jueves, 3 de marzo de 2016

La Revolucion de las Canas 2016 03 03

ANUEE 2016-03-03

Pemex "utilizará al máximo" instrumentos para atraer inversiones, asegura titular

Enrique Méndez y Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Jueves 3 de marzo de 2016, p. 26
El director de Pemex, José Antonio González Anaya, informó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados que el recorte de 100 mil millones de pesos al presupuesto de la empresa la obligará a replantear y redimensionar su papel, para enfrentar ese escenario en asociación con empresas privadas.
En su presentación privada a los coordinadores y vicecoordinadores de todas las fracciones representadas en San Lázaro, el funcionario adujo que su administración utilizará al máximo los nuevos instrumentos y figuras que permite la reforma energética para atraer inversiones.
Recriminan entrega al capital privado
Tal postura fue reprochada por la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Rocío Nahle García, quien recriminó la entrega de las principales fuentes de recursos de Pemex al capital privado, y el permanente proceso de desarticulación, desde el gobierno, de la paraestatal.
“Esta crisis, a la que ha llevado el gobierno de Enrique Peña Nieto a Petróleos Mexicanos, también involucra a las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, que por política de sus respectivos gobiernos emprendieron el derrumbamiento de la empresa más importante que los mexicanos hemos tenido. De esta crisis resultan graves problemas como el de la caída del precio del petróleo.
“Tan sólo el pasado 15 de octubre –dijo la diputada Nahle en el encuentro– estuvo en la Cámara de Diputados Luis Videgaray, y yo le dije que era muy aventurado que el gobierno hiciera un presupuesto de 50 dólares por barril de petróleo, incluso le advertí que su gobierno iba terminar aplicando un ajuste al sobrestimar el costo del petróleo. Y así lo hicieron. Actúan con una soberbia que les impide observar que están llevando al país al desastre”.
Por su parte, el director de Pemex expuso en cuatro láminas un panorama general de la empresa, reafirmando el ajuste al presupuesto para 2016 por un monto de 100 mil millones de pesos. También insistió en que la paraestatal enfrenta un problema de liquidez, mas no de solvencia, y planteó cuatro criterios para “no afectar la viabilidad de la empresa a largo plazo:
Preservar la seguridad del personal y mantener la integridad de las instalaciones de la empresa; utilizar al máximo los nuevos instrumentos y figuras que permite la reforma energética para atraer inversiones; hacer frente a los compromisos laborales y financieros de la empresa; y, mantener en la medida de lo posible, la plataforma de producción de hidrocarburos de este año, estabilizando los niveles de producción en el mediano y largo plazos.
La coordinadora de Morena, especialista en temas petroleros, refirió que su partido ha propuesto una salida económico-financiera para resolver la crisis en la paraestatal. Morena pretende que se utilice la mitad de los remanentes del Banco de México, para invertir en Pemex sobre todo en las áreas de refinación y petroquímica, porque éstas conllevan un valor agregado.
Antes el presidente de la Jucopo, y coordinador del PRI, César Camacho Quiroz, ponderó el encuentro con José Antonio González Anaya, pues éste expuso la realidad de la empresa con claridad, llamándole a las cosas por su nombre y explicando la complejidad de los retos que enfrenta ésta.
Pemex es una empresa solvente que las condiciones del recorte de 100 mil millones de pesos, implican un ejercicio de racionalidad al interior de la empresa productiva. Y se hizo el compromiso de estar pronto en la Cámara de Diputados para tener reuniones formales por la naturaleza del diálogo en las comisiones de Energía y de Hacienda, en principio.
El encuentro entre la Jucopo y el titular de Pemex ocurrió en privado en las instalaciones de la dirección general de la empresa. Y el martes próximo el funcionario comparecerá ante la Comisión de Energía en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Por su parte, el coordinador del PAN, Marko Cortés, expuso que las decisiones enunciadas por el director de Pemex, son correctas pero tardías. Dijo que el ex titular Emilio Lozoya está obligado a entregar cuentas a los mexicanos.
También el coordinador del Partido Verde, Jesús Sesma, calificó de fructífera la reunión, y respaldó el informe preliminar del director de la paraestatal.

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Director de Pemex rinde cuentas… en privado

José Antonio González Anaya, director de Pemex. Foto: Germán Canseco
José Antonio González Anaya, director de Pemex. Foto: Germán Canseco

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Y el gobierno de Enrique Peña Nieto lo logró: el director de Petróleos Mexicanos (Pemex) rindió cuentas en privado, fuera de la Cámara de Diputados y sólo ante los miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), sin exponerlo ante los medios.
José Antonio González Anaya, director de Pemex, recibió esta mañana, en las oficinas centrales de la ahora denominada Empresa productiva del Estado a los integrantes de la Jucopo, con su presidente a la cabeza, el líder de la fracción priista César Camacho Quiroz.
Por más de tres horas, los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN, PRD, PVEM, MC, Morena, PES y Panal preguntaron al director de Pemex los motivos del recorte de los cien mil millones de pesos, las razones por las que la mayor parte del sacrificio se hará en los proyectos de exploración y por qué no en reducir el gasto corriente, la alta burocracia, los beneficios extraordinarios que tiene el sindicato de petroleros y por qué se engrosó la nómina durante la administración de su antecesor, Emilio Lozoya.
Marko Cortés, coordinador del PAN y quien aseguró que no asistiría a un encuentro privado con el director de Pemex, pues lo calificó como una reunión “en lo oscurito”, aclaró que participaría sólo si el titular de la empresa productiva del Estado comparecía ante las comisiones unidas de Energía y Hacienda.
A su vez, el coordinador del PRD Francisco Martínez Nery dijo que ahora el director de Pemex ya sabe todo lo que le preguntarán, por lo cual ya no tendrá pretexto en no rendir cuentas la próxima semana en la reunión pública ante esas comisiones legislativas.
Al igual que el PAN, el PRD demandará que también comparezca ante la Cámara de Diputados el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, con el fin de que explique por qué dejó a la empresa productiva del Estado en una situación de números rojos y falta de liquidez.
Al respecto, el coordinador del PRI, César Camacho Quiroz, respondió a la oposición, en entrevista por separado, que “no puede venir quien no forma parte de la administración pública federal…”.
Luego aclaró que ello no exime a nadie de rendir cuentas o una responsabilidad, pero le pareció “precipitado” llamar a comparecer a Lozoya, “por lo tanto prejuicioso fincar responsabilidades sobre las rodillas”.
Y por lo que se refiere a un encuentro “en privado” y fuera del recinto legislativo de San Lázaro, en donde los diputados, ya no de una comisión, sino los propios coordinadores parlamentarios vayan al lugar que el funcionario indica, el priista y presidente de la Jucopo lo consideró un tema menor.
“Esa fue una reunión con la Junta de Coordinación Política, y así lo convenimos, pudo haber sido aquí o allá, eso es indistinto, al final la sede es un asunto secundario, nadie de los que estuvimos ahí dejó de decir las cosas que quiso, es más, las más numerosas, como resulta obvio, intervenciones y algunas muy amplias, muy profundas se dieron de parte de las diputadas, y no hubo tema que el director general no haya abordado con todo profesionalismo y claridad”.
Se espera que la próxima semana, tentativamente el martes 8, acuda el director de Pemex ante comisiones unidas.

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CNTE convoca a concentración “masiva” en Juchitán contra visita de Peña Nieto

Maestros de la CNTE marchan en la Ciudad de México. Foto: Hugo Cruz

Maestros de la CNTE marchan en la Ciudad de México. Foto: Hugo Cruz
 
PROCESO 
 
OAXACA, Oax. (apro).- La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) convocó de manera urgente a una “concentración masiva, mitin y agitación política” para este jueves 3 en Juchitán de Zaragoza “en repudio a la llegada del espurio Enrique Peña Nieto”, visita que, dijeron, mantenía en secreto el gobierno de Gabino Cué.
La dirigencia magisterial llamó a maestros, estudiantes y organizaciones sociales a participar en las protestas que realizarán desde las 07:00 horas en el Puente de la Ventosa, Juchitán, donde aseguraron que llegará el primer mandatario.
De cumplirse, la visita de Peña Nieto a Oaxaca sería la segunda en lo que va de su sexenio, aunque se haya organizado de manera clandestina.
En un comunicado dirigido a “las bases”, la CNTE resaltó: “los maestros de Oaxaca manifestamos que siempre que un personaje allegado a Enrique Peña Nieto y coludido con su autoritarismo, represión y criminalización hacia el pueblo pretenda pisar nuestros suelos, será repudiado con jornadas de protesta y rechazo social”.
La Sección 22 reiteró que ningún funcionario puede llegar a un estado donde los oídos sordos “han sido la política de los gobiernos, pero además, donde el encarcelamiento de maestros es una medida de represión para callar y pretender amedrentar la protesta social”.
Agregó que desde su trinchera “estaremos alertas para accionar contra el espurio Peña Nieto, quien junto a su títere el gachupín, pretenden simular políticas de beneficio social, cuando en realidad en Oaxaca impera el descontento social y popular”.
Los mentores sindicalizados advirtieron que mientras haya cerrazón del gobierno federal y estatal para atender sus demandas, la única vía de solución es la organización civil y unitaria.
Finalmente, exigieron la apertura inmediata de una mesa de negociación con carácter resolutivo, libertad a sus presos políticos tomados como rehenes para “impedir la continuidad de su lucha”, el pago de salarios que hace casi seis meses las autoridades educativas retuvieron “de manera arbitraria” y respeto a las conquistas sindicales.
En tanto, el gobierno de Oaxaca no ha hecho ninguna invitación al evento presidencial, hecho que hasta esta noche mantiene en completo hermetismo, presuntamente para evitar la movilización magisterial.

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Resultados del examen "no implican mejor aprendizaje"

Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Jueves 3 de marzo de 2016, p. 17
Especialistas afirmaron que los resultados de la evaluación del desempeño docente no se traducirán de forma mecánica en una mejora del aprendizaje o de la calidad educativa. Nos enfrentamos a una visión muy simplista de creer que si los puntajes del maestro son buenos, los del alumno también lo serán; sabemos que son muchos factores más los que inciden en el rendimiento.
Lucía Rivera, profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, apuntó que la examinación ocurre en un contexto de reconfiguración educativa en la que han incidido factores como comparar “cada vez más a las escuelas con factores del mundo empresarial; no es gratuito que se llame evaluación del desempeño.
No hay manera de comprobar que los resultados que el maestro obtenga se verán reflejados como sucesión inmediata de beneficio para el alumno, pero también estamos ante el riesgo de estigmatizar a los docentes y elevar la evaluación a un nivel de verdad irrefutable.
Hay, agregó, una política del garrote para quienes no aceptan las reglas. Se hace evidente que los que no se sometan son simplemente desechables.
Ángel Díaz Barriga, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, consideró que la presentación de resultados y la definición de los factores que determinaron la ubicación de un sustentante en un determinado nivel de desempeño han sido complejas, y agregó que pese a que pudiera no existir errores estadísticos en la aplicación de los criterios, que no quedan muy claros, el tema es si a un maestro esto le dice algo.
Si se retoma la teoría empleada en la construcción de estos instrumentos, dijo, se podría considerar que 85 por ciento de los evaluados tienen un desempeño satisfactorio, bueno o destacado, pero esto no da cuenta de cómo trabajan en el aula, sino que todos fueron medidos con los mismos instrumentos y la misma estrategia estadística; sólo de eso.

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Ayotzinapa, ejemplo de la aparente colusión Estado-crimen, dice CIDH

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Familiares de los normalistas frente a la PGRFoto Francisco Olvera /Archivo
David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 3 de marzo de 2016, p. 4
Nueva York, 2 de marzo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó en un informe anual sobre México que las desaparición de los 43 normalistas de Aytozinapa es ‘‘un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado’’, y subraya que es muestra de las ‘‘graves deficiencias’’ de las investigaciones en este tipo de casos, como la ‘‘impunidad estructural y casi absoluta’’ en los graves crímenes que ocurren en el país.
‘‘México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años’’, en gran medida por la ‘‘guerra contra el narcotráfico’’ impulsada por el ex presidente Felipe Calderón, y al aumentar el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública se ha ‘‘desatado aún mayor violencia, así como violaciones graves a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales’’, señala el extenso informe anual titulado Situación de los derechos humanos en México, emitido hoy por la CIDH.
Sin ‘‘cambios sustanciales’’
En un resumen de las violaciones de derechos humanos y la impunidad, el informe subraya que bajo el régimen actual no se ofrecieron ‘‘cambios sustanciales’’ en políticas de seguridad, mientras continúan desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como inseguridad de mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas.
Aunque reconoce las medidas tomadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, entre ellas algunas reformas constitucionales y protocolos para investigaciones de ciertos abusos de derechos humanos, indica que ‘‘la respuesta estatal enfrenta deficiencias, insuficiencias y obstáculos en su implementación. La CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país en su acceso a la justicia, prevención del delito y otras iniciativas gubernamentales. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una simulación’’.
De hecho, subraya que a pesar del cambio de gobierno a fines de 2012, ‘‘no habría cambios sustanciales en relación con las políticas de seguridad y los niveles de violencia’’, y resalta sobre todo las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura e inseguridad de ciudadanos, pero en especial de mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas.
Afirma que ‘‘México es considerado, además, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, exceptuando aquellos que están en guerra’’. Cita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre la cifra de 151 mil 233 homicidios desde 2006 hasta agosto de 2015. Además, señala que al 30 de septiembre de 2015 el Estado mexicano reportaba 26 mil 798 personas ‘‘no localizadas’’ o desaparecidas a escala nacional.
En torno a las desapariciones, ‘‘fenómeno no nuevo’’, la CIDH considera ‘‘grave’’ la información sobre ‘‘la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado’’, o con su participación y una impunidad casi total.
Criticó las fallas en las investigaciones sobre desapariciones y subrayó que ‘‘la actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la guerra sucia y que ha propiciado su repetición hasta hoy’’. Más aún, afirma que familiares de víctimas tienen renuencia de acudir a las autoridades, tanto por sospechas de complicidad como por falta de atención.
‘‘Los hallazgos por los familiares de fosas con decenas de cadáveres resaltan que son ellos quienes ante la inoperancia del Estado han asumido la búsqueda de sus seres queridos, mientras que las autoridades no cumplen con su deber de investigar, encontrar, identificar y entregar a las víctimas con debida diligencia, como corresponde’’.
En este contexto, el informe aborda la desaparición forzada de los 43 normalistas en Ayotzinapa, lo cual ‘‘constituye una grave tragedia en México, así como un llamado de atención nacional e internacional sobre las desapariciones en ese país’’. El caso, agrega, ‘‘es una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes. Es además un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado’’.
Al mismo tiempo, la CIDH manifiesta su ‘‘agrado’’ por la ‘‘apertura’’ del Estado mexicano al escrutinio internacional y la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en torno a los hechos de Iguala.
El informe también se enfoca sobre el uso de violencia por agentes del Estado, incluyendo los casos de Tlatlaya, estado de México, en 2014; el de Apatzingán, y el enfrentamiento en límites entre Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, en 2015, resaltando la necesidad de medidas para la rendición de cuentas por autoridades.
‘‘La práctica de la tortura es alarmante en México’’, y también es ‘‘generalizada’’, declara el informe. Según cifras oficiales, la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta, al mes de abril de 2015, con 2 mil 420 investigaciones en trámite sobre tortura, pero existen sólo 15 sentencias condenatorias por ese delito a escala federal. Agrega que en la investigación de los hechos en Iguala –aún con su alto perfil– 77 por ciento de las personas investigadas mostraban lesiones corporales.
En su diagnóstico, la Comisión Interamericana señala que ‘‘la falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana’’.
Por tanto, concluye: ‘‘En la actualidad, el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos con la realidad que experimentan gran número de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva. El gran desafío del Estado radica en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos’’.
El informe, el cual incluye un amplio diagnóstico de las fuentes de violencia, sus manifestaciones y un análisis detallado y documentado de la situación de derechos humanos en México, se puede ver.
 
 
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Habrá menos crecimiento, repunte de inflación y dólar caro: expertos

Peña y Carstens durante un encuentro con banqueros. Foto: Eduardo Miranda
Peña y Carstens durante un encuentro con banqueros. Foto: Eduardo Miranda

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los expertos no creen más en el discurso triunfalista, en materia económica, del gobierno federal:
Para 2016 y 2017 habrá menos crecimiento, la inflación repuntará y el dólar seguirá al alza. Además, los créditos serán más caros, pues las tasas de interés serán más altas; llegará menos inversión extranjera y, lo peor, se ve ensombrecido el clima para hacer negocios.
Eso es lo que pronosticaron a fines de febrero los analistas que cada mes consulta el Banco de México. Se trata de una encuesta que cada fin de mes aplica el instituto central entre 37 grupos de análisis y consultoría, todos del sector privado, nacional y extranjero.
Este martes, el Banco de México (Banxico) dio a conocer los resultados de la encuesta que aplicó entre el 19 y 29 de febrero. Y no hay nada halagüeño.

La percepción de los analistas respecto del entorno económico actual empeoró claramente.
Por ejemplo, ante la pregunta de si creen que la economía está ahora mejor que hace un año, sólo hubo 41 respuestas afirmativas, cuando en la encuesta de enero fueron 55 los que así lo afirmaron.
Una pregunta clave es acerca de cómo ven el clima de negocios en los próximos seis meses. En enero, 31 respondieron que mejorará, y en febrero bajó a 24 el número de respuestas en ese sentido.
Para la opción “permanecerá igual” el clima de negocios, en enero hubo 56 respuestas y en febrero 54.
Quienes consideraron que el clima de negocios “empeorará”, fueron 13 en enero, pero 22 en la última encuesta.
Acerca de cómo ven la coyuntura actual para realizar inversiones, en enero 38 contestaron que es “buen momento”, pero para febrero bajó a 33 el número de respuestas en ese sentido.
En enero hubo 21 respuestas en el sentido de que es “mal momento” para realizar inversiones; en febrero subió a 22.
Finalmente, en enero hubo 41 respuestas de analistas que dijeron no estar seguros de que el actual sea un buen momento para realizar inversiones; en febrero, los inseguros aumentaron a 44.
Se desprende de la encuesta una gran desconfianza e incredulidad de que las autoridades económicas estén haciendo bien las cosas, o que puedan enfrentar con solvencia los problemas que le genera al país el entorno externo.
En efecto, entre los principales factores que ellos consideran que pueden obstaculizar el crecimiento económico del país, pusieron en los primeros lugares “la debilidad del mercado externo y la economía mundial”, “la inestabilidad financiera internacional”, “el precio de exportación del petróleo” y la “incertidumbre cambiaria”.
Es decir, todo lo que han hecho las autoridades –recortes al gasto, alzas en la tasa de interés de referencia, entre otras cosas– no ha sido suficiente para salir adelante en medio de un entorno externo complicado.
Y esa desconfianza, para los especialistas, se traduce en expectativas peores para cada uno de los principales indicadores macroeconómicos.
Así, mientras que en enero estimaron un crecimiento económico de 2.69% y 3.18% para 2016 y 2017, respectivamente; para febrero bajaron esos estimados a 2.4% para este año y a 2.98% para el próximo.
La inflación de plano se saldrá de la meta oficial de 3%, +/- un punto porcentual, pues si en enero consideraron que la inflación acabaría este año en 3.10%, ahora piensan que lo hará en 3.34%. Y para 2017, en enero pronosticaron una inflación de 3.31%, pero en febrero la subieron a 3.38%.
El tipo de cambio, que tan nerviosos ha tenido a los mercados en los últimos meses, también hizo cambiar las expectativas de los analistas consultados por Banxico.
En enero dijeron que este año iba a cerrar en 17.60 pesos por dólar; ahora, que será en 17.89 pesos por dólar. Para 2017, que terminaría en 17.17 pesos por dólar y ahora que en 17.43 pesos.
Por otra parte, los especialistas tampoco creen que vaya a ceder la tasa de desempleo, que seguirá en aumento. Para 2016 estimaron en enero que esa tasa sería de 3.92%; la subieron a 3.99%. En 2017 las cosas estarán peor: en enero estimaban una tasa de desocupación de 3.9% para todo ese año, y ahora creen que será de 4%.
En cifras, pues, el pesimismo de los expertos.

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Delaciones de ejecutivos de constructora crean torbellino político contra Rousseff

Foto
Empleados públicos se manifestaron ayer frente a la Cámara de Diputados contra el gobernador de Río de Janeiro, Luis Fernando Pezao, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, contra los recortes al presupuesto de salud pública, seguridad y educación y el despido de trabajadoresFoto Afp
Eric Nepomuceno
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Jueves 3 de marzo de 2016, p. 23
Río de Janeiro.
El turbulento escenario político brasileño vio explotar este martes una bomba cuyo poder nadie puede, al menos por ahora, medir: se supo que en las delaciones premiadas de 11 altos ejecutivos de Andrade Gutierrez, la segunda mayor constructora del país, se admite que la empresa donó 5 millones de reales (al cambio de la época unos dos millones y medio de dólares) de manera ilegal a la campaña para la relección de Dilma Rousseff en 2010.
La delación premiada es un beneficio concedido a presos que colaboren con las investigaciones. No es considerada prueba definitiva por los tribunales, sino una contribución decisiva para que las investigaciones avancen sobre terreno sólido. Si no se comprueba lo que el delator relató, las penas a que eventualmente sea sometido se agravan. Si se comprueba, las penas son sustancialmente reducidas.
Comprobado, el caso que involucra directamente a la actual mandataria no tendrá consecuencias jurídicas, una vez que se refiere a la elección de un mandato que ya terminó. Pero significará un golpe prácticamente fatal para su gobierno, que siempre reiteró que no hubo caja dos, o dinero ilegal, en sus dos campañas, la de 2010 y la de 2014. Ahora mismo el Tribunal Superior Electoral analiza denuncias del principal partido de oposición, el PSDB, de que hubo recursos originados en sobornos y desvíos de dinero de estatales en la campaña de 2014.
Los ejecutivos de la constructora Andrade Gutierrez dicen haber cubierto deudas de la campaña de 2010 mediante contratos forjados con una empresa que trabajó en aquellas elecciones. Se trató de un recurso contable para justificar los gastos, porque los servicios jamás fueron prestados a la constructora: por detrás de la apariencia legal, lo que hubo fue dinero ilegal para cubrir gastos electorales.
Ahora le toca a la policía federal, que actúa como cuerpo de policía judicial, comprobar las denuncias. Pero, explotada al extremo por los medios hegemónicos, especialmente la televisión, la noticia es arrasadora para una presidenta ya prácticamente inmovilizada por el torbellino político.
Es la primera confesión directa que indica que hubo ilegalidad en la elecciones de Dilma Rousseff desde que se desató la Operación Lavado Rápido. Dicen los delatores que la constructora atendió a pedidos de uno de los tres coordinadores de la campaña. José Eduardo Cardozo, que el pasado lunes renunció al Ministerio de Justicia, es uno de los tres.
Por la noche del martes corrían rumores en Brasilia de que hay mucho más en las delaciones de los ejecutivos de la constructora Andrade Gutierrez, y que se harán nuevas revelaciones cuando la justicia lo considere conveniente.
El ex presidente Lula da Silva, otro blanco de la campaña incesante contra el gobierno y el PT, principal figura del escenario político brasileño, también se ve muy presionado por la alianza entre la policía judiciaria, los medios de comunicación y un juez provinciano de primera instancia, Sergio Moro, quien muestra, con intensidad creciente, claros síntomas de padecer de una aguda hipertrofia del ego: nada parece seducirlo más que prender sin acusación formal hasta que el preso acepte hacer la delación premiada. La extrema urgencia de Moro para investigar al gobierno y al PT es el contrapunto exacto a la infinita lentitud con que se mueve cuando los sospechosos son de partidos de la oposición.
El lunes por la noche se admitió formalmente que Lula da Silva está bajo investigación en la Operación Lavado Rápido. El motivo: averiguar si recibió ventajas indebidas mientras ocupó la presidencia. No se aclara qué tipo de ventajas, ni cómo, ni cuándo. Poco importa: como ya quedó hartamente evidenciado, lo que interesa es desgastar su imagen hasta inviabilizar una eventual postulación en las elecciones de 2018.
A Lula se le acusa de todo. Quieren pruebas de que efectivamente profirió las charlas y conferencias por las cuales cobró honorarios de las constructoras que ahora se encuentran bajo investigación para comprobar si participaron, y hasta qué punto, en el esquema de sobornos en Petrobras. También se acusa a Lula de haber utilizado su imagen y sus contactos, luego de haber abandonado la presidencia, para favorecer empresas brasileñas –especialmente del sector de la construcción– en los países donde tenían intereses, principalmente en África y América Latina. O sea, se acusa a Lula de hacer lo que hacen muchísimos ex mandatarios en todo el mundo, defender intereses de empresas de sus respectivos países, empezando por Fernando Henrique Cardoso, su antecesor en la presidencia brasileña. Además, se le acusa de ser dueño de un departamento que no es suyo, y de una finca que es de uno de sus mejores y más antiguos amigos.
Hay fuerte preocupación tanto en Brasilia por los desdoblamientos de la acusación contra Dilma Rousseff como por las investigaciones sobre Lula da Silva. La turbulencia continúa hasta sacudir el escenario y, con ella, permanece la parálisis de un gobierno elegido por 51 millones de brasileños y ahora cercado por una oposición que no se resigna a la derrota. Más aún: una oposición que cuenta con la solidaridad de un juez que hace de la justicia un espectáculo y un instrumento político a su favor.

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