jueves, 5 de noviembre de 2015

La Revolucion de las Canas 2015 11 05

ANUEE LyFC 2015 11 05

Taller de Educación Financiera


Peregrinación SMEita 2015


Libertad a los Presos Políticos.


Gobierno de Peña alista la licitación de 26 nuevos gasoductos

PROCESO 


4 de noviembre de 2015
Destacado
El director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Foto: Octavio Gómez
El director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Foto: Octavio Gómez
BOCA DEL RÍO, Ver (apro).- A contrarreloj, el gobierno de Enrique Peña Nieto prepara la licitación de 26 gasoductos a capital privado “nacional e internacional”, y para ello deberá construir, de aquí al 2018, más de 8 mil kilómetros de ductos para transportar gas natural “en todo el país”.
El anuncio fue presumido en el primer congreso internacional en “Logística de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”, organizado por Pemex; en el evento el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza, detalló que este ambicioso proyecto permitirá el traslado de “gas natural” en todas las entidades federativas del país.
“Es una estrategia nacional de impulsar más gasoductos, pues actualmente tenemos 11 mil 300 kilómetros lineales, y con esta licitación incrementaremos en 75% lo que tenemos… la licitación se abrirá al sector privado nacional e internacional”, confirmó el director de CFE.
En su intervención el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, aseguró que la licitación de gasoductos, la creación de los mercados de gas y la transformación industrial de esta empresa productiva del Estado obedecen a una instrucción precisa del presidente Peña Nieto de “aprovechar al máximo las herramientas de la reforma energética”.
En su mensaje, Lozoya fue realista sobre quiénes habrán de construir los gasoductos al adelantar: “Ojalá nuestros (futuros) socios fueran representados por capital mexicano”, en alusión a que inversiones de esta envergadura tendrán que ser entregadas –en su mayoría– a capital extranjero.
En el congreso, desarrollado en el municipio de Boca del Río, ni Ochoa Reza ni Lozoya Austin repararon en la inconformidad y polémica por la instalación de gasoductos en los estados de Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca, Puebla y Chihuahua, entre otros, luego de que diversas organizaciones de ambientalistas, comunidades enteras y asociaciones civiles acusan que en aras de dar celeridad al proyecto, las empresas –que participan en los estudios previos para construir los gasoductos– y el gobierno federal y locales no han reparado en los Manifiestos de Impacto Ambiental, en los lineamientos de protección civil, así como en afectaciones a asentamientos y fraccionamientos ya construidos hace décadas.
Tan sólo en la entidad la instalación de gasoductos ha traído inconformidades en los municipios de Xalapa, Coatepec, Emiliano Zapata, San Rafael y Martínez de la Torre.
En el caso de los municipios aledaños a la capital del estado, organizaciones vecinales y ambientales acusan que la instalación de un gasoducto que atravesará siete municipios únicamente se hace con la finalidad de beneficiar a las trasnacionales Nestlé y Coca Cola, a costa de traer problemas de escasez de agua para diversas comunidades.
Para Ochoa Reza, la licitación de 26 gasoductos en la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto permitirá reducir el costo de generación de energía eléctrica, suplir el combustóleo y tener una energía de menor daño al ambiente.
Lozoya Austin estimó que la apertura al mercado internacional permitirá entrar a Pemex a un mercado global.
En este primer congreso internacional en “Logística de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos” quedó fuera de la agenda la caída de los precios internacionales del petróleo, así como la cancelación de plazas en Pemex, situación que tiene alarmados a los empleados de planta en el norte y sur de la entidad.
Apenas el lunes pasado, la sección 11 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPM), a través de su líder Ramón Hernández Toledo, confirmó la cancelación de mil 283 plazas, lo que representa 43% de los puestos de trabajo que, a nivel nacional, Pemex tenía programado suprimir este 2015.
El dirigente petrolero acotó que en ese recorte emergente 550 plazas canceladas se debieron a jubilaciones.

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Otorgan en el DF registro sindical a jornaleros de San Quintín y Xochimilco

Gabriela Romero Sánchez
 
Periódico La Jornada
Jueves 5 de noviembre de 2015, p. 13
Después de más de una década de lucha, los trabajadores del valle de San Quintín, Baja California, quienes se agruparon con los de Xochimilco, obtuvieron el registro como Sindicato Nacional Independiente de Jornaleros Agrícolas y Similares de parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCADF).
Es un gran logro nacional para los compañeros de San Quintín; se reconoce a los 70 mil, 80 mil trabajadores que están allá en la región y que todos los días dejan su vida en el campo, afirmó el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, durante la entrega de la resolución de registro del sindicato en la sala de plenos Artículo 123 de la JLCADF.
Qué bueno que fue una voz que no nada más se quedó en el aire, sino que encontró eco; y qué bueno que ustedes están dando un paso muy importante para la vida nacional, señaló.
Explicó que tras realizar un análisis jurídico de la solicitud, los integrantes de la junta especial 19 determinaron su procedencia y otorgar el registro. La ciudad de México toma una realidad que tenemos con los trabajadores de la delegación Xochimilco y la lleva a reforzar nuestra estrategia y trabajo de compromiso con San Quintín, agregó Mancera.
Refirió cómo durante una reunión con los jornaleros agrícolas de San Quintín, en el municipio de Ensenada, Crescencio Morales –uno de sus líderes– levantó la voz y le dijo que sí se podía ganar, y aun pagando lo justo, éste seguía siendo un buen negocio.
En respuesta, el mandatario capitalino pidió a diputados y senadores no cerrar los ojos ante los problemas y cambiar la realidad de desigualdad económica y social en que aún se encuentran miles de trabajadores en estados como Durango, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, mediante la aprobación de un presupuesto mayor.
Aclaró que no se trata de alguien que se cuelgue una medalla. Esta debe ser una victoria nacional; debe cambiar la realidad del país en estas áreas de desigualdad.
Salarios mínimos, losa que cargaban los más oprimidos
El mandatario capitalino equiparó el salario de 120 pesos al día que reciben los jornaleros de San Quintín –sin prestaciones sociales– con lo que se paga cruzando la frontera, donde por el mismo trabajo ganan ocho dólares la hora. Me parece que es un choque con la realidad de lo que se llama la estrategia del trabajo formal, porque resulta que son trabajadores formales que tienen condiciones peores que los informales, reflexionó.
Recordó la lucha que dio el Gobierno del Distrito Federal por abrir el debate nacional sobre el salario mínimo, el cual se convirtió en una losa que cargaba la clase más oprimida, los que menos ganan. Ellos venían trabajando con un gran peso para sostener una supuesta estrategia no inflacionaria.
Anticipándose a las críticas de quienes, según dijo, lo acusan de meterse en los problemas nacionales y descuidar los del DF, destacó: me voy a ocupar de los de acá de la ciudad, no tengan ninguna duda, porque aquí también tenemos gente que está luchando para tener mejores condiciones.
En su oportunidad, la presidenta de la JLCADF, Darlene Rojas Olvera, destacó que era evidente la necesidad de una organización sindical que agrupe y represente a escala nacional a los jornaleros, la cual está constituida por 28 integrantes, cinco de ellos de Xochimilco y el resto de San Quintín.
Esto no es sólo un acto jurídico, sino de justicia y solidaridad con ellos, resumió.
Detalló que las peticiones de los jornaleros son aumentar sus salarios a 200 pesos por día –actualmente ganan entre 115 y 130 pesos–; vivienda digna, con agua potable, drenaje, electricidad, y pavimentación en las calles.

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Aprueban diputados la sustitución de Pensionissste por un esquema privado

Enrique Méndez y Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Jueves 5 de noviembre de 2015, p. 7
Con el voto de PRI, PVEM y Panal, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presidencial para sustituir el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste) por una administradora de fondos para el retiro (Afore) que operará con el esquema privado, y los priístas añadieron, además, que estará bajo control del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que no sólo nombrará a un director general, sino que tendrá voto de calidad en las decisiones del consejo de administración.
La iniciativa original pretendía dar autonomía a la Afore a través de un consejo de administración, y ayer el PRI autorizó nuevas atribuciones al titular de Hacienda, que además podrá nombrar a uno de los tres vocales dentro del consejo de administración.
En la opinión presentada por ese partido se señala que sólo se le separa administrativamente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), pero la presidenta de la comisión, Aracely Damián (Morena), señaló que al constituirse en paraestatal los ahorros de los trabajadores pasarán a tener carácter privado y de riesgo
En la reunión de ayer de la comisión, los diputados priístas Beatriz Velez, Marco Antonio García, Manuel Vallejo Barragán, Arlet Mólgora Glover, María Guadalupe Oyervides y Pablo Bedoya se presentaron con un documento para acentuar los cambios propuestos por el Ejecutivo a la ley de Issste.
En su propuesta, los legisladores del tricolor argumentaron que con el cambio en la estructura directiva de la administradora se pretende fortalecer la participación de los trabajadores en el consejo de administración, al proponer la participación de nueve vocales designados por los sindicatos.
Sin embargo, también agregaron la participación del titular de Hacienda, así como el nombramiento de otros dos vocales, uno designado por el director general de instituto y otro por las secretarías de Trabajo, de la Función Pública y de Desarrollo Social, pese a que la iniciativa señala en sus exposición de motivos que el tránsito de Pensionissste a un esquema de recuperación privado es para darle flexibilidad administrativa.
En su documento, la bancada del PRI sostuvo que la reforma pretende que la nueva entidad se transforme en una empresa de participación estatal mayoritaria para administrar los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores y que continúa como institución ciento por ciento del Estado mexicano.
Afirmaron que la reforma cuenta con el respaldo de la junta directiva del Issste y las organizaciones sindicales, porque se incluye el derecho del trabajador para elegir la institución que administre su cuenta individual para el retiro, aunque esto ya ocurre en el régimen vigente de Pensionissste.
La diputada Aracely Damián sostuvo que el argumento de la alta migración de cuentas a otras afores privadas es sólo un pretexto, ya que el cambio de cuentas del Pensionissste es aún menor que el promedio y los trabajadores no tendrán la garantía de que las comisiones sean las más bajas del mercado, como las tienen en su actual cuenta.
No es necesario pasar a una empresa público-privada cuando hemos tenido experiencias lamentables en la transformación de empresas estatales a privadas, señaló durante la reunión.
El dictamen se turnó a la Comisión de Hacienda, que discutirá la inciativa este jueves.

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“El Bronco” insiste en militarización; llegarán 500 elementos a NL

PROCESO 


4 de noviembre de 2015
Estados
Soldados en General Escobedo, Nuevo León. Foto: Víctor Hugo Valdivia
Soldados en General Escobedo, Nuevo León.
Foto: Víctor Hugo Valdivia
MONTERREY, NL (apro).- Pese a los reclamos de organismos de derechos humanos que se oponen a la incorporación de militares a labores de seguridad, en diciembre próximo llegarán a la entidad 500 elementos a reforzar trabajos preventivos, informó el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) auxiliarán a la policía estatal Fuerza Civil (FC) y también a los alcaldes que inician sus gestiones, informó esta mañana El Bronco.
El mandatario independiente anunció que se reunirá con organizaciones de la sociedad civil, que ven con recelo a los militares en las calles, para explicarles su función y convencerlos de que trabajarán con apego a los derechos humanos.
Rodríguez anunció hoy que, a partir de enero, comenzará a funcionar en la entidad la Policía Militar (PM), que forma parte el nuevo esquema de la Sedena para establecer batallones en todo el país.
En octubre del año pasado se anunció que el cuartel de la PM, ubicado en terrenos de la Séptima Zona Militar, en Escobedo, será ocupado por tres mil 200 efectivos de formación castrense, que recorrerán los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, que integran la Cuarta Región Militar.
Al respecto, el mandatario afirmó que en Nuevo León no existe militarización y explicó que hay elementos que son “necesarios” para combatir el crimen y que su funcionamiento será explicado a los grupos de derechos humanos que han demostrado inconformidad por su desempeño.
“Hablaré con todos para explicarles. Hay mandos militares que son necesarios en el caso del estado y creo que en los municipios tienen a alguien de ese perfil, la mayoría tienen a un secretario de seguridad que proviene del Ejército, porque están capacitados y seguiremos en ese plan”, afirmó.
Consideró benéfico para la ciudadanía que los jefes policiacos con este perfil, disciplinen capaciten y hagan funcionar a las corporaciones del estado y los municipios.
“Me reuniré con todos ellos (ONG), les explicaré plenamente eso. Es bueno que tengamos gente preparada para que podamos dar un mejor servicio y trataré que esas dudas que ellos tienen, sobre todo en el respeto a los derechos humanos, las vayamos aclarando”, abundó.
El mandatario se reunió esta mañana con los alcaldes de la entidad para discutir temas de seguridad. Reconoció un incremento en el robo de autos en octubre, su primer mes de gestión, con respecto a los anteriores.
Se registraron 314 hurtos pero, según dijo, ya han sido recuperados 229 y se realizarán operativos de los tres niveles de gobierno para abatir el delito, así como los de violencia familiar y robo domiciliario, que van a la alza.
En la reunión se acordó también regresar a los municipios el control de la expedición de permisos para la venta de alcohol, una facultad que había sido atraída por el gobierno estatal en la pasada administración.
Rodríguez Calderón señaló que en su sexenio los alcaldes serán de nuevo los jefes de la seguridad en cada municipio, mientras que la FC y el Ejército les ayudarán en trabajos preventivos, si requieren ayuda.

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Detenciones no intimidan a maestros, dice la CNTE


Alma E. Muñoz
 
Periódico La Jornada
Jueves 5 de noviembre de 2015, p. 22
Líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtieron que aunque el gobierno federal está militarizando los estados donde su organización tiene presencia, en busca de desacreditar la lucha contra la reforma educativa y la evaluación magisterial, pero no nos vamos a esconder, aseguraron.
Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la sección 18, manifestó que no los van a intimidar con detenciones ni órdenes de aprehensión. Si detienen a unos, suben otros para mantenernos fortalecidos. El movimiento está a resguardo y no hay forma de que lo pueden finiquitar, sostuvo.
En conferencia de prensa, reiteró el llamado de la coordinadora al gobierno para establecer mesas de diálogo en la construcción de un modelo educativo. Que sepan que no nada más somos mítines, marchas y plantones, sostuvo.
Desde las instalaciones de la sección 9, los dirigentes de la CNTE trabajan en la construcción de un plan de acumulación de fuerzas con organizaciones sociales, entre ellas el Stunam.
Rubén Núñez, dirigente de la sección 22, mencionó que si el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca señala que ya tienen a los profesores que suplirán a quienes no se presenten a la evaluación, tendrán que hacerlo con los 85 mil que tenemos en el estado y los 76 mil de Michoacán; por citar sólo algunos estados.

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Auto de formal prisión a profesor de la sección 22

Jorge A. Pérez y Diana Manzo
Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 5 de noviembre de 2015, p. 22 

La juez primera de lo penal del fuero común del estado de Oaxaca, Graciela Maldonado González, dictó auto de formal prisión contra el profesor Roberto Abel Jiménez García, integrante de la asamblea estatal de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, a pesar de que no había culminado el plazo ampliado de 72 horas que marca la ley, informó la abogada Edith Santibáñez Bohorquez.
Ante la formal prisión de su compañero, profesores de la región de Valles Centrales protestaron en los juzgados penales ubicados en el municipio de Santa Lucía del Camino –conurbado a la capital oaxaqueña–, donde 22 mentores miembros del comité ejecutivo de la sección 22, así como bases de la organización sindical, ayunaron durante más de cinco horas para exigir la liberación de los profesores Othón Nazariega Segura, Efraín Picazo Pérez, Juan Carlos Orozco y Abel Jiménez García, presos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el estado de México.
La abogada refirió que el auto de formal prisión le fue dictado el pasado martes a Jiménez García por el supuesto delito de robo calificado con violencia a las cosas, a partir de una denuncia presentada por el gobierno de Oaxaca.
Santibáñez Bohórquez señaló que en la formal prisión dictada a Abel Jiménez, es clara la intervención del gobernador Gabino Cué Monteagudo, ya que en días pasados la juez Maldonado González se negó a informar del caso por órdenes del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alfredo Lagunas Rivera.
La abogada indicó que para los maestros la culpabilidad del profesor no la definió la juez, sino que se acordó en el palacio de gobierno.
Bloqueo en el Istmo
En tanto, los profesores de la sección 22 anunciaron que bloquearán este martes la carretera federal que comunica al Istmo de Tehuantepec con la costa de Oaxaca, a la altura de la comunidad Tapanala del municipio de San Pedro Humamelula, para exigir la liberación de sus compañeros presos. 

Otorga la SCJN amparo a apicultores mayas contra Monsanto

Activistas protestan en la Corte contra Monsanto. Foto: Octavio Gómez
Activistas protestan en la Corte contra Monsanto.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- Por unanimidad, los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedieron hoy el amparo a comunidades mayas de la península de Yucatán contra el otorgamiento de permisos de siembra de soya transgénica en la región, ya que éstos fueron entregados sin respetar el derecho a la consulta libre, previa e informada de los habitantes.
Según el abogado Jorge Fernández, quien integra la organización Indignación y da seguimiento jurídico al caso, con esta decisión los ministros “dejan sin efecto los permisos y obligan a que se consulten las comunidades indígenas”. Ahora, añadió, “viene el tema de la implementación de la consulta, que es muy extensa, abarca todo el estado de Yucatán y ocho municipios de Campeche”.
El litigante indicó que los ministros emitieron su decisión durante una sesión pública, pero no dieron a conocer sus argumentos ni los elementos de la discusión previa a la votación.
“No tenemos la argumentación (que usaron) para conceder el amparo. Hasta tenerlo no tenemos la certeza de lo que dijeron. Aparentemente no se metieron en el argumento del derecho al medio ambiente sano porque no se mencionó en la discusión”, estimó Fernández.
De todas formas, para la defensa, el fallo de la máxima instancia jurídica del país representa una gran victoria, ya que en una sola tarde la SCJN resolvió a favor de las comunidades mayas los siete recursos de apelación que interpusieron, tanto el gigante de las biotecnologías Monsanto como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el Ministerio Público Federal el año pasado.
Desde hace tres años, pobladores de la península y de ocho municipios de Campeche intentaron suspender el otorgamiento de permisos de siembra de soya transgénica en su región, con el argumento de que nunca fueron consultados pese a afectar territorios sobre los cuales tienen derechos constitucionales.
Los mayas aseveran que esta actividad genera afectaciones ambientales en su región, en particular sobre la contaminación del agua y la deforestación; pero sobre todo, porque la cercanía de la soya transgénica vulnera su principal fuente de ingresos: la apicultura.
De acuerdo con los habitantes, el uso de grandes cantidades de pesticidas erradica a las abejas y reduce la producción de miel, mientras que la presencia de elementos transgénicos en la miel cerraría las puertas del mercado europeo a los productores.
En tres ocasiones, la justicia otorgó amparos a favor de las comunidades mayas y reconoció que el otorgamiento de permisos violó su derecho a la consulta.
Monsanto y la Sagarpa –a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica)– apelaron los tres amparos; el Ministerio Público Federal uno.
Al considerar que los siete recursos de revisión que debía analizar eran equivalentes, la SCJN los “aglutinó” en una sola decisión que rindió hoy.
“Estamos contentos de que las comunidades mayas de la península le ganen a una empresa transnacional de la biotecnología que cuenta el apoyo del gobierno, es una gran victoria”, exclamó Fernández.
El abogado subrayó que si bien la SCJN ya trató el tema de la consulta, los precedentes deberían “ir más allá, que se pudiera asociar la consulta con los derechos de autonomía y de autodeterminación de los pueblos indígenas y no entenderla como un simple procedimiento”.
Ayer, en el marco de otro proceso judicial que involucra a Monsanto, el Segundo Tribunal Unitario en materias Civil y Administrativa del Primer Circuito confirmó la suspensión temporal de la entrega de permisos de siembra de maíz transgénico en el país hasta que rinda su decisión sobre un procedimiento de apelación.
El pasado 19 de agosto, el juez Francisco Peñaloza Heras suspendió la medida precautoria que impide a las empresas de biotecnologías comercializar sus semillas de maíz transgénico desde septiembre de 2013. Las organizaciones reunidas en la Demanda Colectiva AC impugnaron de inmediato la decisión.
Si bien la medida precautoria sigue en peligro –pues desaparecerá si el juez no da razón a la Demanda Colectiva AC en el recurso de apelación–, Jorge Fernández estimó que “son dos resoluciones muy importantes, la de ayer y de hoy, porque demuestran que las comunidades están en pie de lucha y dicen no a los transgénicos”.
Hasta la noche de este miércoles, la industria de las biotecnologías –representada por el grupo de cabildeo AgroBIO– se mantuvo en silencio respecto a las decisiones de la justicia.

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Histórico amparo de la Corte sobre mariguana

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El ministro Arturo Zaldívar, durante la sesiónFoto José Antonio López
Jesús Aranda
 
Periódico La Jornada
Jueves 5 de noviembre de 2015, p. 3
En una decisión histórica, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad de la ‘‘prohibición absoluta’’ del consumo de mariguana, al conceder un amparo –que beneficia exclusivamente a cuatro quejosos– para que consuman, siembren, cultiven, cosechen, preparen, posean y transporten la yerba para autoconsumo lúdico y recreativo.
El máximo tribunal ordenó ayer a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgue permisos a los demandantes para el autoconsumo de la mariguana, pero no autoriza su comercialización, suministro o distribución.
El dictamen, elaborado por Arturo Zaldívar, reconoce el derecho de la persona a decidir libremente qué hacer con su vida privada y permite que quien desee usar la mariguana con fines lúdicos o recreativos pueda sembrarla, producirla y consumirla. La decisión sólo favorece a los demandantes: Josefina Ricaño Bandala, Armando Santa Cruz González, José Pablo Girault Ruiz y Juan Francisco Torres Landa Ruffo.
Para que la decisión tenga efectos generales se necesita que la primera sala resuelva otros cuatro amparos similares –de manera consecutiva– con votación favorable de cuatro votos, y así el máximo tribunal emitiría la declaratoria de invalidez de los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud, que prohíben a la Cofepris autorizar el consumo de la yerba.
Al argumentar a favor de su proyecto, Zaldívar señaló que la resolución de la Corte no afirma que el consumo de la droga no genere daños, ‘‘sino que éstos no son tan graves’’ para la salud y la seguridad pública, y que por ello, su prohibición absoluta es desproporcionada. Planteó que ‘‘debiera haber una regulación’’ para que quienes consuman la yerba no afecten a terceros. ‘‘¿No podría haber una regulación para que, por ejemplo, la mariguana no se fume en restaurantes, como sucede con el cigarro?’’, acotó el ministro instructor.
Jorge Pardo Rebolledo fue el primero en hacer uso de la palabra en la sesión y el único en votar en contra. Aclaró que el sentido de su voto no era porque no compartiera los razonamientos del proyecto, sino porque el documento omitió incluir la manera en que los quejosos debieran adquirir la semilla de la mariguana para proceder a la siembra, cultivo, cosecha, preparación, transporte y consumo personal con fines recreativos.
‘‘¿Cómo podría garantizárseles el ejercicio de ese derecho como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, si la parte inicial de la cadena de autoconsumo sigue estando prevista como delito por el Código Penal Federal, que es la adquisición en su caso de la semilla?’’
No se incluye la adquisición en la solicitud de autorización a la Cofepris, dijo, y en esa medida el proceso para garantizar el autoconsumo estaría penado por la ley, ‘‘porque al no contarse con la autorización respectiva, la conducta sería prevista como delito’’.
José Ramón Cossío, quien votó a favor del dictamen, pero con argumentos diferentes a los aprobados por sus compañeros, dijo que con esta decisión la Suprema Corte dio un gran paso ‘‘por la vía jurisdiccional’’ para lograr la legalización de la droga, lo cual es contrario, subrayó, a las experiencias en otros países en los que la ‘‘permisión y descriminalización’’ del uso recreativo de la mariguana es producto de procesos de deliberación democrática, como fueron los casos de los congresos de Estados Unidos y Uruguay, en los que tuvieron lugar ‘‘amplios procesos legislativos, acompañados de políticas públicas muy sólidas’’.
Cossío cuestionó que el proyecto de Zaldívar se centrara ‘‘exclusivamente en la no intromisión estatal’’ frente a las libertades individuales, lo cual imposibilita asumir y desarrollar un enfoque de salud pública. La experiencia de los pasados 50 años demuestra que la política proteccionista en materia de drogas ha fracasado y que por lo mismo se requiere de un cambio, porque la prevalencia de adicciones ha contribuido a incrementar la violencia y la corrupción asociadas a la delincuencia.
Urge un debate amplio, incluyente, informado, que lleven a cabo todas las autoridades del Estado mexicano, y a la sociedad a replantearse el modelo de aproximación al fenómeno del consumo y la producción de drogas, sostuvo.
Olga Sánchez Cordero avaló en sus términos el proyecto y agregó que la Suprema Corte ha reconocido el alcance de la libertad de la persona para decidir cuestiones como ‘‘la reasignación sexual, el aborto incausado –cuando no hay una causa específica en la ley– o el matrimonio igualitario’’, donde las personas llevan el rumbo de sus vidas asumiendo elecciones por más que puedan ser cuestionadas bajo una óptica moral.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, presidente de la primera sala, argumentó que su voto es consecuente con el criterio que ha sostenido en asuntos resueltos previamente respecto de la inconstitucionalidad de los límites de consumo de la mariguana previstos en la Ley de Salud.
‘‘Lo que no permite nuestra Constitución es hacer nugatorio un derecho humano, como lo es el libre desarrollo de la personalidad, de la dignidad, la intimidad y la libertad de conciencia’’, por lo que es inconstitucional la prohibición absoluta del consumo de la mariguana, enfatizó. Agregó que la Cofepris deberá conceder el permiso solicitado y regularlo con base en criterios objetivos y en sus facultades.

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Director de la Normal de Ayotzinapa declara ante la PGR… 13 meses después

José Luis Hernández, director de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Foto: J. Raúl Pérez
José Luis Hernández, director de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Foto: J. Raúl Pérez
MÉXICO, DF (apro).- A 13 meses de que desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, el director de ese plantel, José Luis Hernández, se presentó a declarar en las instalaciones de la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).
El profesor, que acudió como testigo, indicó que sólo le preguntaron sobre la situación académica de los jóvenes y si estaba enterado sobre si algunos de los desaparecidos tenía alguna averiguación previa abierta, a lo que respondió que no sabía de ninguno implicado en ello.
José Luis Hernández se presentó a la SEIDO en compañía de su abogado, debido a que el citatorio de la PGR no señalaba en calidad de qué se solicitaba su comparecencia. La audiencia, que dio inicio a las 11 de la mañana, se prolongó por espacio de cuatro horas.
Poco después de la desaparición de los estudiantes la PGR dejó entrever que Hernández podía ser investigado por presuntos vínculos con el cártel de Los Rojos, grupo antagónico a Guerreros Unidos, y cártel supuestamente responsable de la desaparición de los 43 jóvenes.
Entre los señalamientos que se han hecho en contra del director de la Normal de Ayotzinapa está el de presuntamente haber recibido 300 mil dólares para infiltrar a criminales de ese grupo –de Los Rojos– con los normalistas, hecho que provocó que los estudiantes fueran atacados con saña la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando se movilizaban por calles del municipio guerrerense de Iguala.
En la comparecencia, el directivo aclaró que él no tiene nada que ver con la organización delictiva de Los Rojos.
Además, pidió a las autoridades federales que los 43 normalistas regresen a sus casas.
En octubre de 2014, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, dio a conocer que Hernández ya había sido citado a declarar, sin embargo, el pasado mes de octubre el director aclaró que la Procuraduría sólo le ordenó abstenerse de realizar declaraciones sobre el tema, pero nunca fue requerido oficialmente.
Por ello, en ese mismo mes se presentó de manera voluntaria a la delegación de la PGR en Chilpancingo, con el fin de ponerse a disposición del Ministerio Público de la Federación.
El profesor José Luis Hernández, quien además de su abogado se presentó en la SEIDO en compañía de un estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, manifestó que este año sería el último al frente del plantel educativo, ya que decidió jubilarse.

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En aprietos, el sector acerero de América y Europa por la sobreproducción china

Fabiola Martínez
Enviada
Periódico La Jornada
Jueves 5 de noviembre de 2015, p. 14
Vancouver, Canadá.
La sobreproducción de acero de China –casi la mitad del acumulado mundial– tiene ya en aprietos al sector en América y Europa. Todo está pasando tan rápido que México, Estados Unidos, Canadá y Europa están viviendo ya cierre de empresas, desempleo o reducción de producción, advierte Leo W. Gerard, presidente internacional del sindicato de los acereros (United Steelworkers).
Lamenta que mientras China tiene bien claro el objetivo de elevar la producción para tener a sus obreros trabajando, aun cuando no le importe un amplio margen de utilidad, inunda el resto de los mercados sin que los gobiernos le impongan medidas para un comercio justo.
En nuestra región, indica el líder de más de 800 mil trabajadores en América del Norte, no están haciendo nada para detener esa competencia desleal.
El de los acereros es uno de los sindicatos más grandes de América del Norte; tiene inscritos trabajadores no sólo de la industria manufacturera, sino de otros sectores; ahora están alarmados por el aumento de la producción china y su abordaje en los mercados, especialmente en metal y varilla a bajo costo.
En entrevista, Leo W. Gerard afirma que los gobiernos no están viendo la dimensión de los convenios entre empresas en el Acuerdo Transpacífico, que podría tener más afectaciones que beneficios, incluso para las autoridades.
Esta preocupación la manifiestan también los dirigentes regionales y sectoriales de este gremio, aunque se abre una pequeña esperanza de gestionar mecanismos de defensa distintos con el nuevo gobierno.
Ken Newman, líder de los steelworkers en Canadá, país de 35 millones de habitantes y una tasa de desempleo de 7 por ciento, comenta que pugnarán por que los compromisos de campaña que hizo el nuevo gobierno sean cumplidos, en especial la protección de los derechos sociales; la investigación de las muertes de más de 100 mujeres indígenas desaparecidas, cuyos casos siguen en la impunidad, así como por crear fuentes de trabajo amigables con el medio ambiente, especialmente para dar ocupación a jóvenes.
El gobierno (saliente) estuvo inclinado a apoyar sólo a uno por ciento de la población (millonarios); queremos un gobierno que represente a toda la sociedad, que tenga en la mira, como prioridades, educación, salud y agua limpia, dijo.
Tampoco confía en que el Acuerdo Transpacífico sea una buena alternativa: al menos ahora se prevé pérdida de muchos empleos en el sector automotriz, dijo.
Carol Landry, la única mujer en la estructura de la dirección internacional de los acereros, minera de origen en Highland Valley Copper, señala que las repercusiones de la sobreproducción china tienen a la región en una situación de desastre que significa la pérdida de miles de empleos en Estados Unidos y Canadá, mientras los gobiernos nada hacen por proteger a las empresas nacionales, a pesar de que la producción china es, además, de muy baja calidad.
Steve Hunt, del distrito tres de los Steelworkers, señala que en Canadá la situación está al borde del colapso, también por el avance de las industrias extranjeras del acero en este país.
“Debido a las importaciones de China, Japón y Corea –con énfasis en las chinas–, las compañías pueden comprar, por ejemplo, acero en el puerto de Vancouver a un precio más barato que adquiriéndolo a las empresas canadienses.”
Los dirigentes de los Steelworkers fueron entrevistados durante la reunión de las mujeres del acero, cónclave realizado en esta ciudad para diseñar estrategias hacia un mejor pago y condiciones de trabajo equitativas para ellas en un sector típicamente de varones.
El tema de la conferencia fue acción. Acción contra la violencia, para conseguir buenos empleos y mejorar en el liderazgo.
En este encuentro se ratificó el apoyo al líder del sindicato minero mexicano, Napoleón Gómez Urrutia, a quien con frecuencia llaman nuestro héroe por la lucha de más de nueve años en el exilio, aquí en Canadá.
Todo el apoyo al sindicato minero
Leo Gerard, líder del sindicato internacional de los Steelworkers, dice que en su vida tiene dos héroes: su padre, un líder demócrata de este país, y Napoleón Gómez Urrutia, el presidente del sindicato minero mexicano.
Por tanto, se dice dispuesto a dar todo el apoyo en el siguiente paso para que una vez que el dirigente de los mineros, como le dice en español, consiga una garantía por escrito para volver a su patria con la seguridad de seguir sano y salvo; él personalmente lo acompañará a México, señala.
La solidaridad con Gómez Urrutia es explícita e implícita. Hay una amistad forjada en el transcurso de casi una década, desde que el líder de los mineros viajó aquí para no arriesgar su libertad o la vida en un país –afirma– donde los gobiernos anteriores se sometieron a los designios de las principales corporaciones mineras de México.
La amistad no surgió de manera espontánea, sino por el apoyo que los mineros dieron a los steelworkers desde 2000 y específicamente en 2005, a raíz de un conflicto en Estados Unidos, en una empresa socia de Grupo México, el mismo antagónico a Gómez Urrutia.
Stve Hunt, del distrito 3 de los Steelworkers; el dirigente de este sindicato en Canadá; Carol Landry, vicepresidente internacional del gremio, y el propio Gerard se refieren en términos muy similares al líder de los mineros: un héroe, le llaman.

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En Rumania cae ministro por su “News Divine”; en México, responsables exonerados

Victor Ponta, primer ministro de Rumania. Foto: AP
Victor Ponta, primer ministro de Rumania.
Foto: AP
MÉXICO, D.F., (apro).- Victor Ponta, el primer ministro de Rumania, dimitió a su cargo como consecuencia de las protestas masivas por el incendio de una discoteca en Bucarest, percance que cobró la vida de 32 personas.
En un comunicado, Ponta anunció: “Estoy obligado a tomar nota de las quejas legítimas que existen en la sociedad”.
La dimisión de Ponta implica también la renuncia de su gabinete.
Klaus Iohannis, presidente de Rumania, designará a un nuevo primer ministro, que deberá obtener el apoyo del parlamento; en caso contrario, se convocarán a elecciones anticipadas.
El viernes pasado se incendió el club nocturno Colectiv. De acuerdo con testigos, el fuego se detonó como consecuencia de un espectáculo pirotécnico que consumió la decoración de espuma.
El centro nocturno no contaba con permiso para grandes aforos ni salidas de emergencia.
Alrededor de 130 personas permanecen hospitalizadas en estado grave o crítico.
Victor Ponta se encontraba debilitado frente a la población, debido a escándalos de corrupción. Ayer martes, miles de rumanos salieron a las calles para exigir su renuncia.
El 20 de junio de 2008, en el Distrito Federal también se incendió una discoteca y dejó un saldo de 12 personas muertas.
Se trató del caso News Divine. También había sobrecupo, ausencia de salidas de emergencia, y errores en el operativo de desalojo.
Entre los altos funcionarios responsables de la tragedia se señalan a Joel Ortega Cuevas, entonces responsable de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), al Subsecretario de la SSPDF, Luis Rosales Gamboa y Rodolfo Félix Cárdenas, extitular de la Procuraduría General de Justicia.
Joel Ortega posteriormente fue premiado con la dirección del Sistema de Transporte Metro, cargo del que fue destituido en julio pasado.
En octubre pasado, el panista Pablo Gutiérrez Lázarus, edil de Ciudad del Carmen, Campeche, oficializó el nombramiento de Guillermo Zayas González, uno de los responsables de la tragedia en la discoteca News Divine, como director municipal de Seguridad Pública.
Y en abril pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación absolvió a los once policías vinculados al operativo News Divine.

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