jueves, 24 de septiembre de 2015

La Revolucion de las Canas 2015 09 24

La Luz es nuestro Derecho 2015-09-23

A UN AÑO


Saldremos a encontrar su voz,
sus rostros y sus manos

No los hallaremos en el silencio fúnebre de una tumba
Ni los alcanzaremos en el llanto tibio de la lluvia
que moja la noche de su desaparición forzada

No estarán perdidos en el olvido alcahuete
que excreta la impunidad
y presunción oficial de su muerte

Ni estarán cautivos
en la baratija de “verdad histórica”
que nunca podrá absolver
a los culpables de su ausencia

Estarán en nuestras escuelas,
condiscípulos de nuestra rabia,
despertando nuevas conciencias

Estarán en nuestras calles,
pueblos y ciudades,
sonriendo al frente de nuestro coraje

Porque ustedes son las 43 razones
del por qué todo esto que duele,
empobrece y mata
ya tiene que cambiar

Hermanos no están solos,
ni extraviados en nuestra memoria

Ya verán que los encontraremos
¡¡VIVOS!!.

José Humberto Montes de Oca Luna.

Se inició el ayuno en el Zócalo por los estudiantes desaparecidos en Iguala

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Familiares y compañeros de los 43 jóvenes desaparecidos, ayer en la Plaza de la ConstituciónFoto Jesús Villaseca
Arturo Sánchez Jiménez
 
Periódico La Jornada
Jueves 24 de septiembre de 2015, p. 4
El vigésimo cumpleaños de Jorge Álvarez Nava fue ayer, pero su papá, Epifanio, no festejó. Entristecido anunció la jornada de ayuno con la que conmemorará un año de que su hijo y otros 42 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron ‘‘a manos de policías corruptos en Iguala’’.
Junto con Epifanio Álvarez, todos los padres y madres de los normalistas desaparecidos comenzaron a las siete de la noche un ayuno de 43 horas. Se instalaron debajo de una carpa en el Zócalo, justo enfrente de la Catedral.
No interrumpirán su protesta ni cuando acudan hoy con el presidente Enrique Peña Nieto. Lo verán a la una de la tarde en el Museo Tecnológico. Ahí le pedirán que se rencaucen las indagatorias del caso, que se abran nuevas líneas de investigación, que se creen cuerpos especiales para llevar las pesquisas, ‘‘porque a la Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) ya no le creemos’’, y exigirán que todos aquellos que tengan responsabildad en la desaparición de sus hijos vayan a la cárcel.
‘‘Incluso aquellos funcionarios que hayan hecho investigaciones deficientes’’, informaron en un mitin realizado una hora antes de que se iniciara el ayuno.
Felipe de la Cruz, vocero de los familiares, dijo que ‘‘la confianza se perdió en las instituciones cuando la PGR (Procuraduría General de la República) formuló la ‘verdad histórica’ de que los muchachos fueron incinerados en el basurero de Cocula, pero hoy sabemos que eso no pasó. Vamos con el Presidente porque de él depende la procuraduría y puede hacer que las investigaciones tengan otro cauce’’.
Otro tema a tratar, dijo Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de familia, será que no se criminalice a la Normal de Ayotzinapa. ‘‘Todas nuestras manifestaciones han sido en el marco de la Constitución y de las libertades, que nos dan el derecho a la protesta’’, dijo a dos días de que un grupo de normalistas rompió vidrios y destruyó las oficinas de la Fiscalía de Guerrero.
Debajo de una carpa instalada en la vialidad que separa el Zócalo de la Catedral, y que impide el paso de vehículos, un grupo de médicos revisó el estado de salud de los ayunantes.
‘‘En realidad hoy no comienza el ayuno; tienen un año de alimentarse mal, de comer lo que se puede mientras buscan a sus hijos’’, comentó en entrevista el sicólogo Gerardo Rubio, de la Cooperativa Panamédica, organización encargada de supervisar la salud de los manifestantes.
Sandra Socorro, de la misma organización, indicó que ‘‘un ayuno baja niveles de azúcar. El problema es que los padres y madres son personas con enfermedades crónicas, principalmente diabetes, hipertensión y complicaciones cardiacas’’.
Cientos de simpatizantes acudieron al Zócalo para acompañar a los padres y madres de los normalistas desaparecidos y se instalaron otras carpas para que se queden a hacer guardias y a pasar la noche.
El primer turno de vigilancia tocó a integrantes del Frente Popular de la Ciudad de México, que serán relevados hoy por un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional. Además, llegaron 50 alumnos de la Normal de Ayotzinapa y a eso de las 8 de la noche comenzó a tocar la banda Mixanteña, de Santa Cecilia, que tocó música tradicional de Guerrero.
Un momento antes de iniciar el ayuno, Epifanio Álvarez volvió a recordar que si su hijo estuviera presente este miércoles hubiera sido un día de fiesta. ‘‘Lo que quisiera es darle un abrazo, porque es su cumpleaños. Pero no está. Lo seguimos buscando’’.

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Toman alcaldía de Tixtla estudiantes y paterfamilias

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Integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México marcharon ayer en TixtlaFoto Sergio Ocampo
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 24 de septiembre de 2015, p. 3
Tixtla, Gro.
Padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, maestros e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y de la Policía Comunitaria tomaron la mañana de este miércoles la alcaldía de Tixtla, así como las oficinas de la Secretaría de Finanzas y un juzgado, en demanda de la presentación con vida de los ausentes.
Minutos después, los alrededor de 800 manifestantes marcharon desde la instalaciones de la Normal de Ayotzinapa rumbo al zócalo de la ciudad, donde acusaron al gobernador Rogelio Ortega Martínez de haberlos reprimido el martes en la carretera Chilpancingo-Tixtla y de impedir el paso a los padres de familia y a los estudiantes que se trasladarían a la ciudad de México.
La secretaría de organización del Comité Directivo de la Normal de Ayotzinapa anunció que este jueves, a partir de las 8 de la mañana, marcharán los 14 kilómetros que separan las instalaciones del plantel, ubicadas en Tixtla, hasta Chilpancingo, ‘‘con la finalidad de romper el cerco’’ orquestado por el gobernador, quien pretende impedirles el paso para trasladarse a la ciudad de México, dijeron.
El colectivo responsabilizó a Ortega y al gobierno federal ‘‘de cualquier represión contra los contingentes que participarán en la marcha-caminata’’.
En relación con el anuncio del gobernador de que ya existen órdenes de aprehensión contra los dirigentes estudiantiles y algunos padres de familia, el grupo manifestó ‘‘que la consigna del gobierno es impedir las movilizaciones para demandar la presentación de los 43 estudiantes desparecidos’’.
Por la tarde, familiares de los jugadores del equipo de futbol Avispones denunciaron que el gobierno no les ha hecho justicia a un año de que el joven David Josué García Evangelista y el chofer del autobús, Víctor Manuel Lugo, fueron asesinados en el crucero de Santa Teresa, municipio de Iguala, por policías locales, quienes en ese momento reprimían a los normalistas de Ayotzinapa.
En conferencia de prensa dijeron que ‘‘el gobierno debe atender la salud y la integridad física y asegurar un mejor futuro para los jugadores de futbol que vivieron esa pesadilla’’. Dijeron que solicitarán sendas audiencias con el presidente Enrique Peña Nieto y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que les informen del avance de las investigaciones a un año de los acontecimientos.
Gustavo Castrejón Ramírez, padre de uno de los jugadores, recordó que en noviembre pasado el gobernador Ortega entregó uniformes y un autobús para los Avispones y prometió que se constituiría un fideicomiso. El autobús está descompuesto, ‘‘es muy lento. Si vamos a Morelos a jugar, que es un trayecto de tres horas, hacemos cinco. Tampoco cumplió su promesa de crear el fideicomiso’’.
Ayer hubo otras manifestaciones en la capital guerrerense, entre ellas un bloqueo a la carretera Chilpancingo-Chilapa, donde decenas de habitantes del poblado de Atliaca, encabezados por Austreberto Basilio Goytia, demandaron la matrícula de creación de la Universidad Intercultural Latinoamericana, Caribeña de Ciencias y Artes, además de la convocatoria oficial.
Asimismo, integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del estado tomaron dos radiodifusoras en el centro de la ciudad capital en apoyo a la exigencia de presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y por el otorgamiento de plazas de maestro.
Finalmente, personas con capacidades diferentes afiliadas a las organizaciones Benito Juárez y Digna Ochoa y Plácido también bloquearon calles del centro de Chilpancingo en demanda de una audiencia con el gobernador Ortega Martínez.

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‘‘Indignados, pero fortalecidos’’, padres y madres de los 43 acuden hoy con Peña


Blanche Petrich
 
Periódico La Jornada
Jueves 24 de septiembre de 2015, p. 4
A pocas horas de volver a ver al presidente Enrique Peña Nieto, como hace un año, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos y asesinados de Ayotzinapa y una comisión de normalistas de la escuela rural acuden ‘‘indignados con el gobierno’’, pero ‘‘fortalecidos’’ por sentir que los informes recientes que presentaron el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) han ‘‘inclinado la balanza a nuestro favor’’, asegura Omar García, dirigente del colectivo estudiantil, sobreviviente de los ataques del 26 de septiembre en Iguala.
‘‘Nos dan la razón. Confirman lo que tanto le quisimos decir a la población, al mundo entero: que las autoridades se estaban burlando, que no hacían las investigaciones de manera seria, que era irresponsable la búsqueda que emprendieron la Gendarmería y el Ejército, que se nos estaba revictimizando y estigmatizando a través de los medios de comunicación.’’
Decisión difícil
Reconoce que la decisión de volver a acudir a una audiencia con el mandatario ha sido muy criticada dentro del colectivo de Ayotzinapa –padres, maestros y estudiantes– y entre las organizaciones. ‘‘Nos dicen: para qué ir si ya tenemos la experiencia de los 10 puntos que Peña firmó y no cumplió. Pero creemos que, con copete o sin copete, es el representante del Estado mexicano y nosotros necesitamos exigirle que los expertos se queden de manera indefinida; necesitamos dos fiscalías independientes que se encarguen de continuar la investigación y la búsqueda, el castigo a los responsables de los asesinatos y desapariciones y también a los culpables del encubrimiento, a quienes inventaron la versión del basurero de Cocula. Eso también es un delito.’’
Esa audiencia con el Presidente, que se realizará en el Museo Tecnológico, marca junto con las movilizaciones, que se esperan masivas, el primer aniversario de la noche de Iguala.
A pesar del tiempo transcurrido, y de que la intensidad de las protestas perdió fuerza con los meses, Omar García asegura que las dos consignas muy radicales, ‘‘Fuera Peña’’ y “Fue el Estado’’, que resonaron los primeros meses, siguen vigentes. ‘‘Tienen vigencia. Nuestra demanda principal es que encuentren a nuestros compañeros desaparecidos. Pero también pedimos la no repetición de los hechos. Y ha seguido pasando: Apatzingán, Ostula, la Narvarte. Es muy claro: el Estado mexicano no puede ni quiere garantizar que esto no vuelva a ocurrir. Tenemos que cambiar al gobierno’’.
Y esa es la clave de la legitimidad que tiene su movimiento: ‘‘Muchos de los que nos apoyan lo hacen, sí por nuestros compañeros, pero también porque es una coyuntura que abre la oportunidad de cambiar el país. A un año, Ayotzinapa es factor de unidad, porque puede ser un punto de no retorno, porque ha ido ahí adonde no han ido otros, ha dicho lo que no han dicho otros. O sea, luchar por los desaparecidos es luchar por una transformación’’.
Una transformación que cambió la vida a centenares de guerrerenses. Y a todo un plantel, la Normal Rural.
Pero contra lo que critican algunos líderes de opinión, Ayotzinapa sigue siendo un plantel con vida académica. ‘‘Hay gente que nos quisiera ver todos los días en clase. Eso es lo que quisiéramos nosotros. Pero lo que no entienden es nuestra la realidad. Somos una escuela en lucha, una comunidad en lucha. En tiempos de lucha no es posible llevar una vida cotidiana normal, como la lleva el resto de la gente. Si no es el aula la que lo enseña todo. Además del programa de estudios está la vida, está el movimiento. Cuántas cosas hemos aprendido este año que nunca hubiéramos sabido si nos quedamos cruzados de brazos’’.
Pese a todo, Omar asiste a clases, como todos los demás. Ha pasado a quinto semestre y le faltan dos años para terminar su carrera de maestro de primaria.
–¿Qué representa para ustedes contar con el respaldo de dos organizaciones de prestigio internacional, como el GIEI y el EAAF?
–El que haya dos instituciones independientes coadyuvando en la investigación es importantísimo. La clave está en que son independientes. Cuántos casos en México ha habido de desaparición forzada o de asesinatos extrajudiciales sin que las víctimas contaran con el punto de vista alternativo de uno o dos grupos independientes. Siempre prevalece la versión del Estado, que mantiene la hegemonía en las investigaciones.
‘‘Ahora tratan de desprestigiar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes diciendo que no son serios, que no son mexicanos, que aquí no tiene nada que ver la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los asuntos internos del país. Ahora sí les preocupan los asuntos internos, ahora sí quieren cuidar la soberanía.’’
(Versión completa de la entrevista en lajornadaenlinea)

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No Tienen Carácter de Obligatoriedad, Sino la Fuerza de la Crítica SÓLO EL PUEBLO PUEDE HACER VALER RECOMENDACIONES DE LA ONU

*La Desaparición Forzada Crímen que se Queda en la Impunidad: Alto Comisionado de la ONU en México
*Las Víctimas de Desaparición Forzada Viven en la Pobreza
*Sus Familias se Precarizan Aún Más, Porque Financian su Búsqueda.

Por María de Lourdes Martínez González

La mayoría de las víctimas de desaparición forzada en México eran personas en situación de pobreza. Y sus familiares entran en un proceso de precarización aún muy fuerte, porque dejan todo para buscar a su ser querido, incluso renuncian a su empleo y financian de su bolsillo las investigaciones, porque en México el gobierno federal o los gobiernos locales no cuentan con un sistema nacional para buscar a los desaparecidos y, mucho menos, para encontrarlos, porque en el país hay impunidad crónica, reconoció Alan Garcíaoficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos en México.
Dijo que las recomendaciones que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al gobierno mexicano para investigar, identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del caso Ayotzinapa, Guerrero, así como el resto de las desapariciones, tienen la fuerza de la crítica, pero no tienen carácter obligatorio.
Por lo cual es indispensable que el pueblo mexicano se encargue de hacer que la autoridad respete los derechos humanos y haga valer esas recomendaciones. "Lo que puede hacer la ONU son recomendaciones, pero las que tienen más posibilidad de ser asumidas, son aquellas que son respaldadas por los pueblos. Suponer que el gobierno va a asumir un documento como el que presentó el grupo de investigadores independientes -para el caso Ayotzinapa- es lejano, pero si se toma por los pueblos tiene más posibilidades de que se cumplan y se hagan transformaciones".
Hasta ahora de las 34 recomendaciones que hizo la ONU al gobierno mexicano, en 2011, en el tema de desaparición forzada, el gobierno mexicano no le ha hecho caso a ninguna, comentó en Frecuencia Laboral Nadín Reyes Maldonado, representante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos "Hasta Encontrarlos", Ciudad de México (Leer Noticia Relacionada: "MÉXICO IGNORÓ RECOMENDACIONES SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA" link: http://www.frecuencialaboral.com/desaparicionforzadamexicnoincumplio34recomendaciones2015.html)
Durante su participación en el diplomado de selección a la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el 15 de septiembre del 2015, Allan García comentó que debido a que las desapariciones forzadas son producto del abuso de poder, de la corrupción y la impunidad, el único que puede obligar al gobierno mexicano a frenar esa práctica de lesa humanidad es el pueblo organizado y la presión social.
Oficialmente se reconoce que hay 26 mil desaparecidos, entre los que se encuentran los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Y son crímenes que se quedan en la impunidad, advirtió Alan García Campos, oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos en México.
"La ONU podría hacer mucho más por este tema, pero la ONU es lo que los gobiernos son, son los propios estados los que conforman a la organización. La gran ventaja dentro de la maquinaria es que el grupo de trabajo de desaparición forzada y desaparición de personas son independientes y no reciben un pago de la ONU, por eso es que pueden actuar de manera autónoma y con libertad".
Agregó que no existe un protocolo internacional para la investigación de desapariciones, como existe en el tema de tortura, que existe el protocolo de Estambul, o en el detenciones, por lo cual propuso que en el que en el diplomado se elabore una idea de protocolo sobre desaparición forzada para la investigación de este tipo de conductas.
"Cuando estamos frente a la desaparición de personas difícilmente vamos a encontrar la orden por escrito del jefe o comandante, pero hay indicios que concatenados nos pueden llevar a una certeza de que se trata de una desaparicón...En los estándares de desaparición se tiene que investigar quien cometió el delito y se tiene que investigar el paradero de las personas, pueden estar relacionadas, pero deben hacerse de forma independiente".
Por eso opinó que es muy importante la crea´ción de un sistema nacional de búsqueda de personas y para encontrarlas
"El problema de la desaparición forzada es que hay funcionarios que abusan de su poder y usan su cargo ese fin... Mientras que no se instauren las medidas indispensables seguirá usandosde el poder para detener arbitrariamente, torturar ...y cuando se les pasa lamano es más fácil desaparecer a esa persona, porque así es más difícil identificar quién fue el que actuó en la desaparición, que a alguien que tortura y detiene arbitrariamente". 

Trabajadores exigen a la JFCA no solapar a la CTM y a Honda

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Jueves 24 de septiembre de 2015, p. 18
El Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda exigió a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que ya no solape a los gremios de la CTM (Confederación de Trabajadores de México) y a la empresa, que llevan a cabo prácticas dilatorias y artimañas legaloides para impedir a toda costa el recuento por la titularidad del contrato colectivo de los empleados de la armadora.
Este conflicto lleva ya casi cuatro años e incluso en su última etapa la JFCA ha tardado más de tres meses en elaborar el padrón de votación confiable, y está tomando un supuesto listado proporcionado por el IMSS, el cual está plagado de irregularidades, pues aparecen directivos japoneses, personas muertas o que ya no laboran para la empresa, así como personal de confianza, señaló el sindicato, cuyo dirigente es José Luis Solorio Alcalá.
Asimismo, instó a la junta a que haga valer las declaraciones del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), respecto a que se eliminarían en México los contratos de protección patronal.
Destacó que las irregularidades de la junta, la empresa y los gremios de la CTM han sido denunciadas ante la OIT y organizaciones sindicales nacionales e internacionales, por lo que se pide que se abra un registro de observadores del proceso de recuento para garantizar la legalidad del mismo.
Helio da Costa, del Instituto Observatorio Social de Brasil; Eduardo Paladín, de la Unión Obrera Metalúrgica de Argentina, y Ubirajara de Freitas, secretario de organización de la Confederación Nacional de los Metalúrgicos de la CUT Brasil, quienes se encuentran en México, manifestaron su apoyo a la exigencia del sindicato de Honda contra las maniobras de la empresa y las autoridades laborales mexicanas para impedir la libertad de asociación en la armadora.
Los sindicalistas, que forman parte de un grupo de representantes gremiales que llevan a cabo actividades de observación de la actuación de las trasnacionales en todo el mundo, se pronunciaron porque el gobierno mexicano haga respetar el Convenio 87 de la OIT, relativo a la libertad sindical, y que se garantice en Honda un recuento pronto, imparcial y con un padrón no manipulado.
En la audiencia realizada el pasado lunes, en uno de los juicio acumulados al de titularidad del contrato colectivo de trabajo de la empresa Honda de México, planta El Salto, Jalisco, el sindicato pidió a la JFCA que se solicite a la Dirección de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo el nombre y número de afiliados de los sindicatos de la CTM en la empresa, y que aperciba a la armadora por no cumplir el requerimiento de exhibir las nóminas.

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Piden jubilados defender a Pemex

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Jubilados de Pemex y miembros del movimiento magisterial popular veracruzano y de izquierda revolucionaria, en conferencia de prensa en la Facultad de Filosofía de la UNAMFoto Carlos Ramos 
 
Mamahua
E. Olivares y A. Sánchez
 
 
 
Periódico La Jornada
Jueves 24 de septiembre de 2015, p. 18
Jubilados del complejo petroquímico de Pajaritos, en Veracruz, señalaron que tras la reforma energética hay un proceso de desmantelamiento de la industria y de Pemex. En conferencia realizada ayer en la Facultad de Filosofía de la UNAM, plantearon la urgencia de defender el sector energético y evitar modificaciones al contrato colectivo de trabajo. Mario Díaz y René Marquina dijeron que ven en peligro sus derechos laborales, pues la reforma no está sólo en el reparto de los contratos petroleros, sino en acabar con el contrato colectivo de los trabajadores


OHL se retiró de la licitación del viaducto elevado La Raza-Indios Verdes

Miriam Posada García
 
Periódico La Jornada
Jueves 24 de septiembre de 2015, p. 28
OHL México se retiró de la licitación del viaducto elevado La Raza-Indios Verdes-Santa Clara, al presentar una carta de disculpa ante la Dirección General de Transporte Carretero a cargo del proceso.
El pasado 21 de septiembre, durante la ceremonia de presentación de propuestas y la apertura de ofertas técnicas, OHL México se disculpó por no continuar en el concurso, al igual que hicieron Prodemex, de Olegario Vázquez; GIA+A, de Hipólito Gerard, e IDEAL, de Carlos Slim, entre otras empresas.
OHL México se había inscrito a la licitación del viaducto elevado a pesar de diversas grabaciones sobre presuntos sobornos hechos por sus directivos a funcionarios, conversaciones en las que también se escucha que ejecutivos de la empresa habrían obtenido información privilegiada y anticipada sobre este proyecto que licita la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Segunda demanda
Por otra parte, la empresa informó al mercado de valores que junto con Concesionaria Mexiquense (Conmex), su operadora del Circuito Exterior Mexiquense, interpuso una demanda civil por daño moral en la que responsabiliza a Infraiber de una campaña de desprestigio. El recurso fue admitido por tribunales civiles del Distrito Federal.
Las compañías expusieron que presentaron la demanda por la campaña de desprestigio y descalificación sin precedentes que a lo largo de más de dos años se ha desplegado por parte de Infraiber, con la intención de causarles un gran daño a su reputación, acusaron.
Aseguraron que harán uso de todos los recursos legales a su alcance para hacer valer sus derechos y evitar mayores daños para ellas y sus accionistas.
Hace unos días la empresa que encabeza José Andrés de Oteyza presentó una demanda penal contra Infraiber por los mismos motivos, pero ante la Procuraduría General de la República (PGR).
OHL México tiene siete concesiones de autopistas en el estado de México y Puebla, y a lo largo de aproximadamente cinco meses de que se hicieron públicas las citadas grabaciones, sus directivos sostuvieron que participarían en las licitaciones que consideraran convenientes, como la de La Raza-Indios Verdes-Santa Clara.
A la presentación de propuestas y apertura de ofertas técnicas acudieron representantes de siete empresas y tres consorcios, de las cuales sólo tres presentaron ofertas económicas y técnicas. Éstas son: Omega Corp en consorcio con CAABSA Infraestructura y CAABSA Constructora; Mota-Engil México en consorcio con Mota-Engil Engenharia e Construcao; así como Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), de David Peñaloza.

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Apremian incentivar ahorro ante el inminente tsunami demográfico

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Ferrocarrileros jubilados, en un protesta en el Ángel de la independenciaFoto Jesús Villaseca
Víctor Cardoso
 
Periódico La Jornada
Jueves 24 de septiembre de 2015, p. 28
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) apremió a los sectores público, privado, sindicato, medios de comunicación y ahorradores, diseñar políticas y acciones para elevar la cobertura de pensiones, incentivar el ahorro voluntario desde temprana edad, evaluar constantemente la conveniencia de las edades de jubilación frente al aumento de la esperanza de vida y la situación financiera de los sistemas de pensiones para corregir desequilibrios.
Sólo así, dijo el organismo, México podrá afrontar el tsunami demográfico que se avecina para el país, es decir, el acelerado crecimiento en las tasas de envejecimiento de la población.
En el reporte Envejecimiento: el tsunami demográfico que se avecina, la Consar puso de relive lo que llama también el tsunami gris donde se menciona que el XXI será recordado como el siglo del envejecimiento problacional, ya que la población a nivel mundial experimentará un proceso inédito de envejecimiento.
Este cambio estructural, añadió, generará grandes retos para las políticas públicas, en particular, tendrá gran impacto sobre los sistemas de pensiones, los cuales se verán sometidos a grandes presiones financieras en las próximas décadas.
Retirados de la economía informal presionarán las finanzas públicas
El organismo regulador del sistema de pensiones mexicano recordó que en 1943, cuando se iniciaba el sistema de jubilaciones en el país, existían 26 trabajadores por jubilado, mientras que para 2035 se llegará a sólo dos trabajadores por pensionado.
Con base en estudios realizados por la ONU y la Cepal, la Consar dijo que en México, como en América Latina en su totalidad, se pasará de ser una región considerada joven a un proceso abrupto de envejecimiento. Citó, por ejemplo, que el índice de envejecimiento calculado por la Cepal muestra cómo a partir de 2025 se da un punto de inflexión en la evolución demográfica, que posteriormente se agudiza de manera significativa hasta 2050.
Derivado de su tasa demográfica, en el caso particular de México, dijo, tendrá un envejecimiento más abrupto, donde la edad promedio en 2050 será de 41 años y de 51 años en 2100, que se compara significativamente con los 36 del promedio mundial a mediados de siglo y de 42 años al terminar la centuria.
Actualmente, México es clasificado aún como un país no envejecido, aunque a partir de 2020 ya pertenecerá a la categoría de los países que se encuentran envejeciendo, puntualizó la Consar.
Alertó: Este cambio estructural generará grandes retos para las políticas públicas; en particular, tendrá gran impacto sobre los sistemas de pensiones, los cuales se verán sometidos a grandes presiones financieras en las próximas décadas, además de que, conforme pase el tiempo, serán necesarios más y mejores servicios de salud (y) adicionalmente, los sistemas de pensiones se verán afectados por el mayor número de adultos mayores.
Añadió que, en principio, un esquema de cuentas individuales (como el que opera en México) aísla el pago de pensiones de la situación demográfica, pues el beneficio es directamente proporcional al saldo acumulado que a su vez depende de manera importante de la carrera laboral. Sin embargo, aún en los sistemas de contribución definida, los cambios demográficos son relevantes, sobre todo si consideramos que la pensión toma la forma de un pago vitalicio. Al aumentar la esperanza de vida, la pensión puede resultar insuficiente para financiar dignamente los gastos de la vejez, explicó la Consar.
Adicionalmente, añadió, “la preocupación de los gobiernos no sólo estriba en asegurar la forma de pagar las pensiones ya prometidas, sino también en generar fuentes de ingreso para los adultos mayores que han trabajado la mayor parte de su vida en el sector informal y, por lo tanto, no cuentan o contarán con una pensión asociada a su condición laboral.
Lo anterior ha generado que, en las últimas dos décadas, aumenten las pensiones financiadas con impuestos (llamadas pensiones sociales/no contributivas/pilar cero), las cuales se otorgan a los adultos mayores independientemente de que hayan contribuido o no a la seguridad social durante su vida activa. Este sector de la población cada vez más numeroso accederá a una pensión básica, la cual tendrá que estar respaldada financieramente por los gobiernos, generando un gran reto para las finanzas públicas, alertó.

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