lunes, 7 de diciembre de 2015

ANUEE 2015-12-07

Hoy Lunes en el SME


Desmantelamiento IMSS-ISSSTE: en riesgo pensiones y seguridad social






/Primera parte

La Convención Nacional por los Derechos a la Salud, Pensiones y Jubilaciones, Seguridad Social, Trabajo y demás Derechos Sociales, que se llevó a cabo hace unos días en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), representa un parteaguas histórico en la lucha que están emprendiendo miles y miles de jubilados y pensionados del país ante el inminente riesgo de perder los ahorros de toda una vida que debían garantizarles una vejez digna.
Es de vital importancia saber que está surgiendo un gran frente nacional que empezará a exigir al Estado poner en la mesa de los grandes problemas nacionales el tema del incierto futuro que espera a millones de mexicanos de la tercera edad, debido en gran medida al manejo irresponsable que los tecnócratas neoliberales han hecho de sus fondos para el retiro, que lo mismo han servido para financiar el creciente déficit presupuestal del gobierno federal que las “deudas corporativas” de las grandes empresas del país.
Los mismos organismos internacionales están advirtiendo del riesgo que implica la bomba de tiempo en que se ha convertido el pago de pensiones a las finanzas públicas, sobre todo porque al ceder el manejo de los ahorros de millones de trabajadores tanto del apartado “A” como ahora del “B”, el Estado otorga a los bancos la libertad de transformar su antes sentido social al de un carácter privado de riesgo mediante cuentas individuales.
Esta imprudente cesión de los millonarios recursos para las pensiones tiene postrado, y en un callejón sin salida, al Estado mexicano, que como ya es costumbre, busca indexar a la pobreza de la clase trabajadora ahora más miseria. Lo analizado por organizaciones de jubilados y pensionados del país en la pasada Convención Nacional, que en una primera etapa representaron directamente a más de 200 mil personas, dejó en claro que la situación a que se ha llegado es producto también del dócil acatamiento de los gobiernos neoliberales a los lineamientos impuestos por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en fecha reciente, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). No se ha actuado, en este sentido, en la defensa de los intereses de la clase trabajadora, sino en función de acrecentar las ganancias de la banca privada. En el mediano plazo los costos sociales pueden ser muy altos.
Los directamente afectados piden, con la ley y la razón en la mano, que no únicamente los funcionarios de primer nivel, sino también los legisladores federales, expliquen a la nación entera quiénes son los directamente responsables de poner en riesgo el derecho a un retiro tranquilo y honorable, pues resulta inaceptable que además de cobrar altas comisiones por el manejo de cuentas, los bancos jueguen en un volado el dinero, y la vida misma de millones de trabajadores.
Las reformas impuestas por los gobiernos neoliberales a los sistemas de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ahora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) han implicado demagógicos discursos en el sentido de que son necesarias para mejorar la atención médica y garantizar pensiones decorosas. De hecho, desde hace 20 años que iniciaron su operación las administradoras de fondos para el retiro (Afore) los resultados no fueron los esperados, y la atención en los nosocomios tanto del IMSS como del ISSSTE raya en un encubierto genocidio.
Tanto en las consultas externas como en urgencias, el servicio está saturado; las camas de los hospitales no son suficientes para atender a una población que empeora día a día en el nivel de su salud, pese a ser un derecho constitucional, sobre todo porque además de no obtener los medicamentos suficientes y de calidad, los exámenes y estudios tardan incluso meses en realizarse, sin mencionar el tiempo de espera para acceder a una operación.
Ejemplo de la mortal ineficiencia es el creciente número de mujeres que año con año mueren a consecuencia de cáncer cervicouterino o de mama; de forma perversa, el gobierno satura los medios de comunicación con campañas de prevención y atención temprana de estas modalidades de cáncer, pero sucede que cuando una mujer es dictaminada con el mal, el tiempo para iniciar su atención y tratamiento es muy tardado, lo que contribuye a que su problema de salud se agudice rápidamente.
Resulta ilógico que una persona deba esperar hasta 5 meses o más en acceder a sus análisis y estudios de laboratorio. Se dan casos en los que cuando una paciente empieza a ser atendida es porque ya presenta un cuadro de metástasis. Todo esto a consecuencia del gradual desmantelamiento que experimenta el sistema de salud del país desde hace más de 1 década, y que, junto con el desmembramiento del sistema de pensiones, han terminado por deteriorar la calidad en el servicio, poniendo en riesgo la vida misma de los derechohabientes.
Es necesario que quienes deberán enfrentar su vejez en condiciones de auténtica supervivencia, se enteren del porqué ante la premura de las urgencias financieras del Estado se han esfumado sus fondos para el ahorro, y con estos su patrimonio labrado en años de trabajo. El tamaño del conflicto social que se avecina es de proporciones mayúsculas si se considera que actualmente hay, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 52 millones de cuentas individuales, por lo que se estima que en la próxima década muchos de estos trabajadores se sumarán a la población de la tercera edad y se darán cuenta que sencillamente fueron esquilmados por las Afores, con el consentimiento de las propias autoridades.
Es innegable que los fondos de las pensiones para la jubilación de los trabajadores financian hoy en día 4 de cada 10 pesos de la deuda que los principales corporativos del país tienen colocada en el mercado bursátil; es decir, que hasta el primer trimestre de 2015 las Afore tenían como cartera de inversión en “deuda corporativa” unos 386 mil 200 millones de pesos, sin tomarse la molestia de preguntar a los trabajadores sobre su anuencia o no de financiar con sus ahorros a sus patrones.
De acuerdo con estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación, el adeudo global en pensiones que presenta el gobierno mexicano asciende a la estratosférica suma de 9 billones 167 mil 903 millones de pesos, lo que equivale al 69 por ciento del producto interno bruto. Y el escenario se torna más dramático para las quebradas finanzas públicas si se considera que el gobierno le debe a las Afores, o mejor dicho, al ahorro de los trabajadores, 1 billón 300 mil millones de pesos.
Es por ello que el panorama en este rubro es realmente preocupante, por lo que los acuerdos alcanzados en la Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados deberán ser la punta de lanza para iniciar un gran movimiento nacional que llame a cuentas a los directamente responsables de haber esfumado estos billonarios recursos, hurtados aparentemente de manera legal, a millones de trabajadores cuya vejez digna y tranquila está en riesgo.
Martín Esparza Flores*/Primera parte
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas 

Aprueban la Reforma para Convertirla en Empresa Público-Privada DESPEDIRÁN A LOS TRABAJADORES DE PENSIONISSSTE

*El Estado no garantizará el pago de las pensiones de los trabajadores afiliados sustituto de PENSIONISSSTE
*El Secretario de Hacienda Manejará los Fondos de Pensiones del Nuevo Organismo y Quien Vigile...Habrá Opacidad
*También será Quien Determine los Criterios de Selección, los Salarios y los Despidos de los Nuevos Trabajadores.
 
Por Antonio Peregrino Rojo

En la comisión de Hacienda de la cámara de Diputados se aprobó el martes 01 de diciembre del 2015 la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio del Estado (ISSSTE) para que el PENSIONISSSTE se convierta en una empresa con capital privado y mayoritariamente público. Pero uno de los principales problemas es que los actuales trabajadores del organismo perderán todos sus derechos laborales adquiridos y su empleo, se establece en los artículos transitorios.
Será el consejo de administración de la nueva empresa público-privada –que encabezará el secretario de Hacienda, Luis Videgaray- el que decida las nuevas contrataciones, sueldos, prestaciones, lineamientos de selección, capacitación y los despidos. Sólo falta que se apruebe por el pleno de la Cámara de Diputado lo cual podría ocurrir el martes 8 de diciembre del 2015 o el jueves 10, para que esta reforma a la ley del ISSSTE pase a la cámara de Senadores, en donde una vez que se apruebe y se publique en el diario oficial, entrará en vigor y comenzarán los despidos de los empleados de PENSIONISSSTE.
Otro grave problemas que tendrá este nuevo organismo público privado es que el estado dejará de garantizar el pago de las pensiones de los trabajadores afiliados a la afore que sustituya a PENSIONISSSTE y no se responsabilidad por ninguna pérdida de los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del estado. Actualmente la banca privada, tampoco se hace cargo de las pérdidas que reportan sobre el dinero para pensiones y jubilaciones de los trabajadores, porue se ponen a jugar en la bolsa de valores. De tal suerte que una vez que se pierdan sus recurso nadie los recuperará.
Norahenid Amezcua Ornelas, abogada especializada en materia de seguridad social en entrevista con Frecuencia Laboral: el Espacio donde los Trabajadores son la Noticia, hizo notar que tampoco se garantiza que haya manejo honesto y transparente del nuevo organismo que manejará las pensiones de casi 200 mil trabajadores, pues el organismo que se encarga de supervisar su buen manejo, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y, curiosamente, será el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien encabece a la nueva afore que sustituya a la actual dependencia pública, PENSIONISSSTE. Será juez y parte, lo cual se presta a menjos oscuros.
Denunció que actualmente PENSIONISSSTE tarda hasta medio año en afiliar a un solicitante de ingreso, por lo cual ha despertado sospechas de que bloque el acceso a esa afore, para obligar a los trabajadores a canalizar su solicitud a las afores que manejan los bancos privados, lo cual es un precedente para vislumbrar que en corto tiempo la afore público-privada en que se convertirá PENSIONISSSTE, será desmantelada, bajo el pretexto de que nadie se afilia, pero realmente no están permitiendo su ingreso.
Las y los diputados federales del PRI-PAN-Partido Verde y Nueva Alianza de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron esta reforma lesiva para los trabajadores al servicio del Estado. 

Pemex dio en garantía sus acciones de Repsol para un préstamo por 250 mdd


Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Lunes 7 de diciembre de 2015, p. 27
Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgó en garantía las acciones que todavía posee de la petrolera española Repsol YPF por un préstamo de 250 millones de dólares que deberá liquidar hacia finales de la presente administración, en 2018. Pemex aún conserva 20 millones 724 mil 331 acciones, equivalentes a una participación de 1.48 por ciento del capital social de Repsol.
Al 30 de septiembre de 2015 el valor de mercado de las 20 millones 724 mil 331 acciones de Repsol en poder de Pemex fue de 4 mil 124 millones 504 mil pesos, equivalente a 242.3 millones de dólares a un tipo de cambio vigente de 17.02 pesos por dólar.
Aunque este paquete accionario estaba clasificado como activos disponibles para su venta, el pasado 4 de agosto PMI HBV, subsidiaria de Pemex con sede en Ámsterdam, Holanda, contrató un préstamo con Banco Santander por 250 millones de dólares, con vencimiento en 2018, por lo cual fueron entregadas en garantía 20 millones 724 mil 331 acciones de Repsol, considerados activo no circulante.
De acuerdo con los informes de Pemex al cierre del tercer trimestre del año, último dato oficial disponible, esta tenencia accionaria le representó a Pemex una pérdida de 2 mil 904 millones de pesos entre enero y septiembre de 2015 por las minusvalías de estos títulos. En 2014 las mermas por esta capitalización fueron de 765 millones de pesos.
A principios del año pasado Pemex tenía un total de 53 millones 703 mil 915 acciones de Repsol YPF. El 17 de enero de 2014 PMI HBV recibió un millón 451 mil 455 acciones nuevas como pago de dividendos que fueron decretados en diciembre de 2013.
El 28 de mayo de 2014 Repsol decretó un dividendo extraordinario en efectivo equivalente a un euro por acción, cuyo pago se recibió el 6 de junio de 2014, por 381 millones 900 mil pesos.
En mayo de 2014 Pemex canceló en forma anticipada los tres swaps que mantuvo hasta el 31 de diciembre de 2013 sobre las 67 millones 969 mil 767 acciones de Repsol, por las que se tenían los derechos corporativos y económicos consolidándolos en uno solo, y el 3 de junio de 2014 canceló en forma anticipada el swap.
El 4 de junio de ese año se vendieron 36 millones 87 mil 290 acciones de Repsol propiedad de PMI HBV, a un precio de 20.1 euros por acción, previa autorización del consejo de administración de Pemex, y derivado de esta operación el resto de las acciones en propiedad de PMI HBVse reconocieron al 31 de diciembre de 2014 como activos financieros disponibles para la venta.
Pemex explicó que la decisión de desinvertir en Repsol obedece a la baja rentabilidad de esas acciones frente a otras petroleras, y a que no se materializaron los beneficios mutuos que esperaba.

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En Tres Años de Reforma Laboral IMPERAN EL SUBEMPLEO Y LOS BAJOS SALARIOS

*Por Precariedad Laboral los Trabajadores Pierden Derecho a la Salud y a la Vivienda
* Hoy los Trabajadores Sólo Pueden Adquirir el 15 por Ciento de la Canasta Básica
* Para Adquirir la Canasta Básica Obrera Completa es Necesario Trabajar 51 horas con 44 minutos
*Eliminaron el Contrato Colectivo de Trabajo de 6 Millones de Trabajadores que Engrosan las Filas del Subempleo.
*El Número de Trabajadores que están Empleados sin Seguridad Social, Aumentó a 34 Millones.


A tres años de que entró en vigor la reforma laboral en México fue eliminado el contrato colectivo de trabajo de 6 millones de trabajadores en todo el país y sus prestaciones sociales como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda digna y al aguinaldo. Además de que 63 millones de mexicanos sobreviven en el subempleo ganando bajos salarios, aseguró el doctor en economía David Lozano, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Dijo que la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores se observa en el aumento en el número de horas que deben trabajar para adquirir la canasta obrera indispensable, conformada por 35 artículos, de los cuales 27 alimentos tres artículos para el aseo personal y del hogar, gas, electricidad, agua y transporte no incluye gasto de vivienda ni renta, ni calzado, educación salud ni diversión.
"Cuando se hizo la reforma laboral esta canasta tenía un costo de 342 pesos al día. Hoy esa misma canasta cuesta 453 pesos al día. Es decir ha tenido prácticamente un incremento de casi 108 pesos. Mientras que el salario solamente ha tenido un incremento de 6 pesos con 70 centavos. Esa promesa de que con la reforma laboral iba a mejorar el ingreso de los trabajadores mexicanos y su nivel de vida, es una total farsa, en una mentira a todas luces", agregó.
Detalló que hoy los trabajadores solamente pueden adquirir el 15 por ciento de la canasta básica obrera indispensable. Lo que les obliga a trabajar 51 horas con 44 minutos para adquirir lo mínimo básico para sobrevivir con su familia. Trabajan doce horas más a la semana para sobrevivir con lo básico.
"Si lo comparamos a 1987, los trabajadores requería laborar 8 horas29 minutos, era una jornada laboral, para comprar la canasta básica obrera indispensable. Hoy el trabajador mexicano tiene que trabajar prácticamente 5 jornadas laborales para tener capacidad de compra y adquirir la canasta obrera integral. Y el día en que entró en vigor la reforma laboral, el 01 de diciembre del 2012, el trabajador tenía que trabajar 43 horas para adquirir la canasta básica".
El doctor Lozano concluyó que estos resultados son efecto de la reforma laboral que va en contra de los trabajadores, quienes están viendo afectados sus ingresos , su condición de vida y su condición laboral.
Otro efecto negativo de la reforma laboral es que el número de trabajadores que están empleados sin seguridad social, aumentó a 34 millones, que no cuentan con sistema de salud adecuado para sus necesidades.
También aumentó a 6 millones el número de trabajadores que no cuentan con contrato colectivo de trabajo y por lo tanto no recibirán pago de prestaciones como el aguinaldo. Son 3 millones y medio.El número de trabajadores que no van a recibir aguinaldo que no tendrán 20 días de pago extraordinario por ley. 

Tribunal Permanente de Pueblos urge a la refundación del país

PROCESO 


6 de diciembre de 2015
Estados
La marcha en San Cristóbal de las Casas. Foto: Especial
La marcha en San Cristóbal de las Casas.
Foto: Especial
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (proceso.com.mx).- Unas 15 mil personas, la mayoría indígenas de las diferentes regiones de Chiapas y representantes de siete estados y países de Centro y Sudamérica, se congregaron para divulgar desde esta región del sureste del país la Proclama Pública del Constituyente Ciudadano-Popular.
El orador principal del evento, el obispo de Saltillo Raúl Vera López, dijo que ahora no sólo los pueblos mayas del sureste reclaman un nuevo pacto social sino todos los mexicanos.
Desde cuatro puntos diferentes a la ciudad entraron, en marcha, con mantas y consignas, miles de indígenas tsotsiles, tseltales y de otras etnias de Chiapas para concentrarse en la plaza central de esta ciudad junto a la catedral sede de la Diócesis que encabezó por 40 años el obispo Samuel Ruiz García, quien fue recordado durante el evento.
Vera López leyó un extenso documento en el cual reseñó que el Tribunal Permanente de Pueblos (TPP) resolvió en la necesidad de la “refundación del país”.
Con todas sus denuncias y todas sus quejas de tres años ante el TPP, los pueblos de las diferentes regiones del país exhibieron al Estado mexicano que más que garantizar las garantías de sus ciudadanos garantiza pero el saqueo, la explotación y depredación de las trasnacionales, dijo Vera López.
El obispo indicó que según el TPP la situación política y social del país están cada vez más críticas y que es urgente un nuevo pacto social que “ahora no sólo reclaman los pueblos mayas del sureste sino que es todo un reclamo de los mexicanos”.
En el evento masivo a donde llegaron unos 15 mil indígenas y no indígenas, el obispo Raúl Vera López llamó a renovar el Congreso de la Unión desde una nueva Constitución popular.
Sin mencionar al EZLN, el obispo señaló que hace 21 años unos indígenas salieron de la selva para exigir un nuevo país, una nueva Constitución, un nuevo gobierno que incluyera a todos los que por 500 años fueron excluidos y marginados.
Dijo que en la Convención Nacional Democrática (CND) de agosto de 1994 se impulsó ese reclamo social de un nuevo constituyente y que hoy, 21 años después, de nuevo los mexicanos no piden ni exigen sino que impulsan la construcción un nuevo pacto social nacional.
Durante una hora que duró su discurso, Vera López insistió en que el sistema político mexicano está caduco y que es urgente que los mexicanos de todos los credos y partidos se unan en una sola voz para construir ese movimiento nacional.
Al obispo le fue entregado el bastón de mando de los pueblos indígenas de Chiapas de manos del líder indígena tseltal Lorenzo Pérez Domínguez, exalcalde del municipio indígena de San Juan Cancuc.
En el evento se leyó la proclama pública en la que se rechazaron todas las reformas a la Constitución Política Mexicana que atentan contra los mexicanos.
También se llamó a un diálogo nacional permanente para la construcción del nuevo constituyente y se pidió cerrar filas ante la embestida del Estado mexicano que se apresta al despojo de la tierra, saqueo de los recursos naturales y otras acciones que van en contra de los intereses de los que menos tienen para beneficio de las trasnacionales coludidas con los gobernantes.
Ahí hablaron representantes  de los movimientos sociales de Veracruz, Oaxaca, Yucatán, Hidalgo y de otros países como Guatemala, Costa Rica y Brasil.
Como parte de los trabajos de la Constituyente Ciudadana-Popular, ayer sábado se realizó la Segunda Asamblea Nacional, en la que se definió el plan de construcción política de la iniciativa, la organización del trabajo territorial y la redacción de la Constitución. A la asamblea asistieron representaciones de los comités locales, grupos promotores y grupos por constituirse de más de 25 estados.
Se realizó un balance de los trabajos nacionales realizados desde la primera asamblea llevada a cabo el pasado 2 de mayo, así como los retos organizativos y políticos que se presentan en el momento actual. Se trabajó en la conformación de los Comités por la Refundación Nacional, que consisten en representaciones estatales, de carácter amplio y democrático, que coordinarán el trabajo regional.
Hoy en la Plaza de la Paz en San Cristóbal de las Casas se llevó a cabo la presentación pública de la iniciativa y la ruta trazada por la asamblea.
Los organizadores locales preveían la movilización de más de 20 mil personas provenientes de diversas regiones del estado. Llegaron unas 15 mil. Participaron organizaciones campesinas, indígenas, magisteriales y comunidades eclesiales de base.
La Constituyente Ciudadana-Popular es una iniciativa de construcción de un proceso constituyente desde la ciudadanía y los pueblos, que siente las bases para la refundación de la nación. La convocatoria inicial fue hecha desde principios de 2014 por el obispo de Saltillo, Raúl Vera López.
Desde su presentación pública realizada el 5 de febrero de este año se han consolidado comités locales o grupos promotores en 18 estados: Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. También se han hecho reuniones y talleres en los que se ha presentado la iniciativa en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Coahuila, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Sinaloa y Sonora, aunque no se ha alcanzado a organizar comités.
Se han realizado presentaciones públicas con el obispo Vera en Hidalgo, Yucatán, Quintana Roo, Nayarit, Durango, Guanajuato, Puebla, Jalisco, Zacatecas, Oaxaca, Michoacán y Morelos.

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Gobiernos propician huelgas mineras de Taxco, Sombrerete y Cananea: experto


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 7 de diciembre de 2015, p. 23
Autoridades estatales y federales, así como empresarios mineros, han propiciado que las huelgas de Taxco, Guerrero; Sombrerete, Zacatecas, y Cananea, Sonora, se encuentren estancadas y sin perspectivas de solución, aunque generen problemas económicos para las regiones donde están y sus pobladores. Ningún funcionario llama a la conciliación, mientras el gobierno promueve que no hay huelgas federales, sino paz laboral.
Óscar Alzaga, abogado experto en el sector laboral, plantea lo anterior en un análisis sobre las tres huelgas mineras más largas de la historia moderna, que cumplieron 9 años el pasado mes de julio.
Según señala, en dichas huelgas, que estallaron el 30 de julio del 2007, se ha cometido el mayor número de violaciones a los derechos laborales y sindicales de los mineros mexicanos de los últimos años, y es difícil encontrar otro caso similar con tantos atropellos. En los tres casos los paros fueron declarados varias veces inexistentes y otras tantas los trabajadores lograron revertir esta sentencia.
En Cananea, las autoridades incluso inventaron la terminación de las relaciones de trabajo por causas de fuerza mayor y en cuestión de horas, sin una sola audiencia, resolvieron a favor de la empresa y avalaron las liquidaciones de los mineros, rechazadas por la mayor parte de ellos, que llevaron el caso a instancias internacionales.
En Sombrerete, Zacatecas, el juez Ricardo Guzmán concedió un amparo a Minera México y hasta declaró inconstitucionales dos artículos de la Ley Federal del Trabajo para que los patrones pudieran obtener la imputabilidad de la huelga; luego se quiso romper el paro con cerca de 300 golpeadores de la CROC; también se buscó que un sindicato charro demandara la titularidad del contrato colectivo con la compra de votos de los mineros.
Retroceso a la era porfirista
Grupo México lo ha intentado todo, menos sentarse a negociar el levantamiento de los paros. El colmo, la autoridad lo ha permitido. En tres sexenios no se logrado sentar a la empresa para encontrar una salida justa a las huelgas, que han acabado con la economía de las regiones, dijo.
En el análisis La lucha de los mineros es de todos los trabajadores de México, el abogado detalló que en estos movimientos se está destruyendo el derecho de huelga en México, haciéndonos retroceder a la era porfirista.
Sobre el mismo punto, la sección 17 de Taxco, Guerrero, expuso que no hay señales de solución e indicó que mientras la empresa ha declarado que no le interesa resolver el conflicto, en particular de esta mina porque ya estaba sobreexplotada, hay documentos que señalan que la misma tiene yacimientos de plata para 30 años más.
Para sentarse a negociar, Industrial Minera México (Immsa) puso de condición a los trabajadores que desconozcan a su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia. Lo que no va a ocurrir, afirma la sección.
Cabe referir que además de las mineras, hay otras huelgas como la de Calzado Sandak en Tlaxcala, que lleva 4 años y en la que la empresa se niega a reconocer al sindicato independiente, que encabeza Gustavo Labastida Andriano.
El dirigente señaló que la firma, que pertenece a Bata Internacional, ha tenido en todo momento a su favor a las autoridades laborales del estado de Tlaxcala, que han permitido que la empresa pase sobre todos los derechos de los trabajadores, incluso ya sacó la maquinaria, desmanteló las instalaciones, ha perseguido penalmente a los dirigentes del gremio y los ha envido a la cárcel. Ello a pesar de que hay una resolución de un juzgado para que se termine con el paro y son los directivos de la compañía los que se niegan a reiniciar labores.
Así es que sí hay huelgas en el país y son luchas a contracorriente de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de las autoridades estatales y federales, sostuvo Labastida.
  

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El Presupuesto Disminuye, el Dólar Aumenta, los Impuestos Crecen... CRÍTICO PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO 2016

*PEMEX y CFE se Desbarrancan porque los Dejan sin Recursos Prepuestales, la Precariedad Laboral Continúa...
*Pese a la Crisis Presupuestal los Salarios de los Altos Funcionarios no Bajan Reciben un Aumento.
*La desocupación se concentra entre los jóvenes entre 15 y 24 años y los adultos de 25 a 44 años.
*La participación de las remuneraciones de los trabajadores han caído al 26% del Producto Interno Bruto.

Investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM,
Miembro de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina

El presupuesto federal y los trabajadores

La política económica se expresa y concreta en la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto público y es ahí donde el neoliberalismo impide la participación de los trabajadores y del pueblo en general, al haber aprobado la Suprema Corte una reforma constitucional que impide que las finanzas públicas puedan ser sometidas a referéndum público.
En este proceso las fuerzas políticas tradicionales, los viejos partidos políticos, expresan sus débiles diferencias con el gobierno federal y redistribuyen las migajas entre sus posibles electores. El presupuesto se organiza y opera desde el corazón del poder político-económico del país, en donde los grandes capitales y los poderes fácticos imponen sus intereses.
En la nueva forma de elaboración del presupuesto denominada, base cero, el Banco Mundial ha venido a poner en orden, según ellos, las finanzas públicas de nuestro país para garantizar, decimos nosotros, el pago de la creciente deuda externa y privada.
La aprobación por el Congreso, acompañada por una superficial discusión del reparto de los dineros de la nación, se desenvuelve en la crisis de régimen que atraviesa el país desde el 26-27 de septiembre del año pasado ante la incapacidad del gobierno de hacer justicia ante la tragedia de Ayotzinapa.
Los ingresos y el presupuesto 2016
Los hacedores de la política económica nacional, aplican más que teológicamente, los principios neoliberales en busca de la estabilidad monetaria y el control de la inflación.
En este año disminuyeron el gasto público por la caída de los precios internacionales del petróleo y pasó septiembre y pasó octubre y no han informado del cobro de los seguros que compraron en 2014 para cubrirse de esa posible pérdida El peso se ha devaluado más de 30% a lo largo de este año y más del 10% de las reservas internacionales del Banco de México se han utilizado para mantener su estabilidad sin lograrlo.
Los ingresos petroleros que sostenían la tercera parte de las finanzas públicas disminuirán con la privatización y desnacionalización del sector estratégico del país.
La insuficiente reforma fiscal de la que presumen, realizada hace dos años, elevó la recaudación, haciéndola descansar más sobre los pequeños y medianos causantes que sobre los grandes capitales que siguen sin pagar impuestos y recibiendo millonarias devoluciones.
La Ley de ingresos que presentó el Ejecutivo y modificó el legislativo espera incrementar los ingresos federales, que representan cerca de la dos terceras partes del total de ingresos, en 3.6% y sobrepasarán los 3 billones de pesos. Los ingresos representarán 21.5% de la economía nacional (PIB), los petroleros que durante el auge reciente llegaron a representar 8.9% en 2012, ahora apenas si representarán 4.5 y los tributarios 12.6%, uno de los más bajos del mundo.
En la Ley de Ingresos propuesta por el legislativo, los impuestos representarán 78% de los ingresos federales y su recaudación aumentará 20%; el de la renta elevará su participación al 40% de los ingresos recibidos con un incremento en la recaudación de 14.4%. La recaudación del IVA apenas aumentará 2.2%, mientras los impuestos especiales sobre producción y consumo más del 100%; la recaudación por gasolinas y diésel para combustión automotriz, en particular, multiplicará su participación de uno por ciento al 7.2% de los ingresos ya que se multiplicará 5.7 veces: ¡Y se atreven a afirmar que no subirán los precios!, al mismo tiempo que disminuyen los impuestos a juegos con apuestas y sorteo (15.7%), los de las redes públicas de telecomunicaciones (13%) y los de las bebidas energetizantes 55%, sin importarles la salud pública de los mexicanos, particularmente la de los niños cuando la diabetes se ha convertido en un problema de salud pública en el país.
En el presupuesto propuesto por el Ejecutivo, el gasto programable se contrae 5.8% respecto al de este 2015, registrando una caída mayor en los ramos administrativos (9.9) y en las empresas productivas del Estado (11.5%), lo que anuncia no austeridad y manejo honesto de las finanzas sino un despido de miles de trabajadores.
Pemex, que concentra 13.4% de los recursos verá caer su presupuesto 14.2%, y la CFE 7.6%. Destaca la caída del presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación en 25 y 20%, respectivamente. Mientras el de la Secretaría de Defensa, prácticamente no cambiará al disminuir apenas 1.6%. Por el contrario, el poder judicial, registra el mayor incremento, de 27.5%, representando 1.5% del total del presupuesto, sin que se reconozca el colapso del sistema de justicia del país.
Por la denominada clasificación funcional, al gobierno le corresponde 6.2% del gasto programable y se contrae 11.5%. Los asuntos de seguridad nacional concentran 41.4% de sus recursos, los de orden público y seguridad interior la quinta parte y a los de justicia 18.5%. Las funciones de desarrollo social concentran 61.7% del total del gasto, y prácticamente permanecerá igual que este año, es decir insuficientes; de ellos la mayor parte van a protección social, educación y salud. Y las funciones de desarrollo económico disminuirán 14.6%, representando 28.5% del total, en las cuáles la inversión pública seguirá mostrando un funcionamiento incapaz de impulsar el crecimiento económico del país.
¿Qué significa todo esto y por qué nos debe interesar a todos los trabajadores y por qué debería ser un tema de debate nacional?
En primer lugar hay que señalar que ante la caída de los ingresos públicos en el marco de la crisis mundial del capitalismo, la caída de los precios del petróleo y en general de los precios internacionales de las materias primas, la guerra de divisas, la crisis financiera no resuelta, la ofensiva imperialista profundiza las políticas neoliberales que han descargado sobre los trabajadores y las naciones el costo de la crisis, con caída de los salarios, el desempleo y las privatizaciones.
En México, la participación de las remuneraciones de los trabajadores han caído del 40% del Producto Interno Bruto que llegaron a representar en 1981 al 26% en 2014; el salario mínimo es uno de los más bajos del mundo y apenas si tres cubrirían el costo de una canasta básica.
Entre el IV trimestre de 2012 y el II trimestre de 2015, es decir en dos años y medio del gobierno de Peña Nieto se crearon apenas 1.5 millones de puestos de trabajo al alcanzar la población ocupada un total de 50.3 millones de personas; los trabajadores por cuenta propia aumentaron 13.4% y representaron 88% de los nuevos puestos, mientras los asalariados aumentaron apenas lo hicieron 1.1% con 346 mil 875 nuevos puestos de trabajo.
Los trabajadores subordinados y remunerados apenas aumentaron 0.6% y alcanzaron 34.2 millones de trabajadores; en la manufactura se crearon 511 mil 279 puestos de trabajo y se perdieron 44 246 en la construcción. En este grupo fundamental de trabajadores se crearon 1.3 millones de puestos de trabajo con bajos salarios equivalentes hasta dos salarios mínimos, mientras se perdieron 1.5 millones de puestos de trabajo con salarios entre más de dos y hasta más de cinco salarios mínimos, al tiempo que aumentaba, en más de un millón de personas, el número de trabajadores sin acceso a las instituciones de salud ni prestaciones.
La desocupación se concentra entre los jóvenes entre 15 y 24 años y los adultos de 25 a 44 años, y entre los que tienen mayor nivel de instrucción, 42% con educación media superior y superior.
Las políticas contra la desigualdad, contra la pobreza, han dado raquíticos resultados ya que no se centran en cambios estructurales que incidan en el crecimiento del empleo bien remunerado y en el pago de impuestos del gran capital, sino en políticas compensatorias para paliar la desesperación y el hambre, a la vez que los millones de trabajadores mexicanos, indocumentados y documentados, en Estados Unidos han enviado miles y miles de millones de dólares para sostener a sus familias.
Y todo ello se acompaña de nuevas formas de asociación pública privada que entrega al capital financiero las principales actividades del país que más temprano que tarde se convertirán en deuda pública. Y ahí están los fondos más fondos financieros para la infraestructura urbana, de transporte e industrial, y ahora para la educativa.
La política económica muestra así que el presupuesto de base cero conlleva la ratificación de la política neoliberal contra los trabajadores y los intereses nacionales e implica cero cambios en las políticas concentradoras del ingreso y del poder en nuestro país. 

Ciudadanos dicen “No” al Corredor Cultural Chapultepec

Consulta sobre el Corredor Chapultepec en la delegación Cuauhtémoc. Foto: Germán Canseco
Consulta sobre el Corredor Chapultepec en la delegación Cuauhtémoc.
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, DF (proceso.com.mx).- Tras contabilizarse las mesas receptoras, los vecinos de la delegación Cuauhtémoc dijeron “No” con 14 mil 201 votos al proyecto del Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa.
En tanto que los votos por el “Sí” sumaron 7 mil 893. En total, se emitieron 22 mil 370 votos.
El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) reportó que a las 21 horas se terminó de contabilizar el cien por ciento de las 75 mesas receptoras instaladas.
El IEDF registró un porcentaje de participación ciudadana de 4.827 con 276 votos nulos. Algunas personas pusieron una leyenda sobre las boletas o las dejaron en blanco; incluso tacharon las dos opciones del “Sí” y del “No”.
El IEDF precisó que 14 mil 201 personas se pronunciaron en contra de que el proyecto se desarrolle sobre la avenida Chapultepec, en su tramo de Lieja a la Glorieta de Insurgentes.
Estos resultados serán determinantes para la decisión que tomará la administración pública local respecto de las acciones para la avenida Chapultepec, en el tramo entre Lieja y Glorieta de Insurgentes.
La consulta de este domingo reportó irregularidades como acarreo y compra de votos.
Sin embargo, el consejero Carlos González reportó saldo blanco durante la jornada y agregó que esta consulta deja un precedente en actos democráticos.
Los consejeros dieron seguimiento a 60 incidentes que se presentaron durante la consulta que se realizó de las 9 de la mañana a las 17 horas.
Este domingo los ciudadanos con credencial para votar vigente con domicilio en la delegación Cuauhtémoc debieron contestar “Sí” o “No” a la pregunta “¿Debe o no realizarse el proyecto del ‘Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa, en el tramo comprendido entre Lieja y la Glorieta de Insurgentes’?”
El proyecto consiste en un parque lineal de dos pisos que irá desde Metro Chapultepec a Metro Insurgentes que además incluye áreas verdes, culturales y comerciales con el fin, según las autoridades capitalinas, de renovar e impulsar la avenida Chapultepec y la Zona Rosa.

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Niegan amparo a líderes de la sección 22; presentarán recurso contra formal prisión


Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Lunes 7 de diciembre de 2015, p. 20
Los cuatro líderes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) detenidos el 30 de octubre pasado en Oaxaca, presos en un penal de alta seguridad y sujetos a prisión por diversos delitos federales considerados graves y sin derecho a la libertad provisional bajo fianza, iniciaron una estrategia de defensa encaminada a demostrar que fueron víctimas de privación ilegal de la libertad, tortura y desaparición forzada.
Sus abogados presentaron una demanda de amparo contra lo que denominan la inminente desaparición forzada de personas, pero el recurso de protección constitucional fue rechazado por un juez federal.
Lo anterior no significa que los maestros ya no tengan medios de defensa, pues ahora podrán alegar la inconstitucionalidad e ilegalidad del auto de formal prisión en una nueva demanda de garantías.
José Luis Evaristo Villegas, juez quinto de distrito de Oaxaca, admitió el amparo presentado por Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez y Roberto Abel Jiménez García, quienes están presos en el penal federal del Altiplano.
De inicio, el juez les concedió una suspensión de plano que no modifica la situación legal de los miembros de la CNTE, y además comisionó a un actuario para que acuda ante distintas autoridades judiciales y ministeriales para que informen oficialmente sobre el paradero de los detenidos.
Sin embargo, después de varias semanas de revisar la petición de amparo, el juzgador sobreseyó el juicio (es decir, lo desechó al encontrar una causal de improcedencia), debido al cambio de situación jurídica, ya que ahora enfrentan auto de formal prisión.
A Orozco Matus le imputan los delitos de motín, daño en propiedad ajena contra el consumo y riqueza nacional, por su presunta implicación en la toma de la junta de distrito de Tehuantepec y de la refinería de Pemex en Salina Cruz, el primero de junio pasado.
Nazariega fue encarcelado por robo agravado, delitos contra el consumo y riqueza nacional y daño en propiedad ajena, por la presunta sustracción de 10 mil libros de texto gratuito de la SEP y actos vandálicos en la sede de la octava Región Militar.
Picaso está acusado de robo, por la supuesta sustracción de los libros, y Jiménez García fue acusado en el fuero común de robo calificado, presuntamente por apropiarse de componentes de cámaras del C-4 del gobierno de Oaxaca, cuyo costo es de 531 mil pesos.

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Odebrecht, perseguida en Brasil, consentida en México

PROCESO 


5 de diciembre de 2015
Destacado
Pobladores de municipios cercanos a la cuenca del Río Pescados, en Veracruz, protestan por el proyecto de hidroeléctrica, que el consorcio trasnacional Odebrecht pretende construir en la zona. Foto: Yerania Rolón
Pobladores de municipios cercanos a la cuenca del Río Pescados, en Veracruz, protestan por el proyecto de hidroeléctrica, que el consorcio trasnacional Odebrecht pretende construir en la zona.
Foto: Yerania Rolón
El gigantesco consorcio brasileño Odebrecht ha actuado “como un cártel” en su país de origen y en otros de América y Europa. México no es la excepción, pero aquí el gobierno federal –al contrario que en otras latitudes– no sólo la consiente con contratos multimillonarios sino que le ofrece la posibilidad de realizar negocios con toda opacidad y una trinchera desde la cual hacerse fuerte mientras enfrenta investigaciones en otros sitios. Y las baterías del emporio sudamericano están enfocadas en Pemex.
MÉXICO, DF (Proceso).- Marcelo Odebrecht, heredero de una de las trasnacionales de la energía y la construcción más grandes de América Latina, está preso. Enfrenta en Brasil una serie de procesos por el presunto pago de sobornos para obtener contratos, algo que ya motivó la apertura de investigaciones en otros seis países. No es el caso de México, donde su empresa se consolida en el sector energético con opacidad y gracias a grandes beneficios concedidos por el gobierno.
Con presencia en el país desde 2005, cuando se le asignó la reconfiguración de una refinería, el despegue de la empresa en México se inició en 2011. Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) subastó el proyecto denominado Etileno XXI, en Nanchital, municipio colindante con Coatzacoalcos, en Veracruz, para que construyera y operara un megadesarrollo petroquímico a través de la subsidiaria Braskem, en sociedad con la mexicana Idesa.
Previsto para inaugurarse este mes, Etileno XXI ha sido publicitado como la mayor obra en su tipo de América Latina. Su proveedor será PGPB, que le suministrará gas etano para la producción de etileno, polietileno, polipropileno y otros derivados, con precios y contraprestaciones que permanecen ocultos.
El proyecto de Nanchital no es el único en el que Odebrecht participa. Otra obra opaca, considerada la inversión más grande del sector energético mexicano en décadas, es el gasoducto Los Ramones, que para la construcción de su segunda fase, contrató a la mencionada empresa brasileña, en asociación con la mexicana Arendal y la argentina Techint. Ninguna plataforma de transparencia tiene registro sobre el contrato. Sólo por comunicados se sabe que la obra –de 450 kilómetros de longitud– fue asignada por 935 millones de dólares (15 mil 573 millones de pesos).
Meses antes de conseguir dicha asignación, Marcelo Odebrecht visitó México y fue recibido en la residencia oficial de Los Pinos. El 1 de octubre de 2013, tras una reunión privada con el presidente Enrique Peña Nieto, la Presidencia de la República emitió un comunicado anunciando que la gigantesca compañía sudamericana invertiría 8 mil 100 millones de dólares (134 mil 907 millones de pesos) en el país durante los siguientes cinco años, es decir, en el resto de la administración peñanietista.
A mediados de 2014, el escándalo de los sobornos golpeó la imagen del consorcio y llevó a procesos judiciales tanto a la empresa como a su dueño, en Brasil, mientras que los gobiernos de Perú, Ecuador, Panamá, Portugal, Italia y Suiza abrieron investigaciones y auditorías sobre sus contratos, luego de que el magnate Odebrecht fuera detenido y encarcelado el pasado 19 de junio.
Fue justo el periodo del escándalo y la prisión, durante el cual la firma brasileña incrementó sus contratos en México hasta superar los 35 mil millones de pesos sin que ninguna instancia haya transparentado al menos los datos relativos a sus contratos en el sector petrolero.
Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2040, ya en circulación 

Repudian partidos que en ley de hidrocarburos se equipare protesta social con terrorismo

Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Lunes 7 de diciembre de 2015, p. 18
Los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano (MC) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados expresaron su rechazo a que la ley federal para prevenir y sancionar delitos en materia de hidrocarburos intente equiparar la protesta social con el terrorismo.
En una revisión del dictamen que la semana pasada aprobó la Comisión de Justicia, la bancada de MC sostuvo que el contenido de esa ley atenta contra el derecho constitucional de libre manifestación.
Refirió que el artículo 21 advierte que se impondrán de tres a cinco años de prisión a quienes se manifiesten para impedir la ejecución de una obra petrolera, aunque sólo se hiciera una simple oposición material sin violencia, y las sanciones se duplicarán para quienes promuevan las movilizaciones.
También, explicó, atenta contra el derecho de acceso a la información pública, porque el artículo 24 ordena que la información o datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos de personal o vehículos de asignatarios, contratistas o permisionarios en materia de hidrocarburos, serán considerados información de seguridad nacional.
Para MC, esa definición es inaceptable, pues representa un intento por legalizar la opacidad en beneficio de intereses particulares.
Consideró que es un exceso tipificar delitos en esa materia como actos terroristas, porque se modifica el artículo 139 del Código Penal Federal para incluir como agravante la generación de daños o afectaciones a la industria de los hidrocarburos.
“Esto es insostenible, porque el mismo código ya define al terrorismo como el uso de medios violentos ‘en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional’, y no existe ningún argumento para equiparar el daño a instalaciones de una industria con el terror”.
Una vez más se pretende desvirtuar y tergiversar este marco legal para beneficiar a grupos en particular, resaltó.
En tanto, el diputado Arturo Santana, del PRD, expuso que la protesta social de ninguna manera puede equipararse con terrorismo.
Si los diputados permitimos que se agrave una conducta en materia de terrorismo, con dedicatoria a proteger a las empresas, pero a costo de la libertad y del libre pensamiento ideológico de los mexicanos, estaríamos cometiendo un error, declaró.

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Sigue en aumento y sin Control LA DEUDA DE ESTADOS BENEFICIA A EX SECRETARIOS DE HACIENDA

*Guillermo Ortiz Martínez y Francisco Gil Díaz, de Banorte y BVVA Bancomer, los Mayores Acreedores.
*Otros Altos ex Funcionario que Figura en la Lista de los Acreedores son Carlos Hank Rhon y Luis Tellez.
*Será el Actual Secretario de Hacienda, Quien Sigue Endeudando al País, Quien Autorice los Préstamos en los Estados .
*La Deuda de los Estados Creció en 350 Mil Millones Pero la del Gobierno Federal se disparó en 4 billones de pesos.

Entre 2009 y 2015 la deuda de estados y municipios se disparó a más del doble, al pasar de 252 mil 153 millones de pesos a 510 mil millones a marzo del presente año. Y mientras se aplica la nueva ley que en teoría controlará el problema, sigue aumentando el endeudamiento en algunos estados como Zacatecas, en donde el gobernador está por salir y ya contrato más deuda por mil 700 millones de pesos, denunció el diputado Juan Romero Tenorio, durante la discusión que se dio el jueves 03 de diciembre previa a la aprobación en la C ámara de Diputados de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Hace exactamente un año, el 15 de diciembre del 2014 se dió la misma discusión en la última sesión del período ordinario de sesiones en el Senado de la República. Ese día se aprobaron las reformas constitucionales   en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios, entonces la deuda llegaba a 490 mil millones de pesos, así que en un año creció en 20 mil millones de pesos más.
En esa sesión el ex secretario de gobernación Manuel Bartlett aseguró que los bancos más beneficiados son aquellos donde operan ex altos funcionarios públicos, como los ex secretarios de Hacienda, Guillermo Ortíz Martínez, Francisco Gil Díaz y el ex presidente municipal de Tijuana, Baja California, Carlos Hank Rohn (hijo del finado ex gobernador del Estado de México, ex regente de la ciudad de México y líder del Grupo Atlacomulco, del que hoy es parte el presidente de la República, Enrique Peña Nieto).
Y, pese a ello, de acuerdo a la nueva ley será el secretario de Hacienda en turno, Luis Videgaray, quien surgió del Grupo Financiero Protego -que encabeza Pedro Aspe, secretario de Hacienda con los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, quien apruebe los nuevos endeudamientos.
Bartlett, aseguró que BANORTE, es el mayor acreedor de los estados y municipios, con alrededor 78 mil 455 millones de pesos y sus propietario de la familia Hank Rohn y ahí opera el ex secretario de hacienda, Guillermo Ortíz Martínez, como consejero. El director de ese banco es el hijo de Carlos Hank Rohn, quien lleva el mismo nombre de pila y primer apellido.
BBVA Bancomer, es el segundo prestamista más importante, con 58 mil 180 millones de pesos, ahí el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, funge como el primer miembro del consejo de administración.
BANCO INTERACCIONES fue mencionado por el ex secretario de gobernación como el tercer acreedor de los estados y municipios, propiedad de Carlos Hank Rhon -quien es el consejero presidente- cuya cartera de crédito a estados y municipios en los últimos 10 años se ha incrementado 17 veces. Pasó en 2013 de 40 mil 599 millones de pesos acerca de 70 mil millones de pesos para el año de 2014, señalado el pasado 6 de noviembre. Aquí aparece el ex secretario de Comunicaciones y Transportes y ex secretario de Energí, Luis Téllez Kuenzler, como Consejero Propietario Independiente. Así como el Doctor Andrés Antonius, quien fungiera como Subsecretario de Energía.
La diputada Ernestina Godoy Ramos comentó que esta deuda pasa del 2.2 al 2.9 del Producto Interno Bruto (PIB). Y 5 entidades federativas concentran el 57 por ciento del incremento observado. Puso como ejemplo el estado de Veracruz, que en 2009 tenía una deuda de 9 mil 331 millones y actualmente registra más de 40 mil millones de deuda. "Esta es tan solo una muestra del derroche y la impunidad de servidores públicos estatales, que como premio reciben consulados o son distinguidos funcionarios federales", agregó.
El diputado Juan Romero Tenorio comentó que la nueva ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios va a tardar en aplicarse, "y en lo que se aplica sigue el arca abierta para todos los servidores públicos que distorsionan y que desvían el recurso público".
El diputado Vidal Llerenas Morales opinó que con esta ley solamente se resolverá una parte muy pequeña del problema de deuda, porque seguirá el endeudamiento del gobierno federal. Precisó que de 2001 a la fecha el endeudamiento de las entidades federativas solamente ha crecido alrededor de 350 mil millones de pesos. Pero el del gobierno federal se disparó en más de cuatro billones de pesos. Es decir, el problema de la deuda pública federal es 10 veces más grave que el de estados y los municipios.
El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar remarcó que el estado de Chihuahua ocupa el tercer lugar de endeudamiento a nivel nacional después del Distrito Federal y de Nuevo León. En cinco años la deuda del estado de Chihuahua creció 334 por ciento, pasó de 12 mil 547 millones a 41 mil 994 millones. La deuda del estado de Chihuahua, representa el 8.6 por ciento del PIB estatal, que ocupa el primer lugar a nivel nacional. 

El gobierno de Peña Nieto, el más peligroso para las mujeres activistas y periodistas

Periódico La Jornada
Lunes 7 de diciembre de 2015, p. 16
Con un total de 615 agresiones documentadas, los primeros tres años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto han sido los más peligrosos para las defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas.
De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), desde la creación de esta organización, hace cinco años, se tienen documentados 36 asesinatos de activistas.
En un pronunciamiento, resultado de su cuarto encuentro nacional, la Red (conformada por 189 mujeres defensoras y periodistas, de 23 estados) denunció que durante los años recientes se ha vivido una escalada de violencia contra las mujeres a todos los niveles, desde la esfera doméstica hasta la que sufren por el Estado y sus instituciones.
Agregó que se ha identificado que una defensora o periodista que ha sufrido una agresión tiene una alta probabilidad de que volverá a ser víctima de algún abuso, situación documentada en más de 68 por ciento de los registros realizados.
Por ello, denunciamos que es el gobierno mexicano en sus tres niveles responsable y cómplice de dicha escalada de violencia por sus acciones y por su incumplimiento de su mandato de proteger a las y los defensores de derechos humanos, que tiene como objetivo impedir que las mujeres sigamos ejerciendo nuestro legítimo deseo de defender los derechos humanos. Lo que evidencia una realidad de violación sistemática de estas garantías, aseguró la RNDDHM.
Labor obstaculizada
El pronunciamiento dado a conocer en conferencia por varias de sus integrantes, afirmó que la negligencia, la complicidad y la participación del Estado mexicano en los ataques y amenazas contra las defensoras, así como la impunidad, impacta y obstaculiza su trabajo en favor de los derechos humanos.
La abogada Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Santa María Xadani, Oaxaca, relató la situación de acoso, hostigamiento y amenazas de muerte que sufre el movimiento de resistencia civil que se opone a los megaproyectos eólicos en esa entidad.
Con más de 35 años en defensa de los derechos humanos, Bettina Cruz comenzó en 2004 un proceso de organización de los pueblos indígenas de la zona istmeña, campesinos, pescadores, comerciantes y jóvenes, a fin de que defender su derecho a una consulta previa, libre e informada cuando un proyecto de este tipo llega a su territorio.
Junto con ella, otras defensoras de otras entidades denunciaron el hostigamiento y amenazas que enfrentan en su trabajo cotidiano. Carolina Ramírez, de la organización Aura, de Veracruz, se refirió al creciente número de feminicidios cometidos en la entidad y al amparo que desde la ley reciben los agresores.
Ana Claribel Mendoza, de la Caravana Mesoamericana de Madres en Busca de sus Hijas e Hijos, expresó el doloroso caminar que emprenden desde sus lugares de origen en busca de sus seres queridos, que dejan sus pueblos en un intento por mejorar sus condiciones de vida, pero que en el trayecto hacia Estados Unidos, muchas veces en territorio mexicano, desaparecen.
A la caravana se unieron Cristiana Bautista, madre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y Trinidad Ramírez, de San Salvador Atenco.

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Oposición venezolana arrebata al chavismo el control del Congreso

El expresidente colombiano Andrés Pastrana (centro), acompañado por los expresidentes de Bolivia, Jorge Quiroga; de Uruguay, Luis Alberto Lacalle y dirigentes opositores, durante una conferencia de prensa en la casa de campaña de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en Caracas. Foto: Xinhua
El expresidente colombiano Andrés Pastrana (centro), acompañado por los expresidentes de Bolivia, Jorge Quiroga; de Uruguay, Luis Alberto Lacalle y dirigentes opositores, durante una conferencia de prensa en la casa de campaña de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en Caracas.
Foto: Xinhua
CARACAS, Ven. (proceso.com.mx).- La oposición venezolana obtuvo un significativo triunfo electoral este domingo al arrebatarle la mayoría de la unicameral Asamblea Nacional (AN) al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), con lo cual  el chavismo deberá gobernar por primera vez en 17 años sin el control de ese poder del Estado.
Según los resultados oficiales parciales divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) logró una mayoría calificada, de al menos tres quintas partes de la AN, en lo que constituye apenas la segunda derrota del chavismo en las 20 elecciones que se han realizado en Venezuela desde 1998.
Las cifras parciales que dio a conocer la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, señalaron que la MUD obtuvo al menos 99 diputaciones, mientras que el  gobernante PSUV y su coalición electoral Gran Polo Patriótico (GPP) quedaron con al menos 46.
Aunque quedan por adjudicar 22 diputaciones por la falta de resultados consolidados en ese número de escaños, es claro que la oposición logró una victoria contundente ya que más que duplicó al bloque oficialista.
De acuerdo con los resultados parciales leídos por Lucena pasada la medianoche, que incluyen el escrutinio del 96.03 por ciento de los votos emitidos el domingo, la participación llegó al 74.23 por ciento de los votantes inscritos, un porcentaje sin precedentes en una elección legislativa.
Al reconocer la derrota, el presidente venezolano Nicolás Maduro culpó de los resultados a la “guerra económica” -que según el mandatario es una estrategia de la oposición, la burguesía y el imperialismo para provocar desabasto- y sostuvo que “circunstancialmente ha triunfado una contrarrevolución  en puertas”.
Maduro, quien en abril de 2013 sucedió en la presidencia de Venezuela al fallecido Hugo Chávez,  llamó a las fuerzas oficialistas a replantearse “muchos aspectos de la política de la revolución” y a emprender “una nueva etapa”.
Con el triunfo de la MUD, una coalición de partidos opositores, Maduro estará obligado a negociar con el Legislativo para aprobar sus iniciativas de ley.
La mayoría calificada le permitirá a la oposición aprobar o rechazar el presupuesto público, convocar a referendos consultivos sobre asuntos de interés nacional, emitir votos de censura al vicepresidente y a los ministros y autorizar viajes del presidente al extranjero cuando sean de más de cinco días.
Además, la oposición asumirá la mesa directiva de la Asamblea y la presidencia de las principales comisiones legislativas y podrá ejercer funciones de control político a los ministros y funcionarios públicos mediante interpelaciones, investigaciones y preguntas.
La mayoría legislativa también podrá declarar la incapacidad física o mental permanente del presidente, siempre y cuando esta haya sido certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia, así como declarar el abandono del cargo por parte del mandatario.
También tendrá facultades para destituir al vicepresidente o a ministros y designar o remover a integrantes del Consejo Nacional Electoral.
En caso de que llegue a 110 legisladores, la oposición podrá someter a referendo tratados internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional, modificar leyes orgánicas, remover a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
El dirigente opositor Henry Ramos Allup estimó que al finalizar el escrutio la MUD quedará con entre 113 y 115 diputados.
“No vamos a actuar como contrapoder sino como poder autónomo. Esto es el fin de la hegemonía política que ha gobernado a Venezuela los últimos 17 años y lo primero que vamos a hacer es promulgar una ley de amnistía a los presos políticos”, dijo.
Entre estos figuran los opositores el ex alcalde de Chacao, Leopoldo López, y el alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma.
Jornada tranquila
La jornada electoral se desarrolló con tranquilidad y una alta participación de votantes para tratarse de una elección legislativa.
La oposición denunció irregularidades aisladas en las principales ciudades del país, como actos proselitistas de militantes del PSUV a pesar de la veda electoral y acoso de grupos chavistas a testigos en mesas de votación con la complacencia de los militares encargados de custodiar los centros de sufragios.
La principal controversia registrada antes del cierre de las mesas de votación fue la decisión del CNE de retirar las credenciales de “observadores políticos” a los ex presidentes Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia) y Luis Alberto Lacalle (Uruguay), por formular declaraciones acerca del desarrollo de los comicios.
Lucena, la presidenta del CNE, señaló que los ex gobernantes, quienes visitaron Venezuela por invitación de la MUD, hicieron “algunas declaraciones que no tienen cabida en estas elecciones”, en “en plena flagrancia contra las leyes electorales que rigen en Venezuela”.
Quiroga, quien declaró que había observado “ventajismo electoral” del gobierno durante la jornada y un intento por “invisibilizar a la oposición”, dijo tras conocerla decisión del CNE que la lucha por la democracia o está sujeta “a un pedazo de papel efímero”.
El presidente de la unicameral Asamblea Nacional y candidato a su reelección como diputado, Diosdado Cabello, pidió la expulsión del país de los tres ex presidentes.
A pesar de la controversia, las votaciones transcurrieron de manera pacífica y las denuncias de irregularidades que hizo la posición no fueron la tónica de la jornada.
En los centros electorales hubo mucha fluidez en el procedimiento para emitir los votos, que en este país se realiza de manera automatizada, con pantallas en las que los ciudadanos eligen a los candidatos de su preferencia oprimiendo el logotipo de su partido.
La normalidad  con que transcurrieron los comicios contrastó con la crispación política que vivió Venezuela en las últimas semanas en el marco de la campaña electoral, durante la cual el presidente Nicolás Maduro encabezó actos proselitistas de los candidatos del oficialista Gran Polo Patriótico  (GPP) e inauguró decenas de obras con llamados a votar por el chavismo.
El gobernante, quien incluso advirtió que se lanzaría a las calles y convocaría a una alianza “cívico-militar” si  ganara la oposición, mostró desde el sábado, en la víspera de los comicios, un tono conciliador que el analista político José Amando Mejía consideró como “parte de una estrategia para dar una imagen más democrática al exterior”.
La noche del sábado, Maduro recibió incluso en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, a  los ex presidentes Pastrana, Quiroga y  Lacalle, quienes han cuestionado el talante democrático del mandatario venezolano.
En una reunión por separado con invitados especiales del PSUV, el gobernante, quien hace dos semanas aseguró que  el chavismo ganaría “como sea” los comicios legislativos,  ofreció “respeto absoluto” a los resultados de la votación, que fue la vigésima que se realiza en Venezuela en 17 años de chavismo.
Además sostuvo que el sistema electoral venezolano “es el más seguro y blindado de América Latina y yo creo que en buena parte del mundo”.
El hecho es que durante la jornada de votación se advirtió una preocupación de oficialismo por pedir a su militancia que no incurriera en prácticas irregulares que se han observado en elecciones anteriores, como la masiva asistencia de votantes chavistas a los centros electorales con las camisetas rojas que identifican a esa corriente política.
“Nos dijeron que esta vez no usáramos esas franelas (camisetas)”, dijo en un centro de votación en el populoso barrio de Petare el trabajador de la empresa de electricidad de Caracas Edison Fuentes.
Incluso los llamados “motorizados”, que son grupos chavistas de choque que circulan en caravanas de 10, 20 y hasta 100 motocicletas por las calles de Caracas en días de elección,  esta vez no iban vestidos con camisetas rojas.
“Esos es porque hay que ser imparciales“, dijo uno de ellos que llevaba una pistola escuadra al cinto.
Por la noche, tras el cierre de mesas, la expectativa del país se centró conocer los resultados que daría conocer el CNE.
En las instalaciones del organismo, en el centro de Caracas, se dieron cita unos 160 periodistas nacionales y extranjeros cuyo acceso a las instalaciones principales estuvo prohibida. En cambio, fueron  ubicados en una carpa instalada en las afueras del recinto, a donde se trasladaron los cinco  rectores de la máxima institución electoral  tras una encerrona en la llamada “sala de totalización”, en medio de llamados de la oposición para que dejaran de retrasar la divulgación de resultados.
Lucena, la rectora presidenta del CNE, es una socióloga muy cercana al gobierno y quien fue acusada por la oposición de ser totalmente complaciente con la intervención de Maduro en el proceso electoral y con el uso de recursos públicos en la campaña oficialista.
Un ejemplo del vínculo entre el gobierno y el máximo organismo electoral es que el predecesor de Lucena, Jorge Rodríguez, es el actual alcalde de Caracas por el PSUV y fue el jefe de campaña de ese partido y el GPP en estos comicios legislativos.
Tres de los otros cuatro rectores también han sido señalados por la MUD como afines al PSUV. El único de los cinco que ha dado muestras de independencia ha sido Luis Emilio Rondón, quien criticó la decisión del CNE de postergar una hora el cierre de mesas electorales y argumentó que esa decisión es contraria a la ley.
El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, dijo tras la jornada electoral que fue un “proceso impecable”, sin incidentes de importancia y desarrollado con plena normalidad.
El ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien visitó Venezuela junto con su el ex mandatario panameño Martín Torrijos para observar la jornada, dijo a periodistas en un centro de votación que no sólo hay que analizar lo que ocurrió este domingo sino la manera en que se desarrolló la campaña en las semanas previas.
La oposición denunció el abierto uso de recursos públicos para desarrollar las campañas de los candidatos del PSUV y movilizar a su electorado, así como la “coerción” oficial a los tres millones de empleados públicos para que votaran por el chavismo y comprometieran en ese propósito a sus familiares y amigos.
Los comicios legislativos se realizaron en un contexto de profunda crisis económica y social cuya principal expresión es la escasez de alimentos y artículos de primera necesidad. El 95 por ciento de los venezolanos no encuentra lo que busca en el mercado.
Este año, la economía de Venezuela caerá un 10 por ciento, lo que se suma al desplome del 4 por ciento del año pasado. La inflación anualizada llegó en noviembre a 211 por ciento, la más alta del mundo, y los trabajadores necesitan 14.8 salarios mínimos para adquirir la canasta básica estimada para una familia de cinco miembros.
La actual AN, que surgió de los comicios legislativos de 2010, está bajo control del PSUV, que tiene 99 de los 165 diputados, el 60 por ciento del total, mientras que la MUD cuenta con 54, apenas la tercera parte, y 12 son independientes.

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Éxito histórico del ultraderechista Frente Nacional en comicios regionales franceses

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Marine Le Pen, dirigente del Frente Nacional, momentos antes de su discurso por la victoria de su partido políticoFoto Reuters
Afp, Dpa y Reuters
 
Periódico La Jornada
Lunes 7 de diciembre de 2015, p. 34
París.
El partido ultraderechista Frente Nacional (FN), dirigido por Marine Le Pen, obtuvo un éxito histórico en la primera vuelta de las elecciones regionales celebradas este domingo en Francia, al obtener cerca de 30 por ciento de votos a escala nacional y encabezar seis de 13 regiones del país.
En segundo lugar se ubicó la alianza del ex presidente Nicolás Sarkozy, liderada por los republicanos, con 27-27.4 por ciento de sufragios. El gubernamental Partido Socialista (PS) obtuvo 23 por ciento. Los conservadores se impusieron en cuatro regiones de Francia, incluyendo París, y los socialistas en tres.
Más de 44 millones de electores fueron convocados a las urnas para elegir a los consejos que gobernarán las 13 regiones del país, pero poco menos de la mitad votaron.
En un contexto de temor tras los atentados perpetrados por el Estado Islámico en París el pasado 13 de noviembre, el alto desempleo y las dudas respecto de las políticas de migración, el partido dirigido por Marine Le Pen se impuso en tres regiones claves: norte (Norte Paso de Calais Picardía), donde contiende la propia Le Pen; sudeste (Provenza Alpes Costa Azul), donde la candidata es su sobrina Marion Maréchal Le Pen, y noreste (Alsacia Champaña Ardenas Lorena), donde se presenta el vicepresidente del partido, Florian Philippot.
El PS anunció que se retirará en la segunda ronda de las elecciones –el 13 de diciembre– en al menos dos regiones claves del norte y sur del país, para bloquear una victoria de la extrema derecha.
En las regiones de riesgo en favor del Frente Nacional, donde la izquierda no supera a la derecha, el Partido Socialista decidió hacer barrera con los republicanos, en particular en Norte Paso de Calais Picardía (norte) y Provenza Alpes Costa Azul (sur), declaró el número uno del PS, Jean-Christophe Cambadélis.
Al cierre de esta edición no se conocían reacciones del presidente François Hollande.

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