jueves, 25 de junio de 2015

La Revolucion de las Canas 2015 06 25

Primaria del Istmo, sin luz y con un salón de cartón y lámina para los seis grados


Diana Manzo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 25 de junio de 2015, p. 5
Juchitán, Oax. 

Padres y madres de familia de la Escuela Primaria Federal Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en la colonia 15 de Septiembre de este municipio del Istmo de Tehuantepec, exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno ‘‘aulas dignas’’ para que sus hijos reciban clases, ya que lo hacen en un salón improvisado, construido con cartón, lámina y piso de tierra.
El plantel no cuenta con energía eléctrica, labora en condiciones antihigiénicas, tiene un pésimo mobiliario y carece de seguridad debido a que se ubica en una zona de alto riesgo por su cercanía con el río Los Perros. Los maestros informaron que después de 19 años de gestionar ante las autoridades un espacio más digno, el síndico Miguel Bartolo les informó que les fue donado un terreno.
Dicha primaria fue construida en 1996 y desde entonces en una sola aula se imparten los seis grados. A diario asisten 22 estudiantes, 8 niñas y 14 niños de colonias como la 15 de Septiembre, 19 de Marzo, 5 de Abril, Carlos Sánchez y de rancherías colindantes.
Las madres de familia –vendedoras de antojitos y amas de casa– siempre han insistido en que sus hijos estudien en aulas dignas y que haya un salón por cada grado, lo que esperan se concrete con el terreno donado.
‘‘Nos hemos organizado para que los niños y niñas tengan clases de calidad; los maestros ponen todo su esfuerzo a pesar de las condiciones, pero nuestro mayor gusto sería que cada grado tuviera su aula’’, expresó una de las mujeres.
Recordó que hace cinco años el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa intentó edificar salones de clase, ‘‘pero no teníamos un terreno; en ese tiempo la autoridad municipal no quiso donarlo’’.

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Inicia la CNTE capitalina paro de 24 horas en protesta por reforma educativa

PROCESO 


24 de junio de 2015
Nacional
Maestros de la CNTE marchan a la Segob. Foto: Octavio Gómez
Maestros de la CNTE marchan a la Segob.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- Alrededor de 13 mil alumnos de 67 planteles escolares del Distrito Federal se quedaron sin clases hoy por un paro de 24 horas promovido por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Lo anterior fue informado por la Administración Federal de los Servicios Educativos del DF, aunque de acuerdo con el magisterio disidente serían 300 los planteles participantes en la movilización.
La CNTE capitalina marchó hoy en esta capital en protesta por la reforma educativa. Hicieron una primera parada en la sede del Senado que se ubica sobre Paseo de la Reforma, y luego enfilaron hacia la Secretaría de Gobernación, el Zócalo y la SEP.
Los miembros de la sección 9 de la CNTE se unieron así a las movilizaciones que exigen la abrogación de la reforma educativa y la cancelación definitiva de las evaluaciones a docentes.
Enrique Enríquez, secretario de la sección 9, afirmó que cerca de 12 mil profesores del DF y otras entidades participaron en la protesta.
De acuerdo con las autoridades, la mayoría de los planteles que participan en el paro se concentran en las delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa. 

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La tormenta se va a convertir en huracán: maestros de la CNTE

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Integrantes de la CNTE marchan alrededor de la plancha del Zócalo, custodiada por elementos del cuerpo de granaderosFoto Carlos Ramos Mamahua
Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Jueves 25 de junio de 2015, p. 3
Con un llamado a la organización escuela por escuela para frenar la evaluación docente, miles de maestros del Distrito Federal y estado de México marcharon por las calles de la capital del país en repudio a la reforma educativa. Afirmaron que la ‘‘tormenta se va a convertir en huracán si siguen agrediendo al magisterio’’.
Luego de realizar un recorrido por el perímetro del Zócalo capitalino, cuya plancha central permaneció resguardada por elementos del cuerpo de granaderos de la policía capitalina, los mentores exhortaron al gobierno federal a reinstalar el diálogo.
Y aseguraron que el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la evaluación docente ‘‘no es una sorpresa. Esperábamos esa decisión’’. Por ello anunciaron que recurrirán a instancias internacionales para hacer valer su derecho a la permanencia en el empleo.
Advirtieron que si las autoridades federales no quieren abrir una negociación, ‘‘que se queden con su mesa en la Secretaría de Gobernación. Nos vemos en los hechos, en los salones de clases. Ahí les decimos con toda claridad que su reforma no pasará’’.
También acordaron demandar la renuncia del secretario de Educación, Emilio Chuayffet, al que declararon ‘‘no idóneo’’ para ocupar el cargo.
Ante la decisión del máximo tribunal de avalar la evaluación, al considerar que no viola el derecho humano a la estabilidad en el empleo, Enrique Enríquez Ibarra, secretario general de la sección 9, afirmó: ‘‘Esperábamos esa respuesta. Construyeron todo el andamiaje para apoyar el proyecto educativo empresarial de Enrique Peña Nieto’’.
Sin embargo, aseguró que en la capital del país los maestros ‘‘demostramos que tampoco estamos de acuerdo con esta reforma. Buscaremos la asesoría legal para acudir ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo. No vamos a permitir que se aplique una ley con retroactividad. También es un derecho que reconoce nuestra Constitución y los tratados internacionales, pero que hoy pretenden soslayar’’.
De acuerdo con los organizadores, 20 mil profesores salieron a las calles –cifras del Gobierno del Distrito Federal reportaron 6 mil– y aseguraron que cerca de 2 mil planteles se sumaron al paro de forma total, parcial o representativa en la zona metropolitana del valle de México.
No obstante, funcionarios de la Administración Federal de los Servicios Educativos del Distrito Federal afirmaron que sólo pararon 67 escuelas de ambos turnos en la ciudad de México, lo que afectó a poco más de 13 mil 400 alumnos de educación básica.
‘‘Se busca secretario con experiencia docente’’
Con pancartas en las que se leía: ‘‘Se busca secretario de Educación con experiencia docente. Salario base’’ y ‘‘Solicito permuta con diputado. Ofrezco salones en pésimas condiciones y salario raquítico’’, educadores de prescolar, primaria, secundaria, educación especial y formación física se sumaron a la marcha que convocó a miles de docentes de las secciones 9, 10 y 11 del Distrito Federal, así como de la sección 36 del estado de México.
Víctor Rodríguez, dirigente de la Coordinadora del Magisterio Mexiquense, afirmó que en el estado de México ‘‘también hay indignación y hartazgo por tantos abusos al magisterio’’. Por ello, anunció que este primero de julio se convocará a una marcha de antorchas del Monumento a la Revolución a la SEP.
El contingente, que logró ingresar al Zócalo capitalino por primera vez tras la suspensión del diálogo con la administración peñista, pero a condición de realizar sólo un recorrido por el perímetro de la explanada central, partió del Monumento a la Revolución para avanzar hacia el Senado, donde solicitaron que una comisión de maestros fuera recibida.
Debido a que no tuvieron respuesta, marcharon hacia la Secretaría de Gobernación, aunque finalmente decidieron continuar su paso hacia el Zócalo, para de ahí continuar hacia la SEP.
Ante las oficinas donde despacha el secretario Chuayffet, llamaron a la puerta para demandar un reunión con el funcionario. Sin respuesta, colocaron un cartel con la leyenda: ‘‘Evaluación al secretario de Educación’’.

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Miles de profesores de cinco estados exigen derogar la reforma educativa

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Profesores del Movimiento Magisterial de Bases recorrieron ayer el centro de CuernavacaFoto Rubicela Morelos
De los corresponsales
 
Periódico La Jornada
Jueves 25 de junio de 2015, p. 5
Miles de profesores marcharon en las capitales de Morelos, Durango, Colima, Sonora y Querétaro para exigir que se derogue la reforma educativa y en rechazo a la evaluación ‘‘punitiva’’ que a su ver pretenden imponer los gobiernos federal y estatales.
En Cuernavaca, integrantes del Movimiento Magisterial de Bases (MMB) y afiliados a la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon en repudio a la reforma educativa y la evaluación de su gremio, además de que se pronunciaron en contra la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró constitucional el sistema de evaluación obligatoria para el ingreso, permanencia y promoción de los maestros.
Los docentes de Morelos anunciaron que acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana, con miras a que estos organismos internacionales detengan las violaciones laborales y a las garantías individuales que, dijeron, perpetra en su contra el gobierno federal.
Alejandro Trujillo, dirigente del MMB, aseguró que ayer pararon labores en Morelos al menos 20 mil de los 25 mil maestros de la entidad, porque ‘‘se dieron cuenta’’ de que la evaluación tiene la finalidad de ‘‘reprobar y desprestigiar’’ a todos los docentes, para que más adelante el gobierno federal ‘‘privatice la educación’’.
Por otra parte, en la capital de Durango miles de maestros procedentes del interior del estado marcharon, tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación estatal y bloquearon el bulevar Domingo Arrieta, donde se encuentra la dependencia. Los inconformes sostuvieron que 60 por ciento de las escuelas de la entidad pararon labores, mientras la Secretaría de Educación se negó a precisar el número de planteles que no laboraron.
Los maestros afirmaron que el secretario de Educación, Héctor Vela, los dejó plantados porque salió de su oficina, les pidió que lo esperaran y ya no regresó. Aparte, Vela dijo que se suspendería el pago a todos los maestros que faltaron este miércoles a sus labores.
Asimismo, en Colima, profesores de más de cien escuelas de educación básica se manifestaron contra la reforma educativa en al menos cinco municipios. Los docentes, de unos 50 planteles, protestaron afuera de sus escuelas e indicaron a los padres de familia que no dejaran en los planteles a sus hijos.
Por lo que hace a Sonora, alrededor de 800 maestros afiliados a las secciones 28 y 54 del SNTE, y la CNTE, marcharon en Hermosillo, donde afirmaron que 30 por ciento de los más de 40 mil docentes en la entidad podrían quedarse sin empleo tras la evaluación, ‘‘por su carácter punitivo’’.
En la capital de Querétaro, los 85 maestros de la escuela secundaria Las Américas realizaron un paro de actividades. En nombre de sus compañeros, el profesor Antonio Ramírez dijo que la reforma afectará sus condiciones laborales, además de los problemas que ya enfrentan porque en la entidad la contratación es a través de interinatos de 15 días a tres meses, lo que no les permite recibir prestaciones de ley ni generar antigüedad.
Mientras, maestros de la sección 7 del SNTE suspendieron ayer el paro de labores y levantaron el plantón que mantuvieron desde el pasado primero de junio en el centro de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en contra de la evaluación docente, informó el secretario general suplente del sindicato, Manuel de Jesús Mendoza.
Dijo que la movilización concluyó luego de que firmaron una minuta con funcionarios estatales, en la cual el gobierno de Chiapas se comprometió a que no habrá represalias de tipo laboral, jurídico, administrativo ni salarial en contra de los maestros, estudiantes, padres de familia e integrantes de organizaciones sociales que participaron en las protestas.
(Rubicela Morelos, Saul Maldonado, Juan Carlos Flores, Ulises Gutiérrez, Mariana Chávez y Elio Henríquez)

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Lamentable, la decisión de la Corte de avalar la evaluación docente: expertos

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Aspecto de la marcha magisterial a su paso por avenida Juárez, con destino a la Secretaría de Educación PúblicaFoto Carlos Ramos Mamahua
Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Jueves 25 de junio de 2015, p. 4
Especialistas en el sector educativo consideraron ‘‘lamentable’’ la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar la evaluación de los docentes por considerar que no viola el derecho humano a la estabilidad en el empleo. Es una determinación, afirmaron, que ‘‘se construye con una idea falsa no sólo de la calidad educativa, sino de lo que representa el derecho de todo niño a asistir a la escuela’’.
En entrevista por separado, Lucía Rivera y Etelvina Sandoval, así como profesores e investigadoras de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), señalaron que ‘‘nadie puede rechazar que todo niño debe recibir una formación de calidad. Lo grave es que se trata de un concepto vacío que los ministros de la Corte desconocen, pues no tiene nada que ver con lo que ocurre en las escuelas’’.
¿Interés superior de la niñez?
Rivera destacó que el razonamiento empleado por el máximo tribunal, de anteponer el beneficio de los niños, ‘‘se contradice porque en algunos casos aplica un criterio y en otros uno distinto. Un ejemplo es la guardería ABC o los miles de niños indígenas y migrantes que aún son mano de obra explotada en los campos de cultivo. Ahí, la SCJN no definió el interés superior de la niñez’’.
No se puede emitir un fallo, agregó, que afecta a todo el magisterio nacional, ‘‘basado en un concepto de calidad vacío, que es como un cascarón que se emplea con fines esencialmente políticos. Nunca se define qué es la calidad educativa, pero en la reforma se emplea para definir perfiles docentes, parámetros y estándares para aplicar evaluaciones que rayan en el acoso’’.
Muchos especialistas e investigadores en temas educativos han coincidido, dijo, en que esta reforma ‘‘en realidad es un mecanismo con una intención inocultable de establecer un mayor control del magisterio’’.
Tanto las autoridades del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) como de la Secretaría de Educación Pública (SEP) incurren en un ‘‘maltrato aberrante’’ de los docentes, y agregó que ‘‘sólo hay una palabra que los define: cinismo’’.
Por su parte, Sandoval, experta en formación de docentes, aseguró que la decisión de la SCJN ‘‘no es una sorpresa. Era evidente que avalarían la política educativa del presidente Enrique Peña Nieto, pero por lo menos podrían haber puesto a discusión el tema de la calidad educativa’’.
Se aborda, indicó, sin considerar las condiciones de las escuelas y se establece que dar una buena educación sólo depende del maestro, lo que no corresponde con la realidad.
‘‘Han convertido la evaluación en un arma que sirve para amenazar al maestro. Ningún profesional puede trabajar a gusto si se le imponen las cosas y además tiene miedo. Si queremos evaluar, debemos considerar también las condiciones de las escuelas, la gestión escolar, los apoyos que reciben los planteles, y sobre todo, evaluar a la burocracia que asfixia nuestros planteles con programas y trámites administrativos.’’
En México, dijo, ‘‘se construyó un monstruo educativo. No sabemos cuál es el modelo, porque no hay proyecto. Tenemos una mixtura de aquello que heredó el yerno de Elba Esther Gordillo, Fernando González, y lo que hoy se intenta crear. Se han cometido muchos errores, pero es evidente que hoy el sistema educativo vive bajo amenaza”.

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Declara la Corte constitucional el sistema de evaluación docente

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Sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 6 de abrilFoto Luis Humberto González
Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 24 de junio de 2015, p. 3
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el sistema de evaluación obligatoria para el ingreso, permanencia y promoción de los maestros, prevista en la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Por unanimidad de 11 votos, la Corte sostuvo que cuatro artículos de esa ley, que prevén la evaluación a partir de 2013, no violan el derecho humano a la estabilidad en el empleo de los mentores, debido a que debe prevalecer el principio del interés superior del menor y el respeto a su derecho fundamental a una educación de calidad.
Este es el principal argumento jurídico manifestado por miles de maestros, tanto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes desde hace un año impugnaron la legislación secundaria relativa a la reforma al artículo tercero constitucional, en la que se ordenó la evaluación obligatoria de los profesores.
En la sesión del próximo jueves, los ministros continuarán con la discusión de otros alegatos de los docentes integrantes de una corriente del SNTE, entre ellos la supuesta violación a sus derechos constitucionales de previa audiencia, dignidad humana, libertad de trabajo y no aplicación retroactiva de la ley, pero se prevé que también serán rechazados.
La mayoría de ministros coincidió en que el sistema de evaluación impuesto tras la reforma del artículo tercero de la Carta Magna no debe considerarse una restricción constitucional al derecho laboral a la estabilidad en el empleo, sino una modulación que fija ciertas condiciones a ese derecho, y beneficia a los maestros porque les garantiza que no podrán ser removidos sin causa justa.
‘‘En el caso de los servidores públicos que desempeñan la función educativa, su régimen de condiciones laborales y derechos debe integrarse tanto por las condiciones generales del artículo 123 constitucional, como por las establecidas en el artículo 3 y sus leyes reglamentarias; en la parte final de la fracción III de ese mismo artículo se prevé que será su propia ley reglamentaria la que fijará los criterios, los términos y condiciones para la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en dicho servicio profesional’’, afirmó el ministro José Ramón Cossío.
Añadió que el hecho de que estas condiciones y causas se encuentren previstas en la ley impugnada y no en una de índole laboral –como pretendían los quejosos– ‘‘no transgrede de ninguna manera el artículo 123 y su especialidad material’’.
Cossío refirió que la reforma magisterial tampoco viola tratados internacionales que protegen derechos humanos. ‘‘Desde los estándares de fuente internacional podemos concluir que la existencia de evaluaciones que verifiquen que los trabajadores de la educación se encuentren capacitados y tengan las cualidades y competencias necesarias para que su desempeño sea satisfactorio, resulta indispensable para que el Estado garantice una educación de calidad, y esta exigencia no resulta violatoria del derecho al trabajo’’, dijo el ministro.
En un tono similar se manifestó Arturo Zaldívar, quien expuso: ‘‘El cese de los docentes que no aprueben tres evaluaciones garantiza que quienes estén al frente de un aula cuenten con conocimientos actualizados y las aptitudes necesarias para el desempeño de la labor’’.
Varios ministros destacaron que es aplicable al caso la garantía del interés superior de la niñez, previsto en el artículo cuarto constitucional. Además, aclararon que las condiciones a la permanencia en el empleo no necesariamente deben ser previstas en una ley laboral, como reclaman los maestros, sino basta con que aparezcan en una ley expedida por el Congreso.
Siete de los 11 ministros de la Corte rechazaron la idea planteada por su colega Fernando Franco, autor del proyecto de resolución, relativa al hecho de que la remoción de los maestros por no pasar las evaluaciones es una excepción al derecho humano de estabilidad laboral.
Juan Silva Meza sostuvo que en realidad ‘‘lo que existe en el artículo tercero es la regulación de una justa causa de remoción, consistente en el establecimiento de procesos de evaluación para la permanencia, que complementa al derecho a la estabilidad en el empleo’’.
En ese sentido, el ministro Eduardo Medina Mora dijo que ‘‘la estabilidad de los docentes sigue protegida, pero por tratarse de un servicio público de especial relevancia como la educación, el constituyente permanente previó condiciones especiales de permanencia’’.
Los únicos que apoyaron el proyecto original de Franco fueron los ministros Margarita Luna, Jorge Pardo y Alberto Pérez Dayán. Las diferencias de interpretación de cada uno de los 11 ministros provocaron un largo debate sobre cuestiones técnicas, respecto de la forma en que deberá redactarse la versión final de la sentencia que será elaborada por Franco.

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Aprueba Congreso de Veracruz inversión de Slim para concluir obra

PROCESO 


24 de junio de 2015
Destacado
El proyecto del Túnel Sumergido en Coatzacoalcos. Foto: Especial
El proyecto del Túnel Sumergido en Coatzacoalcos.
Foto: Especial
XALAPA, Ver. (apro).- El Congreso local dio su venia al Grupo Carso, del multimillonario Carlos Slim, para que invierta poco más de 500 millones de pesos en el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, obra que empezó a construirse en 2004, pero se detuvo por falta de recursos.
En menos de siete días, los diputados turnaron, discutieron y analizaron el “título de concesión” para ampliarlo de 37 a 45 años. El dictamen fue avalado con 23 votos a favor del PRI, PVEM y Nueva Alianza, contra 13 de la oposición.
La aprobación de la bancada priista, que incluso dispensó la lectura del dictamen por “obvia resolución”, se dio en medio de reclamos de legisladores del PAN, PT y Movimiento Ciudadano (MC).
“Estamos entregando un cheque en blanco por órdenes superiores”, expuso el panista Julen Rementería, aludiendo a la concertación pactada entre el gobernador priista Javier Duarte y el dueño del Grupo Carso.
“No leyeron el dictamen. Firmaron y aprobaron algo a ciegas”, reprochó ante la indiferencia de la bancada priista, que apuró a la presidenta de la Mesa Directiva, Octavia Ortega, para que emitiera la votación.
El petista Fidel Robles y el legislador de MC, Cuauhtémoc Pola, señalaron que antes de ampliar la concesión, el gobierno de Duarte tendría que “sancionar” y “deslindar responsabilidades” contra servidores y exservidores públicos de éste y el anterior sexenio por el desvío de recursos cuya procedencia ignoran la Auditoria Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización.
Pese a los reclamos, la mayoría priista aprobó la iniciativa de decreto que permitirá concluir la obra en un año, sin que el gobierno del estado aporte más recursos.
Los priistas justificaron que se modificó el título de concesión de la obra del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, para que se den las condiciones que permitan concluir el proyecto a más tardar en un año.
“De común acuerdo entre gobierno y concesionaria se determinó concluir recíprocamente los procedimientos legales, administrativos y jurisdiccionales, nacionales e internacionales que correspondan”, expuso el gobierno estatal, luego de refrendar que quedan sin efecto los litigios mutuos entre la administración de Duarte y las empresas FCC y Cotuco –iniciadoras de la obra–, gracias a la intervención del Grupo Carso.
Además, el decreto legislativo expone que se da autoridad al propio Duarte para que, “asistido” por los titulares de las secretarías de Finanzas y de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), “renegocie y modifique” la concesión de la obra, a efecto de cumplir con los objetivos trazados en el documento de septiembre de 2004.
El diputado Fidel Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo, se manifestó contra el dictamen porque después de 11 años, apuntó, la obra aún no se concluye y se requiere aplicar la ley y castigar a los involucrados en el retraso.
El pasado jueves 18, durante la comparecencia del titular de la SIOP, Tomás Ruiz González, diputados de oposición recriminaron el “borrón y cuenta nueva” que hacía la administración de Duarte.
En aras de lograr la venía legislativa, el propio Ruiz expuso en tribuna: “La obra la recibimos quebrada (Tomas Ruiz entró como titular de SIOP en marzo de 2015), le faltan 500 millones, hay denuncias de hechos que tendrán que desahogarse, no es un borrón y cuenta nueva. De aceptar la inyección de capital (del Grupo Carso) no costará un peso más a los veracruzanos. Cualquier cargo extra será con cargo al concesionario”.
Luego justificó: “Faltan los sistemas de ventilación del interior del túnel, la iluminación, los accesos de vialidad, la junta de cierre, las rampas, el último tramo para conectar con Coatzacoalcos”.
Pero hace menos de una semana legisladores del PAN, así como el diputado petista Fidel Robles y el de MC, Cuauhtémoc Pola, fustigaron que en una comparecencia celebrada en mayo pasado, el entonces titular de la SIOP, el expanista Gerardo Buganza –hoy secretario de Gobierno de Duarte–, les hiciera las mismas promesas y además llamara “bribones” a servidores públicos priistas y a los constructores del Túnel Sumergido, con quienes hoy Tomas Ruiz se volvió a sentar y logró acuerdos.
“Hay un desfalco, un desvío, fraude de 2 mil millones de pesos, Buganza lo dijo en anterior comparecencia. Nos dijo que se pusieron denuncias y no ha pasado nada. Nos hizo falsas promesas. ¿A quién le creemos, señor secretario: a usted o a él?”, reprochó el diputado panista Julen Rementería.
En esa coyuntura Fidel Robles consideró que la incursión del Grupo Carso sólo será una certificación simulada para avalar la impunidad.
“El señor Slim sacará mil millones de su cartera, los cuales debe de traer como morralla (sic) para avalar la corrupción y la impunidad, imperantes en esta obra”, soltó.

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Microbuseros y taxistas buscan subir las tarifas

Lauar Gómez Flores
 
Periódico La Jornada
Jueves 25 de junio de 2015, p. 32
Microbuseros solicitaron aumentar de uno a dos pesos la tarifa, mientras taxistas plantearon un alza de entre 20 y 30 por ciento al banderazo y salto del taxímetro, de acuerdo con la modalidad del servicio ofrecido, dio a conocer el titular de la Secretaría de Movilidad, Rufino H. León.
Luego de inaugurar la exposición fotográfica Metrobús no sólo construye ciudad, hace ciudad, en el Bosque de Chapultepec, señaló que el gabinete de transporte y movilidad urbana analizará los estudios técnicos presentados por las diversas agrupaciones en abril pasado.
El planteamiento que surja será presentado en octubre al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, fundado, motivado y sustentado, y el órgano colegiado determinará si se aumenta la tarifa, que tiene que ver con el alza del salario mínimo, la inflación y costos indirectos como combustible, indicó.
Se valorará alza al Metrobús
Respecto de la actualización de la tarifa del Metrobús se valorará en relación con los demás sistemas de transporte y, en caso de aprobarse, se aplicará el próximo año, aunque los concesionarios del servicio colectivo tienen la posibilidad de incrementar la tarifa un peso con 50 centavos si sustituyen su microbuses por autobuses.
Al hacerlo, de manera inmediata pasarían de cobrar 4 a 5.50 pesos, esquema que aplicará con las nuevas unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para el sistema denominado M1, que operarán en el poniente de la ciudad, pues la tarifa subirá de 2 a 5 pesos.
Mencionó que el cobro por distancia o transbordo no está considerado, pues requiere de un análisis consensuado, pero revisaremos las tres propuestas de incremento a la tarifa presentadas por el sector, aunque la opinión institucional es que el microbús ya no debe tener aumentos.
Por otra parte, dijo que solicitará a la Asamblea Legislativa aumentar los recursos remanentes federales para apoyar la sustitución de unidades, mediante financiamientos, y el plazo para obtenerlos hasta 2018, aunque sólo se ha logrado cambiar 200 de mil 500 comprometidas.

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Falta de justicia por caso Ayotzinapa, “una vergüenza para la humanidad”: juez Garzón

PROCESO


24 de junio de 2015
Destacado
El exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Foto: Octavio Gómez
El exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El juez español Baltasar Garzón dijo este miércoles que es “una vergüenza para la humanidad” que el gobierno mexicano no haya hecho todavía justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
A casi nueve meses de la desaparición de los normalistas, “es una vergüenza para la humanidad que no haya todavía una respuesta contundente, desde el Estado, desde la justicia y, en definitiva, desde la comunidad en general, la demanda de justicia”, dijo Garzón.
“No podemos permitir que la desaparición forzada de personas sea algo que se extienda, que quede impune y hay que encontrar los mecanismos para que no sólo las familias sean reparadas, sino prevenir que no vuelva a suceder un hecho como el de Ayotzinapa”, sentenció el juez quien participó en el encuentro de pensadores para crear la carta de las obligaciones del ser humano, organizado por la UNAM y el Capítulo Mexicano del World Future Society.
Agregó que las desapariciones forzadas en el país no deben extenderse ni quedar impunes.
Señaló que el caso Ayotzinapa es un reflejo de cómo en México y en muchos países garantizar los derechos humanos pareciera ser una carrera de obstáculos.
“Los derechos humanos son algo que siempre está en entredicho, no sólo en México sino que hay muchos países donde protegerlos es el mínimo ético y el mínimo legal”.
Indicó que cualquier Estado democrático “tiene la obligación ineludible” de respetar los derechos humanos.
Cuando no es así, destacó, “hay que buscar los mecanismos para que entre todos podamos conseguir que ese Estado de bienestar, en orden al cumplimiento de los derechos y obligaciones se produzca, esa es la meta y el reto”.

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El 1% de mexicanos concentra casi la mitad de la riqueza: Oxfam

Larrea, Salinas, Slim y Bailleres. Fotos: Procesofoto
Larrea, Salinas, Slim y Bailleres. Fotos: Procesofoto
MÉXICO, D.F. (apro).- En México, uno de los países más desiguales del mundo y de los que menos recauda impuestos a los millonarios, el 1% de los más ricos –alrededor de 120 mil personas– acapara 43% de todas las riquezas de la 14ª economía del globo y sus 53.3 millones de pobres, según un informe que publicó hoy la organización Oxfam, al lanzar una campaña contra la desigualdad.
Según el economista Gerardo Esquivel, quien redactó el informe, si bien entre 2005 y 2014 la economía mexicana se estancó en mediocres niveles de crecimiento, la suma de las fortunas de los cuatro multimillonarios más ricos de México, por su parte, se disparó a un ritmo de 5% anual.
Así, en 2002 las fortunas del magnate de telecomunicaciones Carlos Slim, de los empresarios mineros Germán Larrea y Arturo Bailleres y del dueño de TV Azteca y Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego, representaban el equivalente de 2% del PIB nacional. Dos años después, en 2014 incrementaron de manera vertiginosa para alcanzar 9% del PIB.
Con el puro rendimiento anual de sus fortunas, es decir, el dinero que se genera cada año a partir de la fortuna ya existente, los cuatro magnates podrían contratar hasta 3 millones de personas remuneradas con un salario mínimo.
De acuerdo con el autor del informe, el economista Gerardo Esquivel, el 10% más adinerado concentra 64.4% de las riquezas totales del país, una cifra en incremento de casi 8 puntos desde 1992.
En entrevista con Apro, señaló que 10% de la población más rica de México está conformada por burócratas u oficinistas bien remunerados, entre otros, quienes tienen un ingreso por persona de 20 mil pesos mensuales en promedio –entre 15 mil y 40 mil pesos– y suelen considerarse como “clase media”.
Esta nueva cifra rompe con las estimaciones oficiales proporcionadas en la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según la cual el primer decil “sólo” concentraba 43% de las riquezas en 2012.
Pero Esquivel aseveró que la encuesta de hogares del INEGI tiene fallas metodológicas, ya que los encuestadores nunca entrevistan a la pequeña elite económica del país, ni se acercan a los lugares exclusivos donde viven los magnates. En cambio, el economista realizó estimaciones a partir de varios factores pero deploró que los datos fiscales estén protegidos en México.
A diferencia de los ingresos, los cuales son flujos de dinero que transitan entre las personas, las riquezas de un país representan la suma del valor de todos los activos de la economía, precisó Esquivel.
Amos de la política
Así, según Oxfam, la dinámica de la desigualdad en el país se encuentra en un círculo vicioso, ya que los más ricos del país, al concentrar riqueza y poder, fomentan políticas públicas y fiscales que les benefician y, a su vez, agravan la desigualdad.
Según Esquivel, no es casualidad que los sectores de telecomunicaciones, minería y televisivo, de los que estos magnates sacan beneficios millonarios cada año, sean “sectores privatizados, concesionados y/o regulados por el sector público”, subrayó el informe.
Y precisó: “En su calidad de empresarios multimillonarios (…) es de su total interés el intervenir tanto como puedan en los instrumentos u organismos que se encargan de la regulación, supervisión y vigilancia; es decir, de capturar políticamente al Estado mexicano”.
De hecho, Esquivel recordó que al imponer precios muy elevadas a sus clientes, Telmex, y posteriormente América Móvil, costaron a los mexicanos 129 mil millones de dólares entre 2005 y 2009, lo que representa 1.8% del PIB por año.
También resaltó que el sector minero se beneficia de privilegios fiscales por lo que la frenética extracción de recursos naturales de la nación “ha beneficiado sólo a unos cuantos”.
Pero los multimillonarios no son los únicos en verse beneficiados por las políticas del gobierno. Las propias políticas fiscales de México suelen alimentar la desigualdad, ya que el sistema tributario saca la mayor parte de sus ingresos –54%– a partir del impuesto sobre los bienes y servicios que consumen todos los ciudadanos.
En cambio, el sistema protege a los más adinerados, al recaudar sólo 32% de la tasa marginal del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el 30% a los dividendos de las empresas –sin recaudar nada a los dividendos que reciben los directivos de las mismas–, e incluso permite múltiples formas de evadir el impuesto a quienes ingresan dinero a través de su capital.
De acuerdo con Jesús Cantú, director de Oxfam en México y articulista de Proceso, el sistema de redistribución en México está fallido, ya que sólo se redistribuye 1.1% de los ingresos.
También estimó que la política social del país, por su parte, no funciona, ya que “es como la ambulancia que va por los heridos de la pobreza, lo único que hacemos es mitigarla pero perpetuándola”.
Además, el sistema tributario otorga deducciones sobre ciertos gastos específicos de los ciudadanos. Pero de nuevo, los más beneficiados resultan pertenecer al 10% más adinerado de la población.
El Estado mexicano deduce de los impuestos el precio de las colegiaturas que pagan los padres para enviar sus hijos a escuelas privadas, así como el transporte escolar; también deduce los intereses de los créditos hipotecarios o los honorarios médicos. Todos estos servicios los utiliza en más de 88% el decil más rico de México.
En cambio, el informe subrayó que “48% de las escuelas públicas carece de acceso a drenaje, 31% carecen de acceso a agua potable, 12.8% no cuenta con baños o sanitario, 11.2% no tienen acceso a energía eléctrica; en 61.2% de ellas los alumnos no cuentan con acceso a un equipo de cómputo que sirva, y 80% de los estudiantes no tiene Internet”.
Y señaló: “El que las personas de mayores ingresos obtengan deducciones fiscales por enviar a sus hijos a escuelas privadas y que al mismo tiempo las escuelas públicas carezcan de lo más elemental, no es más que un reflejo de la captura del diseño de políticas públicas por parte de una minoría en perjuicio de la gran mayoría de la población”.
El mismo mercado financiero y bancario favorece la reproducción del capital en las manos de unos cuantos privilegiados, ya que los más pobres, a diferencia de los ricos, no tienen acceso al crédito.
La política monetaria, basada en la contención de la inflación, llevó a la congelación del salario mínimo desde 1996, lo cual a su vez disparó la desigualdad ya que, al equivaler a una cuarta parte de lo que era hace 30 años, se convirtió en un salario de pobreza –“ni cerca de ser suficiente para adquirir una canasta básica”–, a beneficio del empleador.
De acuerdo con el informe, un trabajador con un salario mínimo está considerado como “pobre” en México, y si además tiene que mantener a uno o más familiares, se convierte en persona en pobreza extrema. Sin embargo, la Constitución mexicana estipula que un salario mínimo debe garantizar un nivel de vida digno.
“Auténtico Estado social”
Desde hace unos años, los organismos internacionales más ortodoxos en materia de promoción del neoliberalismo, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Banco Mundial iniciaron un cambio de paradigma al observar que el crecimiento económico, al beneficiar a los más ricos, no “chorreaba” de manera mecánica hacia los más pobres.
Cantú destacó que las reformas estructurales que emprendió la administración de Enrique Peña Nieto partieron de esta misma base teórica equivocada, según la cual cuando existe crecimiento económico, éste termina repartiéndose en toda la sociedad.
En cambio, y a raíz de nuevos estudios como los del recién nombrado premio Nobel de Economía, Tomás Piketty, estas instituciones aceptaron que las desigualdades y la mala redistribución de las riquezas conllevaban nefastas consecuencias sobre la propia economía y el crecimiento.
De acuerdo con la OCDE, el aumento de las desigualdades en México entre 1985 y 2005 redujo el crecimiento en un monto acumulado de 10%.
Es más: el incremento del PIB en México no ha reducido las tasas de pobreza desde hace 20 años. Pero como la población aumentó, la cifra de pobres creció en paralelo para alcanzar en la actualidad a 53.3 millones de mexicanos.
“El cambio de paradigma se está haciendo en muchas partes del mundo, pero en el caso de México creo que no. Para nada”, deploró Esquivel.
Para luchar de manera eficaz contra la desigualdad, Oxfam urgió a la creación de un “auténtico Estado social”, el cual superaría al Estado de bienestar, ya que basaría su política en garantizar los derechos de los ciudadanos.
Asimismo, planteó la necesidad de implementar una política fiscal más progresiva, la cual adaptaría las tasas de recaudación según la riqueza de los tributarios, pero también de transparentar y dirigir mejor el gasto público, así como luchar de manera efectiva contra la corrupción, a través por ejemplo de la obligación de todos los servidores públicos a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales.
Oxfam publicó una petición en línea, que presentará en septiembre a la nueva legislatura, con la intención de revertir la desigualdad a través de la iniciativa ciudadana.
“No hay otra vía que la exigencia ciudadana”, asumió Cantú, al subrayar que mediante este método, “hemos podido avanzar en la construcción de un país menos autoritario”.

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