lunes, 1 de junio de 2015

En Construcción 2015-06-01

SME Informe JFCA 30may2015

Electricistas Elegirán a su Dirigencia, LA UNIDAD FRENTE AL ESCLAVISMO LABORAL

Participación de Martín Esparza Flores
Conductor de Frecuencia Laboral y Secretario General del SME
Transcripción de Andrea Luna Hernández, Programa 30 /mayo /2015



El día 29 de mayo del 2015 quedó registrada la planilla 11 de Octubre. Es una planilla que en el consenso de la organización plantea la unidad como eje fundamental para lograr la reinserción laboral, con derechos y prestaciones, que es la negociación que mantenemos con el gobierno a través de la Secretaria de Gobernación.
Porque lo que vemos por todo el país es que ya es una constante que se imponga el semi esclavismo en las relaciones laborales. Los jornaleros de San Quintín, Baja California, tuvieron el valor de salir a manifestarse, de denunciar toda la esclavitud de la que están siendo objeto, por que empiezan a trabajar cuando sale el sol y terminar cuando se mete el sol, por 120 pesos al día, sin seguridad social y sin condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.
Ahí los dueños de los ranchos se meten a la bolsa el 70% de la ganancia y uno de ellos es el hermano del Secretario de Comunicaciones y Transportes, de Gerardo Ruiz, que hoy también están sumidos es escándalos con todas las carreteras que dieron concesionadas a esta empresa OHL. Estaba yo leyendo, simplemente, del circuito mexiquense está empresa OHL española se va a meter a la bolsa 744 mil millones de pesos de puras utilidades y a los trabajadores los tienen en condiciones de sobrevivencia.
Y en otras empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) están operando contratistas, cuyos trabajadores andan en short traen sus tenis, no traen equipo de seguridad e higiene . Sin embargo, su dirigente Víctor Fuentes del Villar tiene en su contrato colectivo trabajadores contratistas para otras empresas, los hacen pagar sus cuotas sindicales pero no están al amparo del contrato colectivo, ni tampoco tienen seguridad social
En la campaña por la renovación Iniciamos también un recorrido, principalmente en las divisiones foráneas y regiones donde se encuentran asentados compañeros y jubilados. Estuvimos en Culhuacán con sus ocho barrios, ahí hubo un evento muy importante. Después estuvimos en la división de Juandho, estuvimos en Pachuca. El día 30 de mayo en Necaxa.
Las votaciones que son del día 16 de junio del 2015. El lunes saldrá la circular recordatorio para ver las divisiones foráneas cuantos días son los que va a haber de votación.
Aquí en el Distrito Federal son nueve días. Después de que concluya la votación, inicia el recuento y el resultado se dará a conocer en la Asamblea conforme marcan los propios estatutos.
La unidad de los electricistas en resistencia es fundamental, para contrarrestar entre otras cosas la propaganda que se hace para engañar a los trabajadores. Un ejemplo de ellos es que para alentar a los trabajadores para que se liquidaran les decían que si se liquidaban no les iban a cobrar su préstamo de casa, y firmaron su convenio de renuncia voluntaria. Pero antes de que se fueran los panistas tras de que perdieron las elecciones, un día antes, demandaron a todos los trabajadores que tenemos crédito de vivienda y en la lista son más de trece mil y entre ellos ocho mil y fracción de liquidados, para que paguen las viviendas, los engañaron.
Entonces, la audiencia para este tema fue el sábado 30 de mayo del 2015, estuvieron presentes el cuerpo jurídico del sindicato, compañeros del comité central y habrá también compañeros de base. Primero porque son créditos otorgados por un fondo de vivienda que generan los propios trabajadores, y cuando le debes al patrón según en este caso, pues tiene hasta un año para demandar. El decreto ilegal de extinción fue en 2009y hasta el 2012 nos demandan. Por eso no procede, pero es una forma de seguir generando conflictos y por lo cual es importante mantener la unidad de los electricistas en resistencia.
Por eso lo importancia de la presencia de nosotros en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y sobre todo que este proceso electoral sirva para cohesionar a trabajadores y jubilados porque observemos que estos neoliberales, pues prácticamente van a continuar con sus reformas. Y una reforma que ya tienen ahí es sobre el tema de la pensión universal. El tema de las pensiones como se ha dicho en varios foros, pues hoy a partir de la situación financiera y económica es donde van a querer ajustar. Por eso estamos llamando a todos los jubilados a cerrar filas, a participar en este proceso electoral. La única forma que se garantice sus derechos adquiridos es fortalecer al Sindicato Mexicano de Electricistas 
 

CFE: bajaría hasta 35% la tarifa de electricidad para la industria

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Medidores de luz domésticos en muy mal estado en una unidad habitacional en Calzada de la VidaFoto Alfredo Domínguez
Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Lunes 1º de junio de 2015, p. 25
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anticipó que este mes las tarifas aplicables al sector industrial, en comparación con junio de 2014, disminuirán entre 25 y 35 por ciento derivado, principalmente, de la baja en los precios de los combustibles que se utilizan para la generación de energía eléctrica y la sustitución de insumos caros y contaminantes por fuentes de energía de menor costo y más amigables con el medio ambiente.
Detalló que para el sector comercial se registrarán bajas de entre 11 y 22 por ciento, y en el caso del sector doméstico de alto consumo la tarifa se reducirá 10.8 por ciento.
Con respecto a la tarifa aplicable al sector doméstico de bajo consumo, que cada año aumentaba 4 por ciento, en 2015 no se elevará. Recordó que a partir del pasado primero de enero esta tarifa tuvo una disminución de 2 por ciento con respecto a diciembre de 2014.
Comentó que cada mes la Secretaría de Hacienda ajusta las tarifas eléctricas a partir de fórmulas técnicas, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación. Los factores de ajuste de las tarifas consideran tanto el volumen, como el precio de los combustibles utilizados en la generación eléctrica.
Para determinar las tarifas de junio de 2015 la SHCP tomó en consideración el precio promedio de los combustibles utilizados en los procesos de generación en mayo de 2015, los cuales registraron una clara reducción durante ese mismo mes. En cuanto al volumen, las tarifas de junio se calcularon de acuerdo con la participación de los combustibles utilizados en 2014.
La reducción en las tarifas eléctricas en gran medida se logró gracias a los esfuerzos estratégicos realizados por la CFE en 2014 para volverse más competitiva, mediante la sustitución de combustibles caros y contaminantes como el combustóleo y el diésel. En su lugar se utilizaron fuentes de energía de menor costo y más amigables con el medio ambiente, como el gas natural y las energías renovables.
En 2014 la CFE produjo 165 mil 165 gigavatios hora (Gvh) de energía eléctrica. De esta energía, 37 mil 491 Gvh (23 por ciento del total) fue generada a partir de centrales hidroeléctricas. Esto representa un incremento de 40 por ciento con respecto a la energía hidroeléctrica producida en 2013.
De acuerdo con la CFE, esto se consiguió debido a que se realizó un manejo óptimo de su infraestructura hidroeléctrica, durante un año de lluvias abundantes. Por lo pronto la CFE seguirá impulsando un plan integral para construir hidroeléctricas y modernizar las existentes, con el fin aprovechar mejor los recursos hídricos.
En 2014 la CFE consumió 6 por ciento más gas natural que en 2013 para generar energía eléctrica. Este aumento fue posible gracias a la Estrategia Integral de Suministro de Gas Natural 2013, impulsada por Petróleos Mexicanos (Pemex) y la CFE, en conjunto con el sector privado, y coordinada por la Secretaría de Energía.
Con esta estrategia se ha logrado garantizar el abasto suficiente de gas natural para la industria nacional y para los procesos de generación de la CFE. A la fecha, México lleva 23 meses consecutivos sin alertas críticas que limiten el consumo de este combustible.

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Cherán llama a comunidades a impedir instalación de casillas

PROCESO 


31 de mayo de 2015
Destacado
Movilización de comuneros de Cherán. Foto: Octavio Gómez
Movilización de comuneros de Cherán.
Foto: Octavio Gómez
CHERÁN, Mich. (proceso.com.mx).- A siete días de la jornada electoral en Michoacán, la comunidad purépecha de Cherán K’eri, llama a los municipios, comunidades, rancherías y tenencias a que impidan la instalación de casillas electorales el próximo domingo 7 de junio y a que se organicen para hacerse cargo de su propia seguridad y del resguardo de sus familias y de su territorio.
Y es que, afirma, los partidos políticos y los gobiernos en turno están vinculados con el crimen organizado pues el Estado protege los intereses capitalistas, particularmente a “la empresa trasnacional” del narcotráfico.
“Ante este escenario, nos piden que confiemos en ellos. Nosotros decimos ningún voto para los partidos políticos, como se determinó en nuestra comunidad (…) Creemos firmemente que esta falsa democracia no es opción, pues es una simulación que beneficia solo a una minoría”, señala un comunicado del Concejo de Procuración y Conciliación de Justicia, en el que dicen que la autonomía es posible y que cada vez serán más los pueblos que caminen al margen del Estado.
El pasado 3 de mayo se realizó la elección por usos y costumbres de los 12 keris que integrarán el nuevo Consejo de Mayores de Cherán, que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre y que sustituirá al primer gobierno comunal elegido en 2012.
Los actuales encargados de la impartición de justicia en la comunidad también denuncian que, desde que inició su movimiento el 15 de abril de 2011, cuando se rebelaron contra los talamontes, el Estado “ha tratado de desarticularnos” a través del despliegue de estrategias de contrainsurgencia, que van desde agresiones directas hasta la dilación de justicia para los asesinados y desaparecidos, y la implementación de programas sociales “para la compra de conciencias y la cooptación de nuestra gente”.
Una de las presiones recurrentes ha sido a través del gobierno de Michoacán. En distintas ocasiones, la Secretaría de Seguridad Pública estatal trató de “corrompernos y cooptarnos” para que la ronda comunitaria entrara al Mando Único y “así vulnerar nuestra seguridad”, señalan el Concejo de Procuración y Conciliación de Justicia.
La ronda comunitaria se ha mantenido bajo el mandato de los cuatro barrios que conforman la cabecera municipal de Cherán, que se ha convertido en los últimos años en una isla de seguridad en un estado convulsionado por la violencia.
El concejo también conocido coloquialmente como de “Honor y Justicia” o “HJ” comenzó a existir en 2012 como parte del gobierno comunal y con la encomienda de impartir una justicia basada en la oralidad, la reparación del daño y la conciliación, para lo cual la comunidad creó un reglamento interno.
Tanto a sus integrantes como a los de la ronda comunitaria, el gobierno de Michoacán les ha ofrecido altos salarios para que cedan a la presión de adherirse al Mando Único, lo cual no han aceptado hasta la fecha.
Es así que las autoridades recién electas que darán continuidad a este proyecto de construcción de autonomía, tendrán el reto de mantener la postura de no permitir que el gobierno federal y estatal vuelvan a tener el control de la seguridad de Cherán y desintegren a la ronda comunitaria, que a la fecha mantiene tres barricadas en la entrada del pueblo y un grupo de guardabosques que resguarda su territorio.
El Concejo de “Honor y Justicia” también advierte que nunca se cumplió la exigencia de hacer justicia a los caídos y desaparecidos de Cherán, pues el poder judicial estatal y federal han hecho que todo el proceso sea “un calvario tortuoso para los familiares, haciéndoles perder tiempo y dinero en reuniones con autoridades que siempre se culpan sobre la falta de avances: los jueces dicen que los ministerios públicos tienen la culpa y viceversa, cuando en realidad existe una política de Estado para no buscar a los desaparecidos y para olvidar el dolor que sufren miles de familias”.
Las esposas y hermanos de los cinco desaparecidos de Cherán han tenido que hacer lo mismo que miles familias en el país que buscan a sus seres queridos: cavan cerros, se meten a ranchos peligrosos a preguntar, investigan la ubicación de fosas o aserraderos clandestinos, entregan información a los ministerios públicos y hacen hasta lo imposible por encontrar a su gente, mientras que las investigaciones siguen en lo mismo: en cero.

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Mineros: Cananea, foco rojo por problemas con Grupo México


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 1º de junio de 2015, p. 14
La sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana indicó que Cananea se ha convertido en foco rojo por los múltiples problemas de salud, económicos, laborales y sociales que ha provocado Grupo México en la zona, los cuales han devenido crisis financiera en la región, dando pie a demandas, contrademandas y descontento de la población y trabajadores contra la empresa.
Detalló que, bajo la consigna Somos víctimas del Grupo México, cumplió más dos meses el plantón que mantienen mineros y habitantes de las zonas cercanas al río Sonora y la toma de las bombas de agua que abastecen la mina Buenavista del Cobre, en Cananea. Ello a pesar de que el consorcio interpuso una demanda contra quien resulte responsable por esos hechos.
La sección minera forma parte del frente Todos Unidos contra Grupo México. Advirtió que continuarán apoyando el plantón, el cual no se levantará porque la compañía no ha resarcido los daños a los afectados, no ha terminado de entregar los apoyos que prometió, dejó fuera de éstos a muchos afectados y continúan presentándose casos de personas enfermas, sobre todo niños, a consecuencia de la contaminación del agua en la zona. Sobre todo, dijo, porque no quiere sentarse a negociar un acuerdo laboral con los empleados.
Manifestó que el consorcio ha acabado con la economía de la región y la salud de los habitantes, sin que las autoridades lo obliguen a cumplir sus obligaciones laborales. Incluso, ahora tiene un nuevo problema con los trabajadores que contrató para sacar a los mineros legítimos, porque prácticamente no les pagó utilidades este año argumentando que tuvo que cubrir indemnizaciones a pobladores.
Es decir, no las asumió la empresa, sino las cargó a los trabajadores, señalaron representantes de la sección 65, quienes indicaron que, sin dejar de lado que Grupo México tiene que asumir el pago de los daños y no los trabajadores, también en forma paralela, desde meses, detuvo el pago de las indemnizaciones a los afectados por la contaminación del río Sonora.
Agregaron que el consorcio ha sumado conflicto tras conflicto, no ha sido conminado por las autoridades a resolver, negociar y asumir las consecuencias económicas, sanitarias y laborales por sus actos. En cambio, da entrada a una denuncia contra quienes tomaron Los Patos acusándolos de robo, despojo y daños. Sólo falta que mineros y afectados por el derrame sean encarcelados y al consorcio no lo toquen.
Para el gremio, no es gratis que Grupo México, de Germán Larrea, tenga conflictos en Perú, lo mismo que en España, porque cree que puede actuar con la impunidad con que lo hace en este país, donde se brinca a las autoridades de todos los niveles, las leyes, los reglamentos, incumple con sanciones mínimas que le ponen y no lo sientan a negociar las huelgas que ha dejado envejecer en diversos estados. Quiere imponer el mismo modelo de explotación en todos los lugares donde se asienta.

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Inicia Sección 22 boicot electoral; alista movilizaciones

PROCESO 


31 de mayo de 2015
Destacado
(Archivo) Protesta de la Sección 22 del SNTE en Oaxaca. Foto: Tomada de Twitter @elimparcialcom
(Archivo) Protesta de la Sección 22 del SNTE en Oaxaca.
Foto: Tomada de Twitter @elimparcialcom
OAXACA, Oax. (proceso.com.mx).- La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) emitió una convocatoria urgente para que tomen hoy los 11 distritos electorales y así evitar que las autoridades electorales saquen la papelería para los comicios del próximo 7 de junio.
Como parte del boicot electoral, la dirigencia magisterial instruyó a los maestros para que de manera masiva se concentren hoy los maestros en los 11 distritos electorales y nombren brigadas de vigilancia para resguardar las instalaciones.
Exhortaron a los 84 mil maestros a cumplir con responsabilidad este llamado a fortalecer su movimiento magisterial por la defensa de la educación pública.
Y reiteraron que a partir de este lunes, todas las fuerzas de la CNTE y de la combativa Sección 22, realizarán jornadas de boicot al proceso electoral como parte del “rechazo a la farsa y teatro electoral que se diseña, opera y orquesta desde el espurio Enrique Peña Nieto y desde instancias representadas por personajes nefastos que denigran y discriminan a nuestros pueblos, como el Instituto Nacional Electoral (INE)”.
Desaprueban que el INE tenga un presupuesto de 18 mil 572.4 millones de pesos para este proceso electoral, que lo colocan como las elecciones más caras en la historia de México, es decir, más de 2.6 millones comparado con el proceso de 2012.
“Y es que a pesar de tener a la mitad de los mexicanos viviendo en extrema pobreza, este Gobierno destina presupuestos millonarios para acreditar una farsa electoral que no representa los verdaderos intereses de los mexicanos”, puntualizó el magisterio.
Por esta razón, la Sección 22 de la CNTE ratifica su jornada de lucha con el boicot a la farsa electoral federal a través de la concentración, clausura y toma permanente e instalación del plantón en los 11 distritos electorales del estado de Oaxaca hasta la jornada electoral.
En estas acciones, contemplan un menú de actividades con el factor “sorpresa” que abonará a que su principio táctico de lucha movilización-negociación- movilización surta efectos satisfactorios para el cumplimiento de sus acuerdos.
“Hoy, nuestro movimiento tiene en sus manos la posibilidad de marcar la historia educativa del país, por la libertad inmediata de los presos políticos y de conciencia,  por la defensa de los derechos de los trabajadores del magisterio y la insurgencia de este movimiento por la defensa de la educación Pública, así como por la presentación inmediata de los 43 estudiantes normalistas.

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Yo no pido amnistía, todo mundo sabe que soy una presa política

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Familiares de Nestora Salgado acudieron al penal de Tepepan y llevaron una fotografía de tamaño natural de la luchadora socialFoto Pablo Ramos
Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Lunes 1º de junio de 2015, p. 10
Recluida en el cuarto 205 de la torre médica del Centro Femenil de Readaptación de Tepepan, Nestora Salgado García trata de recuperar la salud física y emocional que le trastocaron 17 meses de aislamiento en el penal federal de Tepic, Nayarit.
Ataviada con una pijama de franela a cuadros que hace de uniforme para las pacientas internas, la comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, responde a La Jornada sobre la condición de su encierro:
Yo no pido amnistía, todo mundo sabe que soy una presa política, que fui objeto de una detención arbitraria. Saben que han violado todos mis derechos y garantías individuales y constitucionales.
En la puerta del cuarto de recuperación destaca la palabra aislamiento. Nestora Salgado tiene de compañera, pared de por medio de donde es atendida, a la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo. Allí, la jefa de la policía comunitaria acepta conversar con este diario, por la mediación del diputado perredista Roberto López Suárez.
Cansada, con el daño visible por semanas en huelga de hambre y un día después de haber sido trasladado por la policía federal, desde Tepic a la capital del país, repone fuerzas y recuerda:
“Yo pertenezco a una institución reconocida por el gobierno de Guerrero y por la ley (su caso se explica con la Ley 701 del estado, aprobada en abril de 2011, en la que se resalta el derecho consuetudinario de los pueblos originarios de Guerrero, a fundar la policía comunitaria de Olinalá para proteger a sus habitantes de actividades delictivas derivadas del narcotráfico, la trata de personas y el abigeato o hurto de ganado y bestias).
La policía comunitaria en Olinalá es una organización que se necesitaba y que se sigue necesitando. Sabemos de cómo estaba y está toda la seguridad allá. Por eso el gobernador (Ángel Heladio Aguirre) dio autorización para formar una policía, porque sabía cómo estaba la situación en ese lugar, y lo que la delincuencia estaba haciendo.
El 19 de agosto de 2013 fue librada una orden de aprehensión por la juez segunda de primera instancia del distrito judicial de Los Bravo contra Nestora Salgado por el delito de secuestro agravado, cometido supuestamente contra los menores Dulce Rubí Burgos Pérez, Pedro Gil Apreza Salmerón, Betzabé Rubí Baltazar Sosa, Sofía Navarrete Baltazar, Yesenia Castillo Mesa y Ramiro Santiago Martínez.
A Nestora Salgado no se le notificó de aquella orden de aprehensión ni se le detuvo bajo el cargo de secuestro de estos jóvenes.
Dos días después elementos del Ejército y la Marina, en 15 vehículos, la aprehendieron sin orden judicial el 21 de agosto de 2013, y la pusieron a disposición del juzgado segundo de primera instancia del ramo penal del distrito judicial de Los Bravo.
El motivo de la detención se dio a conocer siete días después de que se supiera que Nestora había sido internada en un penal de alta seguridad, luego de que sus hijas y su esposo, José Luis Ávila, insistieron ante la embajada de Estados Unidos para que interviniera por derecho que le confiere la ciudadanía estadunidense.
La primera versión del gobierno mexicano por la detención de Nestora Salgado fue por la demanda de supuesto secuestro contra el síndico procurador Armando Patrón Jiménez, quien fue detenido por la policía comunitaria de Olinalá el 15 de agosto de 2013, por robo de una res y estar presuntamente vinculado a un doble asesinato.
Antier, cuando el diputado López Suárez –quien se ocupa de su defensa desde el inicio de la detención de la comandanta de la policía comunitaria– sostuvo que el traslado de la presa a la ciudad de México no es el fin del proceso, sino que la demanda es la liberación definitiva, el drama de Nestora Salgado se exacerba cuando su deseo por unos tamalitos crece, y le son negados porque su estado de salud no es el mejor para digerir ese alimento.
Demacrada, se sienta sobre la cama de metal y colchón de hule espuma que le fueron asignados, a su costado se levanta una pila de libros que devora en sus largos espacios de soledad, se defiende:
“Yo no infringí las leyes. Yo soy respetuosa de los derechos humanos. A pesar de haber trabajado incansablemente y de que la gente haya confiado en mí, porque seguro algo vio en mí, y ese algo era que yo hago bien las cosas, se ensañaron contra mí, me han castigado así.
Pero quiero denunciar que esa prisión es un campo de concentración, y de ninguna forma se logra la reinserción social, como ellos le llaman. Yo fui muy reprimida, aislada durante 17 meses. Quisieron terminar conmigo. Volverme loca, pero no lo consiguieron. Estuve todos los meses en esa prisión sin haberme peinado. Ni a un cepillo, ni a un peine tuve derecho.
–El gobierno federal retiró los cargos contra usted; no obstante, el gobierno de Guerrero mantiene la acusación en su contra, ¿a qué atribuye usted esa postura?
–En mi caso el gobierno tiene responsabilidad sobre mi salud física y mental, por las presiones a las que estuve a merced en ese lugar donde nos trataban de forma por demás canalla. En México se lucha por los derechos de los animales, de los montes, pero a las mujeres no nos defienden, nos aislan, nos han dejado abandonadas.
Le quiero pedir al pueblo mexicano la unión en mi caso. Exijo al gobierno federal y al gobierno del estado que cumplan los acuerdos para mi liberación. Me atrevo a pedirlo porque soy una mujer con la conciencia limpia, soy inocente.
–¿Usted continua en la cárcel porque representa un peligro para la connivencia entre delincuentes y funcionarios corruptos?
–Yo luché contra el crimen organizado, que en el campo infundía miedo y terror a los campesinos abandonados. Esa gente es mi bandera. Es horrible la desesperación de las madres que piden a gritos justicia por sus hijos despedazados, y eso me dio valor, fuerza y coraje para alzar la voz. Necesitamos que el gobierno preste atención a la gente del campo que vive en un gran rezago.
–¿Su detención significó una lección de la autoridad a las policías comunitarias?
–No quiero que mis compañeros se avergüencen de mí. Quiero que mis compañeros sean liberados, porque son presos políticos. Hoy día tengo confianza, porque siento que estoy en la recta final (de su proceso para alcanzar la libertad). A pesar de estar muriéndome sigo dispuesta a luchar por la libertad de los presos políticos, Arturo Campos, Gonzalo Marín y el señor (Marco Antonio) Suátegui, estamos presos de manera injusta.
Quisiera que se presionara al gobierno federal y al del estado de Guerrero, porque son ellos los que me tienen aquí injustamente, yo no transgredí las leyes, yo cumplí con el mandato de nuestra asamblea (en Olinalá), que es la máxima autoridad, que cumpliéramos con lo que ahí nos dijeran, exponiendo mi vida, y exponiendo a mi propia familia.
–Usted es ciudadana estadunidense, en aquel país hizo su vida, trabajó…
–Antes de todo este horror, estaba bien. Yo viví y trabajé en Estados Unidos, y allí sí tenía seguridad. Y ahora no me van a callar. Estoy aquí pidiendo justicia a gritos, a todos aquellos que nos han olvidado. Pido respuesta a las madres de los estudiantes de Ayotzinapa, a las madres de los 30 desaparecidos de Chilapa. Por todas ellas es mi lucha, no sólo por mí. Y estoy dispuesta a morir si no hay resultados.
Nestora Salgado se encuentra agotada, sus grandes ojos están sumidos, cansados, pero no la abandona la satisfacción por haber salido del aislamiento.
Quiero pedir al gobierno federal, al de Guerrero y al fiscal del estado, que cumplan y que revisen mi caso. Quiero hacer énfasis en que yo no secuestré. Jamás actuamos en la policía comunitaria, reteniendo gente, y lo que hicimos fue avalado por la corporación. Jamás pedí ni 20 mil ni 50 mil pesos, como lo han dicho falsamente muchos medios de comunicación, ¡eso es una vergüenza!
–Ahora se habla de amnistía para usted y sus compañeros –se le recuerda.
–Yo no pido amnistía. No se va a hacer justicia pidiendo amnistía. ¡Tengo tanto coraje, tanta frustración por haber pasado por lo que pasé!
Créame que me estaba traumatizando; todo esto ha sido muy feo para mí. Yo soy muy fuerte y honesta, y si hubiera actuado cometiendo delitos, lo digo y lo acepto. Yo acepto mis errores, les doy la cara, pero no he cometido ningún delito y jamás los voy a cometer. 

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Ayotzinapa: omisión criminal

PROCESO 


29 de mayo de 2015
Análisis
Familiares de los 43 queman propaganda electoral en la Ciudad de México. Foto: Hugo Cruz
Familiares de los 43 queman propaganda electoral en la Ciudad de México.
Foto: Hugo Cruz
MÉXICO, D.F. (apro).- La indolencia de Enrique Peña Nieto y todo su equipo de seguridad nacional no tiene límites. Insensibilidad o componenda pero a fin de cuentas un único resultado: impunidad que abona a desapariciones forzadas, asesinatos, levantones, persecución y abusos, por decir lo menos.
Desde hace seis meses, justo el 29 de octubre, el presidente de México, Peña Nieto; el titular de Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, y el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, sabían que en Chilapa, Guerrero, iban a desaparecer jóvenes en contra de su voluntad.
Lo supieron cuando don Clemente Rodríguez Moreno, padre del estudiante de 19 años, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, les informó, primero, y reclamo después, que algunos de los desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa habían sido vistos por los rumbos de Chilapa.
Y debió pasar un mes de la desaparición forzada de los 43 estudiantes para que Peña Nieto se dignara a recibir a los padres en Los Pinos. Ahí, don Clemente Rodríguez le narró lo que apenas tres días antes le comentó una vieja conocida de la familia.
“Nosotros pensamos que ya había regresado tu hijo porque el otro día pasó una camioneta por acá, por Tuxtla, rumbo a Chilapa, una camioneta de redilas, y su hijo me dijo adiós”. “¿Lo vio solo o con quién?”, preguntó enseguida don Clemente.
La mujer aclaró: “No, iba llena de muchachos, y atrás de ellos iba otro carro grande”.
Don Clemente no pudo explicar en aquellas cinco horas de su encuentro con Peña Nieto quién pudo haber trasladado a los jóvenes hacia Chilapa, pero sí le exigió que buscaran por ahí, y lanzó como hipótesis la participación del grupo delictivo de Los Rojos, según publicó Proceso en su edición 1983, de noviembre pasado.
Transcurría apenas el primer mes de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El gobierno federal y su comandante en jefe, Enrique Peña Nieto, no hicieron nada al respecto. Por lo menos oficialmente nada se supo de alguna búsqueda por la zona. Sí, en cambio, una semana después, el 7 de noviembre, el gobierno federal priista intentó convencer a padres y sociedad en general que los muchachos habían sido “quemados en una pila” con llantas y diesel.
En aquella ocasión nadie le creyó a Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República y quien lo mismo tiene la capacidad de indagar la desaparición de jóvenes que de presentar un análisis sobre las nuevas viviendas que recibirán los afectados por el tornado en Ciudad Acuña, Coahuila.
Seis meses después de que los padres de Ayotzinapa alertaran a Peña Nieto y al equipo de seguridad nacional que algo grave sucedía en Chilapa, vino otro evento llenando nuevamente de indignación a los mexicanos: la desaparición de 30 jóvenes de entre 25 y 30 años en el municipio de Chilapa.
Durante cinco días, a partir del sábado 9 de mayo, un grupo delictivo local se dedicó a catear casas y levantar jóvenes,  ante la mirada de elementos de Seguridad Pública, aparte de mofarse de los militares, quienes tienen retenes ahí, y todo ello como parte de la lucha que mantienen las bandas delictivas de Los Rojos y Los Ardillos por el control de la zona por ser un lugar de paso para el trasiego de la droga.
Lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 se pudo evitar lo mismo que lo sucedido el 9 de mayo en Chilapa. Sin embargo, la complicidad, inacción, omisión, indolencia e insensibilidad de algunas autoridades federales, estatales y/o municipales no hace sino abonar a que ello siga ocurriendo.
A Peña Nieto –un hombre que gusta de jugar golf tres veces por semana, que se levanta pasadas las diez de la mañana y que ahora, ante el temor de un ataque.

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El sistema nacional de salud padece "cáncer administrativo"

Ángeles Cruz Martínez
 
Periódico La Jornada
Lunes 1º de junio de 2015, p. 38
El Seguro Popular es un dolor de muelas. Se originó con el objetivo de que el dinero siga al paciente, no a la institución. La idea fue buena, pero falló su aplicación porque recursos hay, y muchos, como nunca antes, pero están mal aprovechados por una pésima administración, y los pacientes no tienen los servicios médicos que requieren, afirmó Javier Potes González, presidente del Consorcio Mexicano de Hospitales.
De otra manera, dijo, no se entiende que a más de 10 años de operación del Seguro Popular, todavía la mitad del gasto en salud provenga del bolsillo de los pacientes. La explicación es que éstos no encuentran en la atención pública el servicio que necesitan y recurren al sector privado, a unidades cuya calidad es más bien malita.
En entrevista, el empresario aseguró que el sistema nacional de salud tiene cáncer; sin embargo, no hay un sentido de urgencia de hacer algo. Al menos no se ve.
Recordó que en la reforma a la Ley General de Salud que dio paso a la creación del Sistema Nacional de Protección Social en Salud y a su brazo operativo, el Seguro Popular, se incluyó la posibilidad de que participara el sector privado en la prestación de servicios médicos. Sin embargo, ello no ocurre por falta de reglas ni sistemas de control de clínicas y hospitales particulares y tampoco existen tabuladores claros.
Sucede, entonces, que el dinero no sigue al paciente, y éste no tiene la posibilidad de elegir a su médico.
Opciones de bajo costo
Interrogado sobre la deficiente calidad de los servicios médicos privados, Potes González reconoció que eso un problema, pero que tampoco ha habido iniciativas para resolverlo. Una opción podría ser que el Consejo de Salubridad General (CSG) incluyera en los procesos de certificación de calidad a unidades médicas pequeñas y medianas que puedan resolver enfermedades de baja complejidad, las cuales no requieren de grandes instalaciones ni equipos médicos complejos.
En el país, señaló, existen 3 mil hospitales privados, de los cuales únicamente 100, los más grandes, están certificados por el CSG. Si hubiera mecanismos intermedios, dijo Potes, con distintos niveles muchos más entrarían a la jugada. Habría posibilidad de supervisar su actividad –qué hacen y cómo– en beneficio de los usuarios.
En la actualidad, la prestación de servicios médicos está dividida. En un extremo están las personas de altos ingresos que pagan pólizas de seguros de gastos médicos mayores, consultas médicas y fármacos. Hacen un gasto de bolsillo que no tiene impacto en sus finanzas.
Del otro lado está el sector con los más bajos ingresos económicos, cuya única opción es acudir a las instituciones de seguridad social –los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste)– y al Seguro Popular, y esperar a que los atiendan, así como que les den los medicamentos que haya.
Entre ambos sectores hay de 25 a 30 millones de mexicanos de clase media que ya no acuden al IMSS ni al Seguro Popular, sino al ámbito privado. Tienen un gasto de bolsillo con un impacto mayor en su economía y sin la certeza de la calidad de la atención, indicó Potes, quien hace unos días participó en el foro Liderazgo en Salud, organizado por el Tecnológico de Monterrey.
Por eso es lamentable, agregó, que con tanto dinero disponible en los estados, por medio del Seguro Popular, no haya claridad ni transparencia en su manejo.
Señaló que modificar el actual sistema sanitario no será fácil, pero tenemos que ser creativos. Mencionó, por ejemplo, la creación de incentivos para que los médicos sean activos en el cuidado de la salud de sus pacientes.
En contraste, por ejemplo, en Francia existe un esquema en el que médicos y pacientes obtienen beneficios si cumplen con esquemas de prevención y detección temprana de padecimientos.
Otra opción está en los recién creados seguros médicos privados para personas de ingresos medios. Esta es una iniciativa del Consorcio Mexicano de Hospitales, que agrupa a 38 establecimientos en 35 ciudades de la República. Consiste en una póliza con un costo de entre 3 mil y 5 mil pesos por una suma asegurada de 150 mil pesos. Con este monto se pueden cubrir 95 por ciento de las causas de hospitalización (apendicitis, amigdalitis, accidentes, partos).
Este proyecto, con alguna colaboración con el Seguro Popular, podría ser parte del cambio del modelo que requiere el sistema nacional de salud, concluyó Potes.

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Cetegistas toman caseta y retiran propaganda electoral en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Miembros del magisterio disidente y organizaciones sociales protestaron en distintos puntos de la entidad para seguir exigiendo justicia por el caso Ayotzinapa.
En esta capital, los manifestantes se dirigieron a la caseta de peaje de la autopista Del Sol en el poblado de Palo Blanco y luego de permitir el paso libre de automovilistas, se retiraron porque llegaron agentes federales.
Enseguida, los cetegistas a bordo de unidades de transporte público realizaron un recorrido por las principales calles de la ciudad donde retiraron propaganda electoral, destruyeron parquímetros y desalojaron oficinas gubernamentales.
La acción que se realiza a ocho meses de la masacre y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, concluyó en el zócalo capitalino donde los inconformes advirtieron que van a impedir las elecciones.
Las protestas por Ayotzinapa se extendieron al puerto de Acapulco y las regiones de la Montaña y Costa Chica donde también insistieron en el boicot electoral por considerar que la clase política sólo representa a la delincuencia.

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El telepresidente, por los suelos

PROCESO 


30 de mayo de 2015
Destacado
El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. Foto: Miguel Dimayuga
El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.
Foto: Miguel Dimayuga
En vísperas de los comicios del 7 de junio, editorial Grijalbo pone en circulación el libro La caída del telepresidente. De la imposición de las reformas a la indignación social, con prólogo de Elena Poniatowska. En 280 páginas, el reportero de Proceso Jenaro Villamil documenta los yerros del mexiquense Enrique Peña Nieto, sus ambiciones, sus referentes históricos –el dictador Porfirio Díaz, por ejemplo– y sus desencuentros con el deformante espejo del poder mediático que durante años lo hizo sentirse famoso y querido. A tres años de que llegó al poder, su popularidad está por los suelos y la ciudadanía se muestra cada vez más indignada por los escándalos protagonizados por él y por sus colaboradores. Proceso adelanta dos fragmentos del libro.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- No terminaba la celebración de las reformas estructurales aprobadas y el relanzamiento de Peña Nieto en los medios de comunicación, cuando la misma prensa extranjera dio cuenta de un fenómeno: los mexicanos estaban “desencantados” con su propio reformador. Todas las encuestas –las públicas y las privadas que Los Pinos mandó a hacer– reflejaron un bajo índice de aprobación y apoyo a las reformas.
El golpe más duro fue el sondeo difundido el 26 de agosto de 2014 por el Pew Research Center (un think tank con fuerte influencia en los círculos de Washington): registró 51% de opiniones favorables al gobierno de Peña Nieto contra un 48% desfavorable. El índice de aprobación fue de seis puntos, más bajo que en 2013, y la opinión negativa hacia el gobierno federal creció nueve puntos en un año, según el mismo centro.
El nivel de desaprobación fue mayor en el terreno económico: 60% está en contra del manejo de la economía (14% más que en 2013) y sólo el 37% la aprobó (nueve puntos menos que un año anterior). Los indecisos disminuyeron de 8 a 3%.
Ninguno de los sondeos se refiere a los temas de las 11 reformas estructurales que “movieron a México”: 79% consideró el crimen y la inseguridad como el problema más importante; 72% la corrupción; el mismo porcentaje la violencia de los cárteles; 70% la contaminación del agua, y 69% la contaminación del aire.
La encuesta del Pew Research Center se difundió el mismo día en que Peña Nieto realizó su primera visita oficial en territorio norteamericano, tras la aprobación de las reformas estructurales. En esa encuesta 69% expresó su descontento con las condiciones del país y sólo 30% se expresó satisfecho. Casi una tercera parte, 27%, consideró “muy mala” la situación del país. De los jóvenes entre 18 a 29 años, 51% pensaban como una buena opción migrar a Estados Unidos.
El desencanto ya lo venían documentando otras casas encuestadoras que no pueden ser señaladas como enemigas del peñismo, como es el caso de Consulta Mitofsky, GEA–ISA, Parametría, o los periódicos Reforma y El Universal, este último a través de Buendía & Laredo. En casi todos estos sondeos no son la reforma energética ni la de telecomunicaciones las que mencionan los mexicanos encuestados como las preocupaciones centrales. Son el desempleo, la corrupción y la inseguridad lo que más demandan resolver. El desempeño de Peña Nieto es menor a 50% de aprobación en la mayoría de los casos.
Consulta Mitofsky, en su sexta encuesta trimestral del 31 de mayo de 2014, reveló que 50% aprobó el gobierno de Peña Nieto, contra el 49% que lo desaprueba. Es el índice más bajo en comparación con los dos primeros años de otros gobiernos: Carlos Salinas (75% de aprobación), Vicente Fox (63%) y Felipe Calderón (61%). Sólo Ernesto Zedillo registró 34% de aprobación, como resultado de la aguda crisis económica de 1995, de acuerdo con la misma medición de Consulta Mitofsky.
Las encuestas de los periódicos Reforma y El Universal han arrojado cifras similares: la calificación del gobierno es menor a seis; más de 50% de los encuestados tienen una opinión negativa sobre la conducción de la economía; más de 65% cree que con la reforma energética no bajarán los precios de la luz ni de la gasolina (los dos temas que más se promovieron en spots durante 2013); y más de 60% tiene percepciones negativas sobre la violencia y el combate a la corrupción.
(Fragmento del texto que se publica en la revista Proceso 2013, ya en circulación) 

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