martes, 23 de junio de 2015

Mirando al Horizonte desde el Pasado 2015-06-23

La CFE licitará proyectos por unos 10 mil millones de dólares

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Enrique Ochoa (de pie), director de la Comisión Federal de Electricidad, durante el cuarto anuncio de licitaciones de infraestructura eléctrica y gasoductos. Segundo de izquierda a derecha, Pedro Joaquín Codwell, titular de la Secretaría de EnergíaFoto Luis Humberto González
Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Martes 23 de junio de 2015, p. 22
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un paquete de 24 procesos de licitaciones por casi 10 mil millones de dólares, que incluyen la construcción de cinco gasoductos, cuatro centrales, tres proyectos de líneas de transmisión y nueve planes de distribución de energía eléctrica. En todas las obras habrá testigos sociales, representantes de Transparencia Mexicana y de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En esos trabajos destaca el Proyecto 2021 para la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas de energía en distribución, que incluye 44 obras divididas en ocho fases. Su objetivo es disminuir la pérdida de luz en Campeche, Chiapas, Distrito Federal, estado de México, Morelos, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Veracruz.
Esas fases incluyen la instalación de un millón 217 mil 399 medidores, de los cuales 700 mil se colocarán en la zona conurbada del valle de México, 36 mil 612 transformadores de distribución y la instalación de 2 mil 962 kilómetros de líneas, lo cual tendrá una inversión de 845 millones de dólares.
En el contexto del cuarto anuncio de licitaciones de infraestructura eléctrica y gasoductos, el titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, destacó que con el aprovechamiento de las redes informáticas y los medidores inteligentes en la prestación de servicios, se ofrece una perspectiva ilimitada bajo el concepto del Internet. “Ello nos va a llevar a la automatización del sistema y a su control remoto por vías electrónicas.
Los usuarios podrán eficientar el consumo eléctrico en tiempo real e intervenir en sus cuotas de consumo. Eventualmente, convertirse no sólo en generadores de la energía que utilizan, sino también de la información energética que ayude a un diseño de política más preciso y actualizado.
Aseguró que en 12 meses habrá un panorama mejor y que las transformaciones que la CFE está llevando a cabo se van a reflejar en mayor dinamismo económico, industrial, comercial, agropecuario y de servicios.
Joaquín Coldwell resaltó que toda inversión en infraestructura origina en el mediano y largo plazos un efecto multiplicador sobre el desarrollo, como mayor bienestar para la población, creación de empleos, incremento en el nivel de los ingresos y más competitividad.
El también presidente del consejo de administración de la CFE consideró que el fortalecimiento de la infraestructura significa democratizar el acceso a la electricidad y los combustibles, la reducción de brechas regionales, la promoción de la inclusión social, la integración eficiente del territorio nacional y la conexión con mercados internacionales a costo más bajo.
Con estas obras, dijo, la CFE se prepara para competir en el mercado eléctrico con los nuevos generadores de energía eléctrica privados, que empezarán a operar en enero de 2016.
Para la reducción de pérdidas de energía en distribución 2021, en su primera fase, el proyecto incluye el suministro e instalación de 16 mil 48 medidores y 957 transformadores de distribución. Esta estapa se pondrá en marcha en Morelos. La inversión estimada es de 14 millones de dólares. Las prebases y bases se publicaron en mayo y junio, respectivamente. La entrada en operación comercial está prevista para octubre de 2016.
Para abatir las pérdidas de energía en la segunda fase, el proyecto incluye el suministro e instalación de 5 mil 727 medidores. Ésta se llevará a cabo en Sinaloa. La inversión calculada es de 5 millones de dólares. Las bases se publicarán este mes, y la entrada en operación comercial está prevista para octubre de 2016.
En la tercera fase, el proyecto incluye el suministro e instalación de 20 mil 456 medidores. Esta etapa se efectuará en Veracruz. La inversión estimada es de 8 millones de dólares. Las prebases y bases se publicaron en abril y junio, respectivamente. La entrada en operación comercial está prevista para septiembre de 2016.
Para la cuarta fase, el proyecto incluye el suministro e instalación de 93 mil 241 medidores. Esta etapa se pondrá en marcha en Campeche y Quintana Roo. La inversión proyectada es de 48 millones de dólares. Las prebases y bases se publicaron en mayo y junio, respectivamente. La entrada en operación comercial está prevista para abril de 2017.
En relación con la quinta fase, el proyecto incluye el suministro e instalación de 378 mil 54 medidores y 12 mil 687 transformadores de distribución. Esta etapa se llevará a cabo en el estado de México. La inversión estimada es de 276 millones de dólares. La publicación de las prebases está programada para este mes y la entrada en operación comercial está prevista para junio de 2017.
Para la reducción de pérdidas de energía en la sexta fase, el proyecto incluye el suministro e instalación de 187 mil 817 medidores y mil 951 transformadores de distribución. Ésta se efectuará en Chiapas y Tabasco. La inversión calculada es de 95 millones de dólares. La publicación de las bases se llevará a cabo en julio de 2015, y la entrada en operación comercial está prevista para junio de 2017.
En la séptima fase el proyecto incluye el suministro e instalación de 336 mil 935 medidores y 19 mil 338 transformadores de distribución. Esta etapa se instalará en el estado de México. La inversión estimada es de 283 millones de dólares. La publicación de las bases se llevará a cabo en julio de este año y la entrada en operación comercial está prevista para junio de 2017.
Finalmente, para la reducción de pérdidas de energía en distribución 2021 en su octava fase, el proyecto incluye el suministro e instalación de 179 mil 121 medidores y mil 679 transformadores de distribución. Esta etapa se llevará a cabo en el estado de México y el Distrito Federal. La inversión calculada es de 116 millones de dólares. La publicación de las prebases se llevará a cabo en julio de 2015, y la entrada en operación comercial está prevista para junio de 2017.
En su oportunidad, el director de la CFE, Enrique Ochoa Reza, indicó que con la construcción de los cinco gasoductos se aumentará la red en 2 mil 300 kilómetros y todas esas obras beneficiarán a 24 estados de la República.
Veinticuatro meses sin alertas
Acompañado por el secretario de Energía y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya; el subsecretario de Electricidad, César Hernández, y el director del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas), David Madero, el director de la CFE afirmó que ya se cumplieron 24 meses sin alertas críticas, las cuales obligaban a la industria del país a realizar paros ante la insuficiencia de gas natural para sus proyectos productivos.
En el acto se informó que el gasoducto La Laguna-Aguascalientes tendrá una longitud de 600 kilómetros y tendrá una inversión estimada de mil millones de dólares. Se espera que entre en operación en diciembre de 2017.
El gasoducto Villa de Reyes- Aguascalientes–Guadalajara tendrá una longitud de 355 kilómetros. Se proyecta una inversión de 555 millones de dólares, y se espera que su operación comercial empiece en diciembre de 2017.
En tanto, el gasoducto Tula-Villa de Reyes tendrá una extensión de 280 kilómetros y también se prevé el inicio de su operación comercial en diciembre de 2017.
A su vez, el gasoducto Sur de Texas-Tuxpan, el cual será marino, tendrá una longitud de 800 kilómetros. Se prevé que inicie operaciones en junio de 2018, con una inversión de 3 mil 100 millones de dólares.
El gasoducto Nueces-Brownsville (Texas), tendrá una extensión de 250 kilómetros y una inversión de mil 500 millones de dólares y se prevé que inicie sus operaciones comerciales en junio de 2018.

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AFL-CIO exige a gobiernos cumplir pacto con jornaleros de San Quintín

Matilde Pérez U.
 
Periódico La Jornada
Martes 23 de junio de 2015, p. 16
La Federación Estadunidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) y la Central Campesina Cardenista (CCC) demandaron al gobierno federal y al de Baja California cumplir con los compromisos pactados con los jornaleros agrícolas de San Quintín en torno a los salarios mínimos y a los beneficios sociales, como estar afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Max Correa Hernández, dirigente de la CCC, y Lorraine Clewer, representante en México de la AFL-CIO, comentaron que han transcurrido poco más de dos semanas desde la firma del acuerdo y aún no se categoriza a las empresas –grandes, medianas y pequeñas– para definir el monto del salario que les corresponde cubrir; el acuerdo indica que habrá tres sueldos base: de 150, 165 y 180 pesos diarios.
Agregaron que tampoco el IMSS ha verificado si los trabajadores agrícolas ya están afiliados ni se ha liberado a los 14 jornaleros detenidos. Las autoridades se habían comprometido a procurar su liberación, así como a garantizar el respeto de la libertad y autonomía sindical de los trabajadores agrícolas de San Quintín.
Clewer sostuvo que la AFL-CIO mantiene una estrecha comunicación con la Alianza de Organizaciones Nacionales Estatal y Municipal por la Justicia Social y la respalda en sus decisiones. Los jornaleros agrícolas trabajan en condiciones infrahumanas, por eso el pacto para llevar a cabo cambios sustanciales en el sector, pero hasta la fecha no se han concretado. Por ello urgimos a las autoridades a que cumplan lo pactado de forma transparente y global.
La organización internacional –que cuenta con 12 millones de afiliados– ha sostenido que impulsará un boicot para impedir que cadenas como Walmart y Costco adquieran productos agrícolas del valle de San Quintín en caso de que agroempresarios y autoridades no cumplan con los compromisos del pasado 4 de junio. Además, convocaría a integrantes de agrupaciones religiosas y de otras organizaciones a defender la justicia como principio social.
Sobre las denuncias de los jornaleros de San Quintín de que la Secretaría del Trabajo no ha cumplido con los acuerdos laborales, el titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida, dijo: Nosotros no tenemos las facultades jurídicas para fijar el salario, lo que hacemos es velar para que no se violen los derechos laborales; corresponde a las autoridades laborales locales atender el asunto.
Aseguró que la secretaría respaldará a los jornaleros en la toma de nota del sindicato que pretenden formar. 

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Se incendia plataforma de Pemex en Campeche; es el tercer incidente en 3 meses

Imagen de la plataforma en Campeche. Foto: Diario Olmeca
Imagen de la plataforma en Campeche.
Foto: Diario Olmeca
CIUDAD DEL CARMEN, Camp. (apro).- Un nuevo accidente, el tercero en menos de tres meses, se registró esta tarde en la zona de plataformas marinas de la Sonda de Campeche, donde una presunta fuga de aceite y gas en la plataforma Akal-H de Petróleos Mexicanos (Pemex) dejó un saldo extraoficial de un trabajador desaparecido.
De acuerdo con versiones que corrieron entre el personal de la paraestatal, poco después de la una de la tarde ocurrió una explosión en un separador remoto de la plataforma satélite Akal-H, a bordo de la cual se encontraban cuatro trabajadores quienes, ante la contingencia, se arrojaron al mar.
Tres de ellos fueron rescatados, pero uno más estaba en calidad de desaparecido.
Pemex aseguró que personal especializado atiende la “contingencia por la fuga de aceite y gas que se suscitó a las 13:35 horas de hoy en la plataforma satélite Akal-H, en la Sonda de Campeche, sin que se registraran lesionados”.
La empresa paraestatal informó que los tres trabajadores que se encontraban a bordo por una inspección de rutina “fueron desalojados de manera oportuna y segura de la plataforma”.
Destacó que la instalación está deshabitada y opera de manera automática. Agregó que en el área existen cuatro embarcaciones contra incendio que “de manera inmediata” sofocaron el fuego.
Además, informó que autoridades de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) se reunieron en el Centro de Respuesta y Atención de Emergencia (CRAE) en Ciudad del Carmen, Campeche, desde donde coordinan las labores de control.
El de esta tarde es el tercer accidente que se registra en los últimos tres meses en la zona de plataformas petroleras de la Sonda de Campeche.
El primero ocurrió el pasado 1 de abril en la plataforma Abkatún Alfa, donde una explosión dejó un saldo oficial de cuatro trabajadores muertos, 16 lesionados y dos desaparecidos.
Un mes después, el 5 de mayo, se registró otro incidente en la plataforma autoelevable Troll Solution, de la empresa contratista Typhon, que inclinó al ceder una de sus patas. El saldo fue de dos trabajadores muertos y 10 heridos.

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Disidentes petroleros promoverán amparo para proteger sus conquistas sindicales

Matilde Pérez U.
 
Periódico La Jornada
Martes 23 de junio de 2015, p. 16
La disidencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) acordó promover un amparo colectivo e individual en contra de todas las modificaciones al contrato colectivo de trabajo (CCT) que pacten Petróleos Mexicanos (Pemex) y Carlos Romero Deschamps y que entrarán en vigor a partir de agosto, si son regresivas y van en contra de los derechos y conquistas sindicales de los trabajadores.
Los trabajadores petroleros del Grupo Unido Regeneración Sindical advirtieron que realizarán las movilizaciones que sean necesarias en defensa de sus derechos, y de ser necesario recurrirán a los paros escalonados en todos los centros de trabajo. En la llamada Declaración política de la convención nacional, que se desarrolló el fin de semana en Coatzacoalcos, Veracruz, desconocieron a Romero Deschamps como secretario general del comité ejecutivo del sindicato. Lo declaramos interlocutor sin validez para negociar el CCT para el bienio 2015 2017, ya que no presentó el anteproyecto de contrato colectivo a negociar con Pemex ni haber cubierto 66 por ciento de la base petrolera para validar las asambleas seccionales.
El grupo, presidido por Federico Mora Palacios –de la sección 44 del STPRM– sostuvo que continuará la lucha legal para recuperar el complejo petroquímico Pajaritos e impedir la desincorporación de los activos de Pemex. Nuestro compromiso es defender a Pemex para que siga siendo palanca del desarrollo económico nacional, sea una empresa altamente productiva y al servicio de los mexicanos.
En el documento, los trabajadores advirtieron que recuperarán los espacios obreros en el consejo de administración de la paraestatal, los cuales Romero Deschamps no supo ni quiso defender para no ir a la cárcel.
Refirieron que la reforma energética y sus leyes secundarias “son para paliar el boquete financiero en las finanzas públicas por la entrega de la renta petrolera al capital extranjero; además, el fracking traerá consigo el saqueo y contaminación de aguas y tierras donde haya petróleo, así como una larga cadena de calamidades sociales”.
En su declaración, los trabajadores se solidarizaron con el magisterio democrático que está en contra de la reforma educativa; exigieron la inmediata liberación de los 25 detenidos en el contexto de la jornada electoral, y condenaron el asesinato del maestro Antonio Vivar Díaz.
Sobre la revisión del CCT de Pemex, Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social, comentó que sindicato y empresa ya iniciaron las pláticas, pero la petición verbal que me hizo Romero Deschamps para participar no se ha formalizado, lo cual quiere decir que no hay ninguna objeción hasta el momento por ninguna de las dos partes.
De la Redacción

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Abuchean maestros a Chuayffet en Guadalajara

PROCESO 


22 de junio de 2015
Destacado
El titular de la Secretaría de Educación, Emilio Chuayffet. Foto: Presidencia
El titular de la Secretaría de Educación, Emilio Chuayffet.
Foto: Presidencia
GUADALAJARA, Jal. (apro).- Durante la inauguración del XVI Encuentro Internacional Virtual Educa México 2015, que se realiza en Expo Guadalajara, el titular de la Secretaría de Educación, Emilio Chuayffet, fue abucheado en dos ocasiones.
La primera cuando la maestra de ceremonias presentó a quienes estaban en el presídium, y la segunda, cuando el titular de Educación tomó el micrófono para dar su discurso.
En su mensaje, Chuayffet mencionó que la aplicación de la reforma educativa tendrá mayores consecuencias sobre el desarrollo del país. Sin embargo, advirtió que “modificar las prácticas y estructuras no es, lo sabemos, tarea sencilla ni inmediata pero el compromiso con la ciudadanía nos impulsa a trabajar de manera coordinada y decidida”.
Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que se continuará con la evaluación del magisterio, la cual es rechazada por unas minorías.
“Por primera vez los ascensos serán obtenidos con base en el mérito de cada maestro, se trata de un cambio de paradigma que enfrenta resistencia de minorías, lo cierto es que este nuevo modelo beneficia a todos, maestros y alumnos por igual”, sostuvo el mandatario.
Virtual Educa es un encuentro convocado por la Organización de Estados Americanos (OEA). En el acto también estuvieron presentes maestros de todo el país, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval y el representante de la OEA.

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Anuncian varias organizaciones una jornada de 43 horas por Ayotzinapa


Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Martes 23 de junio de 2015, p. 5
Organizaciones civiles, padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y estudiantes de diversas instituciones de educación superior anunciaron una jornada político-cultural de ‘‘43 horas por los 43 jóvenes ausentes’’ desde el 26 de septiembre de 2014.
En conferencia de prensa, informaron sobre la jornada 43x43, que se iniciará el próximo viernes 26 a las 19 horas, frente al Palacio de Bellas Artes, y concluirá el domingo 28 a las 14 horas. Con esa actividad, aseveraron, conmemorarán los nueve meses de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Citlali Hernández, integrante de la comisión organizadora de la jornada 43x43, acompañada por Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos; Carlos Martínez, alumno de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y Omar Rábago Vital, director ejecutivo del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), destacaron que con este acto ‘‘pretendemos revertir el olvido que el actual gobierno quiere imponer; nunca podrán callar el grito de indignación frente a su llamada verdad histórica’’ del caso.
Enfatizaron que no cesarán en su exigencia de presentación con vida de los 43 normalistas, ‘‘la investigación amplia y efectiva de los casos de tortura y ejecución extrajudicial, así como el esclarecimiento de cómo se han llevado a cabo las investigaciones correspondientes. Toda información que haya sido usada para sostener ‘su verdad’ debe ser puesta al escrutinio de la sociedad, en especial de la comunidad científica, para examinar los detalles relevantes del caso’’.
Por su parte, Felipe de la Cruz rechazó la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de que entre los estudiantes desparecidos ‘‘hay un soldado en activo infiltrado. Al saber esto, todos nos preguntamos: ¿quién es el papá?; nos reunimos y platicamos todos. Y es mentira, son infundios. Trataron de sembrar la duda y la desconfianza entre los padres de familia, pero no lo lograron; a pesar de su comunicado no pudieron separarnos, nos mantenemos firmes con la convicción, hoy más que nunca que nosotros tenemos la razón’’.
De la Cruz insistió: ‘‘Desde el principio les dijimos que el Ejército Mexicano era el responsable del ataque a los jóvenes, y hoy solitos se están quitando la máscara con la participación que mencionan de un soldado infiltrado. ¿Por qué a nueves meses de la desaparición lo dicen, si ellos sabían desde el principio lo que estaban haciendo? Cada error que comete el gobierno nos fortalece’’.
Informaron que en la jornada de 43 horas por Ayotzinapa participarán estudiantes de la UNAM, de la UAM, de la Iberoamericana, entre otras, así como artistas, sindicalistas y la hija de la fallecida cantante Amparo Ochoa, además de organizaciones civiles y colectivos.

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Padres de los 43 acusan al gobierno de Peña de querer dividirlos

Padres de los 43 en conferencia de prensa. Foto: Benjamin Flores
Padres de los 43 en conferencia de prensa.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (apro).- Con la participación de al menos 65 artistas, sindicatos y colectivos de universidades públicas y privadas, padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, realizarán una jornada de actividades de 43 horas este viernes 26 con motivo del noveno mes sin noticias de los jóvenes.
En conferencia de prensa, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, y Carlos Martínez, representante de los estudiantes, alertaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende dividir su movimiento con informaciones como la que difundió el corresponsal del semanario Proceso, Ezequiel Flores, en el sentido de que uno de los normalistas desaparecido es miembro activo del Ejército, con base en la respuesta de la Sedena a una solicitud de información.
“¿Por qué a nueve meses (las autoridades) sacan la nota de que uno de los estudiantes desaparecidos era un soldado en activo? ¿por qué no lo declararon de esa manera desde un inicio”, cuestionó Felipe de la Cruz.
El vocero reconoció que al reservarse el nombre del militar en activo, la Sedena sembró dudas entre los padres de familia con el objetivo de  “involucrar a los padres en una confrontación entre ellos y deshacer ese movimiento tan fuerte”, que ha persistido pese a las ofertas de dinero y el paso del tiempo.
Contó que una vez que se publicó la información entregada por la Sedena a Proceso, padres de familia de los desaparecidos se reunieron para saber de viva voz si era cierta la versión, y llegaron a la conclusión de que el objetivo de la Sedena es “sembrar la duda y la desconfianza de los padres de familia”.
De la Cruz recordó que desde un principio los padres de familia responsabilizaron a los militares destacamentados en Iguala del ataque a los estudiantes, y que así se lo hicieron saber a Peña Nieto y al exprocurador Jesús Murillo Karam en la reunión que sostuvieron a finales del año y los acusaron de estar “encubriendo a los asesinos”.
De ser cierta la versión de que entre los estudiantes había un militar, dijo, se estaría “quitando la máscara con la infiltración de un soldado”.
El estudiante Carlos Martínez acusó a la Sedena de meter “esa espinita de la duda” y pretender “desarticular al interior del movimiento ya que no pudieron mediante golpes, asesinatos, detenciones y el desprestigio”.
De acuerdo a Martínez, que aseguró ser una sobreviviente de la noche fatídica en Iguala, por los mecanismos de selección de los estudiantes de Ayotzinapa, no habría forma en que se infiltrara un militar entre los alumnos, y “lo que ha intentado la Sedena es  sembrar duda y la desconfianza en el seno del movimiento”.
Sin embargo, agregó que de haber sido el caso implicaría aún más al Ejército en los hechos, porque querría decir que el Ejército “conocía la situación al interior, y tuvo participación de los hechos del 26 y 27 de septiembre, que los militares sabían los movimientos, la ruta, y cuántos había en los camiones, es decir, pudieron planear mejor los ataques, eso prueba de actuación del Estado”.
En cuanto a las acciones programadas para el próximo 26 de junio, Citlali Hernández de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), explicó que a partir de las 16:00 horas saldará una marcha del Ángel de la Independencia a las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, escenario de actos culturales y artísticos para exigir la presentación de los 43 así como la sanción a los responsables de los hechos.
La activista dijo que al menos 65 artistas independientes, de universidades públicas y privadas, así como sindicatos y organizaciones sociales, se anotaron para participar en las actividades del próximo viernes que culminarán a las dos de la tarde del domingo 28.
La Jornada 43 por 43, explicó, “tiene como finalidad continuar con la exigencia de verdad, justicia y memoria para Ayotzinapa”, así como “revertir el olvido que el actual gobierno quiere imponer y callar el grito de indignación ante frente a su ‘verdad histórica”.
La convocatoria está firmada por decenas de organizaciones sociales, académicas y de trabajadores, entre ellas la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, Asamblea de la Comunidad Artística, Bloque de Trabajadores Democráticos del STUAM; CLETA-UNAM; Coordinadora primero de Diciembre; Egresados del IPN Raúl Álvarez Garín, Centro de Estudios Ecuménicos, así como las 72 organizaciones agrupadas en la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

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Padre de uno de los 43 admite que su hijo fue militar, pero “desertó”

Una mujer sostiene un retrato de Julio César López Patolzin durante una protesta en la caseta de Palo Blanco. Foto: Germán Canseco
Una mujer sostiene un retrato de Julio César López Patolzin durante una protesta en la caseta de Palo Blanco.
Foto: Germán Canseco
TIXTLA, Gro. (apro).- Rafael López Catarino, padre de Julio César López Patolzin, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, confirmó que su hijo fue militar, pero “desertó” el año pasado para ingresar a la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
López Patolzin estuvo dos años activo en un batallón adscrito a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, de donde se retiró tras sufrir un accidente en las labores que realizó el Ejército durante la contingencia generada por el paso de los huracanes Ingrid y Manuel, en septiembre de 2013, indica.
En entrevista, el padre del soldado normalista advierte que su hijo no es el único militar que ha estudiado en la Normal Rural de Ayotzinapa, por lo que reprochó que lo señalen como infiltrado y pretendan culparlo de la tragedia de Iguala.
También considera que la falta de transparencia en el manejo de recursos económicos destinados por organizaciones y activistas, además de la falta de respuesta de las autoridades, han generado un gran desgaste físico y moral entre algunos de los padres de los jóvenes, por lo que prefirieron mantenerse alejados del movimiento, aunque siguen firmes en la exigencia de justicia.
El pasado miércoles 16, Apro difundió una nota sobre las revelaciones que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el sentido de que un soldado en activo forma parte del grupo de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pero decidió reservarse el nombre bajo el argumento de que se trata de información clasificada.
En la edición que circula esta semana, el semanario Proceso publica un texto titulado “El enigma del soldado normalista desaparecido”, donde se indica que desde octubre pasado funcionarios federales y estatales tenían conocimiento de que al menos dos de los 43 estudiantes matriculados en Ayotzinapa eran militares en activo.
De acuerdo con familiares de las víctimas, el normalista Julio César López Patolzin, de 25 años, perteneció al Ejército antes de ingresar a la Normal, y “no se vale que la estén agarrando contra mi hijo sólo porque fue militar y digan que es infiltrado, porque él ya había desertado”, dice Rafael López.
El padre del joven desaparecido relata que el pasado viernes 19 acudió a una reunión privada en la Normal de Ayotzinapa, convocada por líderes del movimiento, quienes le reprocharon el pasado castrense de Julio César y le exigieron un documento oficial que avale su baja del Ejército.
Como desertor, dice, no hay un oficio que acredite esa baja, y asegura que la madre de otro normalista desaparecido también dijo que su hijo había desertado de las filas castrenses y tampoco le habían dado una hoja para avalar su baja.
Luego de destacar que Julio César no era el único militar que estudiaba en la Normal de Ayotzinapa, suelta: “Hay hartos a quienes ya no les gusta (la milicia), se salen, estudian (en la Normal) y terminan su profesión, y ellos no son investigados a pesar de que han pasado otras cosas”.
De acuerdo con Rafael López, el resto de los padres acordaron exigir una respuesta a la Sedena para determinar quién es el soldado matriculado en la Normal de Ayotzinapa, y sostiene que él también pedirá información para conocer la situación de su hijo.
“Los padres van a investigar directamente ante la Sedena y nosotros también vamos a pedir una explicación para evitar que manchen la imagen de mi hijo que sigue desaparecido”, expresa López Catarino, y asegura que él y su familia se sienten mal por los señalamientos.
Asimismo, reprocha que hasta el momento no se haya esclarecido el tema del teléfono móvil de su hijo, que seguía activo después de la desaparición de los normalistas, y de acuerdo con el rastreo satelital se ubicó por última vez en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala.
Ni los abogados del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, ni las autoridades ministeriales federales y estatales, han dado seguimiento a esta línea de investigación que podría determinar el paradero de los normalistas de Ayotzinapa, apunta.
Luego de señalar que se alejó del movimiento porque tiene que trabajar para mantener al resto de su familia, Rafael López resalta que en días recientes fue internado en el hospital general de Chilpancingo, pero nadie acudió a visitarlo para conocer su estado de salud, únicamente su familia estuvo con él.

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Niegan taxistas que hayan aceptado regular a las firmas Uber y Cabify

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Oliver Bastida, Ignacio Rodríguez y Daniel Medina, de Taxistas Organizados de la Ciudad de Mexico, ofrecieron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer su postura sobre el debate digital y las mesas de trabajo sobre la operación de las empresas Uber y Cabify, realizados la semana pasadaFoto María Meléndrez
Laura Gómez Flores
 
Periódico La Jornada
Martes 23 de junio de 2015, p. 29
Taxistas organizados negaron estar de acuerdo con una regulación que incorpore a Uber y Cabify en la prestación del servicio, como dio a conocer el Gobierno del Distrito Federal, y rechazaron que se les permita autorregularse mediante el pago de una contribución a la ciudad.
De aprobarse, se impugnará ante la Consejería Jurídica, se realizarán movilizaciones y se reforzará el llamado a no pagar la revista vehicular o cumplir con la cromática oficial, pues las autoridades no tendrían la autoridad moral para exigirlo, cuando no aplican la ley contra esas empresas ilegales.
Oliver Bastida, Daniel Moreno e Ignacio Rodríguez denunciaron que el debate digital y las mesas de trabajo realizadas la semana pasada por las autoridades capitalinas fueron una farsa para crear un piso parejo que permita la entrada de esas empresas, que operan en la ilegalidad.
En conferencia de prensa señalaron que la gente de Uber “no sólo pagó 365 mil pesos para la realización del debate, donde el mayor tiempo se asignó a ésta y a los panelistas, sino que se utilizaron bots (robots web) para tuitear en su favor, pues notamos que el mismo contenido se repite en esas cuentas a partir de 10”.
Las recomendaciones y conclusiones dadas a conocer por el Laboratorio Digital de la Ciudad de México, argumentó Medina, son una pantalla para justificar la regulación de ese servicio, con el pretexto de incentivar la innovación, cuando las plataformas que utilizan ya son explotadas por permisionarios.
Tras la salida obligada de la conferencia de un policía, que tomó fotos y datos de los taxistas, Rodríguez afirmó que mientras no se realice ningún cambio en la Ley de Movilidad, la prestación de servicio de esas empresas es ilegal, y por tanto deben ser sancionadas.
Una vez más observamos el contubernio en el gobierno de apoyarlas por una cuestión económica, diciendo que nosotros estamos en favor de una regulación, cuando el sector tiene la disposición de incorporar esa tecnología y mejorar la prestación del servicio, del cual dependen de manera directa e indirecta alrededor de un millón 200 mil personas, agregó.
Por ello la exigencia al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y al secretario de Movilidad, Rufino H. León, de que actúen y pongan un alto total a empresas como Uber y Cabify; y saquen del mercado a los taxis piratas con cromática, puntualizó Bastida.

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Gobierno de Javier Duarte espió a activistas que eran “amenazas” para elecciones

Estudiantes de la Universidad Veracruzana protestan en Xalapa. Foto: Rubén Espinosa
Estudiantes de la Universidad Veracruzana protestan en Xalapa.
Foto: Rubén Espinosa
MÉXICO, D.F. (apro).- Previo a las elecciones del 7 de junio, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz elaboró el informe “Avance del proceso electoral 2015”, en el cual se exhiben las añejas prácticas de espionaje contra sectores contrarios al sistema.
El reporte, al que tuvo acceso el portal electrónico Animal Político, identifica a una veintena de estudiantes, maestros de la CNTE y activistas a los que el gobierno de César Duarte de Ochoa catalogó como potenciales amenazas para los comicios, e incluso los tildó de “anarquistas”.
El martes 2, el corresponsal de Proceso, Noé Zavaleta, anticipó en una nota titulada “PRI y Duarte detrás de incendios en INE y Sedesol, acusa oposición”, detalles sobre este informe “presuntamente elaborado por la SSP y la Secretaría de Gobierno, el cual contiene un listado de activistas, ambientalistas, líderes de izquierda y alcaldes de oposición, quienes son considerados por la administración de Duarte como ‘opositores’ al gobierno y ‘blancos’ de movilizaciones para inhibir el voto hacia el PRI el próximo domingo 7” (http://www.proceso.com.mx/?p=406150).
En esta ocasión, el documento incluye en la mayoría de los casos, nombre y fotografía de los señalados, el motivo por el que se les considera de interés, sea por su participación en “actos vandálicos” o por ser promotores del abstencionismo, a qué grupo o institución pertenecen  y su relación con otras personas o grupos.
En ella aparecen los logotipos del gobierno de Veracruz y la SSP estatal. En la primera parte describen las condiciones de seguridad en el marco de los comicios en el estado y recoge datos de la prensa sobre ataques contra candidatos en el país.
La segunda parte es la que incluye el listado de 20 personas que el gobierno creía que, por distintas razones, podían intentar boicotear la elección en el estado. Hace énfasis en los líderes estudiantiles a quienes se refiere como “anarquistas”.
Los primeros en la lista son Julián Fernando Ramírez Olivares, Canek, estudiante de la  Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana (UV) y Bitari Genaro Martínez Romero, de la Facultad de Filosofía de la misma casa de estudios.
Al primero la SSP le atribuye agresiones con petardos y proyectiles, pintas y arengas en bloqueos y encabezar un grupo de entre 50 y 100 activistas de quienes no se aporta mayor información. También se le señala por “tener vínculos con activistas de izquierda”.
La lista incluye a seis personas más de las que no se proporcionan fotografías. Entre ellas personas está Juan González Garrido, consejero local del Instituto Nacional Electoral de Veracruz (INEV).
Los otros cinco activistas, supuestamente vinculados con Canek, señalados en el listado son: Guillermo Rodríguez Curiel quien preside una ONG ambientalista llamada “Lavida”;  Guillermo Rodríguez Curiel, excatedrático de la Facultad de Biología de la UV e integrante de “Lavida”; el investigador Alejandro José Saldaña Rosas, la defensora de derechos humanos Mayra Ledesma Arronte, así como René Cancino Burfasson y Arturo Hinojosa Loya.
A Bitari Genaro la SSP le atribuye pintas en edificios públicos y quema de propaganda política del PRI, así como su cercanía con Canek.
Otros alumnos señalados son: Andrea Franco López, de la Facultad de Comunicación y miembro de la asamblea libre estudiantil de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, e isidro González Valerio, quien preside la Confederación de Estudiantes y Jóvenes del Estado de Veracruz (CEJEV).
Además de tildarlos de “anarquistas”, se les señala como participantes activos en marchas y plantones.
La Policía estatal también identifica en el informe a presuntos “instigadores del abstencionismo” y de todos ellos tiene fotografías.
En ese rubro están Víctor Moreno Bolaños y Sandra Romero Agustín, a quienes señaló como integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y organizadores activos de manifestaciones, marchas y plantones.
Sin proporcionar más detalles, el informe señala que Romero Agustín “se ha hecho acompañar de profesores de estados como Oaxaca y Michoacán”.
También se menciona a María Carolina Eugenio Aragón, exdiputada  federal por el Distrito XII de Movimiento Ciudadano, y que según la policía es “activista del Comité de Lucha Magisterial de Veracruz  afiliado al CNTE”, así como participante en manifestaciones, marchas y plantones.
Por los mismos motivos aparecen en la lista Ramón Tepole González y su vocero Zenyazen Roberto Escobar García.
Luego se menciona a dos ejidatarios: Pascual Lorenzo Ruiz e Inocencio Bautista Luis, señalados como “incitadores” de bloqueos y toma de instalaciones para presionar el cumplimiento de sus demandas.
Finalmente, la lista es completada con cuatro personas que el gobierno de Duarte presume están vinculadas con “grupos partidistas y organizaciones con móviles políticos”: Bonifacio Aguilar Linda alcalde de Soledad; Rafael Carvajal Rosado, representante del PT ante el consejo local del INE en Veracruz; y Gerónimo  Zárate Rodríguez y Carlos Manuel Sosa, integrantes de la Coordinación Nacional Obrero Popular.
Activistas denunciaron públicamente la existencia de ese reporte tras el ataque que sufrieron ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana dos días antes de los comicios, por un comando de personas encapuchadas y armadas.
Con bates de beisbol, palos con clavos y bastones retractiles, los encapuchados destrozaron ventanas de la casa donde los estudiantes festejaban el cumpleaños de uno de ellos. Luego ingresaron al sitio y los golpearon.
Sin embargo, para los estudiantes lo más grave fue la actuación de los policías estatales que tras el ataque llegaron junto con personas que se hicieron pasar por representantes de Derechos Humanos con la complicidad de los agentes.
Según su versión, sólo les tomaron fotografías y los interrogaron sobre si eran estudiantes y nunca llamaron una ambulancia.
Ignacio, uno de los estudiantes atacados el 5 de junio, tiene 15 heridas en el cuerpo que requirieron puntos de sutura, y fracturas en su mano izquierda producto de los golpes que por cinco minutos le dieron con un bate y un palo con clavos.
Para el estudiante de 22 años no hay duda de que en el ataque que sufrieron él y siete de sus compañeros existe responsabilidad por acción u omisión del gobierno de Javier Duarte por el activismo de los grupos con los que colaboran.
“Aquí en este estado se da eso, cualquier persona que intenta solidarizarse con los que resisten y una resistencia por demás justa pues empiezan a criminalizarla (…) se desvirtúan esas luchas para hacer pensar a la sociedad en general que activistas y ambientalistas y personas en general que no están de acuerdo con algo son criminales”, dijo en entrevista con Animal Político.
El pasado jueves 18 los estudiantes atacados sostuvieron una reunión con Luis Fernando Perera Escamilla, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, quien les confirmó que abrió un expediente de queja por la agresión que sufrieron y el posible involucramiento de autoridades del estado.
Posteriormente se reunieron con el fiscal del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, quien según las fuentes consultadas por Animal Político, les aseguró que las indagatorias están en marcha y que todas las líneas están abiertas, incluida una posible participación de autoridades en el ataque.

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Denuncian censura y “acoso editorial” en Canal 22

PROCESO 


22 de junio de 2015
Destacado
Raúl Cremoux, director general de Canal 22. Foto: Octavio Gómez
Raúl Cremoux, director general de Canal 22.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- A un día de que el Canal 22 cumpla su vigésimo segundo aniversario, el grupo editorial de la dirección de Noticias, a cargo de Juan Jacinto Silva, así como una decena periodistas que colaboraba en los programas El Observador y Global 22, denunciaron a través de una carta pública la censura que priva en esta estación pública dirigida por Raúl Cremoux.
En la misiva aseguran que el clima de censura se agudizó desde el 15 de marzo, cuando la dirección de Noticias resolvió informar en Noticias 22 sobre la salida del aire de la conductora Carmen Aristegui, de MVS Noticias, “tema que por órdenes expresas de la dirección general, debía omitirse absolutamente”.
Desde ese momento, relatan los firmantes y la periodista María Idalia Gómez, quien colaboró en el programa El Observador, la dirección de Cremoux colocó a dos censores para revisar los contenidos de los programas informativos sobre acontecimientos políticos o de reportajes temáticos.
El caso más reciente de censura se suscitó con el programa “Las huellas de la violencia”, de El Observador, que debió transmitirse 17 días antes de las elecciones del domingo 7. El director general Raúl Cremoux lo difirió hasta ordenar el viernes 19 que finalmente no se transmitiera.
En su cuenta de Twitter, María Idalia Gómez, especializada en reportajes sobre justicia e inseguridad pública, publicó ese día:
“La dirección general de Canal 22 no cuestionó el profesionalismo del programa, que aborda el estrés postraumático por la violencia. Sólo lo censuró”.
Consultada vía telefónica, Gómez afirmó que en este programa se abordaba el problema del estrés postraumático como un asunto de salud pública y no como una denuncia al gobierno. En los testimonios se incluyó a policías que habían sufrido también por la violencia.
“Era un programa crítico, pero no hacía grandes revelaciones periodísticas. A pesar de eso. Le censuraron una última parte en la que se critica que el gobierno no hace nada frente a la ola de inseguridad. Finalmente, decidieron no transmitirlo, a pesar de que ya se había pagado con recursos públicos esta producción”, abundó María Idalia Gómez.
–¿Este clima de censura se agudizó desde el caso de Aristegui?
–Todo esto se detonó en el Canal 22 a raíz de la salida de Carmen, sin lugar a dudas. Cremoux se opuso a que se informara sobre este hecho.
Incluso, en dos ocasiones Cremoux discutió con Juan Jacinto Silva, jefe de Noticias de Canal 22, quien intentó salvar los espacios informativos, hasta que la gota que derramó el vaso fue la censura al programa El Observador.
Cuando Cremoux se enteró de los mensajes en Twitter que redactó María Idalia Gómez, reclamó a Silva: “¿Por qué tienes gente que no puedes controlar?”.
Caso Aristegui
En la denuncia, los periodistas afirman que la censura “no ocurre de manera aislada ni se debe a una política de renovación programática o a la supuesta falta de recursos económicos, sino que es el corolario del sistemático acoso editorial y laboral contra la dirección de Noticias y quienes la conformamos desde hace cuando menos tres meses”.
“Lo anterior se detona específicamente después de que la Dirección de Noticias resuelve informar en Noticias 22, con veracidad y concisión, sobre la salida del aire de la Primera Emisión de Noticias MVS de Carmen Aristegui –el 15 de marzo de los corrientes– tema que por órdenes expresas de la dirección general debía omitirse absolutamente”.
Desde ese momento, afirman los quejosos, se generó una “práctica censora sistemática de revisión, mutilación y no emisión de programas, enfáticamente referidos a la violencia criminal, social y de Estado, seguridad y violación a los derechos humanos”.
En la carta afirman que la dirección general le solicitó a la dirección de Noticias un programa especial en vivo sobre la jornada electoral del pasado 7 de junio. “Cuando dicho programa estaba ya en proceso de producción, de manera sorpresiva fue cancelado, esa misma semana”.
“En el centro de esta problemática está, particularmente, el acoso contra Juan Jacinto Silva, director de Noticias, quien durante tres lustros ha dotado al Canal de una política editorial consistente, que se distingue por su pluralismo, diversidad, rigor y vocación de servicio a favor del derecho a la información de la ciudadanía”.
Los firmantes de la misiva, entre quienes se encuentran María Idala Gómez, Marco Lara Klahr, Ariadna Ambriz, Ollín Buendía, Ilia Casarín, Alejandra Flores, Alizbeth Mercado, Magaly Quintero, Yazmín Quiroz, Graciela Pérez Núñez, Fernando Troncoso y Perla E. Velázquez, responsabilizan directamente a Raúl Cremoux, quien desde que asumió el cargo de director “ha utilizado nuestro canal público como plataforma de proyección política y personal”.
También advierten que lo sucedido en Canal 22 no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de una “atmósfera generalizada en México de limitación de derechos civiles, incluida la libertad de expresión”.
Luego convocan a la comunidad artística y científica a expresarse “sobre el derrotero que está tomando Canal 22”, en vísperas de que esta estación pública, creada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari a petición de decenas de intelectuales, cumpla 22 años de vida.

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Bimbo va por Panrico en España y Portugal… y deja al club América

PROCESO 


22 de junio de 2015
Economía
El fundador del Grupo Bimbo, Lorenzo Servitje. Foto: Germán Canseco
El fundador del Grupo Bimbo, Lorenzo Servitje.
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx) La empresa mexicana Grupo Bimbo llegó a un acuerdo preliminar para la adquisición de la empresa Panrico en España y Portugal.
Aunque no se precisa el monto de la operación, la compra incluye el ciento por ciento de las acciones, excluyendo la categoría de pan de caja con marca.
La transacción está sujeta al resultado de una auditoría, a la celebración de contratos relacionados a dicha adquisición y a la autorización de las entidades regulatorias correspondientes, de acuerdo con la información que la panificadora envió a la Bolsa Mexicana de Valores.
La empresa mexicana controla actualmente una cuota de mercado en valor del 40.8 por ciento y con esta adquisición se elevaría al 49.3 por ciento.
Y se despide del América
A partir de julio de este año las playeras del equipo América dejarán de contar con el logotipo de Grupo Bimbo y en su lugar portarán el del nuevo patrocinador Huawei, la empresa china de telecomunicaciones.
Desde febrero de este año se sabía que Grupo Bimbo decidió no renovar contrato con el conjunto americanista para ser el principal anunciante en su playera, tras de 15 años de patrocinarlo.

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