lunes, 14 de marzo de 2016

En Construcción 2016-03-14

ANUEE 2016-03-14

Plan de Acción actualizado al 14 de Marzo del 2016



Invitación al Mercado de Comercio Libre y Solidario


Tarifas eléctricas a la baja, política ficción

   


En el ámbito de la atmósfera oficial no dejan de flotar las mentiras concernientes a las bondades de la reforma energética, bajo cuya apertura en el sector eléctrico se trata de vender al país la idea de la baja en las tarifas de electricidad, como años atrás sucedió con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en octubre del 2009, que en sentido inverso fomentó más daños que beneficios a la economía de los 6 millones de usuarios de la zona centro, al asumir la prestación del servicio la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hoy en quiebra.
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Así, mientras la parte gubernamental hace denodados esfuerzos por convencer a los mexicanos que uno de los resultados tangibles de la citada reforma es la disminución en los recibos de luz por la utilización de mayores volúmenes de gas natural para generar electricidad a un menor costo, los hechos y las mismas cifras de las entidades públicas contradicen tales logros, dejando pendiente, y en la indefinición, el gigantesco problema social heredado por el gobierno de Felipe Calderón en lo referente a los millones de quejas por los abusivos cobros de CFE, tanto en el centro del país como en todo el territorio nacional. Reclamo igualmente ignorado en el ámbito legislativo y que hoy volverá a tocar a las puertas del Congreso.
Analistas y expertos en la materia concuerdan en lo infundado del discurso oficial que, como ya es costumbre y a través del uso desmedido de anuncios publicitarios, intenta crear falsas expectativas y logros que aún distan de ser alcanzados por la reforma como ha venido afirmando el titular de la CFE, Enrique Ochoa Reza, quien a mediados de 2015 habló de reducciones del orden del 25 y 26 por ciento en las tarifas del sector industrial; del 11 y 22 por ciento en la comercial, lo mismo que en la tarifa doméstica de alto consumo.
La cuestión de fondo es que millones de recibos no reflejan tales rebajas y, por el contrario, continúan las quejas y persisten los litigios contra los cobros excesivos de CFE, derivados de los llamados “recibos locos”, cuyo cobro se tasó en base a improcedentes “estimaciones”, tal y como lo denunció en su momento la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre todo en la antes zona de influencia de Luz y Fuerza.
En teoría, con la reforma los precios de la electricidad tenderían a la baja en nuestro país bajo la premisa de incrementar la producción de gas natural en un 40 por ciento en los próximos años, lo que implica la reconversión de las plantas que generan energía mediante el uso del combustóleo; pero estas circunstancia aún no se cumplen. Igualmente hay mucho por recorrer para que se concluya el plan contemplado de generar unos 25 mil kilómetros de gasoductos que puedan llevar al día unos 4 mil 500 millones de pies cúbicos de gas a plantas generadoras ubicadas, por ejemplo, en regiones como la Norte-Pacífico.
Esto es, que los objetivos de la Reforma Energética en el sector eléctrico todavía no se materializan en los hechos, y si se ha operado una ligera baja en las tarifas eléctricas es por otros factores tales como la reducción en los precios del gas shale importado de los Estados Unidos y el mayor número de generación de las hidroeléctricas a consecuencia de las lluvias abundantes de los últimos 2 años. Otro elemento del cual se ha echado mano para reducir artificialmente las tarifas son los subsidios, tal y como quedó asentado en el presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados para el presente año, donde se contempla una transferencia por 30 mil millones de pesos a CFE para disminuir en un 2 por ciento las tarifas residenciales.
Ante la ausencia de resultados tangibles, resurge la demanda que ha venido enarbolando la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), en el sentido de exigir a los diputados y senadores elevar a rango constitucional el derecho humano a la electricidad mediante la aplicación de una tarifa social justa, que sea establecida por el Congreso y no por la Secretaría de Hacienda, así como el programa del “borrón y cuenta nueva”, que pondría fin a la extensa cadena de latrocinios cometidos por CFE, ampliamente documentados tanto en los medios como en las redes sociales donde se han registrado infinidad de casos de usuarios que por el uso de dos focos han sido requeridos a pagar en sus recibos cantidades exorbitantes y por demás ilógicas.
Por todo el país la ANUEE ha iniciado una campaña de recolección de firmas para respaldar esta iniciativa ciudadana que en su momento fue ignorada por los integrantes de la LXII Legislatura de San Lázaro, cuando en febrero del 2013 sus dirigentes entregaron a los miembros de la Comisión de Energía un documento en el cual detallaban los pormenores de un movimiento con sólida raigambre social y resonancia en 14 estados de la república, mismo que asumió la defensa de por lo menos 30 casos de usuarios que fueron detenidos o procesados, al ser acusados injustamente, y por la vía penal, por CFE, ante el hecho de declararse en huelga de pagos o negarse a aceptar los injustos acuerdos planteados por las autoridades.
Durante la segunda mitad del sexenio de Calderón, en la LXI Legislatura, los propios diputados del PRI integrantes de la entonces comisión especial para analizar los casos de corrupción en CFE, documentaron un millón de quejas ante la Profeco, y dieron fe de los “recibos locos” denunciados por la ANUEE. Estos antecedentes muestran el complejo problema social que ha venido generando la Comisión Federal y que se agudizó tras el cierre de Luz y Fuerza, sumando a las quejas de los diversos estados las de los millones de usuarios de la zona centro del país.
Cobra vigencia, por todo lo anterior, el contenido de la petición entregada a los diputados por la ANUEE, hace 3 años y que en algunos de sus párrafos señalaba: “Algunas de estas organizaciones empezamos la huelga de pagos de la energía eléctrica desde 1992, cuando se dio la reforma inconstitucional de la ley del servicio público de la energía eléctrica; otras nos sumamos en 2002 después de los decretos de Fox en materia de energía eléctrica, otras más recientemente al sufrir las familias de nuestras regiones estas tarifas ya impagables de la luz y en el centro del país, a raíz del decreto inconstitucional de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que derivó en la actuación, sin tener facultades, de la Comisión Federal de Electricidad para cobro, cortes, desmantelamiento de la Red de Distribución e instalación de medidores digitales de prepago, asumiendo situaciones de hostigamiento, amenazas e intimidación a los más de 6 millones usuarios de esta zona.
“En el transcurso de la historia de nuestro movimiento que lleva ya más de 20 años, sólo hemos encontrado oídos sordos y represión por parte del Poder Ejecutivo y Judicial. Y el Poder Legislativo no es la excepción: en las legislaturas anteriores, nos han recibido en múltiples ocasiones pero no nos han escuchado en lo mínimo y menos han tomado en cuenta nuestras inquietudes y propuestas.”
Ahora a la iniciativa ciudadana de la ANUEE le acompañarán un caudal de firmas donde se expresará el descontento de los 30 millones usuarios domésticos que en todo el país han padecido los cobros excesivos y el mal servicio de la CFE; mismos a quienes la reducción en las tarifas eléctricas, inherente a la Reforma Eléctrica, sigue sin reflejarse en su recibos de luz. Los integrantes del Congreso tienen en sus manos hacer realidad los beneficios anunciados o hacer oídos sordos para reciclar, como ya es costumbre en la neoliberal tecnocracia, la ominosa política ficción.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas 

Luchadores sociales en peligro

Por Martín Esparza Flores /
esparza
Martín Esparza Flores
América Latina

Por todo el continente se sigue derramando la sangre de los luchadores sociales que se oponen al despojo de los pueblos originarios y comunidades campesinas, así como a la sistemática agresión a los derechos humanos, por la rapiña de empresas trasnacionales interesadas en arrebatarles sus territorios y recursos naturales para fomentar proyectos hidroeléctricos y mineros que además de orillarlos a la pobreza extrema ocasionan devastaciones enteras a los entornos ecológicos.
El pasado 3 de marzo, Berta Cáceres, emblemática defensora de las comunidades lencas de Honduras, fue asesinada a mansalva por sicarios que se introdujeron en su domicilio ubicado en la localidad de La Esperanza, a 200 kilómetros de Tegucigalpa, quienes atentaron además contra el activista mexicano Gustavo Castro Soto, fundador de la organización Otros Mundos Chiapas, quien se encontraba en el país centroamericano ofreciendo talleres de análisis de megaproyectos mineros e hidroeléctricos.
Castro Soto únicamente resultó herido por lo que, para las autoridades hondureñas, más que un testigo protegido se convirtió en un testigo incómodo pues se le impidió salir de ese país, días después de la muerte de la activista, pese a haber rendido su declaración, de la cual no se le entregó copia alguna, debiendo ser resguardado por las instancias consulares. Para el gobierno hondureño, el que el mexicano esté vivo representa un riesgo de denuncia permanente al ambiente de represión que se vive en aquel país desde hace varios años, pues ahora más que nunca se hace evidente que las autoridades nunca acataron las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para brindar protección a la luchadora social, a pesar de las reiteradas amenazas y persecuciones en su contra.
En un comunicado, la familia de la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras señaló que las circunstancias de su muerte se dan en medio de la lucha contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que pretende alterar el cauce del Río Gualcarque, despojando de sus tierras a las comunidades lencas, con la construcción de una represa. Cáceres había logrado parar el atropello y desalentar la participación del poderoso consorcio chino Sinohydro.
En México, este ambiente de represión y hostigamiento por la criminalización de la lucha social se ha manifestado en el encarcelamiento sufrido por miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas como Miguel Márquez Ríos, Jorge Eulises Uribe Gaona y diez compañeros más, a los que el gobierno de Felipe Calderón fabricó inexistentes delitos; igual situación enfrentan la líder de las policías comunitarias de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado; el líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles; como también lo padeció en su momento el dirigente de la tribu yaqui, Mario Luna Romero. Lamentable que en nuestro país existan presos políticos.

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Otra y Otra y Otra vez AFORES: PIERDEN DINERO DE TRABAJADORES

Otra y Otra y Otra vez

AFORES: PIERDEN DINERO DE TRABAJADORES


La semana pasada advertimos que estaban en alto riesgo los ahorros para el retiro de los trabajadores que administra la banca privada mexicana a través de las Afores. Y no pasaron ni tres días de esta alerta, cuando el 07 de marzo del 2016, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, (Consar) emitió un boletín en el que dio a conocer que las administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores), perdieron 14 mil 917 millones de pesos, al cierre de febrero del 2016.
La alerta de riesgo de la pérdida del dinero que los trabajadores ahorran de su salario, para su pensión o jubilación, la hicimos porque en agosto del 2015 “flexibilizaron” o quitaron requisitos para prestarlos a empresas privadas, pero no impusieron ninguna regla para que los regresen. (Leer Noticia Relacionada: EN ALTO RIESGO EL DINERO EN AFORES link: http://www.frecuencialaboral.com/aforesflexibilizanparaentregarfondosaempresas2016.html)
El informe señala que las Afores manejan 2 billones 556 mil 486 millones de pesos. Ese dinero lo hemos ahorrado los trabajadores de nuestro salario, pero las Afores, que son propiedad de los bancos privados, lo siguen perdiendo en los préstamos que hacen, principalmente al gobierno, en inversiones en Certificados de la Tesorería (Cetes) y a la iniciativa privada, en donde se pierden.
Hay 54.5 millones de cuentas personales. Ese sería más o menos el número de personas que tienen dinero ahorrado en Afores, aunque hay cuentas que se duplican. Por lo que se puede formar un frente de trabajadores para pedir cuentas y manejos claros. El informe señala que las afores que menos intereses pagan a los trabajadores son XXI-Banorte, Inverlat, Invertcap y Metlife.
En un diagnósgtico que presentó el presidente de la Consar el 09 de marzo del 2016, Carlos Ramírez Fuentes, detalló que en promedio, cada día 1,834 personas alcanzan la edad de 65 años; para 2050 esta cifra aumenta a 4,116 . Sin embargo agrega que 6 de cada 10 trabajadores de la población ocupada están en la economía informal, por lo que no tienen acceso a la seguridad social y tampoco gozarán de un pensión cuando lleguen a la edad de retirarse.
Y quienes logren pensionarse por el mecanismo de Afores, apenas cobrarán el 28 por ciento de su último salario, advirtió el doctor, Gustavo Leal, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. 

El Titular de Petróleos Mexicanos lo Confirma DESMANTELAN A PEMEX PARA PRIVATIZARLA

*Las Refinerías se Modernizarán con Asociaciones con Empresas Privadas
*En Campos Petroleros de Explotación Exclusiva de PEMEX, Ahora Habrá "Socios".


Una mayor privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció el director general del organismo José Antonio González Anaya ante la reducción presupuestal de 100 mil millones de pesos que anunció a principios de marzo del 2016. De ese ajuste casi 35 mil millones de pesos, que iban a ser orientados a la modernización y reconfiguración de las refinerías, se hará a través de asociaciones público-privadas y mediante todo tipo de figuras.
“Lo diré con mucha claridad, la modernización y la reconfiguración de las tres refinerías que hace falta modernizar de Pemex se va a llevar a cabo. Pero la manera de llevarlo a cabo es…a través de asociaciones, a través de todo tipo de figuras que permiten reducir los requisitos de financiamiento de Pemex”, agregó el concuño del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
Durante su comparecencia ante diputados federales, el 8 de marzo del 2016, los responsabilizó de haber aprobado para el 2016, las oraciones más usadas fueron un presupuesto sobre la suposición de que el precio de la mezcla mexicana para este año sería de de 50 dólares por barril y habría una producción de 2 millones, 247 mil barriles diarios. Pero la posibilidad real más cercana es que el es que el precio internacional sea de 25 dólares por barril, lo cual lo obligó al gobierno a hacer un ajuste en el presupuesto y en el gasto y en los planes de negocios de Pemex.
Insistió en que Pemex enfrenta problemas de liquidez, “ pero a la vez Pemex es una empresa ampliamente solvente. Tiene reservas petroleras suficientes y crecientes, es una de las empresas petroleras más importantes del mundo y es la empresa emblemática del sector energético de este país y así se va a mantener”.
En el área de Pemex Exploración y Producción (PEP), el recorte será de cerca de 27 mil millones de pesos en el área de exploración de campos. Para ello se eliminarán 10 mil millones de pesos que estaban destinados a desarrollar un campo en aguas profundas. Ahora “este campo lo va a desarrollar Pemex, pero lo va a desarrollar otra vez con la nueva flexibilidad y aprovechando la flexibilidad que le da la reforma energética para que, como el resto de las petroleras del mundo, permita traer nuevas tecnologías, mejores proceso y mitigar el riesgo, y a través de asociaciones”.
Las oraciónes que más usó fue que impulsará las nuevas figuras de inversión que permite la reforma energética, que Pemex buscará asociaciones. Agregó que de esa forma cumplirá con la obligación que estableció la Cámara de Diputados de cumplir con la meta anual de balance financiero que marca el Congreso de la Unión, y que es de 149 mil millones de pesos. Esto incluye ingresos propios por 398 mil millones de pesos y un techo de gasto programable de 478 millones de pesos, que incluye un costo financiero de 69 mil millones de pesos”.
Y reiteró que el ajusto de cerca de 100 mil millones de pesos en el presupuesto de Petróleos Mexicanos proviene de una reducción del precio del petróleo de 50 a 25 dólares por barril. En el corporativo PEMEX y Pemex Extracción y Producción (PEP) se hará un recorte de 29 mil millones de pesos en gastos no necesarios, en viajes, en viáticosimplican 29 mil millones de pesos.
“El ajuste y el recorte de gasto en el corporativo alcanza poco más de 13 mil millones de pesos… La Dirección de Recursos Humanos…va a ser absorbida por la Dirección de Administración. Y segundo, la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que es la Dirección que se dedicaba a hacer investigación y desarrollo en el área petrolera,esta Dirección va a ser absorbida por Pemex Exploración y Producción…esto es un proceso de adelgazamiento corporativo bien importante, que incluyó también la oficina del director general”.
Otros 65 mil millones de pesos, se eliminarán de Pemex Transformación y de Pemex Exploración y Producción. En Pemex Transformación, el ajuste será por casi 35 mil millones de pesos, que iban a ser orientados a la modernización y reconfiguración de las refinerías. Ahora se realizará a través de asociaciones público-privadas “tomando las oportunidades que ofrece la reforma energética, que es a través de asociaciones, a través de todo tipo de figuras que permiten reducir los requisitos de financiamiento de Pemex”.
En el área de Pemex Exploración y Producción (PEP), lo que estamos haciendo es difiriendo cerca de 27 mil millones de pesos en el área de exploración de campos. Doy un ejemplo: existían, antes del ajuste, 10 mil millones de pesos para desarrollar un campo en aguas profundas. Este campo se va a desarrollar. En este campo lo va a desarrollar Pemex, pero lo va a desarrollar otra vez con la nueva flexibilidad y aprovechando la flexibilidad que le da la reforma energética para que, como el resto de las petroleras del mundo, permita traer nuevas tecnologías, mejores proceso y mitigar el riesgo, y a través de asociaciones.
Agregó que se están concentrando en los proyectos que son rentables, para lo cual Pemex puede asociarse con empresas privadas y explotar conjuntamente los campos que se le habían asignado para explotarlos de manera exclusiva. “Ahora puede tener, puede asociarse y traer a alguien y hay muchas maneras de hacerlo”.

Apoyos oficiales apuntalan a petroleros y electricistas

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 14 de marzo de 2016, p. 5
 
Los líderes de los sindicatos de Trabajadores Petroleros (STPRM), Carlos Romero Deschamps, y Único de Trabajadores Electricistas (Suterm), Víctor Fuentes del Villar, coinciden en tener múltiples relecciones, haber aceptado la modificación de sus contratos colectivos y reducción de plantillas, así como pactar cambios en los esquemas de jubilación.
Aunado a todo ello, este año ambos dirigentes recibirán generosos recursos para ‘‘viáticos, gastos y celebraciones’’ de parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por 379 y casi 200 millones de pesos, respectivamente.
Copias de los convenios firmados para la transferencia de los recursos de Pemex y CFE a estos sindicatos revelan que, no obstante la situación financiera de estas empresas, se mantendrá la canalización de apoyos económicos –incluso se aumentaron– para los comités ejecutivos de los líderes calificados de ‘‘intocables’’ por las propias disidencias sindicales.
El senador
Romero Deschamps cumple este año dos décadas como dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y tiene toma de nota hasta 2018. Ha sido relecto consecutivamente desde 1996, sin el voto directo y secreto de los sindicalizados, sino a través de una convención ordinaria, donde los líderes de las 36 secciones y delegados (108 personas) votan en representación de 140 mil trabajadores.
El dirigente petrolero logró que en el contrato colectivo de trabajo 2015-2017 se estableciera que Petróleos Mexicanos entregará 296 millones 533 mil 90 pesos cada año para conmemoraciones, celebración de asambleas, gastos por revisiones contractuales, justas deportivas y ‘‘apoyo a la comunidad petrolera’’.
La copia del acuerdo señala que incluso pactó con Pemex que se elevaran los montos de los viáticos a su comité y delegados regionales, por lo que la empresa, según la cláusula 251, le tiene que entregar mensualmente 7 millones de pesos para estos gastos.
A la par, Romero Deschamps aceptó la modificación del contrato colectivo de trabajo, sobre todo en lo referente al cambio del esquema de pensiones y jubilaciones, y firmó el ‘‘redimensionamiento’’ o despido y jubilación anticipada de personal, indicó por su parte la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (Untypp).
Este dirigente tiene en su haber un enorme número de procesos judiciales y laborales –e incluso órdenes de aprehensión que no han prosperado– por supuestos actos de corrupción dentro del gremio y por haber formado parte esencial del llamado Pemexgate.
Por su parte, el líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Víctor Fuentes del Villar, llevó a cabo la modificación del contrato colectivo de trabajo, particularmente en lo que se refiere al esquema de pensiones y jubilaciones, y aceptó los convenios de restructuración de personal que resultaron en despidos, planteó la Coordinación Nacional de Electricistas (CFE-Suterm), que calificó a este dirigente, y a otros como el de Pemex, de ‘‘intocables’’ por el gobierno y las leyes.
La coordinación detalló que en los convenios con CFE este dirigente apoyó desde el inicio el proceso de desmantelamiento y privatización de la empresa: ‘‘Se quedó callado cuando se aprobaron las reformas a las leyes secundarias en materia de energía y ha aceptado la pérdida de más de 5 mil plazas, así como del sistema de jubilaciones del sector’’.
Fuentes del Villar está a la cabeza de dicho sindicato desde 2005, cuando falleció el ex líder del gremio Leonardo Rodríguez Alcaine, La Güera, ‘‘quien era su tío’’, según señalan fuentes del sector obrero.
El convenio contractual 2014-2016 señala la canalización de casi 200 millones de pesos anuales en apoyos a la revisión salarial, conmemoraciones, gastos de viaje y desplazamientos de sus representantes. Eso, más las cuotas y la administración de fondos que tiene bajo su mano esta dirigencia.
El comité de Fuentes opera el Fondo de Habitación y Servicios Sociales del Suterm, que cuenta con 5 mil 500 millones de pesos, así como el fondo común de préstamos, fondeado con 11 millones.

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El Gobierno Desapareció su Fondo de Pensiones TRABAJADORES DE LA U. DE SONORA EMPLAZAN A HUELGA


El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora(STEUS) demandó al gobierno del Estado de Sonora que devuelvan los más de 4 mil millones de pesos de su fondo de pensiones que desaparecieron. Y el viernes 11 de marzo del 2015 anunció en su portal que se unió al sindicato de trabajadores académicos, para estallar la huelga general si no hay solución a sus demandas.
En entrevista con Frecuencia Laboral Ismael Arredondo Casillas, secretario general del STEUS dijo que aún no se ha dejado de pagar a los pensionados, pero se corre ese riesgo, porque ya no hay FONDOS DE PENSIONES EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA.
Según el gobierno actual ha comentado que "el gobierno anterior, que encabezó el panista Guillermo Padrés, se gastó de manera indebida alrededor de 4 mil millones de pesos del fondo de pensiones, entonces está en quiebra. Hay un desfalco del fondo de pensiones. Entonces eso mete en una crisis la situación de los pensionados y jubilados".
De por sí el ingreso de los pensionados es equivalente al 37 por ciento, de su último salario devengado.
En cuanto a la atención médica está funcionando en el ISSSTE de Sonora, pero se quejó de que están eliminando medicamentes del cuadro básico.
Otro problema es que hasta la fecha el gobierno federal le debe el 50 por ciento de salarios caídos, resultado de la última huelga. 

Pagará Arcelor-Mittal ciento por ciento de salarios caídos a trabajadores


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 14 de marzo de 2016, p. 5
Tras el levantamiento de la huelga en la empresa ArcelorMittal, se pagará a los trabajadores ciento por ciento de los salarios caídos; asimismo, en 15 días las dos partes se sentarán a negociar violaciones al contrato colectivo que están pendientes.
Por otra parte, se informó que 81 sindicalizados serán considerados para retiro voluntario, tendrán un bono adicional de 100 mil pesos y 125 empleados más, que iban a despedir, serán reubicados. El arreglo fue considerado ‘‘exitoso’’ por la Secretaría del Trabajo y el Sindicato Nacional de Mineros.
Ambas partes señalaron ayer que la conciliación evitó que el conflicto llegara a situaciones extremas que habrían dañado severamente ‘‘la operación de una empresa importante para la economía nacional y local’’.
El encargado de la política laboral del país, Alfonso Navarrete Prida, ofreció ayer una conferencia de prensa en la que señaló que incluso la empresa ya ofreció una fuerte y nueva inversión en el país. Además, se desistió de interponer un ‘‘conflicto colectivo de naturaleza económica’’ y el sindicato dio marcha atrás a los amparos.
Puntualizó que la secretaría ‘‘no cuestiona la dirigencia del Sindicato Nacional de Mineros (que encabeza Napoleón Gómez Urrutia) y la respeta’’. Asimismo, reconoce la disposición de este gremio de ajustarse estrictamente a un procedimiento institucional que llevó a la solución del conflicto. Pero ‘‘hay que dejar bien claro que actualmente no hay ninguna persecución política contra líderes sindicales’’.
A su vez, el sindicato expuso que tras las negociaciones –que encabezó desde Vancouver, Canadá, Gómez Urrutia– se llegó a un acuerdo que fue aprobado por los obreros en asamblea general. Los casi 8 mil trabajadores de la planta de Lázaro Cárdenas, incluso habrían realizado una marcha del Monumento al Minero a la siderúrgica en apoyo a su movimiento.
Detalló que los acuerdos son la renovación del convenio de los trabajadores contratistas; la reubicacion de los trabajadores de la planta coquizadora y el retiro voluntario de 81 de ellos, así como el pago de los días que estuvieron en huelga y que no habrá represalias de ningún tipo contra ningún miembro del comité ejecutivo nacional de la sección 271. Se convino para este lunes la reanudación de operaciones en ArcelorMittal.
En tanto, Navarrete Prida apuntó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ‘‘no está frenando las huelgas’’, sino evitando su estallamiento. Esto es porque entre los objetivos centrales del presente año están conservar la planta productiva y la formalización de trabajadores, así como buscar la conciliación.

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Amagados los Trabajadores del CIAD Levantan su Huelga LEVANTAN LA HUELGA O TE CIERRAN EL TRABAJO

*Fue la Primer Huelga Después de 30 Meses sin que Hubiera Otra en el País.
*Autoridades Laborales Aparentan que no hay Conflictos Laborales.
* Impidien las Huelgas con Medidas Ilegales o Amenazas.

 
Tras aceptar la oferta de 3.15 por ciento de aumento salarial y un seguro privado en caso de muerte, los trabajadores y trabajadoras del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), que pertenece al Sistema CONACyT, cuyas sedes se ubican en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Nayarit, levantaron sus banderas rojinegras.
Esta huelga que inició el 01 de marzo del 2016, fue la primera después de 30 meses en los que -según autoridades laborales- no hubo ninguna otra en el país. Por lo cual los funcionarios de la Secretaría del Trabajo intentaron declararla ilegal, con argumentos ilegales -como han hecho con otras huelgas en el país- para mantener ese record durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, "quieren dar la imagen de que no hay conflictos laborales en el país", comentó la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, María Magdalena Vallejo. Sánchez
En entrevista con Frecuencia Laboral: El Espacio donde los Trabajadores son la Noticia, explicó que luego de 9 días en que los directivos del organismo y las autoridades laborales se mantuvieron cerradas al diálogo, las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la ciudad de México, la llamó a negociar junto con su comité.
"Estuvimos trabajando jueves 10 y viernes 11 de marzo del 2016, de manera ríspida...casi fue una imposición de las autoridades de la Secretaría del Trabajo. Nos decían o levantas la huelga o levantas o te cierran tu centro de trabajo...muy inquisidores y del lado del patrón ". La parte sindical solicitó el 100 por ciento de los salarios caídos pero las autoridades rechazaron la petición y sólo les darán 50% de salarios caídos.
Las autoridades laborales no quieren huelgas, quieren dar imagen de que no hay coflictos laborales en el país, agregó la dirigente. A esta huelga del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), la declararon ilegal con argumentos ilegales, como han hecho con otras declaratorias de huelga. (Leer Noticia Relacionada: OFENSIVA CONTRA EL DERECHO DE HUELGA link: http://www.frecuencialaboral.com/huelgasuniversitariasembestidacontraesederecho2016.html)
"Los trabajadores solicitamos gestión amplia y transparente para hacer migración al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para contar con el derecho a una pensión y jubilación, al seguro de vida por accidente o enfermedad de trabajo. En vía de mierntras se logró que les otorguen un seguro de vida adicional al que ya tienen".
Los trabajadores del CIAD cuentan con un fondo para el servicio médio, pero empezó con 70 personas, pero ahora son 700 y el fondo se fue agotando. En estos 34 años de existencia del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, dicho fondo ya está en números rojos, pese a que los trabajadores hacen un pago para el servicio médico y pero no tienen atención de calidad.
En la asamblea general 208 trabajadores y trabajadoras sindicalizados votaron a favor de levantar la huelga y 40 en contra. Por lo que se procedió a quitar las banderas rojinegras y a hacer la entrega de las instalaciones. 

Inversión millonaria en territorios del narco en Guerrero

Mina Bermejal-Los Filos en el Ejido Carrizalillo municipio de Eduardo Neri (Zumpango) en la zona norte de Guerrero. Foto: Miguel Dimayuga
Mina Bermejal-Los Filos en el Ejido Carrizalillo municipio de Eduardo Neri (Zumpango) en la zona norte de Guerrero. Foto: Miguel Dimayuga

PROCESO

En el diagnóstico del gobierno de Guerrero, que encabeza el priista Héctor Astudillo, la culpa de la incesante violencia que padece el estado es de administraciones anteriores y de la ineficaz estrategia federal. Incompetente para atacar ese problema, Astudillo se concentra en magnos proyectos de desarrollo industrial, sobre todo minero y portuario, cuyo principal problema es que se enfocan en zonas controladas por el narco.
CHILPANCINGO, GRO. (Proceso).- Los proyectos de desarrollo de la industria minera y portuaria que contempla el gobernador Héctor Astudillo Flores están enfocados en zonas controladas por el narcotráfico, donde la sociedad padece la extrema inseguridad y violencia, el desplazamiento masivo de personas y el colapso de la economía local.

De las cinco iniciativas incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED) del gobierno estatal, destaca la construcción del puerto La Unión, obra anunciada desde 2007 por el entonces presidente panista Felipe Calderón en la comunidad de Petacalco, municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, donde está la polémica termoeléctrica Plutarco Elías Calles que fue concebida como “una extensión” del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Igualmente, se planea establecer un eje minero que abarca municipios de las regiones de Tierra Caliente, Costa Grande Montaña, Centro y zona Norte, entre ellos Coyuca de Catalán, Zirándaro, Cutzamala, San Miguel Totolapan, Arcelia, Teloloapan, Buena Vista de Cuéllar, La Unión, Eduardo Neri, Mochitlán y Quechultenango, indica el documento, cuya copia obtuvo Proceso.
Esta franja, donde Astudillo pretende impulsar dos de sus más importantes proyectos, es controlada por la delincuencia organizada. Ahí la confrontación entre bandas criminales ha exhibido también los nexos de políticos y autoridades de los tres niveles de gobierno y del Ejército con el narcotráfico.
El pasado 25 de febrero, el gobernador Astudillo presentó el PED 2016-2021 en la sede del Congreso local. El documento de 172 cuartillas, elaborado por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, se considera el eje estratégico de esta administración e incluye un diagnóstico de la inseguridad y la violencia en la entidad.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2054, ya en circulación 

Los días sin Carmen Aristegui

Carmen Aristegui, periodista. Foto: Octavio Gómez
Carmen Aristegui, periodista. Foto: Octavio Gómez

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Era viernes y en la radio sonó “La maza”. Mercedes Sosa cantaba:
¿Qué cosa fuera la maza sin cantera?
Un testaferro del traidor de los aplausos,
un servidor del pasado en copa nueva,
un eternizador de dioses del ocaso,
júbilo hervido con trapo y lentejuela.
¿Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera?
Supimos que era una despedida pero también un llamado a volver. No nos importaban demasiado los números: que la oyeran cada mañana 18 millones; que siguieran durante 60 emisiones la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las casas del presidente y su secretario de Hacienda y los crímenes del Ejército en Tlatlaya; que fuera la cuarta vez que el poder trataba de silenciarla. Ese viernes 13 de marzo de 2015 Carmen Aristegui se iba en medio de un desarreglo de lucecitas montadas para la escena: la radiodifusora, MVS, había argumentado “abuso de confianza” por el anuncio de que su noticiero participaría de las filtraciones anónimas de Mexicoleaks; había emitido unos “lineamientos” para sus periodistas –“presentar por anticipado todo aquello de relevancia informativa que estén realizando con sus respectivos equipos o que tengan contemplado”– y había detenido la salida de tres reporteros para confiscarles sus computadoras, teléfonos y USB. No era eso lo que importaba. La censura en México nunca ha sido sutil. Éramos nosotros, los radioescuchas, los que íbamos a padecer un síndrome de abstinencia. El doctor Lorenzo Meyer se levantó el 23 de marzo a oscuras, en la madrugada.
–¿A dónde vas? –le dijo modorramente su esposa.
–Al programa de radio –respondió Meyer, despertando de su ensueño–. Al que ya no existe.
Y así, durante semanas, muchos nos levantamos a tratar de escuchar algo que se había ido.
–¿Sabes? –me confesó tiempo después una radioescucha–, como ya no tengo nada que oír en las mañanas, me canto.
El duelo se hizo de palabras. Reuniones de radioescuchas por todo el país –algunos escritores, periodistas, moneros, actores, pintores, en algo socarronamente llamado “Grupo San Borja”, por la calle en la casa hospitalaria de una reportera de La Jornada–; actos de protesta afuera de las instalaciones de la infame radiodifusora que insistía en que la censura se reducía a “un problema laboral”, y la nebulosa idea de que existía algo llamado “derecho de las audiencias”.
Además, alguien trajo abogados. Desfilaron los que habían ganado una demanda colectiva contra el precio de la gasolina en Guadalajara, los que habían evitado que convirtieran en estacionamientos el subsuelo del centro de Puebla, los que habían hecho premiados documentales sobre la justicia mexicana, los que, simplemente, querían ayudar a algo insólito: una empresa privada podía ser acusada de violentar el derecho de la audiencia a estar informada. Y como si se tratara de detener un trascabo que amenaza con tirar un edificio habitado, la audiencia se podía amparar, parar la acción, devolver a Carmen a las frecuencias, porque los ciudadanos también existíamos. Así de ilusos. Así de esperanzados.
Lo que siguió tenía que ser también insólito. Con la recolectora virtual de firmas, Change, se entregaron 170 mil nombres de radioescuchas que pedían al ómbudsman de la radiodifusora el regreso de Carmen. El del lunes 16 de marzo fue un mitin indignado en el que todos esperábamos la llegada de golpeadores: MVS mandó poner una cortina de hierro para proteger sus ventanales en Anzures, nosotros decidimos repartir chayotes para que la gente tuviera algo que aventar. Sucedió la indignación. Los asistentes culparon de la censura al presidente, por los hallazgos sobre el tráfico de influencias entre sus casas y los contratos de su gobierno. Nosotros entregamos las cajas con las firmas. Tres semanas después, otro lunes, intentamos una conferencia de prensa para orientar a la audiencia de cómo se interponía un amparo. Aprendimos que, en este país, para tratar de defenderse como ciudadano hay que tener mucho tiempo, una fotocopiadora y un abogado. El nuestro no llegó:
–Está atorado en la carretera de Puebla –dijo Aurelio Fernández, director de La Jornada de Oriente.
–¿Por qué? –preguntamos con la angustia de no saber qué es “interponer un recurso de queja”.
–Se volteó un camión de naranjas y los que viven en las orillas del camino lo están saqueando. No tendremos abogado, pero ellos tendrán jugo de naranja.
Dimos explicaciones de cómo bajar un formato de amparo por internet a gente que no llegaba ni a “Amigo Telcel”, dijimos que probablemente el esfuerzo sería en vano dada la historia casi colonial de la justicia mexicana, evitamos entrar en terrenos abogadiles que no manejábamos. Pero la audiencia, como siempre, era mucho más astuta:
–¿Por qué no presentar una demanda colectiva, en lugar de muchas individuales? –preguntó un chavo que, en otro contexto, hubiera sido víctima de un cadenero de antro.
–Yo puedo hacer delantales –propuso una señora de delantal– con una consigna: “Regresen a Carmen”. Pero necesitaría el material.
–¿Cuántas “w” tengo que marcar para la dirección de internet? –se abismó un veterano de la radiodifusión.
La conferencia de prensa fue, en realidad, otro mitin.
Los domingos 12 y 19 de abril fuimos a la Plaza de la República y al centro de Coyoacán. En Cuernavaca, Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Morelia, Toluca, Puebla y Cancún pasó lo mismo: largas filas de radioescuchas. La esperanza es sólo una disposición del ánimo. En Coyoacán la seño de la papelería presta su fotocopiadora, que se poncha por sobrecalentamiento –hay que entregar siete copias de cada amparo–, un don saca una planta de luz pequeña de su casa que enciende –aplaude la gente– y se apaga –se indigna la gente–, Gabriel Macotela dona una escultura contra la censura, el economista Galván Ochoa repite en vivo su despedida de siempre que ya no se escucha en la radio:
–Por favor, cuídenseme mucho.
Las largas jornadas de llenado de amparos nos educan en lo obvio: En este país, los derechos son casi imposibles de ejercer. Los abogados no se ponen de acuerdo en si el “representante legal” puede ser el chico que reparte el periódico o un licenciado, en qué juzgados ingresar las peticiones, cuántas copias se entregan y en dónde. Las oficinas se llenan de papeles. La televisora por internet Rompeviento debe ceder su sala de juntas para almacenar cientos de cajas de cartón. Adentro hay nombres, rostros de identificaciones oficiales, explicaciones de por qué queremos que vuelva un noticiero de radio. Un dibujo del monero Hernández ondea en estos actos públicos: el rostro de Carmen con una cruz de cinta adhesiva en la boca, sus ojos sorprendidos. Llega la policía. Les explicamos. Al final ayudan a afianzar bien la manta.
–¿Quién es? –le pregunta uno de tránsito a su superior.
–Es la periodista amenazada –responde sin mucha seguridad.
–¿Y la mataron?
–Pus, yo creo. Mira –concluye, señalando con la nariz la fila de firmantes que le da la vuelta dos veces a la Plaza de Los Coyotes.
Los amparos: Sólo en el Defe 10 mil con sus siete copias provocan el comentario por teléfono de un ayudante del juzgado en San Ángel:
–No sean: ya párenle –dice apesadumbrado–. Ya no se puede ni pasar. Hasta en el baño hay cajas.
Muchos son rechazados. Otros, respondidos con washawasha legaloide. El consejero jurídico del presidente de la República, licenciado Alfonso Humberto Castillejos, responde así a uno de ellos el 14 de mayo: “Se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes”.
Guardo la respuesta en mi cajón. Miles lo habíamos hecho. No sólo apagamos el radio: los enfrentamos. Ellos fueron los que cerraron la puerta.

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Escuelas normales, en el abandono oficial

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Expertos aseguran que el gobierno federal ve a las normales como entidades beligerantes, lo que es muy preligroso. En la gráfica, instalaciones de la Benemerita Escuela Normal de MaestrosFoto : María Meléndrez Parada
Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Lunes 14 de marzo de 2016, p. 2
Las 484 escuelas normales, urbanas y rurales, del país enfrentan el mayor de sus desafíos: sobrevivir a la desatención presupuestal y académica en que las han tenido los gobiernos federal y estatales en turno, y encontrar un nuevo rumbo ante la pérdida de su identidad como instituciones formadoras de profesionales de la enseñanza.
El deterioro de sus instalaciones, el ahorcamiento financiero y la carencia de una plantilla académica que, como antes de los años 80, represente a los mejores maestros, se hacen evidentes desde hace por lo menos tres décadas, coinciden especialistas, profesores y ex alumnos.
Del total de normales que existen en México, 274 son públicas y atienden a 76.9 por ciento de la matricula nacional, mientras en 210 planteles particulares asisten 23.1 por ciento de los jóvenes que desean ser maestros.
En los pasados 30 años, las normales han perdido más de 200 mil estudiantes, es decir, 63.5 por ciento de su matrícula, al pasar de 332 mil 505 a principios de 1980, cuando se reportó un máximo histórico en la demanda, a 121 mil 342 inscritos durante el ciclo 2014-2015.
Datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) señalan que en el ciclo escolar 2013-2014 sólo se cubrió 72.6 por ciento de los lugares de primer ingreso disponibles en las normales públicas, mientras en las particulares fueron 52.4 por ciento.
Además de la reducción de su matrícula, hay un creciente deterioro en las condiciones en que se ejerce la docencia en las aulas.
En su reporte más actualizado, que corresponde al ciclo escolar 2014-2015, la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación señala que de los 17 mil 462 profesores que laboran en esos planteles, sólo 5 mil 178 (29.6 por ciento) son de tiempo completo, 2 mil 183 (12.5 por ciento) tienen medio tiempo, mientras 9 mil 146 (52.3 por ciento) trabajan por horas.
Pese a que más de la mitad de los maestros cuentan con un contrato de base, cerca de mil 500 cumplen un interinato limitado –sin plaza base–, 471 son comisionados, 2 mil 370 cobran por honorarios y 32 son voluntarios.
En cuanto a los resultados académicos de los alumnos que están por egresar de las normales, el INEE señala, en su informe Los docentes en México 2015, que poco más de una tercera parte alcanza un logro educativo insuficiente, mientras sólo 24 por ciento se ubican en niveles de desempeño sobresalientes.
Etelvina Sandoval, profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), afirma que hay un eje medular que se está borrando en estas instituciones: se forman para enseñar, y es precisamente esta característica la que se está eliminando.
Las normales, señala Juan Manuel Rendón, ex rector de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), han dejado de ser parte de un proyecto educativo impulsado por las administraciones federales, para entrar en una fase de parálisis, asfixia financiera y abandono académico.
Por décadas, recuerda, se dejó intacto el control institucional e ideológico que ejerce la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la designación de sus directivos, se les impusieron nuevos estándares de excelencia académica sin darles recursos, y comenzó, al menos desde principios de este siglo, una prolongada campaña de desprestigio.
Sandoval agrega otra característica en la gestión interna que se impuso a las normales: el verticalismo. Todo viene de arriba abajo. Quien designa a los directivos es la autoridad, pero también es la única que impone los planes y programas de estudio. Las comunidades académicas y de alumnos no son incluidos en los procesos de reforma.
Hugo Casanova Cardiel, profesor del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que las normales se han convertido en un enemigo para el gobierno federal, lo que resulta muy delicado, pues ver a las escuelas y a los maestros como entidades beligerantes respecto del Estado es algo muy peligroso.
El gobierno federal, considera, tiene una estrategia para el normalismo: en vez de impulsarlo, busca contenerlo. Trata de meterlo en los esquemas predeterminados de la burocracia educativa.
Isaías Jaime Ignacio, ex alumno normalista y profesor de telesecundaria en la región centro de Oaxaca, recuerda que la educación normalista cumplía una doble función: formar nuevos profesores, pero también inculcar en los futuros maestros un profundo compromiso social. El normalismo tenía un rumbo claro; sabíamos que nuestra función era estar al lado de los más pobres. Hoy ese objetivo se ha perdido.
Apunta que desde 1883, con la fundación de la Escuela Modelo de Orizaba, hasta 1922, con la creación de la primera Escuela Normal Rural en Tacámbaro, Michoacán, se fue consolidando un proyecto educativo nacional que haría posible sacar del analfabetimo a millones de mexicanos.
Fue un periodo que impulsó, en décadas posteriores, el desarrollo del normalismo, cuyas aportaciones ayudaron a construir al México del siglo XXI. Esa labor hoy se quiere dejar en el olvido.

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Cambios a planes de estudio ponen en riesgo la amplia formación de profesores

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Los maestros se enfrentan a un Estado que quiere desconocerlos, afirman especialistas. En la imagen, alumnas de la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan, OaxacaFoto Marco Peláez
Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Lunes 14 de marzo de 2016, p. 3
A pocas semanas de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dé a conocer una nueva reforma a la educación de las normales, profesores e investigadores alertan sobre los riesgos de implementar cambios a planes y programas de estudio, ya que podrían acabar por extinguir los procesos formativos heterógeneos que se han forjado por más de un siglo en esas escuelas.
Si algo caracteriza al sistema educativo nacional y a la formación inicial de maestros en México es su enorme diversidad, afirma César Navarro Gallegos, profesor-investigador del Instituto José María Luis Mora. Agrega que justamente lo que se pone en riesgo es la capacidad de un sistema para encontrar múltiples respuesta a una realidad educativa compleja y diversa.
Expertos en educación normal afirman que nuevamente se anuncia una transformación curricular para la formación inicial de maestros, e incluso de su estructura administrativa y académica, pero sin que se conozca cuál es el diagnóstico del que se parte. La propuesta, hasta donde sabemos, se elaboró en total hermetismo, como si fuera secreto de Estado, puntualiza Ángel Díaz Barriga, profesor del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.
Señalan que en agosto de 2015 la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación dio a conocer en su portal electrónico ocho láminas con algunos datos que incluían una propuesta de reducir la oferta educativa a dos licenciaturas (educación y docencia, y educación inclusiva), mientras para la especialización se proponían 10 maestrías en campos como lenguaje y comunicación; físico-matemáticas; ciencias naturales; ciencias sociales; valores y desarrollo humano, entre otras.
Díaz Barriga considera que esta propuesta, como está planteada, es un desprecio a la profesión docente, porque hay un desconocimiento garrafal de la historia de la formación de profesores en México. No sé de dónde sacaron esta supuesta idea brillante de hacer dos licenciaturas, cuando lo que necesita el país es reconocer la madurez académica de estas instituciones, cuyo inicio, dijo, se remonta a hace más de un siglo.
En vez de destinar esfuerzos a reflexionar sobre cómo debería trabajar el maestro del siglo XXI, estamos perdiendo el tiempo porque tenemos que ver cómo nos defendemos de un Estado que quiere desconocer a sus maestros, que sólo piensa cómo los va a evaluar y a cuántos va a declarar no idóneos.
Desconfianza gubernamental
Desde finales de la década de 1960, apunta, el gobierno federal comienza a desconfiar, incluso a descalificar a las normales, proceso que no se ha detenido. Y por lo que se logra atisbar de la reforma a la educación normal, agrega, está en riesgo la estructura donde germinó la producción intelectual de la enseñanza mexicana del siglo XX.
En las pasadas tres décadas, recuerdan investigadores, la educación normal en México ha enfrentado diversos procesos de reforma. Uno de las más relevantes fue en 1984, cuando se otorga el nivel de instituciones de educación superior a dichas escuelas, se crean las licenciaturas y se establece como requisito para el ingreso haber cursado el bachillerato, además de buscar fortalecer su tarea de investigación.
Marco Antonio Savín Castro, especialista en temas de educación normal, afirma en su estudio Escuelas normales: propuestas para la reforma integral, publicado por la SEP en 2003, que los cambios a las normales desde la década de 1980 hasta finales de los años 90 del siglo pasado estuvieron marcados por la lógica y los plazos de la política, la administración o el financiamiento, más que por los plazos de la educación.
En 1997, señalan los académicos, se aplicó una nueva reforma curricular a las normales, en el contexto de la decentralización educativa aprobada en 1992. El objetivo, indican, era concentrarse nuevamente en que el estudiante desarrollara las habilidades de la enseñanza y el aprendizaje.
La siguiente transformación del plan de estudios y de la organización de los contenidos en la educación normal se da en 2012, y es quizá una de las reformas más rápidamente desechadas, apunta Navarro Gallegos.
Generaciones perdidas
Oscar Cortés, profesor de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, destaca que las constantes modificaciones a planes y programas tanto en la educación normal como en formación básica han propiciado generaciones perdidas de nuevos profesores que egresan con un desfase entre los contenidos que cursan en la normal y los que deben aplicar en el aula.
Agregó que se ha propiciado un desmoronamiento de todo lo que significa ser maestros de educación básica, del contacto directo con la práctica en la escuela, del vínculo entre profesor y alumno y, sobre todo, de la búsqueda de nuevos esquemas de aprendizaje acordes a lo que demanda cada estudiante.


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La literatura tiene un valor político: Villoro al recibir premio José Emilio Pacheco

Juan Villoro, escritor. Foto: Alejandro Saldívar
Juan Villoro, escritor. Foto: Alejandro Saldívar

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El escritor y periodista Juan Villoro recibió el Premio Excelencia a las Letras José Emilio Pacheco, en el marco de la 5 edición de la Feria Internacional de la Lectura (Filey), la cual organiza la Universidad Autónoma de Yucatán.
“No puedo recibir un galardón en zona maya sin pensar en quienes piden justicia en tzotzil, tzeltal o tojolabal”, señaló.
Sorprendió que decidiera donar el dinero del reconocimiento a las comunidades zapatistas de Chiapas, “para contribuir, así sea de manera simbólica, a sus notables tareas de salud y educación”, destacó.
Villoro se manifestó preocupado:
“En un país donde el presidente de la República ignora la legalidad y donde el procurador llama ‘verdad histórica’ a una hipótesis indemostrable, la literatura tiene un valor político que no ha pedido, pero no puede dejar de ejercer: Cuenta la trama oculta y genuina de la vida, ‘los días que no se nombran’, como diría José Emilio Pacheco”.
También enfatizó  que “vivimos en una época de quebrantos, pero no dejamos de imaginar mundo posibles”. Y agregó:
“El arte no cierra los ojos ante los agravios, pero también demuestra que, incluso en el horror, hay algo que no es horror. Preservar la ironía, la sensualidad y la experiencia lúdica, son tareas de resistencia”.
Recordó que este premio también ha sido otorgado a José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska y Fernando del Paso:
“Tres autores decisivos para mí y con los que no puedo compararme. Su obra es ya definitiva, la mía aún está a prueba”.

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