lunes, 19 de octubre de 2015

En Construcción 2015-10-19

ANUEE La Luz es Nuestro derecho 2015-10-19

BOLETÍN URGENTE DE LA NCT








BOLETÍN URGENTE DE LA NCT

La Nueva Central de Trabajadores (NCT), realizará el día de mañana 20 de octubre, frente al Palacio de Gobierno del Estado de Tlaxcala, un acto en demanda de la liberación del compañero Gustavo Labastida Andriano, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak, preso en el penal de Apizaquito, Tlaxcala, así como para exigir la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de otros 9 representantes y trabajadores del mismo sindicato, acusados falsamente por la empresa Calzado Sandak propiedad de la multinacional Bata International.

Asimismo, exigiremos la solución a este largo conflicto de más de 4 años, con la reapertura de la empresa. Entregaremos una carta al C. Gobernador MARIANO GONZÁLEZ ZARUR, firmada por una larga lista de personalidades y organizaciones nacionales e internacionales.

El acto se realizará a las 12:00 horas, frente al Palacio de Gobierno, por lo que invitamos a las organizaciones democráticas a solidarizarse con los compañeros de Sandak

FRATERNALMENTE.
José Humberto Montes de Oca Luna.
Coordinador de la Estructura Ejecutiva Nacional.
NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES.

SME Inicio de Votaciones de Jubilados 2015

Se presentan más de 2,700 quejas al mes contra la CFE por cobros excesivos


Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Lunes 19 de octubre de 2015, p. 25 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) registra un promedio de 2 mil 273 quejas mensuales de usuarios inconformes por la negativa de la compañía a corregir errores de cobro, de cálculo y cobro de cuota extraordinarias.
De esta manera, la ahora empresa productiva del Estado acumula entre enero y septiembre de este año 22 mil 731 quejas, con lo que se convierte en la empresa del sector de energía y servicios públicos con el mayor número de reclamaciones, de acuerdo con las últimas estadísticas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Los informes oficiales detallan que al encontrarse bien fundamentadas las quejas de los usuarios y los errores de la CFE, la Profeco ha impuesto 185 multas a la empresa productiva de Estado, dirigida por Enrique Ochoa Reza, por un total de 7 millones 21 mil 298 pesos.
Pese a que desde el pasado 8 de septiembre de 2014, Profeco, CFE y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica suscribieron un convenio en el marco del sistema Nacional de Protección al Consumidor, cuyo objeto es asegurar una efectiva protección de los derechos de los usuarios del servicio de energía eléctrica, se han realizado apenas 26 visitas de verificación en toda la República mexicana.
Uno de los casos denunciados ante la Profeco es el del usuario Marco Antonio Elizalde Torres, con domicilio en la calle de Héroes número 50 interior 305, en la colonia Guerrero, delegación Cuahtémoc, en el Distrito Federal, quien a nombre de los 18 condóminos de ese conjunto habitacional interpuso una inconformidad por el cobro de 83 mil 647 pesos por el consumo de energía eléctrica en áreas comunes.
El quejoso refiere que hace unos meses el inmueble que ocupa en la calle de Héroes 50 sufrió un corto, el cual fue atendido por personal subcontratado por la CFE, y a partir de ese evento se decidió renovar totalmente la concentración del área de luz y se cambiaron las cajas de acuerdo con la norma oficial mexicana de la CFE.
Después de que personal de la CFE cambió los medidores se presentaron lecturas de consumo desproporcionadas e impagables, y ahora la compañía les exige un aval como condición para negociar. Pero ninguno los vecinos quiere ser aval, porque nadie en su sano juicio se quiere hacer responsable del consumo de luz comunal, explicó.

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Organizaciones civiles de Oaxaca emprenden lucha contra mineras

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Una de las asambleas organizadas por grupos ambientalistas para informar sobre los efectos de la minería a cielo abierto, en Santo Domingo Zanatepec, OaxacaFoto Diana Manzo
Diana Manzo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 19 de octubre de 2015, p. 32
Zanatepec, Oax.
Daniel Cirilo y Margot Nolasco son integrantes del Grupo Ecologista Zanatepec (GEZ). Hace un año se enteraron de que en Oaxaca había 29 proyectos mineros registrados en etapa de exploración y dos de explotación a cielo abierto. Entonces iniciaron un movimiento en demanda de la cancelación de los yacimientos, que consideran mortales para su vida y territorio.
Ambos tienen un plan de acción consistente en recorrer ejidos y localidades del Istmo de Tehuantepec donde se aprobaron proyectos extractivos y organizan asambleas entre los habitantes para informarles, con películas y trípticos, cuán nociva ha sido la minería para los pueblos de México y América Latina. Al final los pobladores firman su rechazo a las mineras.
Pronto realizarán una asamblea regional donde los ejidos se comprometerán por escrito a unirse a la resistencia.
El GEZ, junto con la asociación civil Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (Piapac), ha recorrido más de 25 municipios, entre ellos Tapanatepec, Reforma de Pineda, Ixhuatán, Niltepec, San Francisco del Mar, Zanatepec, San Miguel Chimalapa, Ciudad Ixtepec, San Dionisio del Mar y Unión Hidalgo, para advertir que la minería pone en peligro los recursos naturales y la economía campesina.
A estas localidades nadie les informó oficialmente que el gobierno federal había autorizado la explotación de sus tierras. En el portal de Internet de la Secretaria de Economía, en el apartado del Programa de Desarrollo Minero, se enteraron de que, de 9 millones 395 mil 978 hectáreas de territorio oaxaqueño, 743 mil 18, es decir, 8 por ciento del territorio estatal, están concesionadas para extracción de metales a cielo abierto.
“El gobierno mexicano violó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo al otorgar concesiones sin consulta y ahora quiere que los proyectos se hagan a la fuerza, pero no lo permitiremos. Hemos dicho un no rotundo; hemos aprendido a amar y defender nuestra tierra”, advirtieron Daniel Cirilo y Margot Nolasco.
El GEZ nació hace cinco años con 10 integrantes, encabezados por Alejandro García, con el objetivo de limpiar espacios contaminados con residuos sólidos. Han reforestado con casi 5 mil árboles endémicos y fundado cuatro parques ecológicos (Sauce, Las Candelas, Encuentro y Limoncilla) en cuatro hectáreas recuperadas.
Sin temor a lo que ocurra, porque hay que dar la cara y afrontar, puntualizaron que más de dos integrantes del GEZ han recibido amenazas por mensajes de teléfono, pero no dejarán su tarea “porque la vida natural, animal y del ser humano es más valiosa que las mineras.
Las aguas están tranquilas actualmente, pero los trabajadores y representantes de las trasnacionales han visitado nuestra tierra, nos miran feo. Sabemos que murmuran, pero no nos ocupa. Preferimos vivir resistentes a entregar nuestro hogar para que lo destruyan, indicaron.
En días pasados, Miner Lowell Copper informó en su portal de Internet su decisión de retirar su interés del proyecto Santa Martha, ubicado en Zanatepec y parte de San Miguel Chimalapa, y devolver a la empresa exploradora Minaurum Gold los derechos adquiridos en 2013 para extraer cobre.
Esta noticia causó satisfacción a las agrupaciones, que ya habían solicitado la cancelación de ese proyecto.
Los activistas reciben asesoría directa de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Advierten que sólo en los municipios de San Miguel Chimalapa y Zanatepec podrían quedar devastadas 30 mil hectáreas.
Los ríos Frío, Ostuta, Zanatepec, Novillero, Palo Grande, Ixtatal, Solugapa, Los Tamarindos y Espíritu Santo, además de los arroyos Tizati, Cerro Pando y Seco, entre otros cuerpos de agua, resultarían contaminados hasta morir por la contaminación con desechos mineros, lo que perjudicaría directamente a la población.
El río Ostuta abastece a más de cinco municipios y decenas de localidades; el Novillero es el afluente principal de Zanatepec y del río Coatzacoalcos, en Veracruz, mientras el río Frío proviene de la serranía limítrofe con Chiapas, explicó Daniel Cirilo, del GEZ.

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Descontar sueldo a maestros en Guerrero es “echarle más leña al fuego”: Martínez della Rocca

Cetegistas marchan sobre la autopista Del Sol en contra de la reforma educativa y por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: José Luis de la Cruz
Cetegistas marchan sobre la autopista Del Sol en contra de la reforma educativa y por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Foto: José Luis de la Cruz
MÉXICO, D.F., (apro).- Como una “inversión política” calificó el secretario de Educación de Guerrero, Salvador Martínez della Rocca, no descontar el sueldo a los maestros de esa entidad que participaron en la marcha del pasado 12 de octubre.
Pese a que el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, ordenó descontar el sueldo a los maestros que participaran en paros o movilizaciones, della Roca consideró que hacerlo sería “echarle más fuego a la chimenea”.
“Creemos que es una inversión política el no descontarle a los maestros (…) Lo correcto era no echarle más leña a la chimenea”, dijo en entrevista con Grupo Imagen.
Y sobre la advertencia de Nuño, dijo:
“Yo le tengo mucho respeto al nuevo secretario porque dijo que quede claro que la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto es política, y también dijo que se iba analizar la situación en las condiciones en las que esté cada estado; eso me pareció maravilloso. Vamos a analizar las condiciones políticas de Guerrero”, pidió.
El funcionario guerrerense consideró que si se empieza a descontar el día a los maestros que participen en movilizaciones, “se vuelve a incendiar el estado y no queremos. Hemos logrado pacificar y hacerles el descuento sería volver a incendiar el estado”, insistió.
Además, dijo, sería casi imposible tener una lista de los maestros que participaron en las movilizaciones y no dieron clases porque pertenecen a la CETEG.
“Ellos no van a proporcionar información de los maestros, sería difícil obtener los datos de cada uno. No podemos saber qué maestro marchó o qué maestro no fue a la escuela”, dijo.
Afirmó que ya se acordó con los maestros regresar a clases y en caso de que participen en una manifestación, no realizar actos vandálicos.
“Le vamos a entregar a (el gobernador electo, Héctor) Astudillo un estado mejor del que nosotros recibimos; nosotros recibimos un estado incendiado por la tragedia, pero queremos entregarle un estado en paz”, finalizó.

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Resistimos desde hace 500 años una guerra de exterminio: Tribu Yaqui

CONTRALÍNEA 
 

Fernando Jiménez y Tomás Rojo –los líderes yaquis más visibles junto con Mario Luna– señalan que la Tribu Yaqui sabrá defenderse de la agresión que ahora sufren: el despojo de su agua. La persecución que ha emprendido el gobierno en su contra y el encarcelamiento de sus integrantes no los detendrán


Como si se tratara de un levantamiento realizado por sicarios del narcotráfico, Fernando Jiménez fue subido a una camioneta tipo pick up la mañana del 23 de septiembre de 2014, eran las 06:00 horas y el día no había aclarado. Encapuchado casi a punto del asfixio, recibía golpes en los costados y era cuestionado sobre el control de la plaza de Vícam y el paradero de Tomás Rojo Valencia, vocero de las autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui.
La velocidad con la que corría el vehículo se sentía sobre su pecho: lo habían tirado como un costal de papas en el piso de la parte trasera de la camioneta. Los hombres que lo llevaban no se identificaron al momento de aprehenderlo, vestían de civil y llegaron en vehículos no oficiales.
El camino recorrido los llevó a Hermosillo, directo a las oficinas de la Policía Estatal Investigadora, donde le tomaron sus datos y fue fichado. Al medio día, ya era un preso más del Centro de Readaptación Social (Cereso) 1 de Hermosillo, Sonora.
Había salido rumbo a su trabajo, pero sabía que desde hacía varios días le seguían los pasos. Fue señalado por un halcón, una persona ligada al gobierno del entonces gobernador panista Guillermo Padrés Elías, antagónico a la autoridad tradicional yaqui, dice en entrevista con Contralínea.
Fernando Jiménez, Mario Luna y Tomás Rojo habían sido señalados de secuestro y robo, luego de que participaran en la detención de un hombre que en estado de ebriedad atentó en contra de los manifestantes que habían bloqueado la carretera en oposición a la operación del acueducto. El vehículo y el individuo fueron retenidos por algunas horas, mientras las autoridades tradicionales decidían si ponían a disposición de las autoridades al agresor. Finalmente lo dejaron ir sin más.
Opositores a la operación del Acueducto Independencia –impulsado por los gobiernos de Felipe Calderón y Guillermo Padrés–, que trasvasa agua del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, Fernando Jiménez, Mario Luna y Tomás Rojo (los líderes visibles de esta comunidad) han sido perseguidos por la justicia estatal; la misma que no se aplicó para detener el megaproyecto hidráulico aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la suspensión en tanto no fuera consultada la comunidad indígena de más de 32 mil habitantes.

El overol naranja

Fernando se presenta como “soldado de tropa” de la comunidad yaqui. Desde 2009 ha sido uno de los férreos defensores de su tierra y del agua que lleva el Río Yaqui a 120 kilómetros de distancia.
Una vez aprehendido, fue “enfundado” en un overol naranja, símbolo de alta peligrosidad en las cárceles. No era de su talla y estaba roto, los demás presos no llevaban ese distintivo y permaneció en un área restringida durante los 3 primeros meses, hasta que llegaron integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a visitarlo.
“Esa vez salí encadenado de pies y manos y enfundado en ese traje que no llevaban los demás presos. Me quejé del trato distinto porque yo sentí que me humillaba al salir con el overol desabrochado y corto. A quienes se les ponía ese overol era a quienes iban a otras cárceles, yo me imagino que me iban a trasladar a otra prisión porque de eso se trataba: de alejarme de mi familia y del contacto con mi gente, pero no lo lograron”, relata.
“A raíz de la visita del Alto Comisionado de la CIDH [sic] el trato fue diferente, ya tenía acceso [a] llamar por teléfono; antes, si quería comunicarme con mi familia tenía que pagar una cuota a los que traen las llaves, para cualquier cosa tenía que pagar. Sólo salía de mi celda para ir al juzgado o cuando mis abogados o mi familia me visitaban, pero seguía enfundado en el overol naranja.”

Once meses de infierno


La vida en la cárcel es pesada, dice Fernando Jiménez. Tenía que pagar 3 mil pesos mensuales para que no lo “aventaran al vuelo, porque ahí a donde iba a convivir había muchos presos de alta peligrosidad, donde mi integridad iba a estar expuesta; ya había una campaña de criminalización hacia los yaquis; el odio racial se sentía: me decían que nosotros éramos los que le queríamos quitar el agua a Hermosillo, y esa gente usa armas al interior de la prisión: puntas [objetos punzocortantes]”.
A los 6 días de estar preso tenía que estar registrado en los pabellones de arriba, de los nueve que hay en el Cereso. “La mayoría de los pabellones eran de asesinos, drogadictos, y yo tenía que pagar 3 mil pesos para estar cerca del área nueva, donde están los juzgados y la salida al penal. El dinero lo recababa la gente que está en la manifestación, cada mes me enviaban con mi señora o con mi mamá, y yo les pedía que no dejaran de pagar la cuota porque a lo mejor me pasaba algo más feo. Yo estaba en frente de las clínicas y veía cuando pasaban los hombres ensangrentados, golpeados”.
Además de la inseguridad en la que vivía, Fernando pasaba malos ratos con la alimentación. “Llegábamos a comer comida en estado de descomposición. Una ocasión nos llevaron pollo echado a perder, y no quise comer porque detecté el olor”.
Compartía la celda con siete compañeros más: un espacio de 3 metros de largo por 2.5 de ancho. La mitad de esa área estaba ocupada por los búnkeres donde duermen los presos. “Dormíamos en el piso porque hacía mucho calor”, y es que la temperatura llega a rebasar los 50 grados centígrados.
“El espacio era de concreto, con una puerta metálica y sin ventilación; es un infierno, porque yo veía que sacaban gente vomitando. Yo aguanté porque estoy acostumbrado a estar bajo altas temperaturas”, dice el hombre que trabajaba como topógrafo en una empresa denominada Servicios Mexicanos de Hidrología.
“Teníamos un abanico para todos. Y cuando llegaban los de derechos humanos a hacer una investigación, nos sacaban para que vieran que ahí no había hacinamiento: mandaban a algunos a la cocina y ya dejaban entrar a los observadores. Limpiaban todo y a los presos nos gustaba que llegaran porque había comida buena, mole, por decir algo”, platica a Contralínea.
La dieta de Fernando no era muy variada; en el desayuno había avena o arroz con leche, rebajados con agua, y dos piezas de pan blanco; la comida, frijol con maíz y uno que otro hueso que le diera un poco de sabor; la cena, frijol en agua y sal, que los servían medios crudos.
“Nosotros teníamos una parrilla y nuestras familias nos llevaban comida cada fin de semana. Había que estar al pendiente, porque de la pequeña despensa hasta podían robarse el aceite para venderlo a otros. Se robaban hasta la ropa interior o el papel sanitario. Los artículos de limpieza personal eran muy codiciados, pero entre los siete que vivíamos en la celda cuidábamos las cosas”, relata. El cautiverio judicial terminó 11 meses y 4 días después de su detención, a la salida de su pueblo.
Mario Luna fue trasladado al Cereso 2, por estrategia de las mismas autoridades penitenciarias. A él lo arrestaron en Ciudad Obregón, en las mismas condiciones que a Fernando: vehículos no oficiales, hombres armados y sin identificación alguna. Fue trasladado por helicóptero a la ciudad de Hermosillo y liberado el 23 de septiembre pasado.
 

A salto de mata


Tomás Rojo Valencia, vocero de las autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui, es otro de los opositores al Acueducto Independencia que tiene una orden de aprehensión en su contra. Lleva varios meses de un lado a otro, sin un espacio estable donde vivir y distanciado de su familia.
La lucha que han tenido por la defensa de su tierra y el agua, expone, ha sido el sinónimo de su existencia en los últimos 500 años. “Ha habido muchos intentos por apropiarse y despojarnos. El primer referente fue el primer contacto con los europeos, pues nuestro territorio era una zona estratégica para formar las divisiones más al Norte, y en el río veían un potencial para poder explotar esas tierras fértiles. En aquella época la Tribu Yaqui sembraba 75 mil hectáreas y abastecía de materia prima y granos al resto de las naciones”.
Otra de las etapas de acoso, relata, es la llamada Guerra del Yaqui, una de las guerras más largas y de las más cruentas y sanguinarias de los últimos años. En la época de Porfirio Díaz se dio el exterminio, despojo y venta de esclavos, una política de Estado. “Díaz es el abuelito de los que actualmente quieren repetir esas políticas con nosotros, y efectivamente, la política de despoblación era el aniquilamiento, el genocidio y la deportación.
“Nos trasladamos a la época actual donde el Acueducto Independencia es uno de los proyectos emblemáticos del despojo que se pretende hacer en todo el país, es un proyecto totalmente ilegal. Cuando se tenía el anteproyecto del acueducto se hicieron siete mesas técnicas entre el gobierno federal, la Comisión Nacional del Agua, el gobierno del estado, la Tribu Yaqui y las organizaciones de productores del Sur de Sonora; uno a uno de los argumentos técnicos se refutaron. Ésa fue la primera derrota que tuvo el acueducto; luego el proyecto fue impugnado en su licitación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la suspensión, pero nada de eso ha valido para detener el acueducto”, dice el vocero de las autoridades de la Tribu Yaqui.
Rojo Valencia indica que el acueducto ha trasvasado ilegalmente 30 millones de metros cúbicos, hasta abril de este año, y entre las afectaciones es que ninguno de sus pueblos tiene agua potable, sólo agua entubada y de mala calidad.


El despojo a pueblos indígenas, en todo el país: Serapaz

 

Citlali Hernández, integrante de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), comenta que desafortunadamente la política de despojo y la forma como recientemente se han venido imponiendo los megaproyectos en todo el territorio es una situación alarmante: “Son decenas en pueblos y comunidades, en su gran mayoría indígenas, que se encuentran amenazadas por diversos proyectos que aluden a un modelo de desarrollo o a un tipo de bien común, que pasan por encima del derecho de los pueblos.
 

“En este contexto, la Tribu Yaqui se vuelve en un elemento paradigmático de la forma en cómo viene ocurriendo. Por ejemplo, hay iniciativas y procedimientos jurídicos que la Tribu Yaqui ha desarrollado y ha ganado; Por otro lado, está operando otro aparato judicial para la criminalización de la gente de la Tribu. Esto es un fenómeno no exclusivo de la Tribu Yaqui, es a nivel nacional, son decenas de presos políticos de líderes comunitarios”, comenta.

Represión y judicialización, respuesta gubernamental a todo movimiento social

La criminalización de la protesta social en México, análisis elaborado por Pablo Romo Cedano, del Observatorio de la Conflictividad Social en México, documenta esta práctica:
 “Está enmarcada fundamentalmente en un ámbito económico cada vez más complejo y difícil para quienes menos tienen. El gobierno federal continúa la política económica neoliberal impulsando reformas estructurales muy importantes tales como la privatización parcial de la industria energética, la apertura comercial del sector agropecuario de granos básicos, la entrada de semillas y productos transgénicos, la privatización de la seguridad social, la flexibilización de las leyes laborales (precarización), la mercantilización de recursos naturales y la instalación de megaproyectos en comunidades indígenas y rurales pobres del país. Por otra parte llevó a cabo una reforma fiscal que implicó una serie de aumentos en los precios de bienes y servicios, así como en varias tarifas públicas, y forzó a las clases medias a pagar un nuevo impuesto que las grandes compañías eluden.”
Expone que atraviesa por tres fases:
 “La primera puede caracterizarse por una tendencia a la negación de la interlocución y a la invisibilización de los conflictos sociales por parte de las autoridades y de los medios de comunicación respectivamente. Así como al no reconocimiento de la legitimidad de los actores sociales en conflicto. En esta fase, por la otra parte del conflicto, se da el inicio de las movilizaciones sociales, se agrupan los elementos que componen el actor social, se afina la demanda y se empiezan a establecer las bases estratégicas para lograr el objetivo.
 “La segunda se caracteriza por un escalamiento social de la conflictividad en el que se generan formas de confrontación más radicales. Esto se da como consecuencia de la negación de interlocución y la invisibilización del conflicto.
 “El tercer momento se da a partir del cierre de canales de diálogo y el escalamiento en la confrontación. Ahí se genera una tendencia de respuesta por parte del Estado en torno a la represión y judicialización, que tiene como objetivo el desgaste de los movimientos.”

Érika Ramírez, @erika_contra
[BLOQUE: ESPECIALES] [SECCIÓN: ENTREVISTA] 


El GIEI entrega mañana en Washington a la CIDH su informe sobre Ayotzinapa

José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Lunes 19 de octubre de 2015, p. 4 

Este martes en Washington, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuva en las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hará la entrega formal de su informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acto al que asistirán representantes del Estado mexicano.
Aunque de manera pública se ha anunciado la prórroga del mandato del grupo de expertos en su tarea de asesorar al gobierno mexicano en las investigaciones del caso Iguala, será en este encuentro cuando se decida oficialmente que continúe su labor, la cual puede abarcar seis meses.
En esta audiencia, la representación del gobierno mexicano fijará oficialmente su postura respecto del informe y las recomendaciones que contiene.
Fue el pasado 6 de septiembre cuando el GIEI dio a conocer su informe final con las conclusiones de seis meses de trabajo y que echa por tierra la ‘‘verdad histórica’’ de que los jóvenes habían sido ejecutados y después incinerados en en el basurero de Cocula.
Además, en el informe –que no determina el posible paradero de los 43 estudiantes desaparecidos– se señala la necesidad de replantear la investigación y reorientar la búsqueda. También demostraron que en distintos momentos del operativo estuvieron presentes soldados y agentes de inteligencia militar.
Diversas organizaciones de derechos humanos, encabezadas por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –que desde el principio ha estado cerca y ha asesorado a los padres de familia de los jóvenes desaparecidos–, expresaron su confianza de que en esta audiencia se formalice la continuación del trabajo y las características del mismo, con base en las recomendaciones del GIEI.

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Llaman padres de los 43 a boicotear el documental La noche de Iguala

Foto
Dos momentos del filme de Raúl Quintanilla con base en una investigación de Jorge Fernández Menéndez. ‘‘Ese material busca imponer la ‘verdad histórica’ de Jesús Murillo Karam. Pedimos a la sociedad que no caiga en ese engaño’’, señalan familiares de los normalistas desaparecidos hace poco más de un añoFoto Imágenes tomadas de Youtube
 
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 19 de octubre de 2015, p. 3
Tixtla, Gro. 

Organizaciones no gubernamentales, padres y madres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos y la dirigencia estudiantil de la Normal de Ayotzinapa llamaron a boicotear la exhibición del documental La noche de Iguala, de Raúl Quintanilla con base en una investigación de Jorge Fernández Menéndez.
En conferencia de prensa en las instalaciones de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el secretario técnico de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos de Guerrero, Manuel Olivares Hernández, denunció que detrás del documental ‘‘está la mano del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación.
‘‘Es parte de una campaña que impulsa el Estado para contrarrestar las voces de diferentes organismos internacionales, como es el caso de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes demostraron los errores que cometió la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación de los 43 desaparecidos.’’
El documental ‘‘ofende la inteligencia de los padres de familia y de la sociedad. Las personas no creen lo que se está proyectando, saben que la lucha de los familiares de los 43 muchachos es legítima y real, y por más mentiras que impulse el gobierno mexicano, el caso no se vendrá abajo hasta lograr la presentación con vida de los jóvenes’’, insistió.
Afirmó que ‘‘algunos medios de comunicación escritos, televisoras y ahora distribuidores de cine, así como legislaturas locales y federales, vociferan contra las víctimas, sus representantes legales y la CIDH de manera indiscriminada para convencer a los ciudadanos de una mentira’’.
Por su parte, Melitón Ortega, en representación de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, señaló que el documental ‘‘está basado en la investigación de la PGR, por eso pedimos a la sociedad que no caiga en ese engaño, que es la versión oficial, la ‘verdad histórica’ de (Jesús) Murillo Karam’’.
Pidió a la ciudadanía que no vea el documental cuando se exhiba en el estado de Guerrero, y en ninguna parte del país, porque ‘‘es una gran mentira que el Estado mexicano quiere difundir para confundir, a pesar de que conoce los resultados de la investigación científica que presentó el 6 de septiembre el grupo de expertos de la CIDH’’.
Con la exhibición el gobierno pretende ‘‘que se olvide el caso Ayotzinapa y que quede en la impunidad, que no haya justicia, que se distraiga a la opinión pública; categóricamente rechazamos el documental que está presentando la PGR’’.
Subrayó que ese material fílmico ‘‘se aparta de la verdad de los hechos, criminaliza a nuestros hijos, hoy desaparecidos, y ofende la memoria de los estudiantes asesinados. Los que lo hicieron desconocen los motivos por los cuales los estudiantes fueron a Iguala. Hasta este día se está dilucidando que su presencia obedeció a la toma de camiones para trasladar contingentes de normalistas a la marcha del 2 de octubre de 2014 en la ciudad de México’’.
Finalmente, un integrante de la dirigencia estudiantil de la Normal de Ayotzinapa mencionó que quienes realizaron el documental ‘‘jamás consultaron a los padres de familia de los compañeros desaparecidos y mucho menos a quienes logramos escapar de la represión.
‘‘El asesinato de tres de nuestros compañeros y la desaparición de otros 43 por fuerzas de seguridad en Iguala es un crimen doloroso que nos negamos a superar. El documental que hoy se proyecta es una lesión más a nuestro corazón herido, una insensibilidad e irresponsabilidad ante hechos tan graves y que merecen el pleno esclarecimiento y respeto a las víctimas’’, concluyó.

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Padrés gastaba 8.2 mdp mensuales para mantener equipo de 57 trolls

PROCESO


19 de octubre de 2015
Destacado
Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, en una fotografía de julio de 2009. Foto: Luis Gutiérrez
Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, en una fotografía de julio de 2009.
Foto: Luis Gutiérrez
HERMOSILLO, Son., (apro).-La secretaría de Seguridad Pública detectó un grupo de 57 atacantes cibernéticos en el Centro de Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) contratados durante la administración estatal de Guillermo Padrés.
De acuerdo con el diagnóstico sectorial presentado por el recién nombrado titular de esta dependencia, Adolfo García Morales, cada uno de uno de estos servidores públicos encargados de ensalzar y defender la imagen del exgobernador Padrés, recibía un pago mensual de 12 mil pesos más prestaciones.
El gobierno estatal erogaba mensualmente 8.2 millones de pesos en estos “trolles”. Al final del sexenio, la cifra aumentó a 49.2 millones en pagos a los “bots”, quienes tenían como primordial encomienda a los críticos del panista.
“Se encontraron a estas 57 personas en labores no propias del C4, contratados como supuestos operadores, de nivel 8, pero no tenían labores específicas del organigrama”, afirmó.
A cargo de C4 se encontraba Javier Dagnino, cuñado del exmandatario Padrés y actual diputado panista por el Sexto distrito local, quien negó cada uno de los señalamientos.
“Cabe aclarar que el titular del C4 no está facultado para realizar contrataciones, cambio de niveles, ni adscripciones, los movimientos laborales los ejecuta el titular de la Coordinación Estatal de Tecnología y Estudio por conducto de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública”, defendió el legislador mediante un comunicado de prensa.
En el pasado sexenio no fueron pocos los comunicadores atacados por estos “ciberporros”, entre ellos se encuentra Arturo Soto, por difundir las acciones emprendidas por el grupo autodenominado “Malnacidos”.
Estos inconformes se opusieron por más de tres años a la tenencia vehicular simulada bajo el nombre de Contribución para el fortalecimiento de los Municipios (Comun), tributación aplicada a los propietarios de autos de una antigüedad no mayor a diez años.
En esa lista de agraviados también se encuentra el director de noticias de la cadena Uniradio, Luis Alberto Medina, quien fue víctima de comentarios homofóbicos emitidos a través de Twitter por parte del exsecretario de Imagen Institucional, Javier Alcaraz, señalado como uno de los líderes de los “ciberpandilleros”.
El acoso a representantes de la prensa rebasó el espacio virtual. El reportero Germán Contreras fue visitado en su casa y le enviaban fotografías a través de Twitter. El agravio consta en una denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Con relación a los “aviadores”, el jefe de seguridad García Morales, mencionó que estas 300 personas laboran sin una asignación específica.
El funcionario dijo que todavía faltan por descubrir, debido a que cuentan con un cargo y no están capacitados para desarrollarlos, como es el caso de unos trabajadores de mantenimiento que se les ordenó pintar una pared deteriorada y “no sabían ni agarrar la brocha”.
“En términos generales podría resumir que esta dependencia se encontró desorganizada, operada con falta de ética y dispersión en el manejo de recursos públicos, pues se detectó un quebranto financiero de 75 millones de pesos y un déficit presupuestal para este año por 294.7 millones”, consideró. 


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Denuncian que diputados cedieron a intereses de refresqueras

Activistas exigen a diputados controles para refresqueras. Foto: Hugo Cruz
Activistas exigen a diputados controles para refresqueras.
Foto: Hugo Cruz
MÉXICO, D.F., (APRO).- La Cámara de Diputados tiene la intención de favorecer a las refresqueras, disminuyendo el impuesto a las bebidas que contienen cinco gramos o menos de azúcar por cada 100 mililitros.
La Alianza por la Salud Alimentaria y la organización Contra Peso denunciaron que la Cámara de Diputados está respondiendo a “los intereses de las refresqueras, que son las principales responsables del colapso de la salud pública en México”.
La recomendación de organismos internacionales expertos en la materia es que el impuesto a las bebidas azucaradas sea de 20 por ciento y no el 10 por ciento, como actualmente está estipulado.
“El azúcar no es un nutrimento esencial y hay evidencia sólida que muestra que su consumo es perjudicial al contribuir al sobrepeso, obesidad y caries dental, problemas graves de salud pública en México”, denunciaron las organizaciones en un desplegado publicado esta mañana.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados propuso reducir en 50 pro ciento el impuesto a bebidas saborizadas siempre y cuando no rebasen los cinco gramos de azúcares añadidos por cada 100 mililitros de líquido.
La propuesta argumenta que la medida impulsará la reformulación de bebidas saborizadas, así como la producción de bebidas con menor contenido calórico.
El dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 debe aprobarse a más tardar mañana martes.


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Estafa Volkswagen: naturaleza del capitalismo

CONTRALÍNEA 
 
18. octubre, 2015

Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Solidarias
Timar es hurtar con mentira, engañar con promesas, que no se cumplen ni cumplirán, en beneficio del timador. La empresa Volkswagen tima desde hace años a quienes han comprado algunos de sus modelos. Manipuló millones de vehículos para ocultar que emitían más gases contaminantes de los que permite la ley, instalando en los motores un programa informático que falsea los resultados de las pruebas oficiales que miden esos gases.
Desde mayo de 2014, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA, por su sigla en inglés) investigaba las emisiones de gases de automóviles Volkswagen en California. La investigación demostró que algunos vehículos de esa marca emiten más dióxido de nitrógeno que el permitido, y la EPA acusó a la firma alemana de falsear las emisiones de casi medio millón de vehículos en Estados Unidos. Sorprendida en fraude, Volkswagen admitió la manipulación de vehículos diésel y reconoció que el fraude no sólo afectaba a vehículos estadunidenses, sino a 11 millones de automóviles en todo el mundo.
Un ministro sinvergüenza (no diré de qué país) ha osado decir que el caso Volkswagen es algo aislado… Pero justamente es todo lo contrario. Es sistemático y sintomático. Un timo de grandes proporciones, con premeditación y alevosía, además de grave delito contra la salud pública.
El caso Volkswagen certifica que no hay capitalistas buenos y capitalistas malos. No es el problema de una minoría codiciosa que estafa y delinque. Esas actuaciones son parte esencial del sistema. No hay capitalismo bueno y capitalismo malo. Ya lo advirtió David Harvey: “Quizás el capital funcione indefinidamente, pero provocará la degradación progresiva del planeta y el sufrimiento de la gente”. Más contundente y gráfico es Manuel Freytas cuando escribe que “el capitalismo no es otra cosa que una empresa de ladrones con un ‘sistema’ económico, político y social en el mundo para legitimar con leyes el robo masivo y planetario del trabajo social y de los recursos naturales”.
El timo de Volkswagen abona esas afirmaciones. Ante situaciones así, la cuestión es sencilla: priman los derechos humanos de la gente, incluido el derecho a la salud y al medio ambiente limpio, o los beneficios de unos pocos. Una cosa u otra. Ambas no son posibles.
Recordemos la historia reciente para comprender qué pasa. La principal razón del progresivo ‘endurecimiento’ del capitalismo y el porqué del auge del llamado neoliberalismo, el capitalismo más cuatrero, es la reducción de beneficios en la inversión productiva. A finales de la década de 1960, tras el crecimiento económico y la prosperidad que se dispararon después de la Segunda Guerra Mundial, los beneficios de los capitalistas empezaron a bajar. Ahí comenzó todo.
Esa reducción de ganancias en la inversión productiva en los países desarrollados llevó a una financiarización de la economía a partir de la década de 1970. Todo lo que hay u ocurre sobre la Tierra puede convertirse en activo financiero y, por tanto, ser vendido y comprado en los mercados financieros como producto financiero. Sin relación directa con la incertidumbre de la inversión productiva.
Además de esa financiarización galopante, como recuerda Harold Meyerson, “cuando se frenó el aumento de beneficios en la década de 1970, los ricos cambiaron los códigos fiscales, las reglas financieras y la negociación colectiva de los trabajadores para apropiarse de una porción sin precedentes de renta nacional”. Pero no bastó. La corrupción, el fraude y la evasión fiscal se convirtieron en medios sistemáticos para conseguir esos beneficios que la inversión productiva ya no proporcionaba porque había llegado la sobreproducción para quedarse.
Por todo eso, acabar con la nefasta financiarización de la economía, el fraude y la corrupción institucionalizados no es cuestión de mayores controles a la banca, entidades financieras y grandes empresas. No basta. Es el propio sistema el que está podrido, porque lleva en su ADN la trampa y finalmente la devastación. Ocurre como en la fábula donde un escorpión pide a una rana que lo lleve en su lomo a la otra orilla de un río caudaloso; en medio de la travesía el alacrán pica al batracio y ambos se ahogan. Cuando la rana pregunta, mientras se hunden, por qué la ha picado, si él también morirá, el escorpión responde: “Es mi naturaleza”.
Todo el capitalismo es depredador y peligroso. La única manera de evitar el desastre hacia el que vamos es eliminar el capitalismo, es decir, suprimir la propiedad privada de medios de producción, servicios y entidades financieras. Que no será fácil ni rápido, desde luego.


Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Solidaria
*Periodista y escritor