Instituto de Atención a Víctimas del Delito del Estado de México de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (IAVDEM)”, en Metepec.
El aviso está firmado por la directora general del IAVDEM,, Marcela Mora Córdoba.
Edith Rosales consideró “ofensivo” el edicto, además de que, dijo, pone en riesgo a las mujeres al hacer creer a la opinión pública que van a recibir recursos.
“La intención es pagar para acabar con el proceso de lucha. No vamos a vender la dignidad, tienen que hacer justicia real, definir dónde está la cadena de mando, que tiene que llegar hasta el que se jactó de haber implementado el operativo, porque hasta ahora ninguno de la cadena de mando está  detenido ni procesado”, subrayó.
Bárbara Méndez, quien en marzo de 2013 fue la encargada de leer la carta firmada por 11 mujeres en la audiencia en Washington, reiteró al Estado mexicano que “no hay salida amistosa” ni negociada.
“No se trata de dinero, sino de dignidad y justicia, y no vamos a cesar el paso hasta que lo consigamos. Ya no somos sólo 11,  en este camino hemos conseguido fortalecer el camino de otras mujeres torturadas sexualmente por militares, policías y marinos”, sostuvo.
De su lado, Norma Jiménez apuntó que aunque no pudieron acudir todas las denunciantes a la conferencia de prensa, hay un acuerdo entre las 11 de continuar el litigio ante la CIDH, “aunque a lo largo de estos nueve años hayamos recibido golpes del Estado mexicano para que desistamos”.
Para Stephanie Brewer, la intención de publicar el edicto tiene como objetivo “presionar a las mujeres, dilatar el proceso ante la CIDH y confundir. Pretenden hacer creer a la CIDH que hay un diálogo y negociación con el fin de bloquear el informe de fondo”.
La abogada recordó que uno de los objetivos de las mujeres es que en el informe de fondo el organismo dé lineamientos para lograr “cambios estructurales que pongan fin a la tortura sexual”, además de que la CIDH podría decidir llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), si es que las recomendaciones que emita en su resolución no son atendidas.
Al señalar que hay probabilidades de que la conclusión  del organismo se dé a conocer en alguno de los dos periodos de sesiones que se desarrollarán este año (julio u octubre), Mario Patrón recordó que en el informe del relator sobre la tortura de la ONU, Juan Méndez, se reconoció que en México “el grado de impunidad de la tortura sexual es todavía mayor a la que se aplica para incriminar a personas en delitos”.
De igual manera, destacó que en el operativo de mayo de 2006 fueron detenidas 47 mujeres; al ser remitidas, 26 de ellas denunciaron tortura sexual, pero sólo 11 decidieron continuar la lucha por el castigo a los responsables.
“Al Estado mexicano no le interesa hacer justicia, verdad y reparación, sino atajar un caso en el  que está involucrado el presidente y antes era gobernador. Esta campaña para dilatar gira en la lógica de intentar comprar la palabra de las victimas con dinero”, puntualizó el director del Centro Prodh.

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Empresa minera invade predios nacionales en disputa en reserva de La Laguna, en BCS

Angélica Enciso L.
 
Periódico La Jornada
Martes 5 de mayo de 2015, p. 31 

El incumplimiento del gobierno federal en dar el dominio de terrenos nacionales a la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, administrada por la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (Conanp), ha detonado un conflicto social. Esos predios fueron invadidos por personal de la empresa Desarrollos Zapal, promotora del proyecto minero Los Cardones en Baja California Sur –planeado en áreas de la reserva–, con la afectación de los habitantes de rancherías asentadas en el lugar, señalaron integrantes de la organización Agua Vale más que Oro.
El proyecto minero, planeado al sur de La Paz, prevé la extracción de 80 mil toneladas diarias de piedra para obtener 11 kilos de oro y ocupará en total 543 hectáreas, de las cuales 316 están dentro del área natural protegida. La mayor parte de la superficie es forestal, y se ocuparán 469 hectáreas para las obras y áreas mineras, según la manifestación de impacto ambiental.
A la empresa le falta obtener el cambio de uso de suelo forestal, para lo cual requiere corroborar la legítima propiedad de los predios, lo cual no puede probar porque una parte son nacionales y son los predios que en estos días invadió personal de vigilancia contratado por la empresa, indicó Ariel Ruiz, presidente de la organización.
La empresa anunció la suspensión del proyecto hace unos meses para que no se prestara a ser utilizado como bandera electoral; no han hecho ninguna obra, están en fase de estudios, aunque ya cuenta con la autorización de la manifestacion de impacto por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual en su aval ignoró el programa de manejo, así como recomendaciones de la Conanp, explicó Ruiz. Ahora ocupó ilegalmente los predios y buscará apoderarse de la zona, señaló.
Mario Rodríguez, ex director de la reserva y vicepresidente de la organización, explicó que el área se creó en 1994, y en la elaboración del programa de manejo se estableció la minería, pero se impusieron candados como no verter contaminantes en el suelo y subsuelo. Todo, dijo, fue ignorado en la autorización de Semarnat.
De visita en la ciudad de México, la semana pasada, integrantes de Agua vale más que oro dijeron que de concretarse la explotación minera 86 por ciento de la población del estado sería afectada en el abasto de agua.
El proceso de incorporación a la Conanp de los terrenos nacionales en disputa comenzó hace varios años, pero en 2012 se reinició el procedimiento y no ha avanzado. Se trata de los terrenos conocidos como Jesús María y el Encantado, precisó.

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La ingesta de refrescos dejará más de $18 mil millones en impuestos

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Los mexicanos consumen 85.9 más refrescos que los estadunidensesFoto José Antonio López
Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Martes 5 de mayo de 2015, p. 29
México seguirá siendo el principal consumidor de refrescos en todo el planeta en 2015, año en que el gobierno federal espera recaudar 18 mil 271.1 millones de pesos por el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), de un peso, a cada litro de bebidas endulzadas.
Según un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en 2015 las bebidas con azúcar contribuirán con 11.4 por ciento del total de la recaudación del IEPS –calculado en 159 mil 970 millones– y con 0.9 por ciento del total de los ingresos tributarios, previstos en un billón 978 mil 980 millones.
El centro citó que la OCDE coloca a México como el país con más decesos a causa de diabetes mellitus, con 83 mil 416 muertes en 2012, mientras el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) reportó 8 millones 599 mil 374 diabéticos por sobrepeso y obesidad, lo que implica costos sociales de casi 85 mil millones de pesos anuales.
Necesarios, más recursos
En el estudio Medidas fiscales y extrafiscales para contrarrestar el consumo de bebidas saborizadas en México, el organismo señala que pese a que se han aplicado estrategias para controlar y prevenir enfermedades derivadas del consumo de refresco y/o aguas saborizadas, el objetivo no se ha logrado, principalmente porque no se ha logrado disminuir la compra de esas bebidas.
Uno de los retos que en opinión del centro de estudios se requiere para solucionar el problema es destinar más presupuesto a la prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes.
En 2014 el gobierno federal dispuso 312.1 millones para ese objetivo, que se obtuvieron mediante la recaudación del IEPS; sin embargo, el tratamiento y muerte por diabetes representaron más de la mitad del presupuesto en salud, explicó el centro.
Según éste, en las dos décadas pasadas, el consumo de bebidas de alto contenido calórico se duplicó entre adolescentes y triplicó en adultos, lo que explica el incremento desmedido de las personas con sobrepeso.
Además, indicó, la propia industria refresquera ha reconocido que México es el principal mercado de esas bebidas. En 2012 se calculó que cada mexicano consumió en promedio 176.2 litros al año, esto es aproximadamente 483 mililitros diarios, cifra superior en 85.9 por ciento a la ingesta promedio de un estadunidense y 694 por ciento sobre al promedio mundial, de 22.2 litros anuales.
Este fenómeno provocó en el país un incremento en los casos de diabetes y obesidad temprana en niños y jóvenes, porque los refrescos se elaboran con sacarosa, glucosa y fructosa, sustancias que afectan el páncreas y fácilmente llegan a la sangre; se integran a los tejidos y se convierten en grasa excesiva.
De los 85 mil millones que se destinaron en 2014 en atender enfermos por diabetes y sobre peso, indicó, 73 por ciento corresponden a gastos por tratamiento médico, 15 por ciento a pérdidas de ingreso por ausentismo laboral y 12 por ciento a mermas de ingreso por mortalidad prematura.

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Mayor recaudación de impuestos compensó bajos ingresos petroleros

Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Martes 5 de mayo de 2015, p. 18 

Como ocurrió en 2014, en el primer trimestre de este año la caída de los ingresos petroleros se compensó con mayor recaudación tributaria, aunque fue de carácter temporal, reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados en su Informe sobre la situación económica, las finanzas y la deuda pública de enero a marzo.
En el documento la dependencia explicó que en ese periodo los ingresos fiscales aumentaron 146 mil 872 millones de pesos, esto es, 28.4 por ciento adicional a lo estimado para el arranque del año.
Esos recursos se explican por una recaudación extraordinaria del impuesto sobre la renta (ISR) por 86 mil 631 millones de pesos, pero aclaró que se trata de ingresos por una sola ocasión debido a que provienen del efecto de la eliminación del régimen de consolidación fiscal, así como por 57 mil 532 millones por el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).
Así que, indicó, no volverá a repetirse a lo largo de 2015 ni en los próximos años.
La renta petrolera continuó en descenso, lo cual se explica por la disminución de los precios internacionales del crudo y la caída en la plataforma de producción de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Hacienda refirió que entre enero y marzo se registró un descenso en el precio de la mezcla mexicana de exportación en los mercados internacionales de 48.9 por ciento, que ubicó en 46.9 dólares el barril de petróleo, contra los 91.8 dólares promedio del mismo periodo de 2014.
De esa manera, la pérdida por un retroceso real de los precios del petróleo nacional fue de 121 mil 554 millones, 42.6 por ciento menos.
También reportó un descenso de 156 mil 39 millones, 4.1 por ciento menos real, en las participaciones federales a estados y municipios, respecto del mismo periodo.
En contraste, Hacienda informó de un aumento en el gasto neto presupuestario superior en 125 mil 625 millones a lo previsto en los calendarios de presupuesto autorizado.
Entre las variaciones que se incluyen en el gasto están 47 mil 75 millones de pesos más en Pemex por servicios de apoyo a la perforación y terminación de pozos de desarrollo; 14 mil 795 millones más en el ramo de energía por aportaciones y apoyos a entidades del sector; 12 mil 876 millones extras en educación debido a mayores recursos para Prospera; mayor gasto en Gobernación por 6 mil 321 millones para operativos de prevención y disuasión del delito, el sistema federal penitenciario, así como servicios de inteligencia en seguridad nacional, y servicios migratorios.
También, 6 mil 103 millones de pesos más en la Comisión Federal de Electricidad; 5 mil 919 millones adicionales para la Secretaría de Desarrollo Social en Prospera, pensiones para adultos mayores y el programa de Apoyo alimentario; 4 mil 318 millones más para el Seguro Popular y 3 mil 460 millones más en el ramo Provisiones salariales y económicas debido a mayores recursos destinados a contingencias económicas y al Fondo de Desastres Naturales.
Por el contrario, se registró un menor ejercicio por 187 mil 190 millones de pesos en conjunto en los ramos 33, aportaciones a estados y municipios; en el 25, previsiones y aportaciones a los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y adultos; el Consejo de la Judicatura; el Instituto Mexicano del Seguro Social por servicios personales y generales; Medio Ambiente, y Agricultura por menores recursos destinados a programas de comercialización y fomento ganadero.
Aun así, a marzo el gasto corriente estructural –gasto neto menos el costo financiero, participaciones, Adefas, gasto en combustibles para generar electricidad, pensiones y jubilaciones– en términos pagados fue superior en 22 mil 805 millones de pesos respecto a lo previsto.

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Autoriza la CEAV indemnizar a indígenas otomíes detenidas por la PGR en 2006

Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Martes 5 de mayo de 2015, p. 6 

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), dependiente del gobierno federal, autorizó indemnizar de inmediato a las otomíes Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, con el fin de reparar el daño moral, patrimonial y los perjuicios que la Procuraduría General de la República (PGR) y diversos jueces en materia penal ocasionaron a las indígenas.
La decisión de la comisión en favor de las tres mujeres –acusadas y condenadas en 2006 a 21 años de cárcel por el supuesto secuestro de seis agentes federales durante un operativo antipiratería en Querétaro– la dio a conocer un alto funcionario de esa institución colegiada.
Estamos buscando tener contacto con los abogados de las tres indígenas otomíes para que acudan a las instalaciones de la CEAV a recibir el pago de su indemnización, cuyo monto reservamos para protegerlas, indicó la fuente consultada.
Las indígenas están a la espera de que se resuelva un litigio ante un tribunal colegiado de circuito, luego de que la PGR se negó a cumplir una sentencia de mayo de 2014, emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), en la cual también se ordena a la dependencia federal indemnizarlas.
Es probable que los abogados de las mujeres valoren si les conviene aceptar el monto que les ofrece la CEAV o si esperan la sentencia de un tribunal colegiado de circuito, ya que la Ley General de Víctimas impide pagar indemnizaciones si ya otra instancia gubernamental reparó el daño.
En caso de que las tres mujeres acepten la indemnización que les fijó la CEAV, deberán desistirse del juicio administrativo por reparación patrimonial del Estado que tienen casi ganado a la PGR.
Para que proceda cualquier 'indemnización por parte de la comisión citada, los familiares de alguna persona que haya sido víctima de delito están obligados a presentar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitida ante graves violaciones a sus garantías individuales.
A finales de mayo de 2014, el pleno de la sala superior del TFJFA ordenó a la PGR reparar el daño patrimonial y moral a las tres mujeres, quienes fueron acusadas, y condenadas en 2006.
Entre 2009 y 2010 fueron liberadas debido a que la procuraduría presentó conclusiones no acusatorias en su contra, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación adujo graves irregularidades durante su proceso.

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Colonos de Tlalpan paralizan seis horas la vía México-Cuernavaca

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Alrededor de las 8 de la mañana, más de 150 vecinos cerraron por casi seis horas la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la caseta de cobro, para demandar la salida de dos rutas de microbúsFoto Alfredo Domínguez
Mirna Servín Vega
 
Periódico La Jornada
Martes 5 de mayo de 2015, p. 28
Por más de seis horas, vecinos de San Andrés Totoltepec y San Pedro Mártir, entre otros colonos de esta zona de Tlalpán, bloquearon la autopista México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 23, para demandar la salida de dos rutas de microbuses que operan en esta zona y que, según los vecinos, han provocado accidentes y la muerte de un joven el pasado 28 de abril.
El cierre comenzó alrededor de las 8 horas de ayer, cerca de la caseta de salida a Cuernavaca.
Los alrededor de cien manifestantes utilizaron vallas de plástico anaranjado, de las utilizadas para dividir los carriles en las casetas, para impedir el paso de los vehículos en ambos sentidos.
Los inconformes refirieron que el servicio que proporcionan las rutas 111 y 134 en la zona ha ocasionado percances, debido al exceso de velocidad con que circulan.
Por ello exigieron que en estas colonias se preste el servicio de la Red de Transporte de Pasajeros.
Alrededor de las 10:30 horas comenzaron a llegar policías a la zona. Sin embargo, los uniformados se mantuvieron a distancia sin replegar a los manifestantes.
A cambio, éstos abrieron de manera intermitente el paso a los vehículos que hicieron largas filas para entrar y salir de la ciudad.
Al lugar llegaron funcionarios de la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal para atender a los inconformes y acordaron una reunión para atender su problema.
Sin embargo, los vecinos mantuvieron el bloqueo hasta las 14 horas debido a la exigencia de recibir una indemnización para la familia de un joven de 15 años que supuestamente falleció en un percance vial, que involucró las rutas citadas.
El bloqueo ocasionó un intenso caos vehicular, no solamente en la carretera, sino en vialidades primarias del sur de la ciudad, sobre todo Tlalpan y Periférico.

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Muere trabajador del Metro durante retiro de trenes; cierran cuatro estaciones

El choque de trenes en Metro Oceanía. Foto: Tomada de Twitter @luiguickorrea
El choque de trenes en Metro Oceanía.
Foto: Tomada de Twitter @luiguickorrea
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Las estaciones Oceanía, Terminal Aérea, Hangares y Pantitlán de la Línea 5 del Metro están cerradas por el choque de dos trenes ocurrido ayer lunes.
En estos momentos personal intenta retirar uno de los trenes dañados por el choque, precisó Joel Ortega, director del Metro.
En entrevista con Grupo Fórmula, el funcionario mencionó que, debido a la suspensión del servicio en dichas estaciones, el gobierno del Distrito Federal ofrece servicio gratuito de autobuses por parte de la Red de Transporte de Pasajeros.
Ortega precisó que personal del Metro recuperó las dos cajas negras de los trenes; con ellas y las cámaras de vigilancia se analizará cuál fue la razón del choque.
También dio a conocer que un trabajador cayó a las vías del Metro en la estación del Metro cuando se realizaban labores de retiro de trenes.
El trabajador, que laboraba en el techo de los trenes, murió después de ser trasladado al hospital.
Ayer chocaron dos trenes del Metro en la estación Oceanía, lo que dejó un saldo oficial de seis personas lesionadas.
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