jueves, 26 de noviembre de 2015

La Revolucion de las Canas 2015 11 26

ANUEE 2015-11-26

Cartas a Miguel Mancera y Rubén Venadero

SME NCT Marcha por la NO violencia contra las mujeres 25nov15

¡SOLIDARIDAD CON EL SUTIEMS!

¡SOLIDARIDAD CON EL SUTIEMS!

Haciendo gala del mayor de los cinismos, José de León Azúa, secretario Auxiliar de Huelgas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, declaró “inexistente” la huelga estallada por el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de la Educación Media y Superior, el pasado martes 17 de noviembre, “debido a que se encontraron irregularidades como el que la huelga no fue avalada por la mayoría de los trabajadores”.
Esta absurda determinación de la autoridad laboral muestra su contubernio con la cerrazón del director del IEMS, Ulises Lara, que nunca se movió de ofrecer un aumento general del 3.5%, retroactivo al 1° de enero; sin incluir al personal médico, a los docentes del sistema semiescolar, y al personal de intendencia; y un bono de $1.500.00 para docentes y de $1.800.00 para personal administrativo, pagables para el 15 de diciembre.
Sin siquiera guardar las apariencias, las autoridades laborales se negaron a promover la conciliación entre el SUTIEMS y las autoridades educativas durante los tres primeros días de la huelga. Y éstas, a su vez, anunciaron que sólo se sentarían a conciliar con el SUTIEMS una vez que se declarara la existencia de la Huelga.
Es evidente que detrás de esta nueva y descarada violación al derecho de huelga, está la decisión del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, de alinearse, una vez más, con la política antiobrera del gobierno federal.
La Nueva Central de Trabajadores expresa su total solidaridad con las y los trabajadores de nuestra organización hermana, el SUTIEMS. Asimismo ratificamos nuestra determinación de hacer valer este derecho por todos los medios legales y la movilización y denunciar esta arbitrariedad tanto a nivel nacional como internacional.
¡Respeto total al derecho de huelga!
¡Libertad y democracia sindical!
México D. F. a 23 de noviembre de 2015
ATENTAMENTE
Humberto Montes de Oca Luna
Coordinador de la
Estructura Ejecutiva Nacional
NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME); Alianza de Tranviarios de México (ATM); Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (STTPDF); Sindicato Democrático de Trabajadores de la Procuraduría Social del DF (SDTPS); Consejo Nacional de Trabajadores (CNT); Federación Sindical Revolucionaria (FSR); Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM); Central Unitaria de Trabajadores de México (CUTM); Sindicato Internacional de Constructores de Elevadores de México (SICE-M); Asociación Sindical de Trabajadores del INVI (ASTINVI); Confederación de Jubilados y Pensionados de la República Mexicana, (CJPAMRM); Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual SCL; Sindicato Autónomo de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SATEV); Central de Trabajadores Democráticos (CTD); Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California (SETEBC); Sindicato de Trabajadores de Servicios Académicos y Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit (SITRAyD-Conalep); Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Nayarit (SITEM); Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, Instituciones Descentralizadas Estales y Empresas Privadas de Nayarit (SYSPEMIDEPN); Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio de Educación del Estado de Nayarit (SITSEN); Unión General Obrera Popular, Campesina (UGOPC), Chiapas; Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México (STUHM); Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero (SUTCOBACH-GRO); Sindicato de Trabajadores de la Vidriera del Potosí (STVP). San Luis Potosí; Sindicato Autónomo de Trabajadores del Municipio de San Luis Potosí (SATMSLP); Sindicato Revolucionario Democrático de la Industria Química Similares y Conexos de la República Mexicana (SRDIQSCRM), Estado de Hidalgo; Sindicato Mexicano de la Industria Química, Similares y Conexos de República Mexicana (SMIQSCRM). Estado de México; Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo (STAUACH); Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUG); Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM); Sindicato Nacional de Trabajadores General Tire, San Luis Potosí; Sindicato de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas (STUNICH); Sindicato Único de Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala (SUTACEPTET); Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO); Sindicato Único de Trabajadores de Caminos y Autopistas de Oaxaca (SUTCAO); Sindicato de Trabajadores al Servicio del CECyT de Oaxaca (STSCECyTO); Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SUNTUAN); Sindicato Democrático de Bomberos del Estado de Jalisco (SDBEJ); Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM-Bandera Roja); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud (SNTSS), Sección 50, Chiapas; Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG); Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP). Guerrero; Cooperativa de Agricultores de Chapingo, Estado de México; Asociación de Profesores Jubilados y pensionados de Chapingo, Estado de México; Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC, Ex-Euskadi); CNTE: Sección IV (Campeche), Sección XVIII (Michoacán), Sección IX (Distrito Federal)), Sección 54 (Zacatecas- federal), Sección 34 (Zacatecas-Estatal); Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (SUTUTEZ); Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC); Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios de Colima (SITU); Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SITTGE); Unión de Trabajadores del Transporte Público (UTTP); Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).
Correo: nuevacentraldetrabajadores@nuevacentral.com.mx
Página:
Nueva Central de Trabajadores
NUEVACENTRAL.COM.MX

Es general la violencia contra niñas y mujeres en México: AI

Foto
Marcha en la capital del país con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la MujerFoto Guillermo Sologuren
José A. Román y Alma E. Muñoz
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de noviembre de 2015, p. 47
En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, diversas organizaciones civiles y de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional (AI), denunciaron que en México la violencia contra las mujeres y niñas es general, y que los maltratos y transgresiones a sus derechos van desde los sicológicos, físicos, económicos y sexuales hasta su manifestación más extrema: el feminicidio.
En tanto, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu, y la representante de la ONU en México, Ana Güezmes García, suscribieron un convenio de colaboración para desarrollar un protocolo de atención consular a mujeres víctimas de violencia.
Güezmes señaló que en el país seis de cada 10 mujeres han vivido agresiones de diferente tipo. La más frecuente es la que se da por la pareja, explicó. Destacó que algo positivo es que ya se sabe la dimensión del problema y hay legislación al respecto, pero aún existen altos niveles de impunidad.
La Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidios y la Red por los Derechos de la Infancia, entre otros, señalaron que con frecuencia, los asesinatos de mujeres no son atendidos por la justicia de manera adecuada, lo que genera un patrón de impunidad. Aunado a ello, la respuesta de las autoridades ante la incidencia de estos crímenes se ha caracterizado por la minimización e invisibilización de los hechos, así como por la falta de reconocimiento de las causas de género que subyacen detrás de los mismos.
Advirtieron también que muy poco o nada han servido las alertas de violencia de género emitidas por los estados de México y Morelos, pues no se aplican las medidas adecuadas, como prevención, vigilancia y seguridad para estos casos.
En tanto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dijo que toda violencia es condenable, pero la que se ejerce contra la mujer debe ser erradicada en definitiva. Se trata, agregó, de una forma grave de discriminación, basada en el género, e implica la violación de múltiples derechos humanos.
Durante la inauguración del seminario internacional Los derechos humanos: de los objetivos de desarrollo del Milenio a los objetivos de desarrollo sostenible, realizado en Guanajuato, el ombudsman nacional aseguró que este tipo de agresión se configura como una clara manifestación de desigualdad, que traspasa las fronteras, afectando a las mujeres de todo el mundo.
A su vez, el PRD acusó que los feminicidios en México no son prevenidos ni investigados.
En conferencia de prensa, señaló que las autoridades del país no cumplen con las obligaciones que marca la ley para detener las agresiones contra mujeres.
Desde 2000, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud, han ocurrido en el país 23 mil 763 muertes violentas de mujeres, la mayoría de las cuales permanecen en la impunidad.
En el contexto de esta conmoración, con cruces rosas a cuestas, activistas y ciudadanos marcharon ayer por la tarde del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez en la ciudad de México para denunciar las diferentes formas de violencia que viven las mujeres en México.
(Con información de Blanca Juárez)

Fuente

Marchan miles en Chiapas en pro de la vida y la defensa del territorio

PROCESO


25 de noviembre de 2015
Estados
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Alrededor de 30 mil personas, incluidos indígenas choles, tzeltales y tzotziles, marcharon este miércoles en diversos municipios de la entidad en pro de la vida y la defensa del territorio.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este miércoles, mujeres y hombres salieron a las calles para exigir a los gobiernos de los tres niveles que frenen el despojo de la tierra, pero también la violencia contra las mujeres y sus familias.
“No a la súper carretera Palenque-San Cristóbal”. “No a los proyectos ecoturísticos”. “No a las presas hidroeléctricas”. “No a la extracción de petróleo y minerales”. “No a la privatización del agua y de la luz”. “No a las reformas estructurales”. “No a las bebidas embriagantes”. “No a la siembra y venta de drogas”, decían las pancartas de los manifestantes.
Entre los proyectos que rechazan los indígenas en sus territorios destacan la presa hidroeléctrica en Chakté, municipio de San Juan Cancuc, y la presa Jatzá, sobre el río Jataté, que atraviesa los municipios de Ocosingo y Altamirano.
De acuerdo con los inconformes, este último megaproyecto inundará 2 mil 900 hectáreas de selvas y tierras ejidales, afectará la cañada de Las Tazas, desaparecerán comunidades como La Sultana, Rómulo Calzada, y dañará a muchos poblados más.
Los indígenas también manifestaron su desacuerdo con los trabajos de la industria extractiva minera en los municipios de Tenejapa, Yajalón, Ocosingo y Chilón, porque depredan los recursos naturales.
En contraparte, demandaron hospitales, universidades, el cierre de cantinas y respeto a las mujeres, así como la defensa y el cuidado de la “Madre Tierra”, que así llaman a su territorio porque, aclararon, lo ven como sujeto, a diferencia de la cosificación que la visión occidental ha hecho del mismo.
Y no dejaron de lado su demanda de justicia para los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, para las más de cien mil víctimas del crimen organizado y para las víctimas de la masacre de Acteal perpetrada hace casi 20 años.
En un comunicado destacaron que el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) “no se entiende sin el sustento creyente y peregrino de sus integrantes”, que con su fe no sólo anuncian “buenas nuevas”, también denuncian todo lo que atenta contra los que habitan en la casa común.
El Papa Francisco, cuya voz no sólo resuena en la Iglesia católica sino en todo el mundo, fue uno de los más citados dentro del texto que se leyó en cada una de las peregrinaciones de los indígenas choles, tzeltales y tzotziles de los municipios de Altamirano, Candelaria, Cancuc, Huixtán, Ocosingo, Oxchuc, Salto de Agua, Tenejapa, Tumbalá y Yajalón, que llegaron a Chilón convocados por el Modevite.
“Necesitamos y queremos seguir analizando los signos de los tiempos, cuidar y defender a la Madre Tierra, denunciar las estructuras de injusticia y de pecado que matan a nuestro pueblo”, apuntaron.
En San Cristóbal de las Casas también marcharon miles de mujeres indígenas integrantes del Modevite, y en la región Costa-Soconusco de Chiapas, Escuintla y Acacoyagua, hombres y mujeres adheridos a la Red de Afectados por la Minería (REMA) salieron a las calles para protestar contra la industria extractiva minera.
Estos últimos señalaron que empresas del centro del país y del extranjero insisten en extraer minerales en sus cerros y montañas, pero con esas labores contaminarán sus arroyos y ríos.
Salvador Hernández Gutiérrez uno de los líderes en la región sostuvo que han tenido reuniones con el gobierno estatal y funcionarios del gobierno federal para manifestarles su rechazo a la industria minera, que no sólo contamina, también divide pueblos enteros.
Los inconformes advirtieron que no permitirán a ninguna empresa nacional o internacional que extraiga sus recursos naturales, y anunciaron que bloquearán todas las vías posibles para evitar que eso ocurra.

Fuente 

Descarta Secretaría de Hacienda que vaya a apoyar las finanzas de Pemex


Susana González
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de noviembre de 2015, p. 34
Frente a la reducción que la agencia Moody’s aplicó a la calificación de solvencia de Petroleos Mexicanos (Pemex), el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, descartó que el gobierno federal pueda apoyar financieramente a la petrolera el próximo año, pero confió en que con las nuevas atribuciones que tiene para atraer inversión privada se convierta en una empresa fuerte, sólida y competitiva.
El presupuesto de Pemex ya está aprobado y en la reforma energética se separó de Hacienda el control presupuestal de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Por tanto, quien toma las decisiones financieras es el propio consejo de administración de Pemex. Ese fue un objetivo de la reforma: que Pemex deje de ser una dependencia burocrática y se convierta en una empresa productiva con autogestión. Eso está ocurriendo, sentenció Videgaray, entrevistado luego de atestiguar la firma de un convenio de colaboración entre la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana con dirigentes de organismos cúpula del sector privado.
Pemex, dijo, como el resto de las empresas petroleras del mundo, enfrenta retos pero también oportunidades por la caída de 66 por ciento en el precio internacional del crudo.
Las oportunidades surgen de la implementación de la reforma energética. Hoy Pemex tiene oportunidad de hacer cosas que antes el marco jurídico no le permitía, particularmente del sector privado traer financiamiento de fuentes innovadoras. Pemex está en ese proceso de renovación, indicó el funcionario.
Destacó que las coberturas que el gobierno federal contrató por la caída del precio internacional del petróleo son las más altas en la historia de México, calculadas en 6 mil 400 millones de dólares.
Vamos a esperar la cifra definitiva, pero conforme la estimación preliminar que tenemos sí sería el ingreso más importante que tendríamos en la historia del país por cobro de coberturas petroleras. Esto implica que compramos las coberturas a tiempo, a buen precio, pero también que hubo una disminución importante en el precio del petróleo, comentó.
Por otro lado, sobre los amparos que contribuyentes presentaron ante el Poder Judicial contra la reforma fiscal por el tope de 57 por ciento que fija para las deducciones de prestaciones laborales, Videgaray puntualizó que sea cual sea la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la Secretaría de Hacienda la acataremos. Para no especular, se abstuvo de mencionar qué impacto tendrá en las finanzas públicas una decisión adversa a la dependencia.
En su discurso ante los agentes aduaneros y dirigentes de organismos del sector privado, como Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente saliente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a quien incluso hizo un reconocimiento público de su labor, el secretario sostuvo que pese a la caída del precio del petróleo y la volatilidad internacional por la próxima subida de tasas de interés en Estados Unidos que genera un desplazamiento de capitales fuera de las naciones emergentes como México, el país sigue caminando hacia adelante y hoy tenemos la inflación más baja de la cual se tiene registro.

Fuente

Embate a maestros “desnuda naturaleza autoritaria” de Peña: CNTE

PROCESO 


25 de noviembre de 2015
Destacado
Policías y maestros se enfrentan en Veracruz. Foto: Miguel Ángel Carmona
Policías y maestros se enfrentan en Veracruz.
Foto: Miguel Ángel Carmona
MÉXICO, DF (apro).- Los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguraron que la política federal de enfrentar a la disidencia magisterial con la fuerza pública “desnuda la naturaleza autoritaria del gobierno”.
En rueda de prensa, los dirigentes de la Coordinadora en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y el Distrito Federal rechazaron la “lógica de guerra” con la que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha decidido enfrentar la “estrategia” magisterial para boicotear la evaluación del desempeño en sus estados.
“Manifestamos nuestro repudio a la represión que la Coordinadora está sufriendo en distintos estados y elevamos esta protesta para decirle al gobierno que México no está en guerra, y que por lo tanto los militares, los gendarmes y la fuerza pública deben estar encuartelados”, dijo Rubén Núñez Ginés, líder de la sección 22 de Oaxaca.
Y a unos días de que se aplique la prueba precisamente en su estado, el próximo fin de semana, el representante de los 82 mil docentes que integran la CNTE en Oaxaca declaró a sus agremiados en “alerta máxima”, “preparados” para enfrentar la “persecución” en su contra que, arguyeron, se compone de ataques mediáticos, confrontación física y embates judiciales.
“La presencia de la fuerza pública no nos intimida. Vamos a continuar la ruta, en resistencia. Seguimos en boicotear la aplicación de los exámenes y seguiremos saliendo a las calles y a las plazas a protestar contra esta reforma administrativa, punitiva y laboral, mal llamada educativa.
“No se puede hablar de una reforma educativa sin fundamentos pedagógicos, simplemente aplicando pruebas estandarizadas que no corresponden con la realidad del país. Nosotros, los maestros del país, somos los responsables de la educación en nuestro pueblo. El gobierno sólo responde a intereses empresariales y de organizaciones económicas internacionales”, lanzó el oaxaqueño.
Y concluyó: “Nosotros no estamos en contra de la evaluación ni de una reforma educativa. Lo que estamos exigiendo es que se escuche nuestra propuesta y debatir”.
Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la CNTE en Michoacán, dijo ver con tristeza la “satanización” del gobierno federal a los trabajadores de la educación con un solo objetivo: “Denigrar el trabajo que hemos venido realizando y que tiene sustento de carácter educativo y social”.
Explicó: “Rechazamos el terrorismo de Estado, la condición político militar que han empleado como estrategia única del gobierno federal para imponer este proceso de evaluación. La CNTE no es un movimiento terrorista, armado, que requiera de la fuerza pública. Somos un movimiento gremial, social, político, de masas que ha tomado una posición firme en contra de una reforma educativa equivocada”.
Ortega Madrigal afirmó que la aplicación de la evaluación del desempeño en su estado fue un fracaso, con la participación de apenas mil 600 de los maestros convocados, a pesar de las medidas “desesperadas” de las autoridades.
“La evaluación en Michoacán fue un fracaso. Ni el uso de la fuerza ni el hostigamiento ni el miedo fue suficiente. El boicot es un trabajo de convencimiento que hemos trabajado durante meses. No fue suficiente la operación de carácter militar, impropia de una Secretaría de Educación, con maestros acosados, recluidos en hoteles y transportados en helicópteros de la Policía Federal y autobuses resguardados para presentar la prueba”, relató.
La propia SEP, recordó el michoacano, reconoce que la prueba apenas la presentaron 35% de 6 mil trabajadores convocados. Y aun así desconfía de las cifras.
“La SEP ha hecho un circo de cifras. Hubo personas que no eran ni maestros. Por primera vez y aunque nos cuesta decirlo, coincidimos con organizaciones como Mexicanos Primero, que exige que se clarifique el proceso de evaluación en Michoacán, toda vez que no permitieron la presencia de observadores en la aplicación de la evaluación. Hasta la misma clase empresarial duda en estos momentos de la veracidad de los datos que presenta la SEP”, dijo el sindicalista, asegurando que la SEP no tendría capacidad de sustituir a los miles de docentes que no presentarán la evaluación.
Sobre las declaraciones del secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, quien advirtió a quienes “pretendan” impedir la evaluación que “enfrentarán a la fuerza pública”, el dirigente de la CNTE en la capital del país, Enrique Enríquez, fue contundente:
“Nuño es un policía que está como secretario de Educación Pública. Hoy está utilizando toda la fuerza pública para presionar y hostigar a los maestros a que se presenten a la evaluación: desde correos electrónicos, llamadas a las casas y visitas a las escuelas hasta usar helicópteros de la Policía Federal. Parece más un secretario de Gobernación que de Educación Pública.
“Ha sido capaz de reunir a todos los gobernadores y a las fuerzas federales para determinar la política militar para las evaluaciones. Esto ni siquiera (Osorio) Chong lo había hecho. Eso quiere decir que (Osorio) Chong ahora es empleado de Nuño, que está usurpando ese puesto. Es un soberbio que no escucha a nadie. Nada más cuando va a las escuelas (de gira de promoción) juega al maestro y se toma la foto”, remató Enríquez.

Fuente 

CNTE, en "alerta máxima" por evaluación en Oaxaca


Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de noviembre de 2015, p. 20
Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se declararon en alerta máxima ante la inminente aplicación de la evaluación docente en Oaxaca. Afirmaron que mantendrán su estrategia de boicot, pese a la presencia de miles de elementos de la Policía Federal.
Denunciaron que existe un operativo policiaco-militar en las entidades donde hay resistencia a la reforma educativa. Las autoridades federales y estatales, dijeron, han hecho uso de toda las estrategias de presión e intimidación contra los maestros; incluso el despliegue de miles de policías y militares en los estados, medida que rechazamos porque no somos un movimiento terrorista o armado.
En conferencia de prensa, los secretarios generales de Oaxaca, Rubén Núñez; Michoacán, Juan José Ortega; Guerrero, Ramos Reyes, y del Distrito Federal, Enrique Enríquez, afirmaron que no se descarta ningún mecanismo de protesta, pero la decisión de no participar en ninguna de las etapas de la evaluación del desempeño sigue firme. Exigieron a la administración peñista que cese la campaña de hostigamiento.
Ortega calificó de rotundo fracaso la aplicación del examen en Michoacán el pasado fin de semana, donde, dijo, sólo se presentaron menos de 30 por ciento de los convocados; de éstos no tenemos constancia de que efectivamente todos sean profesores frente a grupo.
Núñez señaló que para este jueves está convocada una asamblea estatal de la sección 22 para definir las acciones de los próximos 28 y 29 de noviembre, cuando se prevé aplicar la evaluación a miles de maestros oaxaqueños, de acuerdo con el calendario dado a conocer por la SEP.
Indicó que más de 2 mil profesores se inscribieron para el proceso, pero, aseguró, se trata de afiliados a la sección 59, y no al magisterio disidente de la entidad. Insistió en que los maestros inconformes se movilizarán nuevamente este fin de semana, pero sin caer en provocaciones de los gobiernos estatal y federal.
Los dirigentes consideraron que existe un uso excesivo de la fuerza para obligar a los maestros a participar en la evaluación. A esto se suma, agregó el dirigente en la capital del país, que para entregar las notificaciones a quienes debían participar y subir evidencias, se incurrió incluso en llamadas a los domicilios de los profesores y visitas a cada una de las escuelas.
También destacaron el documento emitido por más de 348 especialistas en temas educativos, luego de 13 Congreso Nacional de Investigación Educativa, en Chihuahua, del 16 al 20 de noviembre pasados.
Los expertos, quienes señalaron que la reforma educativa carece de un proyecto educativo que la guíe y le dé sustento, coinciden en sus conclusiones con los planteamientos que la CNTE ha presentado al gobierno federal y la SEP, a la que reiteraron su invitación a establecer un diálogo público y verdaderamente democrático.

Fuente

Recurso de abogados de la sección 22 por militarización


Jorge A. Pérez Alfonso y Juan Ricardo Montoya
Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 26 de noviembre de 2015, p. 20
El equipo jurídico de la sección 22 de la CNTE promovió una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca por la militarización de la evaluación docente y los métodos de notificación utilizados, a los que consideraron acoso laboral implementado por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
Por la tarde arribaron al aeropuerto internacional de Santa Cruz Xoxocotlán –en la zona conurbada a la capital– alrededor de 400 elementos de la Policía Federal.
Mientras, Alejandro Solalinde, sacerdote y activista por los derechos de los migrantes, lamentó la llegada de más de 10 mil de esos elementos a la capital oaxaqueña como parte del operativo para la evaluación docente del próximo 28 de noviembre, ya que, dijo, eso demuestra que el gobierno federal pretende imponer la reforma educativa por la fuerza.
En tanto, en Pachuca, maestros de Hidalgo inconformes con la evaluación educativa pintaron con su sangre la palabra justicia en la fachada de la sede de la Secretaría de Educación Pública de esa entidad, por considerar que se les pretende someter a una evaluación punitiva.

Fuente

Ejecución extrajudicial y fuerza excesiva en matanza de Apatzingán: CNDH

El memorial de la masacre en Apatzingán. Foto: Francisco Castellanos
El memorial de la masacre en Apatzingán.
Foto: Francisco Castellanos
MÉXICO, DF (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló a elementos de la Policía Federal (PF) como responsables de “violaciones graves” a los derechos humanos en los hechos ocurridos en Apatzingán, Michoacán, el pasado 6 de enero, cuando 10 personas murieron y 21 resultaron lesionadas.
Aun cuando en ese evento participaron miembros del Ejército Mexicano, en su recomendación 3VG/2015 el ombudsman Luis Raúl González Pérez sólo identificó como responsables a miembros de la corporación.
De acuerdo con el documento dado a conocer este miércoles en conferencia de prensa, en la ejecución extrajudicial los policías federales hicieron “uso excesivo de la fuerza” y provocaron la muerte de cinco personas, además de que hubo “dilación en la solicitud de auxilio para la atención médica pre hospitalaria que derivó en cuatro fallecimientos, en tanto que habría indicios de la responsabilidad de policías federales en una muerte más por atropellamiento”.
Según la CNDH, los agentes federales y miembros del Ejército que participaron en el operativo policiaco-militar del 6 de enero para contener a autodefensas y civiles indefensos también habrían realizado 30 detenciones arbitrarias y en al menos nueve casos provocaron lesiones e incurrieron en malos tratos, tratos crueles y degradantes.
De esas quejas, a miembros del Ejército se les atribuyen 12 detenciones arbitrarias, dos “lesiones innecesarias” y un caso de malos tratos contra un civil que fue obligado a arrodillarse y tirarse al suelo mientras era fotografiado por personal militar.
En su investigación, el organismo de derechos humanos encontró que la PF y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Michoacán incurrieron en violaciones “a la legalidad y seguridad jurídica por la indebida procuración de justicia”, al no preservar la escena de lo que consideró un “enfrentamiento” entre las fuerzas federales y los autodefensas.
A la dependencia estatal en particular, la CNDH le hizo señalamientos por omisiones en el resguardo de indicios o medios probatorios y en las 10 necropsias practicadas por los peritos.
De acuerdo con González Pérez, no se acreditaron tiros de gracia, y la única ejecución extrajudicial se detectó porque existe “la certeza de que (la víctima) estaba en el piso cuando recibió dos impactos. Había intencionalidad de ejecutar”, apuntó.
En los otros cinco casos, una de las personas falleció por un impacto mientras se resguardaba en un restaurante, y las otras junto a un vehículo. El primer visitador Ismael Eslava acotó que la CNDH no pudo comprobar “la intencionalidad” de los agentes federales para ejecutarlas, pese a que las necropsias demostraron que las últimas cuatro “presentaron 27, siete, siete y ocho lesiones por proyectil de arma de fuego, respectivamente”, según la misma recomendación.
La CNDH dividió la investigación en dos eventos: en el primero de ellos 44 policías federales y 287 elementos del Ejército Mexicano irrumpieron en las inmediaciones de la presidencia municipal de Apatzingán, donde había una concentración ciudadana “en protesta por el excesivo costo del suministro de energía eléctrica, la inseguridad prevaleciente en esa localidad del grupo G-250 y la omisión en el pago de los salarios de sus integrantes”.
En esa acción, en la que se detuvo a 44 personas, hubo 38 detenidos y 18 lesionados, y una persona fue privada de la vida “por un golpe de un objeto contundente en movimiento, muy probablemente un vehículo (atropellamiento)”. La víctima “se encontraba en el estacionamiento ubicado a un costado del palacio municipal de Apatzingán, y de acuerdo con las evidencias se acreditó indiciariamente que la Policía Federal lo privó de la vida”.
También en ese evento se reportó el aseguramiento de 19 armas de fuego –cuatro cortas y 15 largas–, una granada de fragmentación, 71 cargadores y mil 762 cartuchos útiles.
En una segunda acción, en la que se enfrentaron autodefensas y fuerzas federales, la CNDH precisó que ocurrieron cinco muertes por “exceso de uso de la fuerza” y la ejecución extrajudicial, en tanto que otras cuatro personas que estaban heridas no recibieron la atención prehospitalaria a tiempo por parte de la PF.
En ese evento se aseguraron cuatro armas largas, 40 cartuchos útiles, 298 casquillos, 14 fragmentos de proyectil de arma de fuego, 28 eslabones de carrillera y cuarto cargadores desbastecidos.
Al ser cuestionado por los reporteros, González Pérez sostuvo que el organismo no está deslindando de responsabilidades a los integrantes de las fuerzas federales y que “quien tiene que acreditar la responsabilidad administrativa y federal penal son las autoridades de contralorías y de la Procuraduría General de la República, tratándose de los elementos federales. Se tendrá que investigar el grado de responsabilidad de los participantes en ese operativo”, sostuvo.
El ombudsman resaltó que la “inadecuada preservación de los hechos” afectó la investigación de la CNDH y que por ello está demandando una investigación ministerial a la PGJ de Michoacán.
Sobre el papel que jugó el excomisionado Alfredo Castillo, insistió que no deslinda a nadie de responsabilidades.
“Se tiene que investigar qué pasó en ese operativo”, dijo, y recordó que en el informe sobre las autodefensas de Michoacán presentado el jueves 12 sugirió que se esclarezca “cómo surgen éstas, cómo se financiaron y en función de eso qué responsabilidades de autoridades hay por ello”.
González Pérez puntualizó que en la investigación realizada por el organismo que encabeza “no hay ningún elemento del que se desprenda que se pudieran haber sembrado las armas. Las armas existían y se pusieron a disposición del juez que acreditó el cuerpo de delito”, subrayó.
La recomendación está dirigida al titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al secretario de la Defensa Nacional (Sedena), al gobernador de Michoacán y al alcalde de Apatzingán.
La CNDH insta a las autoridades federales a colaborar con ese organismo para realizar las investigaciones correspondientes en la PGR y en los órganos de control por las muertes, detenciones arbitrarias y lesiones causadas, así como para proceder a la reparación del daño por las muertes ocasionadas en el operativo policiaco-militar y por las lesiones infligidas.
También recomienda “actualizar el marco normativo que regula el Uso de la Fuerza Pública” en el caso de la PF, y a la Sedena que disponga del “empleo de cámaras fotográficas, de videograbación y de grabación de audio en sus operativos”.
Al gobernador de Michoacán le pide colaborar con la CNDH para investigar las omisiones de la Procuraduría estatal en el envío de fotografías del cuerpo con indicios de atropellamiento, y por las fallas en las necropsias realizadas, así como en la preservación de las evidencias y la cadena de custodia.
Y a la alcaldía de Apatzingán le pide su colaboración para esclarecer la “inadecuada atención médica prehospitalaria que se brindó a un adolescente, así como instruir que las ambulancias de protección civil cuenten con equipo y material médico”.
Acepta la CNS recomendación de la CNDH
El comisionado nacional de Seguridad Renato Sales Heredia aceptó en sus términos las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en torno a los hechos ocurridos en Apatzingán, Michoacán.
Según testimonios, ese día policías federales a bordo de decenas de vehículos irrumpieron en el centro de la ciudad y abrieron fuego contra civiles; al menos 16 personas murieron y decenas quedaron heridas.
No obstante, Alfredo Castillo, entonces comisionado federal de Seguridad en Michoacán y actual director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), sostuvo que tales hechos fueron producto de un “fuego cruzado”.
Por su parte, Sales Heredia explicó que el texto de la Recomendación 03/2015 –de 411 fojas– se encuentra en proceso de análisis, para que “en su caso y en su momento” se realicen las precisiones pertinentes.
“Los hechos son resultado de la detención de personas armadas en un primer evento y otro en un evento entre civiles armados y elementos de la Policía Federal”, declaró.
Acerca de los policías federales que participaron en los hechos de Apatzingán, el funcionario aseguró que todos están ubicados y que colaborarán con la Procuraduría General de la República (PGR) para la integración del procedimiento administrativo.
Comentó que giró instrucciones a las áreas correspondientes para que den cumplimiento a los señalamientos del ombudsman nacional.
Agregó que colaborarán con las instancias investigadoras y que se acatará su determinación para lograr el esclarecimiento de cualquier abuso de la fuerza por parte de algún servidor público.

Fuente

Despiden entre aplausos a los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza


Jesús Aranda
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de noviembre de 2015, p. 6
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Olga Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza fueron despedidos ayer con aplausos al concluir las sesiones de la primera y segunda salas, respectivamente, ya que fue su última participación como integrantes de las mismas, antes de dejar el cargo el próximo 30 de noviembre.
Los presidentes de las salas, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Gelacio Pérez Dayán, destacaron la trayectoria de los togados, quienes son los últimos ministros que quedan de la primera integración de la SCJN como resultado de la reforma constitucional de 1994.
Gutiérrez Ortiz Mena recordó que la ministra Sánchez Cordero ha sido una voz en favor de las mujeres en la Corte por casi 21 años; ha sido gran defensora de los derechos humanos y se le va a extrañar, y convocó a la sesión del próximo miércoles a los otros cuatro integrantes de la primera sala.
Emocionada, la ministra escuchó las palabras de su compañero, pero ya no hizo uso de la palabra.
En la segunda sala, Pérez Dayán, quien lo mismo que Silva Meza es ministro de carrera judicial, fue más emotivo.
Te vamos a extrañar, muchas gracias por estar con nosotros y muchas felicidades por culminar tan brillantemente como lo has hecho, dijo.
Conmovido, Silva Meza agradeció las palabras de su compañero y la oportunidad de integrarse a la segunda sala, después de que dejó el cargo de presidente de la Corte en enero pasado.
No hay nada como trabajar con armonía, solidaridad, con comprensión, en estas arduas tareas de resolver la vida de las personas o regular el orden o la actividad del Estado mexicano, indicó.
Hoy, Sánchez Cordero y Silva Meza asistirán a su última sesión ordinaria del pleno de ministros, y el próximo lunes se llevará cabo la despedida en una junta especial del máximo tribunal.

Fuente

Escobar renuncia a la Segob; la PGR lo acusa de violar la ley electoral

Arturo Escobar, excoordinador de la campaña del Partido Verde. Foto: Octavio Gómez
Arturo Escobar, excoordinador de la campaña del Partido Verde.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, DF (apro).- Acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de ser un presunto delincuente electoral y de que se solicitara una orden de aprehensión en su contra, Arturo Escobar renunció esta noche a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Lo anterior, con el objetivo de facilitar el adecuado curso de las investigaciones y de contribuir a que el proceso se conduzca con absoluta transparencia”, justificó Escobar en una carta que hizo pública a través de su cuenta de Twitter, a las 22:30 horas de este miércoles.
Momentos después de que Escobar y Vega formalizara su renuncia a través de la red social, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en un acto sin precedente, confirmó que consignó la averiguación previa relacionada con presuntos delitos electorales cometidos por Escobar.
En términos de lo dispuesto por el artículo 142, párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos Penales, el juez tiene 10 días, contados a partir de la radicación del expediente, para ordenar o negar la orden de aprehensión.
La Fepade, a cargo de Santiago Nieto, señala a Escobar y Vega como presunto responsable de cometer delitos electorales mientras fue vocero y secretario de procesos electorales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Además del dirigente este partido político, la denuncia va en contra de empresarios –de quienes la Procuraduría omitió los nombres– por las aportaciones en dinero y en especie a pesar de que existe una prohibición legal para ello.
Los delitos que se les imputan están contemplados en el artículo 15 de la LGMDE, así como por el diverso contemplado en el artículo 7 Fracción XXI, relativo a proveedores no autorizados por la autoridad administrativa (Instituto Nacional Electoral).
La Procuraduría General de la República giró instrucciones de que se actúe con absoluta imparcialidad.
“Mi ejercicio no es contra el partido político sino contra las personas físicas que han incurrido en una conducta delictiva; buscamos mandar un mensaje, con independencia de quienes son los sujetos activos”, expresó Santiago Nieto.
Escobar aseguró en su cuenta de Twitter que hasta el momento no ha sido requerido por alguna autoridad judicial sobre las acusaciones en su contra.
“Rechazo las imputaciones en mi contra y expreso mi plena confianza en que se esclarecerán los hechos y se confirmará mi inocencia”, expresó Escobar, a quien la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR acusa de violar la ley electoral como presidente del PVEM.
Aficionado a las ilegalidades como dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por las que acumuló multas por más de 600 millones de pesos, Escobar fue designado por Peña Nieto subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Y lo que generó, en vez de adhesión, fue el repudio de un amplio número de organizaciones sociales que cuestionan la impunidad de Escobar y el riesgo de que, desde su cargo, desvíe recursos públicos para favorecer al PVEM, muchos de cuyos operadores son funcionarios de esa subsecretaría que dispondrá, el próximo año, de más de 2 mil millones de pesos para prevenir el delito.
“El mensaje es que los 2 mil millones de pesos que van a destinarse al programa de prevención, en 2016, se van a ir a la construcción de clientelas y a comprar votos, porque esto es lo que saben hacer estos dos personajes”, advirtió Clara Jusidman, presidenta honoraria de Incide Social, en entrevista con Proceso.
Y es que, además de Escobar, se incorporó a la Subsecretaría como su mano derecha Ruth Zavaleta, experredista y militante del PVEM, quien ha instalado en las direcciones clave a personajes de esa misma militancia que trabajaron con ella en la delegación Venustiano Carranza.
Un caso es el del nuevo titular de la Dirección General Adjunta de Participación Ciudadana para la Prevención Social, el tercero en la jerarquía de la subsecretaría, Jorge Reséndiz Dorantes.
Otros son Estela Patricia Rodríguez, exfuncionaria de la misma delegación, quien ocupa la Dirección de Vinculación con el Sector Privado y Académico; Félix Calderón Radilla, director de Vinculación con el Sector Social y Cultural, quien ha ocupado varios cargos en Venustiano Carranza, y Laura Cerna Lara, exdirectora del Instituto de las Mujeres en Naucalpan, quien ahora es directora general adjunta de Vinculación Social y Participación Ciudadana.
Sin embargo, y en contra de esta información, Escobar ha asegurado que él apenas está revisando los perfiles de quienes serán parte de su equipo.
“Puedo decir que en ninguna de las direcciones generales, incluida la que está acéfala (la de Planeación) habrá militantes del Partido Verde. Yo me vine con mi secretaria, una jefa de oficina y mi secretario particular. Es todo lo que he integrado hasta ahorita.
“Pueden estar tranquilos, voy a buscar a los mejores perfiles posibles porque este es un programa fundamental para el país (…) Tengo un reto enorme, lo entiendo, y además tengo que construir confianza con algunos actores que por algunas razones, muchas o pocas, desconfían en el trabajo que voy a hacer”.
–¿Va a renunciar a su cargo o al Verde?
–No, estoy aquí asumiendo mi responsabilidad, entiendo que es un enorme reto y puedo dar resultados.
Más aún, apenas el 20 de octubre aseguró que todos los recursos del Programa Nacional de Prevención al Delito (Pronapred) no se usarán con fines electorales.
–¿Qué garantías hay de que no utilizará el puesto para comprar el voto a favor del Verde si está integrando su equipo con miembros de ese partido?
–Las garantías son absolutas. ¿Cómo te lo garantizo? Te lo garantizo de forma absoluta, te lo garantizo porque cada centavo que es parte del presupuesto estará absolutamente documentado, no sólo en la parte de anexos, sino cómo se gastó, qué resultados dio, cómo estuvo el proveedor en cuanto a precios comerciales, por qué se ganó esa licitación. Habrá transparencia absoluta e inédita.
Añadió: “La gran ventaja que tiene este programa es que trabajamos en los tres niveles de gobierno, entonces trabajas desde el gobierno federal y trabajas con todos los gobiernos estatales y con todos los municipios que tienen polígonos integrados”.
Tampoco, dijo, puede haber manipulación electoral: “Entonces en la parte partidista, que para mí hoy ya no tiene relevancia, hay presidentes municipales de todos los partidos políticos, entonces la verdad es que en este programa no hay cabida para eso”.
Y añadió: “Quisiera invitar a todos ustedes y a aquellos que crean que hay lugar para utilizar este recurso de forma político-electoral que conozcan los lineamientos. Es imposible hacerlo, jamás lo permitiría yo y es imposible hacerlo por la forma en que está hecho el lineamiento”.
Escobar se ufanó de que los recursos del programa son completamente verificables: “Va haber transparencia absoluta, te diría yo, inédita. Esta subsecretaría en donde sí no tiene opacidad es en el manejo de recursos, están absolutamente transparentes, están diagnosticados, no lo digo yo, lo han dicho organizaciones externas”.
Pero ahora, a cuatro meses de asumir el cargo de subsecretario, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) ya consignó el expediente a un juez, al que solicitó librar una orden de aprehensión en su contra.
El caso tiene que ver con la controvertida tarjeta “Premia Platino” que recibieron miles de personas en todo el país para tener descuentos en establecimientos y que, según Escobar, era sólo para los afiliados al PVEM, lo cual se probó que fue falso.
Por haber firmado como dirigente del PVEM para regalar miles de tarjetas de descuento, que solía llegar al domicilio de personas que nada tenían que ver con el PVEM, la Fepade consideró que cometió un delito electoral cuya sanción es de entre 5 y 15 años de cárcel.
El PVEM compró estas tarjetas a proveedores no autorizados por el INE, destacó la Fepade.
Precisó que Escobar y Vega, como representante legal del PVEM, firmó contratos que violaron la ley electoral.
Arturo Escobar es el político del PVEM que en 2009, previo a las elecciones federales para renovar el Congreso de la Unión, fue detenido en el aeropuerto de Chiapas por llevar en efectivo un millón cien mil pesos en su maleta marca Louis Vuitton. Primero dijo que no era de él, luego que era producto de una renta, después que era de la venta de algunos autos y finalmente que eran recursos para pagar a quienes participarían el día de los comicios.
Investiga la Fepade a exfuncionario en Colima
En un comunicado, la Fepade también informó que en el marco del proceso electoral 2015, consignó otras dos averiguaciones previas.
Con relación a la elección para gobernador de Colima, la Fiscalía ejerció la acción penal en contra de un secretario del gobierno estatal de la anterior administración, por ejercer supuesta coacción del voto hacia sus subordinados, en favor de un partido político.
Dicha acción constituye un ilícito electoral en términos de la  Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su artículo 11 fracciones I y II, así lo establece  la “Fracción I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición.
En el contexto de la misma elección, sobre la indagatoria relacionada con la alteración del listado nominal en el estado de Colima, previsto en el ordinal 13 Fracción II de la citada ley, también se ejerció acción penal en contra de los abogados de quien fuera candidato a gobernador en los pasados comicios.

Fuente