viernes, 27 de noviembre de 2015

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Plan de Acción actualizado el día de hoy



La desindexación del salario mínimo, antes de que termine el año, considera Navarrete

Juan Carlos Miranda y Susana González
 
Periódico La Jornada
Viernes 27 de noviembre de 2015, p. 21
La desvinculación del salario mínimo como unidad de medida para la aplicación de multas, algunos trámites gubernamentales y pagos diversos va por buen camino y se espera que antes de que termine el año se promulgue a escala federal, aseguró el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida.
El funcionario consideró una extraordinaria noticia para México que ya dos estados de la República hayan aprobado la desindexación del salario mínimo, y señaló que al tratarse de una reforma constitucional falta el aval de otras 15 entidades para que la desvinculación (aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de noviembre y turnada ese mismo día a las legislaturas locales) regrese al Congreso para su promulgación.
Según el artículo quinto transitorio del dictamen aprobado por el Congreso, en un plazo de no más de 120 días naturales tras la publicación del decreto se deberá emitir una ley reglamentaria para determinar el valor de la unidad de medida que sustituirá al mínimo, así como su mecanismo de actualización.
Luego de que ayer los congresos locales de Morelos y Durango aprobaran la desvinculación, Navarrete indicó que de aprobarse la medida por las demás entidades federativas los salarios seguirán siendo determinados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), pero con nuevas unidades de cuenta que le permitan tener más flexibilidad y, por tanto, mayor precuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos.
El secretario federal adelantó que la Conasami entrará en sesión permanente a partir del primero de diciembre, para que una vez que se desindexe el mínimo, de inmediato se pueda implementar la nueva unidad.
Me ha informado la Conasami que estará lista en el momento que se requiera para que la unidad de cuenta que rija el salario mínimo en México pueda ser distinta a la tradicional y que pueda estar basada en otros criterios, como la productividad y que le permita paulatinamente al país recuperar su poder adquisitivo, comentó.
Ante un auditorio de industriales, dirigentes de cámaras empresariales y funcionarios públicos, Navarrete Prida hizo un reconocimiento al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, quien, señaló, con un decidido esfuerzo impulsó que saliera del Congreso una iniciativa de enorme trascendencia para México.

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Rechaza CFE nexos con OHL para licitación millonaria

El titular de la Sener, Pedro Joaquín Coldwell y el director de la CFE, Enrique Ochoa. Foto: Octavio Gómez
El titular de la Sener, Pedro Joaquín Coldwell y el director de la CFE, Enrique Ochoa.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F., (apro).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) negó que su director general Enrique Ochoa Reza se haya reunido el viernes 27 de marzo de 2015 con José Andrés de Oteyza, presidente de OHL México.
En una tarjeta informativa, agregó que “es totalmente falso que la licitación para el proyecto Central de Ciclo Combinado Empalme I haya estado ‘arreglada’”.
De esta manera respondió a la filtración de un par de audios difundidos vía Youtube que exhiben la presunta intervención de los directores de Petroleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilio Lozoya y Enrique Ochoa, a favor de OHL México en la adjudicación de un contrato millonario.
En las grabaciones aludidas se escucha una doble conversación sostenida el pasado 31 de marzo entre el presidente de OHL México, José Andrés de Oteyza y el director técnico de OHL México, Jesús Campos. http://www.proceso.com.mx/?p=421719
La CFE recordó este jueves la difusión de un boletín fechado el pasado 31 de marzo en el que informó que el consorcio conformado por Senermex Ingeniería y Sistemas SA de CV, Sener Ingeniería y Sistemas SA, IEPI México SA de CV, y OHL Industrial SL., “ofertó la mejor propuesta técnica y económica” en la licitación de la Central de Ciclo Combinado Empalme I.
Agregó que “como lo dice la propia nota, la oferta de Iberdrola, que quedó en segundo lugar en la licitación, era casi 100 millones de dólares más cara que la de OHL”.
La dependencia añadió que dicha licitación “fue supervisada por Transparencia Mexicana como testigo social en un proceso transparente y competitivo”.

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Directores de Pemex y CFE habrían intervenido para otorgar obra a OHL


Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Viernes 27 de noviembre de 2015, p. 31
 
 
Dos audios filtrados y difundidos en Internet exponen la presunta intervención de los directores generales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilio Lozoya y Enrique Ochoa, respectivamente, a favor de OHL México en la adjudicación de un contrato millonario para la construcción de la Central de Ciclo Combinado Empalme 1, con un resultado favorable a la filial mexicana de la constructora española.
Estas grabaciones se dan a conocer tan sólo a tres días de que el director de CFE, Enrique Ochoa Reza, presente su libro titulado Para entender la reforma eléctrica en la Feria Internacional del Libro (FIL), en Guadalajara, Jalisco.
Las grabaciones difundidas en YouTube como en otras ocasiones en las que se exhibe la presunta complicidad de funcionarios de diferentes órdenes de gobierno aparentemente corresponden al 31 de marzo, fecha en que coincidentemente se dio a conocer el fallo de la licitación para la construcción de la referida central, en la que OHL presentó una propuesta ganadora por 476 millones de dólares con la que resultó técnicamente solvente y alcanzó el puntaje más alto, con 99.6565 puntos de 100 posibles, resultado de la valoración técnica y económica.
En las grabaciones difundidas se escucha una doble conversación sostenida el pasado 31 de marzo entre el presidente de OHL México, José Andrés de Oteyza, y el director técnico de OHL México, Jesús Campos.
José Andrés de Oteyza dice: “Esto lo arreglé yo en gran medida el jueves en la noche con (Emilio) Lozoya, y el viernes hablé directamente con (Enrique) Ochoa. Directamente porque me lo arregló Emilio […] O sea le pedí a Emilio, se lo expliqué, Emilio habló y luego hablé yo directamente con Ochoa. Entonces ya sabía yo que estaba… bueno hasta el último siempre se puede caer […] se puede caer, pero teníamos una gran, pero una enorme posibilidad de ganar […] si no, nos mata Iberdrola. Iberdrola en este terreno es un competidor muy peligroso”.
Se hizo una gran labor entre jueves y viernes, dice Oteyza a Campos, según la grabación filtrada, mientras le explica que el tema ya no era técnico, sino de otra índole y lo peleamos muy bien.
Se portó muy bien eh, el primero que te dije, bueno, no se puede portar mejor, es un señorón, y además a mí de veras no sabes cómo me quiere y qué buena relación tenemos; pero me echó una mano brutal con el otro y el otro también estuvo particularmente caballeroso y bien pero muy bien .
El presidente de la filial de la empresa española en México señala que tenían una alta posibilidad de ganar, pero admite que Iberdrola era una fuerte competencia y con una buena propuesta. El presidente de Iberdrola, que se llama (José Ignacio) Sánchez Galán, es un tipo tremendo.
Estas nuevas grabaciones se suman a una serie de filtraciones difundidas desde el pasado 6 de mayo, cuando OHL fue involucrada en un aparente fraude para el cobro de las tarifas del Viaducto Bicentenario, en el estado de México.
Además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició un procedimiento en contra de la filial de la española OHL y ésta recurrió a un amparo.
Ayer por la tarde, Pemex rechazó las acusaciones y aseguró que el director general de Pemex nunca ha abordado ni gestionado temas de licitaciones públicas con funcionarios de OHL o de otras empresas y mucho menos en asuntos que no son de su competencia, como los contratos de la CFE.
“Sin pronunciarnos sobre la veracidad de las grabaciones, deploramos el uso del nombre del director general de Pemex para abonar a intereses personales que desconocemos. El señor De Oteyza ha hecho gala de supuestas reuniones o intervenciones a favor de la empresa OHL que jamás ocurrieron.
Por su parte, la CFE aseveró: “Es absolutamente falso que el director general de CFE, Enrique Ochoa Reza, se haya reunido el viernes 27 de marzo de 2015 con José Andrés de Oteyza.
“También es totalmente falso que la licitación para el proyecto Central de Ciclo Combinado Empalme I haya estado ‘arreglada’”.
Dicha licitación, dijo, fue supervisada por Transparencia Mexicana como testigo social en un proceso transparente y competitivo.

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Pemex acusa al presidente de OHL de presumir gestiones “que jamás ocurrieron”

El director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Foto: Víctor Hugo Rojas
El director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Foto: Víctor Hugo Rojas
MÉXICO, DF (apro).- Petróleos Mexicanos (Pemex) acusó al presidente de OHL, José Andrés de Oteyza, “de hacer gala de supuestas reuniones o intervenciones” a favor de la compañía “que jamás ocurrieron”.
Después de que fueran difundidos un par de audios que exhiben la presunta intervención de los directores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilio Lozoya y Enrique Ochoa, a favor de OHL México, la paraestatal respondió en un comunicado:
“Exhortamos, una vez más, a cualquier persona que tenga pruebas de actos irregulares a presentar las denuncias correspondientes ante la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública en Pemex”.
En una doble conversación presuntamente sostenida el pasado 31 de marzo entre José Andrés de Oteyza y el director técnico de OHL México, Jesús Campos, se escucha al primero presumir:
“Esto lo arreglé yo en gran medida el jueves en la noche con (Emilio) Lozoya, y el viernes hablé directamente con (Enrique) Ochoa. Directamente porque me lo arregló Emilio (…) O sea le pedí a Emilio, se lo expliqué, Emilio habló y luego hablé yo directamente con Ochoa. Entonces ya sabía yo que estaba… bueno hasta el último siempre se puede caer, (…) se puede caer, pero teníamos una gran, pero una enorme posibilidad de ganar (…) si no, nos mata Iberdrola. Iberdrola en este terreno es un competidor muy peligroso”.
A continuación se reproduce de manera íntegra el comunicado de Pemex:
“En relación con la nota publicada hoy en el portal de Proceso sobre la difusión de una serie de supuestas grabaciones del presidente de OHL, José Andrés de Oteyza, es importante precisar lo siguiente:
“El director general de Pemex nunca ha abordado ni gestionado temas de licitaciones públicas con funcionarios de OHL o de otras empresas y mucho menos en asuntos que no son de su competencia como los contratos de la CFE, tal y como lo hacen suponer dichas grabaciones.
“Sin pronunciarnos sobre la veracidad de las grabaciones, deploramos el uso del nombre del Director General de Pemex para abonar a intereses personales que desconocemos. El señor De Oteyza ha hecho gala de supuestas reuniones o intervenciones a favor de la empresa OHL que jamás ocurrieron.
“Exhortamos, una vez más, a cualquier persona que tenga pruebas de actos irregulares a presentar las denuncias correspondientes ante la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública en Pemex”.

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Exigen castigo a responsables de la represión del #20NovMx

Exigen la liberación de los detenidos el #20NovMx. Foto: Alejandro Saldívar
Exigen la liberación de los detenidos el #20NovMx.
Foto: Alejandro Saldívar
México, D.F. (apro).- Víctimas directas e indirectas de la represión policiaca del 20 de noviembre de 2014 en esta ciudad durante las protestas por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa interpusieron denuncias penales y administrativas para exigir la reparación del daño y castigo a los responsables.
A través de la agrupación denominada Compas DH, cinco de los 11 ciudadanos detenidos, así como los defensores de derechos Humanos Layda Negrete y Juan Martín Pérez, víctimas de la agresión, presentaron denuncias por abuso de autoridad, detención ilegal, tortura, uso ilegítimo de la fuerza y falsedad de declaraciones.
Los cinco activistas que fueron detenidos y procesados por tentativa de homicidio, asociación delictuosa y motín son: Atzin Andrade, Hugo Bautista, Isaac Domínguez, Luis Carlos Pichardo y Tania Damián.
Con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y el acompañamiento de académicos e intelectuales como Denisse Dresser, Lorenzo Meyer, Luis González Placencia y Lydia Cacho, los denunciantes demandaron el esclarecimiento de los hechos en los que participaron efectivos de la Policía Federal, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal y, según algunos testimonios, del Ejército mexicano.
También exigieron determinar las responsabilidades de los servidores públicos involucrados en el diseño del operativo, así como la reparación de daño.
Margarita Griesbach, directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos Humanos de la Infancia (ODI), recordó que en el proceso penal que se siguió a los 11 inculpados –remitidos por la Procuraduría General de la República (PGR) a los penales de máxima seguridad de Perote y Nayarit –, “cinco policías federales declararon que los detenidos se llamaban entre sí ‘compas’ y que eso los hacía cómplices, que habían sido detenidos frente al Palacio Nacional, que formaban parte de un grupo de 40 personas y que estaban tratando de asesinar a un policía”.
No obstante, dijo, las acusaciones cayeron cuando se demostró que las detenciones ocurrieron en distintos sitios al señalado.
“Es una estrategia que va más allá de cinco policías que decidieron detener arbitrariamente y fabricar delitos. Un punto fundamental es establecer responsabilidades más allá de estos servidores públicos”.
De acuerdo con Griesbach, se trata de una estrategia que también se aplicó en manifestaciones “que se ubican entre 2012 y 2014 en contra de acciones de esta administración: del 2 de octubre, 1 de diciembre y las relacionadas con Ayotzinapa”.
Y precisó que si hay voluntad del Estado, el asunto se va a esclarecer sin ningún problema.
“En la denuncia se piden garantías en términos de satisfacción, que muchas veces se considera un monumento, una disculpa pública, nosotros lo entendemos. Como el derecho a la verdad, tiene que ver con un esclarecimiento de cómo sucedieron los hechos, el reconocimiento de que no fueron acciones de unos servidores públicos actuando por la libre, necesitamos saber cómo se organizó, cómo se planeó, y esa verdad constituye una pieza indispensable para garantías de no repetición”, añadió.
Las denuncias fueron presentadas el pasado viernes 20 en la PGR, pero también ante la Secretaría de Gobernación (por reparación administrativa), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Comisión Nacional de Seguridad, y a nivel local ante la SSP capitalina, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaria General de Gobierno.
En las querellas se reproduce el contexto en que se han desarrollado las manifestaciones durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y la respuesta violenta de los cuerpos policiacos federales y del DF, así como el testimonio de cinco de los detenidos esa noche, y el de Juan Martín Pérez y Layda Negrete.
Como pruebas de la política represiva en la ciudad a partir de 2012, se incluyó la recomendación 7/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y actas circunstanciadas de la quejas presentadas ante ese organismo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los hechos ocurridos el 20 de noviembre de 2014.
Destacan también los protocolos de operación de las corporaciones policiacas que participaron en la represión, la inspección de las videograbaciones captadas por las cámaras de la SSP del DF, así como los certificados del estado de salud de los detenidos, elaboradas por los visitadores de la CNDH y la CDHDF.
Y además de las resoluciones judiciales, los denunciantes ofrecen como pruebas videos grabados por particulares referentes a las detenciones ocurridas en aquella ocasión, así como notas periodistas.
Luis Carlos Pichardo, uno de los manifestantes que fue detenido y posteriormente liberado el 29 de noviembre del año pasado, habló del miedo que sufrió cuando él y sus compañeros fueron “incomunicados, golpeados, amedrentados y humillados”.
Dijo que aún recuerda las patadas que le propinaron “elementos del Ejército y de la Policía Federal, que al golpear decían: ‘tienes miedo, tienes miedo’”.
Luego de señalar que fueron vulnerados sus derechos, incluso “nuestras necesidades fisiológicas”, además de que “fuimos señalados como delincuentes”, Pichardo relató que decidió apoyar la iniciativa de Compas DH porque “lo que se está necesitando en este país es justicia y para que eso que sufrimos no vuelva a suceder”.
Por su parte, Juan Martín Pérez García sostuvo que la represión del 20 de noviembre del año pasado “pretendía trastocar la solidaridad a la que fuimos convocados por los hechos de Ayotzinapa, que no cabe duda pasarán décadas y seguirá siendo una herida para México”.
A un año de los hechos, cuando en las redes sociales y medios de comunicación se publicó una imagen de Pérez García tratando de proteger a su familia de los golpes de granaderos, éste manifestó que con las querellas presentadas se busca “que no quede en el olvido lo ocurrido esa noche, que no nos conformemos con lamernos las heridas para estar listos para la siguiente agresión del Estado. Lo que se requiere es que se investigue, aunque sea a través de la máquina podrida del Estado mexicano”.

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"Diálogo o confrontación", los maestros disidentes deben escoger, advierte Nuño

Juan Carlos Miranda y Susana González
 
Periódico La Jornada
Viernes 27 de noviembre de 2015, p. 19
El gobierno federal está listo para transitar por el camino que los maestros opuestos a la implementación de la reforma educativa deseen, ya sea el diálogo o la confrontación con un gobierno firme en la aplicación de la ley, advirtió el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer.
Hay dos caminos y ellos tienen la opción de escoger por cuál quieren transitar: el de seguir rechazando la reforma educativa, seguir dejando a los niños sin clases, no irse a evaluar y querer presionar a los maestros que sí se evalúan, en cuyo caso van a encontrar un gobierno muy firme en la aplicación de la ley, o el de aceptar la reforma educativa y caminar juntos en su implementación, sostuvo.
Durante su participación en la Reunión anual de industriales 2015, organizada por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el funcionario señaló que quienes rechazan la reforma son una minoría, sólo los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes no quieren perder sus privilegios.
Nuño aseguró que la reforma educativa da mucho espacio para que en la forma en la que la implementemos se adapte a las diversas realidades regionales que tiene el país, particularmente para los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que son los que más la necesitan.
Durante su ponencia, el responsable de Educación Pública señaló que sería un paso gigantesco en la calidad de la educación en México si se lograra que cuando los niños terminen la educación primaria por lo menos dominen el español y las matemáticas.
El objetivo, dijo, es que los estudiantes dominen las matemáticas a nivel primaria y en materia de español entiendan lo que leen, que sepan escribir y redactar con propiedad, sin faltas de ortografía y con una redacción adecuada, y que tengan una buena expresión oral, con un nivel de vocabulario suficiente para su edad.
No es sano que en la educación primaria haya demasiados temas. Ya después, en secundaria y en prepa, los conocimientos se amplían, pero yo creo que sería un error estratégico que desde muy chicos los llenemos de contenidos y no concentrarnos en estos dos temas, sostuvo.
El presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, dijo que uno de los temas de mayor interés del sector industrial es profundizar la vinculación entre los centros de trabajo y la academia, y adelantó que los industriales presentarán un programa a la SEP para fortalecer la colaboración conjunta y seguir trabajado en la materia.

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Maestros cachirules aplicarán evaluación docente en Oaxaca

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En Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, técnicos instalan las computadoras para la realización de la evaluación docente del sábado 28 de noviembreFoto Cuartoscuro.com
Jorge A. Pérez Alfonso
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 27 de noviembre de 2015, p. 18
Oaxaca, Oax.
Los gobiernos federal y estatal han contratado maestros cachirules para que apliquen la evaluación docente el próximo 28 de noviembre, en lugar de los profesores oaxaqueños, denunció Erangelio Mendoza González, quien fue dirigente de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en el periodo 1992-1995.
Mendoza González ofreció ayer una conferencia de prensa junto con los ex secretarios generales de la sección 22 Aristarco Aquino Solís (1989-1992) y Luis Fernando Canseco Girón (1995-1998), en la que dieron a conocer una declaración política.
En el encuentro, realizado en el edificio histórico de la sección 22, participaron también los ex secretarios de organización de esa gremial Gabriel López Chiñas, Ezequiel Rosales Carreño y Fredy Rosado.
Mendoza González dijo que en Oaxaca es evidente el fracaso de la evaluación magisterial, motivo por el cual, agregó, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha echado mano de grupos priístas para que sean ellos quienes presenten la prueba y simulen su éxito.
Señaló que ante el rechazo de los profesores del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca a la evaluación, el gobierno ha militarizado la entidad a fin de sembrar el pánico en los maestros y obligarlos a presentar los exámenes, pero ha fracasado en el intento.
Calificó de mentira la afirmación del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, y de funcionarios federales de que se ha recuperado la rectoría de la educación. Acusó que el objetivo de dichos señalamientos es denostar al movimiento magisterial a fin de erradicarlo.
Nunca el magisterio oaxaqueño, nunca la sección 22 ha llevado la rectoría de la educación, nunca, y las finanzas ellos (gobierno estatal) siempre las manejaron, puntualizó Mendoza González.
Los ex secretarios generales y ex secretarios de organización de la sección 22 denunciaron una fuerte campaña de los gobiernos federal y estatal contra el movimiento democrático surgido hace más de 30 años.
Para ello, sostuvo, las autoridades se valen de la denostación, detenciones arbitrarias y la militarización del estado, todo con el objeto de privatizar la educación pública mediante la imposición de la reforma educativa y la evaluación docente.
En la declaración política, leída por Aquino Solís, los ex líderes de la sección 22 expusieron: hoy la estrategia es de exterminio político para imponer y llevar hasta las últimas consecuencias la mal llamada reforma educativa, cuyo componente central, la evaluación del desempeño docente, tiene el claro propósito de violentar nuestros derechos laborales, profesionales y sindicales.
Demandaron la reinstalación de las mesas de diálogo para resolver la problemática educativa que impera en el país, pero un diálogo verdadero, inmediato y sin condicionamientos, con la finalidad de lograr acuerdos en favor de la educación y dejar atrás las políticas gubernamentales de imposición aplicadas hasta ahora.
Por su parte, el partido Morena entregó en la oficina del gobernador un oficio en el que se le pide recapacitar en su posición hacia la reforma educativa, por tratarse de una reforma administrativa y laboral.

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Padres de los 43 instalan plantón indefinido a unos metros de Los Pinos

Marchan a 14 meses de la desaparición de los 43 normalistas. Foto: AP / Eduardo Verdugo
Marchan a 14 meses de la desaparición de los 43 normalistas.
Foto: AP / Eduardo Verdugo
MÉXICO, DF (apro).- A 14 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus padres y familiares instalaron un plantón en el Paseo de la Reforma, a unos metros de la residencia oficial de Los Pinos, y advirtieron que no lo levantarán hasta que las autoridades les presenten al nuevo equipo de investigación del caso.
El llamado “Plantón por la Dignidad y la Resistencia” quedó instalado en la banqueta del cruce entre Reforma y la calle Chivatito, que desemboca a la residencia presidencial, al término de la marcha para recordar la agresión y desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres, aclaró que no se irán hasta que el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y la procuradora general de la República Arely Gómez conformen al equipo técnico y nombren al nuevo fiscal para reanudar la investigación y tratar de dar con el paradero de los jóvenes.













También exigió que este equipo “profundice las nuevas líneas de investigación” e informe a los padres de los avances de la misma.
“Vamos a estar varios días en plantón, vamos despacio porque vamos lejos”, dijo. Además, informó que abrirán centros de acopio en solidaridad con los padres de familia para mantener el plantón de resistencia.
“No vamos a permitir que desplieguen una campaña de desprestigio contra el movimiento y la normal de Ayotzinapa”, advirtió.
“Que se abran los cuarteles”
Durante el mitin que siguió a la marcha, los padres de los 43 denunciaron el asesinato de cuatro integrantes de la policía comunitaria esta mañana en Tixtla, Guerrero, por hombres armados.
María de Jesús expresó su enojo contra el gobierno quien, a pesar de sus promesas, “no nos ha ayudado, por eso seguiremos en pie de lucha, una lucha justa… Recordamos a nuestros hijos siempre, todo el día”.
Luego, le mandó un mensaje al presidente Peña Nieto: “No te creemos. No te tenemos confianza. Respeta a nuestros expertos”.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia de los normalistas, insistió en que tras el derrumbe de la “verdad histórica”, desapareció la confianza en el gobierno.
La marcha estuvo encabezada por una comitiva de padres de los 43 que, como desde la primera manifestación, llevaban fotografías de sus hijos. A las cinco de la tarde arrancó desde la glorieta del Ángel de la Independencia y recorrió el carril derecho del Paseo de la Reforma, rumbo a Los Pinos.
Detrás de los padres caminó la generación de recién ingresados de la normal rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, seguida de integrantes de organizaciones sociales, maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y miembros de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, así como un contingente de pobladores de Atenco que, con machetes en alto, gritó consignas de repudio a Enrique Peña Nieto y de solidaridad con los normalistas desaparecidos.













Organizaciones sociales y políticas, así como grupos de ciudadanos sin bandera cerraron la marcha. Esta vez la comunidad estudiantil prácticamente no acudió a la manifestación.
Mientras caminaban, los padres de los 43 resaltaron los mensajes de dolor y enojo contra el gobierno, pero también reafirmaron su determinación a continuar sus movilizaciones, tal como lo repiten de manera incansable desde hace 14 meses.
“Ya basta de impunidad, queremos volver a casa con nuestros hijos”, dijo con la voz quebrada la madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, quien tenía 19 años al momento de su desaparición forzada.
“No somos narcotraficantes, como lo dice el gobierno”, aseveró por su parte un normalista.
En la marcha también hubo espacio para rechazar la represión contra los profesores de la CNTE que se oponen a la evaluación.
A las 18:20 horas la manifestación penetró en los primeros 100 metros de la calle Chivatito hasta que se topó con rejas de hierro flanqueadas por decenas de granaderos.
Mientras el mitin se desarrollaba, un pequeño grupo de encapuchados se acercó a las rejas y, debajo de una bandera negra marcada con el símbolo anarquista, gritó mensajes de repudio al Estado.
Ante la escasa participación de manifestantes –a diferencia de las marchas que iniciaron el movimiento el año pasado–, un normalista dijo que “sabemos que muchos no nos pudieron acompañar hoy”, pero aclaró que durante los recorridos en los estados acude mucha gente a mostrarles su apoyo.
Todavía el pasado 26 de septiembre, decenas de miles marcharon del Ángel al Zócalo capitalino y llenaron la Plaza de la Constitución para protestar contra las inconsistencias y la ausencia de resultados de la investigación oficial, a un año de los hechos.
Tres semanas antes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer su informe que exhibió las múltiples fallas en la “verdad histórica” que presentó el gobierno federal a finales del año pasado en voz de del exprocurador Jesús Murillo Karam.

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Marchan en tres estados para exigir la presentación con vida de los normalistas


Sergio Ocampo, Rubicela Morelos y Ernesto Martínez
Corresponsales
Periódico La Jornada
Viernes 27 de noviembre de 2015, p. 11
 
Al cumplirse ayer 14 meses de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzianapa, cientos de personas efectuaron manifestaciones en Guerrero, Morelos y Michoacán para demandar a los gobiernos federal y estatal la investigación de los hechos y la presentación con vida los alumnos.
Integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, además de estudiantes de Ayotzinapa, realizaron en Chilpancingo la Marcha de las antorchas.
Los contingentes partieron del norte de la capital, recorrieron calles de la ciudad y arribaron al zócalo, donde llevaron a cabo un mitin nocturno.
En Cuernavaca, Morelos, cientos de integrantes de organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y magisteriales marcharon de El Calvario al centro de la ciudad para exigir la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos por policías de Iguala e integrantes del crimen organizado.
José Martínez Cruz, vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos, subrayó que el Estado mexicano, que encabeza el priísta Enrique Peña Nieto, no ha esclarecido por qué los uniformados y criminales se llevaron a los 43 normalistas.
El portavoz pidió a los asistentes sumarse al plantón que este jueves instalaron los padres de los 43 estudiantes en las inmediaciones de Los Pinos, en la ciudad de México, para exigir que les devuelvan con vida sus hijos.
Unos 700 alumnos de las ocho escuelas normales de Michoacán marcharon de Casa de Gobierno al centro histórico de Morelia para demandar la aparición de 43 de sus compañeros. La manifestación –a la que se sumaron integrantes de organizaciones indígenas y algunos maestros– empezó a las 16 horas.

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Caso Ayotzinapa: Entregarán bitácoras de vuelos de septiembre de 2014

Enrique Galindo, Comisionado General de la Policía Federal. Foto: Miguel Dimayuga
Enrique Galindo, Comisionado General de la Policía Federal.
Foto: Miguel Dimayuga
México, DF (apro).- El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, y el comisionado de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo, entregarán a los diputados de la comisión especial de Ayotzinapa las bitácoras de vuelo del mes de septiembre de 2014, pues los legisladores no descartan la hipótesis de que los jóvenes hayan sido arrojados al mar.
Al entrevistarse con los integrantes de la comisión, tanto Sales como Galindo relataron los motivos por los cuales la PF no intervino en los hechos, e insistieron en que los agentes federales no participaron en la desaparición de los normalistas.
A pesar de ser un punto de trasiego de la goma de opio, la ciudad de Iguala nunca fue prioridad para la PF en septiembre de 2014, por ello sólo movilizó seis elementos la noche en que estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados y otros desaparecidos, sostuvo Galindo.
Durante el encuentro el comisionado Renato Sales se comprometió a entregar las bitácoras de los vuelos, pues la diputada del PRD, Cristina Gaytán, señaló que no podían descartar la hipótesis de que los jóvenes hubieran sido arrojados al mar desde aviones o helicópteros.
En su relato, Galindo sostuvo que él se enteró de los acontecimientos entre las 22:30 y once de la noche, pues ellos no tenían integrantes en el C-4 de Iguala.
Ante los cuestionamientos de las legisladores, en especial la presidenta y miembro del PAN, Guadalupe Murguía; Aracely Damián, de Morena, y la perredista Cristina Gaytán, quienes recordaron a Galindo que desde las siete de la noche se supo que uno de los camiones pasó por la caseta en donde había dos elementos de la PF, acerca de diferentes señalamientos de que sí participaron en los hechos, el comisionado respondió que sólo “eran versiones”, pero que “no hay un solo indicio que muestre su participación”.
El comisionado de la PF reiteró que sus elementos acudieron a auxiliar a los jóvenes del equipo de futbol Los Avispones, y hasta ese momento no sabían de otros ataques en la ciudad de Iguala.
También insistió en que no pudieron enterarse antes porque ellos no tenían en ese momento gente en el C-4 de Iguala, aunque sí en el de Acapulco. Lo anterior, añadió, porque Iguala era considerada la ciudad más tranquila de la entidad, donde “no pasaba nada”.
Algunas legisladoras cuestionaron esas declaraciones, pues le recordaron al funcionario federal que Iguala es una zona de trasiego de la droga que se siembra en la sierra guerrerense. En ese momento, el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, aprovechó para comentar sobre las versiones del quinto camión y la posibilidad de que estuviera “cargado” de estupefacientes.
Como se recordará, el 6 de septiembre pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH destacó la versión de que los jóvenes hubieran “tomado” por error un camión cargado de droga, lo que habría motivo la saña del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa.
Al respecto, Sales comentó que ninguno de esos camiones “llegaba hasta la frontera”, con lo que cuestionó la hipótesis del GIEI. Aunque lo que no estableció el comisionado de Seguridad Nacional es que la versión completa es que alguno de esos camiones llevaba la droga y se trasladaba a otro camión en otro punto del país, y luego a otro, así hasta llegar a la frontera.
La presidenta de la comisión, Guadalupe Murguía, insistió en recibir una explicación válida que pudiera justificar la no intervención de la PF, a lo que el comisionado Enrique Galindo respondió que se trataba de “delitos del fuero común”, por lo que no había motivo para su participación.
La legisladora panista se molestó con la respuesta, por lo que aclaró al funcionario que al haber armas de alto calibre, de uso exclusivo del Ejército, ya había un delito federal que perseguir, y ellos sí debieron haber intervenido en auxilio de los estudiantes.
Galindo dijo en su defensa que en ese momento “los infractores, quienes se robaban los camiones, eran los estudiantes; además de que la policía local les decía que no pasaba nada”.
Al igual que los representantes del Ejército, como el titular de Derechos Humanos de las fuerzas armadas, la PGR, el Cisen y la propia Segob, el encargado de la PF se escudó en lo que les reportaba la policía local. Por tanto también habrían sido “engañados” por la corporación de Iguala, pues –justificó—“nosotros le creímos a la policía”.
En el mismo tenor que el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, Galindo dijo que “qué bueno que no le ayudamos a la policía, porque hubiéramos estado obligados a apoyarlos a ellos”.
Luego contó que su participación inició el 5 de octubre, debido a que la Secretaría de Gobernación les demandó un plan de búsqueda de los jóvenes; que se reunieron con los padres de los 43 jóvenes el 11 de ese mes, pero que hoy, en esta segunda etapa de localización, ya no han podido mantener contacto con todos los padres, pues éstos se niegan a proporcionar información sobre amigos de sus hijos.
Tanto Renato Sales como Galindo Ceballos se comprometieron a entregar los registros de las llamadas de celular realizadas entre la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, así como las bitácoras de vuelos.
El encuentro entre funcionarios y diputados fue privado y asistieron a él la presidenta Guadalupe Murguía; Víctor Silva, del PRI; Roberto Guzmán, de PRD; Cristina Gaytán, PRD, y Araceli Damián, de Morena.

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Exigen retirar el registro al Verde y que se sancione a Escobar conforme a la ley

Roberto Garduño, Enrique Méndez, Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Laura Poy, Claudia Herrera, Alma Muñoz y Claudio Bañuelos
 
Periódico La Jornada
Viernes 27 de noviembre de 2015, p. 5
Diputados y senadores de PAN, PRD y Morena, líderes de institutos políticos y representantes de esos partidos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) exigieron que se retire el registro al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y demandaron que se sancione a Arturo Escobar y Vega conforme a la ley, por los delitos electorales cometidos.
En tanto, el vocero de la presidencia de la República, Eduardo Sánchez, confirmó que se separó a Escobar del cargo de subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación la noche del miércoles, y dijo que el ahora ex funcionario tendrá que enfrentar acusaciones que habrán de dirimirse en un juzgado competente; por tanto, será un juzgador el que determine si hay responsabilidad de su parte.
Los grupos parlamentarios de PAN y Morena en la Cámara de Diputados plantearon que después de la solicitud de orden de aprehensión contra Escobar y Vega, el INE tendría que analizar retirar el registro como partido al Verde Ecologista.
Mientras, los ex dirigentes priístas que fueron acompañados por Escobar en la campaña hacia la elección pasada, César Camacho e Ivonne Ortega, consideraron que el proceso contra el ex subsecretario se reduce a un asunto personal y que ello no romperá la alianza con el PVEM.
La relación con el PRI
La relación entre el Partido Verde y el PRI es sólida, no sólo institucional, sino una buena relación personal. No está sujeta a coyunturas, declaró Camacho.
–¿La orden de aprehensión es un golpe a Gobernación? –se le preguntó.
–No hay aquí ningún efecto colateral para ninguna secretaría o persona –respondió.
El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, respaldó la actuación de la Fepade y el presidente del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth, dijo que no es prudente ni responsable hacer un posicionamiento ni personal ni político con respecto a un expediente que no se conoce, que debe guardar y debe mantener todo en sigilo; así lo establece la ley respectiva.
Ricardo Anaya, presidente del CEN del PAN, celebró que se haya separado del cargo a Escobar. Nos parece una decisión correcta de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) al haber emprendido acción legal contra el PVEM. Exigimos que se haga justicia y que el gobierno no vaya a meter las manos. Agustín Basave, presidente del PRD, pidió castigo para Escobar y que se le retire el registro al partido, el cual es sinónimo de corrupción.
El representante del PRD ante el INE, Pablo Gómez, anunció que presentará una nueva denuncia penal contra Escobar ante la Fepade por la distribución que hizo su partido de paquetes escolares y lentes en la pasada elección.
Horacio Duarte, representante de Morena, dijo que la Fepade abrió esta cloaca y eso debe llevar a replantearse la permanencia del Verde en el sistema electoral.
La voz discordante fue la de Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del PRI, quien defendió a Escobar y reconoció que su nombramiento en la Secretaría de Gobernación fue controversial, entre otras cosas por la gran animadversión que resultó el éxito de la coalición entre PRI y Verde.
Minimizó el delito que se le imputa, al señalar que Verde no hizo ninguna entrega de dinero en efectivo, sólo de una tarjeta que daba descuentos.
Francisco Gárate, representante del PAN, recordó que está pendiente la resolución del tribunal electoral sobre el registro del Verde, luego de que el INE rechazó retirarlo y consideró que fue una imprudencia e insensatez del presidente Peña Nieto invitar a Escobar como subsecretario.

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México y Panamá firman acuerdo de cooperación

De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Viernes 27 de noviembre de 2015, p. 15
La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, y la vicepresidenta de la República de Panamá y ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado, suscribieron ayer un acuerdo de cooperación para la formación de cuadros diplomáticos. El convenio se signó en el contexto de los trabajos de la quinta reunión de la Comisión Binacional México-Panamá, donde se planteó estrechar los lazos de amistad y cooperación a nivel bilateral. Ruiz Massieu entregó la condecoración y diploma de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de banda, a la vicepresidenta de Panamá, mientras ésta entregó a la funcionaria mexicana la condecoración y diploma de la Orden Vasco Núñez de Balboa, en grado de Gran Cruz, que le otorgó el gobierno de esa nación, por trabajar en el fortalecimiento de la relación entre ambos países.